Sentencia 2005-02165 de febrero 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 250002325000200502165-01

Número Interno: 0303-2010

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Ricardo Antonio Perafán Gómez

Autoridades Nacionales

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

Antes de formular el problema jurídico, es pertinente realizar algunas precisiones tendientes a delimitar la competencia que asumirá la Sala en esta instancia. Veamos.

Según lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante, por lo cual el superior, en principio, no puede pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto del mismo. Al respecto, esta corporación en sentencia de 5 de julio de 2007(9) expresó:

“Ahora, entrando al fondo del asunto, debe recordarse que esta sección ha reiterado que en el recurso de apelación, cuya sustentación es obligatoria, so pena de declararse desierto, la competencia de la corporación está restringida a los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente contra la providencia objeto del recurso y que se relacionen, desde luego, con las causales de nulidad planteadas en la demanda, o con las consideraciones que sirvieron de sustento al tribunal para dictar la sentencia. En consecuencia, la Sala estudiará los puntos sobre los cuales alegó la parte apelante en la sustentación del recurso, según se vio anteriormente”.

Ahora bien, los motivos de inconformidad planteados mediante el recurso de apelación deben guardar correspondencia con el fallo recurrido, esto es, con las consideraciones expuestas por el juez de primera instancia que determinaron una decisión total o parcialmente adversa a los intereses de quien apela.

La sentencia proferida por el juez de lo contencioso administrativo, a su turno, debe ser motivada y resolver todos los puntos objeto de controversia formulados por las partes demandante y demandada dentro de la oportunidad procesal respectiva. En este sentido, a la luz de lo establecido en el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo(10), debe concluirse que la sentencia proferida por el juez de lo contencioso administrativo no puede ser infra, extra o ultra petita, sino, sujetarse a todos y cada uno de los aspectos sometidos a su decisión.

En el presente asunto se observa, que el demandante actuando como apelante único, se limitó a cuestionar la reliquidación de los salarios dejados de percibir, mientras estuvo sancionado, de conformidad con el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 del 7 de abril de 1993; razón por la cual, la Sala en esta oportunidad, se sujetará ha dicho asunto.

Concretamente, entonces, el problema jurídico a resolver se contrae en determinar si al señor Ricardo Antonio Perafán le asiste el derecho a que se le efectúe la reliquidación de las sumas recibidas por concepto de salarios y prestaciones dejados de percibir durante la suspensión del cargo, de conformidad con el Decreto 57 de 1993.

Los actos demandados.

Resolución 02-0826 de 9 de abril de 2003 (fl. 2), proferida por el secretario general de la Fiscal General de la Nación, por medio de la cual ordenó el reintegro del demandante al cargo de investigador judicial II de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Bogotá y el reconocimiento y pago de los sueldos y prestaciones dejados de percibir. Indica(11):

“Que el Fiscal Delegado 254 de la Unidad de Investigaciones Especiales de Bogotá mediante providencia de 15 de abril de 1993, impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva al señor Ricardo Antonio Perafán Gómez, identificado […], profesional universitario I de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Bogotá, solicitándose simultáneamente la suspensión en el ejercicio del cargo del mencionado servidor.

[…].

Que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, al resolver la impugnación presentada contra el fallo de primera instancia, en sentencia de 15 de julio de 1999, confirmó el fallo en lo fundamental, con algunas modificaciones y le impuso a Perafán Gómez, una pena de treinta y cinco (35) meses y veinticinco (25) días de prisión y multa de $ 75.000 en calidad de cómplice de los punibles de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, agravado por el uso, en concurso homogéneo y heterogéneo.

Que contra la sentencia de segunda instancia se presentó demanda de casación y la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante proveído de 20 de junio de 2002 declaró que las acciones civil y penal se habían extinguido por prescripción.

[…].

Que mediante oficio del 12 de septiembre de 2002 el señor Ricardo Antonio Perafán Gómez, solicitó a la secretaría general de la Fiscal General de la Nación, el reintegro y el pago de los salarios y demás prestaciones legales que dejó de percibir durante todo el tiempo que estuvo que estuvo suspendido.

[…].

Que la situación judicial del señor Perafán Gómez, encuadra en las normas citadas en precedencia por cuanto la Corte Suprema de Justicia en providencia de 20 de junio de 2002, declaró la prescripción de la acción penal a favor del citado señor y dispuso la cesación de la actuación judicial

[…].

Que mediante Resolución 0-1523 del 4 de agosto de 2000, por medio de la cual se modifica la planta de cargos de la Fiscal General de la Nación, se suprimió el cargo de profesional universitario judicial I, de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, creando en cambio el cargo de investigador judicial II, al cual será reintegrado el señor Perafán Gómez, por ser el equivalente al que ocupaba al momento de la suspensión.

[…]”.

Cuenta 255 de 22 de diciembre de 2003, expedida por la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá, en la cual reconoció por concepto de sueldos 1993-2002, la suma de 129.398.695 (fl. 9).

Oficio DSAF-23006139 de 14 de mayo de 2004, expedido por la misma dirección, en el que le responde el derecho de petición indicándole que “la liquidación del régimen salarial y prestacional aplicado a su nombre corresponde al contenido dentro del Decreto 53 de 1993, régimen al cual usted se acogió como puede verificarse en el soporte que reposa en su hoja de vida […]” (fl. 7).

Oficio DSAF-2018228 de 25 de octubre de 2004, igualmente de la misma dirección, por medio del cual le responde un nuevo derecho de petición indicándole que (fl. 59):

“… la cuenta de cobro 255 del 22 de diciembre de 2003 fue realizada teniendo en cuenta la tabla de salarios de los servidores que se acogieron al régimen de la Fiscalía General de la Nación; …teniendo en cuanta lo anterior se entiende que no hay solución de continuidad desde la fecha de suspensión y su retiro de la entidad; … la reliquidación de salarios solicitados por usted, me permito informarle que no es viable debido a que en su momento usted se acogió al Decreto 53 de 1993”.

Lo probado en el proceso.

A folio 11, obra oficio de 16 de febrero de 1993, en el que el demandante informó a la Jefe de recursos humanos de la entidad que “teniendo en cuenta que actualmente me encuentro laborando en la Fiscalía General de la Nación, pero no me acogí al sistema de remuneración de la misma y por lo tanto sigo con el régimen salarial de la Rama Jurisdiccional, atentamente informo a usted, que resuelvo acogerme al régimen salarial de la Rama Jurisdiccional, expedido con el Decreto 57”. Igualmente a folio 8, obra copia del formulario donde el actor se acoge al régimen salarial y prestacional del Decreto 57 de 1993 y aclara que “en caso de no aceptarse esta opción legal, me veo abocado a acoger: Decreto 53 de 1993, artículo 3º (nuevo fiscalía)”.

El jefe de sección de recursos humanos de la fiscalía, a folio 13, certificó que el último cargo desempeñado por el actor fue en la auditoría interna de la entidad, como técnico investigador, grado 17; que se le delegaron funciones de coordinador de auditoría interna de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, el 2 de marzo de 1990 (fl. 237); y se le asignaron las funciones de coordinador de auditoría interna de la fiscalía general, el 6 de abril de 2002 (fl. 268)(12). Nuevamente a folio 267, la analista de personal de la fiscalía general, certificó los cargos desempeñados así:

EntidadCargoDesdeHasta
Dirección Nacional de Instrucción Criminal, Cuerpo Técnico de Policía Judicial.Asistente administrativo, grado 1529 junio de 1989
(fl. 226)
20 mayo de 1990
Cuerpo Técnico de Policía JudicialTécnico investigador judicial, grado 1721 mayo de 1990
(fls. 228 y 231)
30 junio de 1992
Incorporado a la Fiscalía General.
Profesional universitario judicial, grado 101 julio de 1992
(fls. 232 y 235)
 
Suspendido por orden judicial de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación.Profesional universitario I20 abril de 1993
(Res. 1026/93)
 
Reintegro en la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación Bogotá(13)Investigador judicial II9 de abril de 2003.
Notificado personalmente el
2 mayo de 2003. (Res. 2-0826)
 

El 4 de junio de 2003, obra copia de la renuncia presentada por el actor a la Fiscalía General de la Nación (fl. 19); y a folio 21, y de la Resolución 1488 de 6 de junio de 2003 en la que la secretaria general de la entidad, acepta su renuncia.

Copia de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, obra de folios 114 a 206.

De folios 281 a 292, obran copias de las liquidaciones definitivas realizadas al demandante entre los años 1992 y 2003.

Análisis del caso

La Sala abordará el tema sometido a consideración, estableciendo i) El régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación; y, ii) el caso en concreto.

i. El régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación.

Con la creación de la Fiscalía General de la Nación por la Constitución de 1991, se expidió del estatuto orgánico de la entidad, Decreto 2699 de 1991, en el cual se estableció su régimen salarial y prestacional, y cuyos artículos 63 y 64 preceptúan:

“ART. 63.—El régimen prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación será el establecido por la ley para los servidores de la Rama Judicial. El reconocimiento y pago de las cesantías seguirán realizándose por intermedio de las direcciones nacionales y seccionales de administración judicial, mientras la fiscalía los asume directamente”.

“ART. 64.—El Fiscal General establecerá la nomenclatura de empleos, teniendo en cuenta los niveles establecidos en ese capítulo e incorporando los distintos servidores a la planta de personal establecida para la fiscalía.

En ningún caso tal reglamentación implicará el desmejoramiento del sueldo que se tenga al momento de la incorporación.

PAR. 1º—Las personas que se vinculen por primera vez o se acojan a la escala salarial prevista en el artículo 54, solo tendrán derecho al sueldo que corresponda al cargo según la nomenclatura y escala de salarios aquí señalados; no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación u otras especiales que estuvieren percibiendo antes de su incorporación a la nueva planta.

Si por razón de estas primas tuvieren un sueldo superior al que les corresponde en el nuevo cargo, seguirán percibiendo éste hasta su retiro y sobre dicho sueldo se liquidaran los incrementos anuales en el porcentaje que señale la ley.

(…).

3. Los funcionarios y empleados mencionados anteriormente, podrán optar por una sola vez, entre el régimen salarial y prestacional que actualmente tienen o la escala de salarios prevista en el artículo 54 de este estatuto. Dicha opción podrá ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la incorporación del funcionario o empleado a la Fiscalía General de la Nación”.

El parágrafo 3º de la norma citada permitió a los empleados incorporados optar por el régimen antiguo, pues esta opción fue otorgada por el legislador para los casos en que se implementaron regímenes nuevos o donde cambiaron la naturaleza de una entidad o la reestructuraron, con el fin de evitar la violación de los derechos adquiridos de los empleados que venían desempeñando sus funciones, se estableció un régimen de transición y se les otorgó la posibilidad a de optar entre el antiguo o el nuevo.

En el mismo sentido, conviene precisar, que la escogencia del nuevo régimen implicaba la selección tanto de lo favorable como de lo desfavorable, de manera que no es procedente, escoger lo favorable de uno u otro, pues ello violaría el principio de inescindibilidad del régimen(14).

En consecuencia, a partir de la expedición del Decreto 2699 de 1991, solo se consagró una escala salarial para quienes optaran por el régimen nuevo que creó y contempló la posibilidad de acogerse al régimen del cual venían gozando los empleados.

Posteriormente, por medio de la Ley 4ª de 1992, se señalaron las normas, objetivos y criterios que debía observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, sobretodo “el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de nivelación o reclasificación, atendiendo criterios de equidad”.

En desarrollo de lo anterior, mediante el Decreto 900 de 2 de junio de 1992 se “fija la escala de remuneración para los empleos de la Fiscalía General de la Nación” con efectos a partir de enero 1º del mismo año y, se modificó en lo pertinente, el Decreto 2699 de 1991.

Ahora bien, el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 4ª de 1992, expidió el 7 de enero de 1993, los siguientes decretos salariales y prestacionales aplicables a servidores de la jurisdicción y la Fiscalía General de la Nación, así:

• A través del Decreto 51 de 1993 se dictaron algunas disposiciones en materia salarial y prestacional de la Rama Judicial, del Ministerio Público y de la Justicia Penal Militar, aplicables a los servidores que no optaron(15) por el régimen especial establecido en la Ley 4ª de 1992, artículo 14, parágrafo.

• Por medio del Decreto 52 de 1993 se fijó la escala de remuneración para los empleos de la Fiscalía General de la Nación, aplicable a los servidores que no optaran por el régimen especial establecido en la Ley 4ª de 1992, artículo 14, parágrafo; derogó los decretos 900 y 1730 de 1992; y modificó el Decreto 1077 de 1992, con efectos fiscales desde el 1º de enero de 1993.

• Mediante el Decreto 53, se dictó “normas sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación”, y autorizó hasta el 28 de febrero de 1993 en su artículo 2º, a los servidores que estuvieren vinculados a la entidad a optar por una sola vez por este régimen; de tal manera, que quienes no lo eligieran, continuarían rigiéndose por las normas legales vigentes a la fecha.

• En virtud del Decreto 57 de 1993 se dictó el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, según el cual los servidores podrían optar por ese régimen, por una sola vez, hasta el 28 de febrero de 1993. Los empleados que no optaran por este régimen tendrán un incremento del 2.5% sobre la asignación que recibían a 31 de diciembre de 1992.

En igual sentido, el Gobierno Nacional mediante Decreto 104 de 1994, reguló la materia salarial y prestacional de los funcionarios que siguieron el régimen anterior y que, además, estaban vinculados a la Rama Judicial, el Ministerio Público y a la Justicia Penal Militar, es decir, aplicable a quienes no optaron por el régimen especial establecido en desarrollo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

El Decreto 84 de 10 de enero de 1994, fijó la asignación básica de los servidores adscritos a la Fiscalía General de la Nación, que no optaron por el régimen especial previsto en el Decreto 53 de 1993, y a su vez derogó el Decreto 52 de 1993.

En el Decreto 108 de 13 de enero de 1994, se consagraron normas sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, pero en esta oportunidad, se estableció en particular, el régimen a aplicar en los casos en que se vinculen con posterioridad a la vigencia del Decreto 53 de 1993; con ello, nació una nueva posibilidad de optar por el nuevo régimen allí consagrado.

El Decreto 49 de 10 de enero de 1995, consagró normas sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, aplicable a los servidores vinculados al servicio del organismo con posterioridad a la vigencia del Decreto 53 de 1993 y derogó el Decreto 108 de 1994.

Por su parte, el Decreto 50 de 10 de enero de 1995, fijó la asignación básica para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, que no optaron por el régimen especial previsto en los decretos 53 de 1993 y 108 de 1994, derogó el Decreto 84 de 1994 y reguló la escala salarial que anteriormente regularon el artículo 54 del Decreto 2699 de 1991, el Decreto 900 de 1992, el Decreto 52 de 1993 y el 84 de 1994.

Esta corporación(16), organizó de manera esquemática los decretos de acuerdo el régimen aplicable para identificar claramente cuál se ajusta a cada caso, veamos:

“Decretos


Anualidad
51 de 1993
Régimen antiguo
52 de 1993
Régimen especial
53 de 1993
Régimen especial
Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
199410484108
1995475049
1996341091108
199747 y 24650 y 24652 y 246
1998655250
1999434138
2000273927442743
20011474 y 27241481 y 27281480 y 2729”

Visto lo anterior, se puede establecer, que el demandante estaba sujeto en lo relacionado al salario y prestaciones sociales a lo consagrado en el Decreto 53 de 1993, como quiera que era el régimen aplicable a los empleados públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación y no a lo señalado en el Decreto 57 de 1993 que reguló dicho régimen pero para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, exceptuando a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

ii. Del caso en concreto.

Alega el recurrente, que la Fiscalía General de la Nación al liquidar los salarios y prestaciones sociales al momento de su reintegro pasó por alto la normatividad, que en su sentir, era la aplicable, esto es, el Decreto 57 de 1993.

Al respecto es preciso indicar, que el Decreto 2699 de 1991, mediante el cual se expidió el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación, por un lado, consagró una escala salarial para quienes se vincularan por primera vez o se acogieran a ella (régimen especial), y por otro, dio la posibilidad de mantener las prerrogativas que se tenían antes de la incorporación (salario básico más primas) (régimen antiguo). Estos dos regímenes (especial y antiguo), fueron sucedidos, en su orden, por los decretos 900 y 903 de 1992, el primero para la Fiscalía General de la Nación y el segundo para la Rama Judicial.

Si bien es cierto como lo asegura el actor, le informó a la Fiscalía General de la Nación (fl. 11), que “resuelvo acogerme al régimen salarial expedido en el Decreto 57”, también lo es, que en el formato oficial suministrado por la oficina de recursos humanos de la misma entidad, obrante a folio 8, manifestó que habiendo sido incorporado con anterioridad al 31 de diciembre de 1992 para ocupar el cargo de investigador, “…me acojo al siguiente régimen salarial y prestacional: Decreto 57 de 1993. En caso de no aceptarse esta opción legal, me veo avocado a escoger: Decreto 5 de 1993 artículo 3º nuevo de la fiscalía”. Es necesario advertir que el oficio individual es de fecha 16 de febrero y el formato oficial y final es de 26 de febrero de 1993. En él es claro que si no había posibilidad de continuar con el régimen salarial de la Rama Judicial pues se acogía al Decreto 53 de 1993.

La expresión transcrita evidencia que el actor tenía dudas sobre si le era o no aplicable el régimen previsto en el Decreto 57 de 1993, razón por la cual abrió el abanico para en su defecto seleccionar el Decreto 53 ibídem, que tenía prerrogativas diversas.

Esta duda sin embargo tiene respuesta cierta en el caudal probatorio. En efecto, conforme al oficio que reitera el actor en este recurso y que responde al presentado el 16 de febrero se colige que según él continuaba bajo el régimen salarial de la Rama Judicial, es decir, bajo el mandato del Decreto 903 de 1992, sin embargo, ello no se evidencia de la liquidación de la cesantía definitiva correspondiente al año de 1992, en donde se tienen como factores de liquidación: la prima de servicios, vacaciones y navidad, más no la prima de navidad que es un factor diferencial previsto en el citado decreto y que la mantuvo si el Decreto 51 de 1993 y no el Decreto 57 del mismo año, como lo dispuso el artículo 12.

No concreta el actor como le causó perjuicio en la liquidación una u otra aplicación de régimen, dado que definitivamente no fue generada por la no inclusión de la prima de antigüedad como se vio y como lo planteó en el libelo. A lo anterior debe agregar la Sala como bien lo señaló el a quo, que no hay certeza si fue incorporado al cuerpo técnico de investigación de la Dirección Seccional del Distrito Judicial de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación como investigador grado 10(17), con el régimen que amparaba a los funcionarios de la Rama Judicial.

Ahora bien, si la intención del actor era, como funcionario de la entidad demandada que venía de la Rama Judicial, no acogerse al régimen especial establecido en la Ley 4ª de 1992, debía, desde el mismo momento en que la entidad le brindó la posibilidad de escoger algunos de los tres regímenes aplicables a la Fiscalía General de la Nación, seleccionar el Decreto 51 de 1993, ya que esta normatividad le permitía seguir con las prebendas salariales y prestacionales que tenía anteriormente, de manera que su pretensión no prosperará al no encontrar la Sala vulnerados sus derechos laborales conforme a sus planteamientos y al acervo probatorio.

Finalmente sobre el tema debe reiterarse que, el Decreto 57 de 7 de enero de 1993, exceptuó a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación como sujetos activos para incluirlos en la regulación del Decreto 53 ídem, motivo por el cual no puede aplicar dicho marco normativo, ni mucho menos, se puede pretender disfrutar de los beneficios de otros regímenes, por cuanto no solamente se vulneraría el principio de inescindibilidad de las normas, sino que, además, no sería justo ni equitativo frente a quienes conservaron el régimen anterior o aquellos que les cobijó otro por haber sido vinculados con posterioridad.

En efecto, no es posible que un empleado pueda, simultáneamente, beneficiarse de ambos regímenes puesto que rompe el citado principio, además, el régimen nuevo y el anterior no son compatibles ya que tienen características propias que los hace autónomos e independientes, aceptar la posibilidad de mezclar los regímenes implica una intromisión en la función del legislador por cuanto se estaría creando un régimen nuevo y, por supuesto, alteraría el funcionamiento de la administración pues el juez estaría usurpando competencias de otras autoridades.

Al respecto la Corte Constitucional en lo referente a la aplicación del Decreto 84 de 1994, en fallo del 6 de octubre de 1994, con ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; advirtió:

“(...) de aceptarse la aplicación de las disposiciones salariales establecidas en el Decreto 84 de 1994 a los funcionarios de la fiscalía regidos por el régimen ordinario(con derecho a primas y demás prestaciones), estos terminarían recibiendo una mayor remuneración por su trabajo que aquellos funcionarios de la fiscalía, con igual cargo y graduación, regidos por el régimen de la entidad (D. 52/93, D. 84/94) y que optaron por el Decreto 53 de 1993, ya que estos últimos no tienen derecho a primas y demás prestaciones sociales como si la tienen los primeros”.

El otro punto que toca en la apelación lo titula como “el salario a tener en cuenta al momento de de (sic) liquidar el salario dejado de percibir”.

Después de citar la jurisprudencia de la Sala Plena que adujo que el pago de los salarios dejados de percibir tiene naturaleza indemnizatoria concluye que la suya debe liquidarse “…con el último salario devengado, vale decir con el salario que percibía como coordinador de la auditoría interna de la Fiscalía General de la Nación, por tratarse del último salario (sic) devengado antes de la suspensión y no como investigador judicial II de la misma fiscalía”.

Esta pretensión es propia del reintegro, es decir, de la Resolución 2-826 de 9 de abril de 2003(18), que lo restituyó al cargo de investigador judicial II de la dirección seccional del cuerpo técnico de investigación de Bogotá, toda vez que el salario con el cual se le liquidó es una consecuencia directa de esa decisión. El a quo declaró la caducidad sobre la misma porque no se interpuso la acción dentro de los términos de ley tal y como se relató en el acápite de los antecedentes; esa decisión no fue recurrida por el actor, de manera que sin más disquisiciones se negará el cargo impetrado.

En consideración a lo anterior, el fallo impugnado merece ser confirmado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia del 6 de agosto de 2009, por medio de la cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, declaró probada parcialmente la excepción de caducidad y se declaró inhibido para fallar las pretensiones de la demanda incoada por Ricardo Antonio Perafán Gómez contra la Nación-Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(9) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado interno 9708-2005, actor: Aura Isabel Rubio Morán, M.P. doctor: Jaime Moreno García.

(10) “La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. (…)”.

(11) Notificada el 2 de mayo de 2003 (fl. 54).

(12) No especifica fechas de terminación de los cargos.

(13) Acto notificado personalmente el 2 de mayo de 2003, según consta a en la misma certificación. Folio 18.

(14) Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2009, expediente 250002325000200408909 01 (0250-2007), Actor: Manuel Alberto Corrales Roa, C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E).

(15) “ART. 26.—Las normas contenidas en el presente decreto se aplicarán a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, que no opten por el régimen especial establecido en el desarrollo del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.[...]”.

(16) Mediante sentencia de 21 de octubre de 2009, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.

(17) Folio 236.

(18) Folios 51-54.