Sentencia 2005-02321/3296-13 de noviembre 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 08001 23 31 000 2005 02321-01 (3296-13)

Actor: Betty Isabel Ferreira Balza

Demandado: Superintendencia Distrital de Liquidaciones - Fondo de Vivienda de Interés Social y reforma urbana de Barranquilla

Consejero Ponente:

Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: 2. Consideraciones.

2.1. Cuestión previa.

La Sala debe precisar que aunque en las peticiones que dieron origen a los actos censurados y en las pretensiones de la demanda se solicitó el reconocimiento y pago de la prima de antigüedad, los intereses a las cesantías y el reembolso de los gastos de viaje y viáticos, en el concepto de violación de la demanda no se explicaron los motivos por los cuales se cuestionan los actos en relación con tal negativa, pues tan solo se hizo referencia a los fundamentos de oposición en torno a la negativa del reconocimiento de la sanción por mora en la consignación de las cesantías; además, en el recurso de alzada, la oposición de la demandante surgió con ocasión del reconocimiento de tal sanción, razón por la cual solo se hará pronunciamiento en torno a este aspecto, el cual se analizará sin limitaciones, teniendo en cuenta que todas las partes apelaron la decisión de primera instancia.

2.2. El problema jurídico.

Se circunscribe a establecer (i) si la señora Betty Isabel Ferreira Balza tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por la inoportuna consignación de sus cesantías definitivas; en caso afirmativo, (ii) determinar si el derecho al pago de la aludida sanción está prescrito y (iii) si el hecho de que la administración estuviera en un proceso de reestructuración de pasivos, impedía reconocer la sanción moratoria reclamada.

2.2.(sic) Marco normativo.

La Ley 244 de 1995 “Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones” en su artículo 1º estableció el término de 15 días para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud que se haga en tal sentido. En todo caso, determinó que en el evento de que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

Ahora bien, el artículo 2º ibídem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:

(…) la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante que la entidad pagadora, los fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador(6).

Los artículos 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006, adicionaron y modificaron lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, así:

“ART. 4º—Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PAR.—En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso 1º de este artículo.

“ART. 5º—Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

2.3. Hechos probados.

El 29 de noviembre de 1998(7), el gerente del Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Barranquilla expidió la Resolución 400, por la cual ordenó el pago y reembolso de unos gastos de viaje y viáticos a favor de la señora Ferreira Balza.

El 17 de marzo de 2000(8), el gerente del Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Barranquilla expidió la Resolución 55, por la cual ordenó el pago y reconocimiento de unos gastos de viaje a favor de la demandante.

El 30 de marzo de 2001(9), el profesional universitario de presupuesto, contabilidad y pagaduría del Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Barranquilla certificó que la demandante presentó sus servicios en esa entidad por el período comprendido entre el 10 de septiembre de 1996 y el 23 de marzo de 2001.

El 26 de abril de 2001(10), el gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Barranquilla expidió la Resolución 519, por la cual reconoció las cesantías definitivas a favor de la señora Betty Ferreira Balza, por su servicio prestado desde el 11 de septiembre de 1996 hasta el 23 de marzo de 2001; tal acto se le notificó a la demandante el 25 de mayo de 2001.

El 4 de junio de 2001(11), la accionante interpuso recurso de reposición contra la resolución anterior.

El 1º de agosto de 2001(12), el gerente del Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Barranquilla resolvió el recurso anterior, efecto para el cual expidió la Resolución 930, mediante la cual confirmó el acto recurrido.

El 15 de agosto de 2001(13), el gerente del Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Barranquilla expidió la Resolución 1141, por la cual reconoció y ordenó el pago de las primas de servicios y de navidad a favor de la demandante.

El 5 de septiembre de 2001(14), la demandante formuló reclamación ante el gerente de Fonvisocial en la que solicitó el pago de los viáticos reconocidos en las resoluciones 400 de 1998 y 55 de 2000, antes citadas, que aún no le habían sido cancelados. Similar solicitud efectuó el 23 de octubre de 2002(15).

El 23 de octubre de 2002(16), la demandante formuló reclamación ante el gerente de Fonvisocial, en la cual exigió el pago de sus cesantías reconocidas a través de la Resolución 519 de 2001 y de la sanción moratoria por su inoportuna consignación.

El 14 de noviembre de 2002(17), el gerente del Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Barranquilla resolvió la petición formulada por la demandante, en la que pretendía la cancelación de su auxilio de cesantías, y le informó que el pago sería realizado una vez culminaran las gestiones tendientes al pago de la totalidad de sus acreencias laborales. Similar respuesta se concedió el 26 de noviembre de ese año(18). Además, ese mismo funcionario certificó que a la demandante no se le ha pagado el auxilio de cesantías reconocido a través de la Resolución 519 del 26 de abril de 2001(19).

El 23 de julio de 2004(20), se profirió el Decreto 254, por el cual se creó la Superintendencia Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, cuyo objeto consiste en “la toma de posesión, apertura, ejecución y culminación de los procesos de reestructuración administrativa y/o disolución y liquidación de los entes descentralizados y establecimientos públicos del distrito de Barranquilla que actualmente se encuentren en curso o estén por iniciarse de conformidad con los lineamientos estipulados por el Alcalde Distrital”. En esa misma fecha, se expidió el Decreto 262, por el cual se creó el banco inmobiliario metropolitano, como una empresa industrial y comercial de Barranquilla y se ordenó la liquidación de Fonvisocial.

El 9 de agosto de 2004(21), mediante Resolución 7, la Superintendente Distrital de Liquidaciones ordenó la toma de posesión y apertura del proceso de liquidación del Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Barranquilla.

El 30 de septiembre de 2004(22), la demandante formuló solicitud ante el Superintendente Distrital de Liquidaciones en la que requirió hacer parte de la mesa de acreedores do Fonvisocial en liquidación, con el objeto de que fueran concedidos a su favor los siguientes conceptos: auxilio de cesantías, prima de servicios, prima de navidad, intereses de cesantías, sanción moratoria, incremento por antigüedad, indexación de incremento por antigüedad, sanción por la no consignación de sus cesantías en Fonvisocial y reembolso de gastos de viaje y viáticos.

El 7 de diciembre de 2004(23), el Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Barranquilla en liquidación resolvió la reclamación anterior, para lo cual expidió la Resolución 68, que se notificó a la demandante el 18 de enero de 2005. En su parte resolutiva dispuso:

“ART. 1º—Aceptar y reconocer la acreencia del orden laboral presentada por la señora Betty Isabel Pereira Balza, identificada con cédula de ciudadanía 32.617.063, expedida en Barranquilla, por concepto de […] cesantías definitivas por valor de $ 112.416.819; […] de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto.

“ART. 2º—Ordénese la incorporación en la masa liquidatoria del Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Barranquilla “Fonvisocial en liquidación” de los créditos laborales a favor de la señora Betty Isabel Ferreira Balza […] con fundamento en lo expuesto en el artículo 1º de la parte resolutiva de este acto administrativo […].

“ART. 3º—Rechácese en sede administrativa la solicitud de reconocimiento y pago de los créditos laborales por concepto de […] sanción por no consignación de cesantías […] (resalta la Sala).

El 25 de enero de 2005(24), la demandante interpuso recurso de reposición en contra de la resolución anterior.

El 31 de marzo de 2005(25), la superintendente distrital de liquidaciones, en representación del Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Barranquilla, en liquidación, resolvió el recurso de reposición, mediante Resolución 56, en la que confirmó en todas sus partes el acto recurrido. La decisión al respecto fue notificada a la demandante el 16 de mayo de 2005(26).

El 6 de diciembre de 2005(27), a través del Decreto 182, se modificó la denominación de la Superintendencia Distrital de Liquidaciones por dirección distrital de liquidaciones.

El 28 de febrero de 2007(28), fue la fecha que se fijó para realizar el pago de las acreencias laborales certificadas en la masa liquidatoria de Fonvisocial en liquidación, de acuerdo con la prelación de créditos, según lo informó la directora distrital de liquidaciones de Barranquilla.

El 23 de abril de 2007(29), se expidió el comprobante de egreso 000783 en el que consta que se expidió a favor de la demandante el cheque 006(30), por valor de $ 14.035.887.

El 30 de julio de 2010(31), la directora distrital de liquidaciones expidió la Resolución 32, por la cual declaró la terminación de la existencia legal del Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Barranquilla. En esa fecha también se expidió la Resolución 33, por la cual la dirección distrital de liquidaciones acogió la administración de las situaciones jurídicas no definidas del Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Barranquilla, en la cual se tomaron las siguientes determinaciones, entre otras:

[L]a dirección distrital de liquidaciones asume a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, la administración de las situaciones jurídicas no definidas del Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Barranquilla en liquidación —Fonvisocial en liquidación—, las cuales se circunscriben a:

[…]

• Adelantar todas aquellas acciones judiciales y administrativas que sean necesarias para salvaguardar los bienes de la entidad liquidada en contra de aquellos créditos a los cuales se le haya comprobado que su reconocimiento es manifiestamente opuesto a la Constitución y la leyes (sic) aplicables al tramite (sic) liquidatorio; en los términos consagrados en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

• Determinar, luego de efectuar el pago, la existencia o no de activos remanentes para reconocimiento de la provisión de los procesos judiciales en contra de la entidad liquidada y de subsistir recursos, trasladarlos al Distrito de Barranquilla.

• Efectuar la entrega jurídica y materia (sic) de los activos remanentes de proceso de liquidación, si a ello hubiera lugar al Banco Inmobiliario Metropolitano en liquidación en virtud de lo consagrado en el decreto de liquidación.

A la actuación también se allegó copia del acto que reconoció las cesantías y la sanción moratoria por su inoportuna consignación al señor Jaime Antonio Ujeta Smith(32).

El 17 de febrero de 2012(33), se recibió el interrogatorio de parte de la demandante, quien dentro de su exposición, manifestó:

[E]n el Juzgado Sexto del Circuito Laboral de Barranquilla, presenté una demanda ejecutiva, amparándome en la Resolución 519 del 26 de abril de 2001 mediante la cual se me reconoció el pago de mis cesantías definitivas y la 1.141 del 15 de agosto de 2001 mediante la cual se me reconoció y ordenó la liquidación y el pago de la prima de servicio y pago de la prima de navidad proporcional conceptos que a la fecha de la demanda no me habían cancelado, pese a los diferentes derechos de petición presentados ante esa entidad, para el pago de las creencias reconocidas en esos actos administrativos, los cuales prestaban mérito ejecutivo, la cual no prosperó porque fue solicitada por la Superintendencia Distrital de liquidaciones, dentro del proceso liquidatorio. Preguntado: Anexó usted copia de la demanda ejecutiva laboral a la reclamación administrativa para notificar al liquidador como lo disponía el artículo 99 de la Ley 222 de 1997. Contestó: No hubo necesidad, por cuanto lo dije anteriormente, dicha demanda fue solicitada por el agente liquidador de la Superintendencia Distrital de Liquidaciones, dentro del proceso liquidatorio de Fonvisocial, para que formara parte de la masa liquidatoria […].

2.4. Caso concreto.

El primer aspecto a abordar, consiste en determinar si la administración incurrió en mora en el pago de las cesantías definitivas a favor de la señora Betty Isabel Ferreira Balza. De conformidad con las pruebas aludidas en el acápite correspondiente, se puede afirmar que sí incurrió en mora, comoquiera que aunque reconoció esa prestación a la demandante mediante Resolución 519 del 26 de abril de 2001(34), que le fue notificada el 25 de mayo de 2001, contra la cual interpuso recurso de reposición que se resolvió el 1º de agosto de 2001, mediante Resolución 930(35), el pago reconocido por tal concepto tan solo se produjo el 23 de abril de 2007, según comprobante de egreso que obra en el expediente(36).

Según lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, la administración contaba con el término de 45 días hábiles siguientes a la notificación del acto de reconocimiento de las cesantías definitivas, para disponer el pago. En el expediente no obra prueba de la notificación del acto que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución que reconoció las cesantías definitivas a la demandante, razón por la cual se tendrá el 1º de agosto de 2001 —fecha de expedición de ese acto—, como fecha inicial(37) para contabilizar el término en que debía realizarse el pago.

Siendo así, a partir del día siguiente —2 de agosto— comenzaron a correr los 45 días para efectuar el pago, los cuales vencieron el 5 de octubre de 2001; de manera que la mora empezó a correr a partir del 8 de octubre de 2001(38) y se prolongó hasta el 22 de abril de 2007, comoquiera que el pago se efectuó el 23 de ese mes y año.

Ahora bien, consta en el expediente que la demandante reclamó el pago tanto de sus cesantías como de la sanción por la mora en su consignación, a través de solicitudes formuladas el 5 de septiembre de 2001 y el 23 de octubre de 2002. Las anteriores peticiones interrumpieron el término de prescripción por un lapso igual, al tenor de lo dispuesto en el artículo 151(39) del Código Procesal del Trabajo.

Adicionalmente, la demandante formuló reclamación el 30 de septiembre de 2004(40), es decir, cuando aún no habían transcurrido 3 años desde su última reclamación, solicitando el reconocimiento y pago tanto de las cesantías como de la sanción por mora en su consignación, entre otros emolumentos. Tal reclamación dio origen a los actos que se censuran, mediante los cuales se aceptó, dentro del proceso liquidatorio, la acreencia laboral en cuanto a algunos emolumentos y se denegó respecto de otros, entre estos últimos, la sanción por la tardanza en el pago de las cesantías definitivas.

Lo anterior quiere decir que la demandante sí tiene derecho a que se le pague la sanción por mora en la consignación de las cesantías definitivas en que se incurrió y que corrió entre el 8 de octubre de 2001 y el 22 de abril de 2007, sin que se hubiera extinguido, ni siquiera en forma parcial, la obligación, comoquiera que las oportunas reclamaciones de la señora Ferreira Balza impidieron que se configurara el fenómeno prescriptivo, por lo que así se hará constar en la parte motiva de esta providencia, de manera que se hará claridad en torno a ese aspecto.

Ahora bien, el motivo de inconformidad planteado por la dirección distrital de liquidaciones en el recurso de alzada consiste en que no está en la obligación de asumir el pago de la condena, toda vez que el a quo no tuvo en cuenta que la entidad empleadora estaba en un proceso liquidatorio y por ende, los créditos aceptados y reconocidos dentro de él, no deben ser susceptibles de reconocimientos moratorios de ninguna índole.

No obstante lo anterior, la Sala considera que, en lo que respecta a las reclamaciones laborales dentro del aludido proceso liquidatorio, se debió tener en cuenta lo establecido en el Decreto-Ley 254 de 2000 “Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional”, artículos 23, 25 y 32, que son del siguiente tenor literal:

“ART. 23(41).—Emplazamiento. Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se inicie el proceso de liquidación, se emplazará a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la entidad en liquidación y a quienes tengan en su poder a cualquier título activos de la entidad, para los fines de su devolución y cancelación (resalta la Sala).

“ART. 25(42).—Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y contractual. El liquidador de la entidad deberá presentar al Ministerio del Interior y de Justicia, dentro de los tres (3) meses después de su posesión, un inventario de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte la entidad, el cual deberá contener la información que establezca el Ministerio del Interior y de Justicia.

PAR. 1º—El archivo de procesos y de reclamaciones y sus soportes correspondientes, será entregado al Ministerio del Interior y de Justicia debidamente inventariado con una técnica reconocida para tal fin, conjuntamente con una base de datos que permita la identificación adecuada.

PAR. 2º—Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado, el liquidador de la entidad, como representante legal de la misma, continuará atendiendo, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto se efectúe la entrega de los inventarios, conforme a lo previsto en el presente decreto, los procesos judiciales y demás reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término (negrilla fuera de texto).

“ART. 32(43).—Pago de obligaciones. Corresponderá al liquidador cancelar las obligaciones pendientes a cargo de la masa de la liquidación, previa disponibilidad presupuestal, con el fin de realizar su liquidación progresiva; para ello se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. Toda obligación a cargo de la entidad en liquidación deberá estar relacionada en un inventario de pasivos y debidamente comprobada.

2. En el pago de las obligaciones se observará la prelación de créditos establecida en las normas legales. Para el pago de las obligaciones laborales el liquidador deberá elaborar un plan de pagos, de acuerdo con las indemnizaciones a que hubiere lugar; éste programa deberá ser aprobado por la junta liquidadora, cuando sea del caso.

3. Las obligaciones a término que superen el plazo límite fijado para la liquidación podrán cancelarse en forma anticipada, sin lugar al pago de intereses distintos de los que se hubieren estipulado expresamente.

4. El pago de las obligaciones condicionales o litigiosas se efectuará solamente cuando éstas se hicieren exigibles.

5. Para el pago del pasivo se tendrá en cuenta la caducidad y la prescripción de las obligaciones, contenidas en las normas legales vigentes.

PAR.—Las obligaciones de la entidad en liquidación, incluyendo los pasivos laborales, se cancelarán con el producto de las enajenaciones, con observancia de las normas legales y presupuestales del caso, teniendo en cuenta la prelación de créditos. Los pasivos laborales incluirán el valor correspondiente al cálculo actuarial del pasivo pensional, el cual se entregará a la entidad que deba asumir el pago de las pensiones y de bonos pensionales, si hubiere lugar a ello, con la preferencia reconocida por las normas vigentes sobre obligaciones laborales.

En caso de que los recursos de la liquidación de un establecimiento público o de una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional no societaria sean insuficientes, las obligaciones laborales estarán a cargo de la Nación o de la entidad pública del orden nacional que se designe en el decreto que ordene la supresión y liquidación de la entidad. Para tal efecto se deberá tomar en cuenta la entidad que debía financiar la constitución de las reservas pensionales.

(…).

Cuando se trate de empresas industriales y comerciales del Estado o de sociedades de economía mixta directas, sólo podrá procederse a la asunción una vez se hayan agotado los activos o se haya establecido que no es posible la realización de los mismos.

En todo caso, la Nación únicamente será responsable por las obligaciones de las entidades societarias en los eventos expresamente previstos en el presente decreto (se resalta).

Es necesario señalar que la reclamación de la demandante ante la dirección distrital de liquidaciones fue oportuna y el hecho de que esa entidad no hubiera aceptado pagar la sanción por mora, pero sí las cesantías pagadas en forma tardía, no la exime de reconocer la sanción y menos aun tratándose de obligaciones por un incumplimiento de índole laboral.

La anterior consideración tiene total respaldo en la Sentencia C-735 de 2007(44), por la cual la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de algunos artículos de la Ley 1150 de 2006(45), en la que se llegó a las siguientes conclusiones, en torno a las reclamaciones que se efectuaran con posterioridad al término concedido dentro del proceso liquidatorio:

Con base en lo anterior, se puede afirmar que:

i) Por tener jurídicamente todo proceso de liquidación un carácter universal, deben estar comprendidos los créditos laborales, y aplicárseles la prelación legal correspondiente, como expresa y claramente lo contempla la normatividad indicada.

En consecuencia, si se excluyera del proceso de liquidación a los acreedores laborales, se violaría su derecho a la igualdad dentro del mismo.

ii) El citado decreto, y la ley que lo modifica, establecen un término procesal de cuarenta y cinco (45) días para que todos los acreedores hagan valer sus derechos en el proceso de liquidación, de suerte que si no se formula oportunamente la reclamación correspondiente, se pierde, en virtud del principio procesal de preclusión, la posibilidad de invocarlos en dicho proceso(46).

iii) Dichos preceptos expresamente señalan que para el pago del pasivo se deberá tener en cuenta la prescripción de las obligaciones contenida en las normas legales vigentes, lo cual pone de presente que el legislador distingue, como es lógico, entre la oportunidad para ejercer un derecho sustantivo en un proceso y la extinción del mismo.

Como es conocido, la prescripción extintiva de los créditos es un modo de extinción de éstos que opera cuando los mismos no se han ejercido durante un determinado tiempo, contado a partir de su exigibilidad al deudor (C.C., arts. 2512 y 2535; CST, art. 488 y CPT, art. 151)[29] y sus fundamentos constitucionales son la seguridad jurídica y la paz social.

iv) En caso de que el acreedor no formule reclamación, o la formule extemporáneamente, el liquidador debe efectuar una provisión para pagar los créditos que se encuentren debidamente comprobados en el proceso de liquidación.

v) Si finalmente no fuere posible el pago de un crédito determinado en el proceso de liquidación, el acreedor podrá hacerlo valer, inclusive judicialmente si fuere necesario, con posterioridad a aquel y mientras el derecho no prescriba, frente a la entidad que se subrogue en los derechos y las obligaciones de la entidad liquidada, la cual debe ser señalada en el acto que ordene la supresión o disolución y consiguiente liquidación de la entidad pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 2º del citado Decreto y 52 de la Ley 489 de 1998 (negrilla fuera de texto).

Con fundamento en lo anterior, se debe concluir que la obligación en torno al pago de la sanción por la tardanza en el pago de las cesantías definitivas de la demandante no se puede desatender, de manera que debe ser asumida por la dirección distrital de liquidaciones. Valga aclarar que el parágrafo del artículo 32 del Decreto en cita determina que las obligaciones a cargo de la entidad incluyendo los pasivos laborales, se cancelarían producto de las enajenaciones de los bienes de la entidad y, en forma particular, en torno a los laborales precisó que en caso de que los recursos de la liquidación no fueren suficientes, serían impuestos a cargo de la Nación.

Hacer una interpretación contraria equivaldría a considerar que la entidad incursa en proceso liquidatorio se podría aprovechar de tal situación para desatender las obligaciones laborales y, según el criterio de la Corte Constitucional expuesto en la sentencia cuyo aparte se transcribió, no es ese el alcance que se le debe dar a las normas que gobiernan un proceso de tal naturaleza.

Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que el argumento del recurso de apelación no está llamado a prosperar, pues, la existencia de un proceso liquidatorio y la omisión de reclamo dentro del término dado en él, no es razón suficiente para desatender las obligaciones laborales a cargo de la entidad liquidada y ello impone confirmar, en torno a ese aspecto, la sentencia proferida por el a quo.

3. Conclusión.

Con los anteriores argumentos se concluye que sí se configuró el derecho a la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso en que incurrió la parte demandada para el pago de las cesantías definitivas a favor de la señora Betty Isabel Ferreira Balza; no obstante, como en la sentencia recurrida el a quo no precisó el término durante el cual procede el pago de tal sanción, se deberá clarificar lo pertinente, en los términos descritos en las consideraciones que anteceden.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Se modifica la sentencia proferida el 13 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, subsección de descongestión, en el proceso promovido por Betty Isabel Ferreira Balza contra la Superintendencia Distrital de Liquidaciones de Barranquilla (hoy Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla) - Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Barranquilla, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de precisar que el pago de la sanción por mora en las cesantías, equivalente a un día de salario por cada día de retraso, deberá comprender el período entre el 8 de octubre de 2001 y el 22 de abril de 2007, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

2. Se confirma en lo demás la providencia recurrida.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(6) Gaceta del Congreso año IV - núm. 225 del 5 de agosto de 1995.

(7) Folio 184.

(8) Folio 185.

(9) Folio 102.

(10) Folios 10 y 11.

(11) Folios 12 a 14.

(12) Folios 15 y 16.

(13) Folios 182 y 183.

(14) Folio 186.

(15) Folio 187.

(16) Folio 188.

(17) Folio 17.

(18) Folio 18.

(19) Obran certificaciones al respecto en los folios 9 y 20, pero se precisa que ninguna de ellas tiene fecha de expedición.

(20) Folios 273 a 278.

(21) Folios 303 a 307.

(22) Folios 21 y 22.

(23) Folios 23 a 27.

(24) Folios 29 a 34.

(25) Folios 35 a 37.

(26) Folio 38.

(27) Folios 283 y 284.

(28) Folio 272.

(29) Folio 265.

(30) En folio 204 obra copia del cheque en mención.

(31) Folios 353 a 361.

(32) Folios 39 a 46.

(33) Folios 334 a 336.

(34) Folios 10 y 11.

(35) Se precisa que en el expediente no obra prueba de la notificación de tal resolución. No obstante, en su parte resolutiva se precisa que con ese acto quedó agotada la vía gubernativa.

(36) Folio 265.

(37) Se precisa que en este caso no se tienen en cuenta los 5 días para la ejecutoria, comoquiera que se trata del acto que resolvió el recurso de reposición y declaró agotada la vía gubernativa.

(38) Día hábil siguiente al vencimiento de los 45 días hábiles de que la administración disponía para realizar el pago.

(39) “ART. 151.—Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual”.

(40) Esta petición se radicó ante la Superintendencia Distrital de Liquidaciones, pues su empleador ya había empezado su proceso liquidatorio.

(41) Modificado por el artículo 12 de la Ley 1105 de 2006.

(42) Modificado por el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006.

(43) Modificado por el artículo 18 de la Ley 1105 de 2006.

(44) Corte Constitucional, Sentencia C-735/2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(45) Que modificó algunos artículos del Decreto-Ley 254 de 2000, entre ellos, los que se citaron previamente.

(46) Cita propia del texto transcrito: “Es oportuno indicar que el Decreto Reglamentario 2211 de 2004, por medio del cual se determina el procedimiento aplicable a las entidades financieras sujetas a toma de posesión y liquidación forzosa administrativa, establece que “el término que se establezca para presentar las reclamaciones no podrá ser superior a un (1) mes contado a partir de la fecha de publicación del último aviso de emplazamiento” (art. 24).
Por su parte, el artículo 158 de la Ley 222 de 1995, respecto de la liquidación obligatoria de sociedades comerciales, dispone que “a partir de la providencia de apertura del trámite liquidatorio y hasta el vigésimo día siguiente al vencimiento del término de fijación del edicto, los acreedores deberán hacerse parte personalmente o por medio de apoderado, presentando prueba siquiera sumaria de la existencia de sus créditos””.