Sentencia 2005-02323/36329 de mayo 16 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION C

Rad.: 25000-23-26-000-2005-02323-01(36329)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E)

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Actor: Jorge Acevedo Moreno y otros

Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Tema: Responsabilidad del Estado por lesión causada a un particular atropellado por agente de Policía, en vehículo oficial. Régimen objetivo.

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.

Resuelve la Subsección el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de septiembre de 2008, por medio de la cual accedió a las súplicas de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda.

Mediante escrito presentado el 10 de octubre de 2005 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los señores Jorge Acevedo Moreno, Jorge Armando Acevedo Gutiérrez, Gladys Gutiérrez Cárdenas, obrando en nombre propio y en representación de su hijo menor Deivyd Stid Acevedo Gutiérrez, a través de apoderado presentaron demanda de reparación directa solicitando se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

“1. DECLARAR: que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, es administrativamente responsable por la falla en el servicio en que incurrió con ocasión del accidente de tránsito que ocasionara el señor ALEXANDER FEO ARIAS, Agente activo de la Policía Nacional, mientras conducía el vehículo oficial de placas 12-554 en hechos ocurridos en el Municipio de Soacha (Cund.) el día 24 del mes de noviembre del año 2003, con violación a (sic) los reglamentos de tránsito.

2. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad se dispondrá condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL - y al señor ALEXANDER FEO ARIAS a reconocer y pagar al señor JORGE ACEVEDO MORENO o a quien represente sus derechos a título de reparación las siguientes cantidades y por los conceptos que se señalan a continuación:

a) Daños morales.

La suma equivalente en moneda nacional correspondiente a MIL (1.000) SALARIOS mínimos mensuales legales vigentes para el momento en que se profiera la Sentencia.

b) Daños materiales

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 365.000.000) que se deberán pagar al lesionado.

Para su cuantificación ha de tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1. El lesionado para el momento de los hechos contaba con 57 años de edad.

2. El promedio de vida del señor JORGE ACEVEDO MORENO se calcula hasta los 70 años de edad.

3. Para desarrollar su actividad laboral en su empresa de paños para muebles, ruanas y cobijas, mi poderdante debía emplear sus dos miembros inferiores en los telares, lo cual ahora le impide al lesionado percibir ingresos mensuales en más de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.800.000).

4. Con motivo del accidente no puede seguir desarrollando la actividad laboral de la cual obtenía los ingresos para su propia subsistencia y la de su familia, teniendo que cerrar su empresa.

5. Igualmente ha de tenerse en cuenta la variación mensual o anual del índice de Precios al Consumidor (IPC), según las certificaciones del DANE.

6. Las condenas respectivas serán actualizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A, aplicando en la liquidación la variación del promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha en que tuvieron ocurrencia los hechos, hasta la ejecutoria de la correspondiente Sentencia definitiva.

7. Igualmente se condenará en costas a los demandados.

3. La demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículo 176 y 177 del C.C.A”.

1.2. Hechos.

Los hechos pueden ser resumidos de la siguiente manera:

1. El día 24 de noviembre de 2003, aproximadamente a las 7 a.m. el señor Jorge Acevedo Moreno, se desplazaba en bicicleta en el Municipio de Soacha y fue arrollado por un vehículo patrulla de la Policía Nacional, conducido por el agente Alexander Feo Arias, quien iba en exceso de velocidad y desconoció las normas de tránsito porque no respetó la señal de pare.

2. En el accidente, el señor Acevedo Moreno, sufrió lesiones corporales de carácter permanente y pérdida anatómica del miembro inferior izquierdo, daños que, al ser causados por un agente de la Policía deben ser reparados por el Estado.

3. Como consecuencia de las lesiones sufridas el señor Acevedo Moreno se vio obligado a cerrar la empresa textil de su propiedad, ya que no podía manejar los pedales del telar, para producir las telas que fabricaba, actividad de la cual percibía ingresos aproximados de $ 1.800.000, con lo cual sostenía su familia.

4. Antes del accidente, el señor Acevedo Moreno gozaba de buena salud, y con la lesión causada quedó afectado física y moralmente, además la pérdida de su pierna ha causado trastornos en su personalidad que han dificultado la vida familiar y deteriorando las relaciones con su compañera permanente.

1.3. Trámite en primera instancia y contestación de la demanda.

Mediante auto del 11 de noviembre de 2005, se admitió la demanda, ordenando fijar en lista y notificar a las partes (fl.14).

La Policía Nacional contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma porque no se dan los presupuestos para establecer la responsabilidad del Estado.

Adujo que en este caso se presentaron dos actividades peligrosas, por lo cual debía examinarse el comportamiento de cada uno de los involucrados y obliga a analizar el caso bajo el régimen de falla probada del servicio. Por otra parte solicitó que se probaran los ingresos del lesionado al momento del accidente (fls. 18 a 20).

El agente del Ministerio Público solicitó llamar en garantía al agente Alexander Feo Arias, lo cual fue aceptado en providencia calendada el 10 de mayo 2006, disponiendo suspender el proceso para notificar al llamado en garantía. Posteriormente, mediante auto del 24 de noviembre de 2006 se dispuso continuar con el trámite procesal porque no se cancelaron las expensas necesarias para la notificación (Cdno. 3 y fl. 29 del cdno. ppal.).

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por auto del 2 de febrero de 2007 decretó la práctica de pruebas pedidas por las partes y agotado el periodo probatorio, mediante providencia calendada el 9 de noviembre de 2007 se ordenó correr traslado para alegar de conclusión (fls. 31 y 45).

La parte actora alegó de conclusión reiterando lo expuesto en la demanda e insistiendo en que procede la atribución de responsabilidad al Estado porque las pruebas dan cuenta de que el accidente fue causado por un agente de la Policía en ejercicio de sus funciones y con vehículo oficial y además se probaron los perjuicios sufridos por el demandante quien perdió una pierna y quedó afectado física, moral y sicológicamente con lo ocurrido (fls. 46 a 48).

La entidad demandada al descorrer el traslado para alegar de conclusión manifestó que en el accidente se vieron involucradas dos busetas de transporte público y según el informe de tránsito se puede concluir que una de las busetas colisionó con el vehículo oficial arrastrándolo varios metros hasta impactar en un poste y aprisionar al demandante, por lo cual se debe exonerar de responsabilidad a la entidad por hecho de un tercero. De igual modo reiteró que no se acreditaron suficientemente los ingresos percibidos por el lesionado. Propuso también la excepción de culpa personal del agente (fls. 50 a 53).

El Ministerio Público emitió concepto solicitando exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, teniendo en cuenta que las pruebas fueron aportadas en copias simples (fls. 54 a 65).

1.3. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, profirió sentencia el 3 de septiembre de 2008, en la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (fls. 67 a 74).

El análisis de responsabilidad se hizo bajo el régimen objetivo por actividad peligrosa, pero se tuvo en cuenta que a pesar de que la entidad alegó que en la colisión participaron dos buses de servicio público, el accidente tuvo origen en la conducta del agente de Policía, que actuó de manera imprudente dando lugar a que se presentara la colisión.

Acerca de la causal de exoneración por hecho de un tercero, se consideró que la Policía no probó su existencia sino que se limitó a decir que la colisión fue provocada por los buses involucrados, sin acreditar que fue esa la causa eficiente del daño. Así dijo la providencia:

“La Sala observa del informe de accidente de tránsito 03-25613 (fl. 136, cdno. 2) y con el análisis de velocidad de los vehículos realizada por el Instituto de Medicina Legal (fl.290, cdno. 2), que en la vía de la Calle 6 por donde cruzaba el vehículo oficial se encontraba una señal de tránsito que indicaba “PARE”, lo que indica que se debía respetar dicha señal para poder cruzar la Carrera 9ª , toda vez que la Carrera 9ª es de doble vía. Por lo tanto, el conductor del vehículo oficial debió haber hecho el “PARE” en cumplimiento de la señal de tránsito que se encontraba en la calle 6ª para poder pasar la carrera 9ª, lo cual todo indica que no lo hizo, ya que si lo hubiera hecho habría observado que en la vía de la carrera 9ª venían dos buses, y por lo tanto, habría esperado a que los mismos pasaran; por el contrario, el conductor del vehículo oficial cruzó la vía sin respetar el “PARE”, con lo cual se produjo la referida colisión.

Si bien la velocidad de los buses era mayor a la que llevaba el vehículo oficial, lo cierto es que ellos tenían la vía, de tal manera que si el conductor de este último hubiera esperado a que pasaran los buses por la carrera 9ª en cumplimiento de la señalización, no hubiera ocurrido el aparatoso accidente”.

Se reconocieron perjuicios morales en cuantía de 100 SMMLV, por la gravedad de las lesiones y perjuicios materiales liquidados con el salario mínimo porque no se acreditó el monto de los ingresos del señor Acevedo Moreno. No se reconocieron perjuicios a los familiares porque no fueron pedidos en la demanda.

1. 4. Recurso de apelación y trámite en segunda instancia.

Mediante memorial calendado el 28 de octubre de 2008, el apoderado de la parte demandada presentó recurso de apelación, el cual fue sustentado oportunamente y admitido por esta corporación en auto del 12 de febrero de 2009 (fls.76 a 78 y 85).

El apelante adujo que la decisión se basó en pruebas que fueron trasladadas de la investigación penal, sin que se cumpliera con lo establecido en el artículo 185 del C.P.C.,

Por otra parte se mostró inconforme con el análisis de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional ya que si bien era una actividad peligrosa, no era solo ejercida por el agente de la Policía sino también por los conductores de los otros vehículos involucrados, por lo cual el análisis debió ser subjetivo y analizar el comportamiento de cada uno de ellos, para establecer cuál fue el determinante para la ocurrencia del accidente.

Finalmente solicitó que se declarara la existencia de un hecho de un tercero o fuerza mayor o caso fortuito, en atención a que en la colisión estuvieron involucrados varios vehículos de servicio público, que dieron origen al accidente y frente a los cuales hay una culpa compartida.

Mediante auto del 12 de marzo de 2009, se concedió término para alegar de conclusión, sin que las partes hicieran uso del mismo (fl. 90).

El Ministerio Público emitió concepto en el que solicitó confirmar el fallo apelado por cuanto se demostró que las lesiones causadas al demandante fueron consecuencia directa del actuar del conductor de la patrulla quien no respetó la señal de tránsito que indicaba un “pare”, generando el accidente (fls. 91 a 98).

Posteriormente se convocó a audiencia de conciliación, la cual fracasó porque la parte actora no aceptó la propuesta de la demandada (fl.106).

II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente, para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de septiembre de 2008, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, por razón de la cuantía(1).

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación(2).

Verificada la ocurrencia de un daño antijurídico, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son, esencialmente, el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(3).

Así mismo, en providencia de Sala Plena radicación 24392 de agosto 23 de 2012, se dijo:

“Esta Sala, en sentencia de 19 de abril pasado(4), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1.991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma:

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(5).

En primer lugar es conveniente precisar que sólo la parte demandada apeló y como según el artículo 357 del C. de P.C., la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, la competencia del superior está limitada al estudio de los motivos de inconformidad. Así lo ha dicho la providencia de la Sección Tercera de esta Corporación:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso.

Téngase presente que la exigencia que consagra la ley para que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, a tal punto que su inobservancia acarrea la declaratoria de desierta del recurso y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se pretende impugnar (artículo 212 C.C.A.)”(6).

De esta manera se limitará la Sala al análisis de los motivos de inconformidad expuestos por la parte demandada.

2.3. Pruebas obrantes en el proceso.

1. Registros civiles de nacimiento de Jorge Moreno Acevedo, Jorge Armando Acevedo Gutiérrez, y Deivyd Stid Acevedo Gutiérrez (fls. 129 a 131, cdno. pruebas).

2. Copia autenticada de la historia clínica del Hospital Universitario de la Samaritana, perteneciente al señor Jorge Acevedo Moreno. (fls. 1 a 79, cdno. pruebas).

3. Dictamen de incapacidad laboral e invalidez proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca donde consta que la pérdida de capacidad del señor Jorge Acevedo Moreno es de 39.70%, discriminada así: Deficiencia 20%. Discapacidad 6.20%. Minusvalía 13.50%.

4. Certificación expedida por un contador público en la cual consta que el señor Acevedo Moreno trabajaba independiente haciendo paños para muebles, en un negocio de su propiedad denominado Textiarte y sus ingresos eran de $ 1.500.000.

5. Copia autenticada del proceso penal adelantado por la Fiscalía, Unidad Local de Soacha, por el delito de lesiones personales culposas (fls. 132 a 305, cdno. pruebas).

De este proceso son relevantes las siguientes piezas procesales:

5.1. Informe del Departamento de Policía Distrito de Soacha, donde se dejan a disposición los tres vehículos involucrados en el accidente y se indica que el lesionado Jorge Acevedo Moreno se desplazaba en una bicicleta en el momento de la colisión (fl. 134, cdno. pruebas).

5.2. Informe de accidente 25613, donde consta que el accidente se presentó en la calle 6 con carrera 9ª de la localidad de Soacha. En los anexos del informe se registró lo manifestado por el conductor Juan Carlos Moreno Vargas:

“Yo venía en la otra buseta manejada cuando de repente la patrulla apareció y no respetó el pare y como la buseta de William Segura iba a parar para dejar un pasajero entonces yo me abrí a la izquierda para pasar la buseta y apareció la patrulla y con el bomper le pegué y quedó atrapada contra la patrulla y hay varios detenidos y el señor que estaba pasando con una cicla y también resultó herido de gravedad” (fl. 149, c. pruebas).

A su vez, el señor William Antonio Segura, conductor de la otra buseta manifestó:

“Yo venía en el vehículo de placas SHF 248 y me salió una patrulla de la ponal y tenía que hacer el pare y no lo hizo, entonces (ilegible) yo pasaba y le casqué (sic) en la parte izquierda del platón trasero y la patrulla paso entonces venía otra buseta de placas SHF 640 atrás mío y se abrió por la izquierda de mi buseta y le cascó (sic) a la patrulla y se fue contra un poste y se encontraba un señor que se encontraba con una cicla y se fracturó una pierna con la patrulla y el poste y se le prestó la ayuda para el hospital de Soacha”. (fl. 150, cdno. pruebas).

5.3. Oficio 325 GUTRA-DECUN, del 27 de noviembre de 2003, mediante el cual el coordinador del Grupo de Transporte DECUN solicitó la entrega del vehículo de la policía, aclarando que no poseía licencia de tránsito puesto que cuando la compró la Policía no se hacían matriculas y anexó copia del acta de entrega con la que fue asignada al Departamento (fls.168 a 170, c. pruebas).

5.4. Dictamen de Medicina Legal, en el cual se consignó:

“El examinado aporta historia clínica del hospital de la Santamaría que en sus partes pertinentes dice “politraumatismo en accidente de tránsito, trauma craneoencefálico leve, trauma cervical, fractura de C5, fractura abierta de grado IIIc diáfisis de fémur izquierdo, necrosis de tejidos blandos. Compromiso vasculonervioso que requirió amputación supracondilea. Manejado en Unidad de cuidados intensivos por schock hipovolémico, politraumatismo grave. Al examen físico actual presenta muñón de amputación a nivel del tercio medio de muslo izquierdo, en buenas condiciones, Mecanismo causal contundente y cortocontundente. Incapacidad médico legal definitiva de ciento veinte días (120). Secuelas: Deformidad física en el cuerpo de carácter permanente. 2. Pérdida anatómica de miembros de carácter permanente. 3. Pérdida funcional de miembro inferior izquierdo de carácter permanente. 4. Perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente. 5. Enviar a neuropsiquiatría forense para determinar secuelas psíquicas” (fl. 199, cdno. pruebas).

5.5. Dictamen de psiquiatría y psicología forense del Instituto de Medicina Legal, en el que se concluyó.

“El examinado Jorge Acevedo Moreno, presenta signos de depresión que constituye en términos psiquiátricos forenses una perturbación psíquica de carácter permanente secundaria a los hechos.

El examinado debe recibir atención por parte de un servicio de rehabilitación física pues requiere el uso de prótesis para la marcha. Así mismo debe recibir tratamiento psiquiátrico de tipo ambulatorio debido al cuadro depresivo que presenta”. (fls. 220 y 221, cdno. pruebas).

5.6. Declaración del señor Pedro Ignacio Montaña García quien manifestó:

“….de repente oí un ruido de motor fuerte, era una patrulla, pasó por el lado mío rápido, en la esquina se encontró con una buseta, la patrulla no hizo el pare no llevaba luminarias, no se le vio pisar el freno por los cocuyos traseros, en instantes hubo un golpe y vi que la camioneta esquivó un poquito la buseta, se defendió pero ya estaba sobre la esquina estrellándose contra el muro, salió un policía trastabillado como si estuviera borracho, vi el tumulto de gente fui por el aceite y subí y ya se habían llevado al herido” (fl. 246, cdno. pruebas).

5.7. Declaración de la señora Ana Delia Reyes Celis quien manifestó:

“…cuando yo estaba en la esquina vi venir la patrulla a gran velocidad y me detuve para que pasara, en ese momento se estrelló con la buseta y no me di cuenta y que había agarrado un señor en la acera. (…) No, el iba a gran velocidad y por eso no le dio tiempo de frenar y paro hasta en la otra esquina que fue donde atropelló al señor. Además ahí había un pare y la patrulla no redujo la velocidad ni nada, sino pasó” (fl. 247, c. pruebas).

5.8. Prueba pericial practicada para determinar la posible velocidad de los vehículos involucrados y las posibles posiciones antes y después. Allí se determinó que la patrulla se desplazaba a una velocidad aproximada entre 14 y 43 Km/h. una de las busetas antes de frenar iba a velocidad entre 35 y 40 Km/h y la segunda buseta entre 38 y 48 Km/h. Se registró además que la presencia de huellas de frenada para los buses indican que éstos desarrollaron procesos de frenada de emergencia (fls. 290 a 298).

6. Dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, fechado el 28 de febrero de 2007, en donde se consignó como conclusión:

“SIN EXAMINAR AL PACIENTE Y BASADOS EN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE:

PROBABLE MECANISMO CAUSAL CORTOCONTUNDENTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL DEFINITIVA DE 120 (CIENTO VEINTE ) DÍAS Y COMO SECUELAS DEFORMIDAD FÍSICA EN EL CUERPO, PÉRDIDA ANATÓMICA DE MIEMBROS, PÉRDIDA FUNCIONAL DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, PÉRDIDA FUNCIONAL DEL ÓRGANO DE LA LOCOMOCIÓN TODAS DE CARÁCTER PERMANENTE.

SEGÚN DICTAMEN PSIQUIÁTRICO DE NOVIEMBRE 10 DE 2004; PERTURBACIÓN PSÍQUICA DE CARÁCTER PERMANENTE SECUNDARIA A LOS HECHOS”. (Fl. 310, cdno. pruebas).

7. Declaraciones de Blanca Azucena Velásquez Cárdenas, Flor María Caballero Acevedo, Orlando Gutiérrez Cárdenas y Rodrigo Cardoso Bravo, quien fueron contestes en afirmar que debido al accidente y a la pérdida de la pierna el señor Acevedo Moreno no pudo seguir trabajando porque él se dedicaba a elaborar telas para muebles en telar y para ello necesitaba las dos piernas. De igual modo, afirmaron que después del accidente tuvieron que vender la casa que tenían porque perdieron su principal fuente de ingreso que era el trabajo del señor Acevedo.

Respecto de la situación del señor Acevedo manifestaron que después del accidente estuvo muy deprimido porque ya no podía valerse por sí mismo e indicaron que se vió sicológicamente muy afectado por lo ocurrido (fls. 313 a 317, cdno. pruebas).

8. Certificación 0890 GRUDA-RQ 027310, del 22 de febrero de 2007, mediante la cual, el Jefe de Grupo de Administración de Hojas de vida, de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, informó que el patrullero Alexander Feo Arias, figura adscrito al Departamento de Policía de Cundinamarca. Se anexó extracto de la hoja de vida del Policial (fls. 306 y 307, c. pruebas).

Ahora bien, en cuanto al material probatorio allegado al expediente en copia simple, se valorará conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, del 28 de agosto de 2013, que ha indicado que es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

Al respecto, la Sala Plena de Sección, en sentencia de unificación, argumentó:

“La Sala insiste en que -a la fecha- las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del C.P.C., con la modificación introducida por el artículo 11 de la ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 -estatutaria de la administración de justicia-. En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970. En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar -de modo significativo e injustificado- el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.). Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

(…).

Desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales -necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes. De allí que, el proceso contencioso administrativo y, por lo tanto, las diversas etapas que lo integran y que constituyen el procedimiento judicial litigioso no pueden ser ajenas al llamado de los principios constitucionales en los que se hace privilegiar la buena fe y la confianza”(7).

En el presente asunto, observa la Sala que los medios de prueba relacionados, -incluidas las copias de varias piezas procesales del proceso penal adelantado por estos hechos- fueron solicitados con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso dentro de periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular.

Por otro lado, conviene señalar que las copias trasladadas del proceso penal adelantado por estos hechos, estuvieron a disposición de la parte demandada para su contradicción, de manera que se respetó su derecho de defensa y que es precisamente en estas pruebas en las que el apoderado de la entidad basa su defensa alegando la existencia de una causal de exoneración.

De acuerdo con lo anterior, conforme al precedente de esta Subsección, las pruebas obrantes en el plenario serán valoradas observando los principios que informan la sana crítica.

2.4. El Daño antijurídico.

La existencia del daño antijurídico es el primer elemento que debe acreditarse para que pueda predicarse la responsabilidad. 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 Superior al que antes se hizo referencia, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido éste como un menoscabo, afectación o lesión de un bgien, sino que además se requiere que éste sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos. 

Sobre el daño antijurídico ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996:

El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el Legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa Corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”[5].

Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho (CP art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”.

(…).

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del C.P.C.,

Pues bien, en el presente caso, el daño antijurídico consistente en las lesiones sufridas por el señor Jorge Acevedo Morena, se acreditó plenamente con la Historia Clínica, el dictamen de medicina legal y la incapacidad dictaminada por la Junta Regional de Calificación.

2.5. La imputación.

Establecida la existencia del daño antijurídico, corresponde efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si el mismo puede ser imputado a la parte demandada.

Teniendo en cuenta el precedente de la Sala, respecto de los títulos de imputación arriba citado, conviene precisar que la conducción de vehículos ha sido considerada por la doctrina y la jurisprudencia como una actividad peligrosa, razón por la cual, en este caso concreto, el título de imputación es objetivo por riesgo excepcional, donde el Estado compromete su responsabilidad cuando emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados o a sus patrimonios en situación de riesgo que excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar. En estos eventos la entidad se exime de responsabilidad alegando fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima, pero cuando la actuación de la administración es irregular, la responsabilidad estatal puede atribuirse bajo el régimen de la falla probada del servicio.  

De otro lado, se precisa que si bien durante una época la jurisprudencia estableció que en los accidentes de tránsito cuando las dos personas ejercen la actividad peligrosa el régimen debía ser subjetivo, actualmente se ha decantado que cuando hay colisión de actividades peligrosas, lo importante no es el análisis de responsabilidad subjetivo sino establecer cuál de ellos fue determinante para se concretara el daño.  

En el sub judice se acreditó que el accidente ocurrió con un vehículo patrulla de la Policía Nacional, que era conducido por una persona vinculada a la entidad y se probó también el daño, ya que el señor Acevedo, cuando se desplazaba en una bicicleta fue arrollado por el vehículo quedando aprisionado y como consecuencia de las lesiones sufridas le fue amputada una pierna, de manera que en principio procedería endilgar responsabilidad a la entidad, pero como en el accidente se vieron involucrados otros dos vehículos de servicio público, debe establecerse si se configuró una causal de exoneración de responsabilidad, por el hecho de un tercero, circunstancia que constituye el principal argumento planteado en el recurso de apelación.

2.6 De la causal exonerativa de responsabilidad.

Por ser este el principal motivo de inconformidad con el fallo, debe abordarse el análisis del hecho de un tercero como causal exonerativa de responsabilidad, para lo cual deberán tenerse en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto.

El apoderado de la entidad demandada adujo que el accidente fue originado por la conducta de los dos buses que golpearon la patrulla viéndose ésta arrastrada hasta detenerse contra un poste, movimiento con el cual resultó lesionado el demandante, razón por la cual fue el hecho de estos terceros lo que causó la colisión y por ello el Estado no debe responder.

De acuerdo con las pruebas antes reseñadas, en especial con lo manifestado por los conductores de los buses al momento del accidente, y con las declaraciones de los testigos presenciales, el accidente se presentó porque la patrulla de la Policía no acató la señal de “pare” sino que siguió su vía encontrándose súbitamente con los otros dos automotores que transitaban por allí, que golpearon su camioneta arrastrándola durante un corto trayecto.

Así lo manifestaron los señores Pedro Ignacio Montaña García y Ana Delia García Celis, testimonios a los que la Sala otorga credibilidad por tratarse de testigos presenciales, y de declaraciones de personas serias, los cuales además coincidieron en afirmar que la patrulla no acató la señal de pare, sino que continúo su desplazamiento, siendo golpeada por los dos vehículos de transporte público.  

Así las cosas, el análisis del material probatorio obrante en el proceso lejos de respaldar lo alegado por la entidad demandada, sobre el hecho de un tercero o sobre una fuerza mayor, indican que la causa del accidente fue el desconocimiento de las normas de tránsito en que incurrió el conductor de la patrulla de la Policía, que continuó su marcha sin acatar la señal de pare que estaba sobre su vía, sin percatarse de que por la vía intersectante venían dos vehículos de servicio público. 

Las declaraciones antes señaladas fueron corroboradas con el peritaje técnico, en el que se indicaron las velocidades a que se desplazaban los vehículos, y que las huellas daban cuenta de que los buses habían frenado de manera intempestivamente y con los croquis levantados en los cuales se indicó la trayectoria de los vehículos durante el accidente y la posición en que éstos quedaron ubicados después de lo ocurrido.

Ahora bien, establecida la responsabilidad de la demandada respecto de las lesiones causadas al señor Acevedo Moreno, los perjuicios concedidos en primera instancia no pueden ser objeto de modificación puesto que únicamente la entidad apeló la decisión y su situación no puede ser desmejorada, pero si se actualizará el monto de los perjuicios materiales otorgados, con la fórmula utilizada por esta corporación.

2
 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de septiembre de 2008, la cual quedará así:

1. Declarar que la Policía Nacional es responsable de las lesiones causadas al señor Jorge Acevedo Moreno, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

2. En consecuencia, condenar a la Policía Nacional a pagar al señor Jorge Acevedo Moreno el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago de esta sentencia, así como al pago de $ 44.234.937, por concepto de perjuicios materiales.

3. Negar las otras pretensiones de la demanda.

4. Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

5. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas de acuerdo con la ley procesal, al apoderado que ha venido actuando en el proceso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presidente de la Sala—Guillermo Sánchez Luque.

1 La mayor pretensión de la demanda es de 421.200.000 y por tanto es de doble instancia, teniendo en cuenta que para la época (año 2005) la mayor cuantía era de 190.750.000 equivalente a 500 salarios mínimos.

2 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

3 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp.10922 C.P. Ricardo Hoyos Duque.

4 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012. Cons Ponente. Hernán Andrade Rincón. Exp 21515.

5 Ídem.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 9 de 2012, rad. 21060, C.P. Mauricio Fajardo.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022, MP. Enrique Gil Botero.