Sentencia 2005-02327/37580 de abril 27 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 73001233100020050232701

Exp.: 37.580

Actor: Diacorsa Sucursal Instituto del Corazón de Ibagué

Demandados: Nación – Ministerio de la Protección Social(1) – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, ESE y departamento del Cesar –Secretaría de Educación

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la demandante contra la sentencia del 13 de julio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual declaró la ineptitud sustantiva de la demanda, por indebida escogencia de la acción, y profirió fallo inhibitorio (fls. 197 a 212, cdno. ppal.).

I. Antecedentes

1.1. La demanda.

El 23 de septiembre de 2005, en ejercicio de la acción de reparación directa y mediante apoderado judicial, la actora solicitó que se declarara la responsabilidad de la Nación – Ministerio de la Protección Social – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, del Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, ESE y del Departamento del Cesar – Secretaría de Educación, por la omisión en el pago del bodegaje, vigilancia y custodia de unos equipos médicos de propiedad de un tercero, que fueron aprehendidos por la DIAN y dejados en depósito en sus instalaciones, así como por los perjuicios causados por la imposibilidad de explotar económicamente el área ocupada.

Aseguró que, el 13 de junio de 2003, funcionarios de la División de Fiscalización Tributaria y Aduanera de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales acudieron al establecimiento denominado Diacorsa Sucursal Instituto del Corazón de Ibagué –en adelante Diacorsa-, el cual funcionaba en un inmueble de propiedad de Creasalud Ltda.(2), a fin “de materializar la aprehensión” de varios equipos médicos(3), toda vez que no tenían en regla las declaraciones de importación y las facturas de venta.

Dijo que los equipos aprehendidos fueron dejados en depósito bajo su custodia y que, por ende, surgió para ella la obligación de “vigilancia, disponibilidad de espacio, conservación, etc., que determinan que sea procedente el reclamo de una contraprestación económica que compense la realización de tales compromisos” (fl. 50, cdno. 1).

Sostuvo que, debido al riesgo que implicaba la custodia de tales bienes ante la posibilidad de que sufrieran daños, solicitó reiteradamente a la DIAN que los retirara de sus instalaciones, pero ésta hizo caso omiso de ello; sin embargo, mediante Resolución 03075 del 20 de abril de 2004 la DIAN los donó al Ministerio de la Protección Social, el cual se convirtió en su propietario. A su vez, este último los donó a la Secretaría de Salud del departamento del Cesar y al Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, ESE.

Afirmó que, además de las labores de vigilancia, cuidado y custodia, la ocupación de sus instalaciones con los equipos aprehendidos le imposibilitó explotar económicamente el área utilizada, todo lo cual le produjo enormes perjuicios que deben resarcirse.

Dijo que, de conformidad con el artículo 447 de la Resolución 4240 de julio de 2000, “Por la cual se reglamenta el Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999”, proferida por la DIAN, “El porcentaje de (sic) las tarifas por concepto de bodegajes de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, serán fijadas anualmente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, (sic) en el respectivo contrato de depósito, frente a las cuales podrán tenerse en cuenta como parámetro de liquidación factores tales como: valor, peso y volumen”; asimismo, anotó que, según el artículo 466 ibídem, “para el cálculo del costo de bodegajes, se tomará el valor de ingreso actual de la mercancía por la última tarifa establecida, el resultado se divide por treinta (30) y se multiplica por el número de días de permanencia de la mercancía en depósito”.

Indicó que, mediante oficio 2192 (no dijo la fecha), la DIAN aceptó la viabilidad de una conciliación prejudicial, a fin de pagar lo adeudado por concepto de bodegaje de los equipos aprehendidos, diligencia que se practicó ante la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo del Tolima; sin embargo, ningún acuerdo de pago se logró, “por razones de procedimiento en torno a como (sic) cuantificar la tarifa de bodegaje y cómo distribuirse la responsabilidad entre las entidades involucradas en torno al pago”.

Precisó que el equipo de tomografía fue retirado de sus instalaciones el 25 de agosto de 2005, mientras que el de resonancia magnética aún permanece en dicho lugar.

Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se condenara a las demandadas a pagar $357’361.444 (fls. 47 a 57, cdno. 1).

1.2. Las contestaciones de la demanda.

El 10 de octubre de 2005, el Tribunal admitió la demanda y el auto respectivo fue notificado a las accionadas y al Ministerio Público (fl. 45, cdno. 1).

1.2.1 La Empresa Social del Estado Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas se opuso a las pretensiones, en consideración a que los equipos aprehendidos por la DIAN fueron dejados en custodia de la demandante, la cual no desplegó las diligencias necesarias para su cuidado, como lo indica la prueba documental que milita en el plenario, de suerte que no es posible el pago de las sumas que, por concepto de bodegaje, pretende la parte actora, pues lo cierto es que ésta no cumplió con las obligaciones que implicaba la custodia de los equipos dejados a su cuidado. Indicó que no aceptó la donación del equipo de resonancia magnética, marca picker, que realizó a su favor el Ministerio de la Protección Social, por cuanto ello implicaba una serie de gastos que no estaba en capacidad de asumir.

Propuso las excepciones de: i) indebida escogencia de la acción, por cuanto, si bien las pretensiones de la demanda estaban “fundadas en una actuación administrativa que dio lugar al nacimiento de un contrato de depósito o almacenamiento” entre la acá demandante y la DIAN y, por lo mismo, la acción que debió instaurarse, por la omisión en el pago del almacenaje o bodegaje de los equipos aprehendidos, era la de controversias contractuales, los actores interpusieron la de reparación directa. Afirmó que, según el artículo 2236 del Código de Comercio, el depósito se define “como el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie” y que, a términos del artículo 2237 ibídem, dicho contrato se perfecciona por la entrega que el depositante hace de la cosa al depositario. Dijo que, debido a que la DIAN era una entidad pública, el contrato de depósito suscrito con la actora era estatal, de suerte que cualquier controversia surgida en desarrollo del mismo debía ventilarse a través de la acción prevista por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, esto es, la de controversias contractuales y ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto nada tuvo que ver en la relación negocial surgida entre la demandante y la DIAN (fls. 90 a 95, cdno. 1).

1.2.2. La DIAN pidió que se negaran las pretensiones de la demanda, por cuanto la parte actora no acreditó los gastos en que dijo haber incurrido en la custodia de los equipos aprehendidos; además, ésta no desplegó las diligencias de cuidado y conservación necesarias y, por lo mismo, nada tenía que reclamar.

Indicó que, mediante Resolución 3075 del 20 de abril de 2004, donó al Ministerio de la Protección Social los equipos médicos aprehendidos y que, a partir de la notificación del citado acto administrativo, “es responsabilidad del donatario el retiro de la mercancía del sitio de ubicación”.

Señaló que las tarifas de los contratos de depósito de mercancías que la DIAN suscribe con los Almacenes Generales de Depósito no resultaban aplicables al presente asunto, ya que a éstos se les exige, además del cumplimiento de las obligaciones surgidas del almacenamiento de las mercancías, unas condiciones especiales “que hacen más onerosa la prestación”, de suerte que, ante la eventualidad de que se reconociera pago alguno por el almacenaje de los equipos dejados en custodia a la demandante, resultaría inequitativo y lesivo para los intereses de la DIAN liquidar dicho pago utilizando las mismas tarifas dispuestas para el bodegaje en los citados Almacenes Generales de Depósito.

Sostuvo que, en estricto sentido, la actora no prestó servicio alguno de depósito, pues su actuación se limitó únicamente a facilitar un lugar que fue ocupado por los equipos médicos aprehendidos y nada más. Expresó que aquélla no podía sacar provecho de una situación anómala, pues los equipos médicos cuya tenencia ejercía fueron introducidos ilegalmente al país.

Propuso la excepción de inepta demanda, por falta de requisitos formales, por cuanto los actores no relacionaron las normas que supuestamente fueron vulneradas por la DIAN y menos aún precisaron en qué consistió dicha transgresión (fls. 118 a 129, cdno. 1).

1.2.3. El Ministerio de la Protección Social solicitó denegar las pretensiones, en consideración a que ninguna injerencia tuvo en los hechos que dieron lugar a la demanda. Dijo que, si bien la DIAN le donó unos equipos médicos que fueron aprehendidos y que estaban en custodia de la demandante, mediante oficios 1631 y 1634 del 30 de agosto de 2004 le comunicó a dicha entidad que los beneficiarios de los equipos fueron la Secretaría de Salud del Cesar y el Hospital Santa Sofía de Manizales, a los que les informó que tenían que adelantar los trámites necesarios para retirarlos del lugar.

Expresó que, de conformidad con el ordenamiento legal, el Ministerio de la Protección Social era el ente rector de las políticas generales en materia de salud, trabajo, pensiones y riesgos profesionales, no una entidad prestadora de servicios de salud; además, dijo que la DIAN era una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio.

Manifestó que, según el Decreto 2685 de 1999, la obligación aduanera nacía con la introducción al territorio nacional de la mercancía de procedencia extranjera, para lo cual el interesado debía presentar la declaración de importación y el pago de los tributos aduaneros. En el caso particular, dado que la actora no acreditó que la importación de los equipos médicos fue legal, la DIAN los aprehendió y los dejó en custodia de aquélla (fls. 157 a 163, cdno. 1).

1.3. Alegatos de conclusión en primera instancia.

Vencido el período probatorio, el 13 de septiembre de 2009 se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio de Público, para que rindiera concepto (fl. 185, cdno. 1).

1.3.1. La parte actora pidió que se accediera al pago de las sumas reclamadas, por concepto de bodegaje de los equipos médicos aprehendidos, de propiedad de un tercero, que la DIAN dejó bajo su custodia en las instalaciones que aquélla ocupaba como arrendataria.

Aseguró que, para liquidar lo adeudado por las demandadas, podían aplicarse los mismos parámetros utilizados por la DIAN en los contratos de depósito. Dijo que aquéllas reconocieron y aceptaron como hechos ciertos la existencia de una operación administrativa, desarrollada en el curso de un trámite de infracción aduanera, que se materializó con la aprehensión de los equipos cuyo bodegaje acá se reclama.

Dijo que la custodia de los equipos implicó el cumplimiento de obligaciones de vigilancia, disponibilidad de espacio y conservación que generaron gastos, los cuales, al igual que el bodegaje, debían ser asumidos por las demandadas. En adición, sostuvo que, en cumplimiento de su actividad comercial, tomó en arrendamiento las instalaciones donde funcionaron antiguamente las dependencias de la Clínica Nueva de Ibagué y que, por tanto, “las mercancías que le han sido entregadas en custodia ocupan espacios esenciales del inmueble en un primer piso”, circunstancia que imposibilitó explotar económicamente el área ocupada.

Solicitó denegar las excepciones formuladas por las accionadas, pues, según dijo, la demanda se ajustó a los supuestos formales previstos por el ordenamiento legal, la acción escogida fue la adecuada y, además, surgió para las demandadas la obligación de pagar una suma de dinero.

Por último, citó una jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según la cual la acción de reparación directa es la idónea para reclamar el pago de aquellas actividades que realizan los particulares para la administración pública y que debieron enmarcarse en una relación contractual que no se formalizó, siempre y cuando se den los presupuestos del enriquecimiento sin causa, esto es, un enriquecimiento de la parte beneficiada, un correlativo empobrecimiento de la parte afectada, una relación de causalidad, la ausencia de causa jurídica y que el demandante no pueda ejercer otra acción diferente (fls. 186 a 193, cdno. 1).

1.3.2. Las demandas y el Ministerio Público guardaron silencio.

1.4. La sentencia recurrida.

Mediante sentencia del 13 de julio de 2009, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró probada la excepción de inepta demanda, por indebida escogencia de la acción, y se inhibió de fallar de fondo, por cuanto las sumas de dinero reclamadas por el bodegaje o depósito de los equipos médicos aprehendidos tuvieron por causa “la aprehensión que de las mercancías realizó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- en las instalaciones del Instituto del Corazón de Ibagué, Diacorsa, el día 13 de junio de 2003, pretensiones que son propias de la acción contractual (sic) definida en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (…)”.

Manifestó que entre la demandante y la DIAN surgió “una relación de naturaleza contractual en los términos del contrato de depósito”, conforme a las previsiones de los Códigos Civil y de Comercio y del Decreto 2685 de 1999, “Por el cual se modifica la legislación aduanera”, pues la DIAN aprehendió unos equipos médicos que se encontraban en las instalaciones que la actora tenía en arrendamiento y los dejó bajo su custodia, lo que derivó obligaciones y derechos para las partes (fls. 197 a 212, cdno. ppal.).

1.5. El recurso de apelación.

Dentro del término legal, la parte actora formuló recurso de apelación contra la sentencia anterior, a fin de que fuera revocada y se accediera a las pretensiones de la demanda.

Aseguró que el Tribunal se equivocó al proferir fallo inhibitorio, por indebida escogencia de la acción, pues, a su juicio, la acción de reparación directa instaurada fue la adecuada, como quiera que los hechos y situaciones relatados en la demanda ocurrieron “como consecuencia del desarrollo de una operación administrativa de carácter aduanero”, entendida ésta como el conjunto de actuaciones administrativas tendientes a la ejecución de una decisión legal o administrativa.

Precisó que las actuaciones de fiscalización y control aduanero realizadas por la DIAN originaron que Diacorsa asumiera la custodia y vigilancia de los bienes aprehendidos. Dijo que la función pública de control aduanero se materializaba a través de una operación administrativa, de suerte que los reclamos judiciales derivados de ese tipo de actuaciones debían canalizarse mediante la acción de reparación directa, como ocurrió en el presente caso.

Alegó que los depósitos aduaneros presentaban características diferentes a los previstos en las legislaciones civil y comercial, de suerte que las disposiciones contenidas en éstas no le eran aplicables y que, además, aquéllos obedecían a las necesidades del servicio público y, por lo mismo, su objeto no era otro que el de “garantizar el decomiso o mantener las mercancías a disposición de la autoridad aduanera mientras se acredita su legal ingreso y permanencia en el país o el cumplimiento de los requisitos de los regímenes de exportación, o de tránsito y cabotaje”.

Señaló que los depósitos aduaneros no surgían por la celebración de un contrato o por una orden judicial, como ocurría con los depósitos civil y comercial, sino por la voluntad del legislador, de suerte que el querer de los intervinientes carecía de relevancia jurídica contractual, ya que la utilización de tales depósitos (aduaneros) obedecía a un trámite necesario para “obtener el levante de las mercancías”.

Anotó que, en el sub examine, la custodia y vigilancia de los equipos a cargo de la demandante hizo “parte de una de las etapas del proceso de importación” y, por ende, la lógica jurídica esgrimida por el Tribunal para decidir el asunto acá debatido no aplicaba a este caso.

Indicó que, en virtud del principio iura novit curia, el Tribunal debió considerar todas las opciones jurídicas posibles para decidir el fondo del asunto, entre ellas la operación administrativa sobre la cual se cimentó la demanda, pero nada dijo al respecto. Arguyó que los fallos inhibitorios deben ser la excepción, ya que éstos implican mantener en estado de irresolución los litigios, de modo que el juez “debe buscar la interpretación jurídica más amplia posible, que sin vulnerar derechos de las partes implicadas en la litis, permita la efectividad del derecho sustancial”.

Reiteró lo afirmado en los alegatos de conclusión en torno a que, según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la acción de reparación directa es la idónea para reclamar el pago de las actividades que realizan los particulares para la administración pública, cuando hayan debido enmarcarse en una relación contractual que no se formalizó y siempre y cuando se den los presupuestos del enriquecimiento sin causa.

Dijo que quedó claro que los equipos decomisados no podían trasladarse a otro lugar, ya que se encontraban instalados dentro de unas oficinas y su tamaño no permitía un fácil desplazamiento, de suerte que ningún ánimo de contratación surgió para ella, por ser ajena al proceso aduanero; además, no tuvo opción distinta que permitir el depósito en sus instalaciones de los equipos aprehendidos.

En suma, anotó que, dado que no existió contrato de depósito alguno entre Diacorsa y la DIAN, la acción de controversias contractuales echada de menos por el Tribunal no resultaba procedente en este caso (fls. 197 a 229, cdno. ppal.).

1.6. Los alegatos de conclusión en segunda instancia.

1.6.1. El 4 de septiembre de 2009, el Tribunal concedió el recurso de apelación (fl. 253, cdno. ppal.) y, mediante auto del 16 de octubre de ese mismo año, éste fue admitido por el Consejo de Estado (fl. 258, cdno. ppal.). El 13 de noviembre de 2009, se corrió traslado a las partes, para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (fl. 260, cdno. ppal.).

1.6.2. Las partes guardaron silencio (fl. 262, cdno. ppal.).

II. Consideraciones

2.1. La acción procedente.

En el presente asunto, la actora, mediante el ejercicio de la acción de reparación directa, solicitó que se condenara a las demandadas, por la omisión en el pago del bodegaje, vigilancia y custodia de los equipos médicos de propiedad de un tercero que fueron aprehendidos por la DIAN y dejados en depósito en sus instalaciones, así como por los perjuicios causados por la imposibilidad de explotar económicamente el área ocupada.

El Tribunal declaró probada la excepción de inepta demanda, por indebida escogencia de la acción, y se inhibió de fallar de fondo, por cuanto, a su juicio, la acción idónea para reclamar las sumas adeudadas, por concepto de bodegaje, es la de controversias contractuales, toda vez que entre Diacorsa y la DIAN surgió “una relación de naturaleza contractual en los términos del contrato de depósito”.

La actora solicitó, en el recurso de apelación, que se revocara la sentencia de primera instancia y se abordara el fondo del asunto, teniendo en cuenta que la acción de reparación directa es la idónea para reclamar el pago de lo adeudado por las demandadas, ya que la decisión de dejar en custodia de Diacorsa los equipos médicos aprehendidos por la DIAN se produjo en el marco de una operación administrativa aduanera.

Al respecto, se encuentra acreditado que la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN, en uso de las facultades contempladas por el artículo 26 del Decreto 1265 de 1999 y por la Resolución 4240 de 2000, expidió el auto comisorio aduanero 6300001-0012 del 13 de junio de 2003, a través del cual comisionó al señor Javier Cardozo Rodríguez, en asocio con la Policía Fiscal y Aduanera, “para practicar diligencia de control y verificación de las obligaciones aduaneras en la Clínica Nueva de Ibagué”, a fin de constatar que la importación de los equipos médicos que ésta realizó cumplió con los trámites dispuestos por el ordenamiento legal (fl. 6, cdno. 1).

En cumplimiento del citado auto comisorio, funcionarios de la División de Fiscalización Aduanera de Bogotá acudieron a las instalaciones de Diacorsa, a fin de practicar una diligencia de inspección sobre “las mercancías importadas por la Clínica Nueva de Ibagué”, la cual “ya no funciona en esta dirección” (fls. 8 a 10, cdno. 1).

Según el acta de los hechos, la aprehensión de la mercancía (equipo de resonancia magnética y tomógrafo) obedeció a que no se completaron los trámites necesarios para “la importación temporal a largo plazo”. Tales equipos fueron dejados por la DIAN en custodia de la demandante (fls. 8 y 10, cdno. 1).

Pues bien, como puede verse, la actuación administrativa de verificación del cumplimiento de los trámites de importación sobre unos equipos médicos introducidos al país por la Clínica Nueva de Ibagué culminó con la aprehensión de éstos por parte de la DIAN, la cual los dejó en custodia de Diacorsa, de donde se infiere claramente que se trató de una operación administrativa, entendida ésta como un conjunto de actuaciones materiales o hechos tendientes a la ejecución de una actuación administrativa(4).

Sobe el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que, “en los eventos en los cuales el daño es causado como consecuencia de un conjunto de omisiones o actuaciones, aunque algunas de ellas hayan sido formalizadas a través de un acto administrativo, la acción procedente es la de reparación directa (…), porque se está frente a lo que la jurisprudencia ha denominado como operación administrativa”(5).

En este caso, la parte actora alega que la DIAN aprehendió unos equipos médicos de propiedad de la Clínica Nueva de Ibagué y los dejó en depósito en las instalaciones que Diacorsa ocupaba como arrendataria, pero omitió pagarle el bodegaje y los gastos de custodia y vigilancia, así como los perjuicios causados por la imposibilidad de explotar económicamente el área ocupada, de suerte que la acción de reparación directa acá instaurada, a fin de reclamar los perjuicios causados por la omisión de la DIAN, es la idónea, pues, a términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al sub examine, “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa” (se resalta).

En un asunto de connotaciones similares al que ahora ocupa la atención de la Sala, en el que la DIAN fue demandada por haber omitido el pago del servicio de depósito y almacenaje de mercancías que se encontraban en situación de aprehensión, esta Subsección del Consejo de Estado dijo que la acción idónea para reclamar lo adeudado era la de reparación directa, teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda estuvieron encaminadas a “obtener el reconocimiento de los costos o erogaciones en que incurrió la demandante al prestar el servicio de depósito de mercancías a favor de la DIAN”(6).

Cabe anotar que, en el fallo citado en el pie de página 6, esta Subsección consideró que la acción de controversias contractuales no resultaba procedente para reclamar lo adeudado por la DIAN, por concepto del bodegaje de las mercancías aprehendidas, toda vez que entre las partes no existió contrato alguno; al respecto, dijo (se transcribe textualmente):

“(…) la Sala reitera que por ningún motivo debe perderse de vista que uno de los extremos presuntamente contratante habría sido la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales cuya naturaleza jurídica corresponde a la de una Unidad Administrativa Especial descrita como entidad estatal en el artículo segundo de la Ley 80, por contera su régimen de contratación quedó cobijado por las normas de dicho Estatuto, a lo cual se suma que no existe previsión legal que con posterioridad a su expedición la haya excluido de sus mandatos y alcances.

“En ese orden de ideas, si bien el contrato de depósito que presuntamente existió, habría correspondido a un contrato tipificado en las normas del derecho privado y en tal virtud se habría regido por las disposiciones contempladas en el Código de Comercio, de tal regla se exceptuaban las materias expresamente reguladas por la Ley 80, de conformidad con los dictados de su artículo 13.

“Así las cosas resulta palmario concluir que el pretendido contrato de depósito y/o almacenaje de mercancías aprehendidas, decomisadas y/o abandonadas a favor de la Nación, entre la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Sociedad Comercializadora del Caribe Ltda., necesariamente debía constar por escrito, en cuanto tal exigencia constituye un requisito ad substantiam actus, de ahí que sólo podría haber nacido para el mundo jurídico en la medida en que las partes efectivamente hubieran plasmado por escrito su acuerdo sobre el objeto y sobre la contraprestación, tal y como prevé la ley” (se resalta).

Las consideraciones acabadas de transcribir resultan igualmente aplicables al asunto acá debatido y, por lo mismo, como quiera que entre Diacorsa y la DIAN no medió contrato escrito alguno, formalidad ésta que, según la citada jurisprudencia, constituye un requisito ad sustantiam actus(7), dada la condición de entidad estatal que ostenta la DIAN(8), la acción de controversias contractuales echada de menos por el Tribunal, para reclamar las pretensiones perseguidas por la parte demandante no es la idónea, sino que lo es la de reparación directa, que fue la ejercida en este caso, de suerte que la decisión del juez a quo de proferir fallo inhibitorio, por indebida escogencia de la acción, resulta equivocada y, por consiguiente, la Sala abordará el fondo del asunto, a fin de establecer si le asiste razón o no a la actora por los hechos alegados en la demanda.

2.2. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 13 de julio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual declaró la ineptitud sustantiva de la demanda, por indebida escogencia de la acción, y profirió fallo inhibitorio, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue de $357’361.444 que, por concepto de perjuicios materiales, pidió la parte actora.

Al respecto, es menester indicar que el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto en vigencia de la Ley 446 de 1998 y después de que entraron en funcionamiento los juzgados administrativos(9). Dicha norma dispuso que los Tribunales -en primera instancia- y el Consejo de Estado -en segunda instancia- conocieran de los procesos de reparación directa cuya cuantía excediera, al momento de presentación de la demanda, de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes(10), como ocurre en este caso.

2.3. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(11), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Se encuentra acreditado en el plenario que uno de los equipos dejados en depósito a la demandante (equipo de tomografía) fue retirado de sus instalaciones el 25 de agosto de 2005 (fl. 16, cdno. 1)(12), sin que recibiera pago alguno por el bodegaje reclamado, de suerte que, a partir de ese momento, se materializó el daño que dijo sufrir la parte actora y, por lo mismo, los dos años previstos por el ordenamiento legal, para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del ejercicio de la acción de reparación directa, transcurrieron hasta el 26 de agosto de 2007; por lo tanto, como la demanda fue instaurada el 23 de septiembre de 2005 (fls. 47 a 57, cdno. 1), no hay duda de que esto ocurrió dentro del término de ley.

2.4. El caso y su análisis.

Se encuentra acreditado en el plenario que, el 13 de junio de 2003, la DIAN aprehendió unos equipos médicos de propiedad de la Clínica Nueva de Ibagué, en las instalaciones que Diacorsa tenía en arrendamiento, los cuales fueron dejados en depósito de esta última en esas mismas instalaciones (fls. 8 a 19, cdno. 1).

Según el acta de aprehensión de la mercancía, se trata de un equipo médico de resonancia magnética y de un tomógrafo(13), con declaración de importación temporal a largo plazo, “leasing 02014020663334 y 02014020663341 del 10 de febrero de 1998 y declaración (…) 13883010649172 y 13883010649158 del 20 de febrero de 1998” (fl. 8, cdno. 1).

El 10 de enero de 2004, Diacorsa solicitó a la DIAN el retiro inmediato de los equipos acabados de referir, además del pago del bodegaje causado (fl. 42, cdno. 1).

Mediante Resolución 3075 del 20 de abril de 2004, el Director General y el Subsecretario Comercial de la DIAN autorizaron la donación al Ministerio de la Protección Social de los equipos médicos aprehendidos que se encontraban en las instalaciones de Diacorsa (fls. 12 a 14, cdno. 1).

El 26 de julio de 2004, la Administradora de Impuestos Nacionales de Ibagué solicitó al Ministro de la Protección Social que informara quién era el funcionario designado para recibir los equipos donados, “toda vez que se le ha dado (sic) incumplimiento al artículo segundo de la mencionada Resolución, lo que ocasiona continuas solicitudes (…) sobre el retiro de estos equipos”(14).

El 30 de julio de ese mismo año, el Jefe de División de Recursos Físicos y Financieros de la DIAN, en respuesta al oficio I.C.I – GER 0046 del 26 de marzo de 2004, a través del cual la demandante solicitó el pago del arrendamiento de los equipos depositados en sus instalaciones, manifestó que (se transcribe textualmente):

“(…) elevada la consulta al Subsecretario Comercial de la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales, nos informa que de acuerdo con la normatividad vigente y teniendo en cuenta que en su momento no se suscribió el respectivo contrato de almacenamiento, es viable el pago a través de una conciliación prejudicial (…).

“Igualmente le informo que estos equipos médicos fueron donados al Ministerio de la Protección Social con la Resolución 3075 de fecha 20 de abril de 2004, a la fecha se esta adelantando la gestión correspondiente para la entrega de los mismos a ese ministerio (…)” (fls. 43 y 44, cdno. 1).

El 3 y el 30 de agosto de 2004, el Ministro de la Protección Social informó al Subsecretario Comercial de la DIAN, por una parte, que autorizaba al señor Hernán Yepes Alzate, Gerente del Hospital Santa Sofía de Manizales, para que adelantara en Ibagué los trámites de entrega del equipo de resonancia magnética (fl. 145, cdno. 1) y, por otra parte, que autorizaba al señor Arturo Calderón, Secretario de Salud del Cesar, para que realizara las gestiones de entrega del equipo de tomografía (fl. 146, cdno. 1).

Según acta del 25 de agosto de 2005, suscrita por el Gerente de Diacorsa, la Jefe de División de Recursos Físicos y Financieros de la DIAN y el Delegado del Ministerio de la Protección Social, el último de los mencionados retiró de las instalaciones de la demandante el equipo de tomografía donado por la DIAN. Se dejó constancia de que el equipo fue recibido a entera satisfacción (fls. 16 y 17, cdno. 1).

Pues bien, de conformidad con el material probatorio revelado, está demostrado que los equipos médicos de propiedad de la Clínica Nueva de Ibagué que la DIAN aprehendió en las instalaciones de Diacorsa fueron dejados en depósito a esta última, la cual, según dijo, no recibió el pago del bodegaje ni los gastos de custodia y vigilancia de los equipos y menos aún la indemnización de los perjuicios causados por la imposibilidad de explotar económicamente el área ocupada, acerca de lo cual es indispensable señalar que no obran pruebas en el plenario que demuestren que las demandadas realizaron pago alguno por tales conceptos.

Según el artículo 47 del Decreto 2685 de 1999, “Por el cual se modifica la Legislación Aduanera”, aplicable al presente asunto, los “depósitos habilitados” son lugares autorizados por la autoridad competente para el almacenamiento de mercancías bajo control aduanero(15). Tales depósitos serán públicos si almacenan mercancías de cualquier usuario del comercio exterior y privados si almacenan mercancías que vengan consignadas a la persona jurídica que figura como titular de la habilitación y estén destinadas en el documento de transporte a ese depósito habilitado (artículos 48 y 51 ibídem).

Para la habilitación de los depósitos públicos y privados se tendrá en cuenta la infraestructura técnica y administrativa de la persona jurídica, sus antecedentes en operaciones aduaneras, cambiarias, de comercio exterior y de almacenamiento, así como su patrimonio y su respaldo financiero; además, deberán cumplirse los requisitos previstos por los artículos 48 (lits. a, b, c, d, e y f) y 51 (literales a, b, c y d) de la norma en cita.

El artículo 522 del ordenamiento aduanero en mención prevé que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dispondrá directamente, o a través de depósitos habilitados, el depósito, la custodia, el almacenamiento y la enajenación de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación; asimismo, según el parágrafo de la norma en cita, la DIAN puede autorizar la celebración de contratos de depósito con terceros que no se encuentren habilitados por dicha entidad, para las mercancías que requieran condiciones especiales de almacenamiento, o en aquellos lugares donde no existan depósitos habilitados, o por razones de orden público.

En el presente asunto, como el trámite de importación no cumplió las disposiciones previstas por las autoridades aduaneras, la DIAN aprehendió unos equipos médicos de propiedad de la Clínica Nueva de Ibagué y los dejó en depósito y bajo la custodia de Diacorsa en las instalaciones que desde antes habían sido tomadas en arrendamiento por ésta. La decisión de dejarlos allí se adoptó a pesar de que, por una parte, tales instalaciones no se encontraban habilitadas como depósito oficial, para la custodia y almacenamiento de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación y de que, por otra parte, la DIAN no suscribió contrato alguno de depósito con Diacorsa; además, la DIAN no pagó nada a cambio. Lo anterior, no obstante las precitadas previsiones del referido artículo 522 del Decreto 2685 de 1999.

Así las cosas, es claro que la acá demandante se vio forzada a desarrollar unas actividades de almacenaje, guarda y custodia oficial de mercancías aprehendidas que no tenía por qué realizar, habida cuenta de que –se insiste- sus instalaciones no estaban habilitadas como depósito oficial y menos aún celebró para ello un contrato de depósito con la DIAN, a pesar de lo cual colaboró prestando dicho servicio, pero sin que se le haya pagado contraprestación económica alguna por ello.

Si bien, como lo dijo esta corporación en la sentencia citada en el pie de página 6, resulta perfectamente legítimo y ajustado a derecho que la autoridad de aduana ejerza las actividades y operaciones encaminadas a constatar el cumplimiento de las disposiciones que regulan la introducción al país de mercancía extranjera, dicha circunstancia no la releva del deber de reparar los daños antijurídicos causados en el ejercicio de tales actividades, pues “lo ocurrido eventualmente podría obedecer a un típico evento de responsabilidad objetiva bajo el título de imputación de daño especial (sic) configurado por el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, por virtud del cual basta con acreditar la ocurrencia del daño antijurídico y el nexo de causalidad entre éste y la actuación legítima de la administración”, para que surja el deber de resarcirlo.

En el presente asunto, el hecho de que la DIAN no haya pagado suma alguna a Dicaorsa por el servicio prestado, configuró un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas, que debe resarcirse, conforme acaba de indicarse.

Para la Sala, los daños sufridos por la demandante, por la omisión en el pago del bodegaje de los equipos depositados en sus instalaciones, son imputables tanto a la DIAN como al Ministerio de la Protección Social, toda vez que, mediante Resolución 3075 del 20 de abril de 2004, el Director General y el Subsecretario Comercial de la DIAN autorizaron la donación a dicho Ministerio de los equipos médicos aprehendidos y, según el artículo segundo de dicha resolución, ese Ministerio debía retirarlos del sitio de almacenamiento dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de ésta o, de no hacerlo dentro de este término, “correrá por su cuenta con los gastos causados por la guarda y custodia de las mercancías donadas (…)” (fls. 12 a 14, cdno. 1).

Al respecto, debe advertirse que no obra prueba en el plenario de la fecha en que la Resolución 3075 de 2004 habría sido notificada al referido Ministerio, pero es claro que el 26 de julio de 2004 la Administradora Local de Impuestos Nacionales de Ibagué solicitó al Ministro de la Protección Social que informara quién era el funcionario designado para recibir los equipos donados, “toda vez que se le ha dado incumplimiento al artículo segundo de la mencionada Resolución, lo que ocasiona continuas solicitudes (…) sobre el retiro de estos equipos” (fl. 15, cdno. 1).

El 3 y el 30 de agosto de ese mismo año, el Ministro de la Protección Social respondió la misiva del 26 de julio de 2004, informando a la DIAN el nombre de los funcionarios designados para retirar los equipos donados (fls. 145 y 146, cdno. 1), circunstancia que permite afirmar que el citado Ministerio tuvo conocimiento de la expedición de la mencionada Resolución, como mínimo, a partir del 3 de agosto de 2004 y, por ende, dentro de los 10 días hábiles siguientes a esta fecha, esto es, hasta el 18 de esos mismos mes y año(16), aquél debió retirar tales equipos de las instalaciones de Diacorsa; sin embargo, como se dijo atrás, el equipo de tomografía fue retirado el 25 de agosto de 2005 (fls. 16 y 17, cdno. 1), esto es, un año y siete días después, mientras que el equipo de resonancia magnética, para la época de presentación de esta demanda -23 de septiembre de 2005- y de la visita del perito que rindió la experticia a las instalaciones de la actora -16 de enero de 2007 (fl. 63, cdno. 3)-, aún permanecía en ese lugar, a lo cual se suma que no obra prueba alguna en el plenario que demuestre cuándo fue retirado de ese sitio.

En suma, la DIAN deberá pagar a la actora el bodegaje causado entre el 13 de junio de 2003 y el 18 de agosto de 2004; por su parte, el Ministerio de Salud y de la Protección Social deberá realizar dicho pago entre el 19 de agosto de 2004 y el 25 de agosto de 2005 por el depósito del tomógrafo y del equipo de resonancia magnética y, además, el causado con posterioridad a esta fecha y hasta el día en que se determine cuándo fue retirado el equipo de resonancia magnética de las instalaciones de Diacorsa.

Por último, para la Sala ninguna responsabilidad le asiste al Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, ESE ni al departamento del Cesar, teniendo en cuenta que los equipos aprehendidos fueron donados por la DIAN al Ministerio de la Protección Social (fls. 11 a 14, cdno. 1), el cual, si bien autorizó al Gerente del Hospital Santa Sofía de Manizales y al Secretario de Salud del Cesar, para que retiraran los equipos de las instalaciones de Diacorsa (fls. 156 y 157, cdno. 1), tenía la obligación de constatar el cumplimiento de las directrices impartidas a los citados funcionarios, a fin de constatar que los equipos médicos fueran retirados del lugar.

III. Indemnización de perjuicios

La actora solicitó que se condenara a las demandadas a pagar $357’361.444 (fl. 56, cdno. 1), correspondientes al bodegaje y a los gastos en los que incurrió por la vigilancia y custodia de los equipos médicos depositados, así como los perjuicios causados por la imposibilidad de explotar económicamente el área ocupada, acerca de lo cual es preciso manifestar que el depósito de tales equipos implicaba, por una parte, el cumplimiento de las obligaciones de custodia y vigilancia (artículo 72 del Decreto 2685 de 1999) y, por otra parte, la ocupación de un espacio, de suerte que lo solicitado, por concepto de bodegaje, comprende, como es lógico, los gastos de custodia y vigilancia y, además, lo que la actora habría dejado de percibir por la falta de explotación económica del área ocupada.

Ahora bien, la accionante manifestó en la demanda que, según el artículo 447 de la Resolución 4240 de julio de 2000, “Por la cual se reglamenta el Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999”, proferida por la DIAN, “El porcentaje de las tarifas por concepto de bodegajes de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, serán fijadas anualmente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el respectivo contrato de depósito, frente a las cuales podrán tenerse en cuenta como parámetro de liquidación factores tales como: valor, peso y volumen” y que, de conformidad con el artículo 466 ibídem, “para el cálculo del costo de bodegajes, se tomará el valor de ingreso actual de la mercancía por la última tarifa establecida, el resultado se divide por treinta (30) y se multiplica por el número de días de permanencia de la mercancía en depósito” (se subraya).

No obstante, para la Sala no es posible aplicar la resolución acabada de citar, toda vez que, como se dijo atrás, Diacorsa y la DIAN ningún contrato de depósito suscribieron al respecto; además, como se sabe, para la época de presentación de la demanda y de la visita del perito a las instalaciones de Diacorsa el equipo de resonancia magnética aún permanecía en ese lugar y, por consiguiente, ninguna certeza existe en torno al período que duró el bodegaje de los equipos.

A pesar de que el 26 de febrero de 2007 se practicó en el proceso un dictamen pericial, a fin de calcular el monto de lo adeudado a la demandante con ocasión del almacenaje de los equipos médicos aprehendidos por la DIAN, aquél no permite establecer a ciencia cierta lo reclamado por la actora, por cuanto –se insiste- uno de los citados equipos médicos, esto es, el de resonancia magnética, no había sido retirado aún del lugar en el que fue depositado y, por lo mismo, no es posible saber lo que realmente se estaría adeudando por dicho concepto, de suerte que la citada experticia no puede servir de parámetro para cimentar una condena en contra de las demandadas.

Pues bien, ante la dificultad de establecer el valor de lo adeudado, la Sala proferirá una condena en abstracto, a fin de que, mediante un incidente de liquidación ante el juez de primera instancia, conforme a lo previsto por el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, se precise cuándo fue retirado de las instalaciones de Diacorsa el equipo de resonancia magnética, así como lo que esta última dejó de percibir ante la imposibilidad de explotar económicamente el área ocupada y los gastos en los que dijo haber incurrido por el cuidado y vigilancia de los citados equipos médicos.

Según el material probatorio que milita en el plenario, para la época de los hechos Diacorsa tenía subarrendados varios consultorios, que le generaban ingresos (cdno. 3)(17); asimismo, consta en dicho material probatorio el área de los citados consultorios y el valor del canon de arrendamiento, lo cual permitirá establecer, una vez verificada el área que ocupaban los equipos médicos aprehendidos por la DIAN y depositados en las instalaciones de Diacorsa, lo que ésta dejó de percibir ante la imposibilidad de explotar económicamente dicha área.

El dictamen deberá tener en cuenta que la obligación de la DIAN, por concepto de bodegaje, abarca el período comprendido entre el 13 de junio de 2003 y el 18 de agosto de 2004 (esto es, desde cuando los equipos aprehendidos fueron dejados en depósito a Diacorsa y el momento en que debieron ser retirados de ese lugar por el Ministerio de la Protección Social, según las directrices de la Resolución 3075 de 2004), mientras que para este último comprende el transcurrido entre el 19 de agosto de 2004 y el 25 de agosto de 2005 (por el depósito del tomógrafo y del equipo de resonancia magnética) y, además, el causado con posterioridad a esta fecha y hasta el día en que se determine cuando fue retirado el equipo de resonancia magnética de las instalaciones de Diacorsa.

El dictamen también deberá tener en cuenta que el tomógrafo fue retirado de Diacorsa el 25 de agosto de 2005, lo cual redujo el área ocupada.

Además, deberán tenerse en cuenta, de encontrarse acreditados, los gastos en los que dijo haber incurrido Diacorsa, para la custodia y vigilancia de los equipos médicos depositados en sus instalaciones.

El monto así obtenido, una vez probado y cuantificado, deberá actualizarse por el Tribunal de primera instancia, aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta.

IV. Condena en costas

Teniendo en cuenta que en el asunto sub examine no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 13 de julio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró la ineptitud sustantiva de la demanda, por indebida escogencia de la acción, y profirió fallo inhibitorio y, en su lugar:

a. DECLÁRASE la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Salud y de la Protección Social y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por la omisión en el pago del bodegaje de los equipos médicos aprehendidos por esta última y dejados en depósito en las instalaciones de Diacorsa, bodegaje que, como se dijo en la página 20 de este fallo, comprende los gastos de custodia y vigilancia y, además, lo que la actora habría dejado de percibir por la falta de explotación económica del área ocupada.

b. CONDÉNASE en abstracto a la Nación – Ministerio de Salud y de la Protección Social y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a pagar, por concepto del bodegaje de los equipos médicos aprehendidos, la suma que resulte en el incidente de liquidación de perjuicios, bodegaje que, como se dijo en la página 20 de este fallo, comprende los gastos de custodia y vigilancia y, además, lo que la actora habría dejado de percibir por la falta de explotación económica del área ocupada.

c. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Dése cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social.

2 Según la escritura pública 2156 del 5 de septiembre de 2001, de la Notaría Cuarta del Círculo de Ibagué, Creasalud Ltda. entregó en arrendamiento a Diacorsa parte de dicho inmueble, en el que funcionó antiguamente la Clínica Nueva de Ibagué, para que desarrollara su objeto social, esto es, la prestación de servicios de salud (fls. 5, 58 a 64, cdno. 2).

3 La demanda no dijo quién era el propietario de los equipos médicos aprehendidos; sin embargo, según el acta del 13 de junio de 2003, suscrita por la DIAN, éstos eran de propiedad de la Clínica Nueva de Ibagué (fl. 8, cdno. 1).

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996 (exp. 12.456).

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 2002 (exp. 13.395).

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de octubre de 2013 (exp. 32.556).

7 Según el artículo 41 (inciso primero) de la Ley 80 de 1993, “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito” (se resalta).

8 De conformidad con el artículo 1º del Decreto 1071 de 1999, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se encuentra organizada en forma de unidad administrativa especial del orden nacional, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa y presupuestal y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

A su turno, el artículo 2 (literal b) de la citada Ley 80 denomina entidad estatal, entre otras, a las unidades administrativas especiales, como es el caso de la DIAN.

9 Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo 3409 del 9 de mayo de 2006, “Por el cual se dictan medidas tendientes a poner en operación los Juzgados Administrativos”.

“ART. 2º—Entrada en operación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo 3345 de 2006 y de las diligencias y gestiones de índole administrativo que deben adelantarse para un adecuado funcionamiento de los nuevos Despachos, así como en desarrollo de lo establecido por el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446, modificado por el artículo 1º de la Ley 954 de 2005, establecer como fecha de entrada en operación de los Juzgados Administrativos el día 1 de agosto del año 2006”.

10 Para el año de presentación de la demanda (2005), el valor del salario mínimo era $381.500 y, por tanto, los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalían a $190’750.000.

11 Ley 446 de 1998.

12 En cuanto al equipo de resonancia magnética, es importante precisar que no obra prueba alguna en el plenario que indique cuándo fue retirado de las instalaciones de Diacorsa; sin embargo, en la experticia practicada en el proceso el 26 de febrero de 2007, el perito aseguró que, el 16 de enero de ese mismo año, visitó las instalaciones de la demandante y constató que dicho equipo aún se encontraba en el lugar (fl. 64, cdno. 3).

13 En los hechos de la demanda, se dijo que el resonador magnético y el tomógrafo ocuparon un área de 39,50 y 39,65 metros cuadrados, respectivamente (fl. 52, cdno. 1).

14 Se refiere a la Resolución 3075 del 20 de abril de 2004, proferida por la DIAN, la cual, en su artículo segundo, dispuso: “Una vez notificada la resolución que autorice la donación, el Ministerio de la Protección Social deberá retirar del sitio de almacenamiento, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, las mercancías objeto de donación. De no hacerlo dentro de este término correrá por su cuenta con los gastos causados por la guarda y custodia de las mercancías donadas (…)”.

15 El control aduanero es el conjunto de las medidas previstas por las autoridades aduaneras, con miras a asegurar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras (Decreto 2685 de 1999).

16 (http://www.calendario/colombia/2004).

17 Según la escritura pública 2156 del 5 de septiembre de 2001, de la Notaría Cuarta del Círculo de Ibagué, Creasalud Ltda. entregó en arrendamiento a Diacorsa 8556 metros cuadrados de un total de 9556 metros cuadrados de un inmueble de su propiedad; además, de conformidad con la cláusula tercera (numerales 5 y 13), las partes pactaron que el contrato tendría una duración de 15 años y que el arrendatario podía “subarrendar libremente y sin necesidad de autorización por parte de la arrendadora” (fls. 5, 58 a 64, cdno. 2).