Sentencia 2005-02334 de marzo 1º de 2012 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 68001 23 15 000 2005 02334 02 (0790-10)

Consejero ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: ESE hospital universitario Ramón González Valencia

Demandado: Carmen Cecilia Muñoz Córdoba

Apelación sentencia-autoridades municipales

Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «7. Considera

Problema jurídico

Conforme con el argumento central del escrito de apelación, la Sala deberá determinar si se transgreden los principios constitucionales de buena fe y confianza legítima de la demandada con la declaratoria de nulidad del acto de reconocimiento pensional, en tanto existen fallos proferidos por la jurisdicción ordinaria laboral que hicieron tránsito a cosa juzgada y que declararon la legalidad de las cláusulas convencionales que sirvieron de fundamento al acto administrativo de reconocimiento pensional, y a partir de los cuales la señora Carmen Cecilia Muñoz Córdoba tuvo la convicción de estar actuando con la confianza para adquirir su derecho pensional en las condiciones establecidas en los instrumentos de negociación laboral.

Hechos probados

Las probanzas arrimadas al plenario demuestran que la señora Carmen Cecilia Muñoz Córdoba se vinculó al hospital universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga mediante Acta de posesión 1675 de 1º de septiembre de 1976 como auxiliar de enfermería, nombrada por Resolución 617 de 23 de agosto de 1976 (fls. 18 y 19 cdno. 2). Años después, más exactamente el 21 de septiembre de 1994, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución 13374 en la cual inscribió a la señora Muñoz Córdoba en el escalafón de carrera administrativa como auxiliar de enfermería Código 50521010 grado 10 (fl. 21 cdno. 2).

Por escrito radicado el 19 de marzo de 1999, la demandada solicitó al Hospital el reconocimiento de la pensión de jubilación y al efecto se acogió a lo estipulado en la convención colectiva de trabajo vigente en la entidad y a lo establecido en los artículos 8º de la Ley 71 de 1988; 9º del Decreto reglamentario 1160 de 1989; 8º de la Ley 10 de 1972 y al 6º del Decreto 1672 de 1973 para efectos de la liquidación de la prestación. En ese memorial sostuvo que prestó sus servicios profesionales por espacio de 23 años y cumplió con 48 años de edad, presupuestos que a su juicio hacían factible el reconocimiento de la pensión a partir del 1º de diciembre de 1999 en los términos del instrumento colectivo.

Respecto a la petición elevada por la demandada, el hospital se pronunció a través de la Resolución 1336 de 31 de diciembre de 1999 objeto de demanda, en la que le reconoció una pensión de jubilación a partir del día 30 de ese mismo mes y año, en los términos de la cláusula trigésimo sexta de la convención colectiva de trabajo, literal a), numeral 2b, por haber laborado 23 años de servicios y tener 48 años de edad (fls. cdno. 2).

Según consta en el acto de reconocimiento pensional, la demandada laboró para la entidad actora desde el 1º de septiembre de 1976 hasta el 30 de diciembre de 1999.

La convención colectiva de 1991 suscrita entre el hospital universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga, entre otros, y el sindicato de trabajadores oficiales de los centros hospitalarios de Santander, tuvo inicialmente vigencia de un año, del 1º de enero de 1991 al 31 de diciembre del mismo año, e incluyó las siguientes cláusulas relevantes para el asunto objeto de estudio en el presente asunto:

“Cláusula quinta. categorías y salarios.

Se establece para la vigencia de la presente convención las siguientes categorías y salarios:

a) Para el hospital universitario Ramón González Valencia.

Categoría Cargos
(…)  
IV$ 72.142Auxiliar de enfermería
(…)  
V$ 65.845Ayudante enfermería
(…).  

Clausula sexta. Reconocimiento de trabajadores oficiales

Los hospitales que suscriben la presente convención colectiva de trabajo, reconocen como trabajadores oficiales, vinculados mediante contratos de trabajo, amparados por el Código Sustantivo del Trabajo, con derecho a presentar, negociar pliego de peticiones y firmar convenciones colectivas de trabajo a quienes se desempeñen en los cargos u oficios establecidos en las categorías de la cláusula quinta de la presente convención.

(…).

Cláusula trigésima sexta. Pensiones.

Los hospitales que suscriben la presente convención colectiva de trabajo reconocerán y pagarán las pensiones, como a continuación se reglamenta:

A. Pensiones de jubilación

1. Normas generales.

a) Todos los hospitales reconocerán la pensión plena de jubilación a quienes cumplan Veinte (20) años de servicio, cincuenta y cinco (55) años de edad, si son hombres y cincuenta (50) años, si son mujeres.

b) Todos los Hospitales reconocerán pensión plena de jubilación a quienes cumplan veinticinco (25) años de servicio a la institución, con cuarenta y cinco de edad si son mujeres y cuarenta y siete (47) años si son hombres.

2. Excepciones:

(…).

b) En el hospital universitario Ramón González Valencia también se reconocerá la pensión plena de jubilación a quienes cumplan cincuenta y tres (53) años de edad si son hombres y cuarenta y ocho (48) años si son mujeres y hayan laborado diez (10) años en el hospital, si ingresaron antes del primero (1º) de enero de mil novecientos setenta y ocho (1978).

(…).

3. La pensión de jubilación en todos los casos enumerados, se pagará con el ciento por ciento (100%) del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio”. (Resaltado fuera de texto)

(…).

Sostiene la apoderada de la demandada en el escrito contentivo del recurso, que el hospital Ramón González Valencia demandó ante la jurisdicción ordinaria laboral a fin de que se declarara ilegal o sin valor jurídico el contenido de las cláusulas 5ª y 6ª del convención colectiva del 24 de mayo de 1991. Aduce la litigante, que dicha controversia fue desatada en dos instancias por las autoridades judiciales respectivas, quienes dieron plena validez al catálogo de derechos laborales contenidos en el instrumento colectivo. Esto, a juicio de la recurrente, determina la legalidad del acto administrativo de reconocimiento pensional.

Aunque en el presente proceso no reposa prueba de las decisiones judiciales a que hace mención la parte demandada, considera la Sala que el tema en discusión en el presente proceso no es análogo al debatido en la jurisdicción ordinaria laboral para predicar la existencia de una cosa juzgada. En este caso no se debate la legalidad de las decisiones judiciales emanadas de la justicia ordinaria, sino se solicita la anulación de un acto administrativo de contenido particular, posiblemente apartado del ordenamiento jurídico, en tanto desconoce las competencias establecidas en la Constitución y en la ley, para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

Para determinar si se configura tal causal de anulación, es menester realizar un estudio sobre tal aspecto que deberá ser acompasado con un examen respecto del contenido del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, dado que el fundamento del acto administrativo demandado radica, precisamente, en el ejercicio de esta garantía constitucional por parte de los servidores del hospital Ramón González Valencia.

Competencia para la fijación del régimen pensional de los empleados públicos

El artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política de 1991, establece: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos: (...) e). Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.”...

En una interpretación literal de este texto, puede concluirse que la Constitución Política de 1991 no ha otorgado a otras autoridades la facultad de expedir normas sobre prestaciones sociales como las pensiones, pues es claro que corresponde al Congreso fijar las normas generales a las que se sujeta el Gobierno Nacional para fijar los requisitos y condiciones del reconocimiento de la pensión de jubilación de los empleados públicos(2), por lo que es ilegal cualquier disposición de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen la materia, o convenciones colectivas suscritas por los sindicatos de empleados públicos que establezcan disposiciones relativas al tema, tal como sucedió en el caso de la ESE hospital universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga.

A su turno, la Ley 4ª de 1992, dispuso en su artículo 12:

“El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley”.

El artículo 10 de esta misma norma determinó:

"Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”.

Así, para efecto del reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación, el Hospital está en la obligación de sujetarse a las normas legales que regulan el régimen pensional de los empleados del Estado bajo las normas de la Constitución Política de 1991, y no acudir a normas expedidas por esa misma entidad para reconocer pensiones que desbordan los límites legales. Aún, en vigencia de la Constitución Nacional de 1886, cualquier disposición referente a normas de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regularan el régimen salarial o prestacional de los empleados públicos eran contrarias al ordenamiento constitucional y legal; al igual que disposiciones de orden convencional.

Del derecho a la negociación colectiva

El artículo 55 de la Constitución Política consagra el derecho a la negociación colectiva en los siguientes términos: “Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señala la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos de trabajo”.

De dicha disposición lo primero que salta a la vista es que a pesar de ser un derecho constitucional, admite excepciones legales. Y precisamente, uno de los supuestos que se consideró como excepción en la jurisprudencia inicial de la Corte Constitucional fue el relativo a los empleados públicos, en atención a lo establecido en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo. Veamos:

La disposición antes enunciada, expresó:

Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no pueden declarar o hacer huelga”. Negrilla fuera de texto.

Ahora bien, con la entrada en vigencia de los convenios internacionales de la OIT 151(3) y 154(4) adoptados por el Legislador mediante las Leyes 411 de 1997(5) y 524 de 12 de agosto de 1999(6) respectivamente(7), la interpretación que la Jurisprudencia nacional realizaba sobre la prohibición se vio modificada, en la medida en que las convenciones que celebran trabajadores y empleadores no es la única manera de garantizar el derecho a la negociación colectiva. De esta forma, expresó la Corte Constitucional en Sentencia C-1235 de 2005, deben buscarse mecanismos de concertación que permitan equilibrar la tensión existente entre el derecho de los empleados públicos de intervenir en las decisiones que afectan su ejercicio laboral, por un lado; y, la competencia de las autoridades constitucionalmente establecidas en el orden nacional y territorial, para fijar las condiciones laborales de quienes están vinculados al Estado mediante una relación legal y reglamentaria.

Por consiguiente, la Corte Constitucional instó al legislador a regular claramente los mecanismos de concertación de los empleados públicos, con el objeto de garantizar su derecho a la negociación colectiva, dentro de los límites que imponen su papel dentro del Estado(8).

De lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que si bien los empleados públicos no gozan de un derecho pleno a la negociación colectiva, no tienen la posibilidad de presentar pliegos de peticiones ni de celebrar convenciones colectivas, tampoco se les puede vulnerar su derecho a buscar por diferentes medios de concertación, voluntaria y libre, la participación en la toma de las decisiones que los afectan, sin quebrantar, obviamente, la facultad que ostentan las autoridades constitucional y legalmente establecidas de fijar, de forma unilateral, las condiciones laborales de los empleados públicos. En todo caso, dichos mecanismos de concertación deben permitir afianzar un clima de tranquilidad y justicia social(9).

Situaciones consolidadas conforme al artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

A pesar de la claridad de los textos constitucionales, en aplicación del contenido del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, la Sala ha venido avalando las situaciones jurídicas pensionales particulares que fueron reconocidas en virtud de ordenamientos emanados de las entidades descentralizadas, como una protección de los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas preexistentes.

Al respecto la norma establece:

“ART. 146.—Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido [o cumplan dentro de los dos años siguientes] los requisitos exigidos en dichas normas.

Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente ley”. (Se destaca)(10)

La Corte Constitucional mediante sentencia C-410 de 1997, con ponencia del magistrado doctor Hernando Herrera Vergara, declaró la exequibilidad de este artículo y en relación con las disposiciones municipales y departamentales relativas a las pensiones. Al efecto expresó:

“...El inciso primero del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, prescribe que las situaciones individuales definidas con anterioridad a la ley, con base en las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

Estima la Corte que como se ha ordenado en anteriores circunstancias, es preciso, en aplicación del principio de unidad normativa examinar la constitucionalidad del artículo mencionado en su integridad ya que este guarda una relación inescindible con los apartes demandados.

El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la corporación, que los derechos adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.

Desde luego que lo que es materia la protección constitucional se extiende a las situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.

“Nuestro estatuto superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función”. (C. Const., Sent. C-168/95, M.P. Carlos Gaviria Díaz).

De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes.

Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de seguridad social (L. 100/93).”...

De conformidad con el artículo trascrito, sin lugar a dudas las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 con fundamento en disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales continuarían vigentes; así mismo quienes antes de su entrada en rigor obtuvieren los requisitos para pensionarse conforme a tales ordenamientos, tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí establecidas, en aras de garantizar los derechos adquiridos.

Respecto de la vigencia de la Ley 100 de 1993 en el nivel territorial, el artículo 151 de dicha normatividad establece que el sistema entraría a regir a partir del 30 de junio de 1995; por consiguiente sólo las situaciones particulares definidas con anticipación a tal fecha, en principio, deben ser respetadas, en tanto que la Corte Constitucional retiró del ordenamiento jurídico el aparte subrayado del artículo 146, que permitía la consolidación del derecho dentro de los dos años siguientes a la vigencia del sistema general de seguridad social.

A pesar de la decisión de la Corte, esta Sala ha concluido con fundamento en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, que el aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional sí desplegó sus efectos protectores sobre las situaciones pensionales que se consolidaron en el interregno comprendido entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, en tanto que dicho Tribunal no moduló los efectos de su decisión(11). Por consiguiente, es dable concluir que las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el sistema general en cada entidad territorial, se deben garantizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 citado.

Naturaleza de la entidad actora y de la vinculación de la accionada

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 10 de 1990, los empleos de las entidades nacionales o territoriales o de sus entidades descentralizadas dedicadas a la prestación de servicios de salud, son de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. A su turno, de conformidad con lo establecido en el parágrafo de la norma ídem, son trabajadores oficiales “(…) quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones”.

Por su parte, el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 dispuso que la prestación de servicios de salud de forma directa por la nación o por las entidades territoriales se haría por intermedio de empresas sociales del estado(12), las cuales vincularían su personal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 195 ibídem, a través de una relación legal o reglamentaria o a través de una relación contractual, en los términos establecidos en el capítulo IV de la Ley 10 de 1990(13).

Ahora bien, es un hecho conocido que el hospital universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga se convirtió en ESE en el año 1995, en virtud del Decreto departamental 96 de 14 de agosto.

En ese orden de ideas, y en atención a las funciones desempeñadas por la accionada, se evidencia que la señora Carmen Cecilia Muñoz Córdoba como auxiliar de enfermería(14) ostentaba la condición de empleada pública al tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 10 de 1990, así como también del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, lo cual se itera si se observa que la demandada fue inscrita en carrera administrativa como indica el folio 21.

Por ello, se puede afirmar adicionalmente que la prestación reconocida por la ESE a la señora Carmen Cecilia Muñoz Córdoba no podía sujetarse a lo establecido en disposiciones convencionales, pues, ostentando la condición de empleada pública su régimen prestacional era el legal.

Ahora bien, de conformidad con el material probatorio allegado al expediente también se evidencia que la fuente del reconocimiento prestacional fue la convención colectiva de 1991, la cual inicialmente tenía una vigencia de 1 año, y frente a la que la accionada no consolidó derecho alguno durante su vigencia inicial.

En ese evento, tal como lo hizo el a quo ha de concluirse que la accionada no era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo que se aplicó a su situación prestacional por parte de la ESE demandante.

Del caso concreto

Teniendo en cuenta que la accionada fue pensionada en su condición de empleada pública al amparo de disposiciones convencionales, procede la Sala a establecer si se reúnen los siguientes requisitos, con el ánimo de determinar si es viable, a pesar de la ilegalidad del reconocimiento, salvaguardar su situación pensional:

(a) Que su prestación haya sido consolidada o adquirida con anterioridad al 30 de junio de 1997, esto es, en los términos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en consonancia con los efectos de la decisión de la Corte Constitucional; y,

(b) Que su prestación de orden convencional se halle dentro de los supuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

Frente al primer aspecto, cabe resaltar que la prestación de la demandada se concedió por acreditar el requisito de más de 20 años de servicios y 48 años de edad (nació el 22 de septiembre de 1951 fl. 17 cdno. 2), por lo que con base en las disposiciones convencionales adquirió el estatus de pensionada el 22 de septiembre de 1999, fecha en la cual cumplió la edad requerida, porque ya tenía el requisito del tiempo de servicio.

En ese orden de ideas, el derecho pensional lo adquirió por fuera de los términos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, razón suficiente para concluir que no le asiste el derecho a que el reconocimiento efectuado sea salvaguardado por esta jurisdicción, conforme a la posición de la Sala.

Por lo anterior puede concluirse, sin necesidad de analizar el supuesto (b), esto es, si las convenciones colectivas constituyen uno de los supuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, que la accionada no tiene derecho a su aplicación, por lo cual la decisión del a quo en este aspecto se encuentra ajustada a derecho.

Ahora, la Sala comparte el hecho de que la actora se encuentra en régimen de transición de la Ley 100 de 1993, toda vez que a la fecha de entrada en vigencia de esta contaba con más de 35 años de edad, en consecuencia, le asiste el derecho a pensionarse a partir de las disposiciones de la Ley 33 de 1985, como a bien lo tuvo el tribunal de instancia.

Finalmente, en atención a que no fue objeto de recurso la forma en que el a quo ordenó reliquidar la prestación de la accionada, no es viable efectuar pronunciamiento adicional sobre los factores que deben tenerse en cuenta para liquidar la pensión de jubilación ordenada, en consecuencia, se impone confirmar en su totalidad el fallo recurrido.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

5. Falla

CONFÍRMASE la sentencia apelada de 12 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió a las súplicas de la demanda elevada por la ESE Ramón González Valencia en contra de la señora Carmen Cecilia Muñoz Córdoba, en sus precisos términos.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Corte Constitucional en sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(3) “Sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”.

(4) “Sobre el fomento de la negociación colectiva”.

(5) Sentencia C-377 de 1998.

(6) Sentencia C-161 de 2000.

(7) Teniendo en cuenta lo anterior, al amparo de lo establecido en el artículo 53, inciso 4º de la Constitución Política, dichos convenios forman parte de nuestra legislación interna.

(8) “(…) la Corte no desconoce que el problema del ejercicio del derecho de los sindicatos de empleados públicos a la negociación colectiva radica en que no existen mecanismos legales apropiados para hacer cumplir este derecho. Es más, el legislador no ha desarrollado el procedimiento para que estos sindicatos puedan iniciar la concertación, garantizar que las peticiones o los reclamos sean recibidos y atendidos por la administración pública. Ni se ha establecido cuál es la autoridad pública competente para pronunciarse cuando se desconoce, sin motivo el derecho de negociación colectiva. Tampoco existen los mecanismos legales que garanticen que las solicitudes de los sindicatos de empleados públicos, después de la etapa de concertación, se reflejen en los proyectos de ley de presupuesto o en las leyes de carrera administrativa.

Por consiguiente, se comparte la solicitud del Ministerio Público en el sentido de que el legislador debe reglamentar el procedimiento encaminado a reglamentar, en un plazo prudencial, y concertando en lo posible con las organizaciones sindicales de empleados públicos, el derecho a la negociación colectiva de estos servidores, de conformidad con el artículo 55 de la Constitución y con los Convenios 151 y 154 de la OIT debidamente ratificados por el país y que hacen parte de la legislación interna en virtud de las leyes 411 de 1998 y 524 de 1999, respectivamente”.

(9) Ver las sentencias C-110 de 1994, C-377 de 1998; C-161 de 2000, C-201 de 2002, C-1234 de 2005; C-280 de 2007 y C-466 de 2008.

(10) Nota: La expresión subrayada y entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de agosto de 1997.

(11) Proceso D0001585. Desfijación edicto 17 de septiembre de 1997.

(12) Las cuales constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

(13) Del cual hace parte el artículo 26 antes citado.

(14) Decreto 1335 de 1990, artículo 3º: “(…) Auxiliar de enfermería - 521010.

1. Naturaleza de las funciones del cargo.

Ejecución de labores auxiliares de enfermería en la atención de individuos, familia y comunidad en cualquier nivel de atención de salud.

2. Funciones.

— Arreglar la unidad y ambiente físico del paciente, tanto para la admisión como para la estadía del mismo en la institución.

— Realizar acciones de enfermería de baja y mediana complejidad asignadas según las normas y el plan de acción de enfermería de la institución.

— Instruir al paciente y a la familia en el proceso de rehabilitación a seguir.

— Preparar al paciente y colaborar en los medios de diagnóstico y tratamientos especiales.

— Realizar acciones educativas sobre aspectos básicos de salud y promoción del medio ambiente.

— Dar atención de enfermería al paciente durante el tratamiento médico quirúrgico y administrar los medicamentos y cuidados al paciente de acuerdo con órdenes médicas y de enfermería.

Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de emergencia y riesgos que observe en los pacientes, familia, comunidad o medio ambiente.

— Desarrollar actividades recreativas y ocupacionales con los pacientes.

— Esterilizar, preparar y responder por el material, equipo y elementos a su cargo.

— Brindar cuidado directo a los pacientes que requieran atención especial.

— Identificar las dietas especiales para pacientes.

— Prestar primeros auxilios en caso de accidentes.

— Colaborar en la identificación de individuos y grupos de la población expuestos a riesgos de enfermar.

— Informa a individuos y grupos de la comunidad sobre la existencia y utilización de servicios de salud.

— Preparar los servicios de consulta y colaborar con el médico en la prestación del servicio.

— Realizar la vacunación institucional o por canalización y el control de temperatura a la nevera que contiene biológicos.

— Diligenciar los registros estadísticos pertinentes a su trabajo.

— Participar en el adiestramiento y supervisión de la promotora de salud de acuerdo con la programación establecida.

— Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo. (…)”.