Sentencia 2005-02355 de noviembre 25 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 200012331000200502355 01

Número interno: 17253

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Campo Elías Reyes Pacheco contra la DIAN

Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de dos mil diez.

FALLO

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala examinar la legalidad de los actos por los cuales la Administración de Impuestos Nacionales de Valledupar, modificó la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios del señor Campo Elías Reyes Pacheco, correspondiente al año gravable 2001.

El recurso de apelación plantea el estudio de tres puntos a saber:

• La violación del debido proceso y del derecho de defensa del actor, por no habérsele notificado el auto que abrió la investigación en su contra respecto del concepto y el período arriba señalados.

• La validez de la inspección contable practicada en la investigación tributaria por impuesto sobre las ventas del cuarto bimestre del 2001, y su aptitud para fundamentar la omisión de ingresos que se concluyó en los actos de determinación del impuesto sobre la renta y complementarios del mismo año. Igualmente, la pertinencia de los documentos de terceros que verificó la administración y que dieron lugar a la misma conclusión.

• La procedencia de los costos declarados por $ 7.556.903.000, de cara a los documentos allegados para soportarlos.

Estas glosas se estudiarán conjuntamente con las pruebas aportadas, en el siguiente orden:

1. Por Auto 240632003000011 del 25 de febrero de 2003 (que no se notificó), la división de fiscalización tributaria de la Administración de Impuestos de Valledupar ordenó iniciar investigación a la persona natural Campo Elías Reyes Pacheco respecto del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2001 (Exp. DT20012003000011), por el programa “Denuncias a terceros” (fl. 3, cdno. 1).

Sobre la notificación del auto referido, se observa:

La relación jurídica tributaria es un vínculo jurídico complejo que surge entre el Estado y quienes realizan los hechos generadores de tributos, y que comprende tanto la prestación de dar, constitutiva de la obligación sustancial originada al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y cuyo objeto es el pago del mismo para atender las cargas públicas; como las prestaciones de hacer y no hacer, referentes a las obligaciones formales para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria principal de pago, generalmente asociadas a los deberes que tienden a facilitar y determinar la obligación tributaria sustancial, y a facilitar la recaudación de los tributos(1).

Dentro de este contexto, la autoridad fiscal ostenta la potestad fiscalizadora para realizar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación. Dicha potestad se materializa a través de las facultades de fiscalización establecidas en el artículo 684 del estatuto tributario.

Tales facultades permiten a la administración de impuestos comenzar, por auto interno de apertura de investigación, las averiguaciones o indagaciones preliminares dirigidas a establecer si hay lugar a esa debida determinación a través de las liquidaciones oficiales que estableció el legislador, de acuerdo con el procedimiento regulado en el título IV del estatuto tributario (arts. 686 a 719-2).

Al amparo de esa regulación legal, la actuación para proferir liquidaciones oficiales de revisión, como la que aquí se demanda, presupone la formulación de un requerimiento especial como acto administrativo de trámite que contiene una propuesta de modificación de la declaración privada, concretamente orientada a adicionar impuestos, anticipos y retenciones e imponer la sanción correspondiente. En tal sentido, dicho requerimiento identifica todos los puntos objeto de modificación, explicando las razones que lo motivan, sin perjuicio de que aquellos se amplíen (arts. 703, 704 y 708 ib.).

El requerimiento especial así concebido opera como requisito previo a la liquidación oficial de revisión y marca el inicio de la actuación administrativa dirigida a formularla, con la consiguiente obligación de vincular a los sujetos afectados por la misma, a través de su debida y oportuna notificación en los términos del artículo 705 ejusdem.

Antes de ello esa vinculación no tiene lugar, pues, en estricto sentido, no existe actuación tributaria individualizada respecto de la cual tales sujetos deban defenderse, ya que, se insiste, solo el requerimiento especial concreta la propuesta de modificación y particulariza al contribuyente que debe atenderla.

Las diligencias y recaudo de pruebas previas al requerimiento, son propias de las facultades de fiscalización que, en ejercicio de la potestad tributaria, la administración de impuestos puede ejercer cuando lo considere pertinente, sin que la norma haya limitado su uso a alguna etapa especial del trámite, ya sea preliminar, ora posterior al requerimiento abierto.

En consecuencia, siendo que el auto que abre la investigación es simplemente una forma de controlar el inicio de las investigaciones preliminares al comenzar la actuación tributaria, su expedición es meramente facultativa y su falta de notificación no vicia de nulidad el procedimiento de determinación oficial del impuesto a través de la liquidación oficial de revisión, ni viola el derecho de defensa del investigado, comoquiera que no es el acto administrativo que inicia la actuación tributaria de determinación en su contra, ni contiene decisión alguna que lo afecte y que, en esa medida, deba notificársele de acuerdo con el artículo 565 del estatuto tributario(2).

De manera que por este aspecto no asiste razón al apelante.

2. La división de fiscalización abrió investigación fiscal al contribuyente aquí demandante por el impuesto sobre las ventas correspondiente a los bimestres gravables 3 y 4 del año 2001 (Exp. FH20012003000448).

3. En desarrollo de tal investigación se profirieron los autos de verificación o cruce 24063200300089 y 24063200300090 del 7 de mayo de 2003, que comisionaron a la funcionaria Edith M. Solórzano Dangond para constatar el impuesto sobre las ventas de los bimestres señalados.

De acuerdo con dichos autos, el 12 de mayo de 2003 la comisionada se presentó en las instalaciones del supermercado Mi Futuro, constituido como sociedad desde el 23 de julio del 2001, y recibió documentación de ese año gravable(3), todo lo cual hizo constar en el acta de verificación 2406320030000089-90 (fls. 4 a 7, cdno. 1).

De la revisión de dicha documentación determinó que:

— El contribuyente se equivocó al presentar la declaración de IVA del tercer bimestre del año 2001, en cuanto incluyó mayores ingresos gravados que generaron un mayor impuesto a las ventas; el valor correcto a declarar, según los informes diarios de mayo y junio, era $ 63.600.987, y no $ 73.886.000.

— Por el cuarto bimestre del 2001, el contribuyente no declaró ventas gravadas por $ 191.837.735, correspondiente a las compras gravadas recibidas después del 23 de julio del 2001, más el margen de utilidad promedio de $ 124.602.322 y la utilidad de $ 67.235.413, todo lo cual genera un IVA de $ 30.694.000 que no se declaró.

— El contribuyente debió declarar el impuesto a las ventas de la mercancía que trasladó a la sociedad Reyes López & Cía., a precio de venta de $ 882.199.587, sobre el cual se causa un IVA de $ 137.435.332.

El acta fue firmada el 18 de julio del 2003 por la funcionaria comisionada, el demandante y su contador, Miguel Reina Ascanio (T.P.61-530-T)

4. El 28 de agosto de 2003 el contribuyente corrigió voluntariamente su declaración de impuesto sobre las ventas del 4º bimestre de 2001, reportando ingresos por operaciones excluidas y no gravadas de $ 1.339.221.000, y por operaciones gravadas de $ 387.969.000, entre otros conceptos.

5. El 5 de noviembre de 2003 se ordenó practicar inspección contable (Auto 240632003000006), designándose para ello a la profesional de ingresos públicos II Edith Marina Solórzano Dangond y a la contadora pública con tarjeta 40794-T, Xiomara Mercedes Daza Ramírez (fl. 17, cdno. 1). El objeto de la diligencia era verificar la exactitud de la declaración, establecer la existencia de hechos gravados o no y verificar el cumplimiento de obligaciones formales; de acuerdo con ello, se facultó a las funcionarias comisionadas para solicitar la exhibición de todo tipo de documentos que hicieran parte de la contabilidad.

Según transcriben los primeros párrafos del acta de inspección contable (fl. 18), el 13 de noviembre dichas funcionarias se presentaron en el domicilio del contribuyente para practicar la inspección, la cual fue atendida por su asesor contable, Ángel Bermúdez Reyes. Allí se revisaron los libros de inventario y balance, diario columnario, y mayor y balance y, de acuerdo con el análisis realizado en la visita de verificación y de las pruebas aportadas, se concluyó que el actor dejó de declarar ingresos generadores de impuesto sobre las ventas por el cuarto bimestre gravable del 2004.

De todo ello se levantó el acta de inspección contable 240632003000006 (fls. 18-22, cdno. 1), en la que se hizo constar que toda la información analizada se obtuvo durante la visita que se realizó para practicar tal diligencia, y durante la visita de verificación que formó parte de la investigación. El acta solo aparece firmada por la profesional en ingresos públicos II, Edith Solórzano Dangond.

6. En la investigación abierta por impuesto sobre la renta y complementarios, se expidió el auto de traslado de pruebas 11 del 5 de marzo de 2004, por el cual la división de fiscalización ordenó trasladar las siguientes pruebas del Expediente FH 2001-2003-0448 (investigación e impuesto sobre las ventas del cuarto bimestre gravable del 2001), al Expediente DT-2001-2003-0011 (investigación e impuesto sobre las ventas del año gravable 2001): acta de visita de verificación 2406320030000089-90, acta de inspección contable 240632003000006 y requerimiento especial 240632004000005 (fl. 23, cdno. 1).

7. El 11 de marzo del 2004 se profirió el requerimiento especial 240632004000010 por impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2001 (fls. 26-36, cdno. 1). Los antecedentes de dicho acto invocaron la visita de verificación del 12 de mayo de 2003, los documentos entregados por el contribuyente en la misma diligencia, y los demás que aportó en el transcurso de la investigación de IVA por el cuarto bimestre del 2001; con base en ellos, concluyó respecto de los puntos aquí discutidos:

“El contribuyente reflejó ingresos por ventas en su declaración de renta y complementarios del año gravable 2001 por un valor de “4.426.451.000, debiendo declarar $ 5.996.596.000 según se pudo determinar al sumar los ingresos reflejados en las declaraciones del impuesto sobre las ventas y los ingresos determinados e la inspección contable realizada sobre el 4º bimestre de IVA del año gravable 2001 dentro de la investigación adelantada en el Expediente FH 2001-2003-0448

Conforme con lo anterior, es claro que el contribuyente omitió ingresos en su declaración de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2001 por un valor total de $ 1.570.145.000, de los cuales $ 471.987.000, se originaron en la declaración de corrección del impuesto sobre las ventas del 4º bimestre, presentada voluntariamente por el contribuyente el 28 de agosto de 2003 y $ 1.098.158.000, son ingresos omitidos determinados en la inspección contable adelantada dentro del Expediente FH 2001-2003.0448.

En su denuncio rentístico del año gravable 2001 el contribuyente Campo Elías Reyes Pacheco solicitó costos de ventas por valor total de $ 4.034.652.000, en tanto en la investigación se le determinó como máximo costo de ventas posible la suma de $ 2.782.454.517.

Para la determinación del costo de ventas arriba anotado, se partió del inventario inicial del contribuyente que corresponde al inventario final del año 2000 declarado por valor de $ 412.098.000, a este valor se sumó los registros contables de la cuenta 1453-Inventario mercancías no fabricadas por la empresa, subcuentas 05 y 06, excluidos y gravados respectivamente, que reflejan un valor total de $ 2.511.723.827, y se disminuyeron las devoluciones registradas en las mismas cuentas por valor de $ 86.311.459, las facturas de compras sin relación de causalidad con la renta del año gravable 2001, por cuanto fueron expedidas en el año 2000, por valor de $ 43.677.351 y las compras de panela por valor de $ 11.378.500, por cuando no se demostró el recaudo de la cuota de fomento panelero.

Atendiendo lo antes expuesto, es claro que el contribuyente solicitó costo de ventas no procedente por valor de $ 1.252.197.483.

(...).

Los hallazgos antes descritos, necesariamente evidencian las inconsistencias que presenta el denuncio rentístico del año gravable 2001 al ser confrontado con la contabilidad y sus correspondientes soportes, por lo cual es claro que se hace necesario modificar la declaración privada, de acuerdo al cuadro que a continuación se detalla:

Concepto Valor

Ingresos declarados 4.456.451.000

Más ingresos omitidos

- Declarados en corrección de IVA 4º bim. de 2001 471.987.000

- Determinados en inspección contable efectuada
sobre el 4º bim. de 2001 1.098.158.000

Total ingresos omitidos 1.570.145.000

Total ingresos a declarar 5.996.596.000

 

Costos de ventas declarados 4.034.652.000

Menos: costos de ventas no soportados 1.197.141.632

Compras realizadas en el año 2000
sin relación de causalidad 43.677.351

Compras de panelas - sin soporte

recaudo cuota de fomento 11.378.500

Total costos de ventas no procedentes 1.252.197.483

Costos de ventas determinado 2.782.454.517”

8. El 15 de junio de 2004 el demandante corrigió la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2001, de acuerdo con las declaraciones de impuesto sobre las ventas de los bimestres 1º a 4º del mismo año. Así, liquidó ingresos netos de $ 4.933.495.000 y costos de venta de $ 4.542.573.000, y aceptó el rechazo de deducciones propuesto (fl. 45, cdno. 1).

9. La liquidación oficial de revisión demandada discrepó de tal declaración y dispuso su modificación toda vez que, de una parte, “los ingresos reflejados en sus declaraciones del impuesto sobre las ventas y los ingresos determinados en la inspección contable realizada sobre el 4º bimestre de IVA del año gravable 2001, dentro de la investigación adelantada en el Expediente FH-2001-2003-0448” ascendieron a $ 5.996.596.000. De otro lado, los costos de venta se calcularon en $ 2.782.454.517, pues tal valor es el único que aparece soportado con los documentos que se entregaron en la visita de verificación, comoquiera que algunas facturas allegadas no correspondían al año gravable 2001, sino al 2000 (fls. 47-58, cdno. 1).

Lo expuesto hasta aquí deja en claro que la modificación de la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios en cuanto atañe a los ingresos gravables percibidos por el actor durante el año 2001, se basó en la inspección contable practicada el 13 de noviembre de 2003, dentro de la investigación iniciada por impuesto sobre las ventas del cuarto bimestre gravable del año 2001 (Exp. FH20012003000448).

Así mismo, esta reseña probatoria permitió constatar, como lo alegó el actor, que el acta de la inspección contable mencionada (240632003000006) no fue suscrita por la contadora pública comisionada para practicarla por Auto 240632003000006 del 5 de noviembre de 2003, Xiomara Mercedes Daza Ramírez (T. P. 40794-T), sino únicamente por la profesional en ingresos públicos II, Edith Solórzano Dangond, igualmente comisionada.

Con base en ello, analiza la Sala el segundo punto objeto de impugnación, así:

La legislación tributaria consagró la inspección contable como un medio de prueba autónomo que implica la constatación directa de los libros o documentos contables del contribuyente o de terceros obligados a llevar contabilidad, con el fin de verificar la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de obligaciones formales, así como de establecer la existencia de hechos gravados o no.

Dicho medio probatorio puede decretarse tanto en las investigaciones previas al inicio del proceso de determinación oficial del impuesto, derivando una actuación administrativa particular y concreta (E.T., art. 782, inc. 5); como posteriormente al requerimiento especial que marca dicho inicio (art. 710 ib.).

Así, el artículo 782 del estatuto tributario facultó a la administración para ordenar la práctica de la inspección y dispuso que de la misma debía extenderse un acta suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes, sin que la reticencia de estas a firmarla afecte el valor probatorio de la diligencia, aunque de tal hecho debe dejarse constancia en el acta respectiva.

A su vez, el artículo 271 de la Ley 223 de 1995 previó que las inspecciones contables deben realizarse bajo la responsabilidad de un contador público, y que la diligencia sin tal requisito es nula.

En estricto sentido, dicha responsabilidad supone, de una parte, el direccionamiento u orientación de la diligencia por parte del profesional mencionado, como forma de garantizar que el medio probatorio cumpla su finalidad intrínseca, en cuanto implica análisis y verificaciones de tipo contable; y, de otro lado, el hecho de que el responsable asume la debida practica de la inspección conforme con los parámetros legales vigentes, así como el cuidado requerido para que su desarrollo no se vea afectado por ningún tipo de irregularidad.

Por su parte, la Circular DIAN 11 de 1996 (num. 7.4), señaló que toda inspección contable debe ser realizada bajo la responsabilidad de un contador público, siendo nula la diligencia que omita este requisito. Por lo tanto, en el acta respectiva debe dejarse constancia del número de matrícula profesional del contador que la practique.

El valor probatorio de la inspección depende del lleno de las formalidades mencionadas y de la precisión y claridad respecto de las verificaciones realizadas en la diligencia que, a su vez, deben estar debidamente soportadas. Los documentos incorporados al acta de inspección contable hacen parte de una unidad probatoria y como tal deben valorarse(4).

De acuerdo con lo expuesto y como lo hace notar el demandante en el escrito obrante a folios 244 y siguientes, en sentencia del 25 de marzo del año en curso, M.P. William Giraldo Giraldo, esta sección anuló los actos de determinación oficial del impuesto sobre las ventas por el cuarto bimestre del 2001, que decidió el recurso de apelación presentado en el proceso 16916, promovido entre las mismas partes contra dichos actos.

Lo anterior, porque el acta levantada en desarrollo de la inspección contable que se realizó en la actuación tributaria mencionada no fue firmada por la contadora pública comisionada para ese efecto. Por tanto, dado que la inspección se trasladó como prueba a la investigación por impuesto sobre la renta y complementarios aquí examinada, y siendo consecuentes con el alcance del traslado, los actos de determinación oficial por este concepto serían —en principio— igualmente anulables respecto de los puntos que modificaron con base en dicho medio probatorio (ingresos percibidos), debido a la irregularidad en el acta que ya se había concluido en el proceso 16916.

No obstante, tal razonamiento pierde sustento frente al hecho de que la omisión de ingresos determinada por los actos demandados y su correspondiente orden de adición, no se basó únicamente en las constataciones de la inspección contable sino que, además, se fundamentó en la aplicación del método presuntivo de control basado en los ingresos declarados en un determinado período, en este caso el IV bimestre de 2001, a partir del cual la administración tributaria determinó los márgenes de utilidad aplicables al período verificado y, por ende, al ejercicio discutido.

En efecto, el método aplicado está referido a la presunción de omisión de ingresos constitutivos de renta líquida gravable, regulada en el artículo 760 del estatuto tributario, frente a la comprobación de omisión de registro de compras destinadas a las operaciones gravadas, de acuerdo con el cálculo del respectivo margen de utilidad(5). Dispuso la norma:

“Cuando se constate que el responsable ha omitido registrar compras destinadas a las operaciones gravadas, se presumirá como ingreso gravado omitido el resultado que se obtenga al efectuar el siguiente cálculo: se tomará el valor de las compras omitidas y se dividirá por el porcentaje que resulte de restar del ciento por ciento (100%), el porcentaje de utilidad bruta registrado por el contribuyente en la declaración de renta del mismo ejercicio fiscal o del inmediatamente anterior.

El porcentaje de utilidad bruta a que se refiere el inciso anterior será el resultado de dividir la renta bruta operacional por la totalidad de los ingresos brutos operacionales que figuren en la declaración de renta. Cuando no existieren declaraciones del impuesto de renta, se presumirá que tal porcentaje es del cincuenta por ciento (50%).

En los casos en que la omisión de compras se constate en no menos de cuatro (4) meses de un mismo año, se presumirá que la omisión se presentó en todos los meses del año calendario.

El impuesto que originen los ingresos así determinados, no podrá disminuirse mediante la imputación de descuento alguno.

Lo dispuesto en este artículo permitirá presumir, igualmente, que el contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios ha omitido ingresos, constitutivos de renta líquida gravable, en la declaración del respectivo año o período gravable, por igual cuantía a la establecida en la forma aquí prevista”.

Por lo demás, tanto el auto que ordenó la inspección contable como la parte introductoria del acta de la diligencia constatan la calidad de “contadora pública” de quien se comisionó para practicarla e indican el número de su tarjeta profesional; siendo que, además, dicha funcionaria era la jefe de la división de fiscalización tributaria y expidió el requerimiento especial.

En este punto debe recordarse que, al tenor del mismo artículo 782 del estatuto tributario, los datos que aparecen en el acta se entienden fielmente tomados de los libros del contribuyente, y que ella —el acta—, como tal, forma parte de la actuación que en su contra origina la inspección, constituyendo una formalidad adicional que no suple el objeto específico de la prueba, cumplido en su integridad.

De igual forma, la norma mencionada dispuso que la falta de firma del acta porque alguna de las partes se niegue a suscribirla, no afecta el valor probatorio de la diligencia.

Más allá de ello, es claro que el contribuyente atendió y participó en la diligencia de inspección entregando los documentos que le solicitaron los funcionarios comisionados (párrafo 2 de la pág. 1 del acta), conoció sus resultados cuando se le notificó el requerimiento especial dado que, se repite, el acta forma parte de la actuación iniciada, e inclusive aceptó parcialmente la adición de ingresos que propuso el requerimiento especial(6) y en tal sentido corrigió la declaración de renta, el 15 de junio del 2004.

En consecuencia, los ingresos del cuarto bimestre del 2001 establecidos con base en el método de presunción y corroborados a través de la inspección contable que se practicó ($ 5.996.596.000), no merecen reparo alguno, como tampoco el margen de utilidad calculado a partir de los mismos, margen que, en todo caso, el contribuyente no desvirtuó; por el contrario, con base en dicho método adicionó ingresos en su declaración cuando presentó su respectiva corrección por la vigencia discutida.

De otra parte, las pruebas aportadas al proceso no advierten que de la inspección contable se hayan levantado actas distintas a la 240632003000006 del 13 de noviembre de 2003, carente de la rúbrica de contador público; y tiene claro que tal diligencia es en todo ajena al acta de verificación del 12 de mayo de 2003, pues mientras aquella fue ordenada por el Auto 240632003000006 del 5 de noviembre de 2003 (fl. 17, cdno. 1), el acta de verificación se levantó en desarrollo de los autos de verificación o cruce 24063200300089 y 24063200300090 del 7 de mayo del mismo año (fls. 4 a 7, cdno. 1).

Esa distinción no se altera por el hecho de que la parte introductoria del acta de inspección contable del 13 de noviembre de 2003 transcriba en su parte inicial “... se hicieron presentes en la carrera 15 Nº 20B - 08, de la ciudad de Valledupar, para realizar inspección contable(7) y verificar con los libros de contabilidad las pruebas obtenidas en la verificación adelantada mediante auto de verificación o cruce 240632003000090 a la declaración de ventas del bimestre julio-agosto (4), del año gravable 2001, presentada por el contribuyente Reyes Pacheco Campo Elías, NIT 5.091.541”.

Es así, porque la misma parte introductoria reconoce que las funcionarias a cuyo cargo se delegó la inspección fueron comisionadas mediante el Auto de inspección contable 240632003000006, notificado personalmente el 5 de noviembre de 2003. Así mismo, la consecución de los fines de ese medio probatorio (verificación de la exactitud de las declaraciones, del cumplimiento de las obligaciones formales y establecimiento de hechos gravados o no), admite todo tipo de documentos contables que, de alguna manera, sirvan a tales propósitos, como los recaudados en la diligencia de verificación o cruce, según relación hecha en el acta respectiva y en el requerimiento especial por impuesto sobre la renta y complementarios del año 2001 (fls. 4-5, 26, cdno. 1).

Así, encuentra la Sala procedente la determinación oficial de los costos de ventas por valor de $ 2.782.454.517, dado que se motivó en la inexistencia de soporte probatorio para los inicialmente declarados, y tal circunstancia pudo corroborarse tanto en la visita de verificación del 12 de mayo del 2003, ordenada en la investigación de impuesto sobre las ventas del cuarto bimestre del 2001, en todo independiente de la inspección contable que se practicó en la misma investigación; como en la visita realizada en virtud del auto de verificación o cruce 24063200300108, notificado el 21 de mayo del 2003 y proferido directamente dentro de la investigación del impuesto sobre la renta que aquí se estudia, cuya existencia no desmintió el actor.

La falencia probatoria mencionada que se fundamentó en que las facturas aportadas para demostrar los costos carecían de relación de causalidad con la renta del período gravable investigado (2001), porque se habían expedido en el año 2000, según lo explican los actos acusados y el requerimiento especial, deja en evidencia el incumplimiento de los requisitos del artículo 771-2 para la aceptación de los costos declarados, sin que al proceso se hayan aportado documentos que demuestren lo contrario, ni se observe proactividad del demandante en tal sentido.

De acuerdo con lo explicado, se revocará la sentencia apelada para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda; y ya que hasta el momento no se ha reconocido personería jurídica para actuar a quien interpuso el recurso de apelación, se hará el pronunciamiento correspondiente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 5 de junio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de Campo Elías Reyes Pacheco, contra la Administración de Impuestos Nacionales.

En su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. Reconócese personería jurídica a la doctora Irma Luz Marín Cabarcas, como apoderada de la DIAN, en los términos del poder visible en el folio 153 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(1) Sobre las obligaciones que implican este tipo de deberes, véase Bravo Arteaga, Juan Rafael, Nociones fundamentales de derecho tributario, Tercera edición, Legis Editores S.A., cuarta reimpresión, 2009, págs. 196-208.

(2) En el mismo sentido, véanse sentencias del 11 y 25 de marzo de 2010, exps. 16920 y 16916, respectivamente, C.P. William Giraldo Giraldo.

(3) Auxiliares de impuestos a las ventas y de compras excluidas de los meses mayo a agosto, comprobante de informe diario de mayo, junio y julio, fotocopias de algunas facturas de compras, listado de existencia de artículos a julio del 2001 a precio de costo constante de 142 páginas, entradas de inventario físico de mercancía trasladada por Campo Elías Reyes Pacheco a la sociedad Reyes López & Cía. Ltda. del 23 de julio del 2001.

(4) Whittingham García, Elizabeth, Las pruebas en el proceso tributario, Editorial Temis S.A., Bogotá, 2005, p. 129.

(5) Acta de inspección contable, fls. 18-22; Acta de verificación o cruce, fls. 5-6 requerimiento especial del 11 de marzo del 2004, fls. 24-36, Resolución 240012005000001 del 27 de mayo del 2005, fls. 84-86, 91-93.

(6) $ 5.996.596.000, de los cuales el demandante aceptó $ 4.933.495.000 a través de la corrección, superando el valor inicialmente declarado ($ 4.426.451.000).

(7) El otro párrafo dice “... inspección contable a fin de constatar en la contabilidad las pruebas...”.