Sentencia 2005-02422 de septiembre 1º de 2011 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001-23-31-000-2005-02422-01(17904)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Unitel S.A. ESP

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., primero de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si se ajustan a derecho los intereses de mora causados a cargo de la actora, desde el momento en que solicitó la facilidad de pago de los tributos aduaneros adeudados hasta la fecha en que dicha facilidad fue otorgada por la administración.

Para resolver, sea lo primero advertir que el artículo 146 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el Decreto 1198 de 2000, vigente para la época de los hechos, establecía:

ART. 146.—El pago de las cuotas correspondientes a los tributos aduaneros deberá efectuarse en los términos señalados en este decreto, en los bancos o demás entidades financieras autorizadas para recaudar por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El pago oportuno de las cuotas permite al interesado la utilización de la mercancía en cualquier obra de su interés. Si el pago no se realiza oportunamente, el interesado podrá cancelar la cuota atrasada dentro de los tres (3) meses siguientes a su vencimiento, liquidándose los intereses moratorios de que trata el artículo 543 de este decreto. Vencido este término sin que se hubiese producido el pago, la autoridad aduanera declarará el incumplimiento de la obligación y dispondrá la efectividad de la garantía o la aprehensión de la mercancía.

De acuerdo con la norma transcrita, en el evento en que el pago de los tributos aduaneros no se realizara oportunamente, el interesado contaba con el término de tres meses siguientes al vencimiento para pagar la cuota atrasada junto con los intereses de mora de que trata el artículo 543 del Decreto 2685 de 1999. Vencido este término sin que se hubiese producido el pago, la autoridad aduanera podía declarar el incumplimiento de la obligación y disponer la efectividad de la garantía o la aprehensión de la mercancía.

Ahora bien, en el caso de los intereses de mora causados por obligaciones aduaneras, el artículo 543 antes citado remite a los artículos 634, 634-1 y 635 del Estatuto Tributario, normas que establecen las siguientes reglas:

ART. 634.—Sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones. Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada día calendario de retardo en el pago.

Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidará con base en la tasa de interés vigente en el momento del respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente [635].

ART. 634-1.—Suspensión de los intereses moratorios. Después de dos años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, se suspenderán los intereses moratorios a cargo del contribuyente hasta la fecha en que quede ejecutoriada la providencia definitiva.

ART. 635.—Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos tributarios, a partir del 1º de marzo de 2004 la tasa de interés moratorio será equivalente a la tasa promedio efectiva de usura, menos cuatro puntos, determinada con base en la certificación que expida la Superintendencia Bancaria durante el cuatrimestre anterior. La tasa de interés al que se refiere el presente artículo será determinada por el Gobierno Nacional cada cuatro meses.

PAR. 1º—El monto de los intereses de mora, adicionado con la actualización prevista en el artículo 867-1 del estatuto tributario en ningún caso podrá ser igual o superior al interés de usura.

PAR. 2º—Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales y se aplicará respecto de las deudas que queden en mora a partir del 1º de marzo de 2004.

Por otra parte, y en lo que tiene que ver con la facilidad de pago, el artículo 545 del Decreto 2685 de 1999 señala que “Para el pago de las obligaciones aduaneras podrán concederse acuerdos o facilidades, de conformidad con las normas que para el efecto se establecen en el estatuto tributario”, es decir, que remite al artículo 814 del estatuto tributario que dispone:

ART. $814.—Facilidades para el pago. El subdirector de cobranzas y los administradores de Impuestos Nacionales, podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, para el pago de los impuestos de timbre, de renta y complementarios, sobre las ventas hasta por cinco (5) años y la retención en la fuente, o de cualquier otro impuesto administrado por la Dirección General de Impuestos Nacionales, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la administración. Se podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior a ($ 47.000.000)(20).

(...).

En relación con la deuda objeto del plazo y durante el tiempo que se autorice la facilidad para el pago, se causarán intereses a la tasa de interés de mora que para efectos tributarios esté vigente en el momento de otorgar la facilidad.

En el evento en que legalmente, la tasa de interés moratorio se modifique durante la vigencia de la facilidad otorgada, esta podrá reajustarse a solicitud del contribuyente.

En casos especiales y solamente bajo la competencia del director de Impuestos Nacionales, podrá concederse un plazo adicional de dos (2) años, al establecido en el inciso primero de este artículo

Parágrafo (...)” (negrilla de la Sala).

De lo anterior se establece que la administración tributaria tiene la facultad para conceder plazos a los contribuyentes hasta por cinco (5) años para el pago de los impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones; término dentro del cual se causarán intereses a la tasa de interés de mora para efectos tributarios vigente en el momento en que se otorgue la facilidad; tasa que podrá reajustarse a solicitud del contribuyente cuando se de el presupuesto previsto en la norma para ello.

La Sala, en relación con el otorgamiento de la facilidad de pago, ha indicado:

“El artículo trascrito autoriza al subdirector de cobranzas y a los administradores de Impuestos Nacionales a otorgar facilidades para el pago de los impuestos debidos y la expresión “podrán” de la norma, indica que es facultativo de estos funcionarios concederlas. Lo cual es consecuente con la obligación de los contribuyentes de cancelar los tributos en los plazos que determine el Gobierno Nacional.

Es decir esta disposición no presupone el derecho de los deudores de impuestos para acceder a facilidades de pago, lo que construiría una dispensa para el pago tardío de los tributos. Ella pretende permitir que el fisco tenga herramientas que le permitan el recaudo de la totalidad de los impuestos fijados.

En ese orden de ideas, el artículo 814 ib. fija unos límites dentro de los cuales pueden maniobrar los funcionarios. Así, se indica que el término es hasta por cinco (5) años; que el deudor debe constituir garantías cuando el término sea superior a un año; se impone la actualización de las obligaciones y la liquidación de intereses moratorios, etc.

Sin embargo, no señaló expresamente algunos aspectos: como el número de cuotas que pueden fijarse o la periodicidad de las mismas, así como su distribución. Al no estar estos puntos establecidos en la ley, los funcionarios pueden determinarlos en cada caso, en ejercicio de la facultad que la misma norma le otorga.

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la obligación de motivar adecuadamente las razones tenidas en cuenta para la estructuración del pago en cada caso en particular”(21) (resaltado fuera de texto).

Por consiguiente, los contribuyentes tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias dentro de los plazos fijados por el Gobierno Nacional y, por ende, el retardo, tardanza o incumplimiento de esta obligación implica la causación de intereses de mora; intereses que sólo se suspenden en el evento previsto en el artículo 634-1 estatuto tributario, aplicable en materia aduanera por remisión expresa del artículo 543 del Decreto 2685 de 1999.

Esto indica que la regla general es que el no cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias causa intereses de mora con cargo al contribuyente o responsable, independientemente de que en casos como el presente, se haya solicitado una facilidad de pago; figura que de manera alguna pretende privilegiar el pago tardío de los tributos y sin que pueda inferirse que la sola presentación de la facilidad de pago suspende la causación de intereses de mora.

Ahora bien, para decidir el asunto discutido, es preciso hacer el siguiente recuento de los hechos o circunstancias del caso concreto(22):

1. Mediante escritos radicados el 16 de agosto de 1996, el 9 de septiembre de 1997 y el 29 de septiembre de 1998, el representante legal de la Empresa de Teléfonos de Yumbo S.A. ESP, Teleyumbo S.A., empresa que cambió su razón social a Unitel S.A. ESP, le solicitó a la Administración Local de Aduanas de Cali se autorice un plazo de 12 años para la importación temporal a largo plazo de mercancías en arrendamiento, consistentes en “Aparatos emisores de radiotelefonía incluido aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido, Central de conmutación para 20.000 líneas cuyos componentes básicos constituyen una unidad funcional”, adquiridos bajo el sistema de leasing a la compañía extranjera Global Telecomunications Operations Inc(23).

2. Por medio de las resoluciones 7 de 30 de agosto de 1996 (proyecto UT-I), 0001 de 18 de septiembre de 1997 (proyecto UT-II) y 4 de 2 de octubre de 1998 (proyecto UT-III), la administración local de Aduanas de Cali concedió a favor de la Empresa de Teléfonos de Yumbo S.A. ESP (hoy Unitel S.A. ESP) un plazo de 12 años para la importación de unos bienes en arrendamiento sobre los cuales dicha compañía solicitó la importación temporal a largo plazo, concediendo la prerrogativa de pagar los tributos aduaneros semestre vencido en diez cuotas semestrales, debiendo en todo caso, pagar la totalidad de los tributos aduaneros causados, al llegar el quinto año de la importación temporal(24).

3. El 9 de diciembre de 2002 y ante el vencimiento de los cinco años de las importaciones temporales a largo plazo, Unitel S.A. ESP solicitó el otorgamiento de una facilidad de pago de los tributos aduaneros del proyecto UT-1 (US$ 411.274.80), petición que dio lugar al oficio 82 05i 065 175 14 3189 de 14 de mayo de 2003, por el cual la administración le comunicó a la sociedad la imposibilidad de acceder a la facilidad de pago por resultar extemporánea(25).

4. A través del oficio 983 de 25 de julio de 2003, la administración local de Aduanas de Cali le informó a la Administradora Local de Impuestos de Cali que la norma tributaria, aplicable a este caso, no restringe en el tiempo el derecho a solicitar una facilidad de pago, por lo que consideró procedente acceder a la solicitud presentada por Unitel S.A. ESP(26).

5. El 25 de agosto de 2003, Unitel S.A. ESP presentó nuevamente solicitud de facilidad de pago por la suma de US$ 411.274.80(27).

6. El 11 de septiembre de 2003, la jefe del grupo de facilidades de pago de la división de cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de Cali, mediante oficio 82 05i 061-14-6101, le comunicó al representante legal de la empresa que la “solicitud de facilidad de pago por los conceptos de impuestos y gravámenes aduaneros por importaciones a largo plazo leasing correspondiente al proyecto UT-1 por valor de US$ 411.276, más la actualización e intereses de mora que se causen, a cargo de la empresa (...), fue aprobada por la señora administradora de Aduanas Nacionales, en los términos solicitados y con las garantías ofrecidas”. Además, le informó que una vez emitido el acto administrativo —resolución facilidad de pago—, este no podrá ser modificado para incluir obligaciones por los mismos conceptos que se causen con posterioridad, motivo por el cual, se requirió a la sociedad para que confirme “por escrito en el menor tiempo posible si la facilidad debe salir exclusivamente por el valor inicialmente indicado (US$ 411.276) o se tienen valores adicionales por incluir, causados por otros proyectos, para que definitivamente sean incluidos en la facilidad a ser suscrita”(28).

El 1º de octubre de 2003, y en atención a lo advertido por la administración en el prenotado oficio, el representante legal de Unitel S.A. ESP solicitó “sean incluidos en la facilidad ya aprobada los valores correspondientes a los proyectos UT2 y UT3 cuyos valores respectivamente son US$ 3.419.019 y US$ 2.579.524”(29).

Mediante el oficio 8205001-00133 de 16 de febrero de 2004, el administrador local de Aduanas de Cali le comunicó al jefe grupo facilidades de pago - división de cobranzas que:

“De acuerdo con lo tratado en la reunión celebrada el pasado veintitrés (23) de enero, en la sala de juntas de la dirección regional la cual contó con su asistencia, en la que se planteó el tema de las facilidades de pago solicitadas por algunas empresas telefónicas del país, las cuales ingresaron mercancías bajo la modalidad de importación temporal a largo plazo (leasing), se estableció que aún no se ha declarado el incumplimiento de la modalidad, por falta de pago de los tributos aduaneros, razón por la cual en este momento es improcedente la aceptación o aprobación de una facilidad de pago, dado que no se dan los presupuestos legales para el otorgamiento de la misma, debiéndose agotar previamente, el procedimiento aduanero establecido en el Decreto 2685 de 1999, junto con sus reglamentarios, para posteriormente pasar los actos administrativos respectivos, debidamente ejecutoriados, a la división competente, con el objeto de establecer en esa instancia, la viabilidad de conceder la facilidad de pago”(30).

9. El 21 de mayo de 2004, la división de liquidación aduanera de la administración local de Aduanas de Cali profirió la Resolución 05 064A 2003 0670 0262 por medio de la cual (i) se declaró el incumplimiento de “las obligaciones aduaneras consistentes en el pago oportuno de los tributos aduaneros generados durante el término de permanencia en el país, de las mercancías importadas temporalmente a largo plazo en arrendamiento por parte del usuario importador Unitel S.A. ESP de NIT 800.224.2888” para el llamado proyecto UT-I, UT-II y UT-III; (ii) se ordenó la efectividad de las correspondientes pólizas de cumplimiento de disposiciones legales expedidas por la compañía aseguradora de fianzas Confianza S.A.; y (iii) se dispuso el pago de la suma de dinero restante a cargo del importador, tal como se discrimina a continuación:

 

ProyectoValor determinado de tributos e incumplimientoValor pólizasSaldo por pagar
UT-I$ 949.232.255.00$ 691.665.892.79$ 257.566.362.21
UT-II$ 8.094.292.059.00$ 4.744.161.362.30$ 3.350.130.696.70
UT-III$ 5.944.800.797.00$ 4.067.833.076.27$ 1.876.967.720.73
Total:$ 14.988.325.111.00$ 9.503.660.331.36$ 5.484.664.779.64

 

Acto administrativo contra el cual se informó que procedía el recurso de reposición y en subsidio de apelación(31).

10. El 7 de septiembre de 2004, la administración local de Aduanas de Cali expidió la Resolución 05 064A 2004 06 -56 007 mediante la cual desató el recuro de reposición interpuesto por Unitel S.A. ESP contra la Resolución 05 064A 2003 0670 0262 de 21 de mayo de 2004, confirmándola en todas sus partes(32).

11. El 28 de septiembre de 2004, la división de liquidación aduanera de la administración local de Aduanas de Cali profirió la Resolución 05 064A 2004 06-57 049 por medio de la cual corrigió de oficio las resoluciones 0262 de 21 de mayo de 2004, 6(33) y 7 de 7 de septiembre de 2004, por presentar error aritmético(34), así:

 

ProyectoValor determinado de tributos e incumplimientoValor pólizasSaldo por pagar
UT-I$ 949.232.255.00$ 691.665.892.79$ 257.566.362.21
UT-II$ 8.094.292.059.00$ 4.744.161.362.30$ 3.350.130.696.70
UT-III$ 6.107.041.113.00$ 4.067.833.076.27$ 2.039.208.036.80
TOTAL:$ 15.150.565.427.00$ 9.503.660.331.36$ 5.646.905.095.71

 

12. Contra la anterior decisión la sociedad interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue desatado mediante la Resolución 05 064A 2004 06-56 019 de 5 de noviembre de 2004 y el segundo por medio de la Resolución 05 72 0385 de 8 de noviembre de 2004, ambas en forma desfavorable a las pretensiones del recurrente.

13. El 16 de febrero de 2005, la división jurídica de la administración de Aduanas de Cali expidió la Resolución 82 05 072 00000893 por la cual revoca de manera parcial el artículo primero de la Resolución 05 72 0385 de 8 de noviembre de 2004, en el sentido de confirmar en todas sus partes la Resolución 05 064A 2003 0670 0262 de 21 de mayo de 2004, previo a considerar que en el acto administrativo de noviembre de 2004 se acogieron los valores señalados en el acto de corrección (Res. 49/2004), sin que este se encontrara en firme.

14. La Resolución 49 de 28 de septiembre de 2004 fue confirmada mediante la Resolución 05 72 00000911 de 17 de febrero de 2005.

15. El 31 de mayo de 2005, la Administradora de Impuestos Nacionales de Cali profirió la Resolución 808000014 mediante la cual se aprobó el respaldo ofrecido para el cumplimiento de la facilidad de pago solicitada el 11 de febrero de 2005(35) y se concedió el plazo de 60 meses, en 57 cuotas mensuales, teniendo en cuenta tres meses de gracia concedidos en octubre, noviembre y diciembre de 2005, a la sociedad Unitel S.A. ESP para que cancele la deuda con el fisco nacional por concepto de tributos aduaneros, “más los intereses moratorios que se causen durante el plazo”, por la suma total de $ 36.122.230.251, de los cuales, $ 15.183.519.125 corresponden a impuesto y $ 20.938.711.126 a intereses. Facilidad de pago que fue declarada sin vigencia con la expedición de la Resolución 811-000003 de 23 de enero de 2006. Acto administrativo en el que además se dispuso hacer efectiva la garantía otorgada por el contribuyente y liquidar los intereses de mora “desde la fecha de vencimiento de las obligaciones objeto de no pago hasta la fecha de su cancelación, a la Tasa vigente siempre y cuando esta no sea inferior a la Pactada, realizando las respectivas reimputaciones de conformidad con el (sic) artículos 814-3 y 804 del estatuto tributario”.

16. Posteriormente, el representante legal de Unitel S.A. ESP le solicitó a la administración plazo para pagar la deuda pendiente; petición que dio lugar a la Resolución 808-000009 de 10 de marzo de 2006 mediante la cual se aprobó el respaldo ofrecido para el cumplimiento de la facilidad de pago y se concedió el término de 36 meses, en cuotas variables para que la sociedad cancelara la deuda con el fisco nacional, por los conceptos, períodos y cuantías relacionados en el acto, “más los intereses moratorios con la tasa del 25.22% anual que se causen durante el plazo”. Fijando como suma total de la facilidad $ 32.914.272.903, de los cuales $ 14.743.780.903 corresponden a impuesto y $ 18.170.492.000 a intereses. Facilidad de pago que se dejó sin efecto por medio de la Resolución 811-000026 de 6 de octubre de 2006.

Del anterior recuento se resalta que el 9 de diciembre de 2002, la sociedad actora presentó una solicitud de facilidad de pago de los tributos aduaneros del proyecto UT-I, la cual fue negada por extemporánea mediante el oficio 82 05i 065 175 14 3189 de 14 de mayo de 2003. El 25 de agosto de 2003, la demandante radicó otra petición de facilidad de pago en relación con el proyecto UT-I, la cual fue ampliada a los proyectos UT-II y UT-III mediante solicitud de 1º de octubre de 2003.

El 11 de febrero de 2005, Unitel S.A. solicitó facilidad de pago para saldar la deuda pendiente por tributos aduaneros; facilidad que fue concedida a través de la Resolución 808000014 de 31 de mayo de 2005 y declarada sin vigencia mediante la Resolución 811-000003 de 23 de enero de 2006, lo que produjo que nuevamente el representante legal de la sociedad le solicitara plazo a la DIAN para pagar la deuda pendiente y que dio lugar a la Resolución 808-000009 de 10 de marzo de 2006 mediante la cual se concedió facilidad de pago, la cual se dejó sin efecto por medio de la Resolución 811-000026 de 6 de octubre de 2006.

Ahora bien, la Sala advierte que entre el 9 de diciembre de 2002 (fecha en la que se presentó la solicitud de facilidad de pago) y el 31 de mayo de 2005 (fecha en la que se expidió la resolución que concedió la facilidad requerida): (i) la administración profirió el oficio 82 05i 065 175 14 3189 de 14 de mayo de 2003, mediante el cual le informó a Unitel S.A. ESP que la solicitud de facilidad de pago fue rechazada por extemporaneidad; actuación que no fue cuestionada por la sociedad; (ii) la sociedad actora radicó una nueva facilidad de pago respecto del proyecto UT-I, la cual no se puede tener por definitiva, porque con posterioridad fue ampliada a los proyectos UT-II y UT-III.

Ahora bien, luego del 30 de septiembre de 2003 la DIAN adelantó el procedimiento de declaratoria de incumplimiento de la obligación aduanera (D. 2685/99, art. 146)(36) que culminó con la expedición del correspondiente acto administrativo en el que, además de ordenarse la efectividad de las pólizas de cumplimiento, se determinó el remanente definitivo con cargo a Unitel S.A. ESP, sobre el cual versa la facilidad de pago requerida por la sociedad, decisión que fue objeto de recursos en sede administrativa.

Sobre este punto la Sala observa que la concesión de la facilidad de pago es una facultad de la administración de impuestos y, por lo tanto, la sola presentación de la solicitud de facilidad de pago no implica per se que esta deba ser concedida inexorablemente por la DIAN, como tampoco que los intereses de mora se suspendan, pues estas consecuencias o efectos no están legalmente consagrados.

En efecto, no debe perderse de vista que lo que origina los intereses moratorios es el incumplimiento o cumplimiento tardío de las obligaciones a cargo del contribuyente, responsabilidad que no puede ser trasladada a la administración, máxime si se tiene en cuenta que, en este caso, la DIAN le ha otorgado dos facilidades de pago al contribuyente para que pague sus obligaciones fiscales pendientes respecto de los proyectos UT-I, UT-II y UT-III, pese a lo cual, en ambas oportunidades, la sociedad ha incumplido con los términos de las facilidades otorgadas.

Ahora bien, en relación con la decisión de la Administración en el sentido de que previo a pronunciarse sobre la aceptación o aprobación de la facilidad de pago solicitada por Unitel S.A. ESP se debía declarar el incumplimiento de la modalidad por falta de pago de los tributos, se observa que tal situación fue conocida por el representante legal de la sociedad, tal como se desprende de las páginas 17 y 18 de la Resolución 05 064A 2004 06-56 007 de 7 de septiembre de 2004(37), lo cual no fue controvertido por la demandante y, además, este argumento sólo fue planteado con ocasión del recurso de apelación.

En relación con la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca citada por la actora en el recurso de apelación, la Sala advierte que dicha providencia fue revocada por esta Sala en la sentencia de 19 de agosto de 2010, Exp. 17522, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, en la que en similar sentido a lo expuesto en esta ocasión, se consideró que la simple solicitud de la facilidad de pago no suspende la causación de intereses moratorios a cargo del contribuyente que incumple con el pago de los tributos aduaneros.

En esas condiciones, la Sala reitera que el otorgamiento de una facilidad de pago es una decisión potestativa de la administración y no está sujeta a plazos. Tampoco puede ser de recibo un argumento que pretenda convertir el incumplimiento del contribuyente en una carga o responsabilidad para la administración, cuando de una parte, no existe norma que determine que el término para decidir sobre una solicitud de facilidad de pago configure causal para suspender el cobro de intereses moratorios, ni en el caso, se advierte una conducta del demandante que demuestre una clara intención de ponerse al día con sus obligaciones pendientes de pago a pesar de las oportunidades que le han sido otorgadas por las oficinas de impuestos, a las que pretende culpar por su incumplimiento.

Así las cosas, se impone confirmar la sentencia de primera instancia, no sin antes advertir que no se observa que con el proceder de la administración se hayan interpretado en indebida forma las normas legales aplicables al presente asunto o se haya vulnerado el derecho al debido proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia de 5 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Reconócese personería al doctor Marco Alejandro Aponte Patiño como apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder que obra en el folio 400 de este cuaderno.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(20) Valor establecido para el año 2002, por el Decreto 2794 de 2001. Para el año 2003 ascendía a $ 49.800.000 y para el año 2006 a $ 59.328.000, conforme a los decretos 3257 de 2002 y 44715 de 2005, respectivamente.

(21) Sentencia de 15 de febrero de 2002, Exp. (10072), C.P. Ligia López Díaz.

(22) Varios de estos hechos se desprenden del contenido de los actos administrativos aportados con la demanda, los cuales no han sido controvertidos por la parte actora.

(23) Folio 86, c.p. 1.

(24) Folios 86-87, c.p. 1.

(25) Folios 180-181, c.p. 1.

(26) Folios 182-183, c.p. 1.

(27) Folio 184, c.p. 1.

(28) Folio 185, c.p. 1.

(29) Folio 186, c.p. 1.

(30) Folio 15, c.a. 1.

(31) Folios 6- 83, c.p. 1.

(32) Folio 85-103, c.p. 1.

(33) Con esta resolución se desató el recurso de reposición interpuesto por la compañía de seguros contra el acto administrativo que declaró el incumplimiento de las obligaciones aduaneras.

(34) Folios 104-113, c.p. 1

(35) Según el numeral segundo de la parte motiva de este acto administrativo, el representante legal de la sociedad, mediante escrito radicado el 11 de febrero de 2005, solicitó plazo para pagar la deuda pendiente (fl. 167, c.p. 1).

(36) Vigente para la época de los hechos.

(37) “(...) Como primera medida, en razón al argumento expuesto, este despacho abrió a pruebas solicitando a la división de cobranzas de la administración local de impuestos de Cali, explicar lo sucedido con respecto a las facilidades de pago aducidas por el recurrente, a lo cual el jefe grupo facilidades de pago de dicha división con oficio 820511061-14-5882 del 25 de agosto de 2004 responde lo siguiente: Con el fin de dar respuesta a sus solicitudes efectuadas en los oficios del asunto, me permito comunicarle, que las facilidades de pago por los conceptos de importación temporal a largo plazo (leasing), solicitadas por las telefónicas Unitel S.A., Empresa de Teléfonos de Jamundí S.A. ESP, Bugatel S.A. ESP, Telecartago S.A. ESP, Telepalmira S.A. ESP, no fueron concedidas, toda vez que el señor administrador de Aduanas Nacionales (sic), mediante oficio 8205001-00133 de febrero 16 de 2004 (cuya copia adjunto), informó que dicho procedimiento era improcedente, puesto que se estableció, que aún no se había declarado el incumplimiento de la modalidad por falta de pago de los tributos aduaneros. De esta decisión fue enterado el representante legal de Unitel en reunión sostenida con el señor administrador de Aduanas doctor Fidel Rodrigo Cruz Barreto” (fl. 101).