Sentencia 2005-02434 de diciembre 16 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 170012331000200502434 01 (18055)

Consejera Ponente:

Dr. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Delta Gres S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

Asunto: Impuesto sobre la renta y complementarios año gravable 2000

Fallo

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, corresponde a la Sala establecer la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Administración de Impuestos y Aduanas de Manizales determinó el impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2000 y aplicó sanción por no informar a la sociedad Delta Gres S.A.

Controvierte la entidad demandada, ahora apelante, la sentencia de primera instancia que anuló parcialmente los actos de determinación del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2000 por cuanto, considera que no hubo violación del debido proceso, pues la sociedad tuvo todas las garantías procesales.

El fundamento de la demanda es la violación del debido proceso, por cuanto la respuesta a la solicitud de prórroga para enviar la información requerida por la DIAN nunca fue notificada a la sociedad; la inspección tributaria se notificó días después de realizada y en el acta de la inspección contable los funcionarios manifestaron que el tiempo no era suficiente para practicar la totalidad de las pruebas. En la liquidación oficial de revisión se rechazan unos pasivos, costos, descuentos tributarios, etc. y se sanciona por no enviar información.

En la sentencia impugnada, respecto a la prórroga solicitada por la sociedad, se anota que “... El representante legal de la sociedad, solicitó a la división de fiscalización una prórroga de 10 días para enviar la información completa. Dicha solicitud fue presentada el día 1º de julio de 2002 (fl. 8, cdno. 2).Sin embargo dicho oficio no llegó al destinatario, tal y como lo certificó el jefe de operaciones de la Administración Postal de Manizales, porque no se encontró la dirección, razón por la cual el citado oficio fue devuelto a la DIAN el día 17 de julio de 2002 (ver fl. 637, cdno. 2). También se puede observar la planilla adjunta (fl. 638, cdno. 2). La razón por la cual el oficio de la DIAN fue devuelto es explicable, porque el oficio que obra a folio 12, del cuaderno 2, fue remitido a la ciudad de Manizales, cuando debió remitirse al municipio de Supía, Caldas.

(...) Se concluye entonces que la DIAN incurrió en grave error al enviar el Oficio 8410076-1334 del 4 de julio de 2002, a un municipio equivocado. (...) Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, el tribunal considera que se debe anular la sanción que por extemporaneidad le fue impuesta a la sociedad Delta Gres S.A., porque se violó el debido proceso, al no tenerse certeza la fecha a partir de la cual se contabiliza la extemporaneidad sancionada. (...).

Respecto de la inspección tributaria precisa que “... hubo una clara y flagrante violación al debido proceso por parte de la DIAN, puesto que practicó la inspección tributaria cuando aún no se había notificado el auto que la ordenaba, con lo cual se violó o por lo menos se menoscabó el efectivo derecho de defensa. No puede omitir la DIAN las formalidades propias de la investigación tributaria, bajo la excusa de que la inspección fue solicitada por la sociedad contribuyente. Aceptar tal explicación de la DIAN nos llevaría a un procedimiento arbitrario, sin verdaderas oportunidades de defensa. (...)”.

En cuanto a la inspección contable afirma que “... es inaceptable que los servidores de la DIAN, argumenten falta de tiempo en la inspección contable, específicamente en lo que respecta a los ajustes por inflación. Ello es violatorio del debido proceso, y específicamente del derecho de defensa, puesto que la sociedad contribuyente tenía y tiene el derecho de que la prueba se practique en forma integral (sic), y si para ello se requería de varios días, así tenía que hacerlo la DIAN. El tribunal no acepta las explicaciones de la DIAN en el sentido de que existían otras pruebas supletorias relacionadas con los ajustes por inflación, puesto que el derecho de defensa lo ejerció la sociedad contribuyente, con apoyo en la inspección contable (...)”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala procede a analizar los cargos presentados contra los actos acusados, de acuerdo con los términos de la apelación.

1. Legalidad de la sanción por no enviar información.

El fundamento legal para aplicar las sanciones relativas a la información que deben suministrar los contribuyentes y no contribuyentes, es el artículo 651 del estatuto tributario, disposición que propone cuatro hechos sancionables:

1. No suministrar información estando obligado a ello;

2. Suministrar la información en forma extemporánea;

3. Que la información suministrada presente errores, y

4. Que la información suministrada no corresponda a la solicitada.

El literal b) del artículo 651 del estatuto tributario plantea el desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la administración de impuestos.

Para imponer sanciones debe mediar para el afectado la oportunidad de defenderse y el derecho a un debido proceso.

El artículo 29 de la Constitución Política establece:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

(...).

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

Es decir, se vulnera el debido proceso cuando se imponen multas o medidas correctivas a una persona, sin otorgarle la oportunidad de ser oída y vencida en sede administrativa y judicial.

En el caso sub examine, la sociedad demandante justifica su retraso en la entrega de la información, en el hecho de no haber recibido notificación alguna por parte de la administración respecto de su solicitud de prórroga de diez (10) días para informar, lo que considera necesario para que se revoque el acto administrativo de determinación y sanción por ser violatorio del debido proceso.

Considera la Sala que si bien existió una irregularidad en la notificación del oficio de fecha 4 de julio de 2002, mediante el cual se autorizaba el plazo adicional solicitado por la contribuyente, para dar respuesta a la solicitud de información de fecha 12 de junio de 2002, pues este no se notificó a la dirección informada por Delta Gres ya que se envío a la ciudad de Manizales-Caldas y no al municipio de Supía-Caldas, circunstancia que no es suficiente para exonerar de la obligación de informar a la demandante.

El artículo 686 del estatuto tributario dispone:

Deber de atender requerimientos. Sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones tributarias, los contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, así como los no contribuyentes de los mismos, deberán atender los requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones que realice la administración de impuestos, cuando a juicio de esta, sean necesarios para verificar la situación impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos.

En efecto, la norma citada hace referencia a los deberes dirigidos a particulares, contribuyentes o no, sujetos al control de la DIAN, que deben suministrar información de los hechos económicos que pueden afectar el ámbito tributario. Es decir, la obligación de los contribuyentes de atender los requerimientos de información o pruebas que haga la administración tributaria, cuando se requiera para verificar su situación fiscal o la de terceros.

Resalta la Sala que la obligación tributaria sustancial tiene por objeto obtener el pago del impuesto(26), pero para que el Estado establezca si se ha cumplido con esta obligación, la ley determina otros deberes a cargo de los contribuyentes o no contribuyentes, los cuales son complementarios a la obligación tributaria sustancial.

De acuerdo con lo anterior, los deberes complementarios son puntualmente obligaciones de hacer o no hacer, que facultan al Estado a verificar el correcto cumplimiento del pago del tributo.

Observa la Sala que la sociedad demandante no aportó la información solicitada por la administración, por cuanto en el Oficio 8410076181-01102 del 12 de junio de 2002 se le solicitó la siguiente información y nunca fue presentada en su totalidad:

1. Copia de la escritura pública de constitución y/o certificado de existencia y representación legal, expedido con una antelación no mayor a cuatro meses.

2. Descripción detallada de los ingresos, costos y deducciones declarados.

3. Si ha hecho uso de rentas exentas, especificar los conceptos y las cuantías por las cuales solicitaron rentas exentas.

4. Descripción y discriminación detallada de los descuentos tributarios, con los soportes respectivos.

5. Descripción y discriminación detallada de los renglones ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, especificando los conceptos y cuantías.

6. Descripción detallada del cálculo de la renta presuntiva.

7. Si ha hecho uso de gastos deducibles por contratos de arrendamiento financiero o leasing, indicar la cuantía y enviar copia del citado contrato.

8. Balance general y estado de resultados, debidamente certificado por contador público o revisor fiscal.

La actora menciona en la demanda que con ocasión de la respuesta al requerimiento especial, de fecha 16 de mayo de 2003, envía los listados detallados de ingresos, costos, deducciones y descuentos tributarios; se reitera no aportó la totalidad de la información solicitada.

En ese contexto, no puede afirmarse, como lo hace el a quo, que el hecho de haber enviado la administración tributaria la respuesta a la solicitud de prórroga para el suministro de la información, a otro municipio y no al de la sociedad, viole el debido proceso como derecho fundamental, pues si la sociedad no recibió respuesta, debió considerar que la solicitud había sido negada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo, y presentar la información.

Por otro lado, no comparte la Sala el reconocimiento que hace el a quo cuando declara que después del requerimiento especial, la sociedad contribuyente aportó la información, pues, como se anotó, solo envió el detalle de ingresos, costos, deducciones y descuentos tributarios y no presentó la información relacionada con las rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, la renta presuntiva, contratos de arrendamiento financiero o leasing y la copia de la escritura pública de constitución y/o certificado de existencia y representación legal.

Así las cosas, la sanción impuesta por la Administración de Impuestos y Aduanas de Manizales a la sociedad Delta Gres S.A., se encuentra ajustada a la ley, por cuanto, vencido el plazo inicial de quince (15) días otorgados en la solicitud del 12 de junio de 2002, esta debió presentar la información solicitada y quedó demostrado que no la suministró.

La administración fijó la sanción en $ 120.671.000, con fundamento en el artículo 651 del estatuto tributario. La demandante no controvirtió esa liquidación en el recurso de reconsideración ni en la demanda; en el expediente no aparecen documentos pertinentes y suficientes para desconocer el valor base de liquidación. En consecuencia, la sanción se mantendrá en la suma fijada por la administración, en $ 120.671.000.

No prospera el cargo.

2. Irregularidades en la práctica de la inspección tributaria.

El estatuto tributario consagra lo siguiente:

“ART. 779.—Inspección tributaria. La administración podrá ordenar la práctica de inspección tributaria, para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales.

Se entiende por inspección tributaria, un medio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la administración tributaria, para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias.

La inspección tributaria se decretará mediante auto que se notificará por correo o personalmente, debiéndose en él indicar los hechos materia de la prueba y los funcionarios comisionados para practicarla.

La inspección tributaria se iniciará una vez notificado el auto que la ordene. De ella se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustenta y la fecha de cierre de investigación debiendo ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron.

Cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación administrativa, el acta respectiva constituirá parte de la misma.

(...)”.

La inspección es un medio de prueba, en el que prevalece la labor del funcionario, en la cual este revisa directamente los hechos que se relacionan con el proceso, verifica su existencia y demás situaciones relacionadas con la investigación; para su validez probatoria es necesario que la ordene el funcionario autorizado para ello, generalmente el jefe de división de fiscalización del domicilio del contribuyente, realizada por los funcionarios comisionados, notificada dentro del término legal o sea antes de que se produzca la firmeza de la declaración privada y, en caso de inspección contable, se requiere la presencia de un contador público.

Si como resultado de la inspección se establece que existe inexactitud entre lo declarado y lo verificado, la administración tributaria expedirá requerimiento especial; el contribuyente tiene tres meses para contestarlo. Si la corrección y las pruebas no son aceptadas por la administración o si el contribuyente no responde el requerimiento especial, se proferirá la liquidación oficial de revisión.

Practicada la liquidación oficial de revisión, el contribuyente tiene otra oportunidad para aportar las pruebas que demuestren que entre los hechos declarados y la realidad económica no hay imprecisión, interponiendo el recurso de reconsideración y si decidido el recurso, continua la inconformidad del contribuyente, puede acudir a la vía jurisdiccional.

Acorde con las pruebas que se aportan al expediente, se establece lo siguiente:

La administración tributaria, una vez analizada la respuesta al requerimiento especial, enviada por la sociedad Delta Gres S.A., emite el Oficio 8410064-219 de fecha 7 de julio de 2003, mediante el cual le solicita el número, fecha y valor de las facturas de compra venta relacionadas con los renglones “total ingresos netos”, “total costos”, “total deducciones”, “descuentos tributarios” y “total retenciones año gravable 2000”, debidamente certificados. En cuanto a los descuentos tributarios indicar el año de recibo de los CERTs, copia del documento con el cual hizo la contabilización al momento de la expedición y de la utilización.

En el mismo oficio, advierte la administración que los patrimonios líquidos de los años 1999 y 2000 presentan una diferencia de $ 139.367.000, la cual al ser comparada con la renta gravable del año 2000 arroja una diferencia patrimonial, por lo tanto, se debe justificar.

El 22 de julio de 2003(27), el representante legal responde el oficio en cita, indicando que en vista de que para la administración no fue suficiente las pruebas presentadas en la respuesta al requerimiento especial, y dada la cantidad de información requerida, solicita la práctica de una inspección tributaria a los libros y comprobantes de contabilidad por el año gravable 2000. En cuanto a los CERTs manifiesta que en la respuesta al requerimiento se informó que el valor durante el año gravable fue de $ 2.300.000, sobre los cuales solicitaron el 35% como descuentos tributarios.

Frente a la diferencia por valor de $ 139.367.000 precisó que esta obedece a los ajustes por inflación del patrimonio por el año 2000, asciende a la suma de $ 130.705.000, tal y como consta en la declaración tributaria. Adicionalmente, se capitalizaron utilidades por valor de $ 7.797.000 y una reserva legal por $ 866.000; anota que tal como lo certificó el revisor fiscal, en el año 2000 se dejaron de solicitar costos y deducciones por la suma de $ 74.705.000, por lo cual, la renta gravable declarada difiere en esa cantidad, en relación con la contablemente capitalizable.

El 13 de agosto de 2003, la Administración de Impuestos y Aduanas de Manizales profirió el Auto de Inspección Tributaria 100642003000001, que fue notificado el mismo día al revisor fiscal de la demandante en la ciudad de Manizales, tal como se desprende del acuse de recibo correo certificado 36-80475(28); el 15 de agosto se notificó a la dirección de la sociedad en el municipio de Supía-Caldas(29).

El 14 de agosto, se llevó a cabo la inspección tributaria en las instalaciones de la sociedad en el municipio de Supía-Caldas(30).

De lo anterior la Sala concluye:

La práctica de la inspección tributaria, realizada el 14 de agosto de 2003, se surtió después de notificado el auto que la ordenaba, pues se le notificó al revisor fiscal, según consta en el poder conferido por el representante legal, estaba autorizado para dar respuesta al oficio del 8 de julio de 2003(31).

En ese orden de ideas, no hubo violación al artículo 779 del estatuto tributario que dispone que la inspección tributaria se iniciará una vez notificado el auto que la ordene. Por otro lado, no puede afirmar la sociedad demandante que no tuvo oportunidad para organizar la documentación requerida por la DIAN, pues fue ella quien la solicitó, debiendo, en el momento de la solicitud, tener todos los documentos, incluso aquellos que se encontraban en la ciudad de Medellín. En consecuencia, no puede predicarse que la inspección fue realizada de forma sorpresiva o arbitraria, pues esta fue realizada a petición de la demandante.

Por otro lado, la inspección tributaria se llevó a cabo y fue atendida por el revisor fiscal, apoderado de la sociedad, quien suministró la información solicitada y no manifestó oposición a la misma. De lo anterior, es claro para la Sala que no hubo violación de las garantías procesales de la contribuyente, pues la sociedad, en caso de no estar de acuerdo, tenía la oportunidad de manifestarlo y dejarlo consignado en el acta.

En ese orden, no comparte la Sala la posición del a quo frente a la ampliación al requerimiento especial, pues esta goza de plena validez por cuanto la administración tributaria goza, según el artículo 708 del estatuto tributario, de facultad para hacerlo, con el fin de profundizar sobre los hechos ya incluidos en el requerimiento, o como en el caso en estudio, incluir hechos nuevos, al punto que le permitió obtener mayor información sobre los pasivos.

No prospera el cargo.

3. Irregularidades en la práctica de la inspección contable.

Con ocasión de la respuesta a la ampliación del requerimiento especial 84100642003900001 del 15 de agosto de 2003, el representante legal de la sociedad solicitó una inspección contable a los archivos de la empresa.

El 19 de abril de 2004, la división de liquidación de la administración tributaria profiere el Auto de Inspección Contable 100642004000001, notificado por correo certificado el 20 de abril del mismo año(32); la diligencia se realizó el 3 de mayo de 2004.

El estatuto tributario dispone:

ART. 782.—Inspección contable. La administración podrá ordenar la práctica de la inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravados o no, y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales.

De la diligencia de inspección contable, se extenderá un acta de la cual deberá entregarse copia una vez cerrada y suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes.

Cuando alguna de las partes intervinientes, se niegue a firmarla, su omisión no afectará el valor probatorio de la diligencia. En todo caso se dejará constancia en el acta.

Se considera que los datos consignados en ella, están fielmente tomados de los libros, salvo que el contribuyente o responsable demuestre su inconformidad.

Cuando de la práctica de la inspección contable, se derive una actuación administrativa en contra del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, o de un tercero, el acta respectiva deberá formar parte de dicha actuación.

En ese contexto, la administración tributaria realizó la inspección contable con el fin de verificar la exactitud de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2000; en el acta que debe extenderse, los funcionarios visitadores precisaron que no pudieron verificar el ajuste por inflación al patrimonio líquido, razón por la cual considera la demandante que la actuación administrativa es nula por violación de sus derechos constitucionales de defensa y del debido proceso.

Al respecto considera la DIAN, que existían otras pruebas supletorias para determinar el ajuste por inflación al patrimonio.

No comparte la Sala la afirmación de la DIAN por lo siguiente:

Los ajustes integrales por inflación se utilizaban, antes de ser eliminados por el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006, para determinar el valor de los activos, pasivos, patrimonio, los resultados y las cuentas de orden de las personas o entidades sometidas al sistema; en materia impositiva se empleaban para establecer el valor fiscal de los activos y pasivos, el patrimonio líquido, la renta gravable o la pérdida fiscal y el impuesto de renta y complementarios.

Para efectos contables y fiscales están obligados a aplicar el sistema de ajustes integrales por inflación todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a llevar libros de contabilidad.

Por su parte los artículos 343 y 345 del estatuto tributario disponían:

ART. 343.—Los pasivos no monetarios poseídos el último día del año, tales como: pasivos en moneda extranjera, en UPAC o pasivos sobre los cuales se ha pactado un reajuste del principal, deben ajustarse con base en la tasa de cambio al cierre del año para la moneda en la cual fueron pactados, en la cotización del UPAC a la misma fecha o en el porcentaje de ajuste que se haya convenido dentro del contrato de empréstito, según el caso, registrando el ajuste como mayor valor del pasivo. Como contrapartida, se debe registrar un gasto por igual cuantía, salvo cuando deba activarse.

ART. 345.—El patrimonio líquido al comienzo de cada período, debe ajustarse con base en el PAAG, salvo cuando dicho patrimonio sea negativo, en cuyo caso no se efectúa este ajuste. Como contrapartida se llevará un débito a la cuenta de corrección monetaria por igual cuantía.

Para efectos comerciales, el patrimonio inicial de cada año debe ser objeto de tal ajuste, registrando el mismo como un mayor valor del patrimonio en la cuenta de revalorización del patrimonio.

La cuenta de revalorización del patrimonio forma parte del patrimonio de los años siguientes, para efectos del cálculo a que se refiere el inciso anterior. El valor reflejado en esta cuenta no podrá distribuirse como utilidad a los socios o accionistas, hasta tanto se liquide la empresa o se capitalice tal valor de conformidad con lo previsto en el artículo 363-3 del estatuto tributario, en cuyo caso se distribuirá como un ingreso no gravado con el impuesto sobre la renta y complementarios.

Bajo el sistema de ajustes integrales por inflación, son objeto de los mismos no solo los activos no monetarios sino los pasivos no monetarios y el patrimonio líquido, como lo señalan los artículos transcritos. Como obra en el asunto de autos, la autoridad tributaria planteó el ajuste de los activos no monetarios aplicando el PAAG anual determinado en el artículo 338 del estatuto tributario(33), lo que determinó un mayor ingreso por inflación por valor de $ 10.251.000, pero no hizo lo propio en relación con los pasivos no monetarios y el patrimonio líquido. Por el contrario, en el acta de la inspección contable, la administración afirma que no alcanzó a cerrar el trabajo de revisión y verificación contable para el propósito de la determinación de los ajustes por inflación.

Siendo esto así, observa la Sala que la entidad demandada incumplió lo dispuesto por el artículo 350 del estatuto tributario, que ordena fijar la utilidad o pérdida por exposición a la inflación mediante el registro de las partidas crédito de la cuenta de corrección monetaria (ajuste sobre los activos no monetarios), menos los registros débito de la misma cuenta (ajuste de los pasivos no monetarios y el patrimonio líquido), y por consiguiente, no fijó de acuerdo con la ley ni estableció prueba legal en relación con dicho concepto.

En ese orden, la Sala no comparte la adición de ingresos por valor de $ 10.251.000 por aplicación de ajustes integrales por inflación, por cuanto le asiste razón a la demandante, cuando en la respuesta a la ampliación al requerimiento especial advierte que los ajustes no solo se le aplican a los activos no monetarios, sino también a los pasivos no monetarios, entre ellos el patrimonio; lo que significa que si la administración tributaria modifica el monto de los ingresos por efectos de la aplicación de los ajustes, también debe modificar el monto de los egresos, por aplicación del porcentaje a los pasivos no monetarios.

Así las cosas, la Sala modificará la liquidación oficial de revisión, en el sentido de excluir del renglón “total ingresos netos” la suma de $ 10.251.000 y quedará tal como fue denunciado por la sociedad en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2000.

En consecuencia, la nueva liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2000 para la sociedad Delta Gres S.A. queda en los siguientes términos:

ConceptoDeclaración privadaLiquidación oficialLiquidación Consejo de Estado
Total ingresos brutos1.247.561.0001.257.812.0001.247.561.000
Devoluciones, descuentos y rebajas000
Dividendos y participaciones000
Otros ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional000
Total ingresos netos1.247.561.0001.257.812.0001.247.561.000
Costos de ventas (para sistema permanente)1.052.364.000967.796.000967.796.000
Inventario inicial000
Mas compras000
Mano de obra directa, salarios, prestaciones y otros000
Intereses y costos financieros000
Costos indirectos de fabricación000
Menos inventario final000
Otros costos000
Total costos1.052.364.000967.796.000967.796.000
Acciones y aportes000
Activos fijos119.324.000119.324.000119.324.000
Otros activos no monetarios62.741.00062.741.00062.741.000
Disminución patrimonio líquido000
Amortización corrección monetaria diferida000
Cifra de control 2182.065.000182.065.000182.065.000
Mas comisiones,, honorarios y servicios000
Salarios y pres y otros concep. lab.000
Intereses y demás gastos financieros nacionales000
Gastos efectuados en el exterior000
Depreciación amortización y agotamiento000
Deducción IVA por bienes de capital000
Otras deducciones (Serv. públicos, fletes, seguros y etc.)112.695.000112.695.000112.695.000
Total deducciones112.695.000112.695.000112.695.000
Renta líquida del ejercicio82.502.000177.321.000167.070.000
Compensación por pérdidas000
Renta líquida82.502.000177.321.000167.070.000
Pérdida líquida000
Renta presuntiva68.675.00068.675.00068.675.000
Menos renta exentas ley Páez000
Eje cafetero000
Menos otras rentas exentas000
Total rentas exentas000
Renta líquida gravable68.675.000177.321.000167.070.000
Ingresos susceptibles de constituir ganancias ocasionales000
Impuesto sobre renta gravable24.036.00062.062.00058.474.000
Impuesto IVA por bienes de capital000
Generación de empleo000
 000
Otros descuentos tributarios805.000323.000323.000
Impuesto neto de renta23.231.00061.739.00058.151.000
Impuesto recuperado000
Impuesto neto de renta23.231.00061.739.00058.151.000
Impuesto de ganancias ocasionales000
Impuesto de remesas000
Impuesto a cargo/impto. generado por operaciones gravables23.231.00061.739.00058.151.000
Remesas y pagos al exterior000
Rendimientos financieros000
Honorarios, comisiones y servicios000
Arrendamientos000
Ventas9.386.0004.127.0004.127.000
Autorretenciones000
Otros conceptos000
Total retenciones año gravable9.386.0004.127.0004.127.000
Menos saldo a favor sin sol. de devol. o Comp./período fiscal anterior000
Menos anticipo por el año gravable000
Mas anticipo por el año gravable siguiente7.869.0007.869.0007.869.000
Más sanciones0120.671.000120.671.000
Total saldo a pagar21.714.000186.152.000182.564.000
Total saldo a favor000

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral primero (1º) de la sentencia del 29 de septiembre de 2009 del Tribunal Administrativo de Caldas dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Delta Gres S.A. contra la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, el cual quedará así:

1. Anular parcialmente la Liquidación Oficial de Revisión 1006420004000015 del 12 de mayo de 2004, y la Resolución Confirmatoria 1007722005000013 de abril 28 de 2005 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, correspondiente a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2000 a cargo de la sociedad Delta Gres S.A.

2. REVÓCASE el numeral segundo de la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. A título de restablecimiento del derecho declárase que la sociedad Delta Gres S.A. por el impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2000 debe la suma de $ 61.893.000 mas la sanción por no informar de $ 120.671.000, para un total a pagar de $ 182.564.000, de acuerdo con la liquidación inserta en la parte motiva de esta providencia.

4. RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Rocío del Pilar Ochoa Soto como apoderada de la parte demandada, según poder que obra en el folio 305 del cuaderno principal del expediente.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(26) Estatuto tributario, artículo 1º. La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.

(27) Folios 146 a 147 del cuaderno de antecedentes.

(28) Folios 161 a 162 del cuaderno de antecedentes.

(29) Folios 163 a 164 del cuaderno de antecedentes.

(30) Folios 264 a 265 del cuaderno de antecedentes.

(31) Folio 148 del cuaderno de antecedentes.

(32) Folios 299 a 300 del cuaderno de antecedentes.

(33) ART. 338.—Ajuste de los demás activos no monetarios. En general, deben ajustarse de acuerdo con el PAAG, con excepción de los inventarios y de las compras de mercancías o inventarios, todos los demás activos no monetarios que no tengan un procedimiento de ajuste especial, entendidos por tales aquellos bienes o derechos que adquieren un mayor valor nominal por efecto del demérito del valor adquisitivo de la moneda.