Sentencia 2005-02485 de mayo 2 de 2013

 

Sentencia 2005-02485 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 08001233100020050248501

Nº Interno: 2108-11

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

Autoridades departamentales

Actor: Reinaldo de Jesús Peñaloza Mejía

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico se circunscribe a determinar la legalidad de la Resolución 1 de 18 de abril de 2005 por la cual el gerente liquidador de la ESE Hospital Universitario de Barranquilla, suprimió el cargo que ocupaba como médico código 31032.

El actor señala que la resolución acusada desconoce el procedimiento previsto en el artículo 22 del Decreto 170 de 6 de abril de 2005, en razón a que el agente liquidador omitió presentar para aprobación ante la junta liquidadora y el secretario de salud departamental, el programa de supresión de empleos.

De igual manera, expone que el Gobernador del Atlántico no tiene competencia para suprimir los cargos en la entidad, por ser una función atribuida exclusivamente al agente liquidador, previa aprobación de su junta liquidadora.

En aras de desarrollar los cargos expuestos por el demandante, se efectuará el siguiente recuento normativo:

El artículo 305 de la Constitución Política prevé las atribuciones del gobernador en los siguientes términos:

“7) crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado.

8) Suprimir o misional las entidades departamentales de conformidad con las ordenanzas.

15) Las demás que señale la Constitución, las leyes y las ordenanzas.

…”.

Por su parte el Código de Régimen Departamental, Decreto 1222 de 1986 establece:

ART. 94.—Son atribuciones del gobernador.

9. Crear, suprimir y fusionar los empleos que demanden los servicios departamentales y señalar sus funciones especiales, lo mismo que fijar sus emolumentos

De las anteriores normas se desprende que al gobernador por disposición constitucional, se le atribuye dentro de sus funciones, suprimir o fusionar entidades departamentales, de conformidad con las ordenanzas respectivas.

En cumplimiento de las disposiciones en comento, la asamblea departamental otorgó facultades al Gobernador del departamento del Atlántico para reestructurar, crear, suprimir, liquidar, escindir, fusionar o transformar las entidades del sector descentralizado del orden departamental, que conforman la red pública hospitalaria, por un término de seis (6) meses (fl. 70).

En el marco de la disposición en comento se estableció que para realizar la supresión, liquidación, escisión y/o transformación de las entidades del sector descentralizado del orden departamental, se debe presentar alguna de las siguientes causales: (fl. 70)

“1. Los objetivos señalados al organismo o entidad en el acto de creación haya perdido su razón de ser.

2. Los objetivos y funciones a cargo de la entidad sean transferidos a otros entes del orden nacional, departamental, distrital o municipal.

3. Los estudios técnicos sobre la gestión administrativa, financiera y técnica determinen la inviabilidad de la entidad y en consecuencia recomienden su reestructuración, supresión, liquidación, escisión, fusión o transformación (resalta la Sala).

4. Exista duplicidad de objetivos y/o funciones esenciales con otras entidades.

5. Siempre que como consecuencia de la descentralización de un servicio, la entidad pierda la respectiva competencia”.

6. Cuando por razones de austeridad fiscal o de deficiencia administrativa sea necesario concentrar funciones en una sola entidad”.

Es así como el departamento del Atlántico avaló técnicamente y presentó al Ministerio de la Protección Social el estudio de la prestación pública de servicios de salud en su territorio, en la propuesta de rediseño, reorganización y modernización de la red departamental, mediante procesos de reestructuración, ajuste, fusión, liquidación y creación de IPS públicas.

Este análisis se llevó a cabo en consideración a que el Hospital atravesaba por una preocupante situación financiera, patrimonial y de prestación de servicios, la cual tuvo al borde de la suspensión de servicios a la comunidad y de una cesación de pagos a sus trabajadores y demás acreedores” (fl. 149). Dentro de la implementación de este proceso se tuvieron en cuenta las siguientes situaciones particulares del personal (fls. 166-169):

“…

a) Protección legal de los servidores públicos aforados tanto en su calidad de directivos sindicales como de socios fundadores.

b) Personal con derecho adquirido para acceder a su pensión de jubilación o que cumplan con estas condiciones en el transcurso de 2005.

c) Personal que padece de enfermedad catastrófica.

d) Funcionarias en estado de embarazo certificado.

  1. Cálculo de las indemnizaciones y prestaciones sociales.
 

  1. Estimación de costos asociados al proceso de liquidación.
 

  1. Definición de deudas laborales y no laborales.
 

  1. Estimación de un pasivo contingente.
 

  1. Estimación de los gastos de funcionamiento que demandará la empresa en liquidación durante un periodo de tiempo probable de dos años.
 

  1. Cálculo de ingresos de la empresa en liquidación para atender las obligaciones que demande el proceso.
 

  1. Formulación de plan de contingencia que garantice la continuidad en el servicio asistencial a los pacientes vinculados al departamento.
 

  1. Estudio jurídico para determinar la situación a futuro con respecto a la estampilla pro hospital universitario.
 

  1. Costos estimados del retiro de personal”.
 

Con ocasión del estudio en comento, el Departamento Nacional de Planeación emitió comunicación dirigida al Ministerio de la Protección Social en la cual profirió concepto favorable para el proceso de liquidación de la ESE Hospital Universitario de Barranquilla, argumentando entre otras razones la grave crisis financiera de la entidad, el estado de los pasivos acumulados y la insostenibilidad operacional de la institución en el corto, mediano y largo plazo.

En virtud de la ejecución del programa de reorganización, rediseño y modernización de la red de prestación de servicios de salud adelantado por el Ministerio de la Protección Social con el departamento del Atlántico, se suscribió el convenio de desempeño 388 de 29 de diciembre de 2004, con el objeto de señalar los términos y condiciones bajo los cuales el departamento se obliga a implementar las acciones requeridas para el rediseño y modernización de la red pública de servicios de salud, mediante procesos de reestructuración y liquidación de la entidad.

En vista de lo anteriormente señalado, se encuentra que la supresión del empleo del actor obedeció a claros mandatos constitucionales y legales, al encontrarse acreditado que en el numeral 8º del artículo 305 de la Constitución, se atribuye dentro de las funciones del gobernador las de suprimir o fusionar entidades departamentales, de conformidad con la autorización de la asamblea departamental.

Otro de los cargos citados por la parte actora se refiere a que la resolución acusada desconoce el procedimiento previsto en el artículo 22 del Decreto 170 de 6 de abril de 2005, en razón a que el agente liquidador omitió presentar para aprobación ante la junta liquidadora y el secretario de salud departamental, el programa de supresión de empleos. No obstante, a folio 99 obra constancia suscrita por el asesor de comunicación del despacho de la Gobernación del Atlántico que da cuenta de la expedición de la Resolución 1 de 15 de abril de 2005 por medio de la cual se aprueba la supresión de empleos en el Hospital Universitario de Barranquilla. El oficio señala:

“damos constancia de la publicación de la Resolución 1 del 15 de abril de 2005, en la Gaceta Departamental 7745 publicada el 18 de abril de 2005, en la que consta:

“República de Colombia

Departamento del Atlántico

Junta liquidadora

Acuerdo 1 del 15 de abril de 2005

Por medio del cual se aprueba el programa de supresión de empleos

Se suprimirán de la firma de la resolución administrativa proferida por el liquidador de la ESE Universitario de Barranquilla en Liquidación, todos los empleos de la planta de personal…” (fl. 99).

Finalmente, es preciso señalar que la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, en su artículo 41 establece las causales de retiro del servicio dentro de las cuales se encuentra la supresión del empleo, y en el artículo 44 prescribe los derechos que les asisten a los empleados inscritos en carrera, así:

“Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización”.

En el sub judice, la parte actora no demostró su inscripción en el escalafón de carrera, ni solicitud alguna presentada por el hospital para su inscripción. En este orden, se tiene que al demandante no le asiste derecho para reclamar la indemnización por supresión del cargo, por no estar inscrito en carrera administrativa.

Las anteriores razones llevan a la Sala a considerar que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto demandado, lo que impone confirmar la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de quince (15) de junio de dos mil once (2011), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso promovido por Reynaldo de Jesús Peñaloza Mejía contra el departamento del Atlántico ESE Hospital Universitario de Barranquilla en Liquidación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»