Sentencia 2005-02508/43531 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000-23-26-000-2005-02508-01 (43531)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Actor: Edgar Ríos Valencia y otros

Demandado: La Nación-rama judicial y Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Corresponde a la sala conocer el presente asunto, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia(2), tal como fue entendida en decisión de Sala Plena, la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, por hechos de la administración de justicia, debe ser conocida por esta corporación.

2. Caducidad de la acción.

La jurisprudencia ha precisado, en lo que tiene que ver con los asuntos donde se depreca la responsabilidad de la administración por privación injusta de la libertad, que el término de los dos años para contabilizar la caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluye la investigación o que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso(3).

En el sub lite se invoca la responsabilidad de la Nación-rama judicial y Fiscalía General de la Nación por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad sufrida por el señor Edgar Ríos Valencia.

Ahora, conforme a las pruebas allegadas al plenario, resulta acreditado que i) el señor Edgar Ríos Valencia estuvo privado de la libertad entre el 14 de junio de 2000(4) y el 7 de noviembre de 2003, fecha en la que se libró boleta de libertad(5), en cumplimiento de lo ordenado por sentencia del 31 de octubre de 2003 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Penal—, ejecutoriada el 14 de enero de 2004(6). De manera que, como la demanda se presentó el 3 de noviembre de 2005, lo fue en el término establecido en el artículo 136.8 del CCA.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la sala determinar sí el daño antijurídico invocado por el señor Edgar Ríos Valencia, en razón de la privación de su libertad, en el marco de un proceso penal, por los presuntos delitos de porte ilegal de arma de fuego e infracción al artículo 33 de la Ley 30 de 1986(7), es imputable a la Nación-rama judicial y Fiscalía General. Al tiempo que se deberá establecer la obligación de reparar, esto es, deberá también determinarse si la víctima actuó con dolo o culpa grave.

4. Análisis del caso.

4.1. De la legitimación por activa.

La legitimación del señor Edgar Ríos Valencia para acudir como demandante se colige de las providencias que se señalarán a continuación, de igual manera la de su núcleo familiar de los registros civiles correspondientes:

4.1.1. Registro civil de nacimiento del señor Edgar Ríos Valencia, en él figura su madre, la señora Rosa María Valencia —fl. 1, cdno. 2—.

4.1.2. Gineth Paola y Lilyam Mayid Ríos Buitrago, hijas del señor Edgar Ríos Valencia, quienes acuden al asunto de la referencia en calidad de hijas de la víctima —fl. 3 a 4cdno. 2—.

4.1.3. Registro civil de nacimiento de la señora Janeth Rocío Ríos Valencia, hermana de la víctima directa —fl. 6, cdno. 2—.

4.1.4. Declaración extraproceso rendida por los señores Edgar Ríos Valencia y María Joba Muñoz Feo ante la Notaría Veinte del Círculo de Bogotá, quienes manifestaron bajo juramento que “convi[ven] en unión libre desde hace 10 años”—fl. 7, cdno. 2—.

4.1.5. Mediante providencia del 15 de junio de 2000, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, despacho Seis, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, entre otros, contra el señor Ríos Valencia como presunto coautor por la infracción al artículo 33 de estatuto nacional de estupefacientes, agravado por el inciso 3º del artículo 38 de la misma norma, en concurso con porte ilegal de armas de fuego —fls. 52 a 61, cdno. 2—.

4.1.6. El 26 de abril de 2001, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, despacho Treinta y Cinco, profirió resolución de acusación contra el hoy demandante por las conductas investigadas —fls. 62 a 88, cdno. 2—.

4.1.7. El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, mediante sentencia del 31 de octubre de 2002 condenó, entre otros, al señor Ríos Valencia a trece años de prisión y al pago de una multa de cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales, como “coauto[r] responsabl[e] de los delitos contemplados en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986, modificado por el artículo 17 de la Ley 365 de 1997, agravado por el numeral 3º. Artículo 38 ibídem, y porte ilegal de armas de defensa personal” —fls. 89 a 210, cdno. 2—. Decisión que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá —Sala Penal— revocó y ordenó la libertad del antes nombrado, el 31 de octubre de 2003 —fls. 211 a 288, cdno. 2—.

4.2. De la legitimación por pasiva.

La legitimación por pasiva de la Nación-rama judicial y Fiscalía General de la Nación se colige de las resoluciones y providencias antes citadas, mediante las cuales se dispuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la resolución de acusación, sentencia condenatoria y la posterior absolución del actor, decisiones que el demandante señala como causantes del daño por el cual demanda reparación.

4.3. Hechos probados.

Está probado que:

4.3.1. Por proveído del 30 de mayo de 2000, la Unidad Nacional de Narcóticos y de Interdicción Marítima - Fiscalía Especializada Delegada para la Policía Antinarcóticos, con fundamento en “información recibida en la Sección Central de Inteligencia, una fuente humana, identificada con el código Nº 2.028 coloca en conocimiento que en el día de hoy en las horas de la tarde, se llevará a cabo una transacción de sustancia estupefaciente, al parecer cocaína (...)”, autorizó la práctica de la diligencia de allanamiento y registro en el inmueble ubicado en la Calle 137 Nº 15ª-30, apartamento 305 en Bogotá D.C., que se adelantó el día 31 del mismo mes y año. Consta en el acta:

“al llegar al inmueble y golpear esta fiscalía se anunció diciendo que se trataba de un allanamiento, advirtiendo un murmullo al interior del inmueble y una expresión de ábrase, abráse; luego abrieron y se encontraron las siguientes personas: (...) EDGAR RÍOS VALENCIA (...). Al hacer un registro minucioso del inmueble se encontró en la nevera una pistola 7.65 marca Tauros, brasilera, cromada, cachas de madera color negro, las cuales tiene una inscripción que dice TAURUS BRASIL, con un proveedor y tres cartuchos para la misma, y al indagar con cada una de las personas por la propiedad de la pistola ninguna aceptó que le pertenecía sin embargo se pudo advertir que esta había sido ubicada recientemente, o minutos antes puesto que la temperatura era normal, se refiere este despacho a la condición externa. Revisando los documentos que tenía el señor EDILBERTO CONTRERAS, y más exactamente en su billetera fue encontrado al interior de ella un pedazo de hoja, una sustancia blanca pulverulenta de aproximadamente dos gramos, pero antes de desdoblar el papel contentivo de la sustancia le manifestó a este despacho que en ese papel se consignaba una información de un teléfono. Esta Fiscalía posesionó como perito químico a la señorita SI.LUZ EVELY QUINTEROB. Tecnóloga Química con el propósito de que examine las muestras de la sustancia pulverulenta encontrada a JESÚS EDGAR RODRÍGUEZ REY y EDILBERTO CONTRERAS, en el interior de sus billeteras, La posesionada manifestó: se me pone de presente una sustancia en polvo color café claro la cual se encuentra en vuelta en dos bolsas plásticas, cuyo peso es aproximado a 500 gramos, muestra a la cual se le realizaron pruebas preliminares con los reactivos TANRED, SCCOTT, ÁCIDO NÍTRICO, CLORHÍDRICO, CLOROFORMO, ÁCIDO SULFÚRICO Y FORMALDEHÍDO, arrojando resultado negativo preliminar para alcaloides heroína, morfina, cocaína y opiceos [sic]. Así mismo se me colocaron dos muestras de presente de una sustancia en polvo pulverulenta de color blanco, envueltas en pedazos de papel amarillo y blanco con un peso aproximado de dos gramos cada una, a las cuales se le realizaron pruebas preliminares con los reactivos anteriormente relacionados arrojando resultado positivo preliminar para cocaína con los reactivos SCCOTT y TANRED, los cuales son entregados a la Fiscalía, aclarando que a estos últimos no se le toman muestras por tratarse de cantidades mínimas. El despacho retoma la palabra y continúa con la diligencia. Teniendo en cuenta la dosis para uso personal para nuestro caso cocaína, no se advierte que sea una cantidad considerable, pues entre las dos personas que la tenían suman cuatro gramos aproximadamente, lo que quiere decir que a cada uno le pertenecería dos, por ende no podría este despacho dado esta mínima cantidad ordenar la captura de los que la tenían consigo, y menos la de los otros que los acompañan. Sin embargo puede concluirse que al no encontrar una razón de las personas que se encontraban en este inmueble, es decir, de su presencia en este lugar y que se trataba de un encuentro posible de comerciar alcaloides. Al averiguar por la presencia de las distintas personas, el señor EDILBERTO CONTRERAS y el señor EDGAR RÍOS VALENCIA dicen a que Michel les leyera las cartas era a lo que venían (...)(8)“.

4.3.2. Mediante auto del 15 de junio de 2000, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, despacho Seis, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del señor Ríos Valencia, por la presunta infracción al artículo 33 de la Ley 30 de 1986, en concurso con porte ilegal de armas de fuego. —Fls. 52-61, cdno. 2—. Señaló la decisión:

“en las piezas procesales obrantes se registra el hallazgo de sustancia estupefaciente preliminarmente catalogada como cocaína en el inmueble precedentemente mencionado, en cantidad que aunque nimia debe ser tenida de acuerdo con la realidad procesal, como parte de la que aquel 30 de mayo estaría destinada a la transacción programada, por monto en todo caso superior a los cinco kilogramos, según atestiguó bajo la gravedad del juramento del señor REINALDO GAITÁN TORRES, que si bien hizo alusión a la existencia de mucha más de dicha sicoactiva, solo dio fe de haber visto en el inmueble allanado quince (15) paquetes de un kilo cada uno.

(...) de donde resulta procedente colegir en reiteración de lo consignado anteriormente, que el hallazgo de la sustancia prohibida, en cantidad aproximada a las cuatro (4) gramos como lo indicara la perito Tecnóloga Química SI LUZ EVELY QUINTERO B en el acta de allanamiento, hacía parte de aquel mayor cargamento revelado por el precitado GAITÁN TORRES (...)

En lo concerniente al reato de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, se tiene acreditado que en desarrollo de las plurimentada diligencia, fue incautada una pistola marca TAURUS BRASILERA, calibre 7.65, misma que reposaba al interior de la nevera, con señales físicas claras de haber sido puesta allí segundos antes al ingreso de la comitiva judicial, y por la cual ninguno de los allí presentes se hizo responsable, lógicamente sin exhibir permiso de autoridad competente para su porte o tenencia

(...).

Ciertamente como ha quedado establecido en el plenario, redundan circunstancias indicativas de la conservación del alucinógeno por parte de los precitados sindicado, encaminada a su comercialización, al punto de haber concertado con GAITÁN TORRES la supuesta negociación finalmente desistida por aquellos, y que propició la infructuosa incautación pretendida, aunada a la tardía presencia comitiva judicial en dicho lugar, situación que al parecer involuntariamente contribuyó al ocultamiento de la de la sustancia en incierto destino, pues no pasa inadvertido lo manifestado por aquel testigo presencial en punto a que salió a eso de las 9 de la mañana del día 31 de mayo último del inmueble, efectuó una llamada a la Policía Antinarcóticos para que se procediera a la diligencia de allanamiento, misma que solo se inició después de las 12 meridiano, lapso por lo visto aprovechado para la sustracción en comento.

(...) circunstancias que al ser examinadas a la luz de los principios de la sana crítica, hasta este momento procesal no han sido desvirtuadas, por el contrario, las versiones de los vinculados concurren a darle credibilidad, es así como, la presencia del vehículo colectivo a que hace referencia como que sería utilizado en el reato el 30 de mayo, efectivamente estuvo parqueado en el lugar que señaló y así lo manifestó EDGAR RÍOS. Además señaló el lugar al que acudió a realizar la transacción en mismo en el que al practicar la diligencia de allanamiento fueron encontrados los hoy cuestionados”.

4.3.3. El 26 de abril de 2001, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, despacho Treinta y Cinco dictó resolución de acusación en contra del señor Edgar Ríos Valencia, por el delito de que trata el artículo 33 del estatuto nacional de estupefacientes en la modalidad de agravado por el numeral 3º del artículo 38 de la misma norma, en concurso con porte ilegal de arma de fuego. Respecto de la responsabilidad del antes nombrado señaló —fls. 62 a 88, cdno. 2:

“en primer lugar se destaca el hecho que ante el llamado del Fiscal anunciando su autoridad y la del personal de apoyo ninguno de los presentes en el apartamento acudió a abrir la puerta, pretextando no haber escuchado la conformación de quienes pretendían ingresar. Ante esa situación la fuerza debió ser utilizada, aunque moderadamente, no sin antes percibir, como fue puntualmente consignado en el acta de allanamiento, que desde el interior se escucharan afanadas manifestaciones de “ábrase, ábrase”, de ahí que la acción judicial no diera espera. La explicación a esa actitud no es otra que la preocupación experimentada ante su ilícito proceder.

Igualmente se debe tener en cuenta la frustrada evasión de SIMÓN DARIO BAREÑO MATEUS, quienes a sabiendas de que se trataba de representantes de la ley, se arrojó por la ventana de aquel tercer piso, poniendo en riesgo su integridad sin motivo diferente a buscar esquivar el procedimiento cuya inminencia no se hacía esperar. (...).

Otra de las circunstancias con fundamentos en las cuales se pregunta la credibilidad de las manifestaciones de GAITÁN TORRES, es el observar que a pesar de transcurridos algunos minutos desde el ingreso del Fiscal y demás personal al apartamento, en uno de sus baños fue encontrado oculto JESÚS EDGAR RODRÍGUEZ REY, quien sin temor a equívoco confiaba en no ser descubierto. En realidad dicha conducta no concuerda con la simple actividad por la cual también adujo haber concurrido al inmueble, más si es elocuente de la sorpresa que les causó verse sitiados por la autoridad.

Ni que decir del hallazgo del arma de fuego, puesta afanosamente dentro del refrigerador, de la cual ninguno de los allí presentes se hizo responsable, pero concluido en sana lógica el interés de todos y cada uno en su ocultamiento. Rememoremos como fue consignado en precedentes resoluciones que nos encontramos frente a una empresa criminal, dentro de la cual la tenencia y porte de un artefacto bélico de tales condiciones se pregona de todos y cada uno de quienes la conforman, de tal manera que existe una división de funciones, figura esta jurisprudencialmente catalogada como “coautoría impropia”.

(...).

Recábese que el hallazgo de dos papeletas con sustancia estupefaciente cocaína en cantidades superiores cada una a la dosis personal en las billeteras de JESÚS EDGAR RODRÍGUEZ REY y EDILBERTO CONTRERAS CIPAMOCHA, lejos de encontrar justificación acerca de tratarse de sus correspondientes dosis de uso personal, proclamándose acomodaticiamente como consumidores, concuerdan con las muestras utilizadas por la banda para la comercialización de droga, similares que le fueron entregadas a GAITÁN TORRES a fin de mostrarlas a potenciales compradores.

De otra parte convergen en dar cuenta del compromiso penal de los sindicados, los reportes obtenidos de los medios de comunicación que les fueron incautados, cuyos mensajes revelan la existencia de diversos personajes comentados por GAITÁN TORRES, e incluso se advierte comunicación por ese medio entre los aquí cuestionados. Analizada la información registrada en todos y cada uno de los aparatos incautados, se evidencia el cruce de llamadas y de mensajes de unos y otros, no coherente con su simple conocimiento a raíz de la lectura del tarot”.

4.3.4. El 31 de octubre de 2002, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. i) condenó al señor Edgar Ríos Valencia a 13 años de prisión y una multa equivalente a cuatrocientos (400) salaros mínimos mensuales vigentes como coautor del delito contemplado en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986, modificado por el artículo 17 de la Ley 365 de 1997, agravado por el numeral 3º del artículo 38 ibídem, y porte ilegal de armas de defensa personal; ii) estableció como pena accesoria la “inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual a la pena privativa de la libertad”, iii) negó la suspensión condicional de la pena, iv) ordenó la entrega definitiva de dos vehículos incautados y v) compulsó copias para que se indague sobre la actuación de la Fiscalía y la Unidad de Investigación e Inteligencia de Antinarcóticos. Lo anterior, porque consideró que del material probatorio recaudado en el proceso penal adelantado contra el hoy demandante, se pudo inferir “indicios de mala justificación” que indiciaron su incursión en los punibles imputados, lo que de suyo imponía una sentencia condenatoria. Se lee en la decisión —fls. 89 a 210, cdno. 2—:

“Y es así, como haciendo uso del anterior principio procesal de la libertad probatoria, se consideró previamente que en el presente caso el objeto material del punible se encuentra demostrado con el informe policial, las declaraciones de los miembros de la Policía Antinarcóticos, los testimonios de REINALDO GAITÁN TORRES y la incautación de dos muestras del alucinógeno en las billeteras de RODRIGUEZ REY Y CONTRERAS CIPAMOCHA, aunque efectivamente no se haya logrado la incautación de la cocaína en cantidad igual o superior a los cinco kilogramos.

(...).

No sobra recordar que no se logró la incautación del estupefaciente señalado por REINALDO GAITÁN TORRES, por la actitud negligente y pasiva mostrada por la Fiscalía y los policiales adscritos a la Unidad de Investigación e Inteligencia de Antinarcóticos, quienes pese a contar con la orden de allanamiento y estrictas instrucciones de mantener constante vigilancia en el inmueble denunciado, omitieron tales procederes en los momentos pertinentes, sin que las excusas presentadas ante la Fiscalía, sirvan de justificación alguna para este juzgador, razón por la que, en acápite aparte ordenará la compulsación de copias en su contra, para que se adelante la correspondiente investigación disciplinaria”.

Respecto del delito de porte ilegal de armas sostuvo:

“Y aunque podría pensarse que no se configura el verbo portar, ya que el arma no fue hallada en poder de los procesados, sino oculta en un mueble del apartamento, tal consideración no cabe en el presente análisis, como quiera que, en el acta respectiva se dejó expresa constancia que las condiciones físicas y perceptibles al tacto de dicho elemento bélico, reflejaban que no llevaba mucho tiempo guardado en la nevera, y que por el contrario, insinuaban que segundos antes al ingreso del Fiscal y Policía antinarcóticos había sido puesta en ese sitio.

Palmariamente lo anterior demuestra que la intención de las personas que se encontraban en el inmueble allanado, era la de deshacerse de la pistola, decidiendo por la premura del tiempo y ante el acoso de las autoridades esconderla en tal lugar, precisamente con la convicción de que no se lograría su hallazgo, por lo particular y extraño del sitio escogido”.

4.3.5. El 31 de octubre de 2003, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C.—Sala Penal— revocó la decisión antes señalada y absolvió al actor de los cargos endilgados por el ente acusador y dispuso su libertad inmediata. Lo anterior, con fundamento en la falta de certeza de la comisión de los delitos endilgados. Consideró el tribunal antes citado —fls. 211 a 288, cdno. 2—:

“REINALDO GAITÁN TORRES incurre en contradicciones, las circunstancias sobre el mismo hecho relacionado con actividades de narcotráfico y sucedido en escaso tiempo donde supuestamente intervendrían dos organizaciones delictivas en dos específicos días y pese a ser detallista al extremo, es narrado en lo sustancial de manera diferente en cada oportunidad que tuvo de hacerlo ante la Fiscalía; además, de su versión se extracta que había trabajado en actividades de tráfico de estupefacientes, era una persona de precarios recursos económicos y, por ello, decidió acudir a la Inteligencia de la Policía Antinarcóticos en búsqueda de dinero a cambió de suministrar eventual información, negando además que recibió este de manos de la Embajada Británica cuando fue cierto y antes de acudir donde el Fiscal Antinarcóticos por primera; no obstante, también dijo que el motivo determinante para suministrar información era su aversión al narcotráfico.

(...).

Por las razones antes anotadas, no es creíble el testimonio de REINALDO GAITÁN TORRES y no sirve para demostrar que lo ocultado por los procesados fue su intervención en actividades de narcotráfico, máxime si se tiene en cuenta que en aquella diligencia no se encontró estupefaciente, excepto dosis personales, y no deja de ser extraño que después de la supuesta enajenación de los 300 kilos de cocaína a otros sorpresivos compradores, en que intervendrían dos o tres vendedores, resulten reunidas 7 personas, varias de ellas no reconocidas por el “informante”, es decir, por qué y con qué fines se reunían un día posterior u horas más tarde.

Esa reunión podría pensarse con un objeto ilícito ¿pero cuál? No puede pasar por alto que tal concurrencia por sí misma no tiene la fuerza probatoria generadora de certeza de que ellos intervinieron en el delito imputado y debe acotarse que no se investigó la actividad que realizaron los procesados la tarde del 30 de mayo de 2000, cuando se haría la venta de cocaína.

En este instante procesal no solo está en duda la intervención de los capturados en la conducta punible mencionada por el “informante” sino también la “existencia” del delito, porque su dicho no permite una fiel reconstrucción mental de lo sucedido, incluido el objeto material donde se dice recayó la acción delictiva.

De manera que, los presupuestos sobre exigibilidad de certeza del tráfico de estupefacientes y la responsabilidad de (...) ÉDGAR RÍOS VALENCIA (...), al tenor del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, brilla por su ausencia y como la duda es insalvable, artículo 7º y 24 ibídem, la sala concluye que procede la revocatoria de la sentencia condenatoria y, en su lugar, absolverlos y otorgarles la libertad pero siempre y cuando no sean requeridos en otra actuación judicial.

De otra parte, con relación al presunto porte ilegal de arma de fuego de defensa personal (Código Penal anterior, arts. 201 y D. 2535/93, 11), a título de coautoría impropia, se observa que el único argumento militante en el proceso es el de JUSTIN SOLANO ROBINSON HOWARD al exponer que la pistola le fue entregada en garantía el 18 o 19 de mayo de 2000 por “William” cuando le realizó un trabajo y estimó que el sitio más seguro más conservarla era la nevera por ser de difícil acceso para los asiduos visitantes de su residencia.

(...).

En consecuencia, fue acertado condenarlo por tal delito, pero no acontece lo mismo respecto de los restantes procesados al no haberse establecido algún vínculo con dicha arma para poderlos tener como coautores “impropios”. No sabe cuál fue el aporte de estos en la conducta delictiva de JUSTIN SOLANO ROBINSON HOWARD ni que hubiera un acuerdo de voluntades para que él la llevara consigo y ha de recordarse que solo regresó a la vivienda. Es decir, se revocará el fallo en lo concerniente con los otros acusados”.

4.3.5. Según boleta de encarcelación Nº 1318 dirigida al director de la cárcel La Modelo, de fecha 8 de junio de 2000 —fl. 425, cdno. 2—, se solicitó mantener al señor Ríos Valencia en calidad de retenido(9); no obstante, por respuesta a solicitud del a quo, el asesor jurídico del establecimiento en mención certificó que el “INTERNO RÍOS VALENCIA EDGAR TD estuvo privado de la libertad en es[e] establecimiento carcelario, desde el día 14/06/2000 hasta el día 19/08/2000, fecha en la cual fue trasladado al establecimiento penitenciario y carcelario de Zipaquirá —fl. 145, cdno. 1—. Así mismo obra en el plenario acta de ingreso del señor Ríos Valencia a la cárcel La Modelo del 14 de junio de 2000(10).

El 19 de noviembre de 2000, el demandante fue trasladado a la cárcel de Zipaquirá(11) hasta el 30 de junio de 2003, cuando se surtió su traslado a la Penitenciaría Nacional de Santa Rosa de Viterbo, según consta en Resolución 90 de la misma fecha —fl. 329, cdno. 2— y el examen médico de ingreso practicado al entonces condenado —fl. 297, cdno. 2—.

Finalmente, fue puesto en libertad el 7 de noviembre de 2003, tal como se lee de la boleta de libertad Nº 089340 que dio cumplimiento a la sentencia del 31 de octubre anterior, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C.—Sala Penal—(12).

Siendo así, se encuentra acreditado que el señor Ríos Valencia estuvo privado de la libertad desde el 14 de junio de 2000 al 7 de noviembre de 2003, esto es por un lapso de 3 años, 3 meses y 22 días (48.41 meses).

4.3.6. Se tiene acreditado que el señor Edgar Ríos Valencia, al momento de la detención, se desempeñaba como conductor de vehículo de transporte público(13) —fls. 14 a 15, cdno. 2—.

4.3.7. Consta en examen psiquiátrico forense practicado al señor Edgar Ríos Valencia, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el objeto de establecer “el daño sicosomático causado por la privación injusta”, que —fls. 427 - 434, cdno. 2—:

“1. El examinado EDGAR RÍOS VALENCIA presenta una variedad de manifestaciones en la conducta, en los pensamientos y en las emociones que implica una pérdida del sentido y proyecto de vida.

2. Presenta sintomatología psiquiátrica compatibles con un estado post-traumático que evolucionó a la cronicidad causando desadaptación global relacionadas directamente con una profunda experiencia traumática, doblegante y desestructurante, del manejo del proceso, condena y encarcelamiento.

3. El examinado en términos psicológicos requiere tratamiento psicoterapéutico llevado a cabo por especialista en psiquiatría a largo plazo para el manejo de síntomas incluida la disfunción sexual.

(...).

6. Requiere apoyo psicológico con el fin de retomar su papel de padre y de miembro activo en su familia”.

5. Análisis del caso concreto.

En el asunto de la referencia se invoca la responsabilidad de la Nación-rama judicial y Fiscalía General por la privación de la libertad sufrida por el señor Edgar Ríos Valencia, desde el 14 de junio de 2000 hasta el 7 de noviembre de 2003, toda vez que fue exonerado del cargo imputado a través de sentencia absolutoria de segunda instancia, debidamente ejecutoriada(14).

5.1. De la privación de la libertad.

La responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades judiciales resulta de la regla general de responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 90 de la Carta Política. Disposición desarrollada por la Ley 270 de 1996, en el sentido de distinguir distintos eventos que hacen al Estado responsable por las acciones y omisiones de los agentes estatales encargados de administrar justicia, entre estos por “PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD”.

5.1.1. La libertad como principio fundamental.

El reconocimiento de la eminencia de la persona como ser que es fin en sí mismo y, que por ende, no admite ser reducida a la condición de instrumento está inescindiblemente ligado al respeto de su libertad. Esta coimplicación (sic) dignidad-libertad, cuyo respeto es connatural al Estado de Derecho, ha sido puesta de manifiesto en varias ocasiones por la Corte Constitucional la cual, de hecho, ha considerado que la autonomía es uno de los tres lineamientos fundamentales que hacen parte del objeto de protección del enunciado normativo de la dignidad humana(15).

El principio de libertad y autonomía, que como ya se ha dicho está inescindiblemente ligado a la dignidad humana, se desarrolla en un amplio catálogo de derechos fundamentales, dentro de los cuales se ha de destacar, por el momento, la salvaguardia del ejercicio arbitrario de las facultades de detención y el ius puniendi, contenida en el art. 28 de la Carta Política(16).

El artículo citado comprende i) el reconocimiento de la libertad de la persona y ii) la aceptación de que esta puede ser restringida temporalmente (aunque nunca anulada definitivamente, tal como lo sugiere la prohibición de las penas imprescriptibles) en razón de la necesidad social de investigar y sancionar las conductas punibles. Que el reconocimiento de la libertad física y la previsión de una justicia penal con facultades para restringirla se hallen en la misma norma constitucional no deja de ser significativo y pone de manifiesto que, en el marco del Estado de derecho, el ejercicio de las facultades mencionadas no puede entenderse como una prerrogativa absoluta de las autoridades. Por el contrario, a quien se le confiere la autoridad para restringir la libertad, como salvaguardia del orden social, se lo erige también como garante y guardián de la misma.

Autoridad que, en tanto es ejercida por hombres, conlleva posibilidad de error, ya sea por falta de rectitud del juzgador o por el hecho simplísimo de que la infalibilidad no es prerrogativa humana. Empero, como la convivencia social sería imposible sin la existencia de la función jurisdiccional, los titulares de esta última están obligados a adoptar medidas tendientes a i) minimizar los posibles escenarios de privación innecesaria e indebida de la libertad y ii) reparar el daño causado, a quien fue detenido injustamente.

El primero de estos deberes se cumple mediante la sujeción rigurosa a los principios de presunción de inocencia, favorabilidad defensa e in dubio pro reo, así como los de necesidad y excepcionalidad de las medidas de aseguramiento en la etapa de investigación. El segundo da lugar a un deber de indemnizar y reparar, al margen de las conductas de las autoridades comprometidas en la imposición de la medida. Señala al respecto el artículo 90 Constitucional:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

Vale recordar los debates al respecto en la asamblea constituyente:

Hay varias novedades dentro de este inciso, varias novedades que vale la pena resaltar por la importancia que tiene, el primero: el de que allí se consagra expresamente la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, en una norma de carácter positivo y de jerarquía constitucional, estamos hablando de los daños antijurídicos, y con esto, vale la pena que la comisión lo tenga en cuenta, porque en esta materia puede considerarse que nuestra propuesta es audaz, tradicionalmente, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado que han venido construyendo nuestros tribunales, como ya lo mencioné, se ha elaborado a partir del juicio que se hace sobre la conducta del ente público, primero estableciendo que si esa conducta podía calificarse de culpable habría lugar a la responsabilidad, luego se fue tendiendo un tanto más a noción de falla en el servicio, que es la que actualmente prima entre nosotros, la falla en el servicio es toda, pues en términos muy generales, es toda conducta de la administración que sea contraria al cumplimiento de su obligación en los términos establecidos por la Constitución y por la ley, lo que nosotros proponemos es que se desplace el centro de gravedad de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la conducta antijurídica del ente público a la antijuridicidad del daño, de manera que con esto se amplía muchísimo la responsabilidad y no queda cobijado solamente el ente público cuando su conducta ha dado lugar a que se causen unos daños, sino cuando le ha infringido alguno a un particular que no tenga porqué soportar ese daño(17).

Dado que en el nuevo paradigma constitucional la determinación de la responsabilidad estatal no depende de la ilegitimidad de la actuación estatal o culpa del agente que la ejecuta, sino de la interrogación sobre qué afectaciones del derecho deben ser soportadas por quien las padece y la relación causa a efecto con la acción u omisión de la administración, se impone que para la determinación de la naturaleza de la responsabilidad estatal por privación de la libertad, se plantee previamente la pregunta de cuándo una persona está en la obligación de soportar una medida restrictiva de su libertad. Dentro del marco axiológico de un Estado de derecho, la única respuesta admisible es que alguien está obligado a soportar la restricción de la libertad cuando esta ha sido impuesta como consecuencia de una acción libre antecedente, esto es, como medio de contención al delito. Tratándose de una pena efectivamente subsiguiente al delito, la restricción indeseada de la libertad, no entra realmente en pugna con la autonomía y la dignidad del hombre sino que de cierto modo, es consecuencia de ellas.

Como se advierte, en estos casos, la pena se reputa justa y, con razón, no contradice al principio de dignidad; puesto que no parte de una disposición arbitraria del bien jurídico de la libertad por parte del Estado, sino que, por el contrario, se aviene al delincuente como consecuencia de su autonomía, de modo que, en cierta forma, es exigida por su misma dignidad. No sucede lo mismo cuando la pena o la medida de aseguramiento no pueden correlacionarse de alguna manera, con acto originario de la libertad. En efecto, incluso cuando la privación de la libertad no provenga de la arbitrariedad estatal, pues en el caso concreto se hubiesen seguido sin éxito todas las reglas de la prudencia encaminadas a evitar el error. Esto es así porque negar la injusticia de la detención de quien no es culpable supondría asumir que, de alguna manera, la autonomía y el propio ser, por el solo hecho de la investigación, se sujetan a disposición del Estado. Aceptar que el Estado no incurre en injusticia por disponer sobre la libertad de las personas significa, empero, aceptar que la libertad no es derecho y condición preexistente ontológicamente a la asociación sino mera concesión del poder(18). El todo social es, desde esta perspectiva, el titular de todos los derechos y su gracioso dispensador. Nadie puede reclamar nada al Estado, porque no hay nada anterior a él. Claramente no es este el Estado de derecho.

A riesgo de caer en repeticiones, hay que insistir. La suposición de que el bien de la sociedad justifique el sacrificio de la libertad del inocente, es en sí misma una instrumentalización de la persona en favor de la sociedad, incompatible con afirmación básica del carácter del hombre como fin en sí mismo. Por otra parte, la aceptación de que una persona pueda hallarse efectivamente obligada a soportar la restricción de la libertad, siendo inocente, es claramente incompatible con la afirmación del principio de igualdad que tiene carácter de rector y fundante en toda sociedad. En efecto, cuando se afirma que alguien tiene que soportar eventualmente el sacrificio de sus libertades, como consecuencia de que el error o los fallos del sistema penal son un riesgo necesario para el buen funcionamiento de la sociedad, lo que realmente se está diciendo es que algunas personas tienen el deber de asumir el “riesgo” del mal funcionamiento de la administración del justicia, en tanto que otros no han de ver jamás limitada su libertad.

Por lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha abandonado enfáticamente la tesis según la cual, salvo en el caso de desviación manifiesta de la administración judicial, la eventualidad de ser privado de la libertad se encuentra comprendida dentro de las cargas públicas que todo ciudadano debe soportar. En tal sentido, esta corporación en sentencia de 4 de diciembre de 2006, señaló:

(…) La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria solo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades— deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva, mal entendido— interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación. Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la norma fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(19).

Se ha de insistir, por lo demás, en que el deber de reparación por privación injusta de la libertad es una exigencia constitucional directa y no derivada por ende de una previsión legal (v.gr. D. 2700/91, art. 414) o jurisprudencial. Esto no solamente queda patente en el hecho mismo de que conceptualmente es imposible no excluir a la privación de la libertad del inocente de la categoría conceptual del daño antijurídico, sino también por la consideración de la voluntad del constituyente, a la luz del método histórico de interpretación. En efecto, en los proyectos y ponencias presentados en la Asamblea Nacional Constituyente se advierte una preocupación seria por reparar las consecuencias de la pérdida de la libertad por error judicial. Al respecto es diciente lo manifestado por la Constituyente Helena Herrán de Montoya, el día 7 de marzo de 1991, en la exposición de motivos de un artículo cuyo texto es similar en lo sustancial al actual art. 90 de la Constitución:

Desde hace ya mucho tiempo en Colombia se admite la responsabilidad del Estado, y la más acogida jurisprudencia y doctrina han hecho ingente esfuerzo interpretado para hallar el arraigo normativo de esa responsabilidad en el art. 16 de la Carta vigente.

Con todo, esa misma jurisprudencia ha descartado de plano la obligación del Estado de salir a garantizar indemnización a quienes han sufrido daños por actos de los jueces, incluso en situaciones tan aberrantes como las que reciben el nombre de error judicial; personas que han padecido el viacrucis de un proceso, el oprobio de la detención en nuestras cárceles, la infamia de una sentencia condenatoria y al cabo del tiempo han probado su inocencia.

De ahí que es de capital importancia que desde la Constitución misma se consagre en forma expresa la responsabilidad, extendiéndola a todos los servicios y funciones estatales, pues si quien es víctima, por ejemplo, del atropellamiento ocasionado por un vehículo cuyo conductor es empleado oficial y está ebrio tiene derecho a indemnización y en ello todos concordamos, con mucha mayor razón debe repararse el daño sufrido por quien es víctima del funcionamiento del servicio de justicia.

Aunque muchas constituciones traen una norma expresa para el error judicial o para la administración de justicia en general, consideramos más técnico que un solo artículo se consagre la responsabilidad del Estado por todas sus actividades, del modo que se hace por ejemplo, en la Constitución española (“los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, art. 106 , segundo apartado), y en la uruguaya (“el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”, art. 24).

Es una verdad a gritos que en Colombia reina la impunidad más absoluta. Y sin embargo, cuando se produce una condena, no siempre se logra el acierto y de ahí que nuestra historia judicial registre casos extremadamente dolorosos como relata, entre otros, el profesor Carlos H. Pareja.

Colombia está en deuda con la verdadera justicia, y la presente es la más propicia ocasión para ponerse al día”(20).

Por lo demás, el art. 94 de la Carta también incorpora al orden constitucional lo enunciado en los tratados y convenios de derecho internacional ratificados por Colombia que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. Esto no deja de ser significativo, puesto que la reparación de la detención injusta está explícitamente reconocida como componente del derecho a la libertad, por el numeral 5º del art. 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5.2. Análisis del dolo o culpa grave como eximente de responsabilidad.

Hechas las anteriores consideraciones, si bien el art. 90 impone el deber de reparación del daño antijurídico en términos categóricos, este imperativo no opera en el ordenamiento alejado de disposiciones constitucionales que imponen deberes que igualmente resultan exigibles. De ahí la necesidad de al margen de la privación se hace necesario verificar la actuación gravemente culposa o dolosa de quien resultó detenido, caso en el cual los artículos 83 y 95 de la Carta Política impiden el reconocimiento de la indemnización.

Conforme a lo anterior, se tiene que, previo al reconocimiento de la indemnización por privación injusta de la libertad, debe el juez de lo contencioso administrativo verificar la actuación del demandante. Cabe advertir que en cumplimiento de este requisito, en modo alguno, se trata de una autorización para revisar nuevamente el proceso penal “en tercera instancia” y por ende la sentencia allí dictada. En este sentido, se ha de aceptar como verdad inobjetable que le está vedado pronunciarse sobre el carácter delictivo o no de los hechos bajo estudio o el reproche de la conducta del sindicado a la luz de la ley penal. Esto es el juicio que le corresponde adelantar al juez de la reparación directa, en orden a resolver sobre la obligación de indemnizar el daño derivado de la privación injusta de la libertad, trata del ilícito civil, construido al amparo de las normas y los principios y valores constitucionales para los que no hay derechos absolutos desprovistos de compromisos institucionales dirigidos a construir un estado social justo.

Siendo así, es necesario tener en cuenta que el concepto civil de la culpa es sustancialmente diferente al que es propio en el ámbito penal. Al respecto, vale la pena traer a colación que mientras en el Código Civil la culpa demanda de una confrontación objetiva con un estándar general, según la situación del agente en un sistema de relaciones jurídicas, el juicio de culpabilidad en sede penal comporta un reproche subjetivo a la conducta particular en orden a la realización de la infracción, la culpa grave, equivalente al dolo civil, tiene que ver con el desconocimiento inexcusable de un patrón socialmente aceptado de comportamiento sindicado a quien se le reprocha haber obrado de un modo contrario a la norma penal, estando en condiciones de haber obrado distinto. Ello implica que, en el juicio penal, el análisis de la culpa, en tanto elemento eminentemente subjetivo del delito, subordine el juicio de reproche a las circunstancias particulares de quien realiza la conducta. Así, mientras que en el ámbito de lo civil bastará acreditar que la actuación impugnada no satisface las exigencias objetivas del comportamiento, en el juicio penal se han de ponderar circunstancias meramente subjetivas como las pasiones (miedo, ira), el grado de educación, los antecedentes personales, etc. De tal manera que, en tanto en el ámbito de lo civil el reproche se deriva de un análisis comparativo, en el juicio penal de circunstancias particulares.

Al respecto, cabe señalar que la gradación o calificación de la culpa civil del actor como dolosa o gravemente culposa se realiza desde la perspectiva del artículo 63 del Código Civil(21). Es decir no se deriva de las características subjetivas del agente, sino de una posición relacional objetiva, esto es, a la luz de la confrontación de la conducta del actor con un estándar objetivo de corrección que utiliza el modelo de conducta, conocido desde antaño del buen pater familias, para cuya conformación debe tenerse presente las reglas propias de las funciones, profesiones u oficios desarrollados. Esto es, a manera de ejemplo es dable sostener que el buen profesional de la medicina diligencia correctamente las historias clínicas y que todo conductor conoce y acata las normas de tránsito.

6. Consideraciones sobre el caso concreto. El daño antijurídico. Imputación. Culpa grave o dolo.

Conforme a lo expuesto, debe la Sala examinar las pruebas que resultaron insuficientes para proferir sentencia condenatoria en contra del señor Edgar Ríos Valencia, con el objeto de establecer si hay lugar a la reparación, la que debe negarse sí se encuentra acreditada la culpa grave o el dolo civil.

6.1. El daño antijurídico invocado por el actor.

Conforme a las súplicas de la demanda y los supuestos fácticos que le sirven de fundamento, el señor Edgar Ríos Valencia y su núcleo familiar demanda la responsabilidad administrativa de la Nación-rama judicial y Fiscalía General, por los daños que le fueron causados con ocasión de privación de su libertad de la que fue objeto desde el 14 de junio de 2000 hasta el 7 de noviembre de 2003, en razón del proceso penal adelantado en su contra, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de arma de fuego. Perjuicios, que a su parecer, devienen de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la resolución de acusación y sentencia condenatoria de primera instancia dictadas en su contra por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados y el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C.

Efectivamente, acorde con las pruebas la Fiscalía General de la Nación profirió medida de aseguramiento y resolución de acusación en contra del señor Ríos Valencia y el Juzgado de conocimiento dictó sentencia condenatoria de primera instancia, absuelto por el Tribunal Superior de Distrito Judicial mediante sentencia, debidamente ejecutoriada.

Ahora, el Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá D.C. encontró que los punibles endilgados al señor Edgar Ríos Valencia surgieron de la diligencia de allanamiento adelantada el 31 de mayo de 2000, por miembros de la Unidad Nacional de Narcóticos y de Interdicción Marítima - Fiscalía Especializada Delegada para la Policía Antinarcóticos, a la residencia señala por el señor Reinaldo Gaitán Torres, fuente identificada con el código 2028, en la que informó tendría lugar una transacción en la que se intercambiaría una sustancia estupefaciente, en particular “300 kilos de mercancía”. Así se inició investigación que resultó con resolución de acusación dictada por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados el 26 de abril de 2001 por los delitos de que trata el artículo 33 de la Ley 30 de 1986, agravado por el numeral 3º del artículo 38 de la misma Ley, en concurso con porte ilegal de arma de fuego.

El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., mediante sentencia del 31 de octubre de 2002, encontró responsable al actor de los delitos endilgados, por lo que impuso una pena principal de 13 años de prisión y el pago de cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes y una accesoria consistente en la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como quiera que “el informe policial, las declaraciones de los miembros de la Policía Antinarcóticos, los testimonios de REINALDO GAITÁN TORRES y la incautación de dos muestras del alucinógeno” daban cuenta de su participación en la actividad ilícita. Providencia revocada posteriormente por el Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de octubre de 2003; para el efecto consideró que de la diligencia de allanamiento en la que no se encontró la sustancia estupefaciente informada por el señor Gaitán Torres, salvo en pequeñas cantidades no judicializables; la declaración que el mismo rindió informando sobre las actividades de los presuntos involucrados en la comisión del delito, así como la determinación en lo pertinente al porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, del que fue hallado responsable exclusivamente el señor Justin Solano Robinson Howard; es evidente la falta de certeza sobre la conducta criminal del actor, más aun de la “existencia del delito” como quiera que del material incautado no se permite llegar a conclusión distinta.

Siendo así, se colige que el actor no estaba en el deber jurídico de soportar la privación de su libertad, por cuanto ni la Fiscalía General y tampoco el juez de primera instancia lograron desvirtuar la presunción de inocencia.

1.2. (sic) De la imputación.

Señala el actor que los daños antijurídicos por los que demanda reparación de la Nación-rama judicial y Fiscalía General devienen de la privación de la libertad entre el 14 de junio de 2000 y el 7 de noviembre de 2003, toda vez que fue exonerado del cargo imputado, mediante sentencia absolutoria de segunda instancia.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, sostiene que el sub lite se adelantó conforme a su facultad para investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes; así como garantizar la comparecencia de los encartado a juicio, de ahí que en el caso de autos la investigación se ajustó a derecho y apoyada tanto en las normas legales y constitucionales; aunado a que existían indicios que comprometían la responsabilidad del señor Ríos Valencia.

En el igual sentido, la Nación-rama judicial señala que en el sub lite no se evidencia un daño antijurídico ya que contra el hoy demandante existieron indicios graves sobre la responsabilidad en la comisión de los delitos investigados. Agrega que esta es una carga que los asociados están en el deber de soportar, siempre que se cuente con los medios de prueba pertinentes, como ocurrió en este asunto.

Al respecto, para la sala es claro que, conforme al material probatorio allegado al plenario y tal como lo encontró el Tribunal de Distrito Judicial, las demandadas no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del demandante. De manera que, como el actor fue privado de la libertad injustamente, los daños por los que reclama son imputables a la Nación-rama judicial y Fiscalía General. Esto sin que le este dado al juez de la responsabilidad controvertir la decisión, empero sí entrar a considerar la reparación, desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual, sin afectar lo decidido por el juez natural, en cuanto la presunción de inocencia se mantiene incólume y el principio del non bis in ídem le impide al juez de la responsabilidad confrontar la decisión.

6.3. Análisis del dolo o culpa grave del actor.

El artículo 70 de la Ley 270 de 1996 prevé como eximente de responsabilidad que la víctima haya actuado con culpa grave o dolo. Previsión que desarrolla los artículos 2º, 83 y 95 Constitucionales.

Esto es, si bien el art. 90 impone el deber de reparación del daño antijurídico, este imperativo no exime al juez de lo contencioso administrativo de verificar la actuación de la víctima a la luz de los deberes de corrección que igualmente impone la Carta Política.

Razones que conducen a la separación entre la investigación penal y la absolución y la indemnización que debe ordenar el juez de la responsabilidad del Estado, esto último siguiendo los parámetros del artículo 90 Constitucional bajo los lineamientos de los artículos 2º, 83 y 95 del mismo ordenamiento.

Siendo así, conforme a lo expuesto, es preciso analizar la conducta del señor Edgar Ríos Valencia a luz del artículo 63 del Código Civil, definido por el modelo de conducta que la Constitución y la ley prevén, acorde con el que todo ciudadano debe asumir por el hecho de vivir en sociedad.

Al respecto, la sala considerará las pruebas debidamente allegadas al asunto de la referencia así:

i) Llamado a indagatoria, el señor Edgar Ríos Valencia, el 3 de junio de 2000 ante la Fiscalía Especializada Delegada Antinarcóticos, respecto de las conductas por las que fue investigado, en concreto por el motivo de su presencia en el inmueble allanado el 31 de mayo de 2000, sostuvo:

“la finalidad por la cual me encontraba sobre el medio día del 31 de mayo del presente año, en sitio de vivienda del señor HUSTIN [sic], era porque tenía una consulta con él para que me hiciera una lectura del tarot y posteriormente unos riegos, en el momento de llegar yo al edificio habían otros señores, eran varios, los cuales también estaban esperando el ingreso al apartamento del señor HUSTIN [sic], (...) PREGUNTADO: En cuántas oportunidades anteriormente había llegado a ese inmueble, con qué propósito, en compañía de quién o quiénes. CONTESTÓ: era mi segunda visita, la primer visita se la hice al señor HUSTIN [sic], el día lunes de esa misma semana, en las horas de la tarde con el propósito que me leyera el tarot, y me aconsejara y me diera algo, para que me cambiara la suerte, efectivamente el señor HUSTIN [sic], me hizo la consulta y me programó para el día miércoles y viernes de esa misma semana (...). PREGUNTADO: precise a esta Fiscalía la actividad desarrollada en su primera visita al señor HUSTIN [sic], en compañía de quién lo hizo, horario de entrada y salida, qué otras personas se encontraban en el apartamento de este mismo personaje. CONTESTÓ: la actividad desarrollada en mi primer visita al señor HUSTIN fue de la lectura del tarot, mi ingreso fue en las horas de la tarde; en el apartamento se encontraban más personas, eran hombres, la sala estaba llena, creo yo que habían unas cinco (5) personas aproximadamente; esperé mi turno y él me atendió (...) PREGUNTADO: sírvase decirle a esta institución de quién es la pistola marca TAUROS, que se encontró en la nevera del apartamento allanado, y en qué momento sabe usted de la presencia de la misma. CONTESTÓ: no tengo ni la menor idea de quién es esa pistola. Sé de la presencia de esta arma en el momento en que soy conducido al apartamento nuevamente, puesto que me había retirado con unos agentes para hacerles entrega de la camioneta que yo conduzco, puesto que un agente dentro del apartamento preguntó quién poseía el vehículo, yo le informé que yo poseía el vehículo, cuando regresamos ya observé que había una polémica por un arma que habían encontrado, fue cuando pude divisar porque la cogía un agente (...)(22)”.

De lo anterior, es dable concluir la presencia del señor Edgar Ríos Valencia en el inmueble objeto de allanamiento con el fin de incautar material estupefaciente que iba a ser comercializado, sin que se haya desplegado labor investigativa que permita afirmar que su propósito era distinto al afirmado, esto es la consulta para lectura del tarot.

ii) Sin perjuicio de lo señalado, es del caso advertir lo dicho por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados al imponer la media de aseguramiento, en relación con la presencia de la camioneta de propiedad del señor Ríos Valencia en el lugar del allanamiento, ya que, en atención a la información brindada por el señor Gaitán Torres, el vehículo fue visto en dos oportunidades: “la presencia del vehículo colectivo a que hace referencia como que sería utilizado en el reato el 30 de mayo, efectivamente estuvo parqueado en el lugar que señaló y así lo manifestó EDGAR RÍOS”, al respecto el hoy demandante dijo:

PREGUNTADO: cómo explica que el señor GAITÁN TORRES afirme que el día martes cuando se llevaba a cabo otra cita en la horas de la tarde, para la transacción arriba aludida, observó el colectivo rojo, estacionado como a treinta metros del edificio donde queda el apartamento allanado, y que el señor ANTONIO le manifestó que la droga se transportaría en ese rodante, o sea el colectivo. CONTESTÓ: efectivamente, el día martes yo me ubiqué en el lugar donde había estacionado la camioneta el día lunes en las horas de la tarde, pero ese día no fui al apartamento del señor HUSTIN [sic], en razón a que hice memoria y me acordé que el señor HUSTIN [sic], no me había citado para ese día sino para el día miércoles; se nombra a un señor ANTONIO al cual no conozco; en la camioneta que yo conduzco, nunca ni la he prestado, ni la he alquilado para transportar sustancias ilícitas, puesto que tengo muy claro el delito que esto representa, sería absurdo de mi parte hacer estas cosas, ya que sé que este vehículo es el sustento de mi familia y actuando de esta manera estaría atentando con el bienestar de mis hijas, mi abuela, de mi mamá y el mío propio, por lo tanto estoy en condiciones de que se examine hasta la última tuerca de esta camioneta a haber [sic] si encuentran algún indicio de alguna sustancia ilícita o que pidan referencias de la misma”.

Siendo así, pese a la contradicción en el dicho del investigado, hoy demandante, es dable constatar que si bien no hay suficiencia en la explicación sobre su presencia en el inmueble objeto de allanamiento el día martes, 31 de mayo del 2000, pues en la misma diligencia de indagatoria aceptó su ingreso a la residencia y después la desmintió; del material recaudado no es dable colegir el incumplimiento de los deberes institucionales y legales de convivencia, respeto mutuo, no abuso de la posición propia y buena fe, por parte del señor Ríos Valencia, máxime cuando para que se configure la culpa grave se requiere una acción u omisión de aquellas en las que no incurriría ninguna persona en el manejo de los asuntos propios. Se conoce sí que uno de los enjuiciados portaba una sustancia estupefaciente en cantidad mínima, lo que no da lugar a configurar una conducta de máxima gravedad. Es más, respecto del arma no se estableció que el mismo conociera de su existencia.

De manera que, conforme a lo expuesto no se advierte que la conducta del actor sea constitutiva de dolo civil o culpa grave, por cuanto no se puede concluir que su comportamiento fue contrario a los deberes constitucionales y legales que todo ciudadano debe cumplir por el solo hecho de vivir en sociedad.

7. Liquidación de perjuicios.

Habiendo comprobado que en el sub lite existen razones para imputar a la Nación-rama judicial y Fiscalía General los daños sufridos por el demandante, la sala debe pronunciarse sobre el monto de la indemnización.

7.1. Perjuicios materiales.

7.1.1. Lucro cesante.

En lo que tiene que ver con los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, el actor solicitó la suma de “ciento ocho millones setecientos cincuenta mil pesos moneda corriente ($ 108.750.000)”, por el tiempo en que el actor estuvo privado de la libertad, esto desde su detención hasta la fecha de presentación de la demanda, es decir desde el 31 de mayo de 2000 hasta noviembre de 2005.

Entonces, se tiene acreditada la labor como conductor de vehículo de transporte público, sin que se pueda establecer el valor de los ingresos mensuales, siendo así, hay constancia de que el actor permaneció privado de la libertad durante 39,66 meses, durante los cuales se presume no ejerció su profesión. A este período habrá de añadirse uno adicional de 8.75 meses, tiempo que según estimaciones del SENA tarda una persona ordinariamente en reicorporarse (sic) al mercado laboral. Se entiende, por lo tanto que la base temporal para la liquidación del lucro cesante será de 48.41 meses

En lo que respecta a la determinación del monto dinerario base para la liquidación del lucro cesante, la sala tomará como referencia el salario mínimo incrementado en un 25%, toda vez que se desconoce el valor de los ingresos reales del señor Ríos Valencia.

Finalmente, la sala aplicará la siguiente fórmula para la determinación del lucro cesante

(1 + i)n - 1

S = Ra -----------------

i

En donde

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir, el valor del salario mínimo incrementado en un 25%, correspondiente a prestaciones sociales.
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=48.41 meses dejados de laborar a causa de la detención injusta.
1=Es una constante.

Aplicando esta fórmula al caso concreto, la ecuación sería:

(1 + 0.004867)48.41 - 1

S= $ 922.146 --------------------------------- = $ 50.201.598

0.004867

7.1.2. Daño emergente.

Ahora, en la modalidad de daño emergente, el demandante solicita se indemnice por el costo de los bienes muebles que tuvo que poner en venta para sufragar los gastos del proceso —nevera, televisor, máquinas empacadoras, equipo de sonido, etc., por un valor de dieciséis millones ochocientos cuarenta mil pesos moneda corriente ($ 16.840.000)—, entre ellos el vehículo de transporte público en el que laboraba cuyo contrato de compraventa se elaboró por “veintidós millones quinientos mil pesos ($ 22.500.000)”, sin embargo no obra en el plenario prueba de los ingresos percibidos en razón de los negocios mencionados ni el destino de los mismos, de donde no es procedente establecer el daño y tampoco se relación con la privación de la libertad.

Similar destino habrá de llevar lo pedido por el actor para sufragar los gastos de “alimentación, habitación, vestuario, educación, salud y otros” de sus hijas menores de edad, durante el tiempo que fue privado de la libertad, los cuales estimó en $ 46.200.000; así como los ingresos dejados de percibir por la señora Rosa María Valencia, madre del señor Rios Valencia, por un valor de $ 15.600.000. Lo anterior, dado que si bien se puede inferir que la causación de dichas expensas es probable, la indemnización del lucro cesante se dirige a cubrirla, en cuanto se trata de compensar lo que el actor debió recibir, en tanto la privación, para cubrir sus necesidades y las de su familia.

Distinto sucede en lo atinente al pago de los honorarios de abogado que asumió la defensa técnica en el proceso penal. Consta en los documentos allegados el contrato de prestación de servicios por valor de $ 20.000.000 suscrito el 25 de junio de 2000 por el profesional de Derecho y el hoy demandante, cuya suma actualizada corresponde a $ 45.276.274. En efecto, de conformidad con las tarifas de la Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia-CONALBOS, para el año 2000, los honorarios que habría pagado el actor se liquidarían así:

GestiónTarifa
Asistencia jurídica durante la etapa instructiva ante Fiscal Seccional10 SMLMV
Etapa de juicio ante jueces penales del circuito especializado10 SMLMV
Etapa de juicio. Competencia ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial20 SMLMV
TOTAL40 SMLMV

En ese orden, dado que la suma de 40 SMLMV equivale a $ 29.508.680, mientras que la pretensión, actualizada a la fecha asciende a la suma de $ 45.276.274, se reconocerá y ajustará la indemnización de conformidad con los usos y costumbres consignados en las tarifas de CONALBOS comoquiera que el valor pretendido es ostensiblemente superior a lo indicado(23), así como tampoco se arrimó al proceso medios que otorgaran certeza sobre el destino de la suma solicitada.

7.2. Perjuicios morales.

En lo que tiene que ver con los perjuicios morales la parte actora reclama el equivalente a 350 SMLMV para la víctima, 250 SMLMV para cada una de sus hijas y 200 SMLMV para su madre, su hermana y su compañera permanente.

Ahora bien, la sala hace notar que, en reciente sentencia de unificación(24) la Sala Plena reiteró criterios jurisprudenciales según los cuales el perjuicio moral ha de ser tasado en salarios mínimos mensuales legales, el tope indemnizatorio se fija en 100 SMLMV y estableció criterios generales de indemnización, así:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Así las cosas, se tiene que, el señor Ríos Valencia estuvo privado de la libertad entre el 14 de junio de 2000 hasta el 7 de noviembre de 2003, según certificación expedida por el establecimiento penitenciario y carcelario La Modelo, acta de ingreso y boleta de libertad Nº 089340(25). Esto es que estuvo privado de la libertad por un tiempo superior a 18 meses —3 años, 3 meses y 22 días—. Siendo así se impone la conclusión que al antes nombrado, a sus hijas y a su madre les corresponde una indemnización equivalente a 100 SMLMV y a la señora Janeth Rocío Ríos Valencia, hermana de la víctima, 50 SMLMV. Por otro lado, en lo atiente a reclamación elevada por la señora María Joba Muñoz Feo, en calidad de compañera permanente, encuentra la sala que si bien la condición fue acreditada mediante declaración de los mismos interesados, con valor de documento declarativo no controvertido por la demandada; este deviene en insuficiente para demostrar la cercanía afectiva, de manera que será tenida en cuenta como tercera damnificada y así mismo indemnizada en el equivalente a 15 SMLMV.

7.3. Daño a la salud.

Finalmente, el actor solicita a manera de perjuicios sicosomáticos la suma de 100 SMLMV, en razón de “su propio sufrimiento, aunado al permanente y desgarrador sentimiento por la ausencia de sus dos pequeñas hijas de quince años de edad, por cautiverio injusto e ilegal, situaciones que desbordan los límites de su personalidad, es decir, que ha causado efectos emocionales traumáticos en el presente y el futuro”. Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha reconocido esta tipología de perjuicios bajo el rótulo del daño a la salud(26), siempre que los medios de prueba otorguen el convencimiento sobre el padecimiento físico o psicológico, tal como ocurrió en el sub lite según consta en examen psiquiátrico forense practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al señor Ríos Valencia, en el que concluye “un estado post-traumático que evolucionó a la cronicidad causando desadaptación global relacionadas directamente con una profunda experiencia traumática, doblegante y desestructurante del manejo del proceso, condena y encarcelamiento”, aunada a la “disfunción sexual”; siendo así huelga concluir que en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y en consonancia con el principio de equidad, la sala concederá la suma de 50 SMLMV a favor del demandante, por la afectación a su salud.

8. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el trámite del proceso, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que proceda la condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, subsección C de Descongestión, la cual quedará así:

“1. Declárese a la Nación-rama judicial y Fiscalía General de la Nación, administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados como resultado de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor EDGAR RÍOS VALENCIA, durante el período comprendido entre el 14 de junio de 2000 y el 7 de noviembre de 2003.

2. Como consecuencia de la anterior declaración condénese a la Nación-rama judicial y Fiscalía General de la Nación, a pagar las siguientes sumas de dinero:

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE:

Para EDGAR RÍOS VALENCIA, la suma de cincuenta millones doscientos un mil quinientos noventa y ocho pesos ($ 50.201.598).

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE:

Para EDGAR RÍOS VALENCIA, la suma de veintinueve millones quinientos ocho mil seiscientos ochenta pesos ($ 29.508.680).

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES:

A EDGAR RÍOS VALENCIA, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A GINETH PAOLA RÍOS BUITRAGO, en su calidad de hija el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A LILYAM MAYID RÍOS BUITRAGO, en su calidad de hija el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A ROSA MARÍA VALENCIA, en su condición de madre, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A JANETH ROCÍO RÍOS VALENCIA, en su condición de hermana, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A MARÍA JOBA MUÑOZ FEO, en su condición de tercera damnificada, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

POR CONCEPTO DE DAÑO A LA SALUD

Para EDGAR RÍOS VALENCIA, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

2. No hay condena en costas.

3. Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada la presente sentencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 “De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, expediente 36473 C.P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 9 de mayo de 2011, expediente 40324 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

4 Según certificación expedida por la oficina jurídica del establecimiento carcelario La Modelo y acta de ingreso al mismo —fls. 145 y 423, cdno. 2—.

5 Fl. 299, cdno. 2.

6 Fl. 42 y 43, cdno. 2.

7 Art. 33 de Ley 30 de 1986. Modificado por el artículo 17 de Ley 365 de 1997. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de seis (6) a veinte (20) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

(...).

8 Fls. 28 a 30, cdno. 2.

9 Pese al dicho del actor en el estricto demandatorio, en el que afirma fue privado de la libertad el 31 de mayo del 2000, no obra en el plenario documentos que den certeza, de donde resulta del caso tomar como fecha de detención la informada por la oficina jurídica del establecimiento carcelario La Modelo y el acta de ingreso al mismo.

10 Visible a fl. 423, cdno. 2.

11 Así dan cuenta los certificados de calificación de conducta —fls. 307, 335, 341, 344, 371, 382, 398, 402, 411 y 415, cdno. 2— y las actas de evaluación de conducta expedidos por la entidad —fls. 316, 318, 320 y 322, cdno. 2—.

12 Visible a fl. 299, cdno. 2.

13 Según dan cuenta los siguientes documentos: registro mercantil de persona natural en Cámara de Comercio de Bogotá, cuya actividad corresponde al transporte público de pasajeros; formulario único nacional de registro de vehículo del Ministerio de Transporte Nº 98034561 y tarjeta de empresa Tax Express Nº 5835 —fls. 14, 15 y 18, cdno. 2—.

14 Constancia que señala que la providencia quedó ejecutoriada el 13 de enero de 2004 —fls. 42 y 43, cdno. 1—.

15 “Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). (Corte Constitucional, Sentencia T. 881/02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

16 Art. 28 “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

17 Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, actas de sesiones de las comisiones, art. 90, sesión comisión 1, mayo 6, pág. 4.

18 En este sentido vale recordar nuevamente a Kant, quien afirma enfáticamente que “la pena judicial (poena forensis) (…) no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que de imponérsele solo porque ha delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otros ni confundido entre los objetos del derecho real” Immanuel Kant, Metafísica de las Costumbres, Bogotá, Rei Andes, 1995. Pág. 166

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, radicación Nº 25000-23-000-1994-09817-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 Ponencia presentada por la Constituyente Helena Herrán de Montoya el 7 de marzo de 1991, en Gaceta Constitucional , Nº 27, 26 de marzo de 1991, págs. 10 y 11.

21 La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.

Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

22 Obrante a fls. 35 a 45, cdno. 2.

23 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T 1143 del 28 de noviembre de 2017, con ponencia del magistrado Eduardo Montealegre Lynett., sostuvo: “(...) la jurisprudencia sobre la materia ha fijado 5 criterios para determinar si el abogado cobró honorarios desproporcionados: (i) el trabajo efectivamente desplegado por el litigante, (ii) el prestigio del mismo, (iii) la complejidad del asunto, (iv) el monto o la cuantía, (v) la capacidad económica del cliente. Cabe recordar que las tarifas fijadas por los colegios de abogados son fuente auxiliar de derecho, en cuanto a la fijación de honorarios se refiere. Por otra parte, vale la pena resaltar que, a falta de una legislación particular en punto de tarifas profesionales, por regla general el límite máximo de lo que resulta admisible cobrar por la prestación de los servicios profesionales por parte de los litigantes, no puede ser otro que las tablas arriba mencionadas, máxime si, siguiendo la doctrina del Consejo Superior de la Judicatura, ellas son elaboradas de conformidad con la costumbre práctica de los abogados”.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, rad: 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), C.P. Hernán Andrade Rincón.

25 Visibles a fls. 145, 299, 423 y 424, cdno. 2.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, rad. 31.170. C.P. Enrique Gil Botero.