Sentencia 2005-02511 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Expediente: 34998

Radicación: 08001233100020050251101

Actor: Francisco de los Reyes Morales

Demandado: Nación – Rama Judicial

Acción: Reparación Directa

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de la demandada(2).

La Sala es competente para resolver el caso sub lite en razón de la naturaleza del asunto, habida cuenta de que los 65, 68 y 73 de la Ley 270 de 1996(3), fijaron la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, siendo, por ello, irrelevante algún análisis relacionado a la cuantía(4).

1.2. Acción procedente

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios derivada de una acción de la administración de justicia y de presuntos yerros contenidos en las decisiones judiciales, es la de reparación directa tal como fue promovida por el demandante.

1.3. Legitimación en la causa de los extremos de la litis

1.3.1. De la parte activa

Está acreditado el legítimo interés que le asiste al señor Francisco de los Reyes Morales, quien fungió como actor en el proceso en el que se profirieron las decisiones contentivas del presunto error judicial invocado como fundamento de la pretendida responsabilidad estatal.

1.3.2. De la parte pasiva

Frente a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala encuentra que la parte actora cuestiona en su demanda unas decisiones judiciales y funda sus pretensiones en presuntos yerros contenidos en ellas. Por ende, es la Nación – Rama Judicial, representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, la llamada a comparecer como demandada en este asunto.

1.4. La caducidad de la acción

El ordenamiento jurídico prevé la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales. Si se ejercen por fuera del límite temporal previsto en la ley, el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dispone que esta debe promoverse en un término máximo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).

El presente caso se funda en la presunta existencia de yerros en una sentencia de segunda instancia proferida el 1 de octubre de 2003 (fl. 255, c. 2), mientras que la demanda se presentó el 21 de septiembre de 2005 (fl. 2, c. 1), por lo que fuerza concluir que no operó la caducidad de la acción.

2. Problema jurídico

Para definir la controversia analizará la Sala si en el presente se incurrió en error judicial en la sentencia de 1 de octubre de 2003, para establecer si como lo pretende el actor hay lugar a declarar la responsabilidad estatal por los hechos que dieron origen a la controversia.

3. Análisis probatorio

3.1 Del mérito probatorio de las evidencias allegadas en copia informal

Antes de centrar la atención de la Sala en el análisis crítico de las evidencias aportadas, procede la precisión siguiente en relación con el mérito de las evidencias aportadas en copia informal al proceso.

En su mayoría, las documentales allegadas corresponden a las piezas procesales del proceso ordinario laboral adelantado por el ahora demandante, evidencias que fueron legalmente decretadas durante el trámite procesal y que no fueron controvertidas ni tachadas por la demandada, que por el contrario pidió tenerlas como pruebas (fl. 20, c. 1).

En efecto, esas documentales estuvieron a disposición de la demandada, quien ningún reparo formuló frente a ellas, siendo claro que era esa parte quien –a través de los despachos judiciales en los que se tramitaron los procesos–, tenía a su disposición los originales de las actuaciones, de modo que podía verificar la veracidad o no de los documentos aportados por su contraparte. Como así no lo hizo, entiende la Sala que ninguna objeción le mereció su autenticidad.

Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(5), decidió otorgar mérito probatorio a las copias informales, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría la afectación del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y desconocería la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. En consecuencia, se dará mérito a las documentales aportadas en copia informal.

3.2 Hechos probados

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente se encontraron demostrados los siguientes hechos relevantes para la decisión del problema jurídico, relativos al proceso ordinario laboral y su decisión que cuestiona la parte demandante:

3.2.1. Está probado que el señor Francisco de los Reyes Morales promovió un proceso ordinario laboral, en el que pretendió el reintegro al cargo del que fue desvinculado, denominado auxiliar IV y el pago de los salarios dejados de percibir desde su desvinculación hasta el reintegro; en forma subsidiaria pidió el pago de intereses a las cesantías, indemnización por despido injusto e indemnización moratoria.

3.2.2. El asunto lo decidió en primera instancia el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla (fl. 220, c. 2), que denegó las pretensiones luego de indicar que el demandante era un empleado público y no acreditó la calidad de trabajador oficial con que se presentó al proceso:

Al no probar el actor su calidad de trabajador oficial, debe concluirse que es un empleado público, toda vez que se repite la regla general es que las personas vinculadas a los entes territoriales lo están a través de una relación legal y reglamentaria, pues el criterio acogido por la legislación colombiana (art. 5º del Decreto 3135 de 1968, art. 42 de la Ley 11 de 1986 y art. 292 del Decreto Ley 1333 de 1986), es el organismo el cual tiene en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad para calificar en principio la vinculación, esto es, si es contractual o de índole legal y reglamentaria y la clase de empleo, es decir, si es trabajador oficial o empleado público, y probado como se encuentra que el demandante es un empleado público, y de conformidad con las pruebas que militan en el proceso, al Juzgado no le queda otra alternativa que la de absolver a la demandada de las pretensiones de la demanda.

3.2.3. El 1 de octubre de 2003 (fl. 255, c. 2), la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, en audiencia pública dictó sentencia de segunda instancia, en la que confirmó la decisión de 25 de marzo de 2000 del Juzgado Quinto Laboral del Circuito que denegó las pretensiones.

El fundamento de la decisión fue la falta de jurisdicción de esa Corporación para conocer del asunto en razón de la calidad de empleado público del demandante que encontró acreditada. Por ende, consideró innecesario pronunciarse sobre la sustitución patronal y el despido injusto. Así lo indicó:

En el asunto subexamine no hay lugar a dudas que dado el cargo desempeñado por el actor era un empleado público (auxiliar IV) y no un trabajador oficial, sin que por otro lado hubiese demostrado lo contrario, pretende la apoderada de la parte demandante demostrar en las argumentaciones utilizadas para sustentar el recurso de apelación que a pesar de que el cargo del actor corresponde a los realizados por empleados públicos se le debe aplicar el contrato realidad porque ejecutaba actividades propias de un trabajador oficial y para esto aporta un memorando de horas extras donde se le menciona, sin embargo esto no es prueba suficiente para demostrarlo, lo que nos hace persistir en las argumentaciones citadas, por lo tanto no es necesario entrar a debatir lo concerniente a la sustitución patronal e identidad de empresa ya que procede la Sala a declarar probada la excepción de falta de jurisdicción.

4. Análisis de la Sala

Para desatar el problema jurídico la Sala tiene en cuenta que en la época en que fueron proferidas las providencias judiciales cuestionadas ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, que se encargó, entre otros asuntos, de regular lo relativo a la responsabilidad del Estado por la actuación de sus agentes judiciales.

Indicó la ley(6), en similares términos a los del artículo 90 Superior, que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por acción u omisión en la administración de justicia. Seguidamente reguló los títulos bajo los cuales resulta posible imputar responsabilidad al Estado por la actuación de los jueces, siendo estos: el error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad. En cuanto al error jurisdiccional en que se funda la causa petendi de la presente controversia, indicó la ley que es el cometido por una autoridad judicial en el curso de un proceso, mediante una providencia contraria a la ley.

Antes de centrarse la Sala en el estudio de la existencia o no de un yerro en las providencias cuestionadas, estima necesario advertir que el artículo 67 ibídem dispuso unos presupuestos inequívocos que deben estar presentes para poder proceder al análisis de fondo con el fin de determinar si se incurrió o no en error jurisdiccional.

En efecto, el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 señaló como presupuestos del error jurisdiccional los siguientes:

El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley(7) en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme. Se resalta.

En cuanto al fondo del asunto, esto es, a la responsabilidad del Estado por error judicial, la jurisprudencia de la Corporación ha afirmado que el error judicial no debe ser analizado de manera aislada, sino en relación con los demás actos procesales(8).

También se ha afirmado que puede incurrirse en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo un derecho subjetivo(9). El error puede ser de hecho o derecho, por interpretación errónea, falta de aplicación de la norma o indebida aplicación de la misma. Además, deben entenderse incluidas en la definición de error jurisdiccional las providencias contrarias a la Constitución(10).

Para establecer la existencia o no del error judicial, le corresponde al juez de la responsabilidad establecer si la decisión cuestionada ha transgredido el orden jurídico, juicio que no impone la verificación de una actuación necesariamente arbitraria o caprichosa(11) como lo ha entendido la Corte Constitucional(12), sino que se funda en el juicio objetivo sobre la providencia cuestionada(13) y sus antecedentes procesales.

El concepto de error judicial puede estar vinculado a alguna de las llamadas por la Corte Constitucional “causales de procedibilidad” de la acción de tutela contra providencias judiciales, esto es, a un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, un fallo sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución(14), cuestión que ha de analizarse de cara a cada caso particular.

La Sala encuentra que en el presente caso la sentencia cuestionada como contentiva de error fue la dictada en segunda instancia en el proceso ordinario, producto del recurso de apelación contra el fallo de primer grado, razón por la que no procedía en su contra ningún recurso ordinario, al tiempo que consta en el proceso que quedó ejecutoriada (fl. 260, c. 2), por lo que se encuentran presentes los presupuestos para que proceda el estudio de fondo del presunto error contenido en la sentencia judicial.

Empero, tal como lo apreció el a quo, encuentra la Sala que los fundamentos de la demanda estuvieron todos encaminados a la demostración de unos presuntos errores sobre puntos que no fueron materia de la decisión judicial. Luego del análisis de la decisión cuestionada que desestimó de las pretensiones de la demanda, se aprecia que esta no se fundó en el hecho de no encontrar demostrada la sustitución patronal o el despido injusto, sino que se limitó a declarar probada la excepción de falta de jurisdicción para conocer del asunto, en razón al carácter de empleado público del demandante, el que encontró acreditado en la actuación.

En efecto, las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso ordinario laboral, se fundaron en no se acreditó el carácter de trabajador oficial con que se presentó el demandante al proceso, sino que apareció probado su carácter de empleado público. Por ello, concluyó el Tribunal Superior de Barranquilla, la jurisdicción ordinaria no era la llamada a conocer del asunto y, en consecuencia, declaró probada su falta de jurisdicción.

Frente a esas conclusiones que se constituyen en la razón fundamental de la decisión, ningún cuestionamiento planteó el demandante en el presente proceso, sino que se limitó a insistir en los argumentos de fondo de sus pretensiones de índole laboral, frente a los que no hubo pronunciamiento de los jueces laborales, esto es, no constituyeron materia de la decisión del caso.

Llama la atención de la Sala que el recurso de apelación que ahora se decide se sustentó en similares consideraciones a las expuestas en la demanda, esto es, en que a su juicio sí se demostró en el proceso ordinario la sustitución patronal y el despido injusto del empleado, pero ningún reparo planteó frente a las conclusiones del Tribunal Administrativo del Atlántico.

En esas condiciones, no puede la Sala verificar la presencia del alegado error judicial, establecido como está que los presuntos yerros que el recurrente pretende endilgarle no fueron materia de la decisión judicial, la que se fundó en argumentos jurídicos y pruebas cuya veracidad y valoración, respectivamente no fueron controvertidas en este escenario de responsabilidad.

Nótese que el demandante fundó sus pretensiones en este asunto, en errores de aplicación normativa por virtud de los cuales, presuntamente el Tribunal Superior de Barranquilla afirmó que en el caso particular que le correspondió decidir no se presentó sustitución patronal, ni despido injustificado, cuando esos temas no llegaron a ser abordados en la providencia cuestionada, cuyo estudio jurídico se limitó a establecer las razones por las que esa jurisdicción no era competente para conocer del asunto, esto es, no hubo decisión de fondo. Frente a esos fundamentos, ningún reparo formuló el recurrente a lo largo del proceso.

En tales condiciones se impone concluir que los presuntos errores jurisdiccionales alegados por la parte actora no existieron, por cuanto se demostró que la sentencia de 1 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, no acometió el estudio de fondo de los asuntos jurídicos planteados como fundamento de la demanda y el recurso, de modo que no pudo errar en aquello que no fue materia de su decisión.

No puede la Sala examinar a fondo si la decisión de declarar probada la excepción de falta de jurisdicción estuvo o no ajustada a derecho, o si otra debió ser la conducta desplegada ante esa situación por los funcionarios judiciales, por ejemplo la remisión del expediente a la jurisdicción contencioso administrativa, pues tal actuación excedería los límites propios de la interpretación y adecuación de la demanda que permite la aplicación del principio iura notiv curia, y derivaría en una vulneración al debido proceso de la demandada, quien no tuvo oportunidad de defender su actuación en ese escenario, como quiera que no fue materia de cuestionamiento por la parte demandante.

Así las cosas, en este caso particular, el estudio del error judicial debe limitarse a la verificación de aquellos fundamentos propios de la causa petendi, frente a los que tuvo posibilidad la demandada de ejercer su derecho de contradicción y defensa, los que a todas luces no están llamados a ser acogidos como fundamento de la responsabilidad de la administración de justicia, de acuerdo con lo expuesto.

Así, como no se acreditaron los errores judiciales en que se fundan las pretensiones estas no podían prosperar, tal como se concluyó en el fallo apelado que, en consecuencia, será confirmado.

5. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 12 de septiembre de 2007, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 El proceso se fijó en lista hasta el 29 de agosto de 2006 (fl. 14 vto, c. 1) y en esa misma fecha contestó la entidad (fl. 15, c. 1).

2 Código Contencioso Administrativo, artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.

3 (sic).

4 El asunto lo estudió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

6 Ley 270 de 1996, artículo 65. 

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 2008, exp. 16594: “En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial sólo se configura si el interesado ha ejercido los “recursos de ley” pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; “en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado. Y de otra parte, que los “recursos de ley” deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2007, exp. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra: “(…) no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues sólo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental”.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 2008, exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 1997, exp. 13.258, C.P. Ricardo Hoyos Duque. “El error judicial también incluye el error de hecho en el cual puede incurrir al no considerar un hecho debidamente probado o al no promover la realización de las pruebas conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la aplicación del derecho. En efecto, lo que podríamos llamar la intuición jurídica, la intuición de lo que es justo y ajustado a derecho, nos señala en este caso que el error judicial procede no solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que posteriormente se ha demostrado que es falso, o porque posteriormente se ha logrado probar un hecho que da lugar a la absolución de responsabilidad de quien resultó afectado por una decisión judicial errada”. Ver también sentencia de 28 de enero de 1999, exp. 14.399, C.P. Daniel Suárez Hernández.

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, Exp. 17650. C... “Esta diferencia, resulta fundamental, para efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos.”

12 Corte Constitucional, sentencia c-37 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa: “Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”. (Se subraya)

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 29 de enero de 2014, exp. 27258.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, exp. 14.399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 2 de mayo de 2007, exp. 15.576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de diciembre de 2007, exp. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.