Sentencia 2005-02537/40327 de febrero 1 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2005-02537-01 (40327)

Consejera Ponente:

Dra. María Adriana Marín

Actor: José Álvaro Ramírez Ramírez

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

Referencia: apelación sentencia - acción de reparación directa

Tema: Responsabilidad del Estado por error judicial / error judicial en providencia que condenó al actor al pago de acreencias laborales / Falta de valoración probatoria de las pruebas que demostraban el pago de la prima de servicios a trabajador al servicio del demandante / Error judicial - la decisión de condenar al actor al pago de las demás acreencias laborales fue acertada y ajustada a la legalidad.

Bogotá, D. C., primero de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 25 de agosto de 2010, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y lo considerado por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(1).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En el caso concreto la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en el daño que se alega sufrido por el señor José Álvaro Ramírez Ramírez con ocasión del error judicial en el que habría incurrido el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia proferida el 29 de octubre de 2003, en la que fue condenado al pago de una suma de dinero por concepto de acreencias laborales y, como consecuencia, a que se generara un detrimento patrimonial para el actor.

En esas condiciones, el término de caducidad debe contabilizarse desde la fecha en que quedó ejecutoriada la decisión del 29 de octubre de 2003, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Tercera de la corporación. No obstante, como en el expediente no obra prueba de la constancia de ejecutoria de esa decisión, la Subsección aplicará el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil(2), que establecía que las providencias quedaban ejecutoriadas y en firme tres días después de notificadas.

Obra en el proceso la certificación suscrita por el Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá(3), según la cual, la providencia del 29 de octubre de 2003 fue notificada a las partes por estrados, por lo que en aplicación de lo dispuesto en la mencionada norma, la misma quedó en firme el 4 de noviembre de 2003 y, dado que la demanda se formuló el 4 de noviembre de 2005(4), resulta que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

3. La legitimación en la causa.

Con ocasión del daño que originó la presente acción, esto es, la pérdida del dinero que el ahora demandante habría pagado como consecuencia de la condena impuesta en su contra en la sentencia proferida el 29 de octubre de 2003 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Bogotá, concurrió al proceso el señor José Álvaro Ramírez Ramírez como directo afectado, tal como se desprende de la lectura de dicha providencia.

Por su parte, sobre la legitimación en la causa por pasiva, se constata que el daño que se invoca en la demanda proviene de decisiones que corresponden a la Rama Judicial, la cual acudió representada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del C.C.A.(5) y el numeral 8º del artículo 99 de la Ley 270 de 1996(6), motivo por el que considera la Sala que tienen legitimación para actuar dentro del presente asunto.

4. Problema jurídico.

El problema jurídico del presente asunto se concreta en determinar si el Tribunal Superior de Bogotá incurrió o no en error judicial, en la sentencia del 29 de octubre de 2003, en la cual se condenó al actor a pagar unas acreencias laborales, por no haber valorado las pruebas que obraban en ese proceso.

4.1. El daño.

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado; una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a la demandada.

En el caso concreto, la Sala encuentra acreditado el daño, toda vez que está probado el detrimento patrimonial que sufrió el señor José Álvaro Ramírez Ramírez, al dar cumplimiento al fallo del 29 de octubre de 2003 proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que lo condenó a pagar unas acreencias laborales a favor de su empleado, el señor Lalo Villarraga Tafur, así: $202.250 por concepto de prima de servicios causada durante 1997; $271.985 por concepto de descuento ilegal efectuado en la liquidación de prestaciones sociales y la suma diaria de $10.023,33, desde la fecha del despido y hasta la fecha en que se paguen las sumas anteriores, por concepto de indemnización moratoria.

En efecto, obran en el expediente las consignaciones de depósitos judiciales del 11 de marzo de 2004 y el 1º de agosto de 2005, con destino al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, en las que consta que el señor Ramírez Ramírez depositó a favor del señor Lalo Villarraga Tafur, la suma de $ 474.735, por concepto de prima de servicios del año 1997 y la suma de $ 28’153.192,49, por concepto de liquidación del proceso laboral, respectivamente (fl. 38 c. pruebas 2).

4.2. La imputación

En cuanto a la imputación, el señor José Álvaro Ramírez Ramírez le atribuyó a la providencia del 29 de octubre de 2003 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, las siguientes irregularidades: i) fue proferida sin valorar las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el proceso laboral, las cuales demostraban el pago de la prima de servicios del año 1997; ii) consideró erróneamente que no existía prueba que justificara el descuento efectuado en la liquidación de prestaciones sociales, cuando la prueba documental y la declaración del contador de la empresa eran indicativas de que era habitual para el trabajador solicitar préstamos, los cuales siempre se descontaban de la nómina correspondiente al pago de sus salarios y, iii) condenó al actor a pagar una sanción moratoria, cuando esta solamente se causaba por el no pago de salarios y prestaciones sociales, lo cual no ocurrió en el presente caso.

Así pues, se le endilga a la Rama Judicial haber proferido una decisión de fondo sin el debido sustento probatorio, hecho este que constituye, ciertamente, un error judicial, en los términos definidos por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, que establece:

Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

El artículo 67 ibídem se encarga de describir los requisitos del error jurisdiccional, a saber: i) la interposición de los recursos de ley por parte del afectado y, ii) la providencia contentiva de error debe estar en firme.

Respecto de estos requisitos esta corporación ha precisado que, frente al primero, el interesado debió agotar los recursos de ley, estos son los medios de defensa judicial que tiene a su alcance para evitar que el perjuicio se ocasione por su propia negligencia y no por el error judicial. Igualmente, tales recursos deben corresponder a los mecanismos idóneos respecto de la decisión cuestionada, es decir “aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios”(7).

En cuanto al segundo elemento, “la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial”(8).

Así mismo, la providencia judicial debe ser contraria a derecho, “bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)”(9).

Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación ha señalado que las providencias emitidas con previa omisión de la autoridad en la valoración de las pruebas adolecen de error judicial “de orden fáctico”. Así, en pronunciamiento del 26 de marzo de 2014(10), se señaló:

Una de las formas en las que se concreta el error jurisdiccional (sic) es a través de la realización de un error de hecho, que tiene lugar cuando determinada decisión carece de apoyo probatorio, en otras palabras, éste se configura al proferirse una providencia con defecto fáctico, ante deficiencias en la consideración de los hechos y los soportes de los mismos; lo que indefectiblemente alude al contenido probatorio de toda decisión.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutela, ha planteado una serie de eventos que permiten que se estructure el error en comento, estableciendo los siguientes defectos fácticos: omisión de decreto; omisión de consideración y valoración arbitraria. El primero, supone, además de una violación al debido proceso, un obstáculo al acceso a la administración de justicia(11), en tanto la negativa de un decreto de una prueba, o su práctica, imposibilita que determinado medio de conocimiento sea puesto a consideración en un caso en el que adquiere suma importancia.

(…).

Por su parte, el segundo evento –omisión de consideración–, informa que, a pesar de haberse decretado la prueba, y de ser determinante la misma para la resolución del caso, el operador jurídico se abstiene de asignarle valor para la decisión. Se destaca el hecho de que, desde ningún punto de vista, se está desconociendo la discrecionalidad que en materia de valoración se le ha atribuido a los jueces, la que se sustenta en los postulados de la sana crítica; no obstante, existen criterios objetivos de valoración de la prueba que si son desconocidos, configuran este tipo de error.

Finalmente, como último evento de error –valoración arbitraria–, se tiene que frente a esta modalidad, existe una conducta valorativa; pero a pesar de ello, se elude una consideración o elementos que imponen una determinada conclusión. En este caso, el juez esquiva una conclusión jurídica que los medios probatorios le imponen. ‘Se repite, no es que el juez no valore, o que no tenga libertad para hacerlo, sino que lo hace en contravía de las evidencias que el propio ciclo probatorio le ha aportado, adoptando al final una decisión contraevidente, que no solo repugna con el contenido del plenario, sino que contradice el ejercicio constitucional de la función de administrar justicia que le ha sido encomendada’(12).

(…)

En ese sentido, el error se estructura a partir de la declaratoria de dar o no dar por probado un hecho, partiendo de una apreciación equivocada de la prueba, o haberla soslayado.

(…)

Finalmente, el error de hecho desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado ha sido un tópico de poco tratamiento al interior de la corporación; sin embargo, existen una variedad de pronunciamientos que lo contemplan como modalidad posible de error jurisdiccional. Una de las primeras sentencias que introdujo este reconocimiento fue la del 4 de septiembre de 1997, en aquella oportunidad se sostuvo que ‘El error judicial también incluye el error de hecho en el cual puede incurrir al no considerar un hecho debidamente probado o al no promover la realización de las pruebas conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la aplicación del derecho. En efecto, lo que podríamos llamar la intuición jurídica, la intuición de lo que es justo y ajustado a derecho, nos señala en este caso que el error judicial procede no solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que posteriormente se ha demostrado que es falso, o porque posteriormente se ha logrado probar un hecho que da lugar a la absolución de responsabilidad de quien resultó afectado por una decisión judicial errada’(13).

Se sigue de lo anterior que el análisis del daño antijurídico alegado en la demanda –y del hecho que se aduce como su causa– debe efectuarse desde el evento del error judicial, por corresponder lo enjuiciado con dicha categoría de fuente del perjuicio.

Ahora bien, se encuentra acreditado en el presente caso que el 16 de junio de 1999, el señor Lalo Villarraga Tafur presentó demanda ordinaria laboral en contra del señor José Álvaro Ramírez Ramírez, para obtener el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales causados durante la relación laboral desarrollada entre el 1º de octubre de 1996 y el 16 de julio de 1998 (fls. 1 a 8 c. pruebas 2).

Mediante sentencia del 8 de marzo de 2002 (fls. 9 a 17 c. pruebas 2), el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá absolvió al señor José Álvaro Ramírez Ramírez de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por el trabajador, Lalo Villarraga Tafur. La anterior decisión se fundamentó en los siguientes hechos y consideraciones:

Fundamentó sus peticiones en que laboró al servicio del demandado en el establecimiento de comercio Supercoratiendas N. 100; que prestó sus servicios personales de forma permanente e ininterrumpida; que laboró todos los días de lunes a domingo; que su jornada era de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y domingos y festivos de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.; que su salario fue: para 1996, $ 220.000, 1997, $ 260.000 y para 1998, $ 280.000; que la relación laboral terminó el 16 de julio de 1998, sin justa causa; que no se le pagó el salario del trabajo realizado en horas extras nocturnas, festivos y dominicales; que la liquidación fue amañada, pues no se le tuvieron en cuenta los factores legales y se le hicieron descuentos ilegales; que las cesantías consignadas no corresponden con el salario real devengado.

(…)

2. Del pago de cesantías, prima de servicio, vacaciones

Con respecto a estas pretensiones, valga anotar que con el documento que obra a folio 86 del expediente, puede establecer el despacho que al actor le fue reconocido y cancelado lo correspondiente a la prima de servicios por el primer semestre de 1998; de donde se colige, que las anteriores ya se habían cancelado.

Igualmente, a folios 103 y 104, aparece la consignación hecha al Fondo de Cesantías Porvenir, en febrero de 1997 y febrero de 1998 y, en la liquidación de prestaciones sociales, se canceló lo correspondiente a cesantías por el lapso laborado en el año 1998.

Y con respecto a las vacaciones, se puede establecer su pago con la misma liquidación de prestaciones sociales, legajada a folio 30, puesto que se le canceló las correspondientes por el año 1998.

De lo anterior, se colige que al actor no se le adeuda suma alguna por ningún concepto, por lo que habrá de absolverse al demandado por estos pedimentos.

El 29 de octubre de 2003, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia citada del Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá y condenó al señor José Álvaro Ramírez Ramírez al pago de unas sumas de dinero a favor de su ex empleado, por concepto de prima de servicios causada durante 1997, el descuento ilegal efectuado en la liquidación de prestaciones sociales, la indemnización moratoria y las costas de primera y segunda instancia (fls. 19 a 27 c. pruebas 2). La decisión se apoyó en la siguiente motivación:

Prima de servicios

Encuentra esta Sala razón al apelante en lo que se refiere a la prima de servicios, pues no se encuentra prueba en el expediente que hubiera sido reconocida, sino únicamente la del primer semestre de 1998, por lo que debe reconocer el señor Ramírez Ramírez las demás primas de servicios no habiendo presentado prueba del pago de estas.

Es así como de ahí se colige que deberá pagar al actor lo correspondiente al primero y segundo semestre el año 1997, pues por el segundo semestre de 1996 no alcanzó a consolidarse el derecho por no haber trabajado por lo menos 90 días durante el semestre.

Por ello se accederá a esta pretensión y como consecuencia se condena a pagar la suma de $202.750 por concepto de prima de servicios causada durante 1997, si se tiene en cuenta que el demandado reconoció haber pagado un salario por esa suma.

Retención ilegal de cesantías y prima de servicios de 1998. Descuento ilegal.

Si bien en la demanda se formulan por separado lo relacionado con el descuento por cesantías y prima de servicios de 1998, por quedar incluidos estos valores en el descuento que efectuó el empleador al trabajador en la liquidación final de prestaciones sociales, lo cierto es que constituye un solo hecho el relacionado con este descuento, entonces se entra a estudiar en conjunto, pues igual se hace en el recurso.

Aduce el apelante, que el empleador de manera ilegal descontó la suma de $271.985 que corresponden a más del 50% del valor liquidado y más de los valores que se incluyen por concepto de prestaciones sociales. Que esa retención es ilegal y que por tanto no se pueden dar por canceladas las prestaciones sociales de donde se descuentan.

Observadas las pruebas la Sala no encuentra ninguna que permita establecer que el patrono había concedido los préstamos por dicha suma.

Igualmente, el demandante tampoco reconoce esa deuda en el momento de absolver el interrogatorio de parte, por tanto, aparece dicho descuento efectuado de manera ilegal.

En efecto el CST, solo establece la autorización para descontar al trabajador de sus salarios avances o anticipos de salario con previa autorización de este y en ninguna parte autoriza para descontar de las prestaciones sociales suma alguna. Además no aparece probado el supuesto crédito a favor del patrono para que fuera compensable la suma descontada.

De lo anterior se deduce que el descuento efectuado aparece sin causa alguna y por ello, se deduce igualmente incompleto el pago de las prestaciones sociales.

Por lo anterior, se condenara al demandado a pagar al actor la suma descontada de $ 271. 985, imputables a las prestaciones sociales.

Indemnización moratoria

Aduce el apelante que la falta de pago de la suma antes mencionada genera la sanción moratoria porque no se pueden dar por pagadas las prestaciones sociales.

Si bien la parte demandada adujo al contestar la demanda que el descuento efectuado se realizó en virtud de un préstamo realizado al demandante por el empleador, lo cierto es que no aparece siquiera un indicio que respalde dicha afirmación, por tanto, no aparece un hecho que permita desvirtuar la presunción de mala fe que reposa en contra de empleador por no pagar en forma satisfactoria y completo lo adeudado al trabajador por prestaciones sociales, donde se incluye las cesantías y las primas de servicios, por ende es procedente la condena por este concepto. Ahora en cuanto al salario a tener en cuenta para efectos de la sanción moratoria es el promedio del último año o el tiempo laborado si fuere menor, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que al respecto ha dicho:

(…)

Por lo anterior se tendrá el promedio reconocido en la liquidación de cesantías de $ 300.700 mensuales. Por tanto el salario diario es de $ 10.023,33, suma a la cual será condenada la parte demandada desde la fecha de terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que se efectúe el pago de las condenas antes mencionadas.

(…)

RESUELVE:

PRIMERO: Revocar la sentencia de fecha 8 de marzo de 2002 proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá.

SEGUNDO: Condenar al demandado José Álvaro Ramírez Ramirez, a pagar las siguientes sumas de dinero en favor del demandante Lalo Villarraga Tafur.

a) $ 202.250 por concepto de prima de servicios causada durante 1997.

b) A la suma de $ 271.985 por concepto de descuento ilegal efectuado en la liquidación de prestaciones sociales.

c) A pagar la suma diaria de $ 10.023,33 desde la fecha del despido y hasta la fecha en que se paguen las sumas anteriores, por concepto de indemnización moratoria.

TERCERO: Condenar al demandado al pago de las costas de la primera y segunda instancia.

La Sala advierte que en el expediente laboral remitido al proceso, obran los documentos denominados “nómina para pago de sueldos”, correspondientes a los meses de junio y diciembre de 1997, en los que se observa el pago de la prima de servicios causada durante ese año por el señor Lalo Villarraga Tafur, así: “Nómina para pago de sueldos del 1º al 15 de junio de 1997: Prima: $100.000” (fl. 155 c. pruebas 2); “Nómina para pago de sueldos del 1º al 15 de diciembre de 1997: Prima: $110.000” (fl. 161 c. pruebas 2), en los cuales aparece la firma del trabajador como constancia de haber recibido los pagos a satisfacción, documentos que, como bien lo señaló el demandante, no fueron tachados de falsedad ni controvertidos durante el trámite del proceso laboral.

En síntesis, el error perceptible para la Sala consistió en que el Tribunal Superior de Bogotá no valoró la totalidad de las pruebas que hacían parte del expediente laboral para el momento de proferirse el fallo cuestionado y, por tanto, en la sentencia censurada no se podía asegurar que no existía prueba de haberse reconocido la prima de servicios causada durante el año 1997, cuando la prueba documental demostraba el cumplimiento de esa obligación laboral por parte del señor Ramírez Ramírez, circunstancia que permite concluir que el Tribunal incurrió en un error judicial por falta de valoración probatoria, por lo que la decisión que viene en apelación será revocada.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Daño emergente.

Se encuentra debidamente demostrado que, en virtud de la cuestionada decisión judicial, el señor José Álvaro Ramírez Ramírez consignó en la cuenta de depósitos judiciales la suma de $ 474.735, por concepto de “prima de servicios año 1997”, el cual comprende este valor y el correspondiente al valor del descuento ilegal por el que fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá.

En estas condiciones, el valor por el cual fue condenado injustamente el aquí demandante, es de $202.750, correspondiente a la prima de servicios representativa del perjuicio (daño emergente), el cual se tomará como base para indemnizar, debidamente actualizado, conforme a las fechas en que se hizo la erogación –11 de marzo de 2004–, así:

Ra = Rh ($202.750) x índice final – diciembre/17 (138.85)

índice inicial – marzo/04 (78.38)

Ra = $ 359.172

De conformidad con lo anterior, como indemnización de perjuicios materiales por daño emergente, se ordenará el pago a favor del señor José Álvaro Ramírez Ramírez de la suma de trecientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y dos pesos $359.172.

5.2. Lucro cesante.

Por este concepto se solicitó en la demanda $715.698, correspondiente a las ganancias dejadas de percibir desde la fecha de la consignación en depósito judicial hasta cuando se dicte la correspondiente sentencia, ya que este monto serían los intereses mínimos que devengaría el actor al invertir dicha suma de dinero.

Al respecto, debe precisar la Sala que la suma reconocida por el pago de la prima de servicios del año 1997 a cargo del actor fue debidamente actualizada a la fecha de la sentencia de segunda instancia, lo que implica que no se deberán los intereses de mora establecidos en el artículo 177 del C.C.A, porque la indexación y los intereses de mora son incompatibles, pues obedecen a la misma causa, cual es la de equilibrar el fenómeno de la depreciación que sufre la moneda.

No obstante, en el presente caso la suma a que fue condenada la entidad solamente se indexó hasta el fallo, sin contemplar el lapso entre este y el pago efectivo, motivo por el cual habrá lugar al reconocimiento y pago de los intereses moratorios que se causen a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia como lo ordena el artículo 177 ibídem.

5.3. Indemnización de perjuicios morales.

En la demanda se solicitó a título de indemnización de perjuicios morales, el equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la angustia sufrida por señor José Álvaro Ramírez Ramírez como consecuencia de la equivocación contenida en la decisión enjuiciada y el pago de más de $28’000.000 a que fue condenado, así como el posterior proceso ejecutivo con las medidas cautelares que ello conlleva, hasta el punto de que fue secuestrado el inmueble de su propiedad.

Sobre el particular, advierte la Sala que en cuanto a la procedencia de reconocer daños morales derivados de la pérdida o afectación a bienes materiales, la doctrina y la jurisprudencia nacionales tradicionalmente la ha aceptado siempre y cuando el perjuicio aparezca plenamente probado en el proceso. Así pues, el daño moral comprende el aspecto interno del individuo, la afección directa a los sentimientos del ser humano, como la congoja, la tristeza, entre otros, y para que haya lugar a su indemnización, resulta necesario que dicho daño esté acreditado, pues debe recordarse que, únicamente, los perjuicios derivados de la afectación a la vida o integridad sicofísica de la persona se presumen respecto de la víctima directa y de sus familiares más cercanos.

En este caso, como prueba de la causación de dicho perjuicio moral obra el testimonio del señor José Guillermo Ramírez Ramírez, hermano del demandante, quien se limitó a afirmar que el problema de conseguir dinero le ocasionó al actor problemas de salud, sin que diera cuenta de la magnitud de la afectación moral del demandante debido a la condena en su contra, pues su declaración no permite establecer con claridad la ocurrencia del sentimiento de angustia al que se refiere en la demanda y de qué forma lo vieron expresado en el demandante, de manera que no puede darse por demostrado el perjuicio reclamado sin los elementos suficientes que determinen no solamente su existencia sino también su dimensión, tal como lo exige la jurisprudencia, motivo por el cual, habrá de negarse su reconocimiento(14).

6. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 25 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, Subsección “B”, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y, en su lugar:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Rama Judicial por los perjuicios ocasionados en contra del señor José Álvaro Ramírez Ramírez, por el error judicial cometido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la sentencia proferida el 29 de octubre de 2003.

2. CONDENAR a la Nación–Rama Judicial- a pagar a título de perjuicios materiales en favor del señor José Álvaro Ramírez Ramírez, la suma de trecientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y dos pesos ($359.172).

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Cumplir lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Expedir a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00. M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 “ARTÍCULO 331. Ejecutoria. “Artículo modificado por el artículo 34 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:” Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.
“Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta” (Negrilla fuera del texto).

3 Folio 111 del cuaderno de primera instancia.

4 Folios 4 a 21 del cuaderno de primera instancia.

5 El artículo 149 del C.C.A. –modificado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998– establece al respecto: “Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. (…). En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. // El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación - rama judicial estará representada por el director ejecutivo de administración judicial…”.

6 Artículo 99. Del director ejecutivo de administración judicial. (…) Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:
(…)
8. Representar a la Nación - Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Expediente 16594, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente 13164, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2012, Expediente 22581, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Expediente 16.594, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, la sentencia de 12 de octubre de 2017, Expediente 35337, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.

10 C.P. Enrique Gil Botero, Expediente 13001-23-31-000-1997-12710-01(30300).

11 Cita textual del fallo: Constitución Política de Colombia. Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

12 Cita textual del fallo: Quinche Ramírez Manuel Fernando, Vías de hecho. Acción de Tutela contra providencia. Segunda edición, editorial Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá 2005, págs. 147 y 148.

13 Cita textual del fallo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C. P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Expediente 10285.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de marzo de 2013, Expediente 25000-23-26-000-2002-00696-01(26577), C. P. Hernán Andrade Rincón: “Se tiene entonces que frente al caso concreto, la parte actora no probó que por la pérdida de la máquina cortadora de espuma que le había sido adjudicada, había resultado moralmente afectado, pues de las pruebas obrantes en el expediente, no es posible establecer certeza sobre la existencia y justificación de tal perjuicio. Además de lo anterior el planteamiento hecho por la parte actora no corresponde a la naturaleza que atañe a los perjuicios inmateriales, pues solicita el reconocimiento de dicho rubro por el sacrificio, lucha y persistencia en la demostración del daño que le fue causado por la demandada y no por el dolor y la tristeza que el daño le puso ocasionar”.