Sentencia 2005-02641 de noviembre 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 05001-23-31-000-2005-02641-01 (2483-12)

Actor: Jorge Alirio Cortés Hurtado

Demandado: Departamento de Antioquia

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Apelación Sentencia - Autoridades Departamentales

Bogotá D.C., siete de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: « V. Considera.

1. Cuestión previa.

Previo a formular y decidir el problema jurídico en este asunto, la Sala estima necesario aludir a la carencia de motivación de la sentencia del a quo.

Como se anunció en los antecedentes de esta providencia, en la sentencia objeto de apelación la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia trascribió en forma extensa los argumentos que fueron esgrimidos por la Sala Novena de esa misma corporación al decidir un caso con supuestos de hecho y de derecho análogos.

Sin embargo las motivaciones del a quo para declarar la nulidad del acto administrativo acusado y negar el restablecimiento del derecho tan solo se contrajeron a que en la demanda no se había precisado con claridad a cuáles primas tenía derecho el demandante, lo que no es cierto, ni se había probado el cumplimiento de los requisitos para hacerse acreedor a las mismas, razones que resultan exiguas e insuficientes.

Por esa misma razón se advierte que la sentencia resulta contradictoria, pues si el Tribunal Administrativo de Antioquia consideraba que no existió claridad en las primas objeto de reclamo ni se probaron los requisitos para su otorgamiento, no se entiende por qué derribó la presunción de legalidad del acto acusado y declaró su nulidad.

Lo anterior denota que en el sub examine en realidad no se ha proferido sentencia de primera instancia, circunstancia que configura una nulidad sustancial por vulneración al debido proceso e impondría la devolución del expediente al tribunal de origen para que expidiera la providencia correspondiente, exponiendo con claridad y suficiencia los motivos de su decisión.

Sin embargo, el referido problema procesal debe ceder frente al derecho del actor a la tutela judicial efectiva, atendiendo el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de presentación de la demanda (dic. 15/2004) y que el régimen de nulidades no solo está erigido para amparar el derecho al debido proceso, sino también otros derechos de naturaleza fundamental que están en conexidad, como es el caso del acceso a la administración de justicia.

En estas condiciones, la Sala procederá a desatar el recurso de apelación.

2. Problema jurídico.

La Sala deberá determinar la legalidad del Oficio 189339 de 16 de septiembre de 2004, expedido por el Secretario de Educación para la Cultura del Departamento de Antioquia, en orden a establecer si el actor tiene o no derecho al pago de las siguientes primas: (i) De vida cara, (ii) para bachilleres pedagógicos que presten sus servicios docentes en el área rural, (iii) para licenciados en ciencias de la educación, (iv) de clima, (v) para educadores de primaria que laboren como maestros en escuelas unitarias, y (vi) para directores de primaria que laboren como maestros de escuelas unitarias.

Para desatar la cuestión litigiosa es preciso revisar: i) la competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos territoriales, ii) la naturaleza jurídica de las primas objeto de reclamo, y iii) El análisis de las pruebas y la solución del caso.

3. Competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos territoriales.

Considerando que la Ordenanza Nº 34 de 28 de noviembre de 1973, que creó la prima de vida cara para los trabajadores del Departamento de Antioquia, y el Decreto 1 BIS de 7 de enero de 1981, por medio del cual se recopilaron y actualizaron las primas de los educadores de esa misma entidad, fueron expedidos bajo la vigencia de la Constitución de 1886, es necesario analizar el tema de la competencia para la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del nivel territorial.

En cuanto al régimen de prestaciones sociales el artículo 76-9 de la Constitución de 1886, modificado por el 11 del Acto Legislativo 1 de 11 de diciembre de 1968, consagró la facultad exclusiva del Congreso para fijarlo en relación con los empleados públicos del orden nacional; al tiempo que el artículo 120-21 radicó en el Presidente de la República la competencia para fijar sus dotaciones y emolumentos. Veamos:

“ART. 76.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:

(...).

9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales”.

“ART. 120.—Corresponde al Presidente de la República, como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa:

(…).

21. Crear, suprimir y fusionar los empleos que demande el servicio de los ministerios, departamentos administrativos y los subalternos del Ministerio Público, y señalar sus funciones especiales, lo mismo que fijar sus dotaciones y emolumentos, todo con sujeción a las leyes a que se refiere el ordinal 9° del artículo 76. El Gobierno no podrá crear a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales”.

En lo que concierne a los empleados públicos territoriales, el artículo 22 de la Ley 6ª de 1945(4) señaló:

“ART. 22.—El gobierno, teniendo en cuenta la condición económica de los respectivos departamentos, intendencias, comisarías y municipios, señalará por medio de decreto las prestaciones que hayan de pagar a los empleados y obreros correspondientes”.

A partir de lo anterior se infiere que desde la vigencia del Acto Legislativo 1 de 1968 el régimen prestacional de los empleados públicos de todos los niveles—nacional, seccional o local— tenía única y exclusivamente carácter legal, no siendo viable su reconocimiento mediante actos jurídicos de distinto contenido —acuerdos, ordenanzas, actas convenio o convenciones colectivas—”(5).

Así, resulta claro que desde el año 1968 ni la asamblea de Antioquia ni el gobernador del mismo departamento contaban con competencia para crear prestaciones, pues dicha facultad fue atribuida de manera exclusiva al legislador.

Ahora bien, en cuanto al régimen salarial el artículo 54-5 del Acto Legislativo 3 de 31 de octubre de 1910, que reformó la Constitución Nacional de 1886, facultó a las asambleas para fijar el número de empleados departamentales, sus atribuciones y sueldos(6).

Dicha competencia se mantuvo en los mismos términos en el artículo 83-5 del Acto Legislativo 1 de 18 de febrero de 1945(7).

Posteriormente el artículo 11 del Acto Legislativo 1 de 1968, reformatorio del artículo 76 de la Constitución Nacional de 1886, le asignó al Congreso la competencia para que mediante ley fijara las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos(8); mientras que el artículo 41 ibídem, que modificó el 120-21 de la antigua Carta, le asignó al Presidente la potestad de fijar sus dotaciones y emolumentos con sujeción a dicha ley(9).

A su turno, el artículo 57 del Acto legislativo 1 de 1968, que modificó el artículo 187-5 de la Constitución de 1886, estableció que, por medio de ordenanzas y a iniciativa del gobernador, las asambleas determinarían las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos de nivel departamental(10). Y el artículo 60 ibídem, que reformó el 194-9 de la misma Carta, atribuyó a los gobernadores la competencia para fijar los emolumentos de los empleos que demanden los servicios departamentales(11).

Entonces, a partir de la reforma Constitucional de 1968 se modificó el régimen de competencia de las asambleas en materia salarial, toda vez que únicamente tenían atribuida la función de establecer la escala salarial de los empleados departamentales.

La Constitución Política de 1991 retomó esos mismos lineamientos. Es así como el artículo 150, numeral 19, literal e) estableció como atribución del Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los efectos relacionados con la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

Por su parte, el artículo 189-14 de la Carta de 1991 prevé que corresponde al Presidente de la República crear, fusionar o suprimir los empleos que demande la administración central; señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos.

Así, existe una competencia compartida entre el Legislador y el Ejecutivo para la regulación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la administración central, porque al primero le corresponde establecer unos “marcos generales” sobre la forma como el segundo ha de desarrollar su actividad reguladora.

En el orden departamental sucede algo similar, pues el Congreso de la República profiere de igual forma la ley marco sobre la cual el ente territorial ejecutará su actividad respectiva.

Sobre el punto, el artículo 300-7 Superior dispone:

“ART. 300.—Corresponde a las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas:

(...).

7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta. (Subraya la Sala).

A su vez el artículo 305-7 preceptúa:

ART. 305.—Son atribuciones del gobernador:

(...).

7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado. (Subraya fuera del texto original).

Establecido lo anterior, es pertinente analizar si la competencia del Congreso de la República, que se cataloga como compartida con el Ejecutivo, incluye la facultad de determinar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales y, en general, el marco de competencias de las entidades de este orden, a la luz de la autonomía que la Carta Política de 1991 les confiere en el artículo 287.

El artículo 12 de la Ley 4a de 1992 al señalar los principios a los que debe someterse el Gobierno Nacional para ejercer la atribución de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyó en esta clasificación no solamente a los servidores del orden nacional, sino también a los territoriales. El texto de la norma es el siguiente:

ART. 12.—El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.

PAR.—El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional (se subraya).

Esta norma fue declarada condicionalmente exequible mediante Sentencia C-315 de 1995, “siempre que se entienda que las facultades conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales. al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales”(Subraya la Sala).

En esa oportunidad, la Corte Constitucional precisó losiguiente:

No obstante que las autoridades locales tienen competencias expresas para determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos de sus empleados públicos (C.P. arts. 287, 300-7, 305-7, 313-6 y 315-7), no puede desconocerse la atribución general del Congreso en punto al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos territoriales (C. P. arts. 150-5, 150-19-e y 287). (...).

La determinación de un límite máximo salarial, de suyo general, si bien incide en el ejercicio de las facultades de las autoridades territoriales, no las cercena ni las torna inocuas. Ni el Congreso ni el gobierno sustituyen a las autoridades territoriales en su tarea de establecer las correspondientes escalas salariales y concretar los emolumentos de sus empleados. Dentro del límite máximo, las autoridades locales ejercen libremente sus competencias. La idea de límite o de marco general puesto por la ley para el ejercicio de competencias confiadas a las autoridades territoriales, en principio, es compatible con el principio de autonomía. Lo contrario llevaría a entronizar un esquema de autonomía absoluta, que el Constituyente rechazó al señalar: “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley” (C.P., art. 287).

(...).

La razonabilidad de la medida legislativa se descubre también si se tiene en cuenta que el patrón de referencia —los sueldos de los cargos semejantes del nivel nacional—, garantiza que el anotado límite no sea en sí mismo irracional y desproporcionado (resalta la sala).

De acuerdo a lo anterior puede afirmarse que, bajo el régimen de la Constitución Política de 1991, el Gobierno Nacional es competente para fijar el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales, de acuerdo con los objetivos y criterios señalados por el legislador mediante leyes marco, y para señalar el límite máximo salarial de estos mismos servidores, guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional, sin que ello conlleve la vulneración al principio de autonomía territorial.

La determinación de las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y la fijación de sus emolumentos, son competencia, en su orden, de las asambleas departamentales y de los gobernadores.

En este punto se resalta que la facultad constitucional otorgada a las asambleas departamentales para fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo es de índole eminentemente técnica, por lo que no comprende la potestad de crear el salario o los factores salariales, sino que se limita a la agrupación o clasificación de los empleos del nivel departamental en las diferentes categorías, debiendo señalar en forma escalonada las consecuencias económicas que se derivan de dicha categorización(12).

En la Sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, la Corte Constitucional delimitó claramente las competencias que en cuanto al régimen salarial de los empleados territoriales corresponden al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales:

“(…).

4.3. En estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar solo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional”.

4. Naturaleza jurídica de las primas objeto de reclamo.

Conforme al marco jurídico que se acaba de exponer, procede la Sala a establecer si la Asamblea Departamental y el Gobernador de Antioquia tenían o no competencia para crear las primas que se reclaman, a partir de la determinación de la naturaleza salarial o prestacional de cada una de ellas.

Mediante sentencia de 24 de julio de 2008(13), la Sección Segunda - Subsección “A” de esta corporación efectuó la distinción entre los conceptos de salario y prestación social, en los siguientes términos:

“Como las prestaciones sociales y el salario se derivan igualmente de la relación de trabajo, se hace necesario distinguirlas. Constituye salario todo lo que se paga directamente por la retribución o contraprestación del trabajo realizado, en cambio las prestaciones sociales se pagan para que el trabajador pueda sortear algunos riesgos claramente identificables, como por ejemplo el de la vejez (pensión), la enfermedad (seguridad social de salud) y el de la capacidad para laborar (vacaciones).

Las prestaciones sociales no emergen por criterios particulares y concretos, sino por aspectos generales en relación con todos los trabajadores o un grupo considerable de ellos, en cambió el salario sí se constituye frente a casos particulares y concretos, atendiendo un factor objetivo, esto es, en razón a la naturaleza del cargo, y/o otro factor subjetivo, por la persona que desempeña el empleo.

El primer factor depende de la responsabilidad y complejidad del cargo o empleo, y el segundo, entre otras circunstancias, según la capacidad, nivel académico o experiencia del empleado. Por causa de todos estos factores, el salario corresponde a una suma de varios valores que representan varios elementos salariales, de los cuales, de conformidad con cada régimen prestacional aplicable, algunos de ellos se tienen en cuenta para las prestaciones sociales, es decir, como factores salariales”.

Con la prueba documental recaudada dentro del trámite procesal, se logró demostrar que mediante Ordenanza 34 de 28 de noviembre de 1973 la Asamblea Departamental de Antioquia creó la denominada “Prima de Vida Cara” a favor de todos sus trabajadores (empleados, obreros, maestros y profesores), equivalente a la mitad de la asignación básica mensual y pagadera por partes iguales en los meses de febrero y agosto de cada año(14).

Este acto fue modificado por medio de la Ordenanza 33 de 30 de noviembre de 1974 en cuanto al monto: de la prima, que sería del 75% del salario mensual durante el año 1975 y del 100% a partir de 1976(15).

Posteriormente se expidió la Ordenanza 31 de 30 de noviembre de 1975, que exceptuó del pago de la prima a los cargos de Gobernador, Contralor General, Secretario del Despacho, Director de Planeación Departamental, Gerente, Subsecretario del Despacho, Contralor Auxiliar y los demás que tengan categoría o asignación básica mensual igualo superior a estos(16).

Bajo los conceptos establecidos por esta Sala en la sentencia que se acaba de citar, se concluye que el derecho laboral denominado por la Asamblea de Antioquia como “Prime de Vida Cara”, corresponde a una prestación social, por cuanto, como su nombre lo indica, con ella se pretendió que los trabajadores de ese departamento pudieran sortear el riesgo de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, fenómeno económico que afecta de manera general a toda la población colombiana.

Igual situación ocurre con la denominada “Prime de Clima”, que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 1º del Decreto 1 BIS de 7 de enero de 1981, expedido por el Gobernador de Antioquia(17), se otorgaba a los profesores de tiempo completo de enseñanza básica secundaria y media vocacional, seccionales de enseñanza básica primaria, preescolar, rectores y directores de establecimientos educativos, siempre que prestaran sus servicios durante todo el mes dentro de los límites municipales de: Arboletes, Murindó, Chigorodó, Dabeiba, Apartadó, Mutatá, Peque, Caucasia, Cáceres, Zaragoza, Remedios, Segovia, Puerto Berrío, Puerto Nare, Maceo, Caracolí, Necoclí, Puerto Triunfo, San Pedro de Urabá, Yondó, Uramita, Tarazá, Bagre y en los corregimientos de: Puerto Perales (San Luis), San Miguel (Sonsón), Buchadó, Vegáez, San Antonio de Padua, Bajo Murrí (Urrao), Liberia (Anorí), Carauta y Murrí en Frontino, San José del Nus y Providencia en San Roque y en el Municipio de Turbo.

Al estudiar la legalidad de la Ordenanza 54 de 1967, expedida por la Asamblea Departamental de Boyacá, la Sección Segunda consideró que la prima de clima corresponde a una prestación social y no a un factor de salario(18).


Las demás primas reclamadas por el actor, que fueron recopiladas y actualizadas por el Gobernador de Antioquia mediante Decreto 1 BIS de 7 de enero de 1981, tienen carácter salarial.

En efecto, las primas para educadores y directores de primaria que laboren como maestros en escuelas unitarias atienden a un factor objetivo para la determinación del salario, relacionado con la responsabilidad y complejidad del cargo o empleo.

Mientras que las primas para bachilleres pedagógicos que presten sus servicios docentes en el área rural y para Licenciados en Ciencias de la Educación, atienden a un factor subjetivo para la determinación del salario, que responde al nivel académico del empleado y a la zona donde desempeña sus funciones.

5. Análisis de las pruebas y solución del caso.

Los documentos que obran en el expediente lograron demostrar los siguientes supuestos relevantes para desatar el problema jurídico propuesto:

El 4 de agosto de 1975 el señor Jorge Alirio Cortés Hurtado se vinculó como docente de la Escuela Rural Mixta San Andrés del Municipio de Nariño (Antioquia)(19).

Conforme a la certificación expedida por la Dirección de Gestión y Apoyo Administrativo de la Secretaría de Educación para la Cultura del Departamento de Antioquia, el actor es docente de carácter nacionalizado y sus salarios y prestaciones son pagados con recursos de la Nación(20). En el mismo documento se informó que la prima de vida cara y las demás contempladas en el Decreto 1 BIS de 1981 le fueron canceladas hasta el mes de diciembre de 2001.

El 4 de mayo de 2004 el apoderado del actor solicitó al Gobernador del Departamento de Antioquia el reconocimiento y pago de las sumas adeudadas por concepto de primas, a partir del año 1999(21).

Tal petición fue negada por el Secretario de Educación para la Cultura de Antioquia a través del Oficio 189339 de 16 de septiembre de 2004, aduciendo que: “...las primas a que hace referencia su petición, por haber sido creadas por actos administrativos expedidos por el Departamento de Antioquia, con posterioridad al acto legislativo 1 de 1968 cuando el Departamento no tenía facultades para ordenar beneficios de este orden a favor del sector educativo, en razón a lo preceptuado por la Ley 4ª de 1992 es por lo que no se hace procedente el reconocimiento y pago de los conceptos reclamados a favor de sus poderdantes respecto de los años 2002 y subsiguientes”(22).

Como quedó visto, en este caso el actor pretende el reconocimiento y pago de la prima de vida cara, creada por la Asamblea Departamental de Antioquia mediante Ordenanza 34 de 28 de febrero de 1973 y modificada por las números 33 de 30 de noviembre de 1974 y 31 de 30 de noviembre de 1975; así como de las primas establecidas a favor de los educadores por el Decreto 1 BIS de 7 de enero de 1981, expedido por el gobernador del mismo departamento.

No obstante, a partir del marco jurídico expuesto en el numeral 3 del acápite de consideraciones de esta providencia, es claro que ni bajo el régimen de la Constitución Nacional de 1886 ni de la Carta Política de 1991 las asambleas departamentales ni los gobernadores tenían asignada competencia para crear prestaciones sociales a favor de los empleados públicos.

Por esta razón puede afirmarse que la Asamblea de Antioquia no era competente para crear una prestación social como la denominada prima de vida cara, ni el gobernador del mismo departamento podía hacer lo propio con la prima de clima, que también tiene carácter prestacional.

Ahora bien, a partir de la reforma Constitucional introducida por el Acto Legislativo 1 de 1968 se modificó: el régimen de competencia de las asambleas en materia salarial, toda vez que esas corporaciones administrativas únicamente tenían atribuida la función de determinar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos de nivel departamental.

En este punto la Sala reitera que tal facultad constitucional es de índole eminentemente técnica, por lo que no comprende la potestad de crear el salario o los factores salariales, sino que se limita a la agrupación o clasificación de los empleos del nivel departamental en las diferentes categorías, debiendo señalar en forma escalonada las consecuencias económicas que se derivan de dicha categorización.

Así, independientemente de la naturaleza salarial o prestacional de las primas reclamadas por el actor, es claro que para el momento de expedición de los actos que les sirven de sustento (28 de noviembre de 1973 y 7 de enero de 1981), ni la Asamblea ni el Gobernador de Antioquia contaban con competencia para fijar el régimen salarial ni prestacional de los educadores de ese departamento, como acertadamente lo afirmó el Secretario de Educación para la Cultura en el Oficio 189339 de 16 de septiembre de 2004.

Estas son razones suficientes para mantener la presunción de legalidad del acto acusado y negar las súplicas de la demanda, por lo que la sentencia objeto de apelación debe revocarse.

Decisión.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

VI. FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 1° de noviembre de 2011, en cuanto declaró la nulidad del Oficio 189339 de 16 de septiembre de 2004, suscrito por el Secretario de Educación para la Cultura de ese mismo departamento.

En su lugar,

2. DENIÉGANSE las súplicas de la demanda incoada por el señor Jorge Alirio Cortés Hurtado en contra del Departamento de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

4. Reconócese personería a la Abogada Eliana Rosa Bolero Londoño, portadora de la tarjeta profesional Nº 108.663 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada del Departamento de Antioquia, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 147.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo”.

(5) Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1393 de 2002.

(6) Acto Legislativo 3 de 31 de octubre de 1910. Artículo 54. “Corresponde a las Asambleas: (...) 5. La creación y supresión de Circuitos de Notaría y de Registro y la fijación al número de empleados departamentales, sus atribuciones y sueldos”.

(7) Acto Legislativo 1 de 18 de febrero de 1945. Artículo 83. “Corresponde a las asambleas: (...) 5. La fijación del número de empleados departamentales, sus atribuciones y sueldos”.

(8) Acto Legislativo 1 de 11 de diciembre de 1968. Artículo 11. “El artículo 76 de la Constitución Nacional quedará así: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: 9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales”.

(9) Acto Legislativo 1 de 11 de diciembre de 1968. Artículo 41. “El artículo 120 de la Constitución Nacional quedará así: Corresponde al Presidente de la República como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa: ... 21. Crear, suprimir y fusionar los empleos que demande el servicio de los ministerios, departamentos administrativos y los subalternos del Ministerio Público y señalar sus funciones especiales, lo mismo que fijar sus dotaciones y emolumentos, todo con sujeción a las leyes a que se refiere el ordinal 9° del artículo 76. El gobierno no podrá crear a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales”,

(10) Acto Legislativo 1 de 11 de diciembre de 1968. Artículo 57. “El artículo 187 de la Constitución Nacional quedará así: “Corresponde a las asambleas, por medio de ordenanzas: (...) 5. Determinar a iniciativa del gobernador, la estructura de la Administración Departamental, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo”.

(11) Acto Legislativo 1 de 11 de diciembre de 1968. Artículo 60. “El artículo 194 de la Constitución Nacional quedará así: Son atribuciones del gobernador: (...) 9. Crear, suprimir y fusionar los empleos que demanden los servicios departamentales y señalar sus funciones especiales, lo mismo que fijar sus emolumentos, con sujeción a las normas del ordinal 5° del artículo 187”.

(12) Así lo señaló esta corporación mediante sentencia de 11 de septiembre de 2003, Expediente 1518, C.P. Susana Montes de Echeverri.

(13) Expediente 2481-07, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, actor: Ricardo Nel Ayala Becerra, demandado: Departamento de Boyacá.

(14) Folio 5.

(15) Folios 88 y 89.

(16) Folio 87.

(17) Folios 6-10.

(18) Sentencia de 30 de junio de 2011, Expediente 2031-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, actor: Ministerio de Educación Nacional.

(19) Folios 63, 64 y 92.

(20) Folio 41.

(21) Folios 2 y 3.

(22) Folio 4.