Sentencia 2005-02702 de julio 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 730012331000200502702 01

Expediente: 35.029

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: E.M.G. y otros.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa– Ejército Nacional

Referencia: Apelación sentencia – Reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de julio catorce de dos mil dieciséis.

Temas: Responsabilidad del Estado por falla del servicio en casos de ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos”. Aplicación de la responsabilidad agravada del Estado por violaciones graves a derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Reparación integral del daño antijurídico.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 7 de diciembre de 2007, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda y su trámite.

En escrito presentado el 31 de octubre de 2005 por intermedio de apoderado judicial, la señora E.M.G., quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad C.C.P. y P.A.P.M.; A.O.P.; P.P.P., actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad A.L., A., y J.P.P.P.; M.N., G., P.P., J., M.A., M.J., L.M. y L.J.P.P., interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se la declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte del señor C.P.P., en hechos acaecidos el 3 de noviembre de 2003 en la vereda P., municipio de Cajamarca, departamento del Tolima, así como por el posterior desplazamiento forzado del que fueron víctimas los demandantes.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a la demandada a pagar a su favor, por concepto de indemnización de perjuicios morales por la muerte del señor C.P.P. la suma equivalente en pesos a 100 SMLMV para cada uno de los demandantes; asimismo, por indemnización de perjuicios morales como consecuencia del desplazamiento forzado que debieron sufrir, deprecaron la cantidad de 600 SMLMV a favor de cada uno de ellos; por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente solicitaron la suma de $ 10’000.000 y, en la modalidad de lucro cesante, la suma que resultara probada en el proceso y que sea liquidada conforme a las fórmulas utilizadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado a favor de la compañera permanente e hijos de la víctima directa.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones narró la demanda que el día 3 de noviembre de 2003, en la finca S. de A., ubicada en la vereda P., corregimiento de Amaine, departamento del Tolima, varios hombres armados vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas militares que usaban pasamontañas y que se identificaron como paramilitares, sacaron de su casa de habitación al señor C.P.P., junto con otra persona, y les dispararon causándoles la muerte.

Agregó la demanda que al día siguiente, el periódico E.N.D. de Ibagué hizo referencia a tales hechos, pero en el sentido de indicar que las personas que resultaron muertas eran miembros de la comisión de finanzas del frente 21 de las FARC y que fueron dados de baja en medio de un enfrentamiento armado con un grupo de militares pertenecientes a la Sexta Brigada del Ejército Nacional en el corregimiento de A., municipio de C. Sin embargo, aducen los actores que el señor C.P. antes de su muerte se dedicaba a labores agrícolas y de minería en esa zona, y que no tenía vínculo alguno con grupos armados al margen de la ley.

Agregó el libelo que como consecuencia de la ejecución del señor C.P., al igual que la desaparición, tortura y muerte de varios campesinos de la región en hechos acaecidos entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003, su núcleo familiar se vio en la inminente necesidad de desplazarse forzadamente y de abandonar sus pertenencias y cultivos, afrontando una situación económica extremadamente precaria.

Afirma la parte actora que los hechos recogidos en el aparte anterior son constitutivos de “una falla probada del servicio”, puesto que los miembros del Ejército Nacional involucrados en ellos pervirtieron las funciones del servicio del cual se hallaban investidos, puesto que, mediante la utilización de uniformes y de armas de fuego de dotación oficial, cometieron varios crímenes de lesa humanidad, como fueron homicidios, desapariciones forzadas, hurtos y el desplazamiento forzado de los habitantes de esa región, al tiempo que ofendieron la dignidad de la víctima al presentarlo como un subversivo muerto en combate(1).

La demanda así planteada fue admitida por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante proveído de fecha 10 de noviembre de 2005, el cual se notificó en legal forma a la entidad demandada y al Ministerio Público(2).

1.2. El Ministerio de Defensa —Ejército Nacional— contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas en ella; para tal efecto, se limitó a manifestar que correspondía a la parte actora acreditar los elementos que sirven de fundamento para derivar responsabilidad al Estado, máxime cuando no se allegó con la demanda prueba alguna que acreditara la participación de miembros de esa institución en los daños que originaron la presente acción(3).

1.3. Vencido el período probatorio dispuesto en providencia proferida el 5 de septiembre de 2009 y fracasada la etapa de conciliación, mediante auto de 22 de octubre de 2007 el tribunal de primera instancia dio traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto(4).

En sus alegatos, la entidad pública demandada sostuvo que, de conformidad con los elementos de convicción allegados al proceso, podía inferirse que en el presente caso se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en el “hecho de un tercero”, comoquiera que fueron miembros de un grupo al margen de la ley, los que cometieron los delitos a los que refiere la demanda, por manera que tales actos no comprometían la responsabilidad del Estado(5).

La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio dentro de la respectiva oportunidad procesal(6).

1.4. La sentencia de primera instancia.

Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia el 7 de diciembre de 2007, oportunidad en la cual denegó las pretensiones de la demanda.

Para arribar a esa decisión, el tribunal de primera instancia puso de presente, básicamente, que a partir del acervo probatorio arrimado al proceso, únicamente se tenía prueba de la muerte del señor C.P.P., pero no se tenía noticia alguna de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo, así como tampoco se aportó prueba válida respecto que comprometiera a algún miembro del Ejército Nacional con la muerte de la referida persona, menos aún, en las circunstancias descritas en la demanda, y ello en virtud de que los documentos que se allegaron al proceso fueron aportados en copia simple(7).

1.5. El recurso de apelación

Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso oportunamente recurso de apelación, el cual fue concedido por el Tribunal a quo el 11 de febrero de 2014 y vino a ser admitido por esta corporación el 28 de marzo de esa misma anualidad(8).

La parte actora insistió en que en el presente asunto se configuró una falla del servicio imputable el Ejército Nacional, comoquiera que en el proceso se probó que miembros del Batallón de Contraguerrilla “P.” de la Sexta Brigada del Ejército, con sede en Ibagué, hicieron presencia en la vereda P. del municipio de C., y que lo hicieron en el marco de unas operaciones militares concertadas para combatir a grupos insurgentes que operaban en esa región. Indicó que durante la época en que se efectuaron tales operativos, los militares perpetraron varios homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas y desplazamientos en contra de la población civil, para lo cual se hacían pasar por grupos paramilitares, tal y como lo estableció la Fiscalía General de la Nación dentro de los procesos penales adelantados por tales hechos.

Agregó que, en el proceso penal se acreditó que en ese contexto de vulneración múltiple y sistemática de derechos humanos perpetrada por miembros del Ejército Nacional, entre los días 2 a 6 de noviembre de 2003, se produjo la ejecución del señor C.P.P. y de otras personas, así como también se probó que al día siguiente de la muerte de la referida persona, según declaraciones ofrecidas a medios de comunicación por el Comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, los hicieron pasar por subversivos abatidos en combate, todo lo cual obligó a su familia a desplazarse forzadamente y a dejar sus pertenencias y cultivos abandonados, circunstancia que les ocasionó graves perjuicios del orden material e inmaterial(9).

1.6. Una vez se dio traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto si lo consideraba del caso, éste último guardó silencio(10).

La parte actora replicó íntegramente los argumentos que había expuesto en el recurso de apelación e insistió en la configuración de una falla del servicio por parte del Ejército Nacional, dada la participación de miembros de esa institución en la comisión de los daños antijurídicos que originaron la presente acción(11).

A su turno, la parte demandada manifestó que en el presente caso se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de un tercero, toda vez que la muerte de la citada víctima directa fue cometida por miembros de la organización criminal denominada Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.(12).

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el presente asunto.

II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala  

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2007, por el Tribunal Administrativo del Tolima, comoquiera que la demanda se presentó el 31 de octubre de 2005 y la pretensión mayor se estimó en la suma de 600 SMLMV por concepto de indemnización de perjuicios morales para cada demandante, derivado del desplazamiento forzado del que habrían sido víctimas, la cual supera el monto exigido —500 SMLMV—, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación(13).

2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, según se indicó, su ejercicio tuvo por origen la muerte del señor C.P.P. ocurrida el 3 de noviembre de 2003, así como por el posterior desplazamiento forzado del cual habrían sido víctimas los demandantes, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 31 de octubre de 2005, se impone concluir que se interpuso dentro de los 2 años que establece el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.

2.2. Acerca de las pruebas trasladadas del proceso penal.

En los cuadernos 4 a 17 se aprecian copias de varias piezas del proceso penal(14) tramitado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, adelantado con ocasión de los hechos acaecidos entre los días 2 a 7 de noviembre de 2003 en las veredas de P. y E.O., E.P. y S. de A., del municipio de C., Tolima, pruebas que fueron decretadas y debidamente incorporadas al expediente, no obstante lo cual, habida cuenta que fueron solicitadas única y exclusivamente por la parte demandante(15), no cumplirían con la regla de traslado contenida en el artículo 185 del C. de P. C.(16) por lo que, en principio, de dicha actuación sólo sería posible valorar la prueba de tipo documental que contuviera. Sin embargo, la Sala advierte que se está frente a un caso de violación grave de derechos humanos y que, por ello, la valoración probatoria debe ser más flexible dadas las circunstancias de indefensión en que se encuentran las víctimas en este tipo de eventos y la renuencia que ha exhibido en este asunto la entidad demandada para permitir la acreditación los hechos, razones por las cuales la Sala, en acatamiento a los principios de justicia material y de acceso a la administración de justicia, dará valor probatorio a la totalidad de los elementos de convicción que obran en dicho encuadernamiento, lo que hace con estricto apego a lo precisado por la jurisprudencia del Consejo de Estado(17), en la que se ha razonado sobre estos aspectos de la siguiente manera:

Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia.

Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas.

Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios. (…).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en casos de violaciones a derechos humanos es el Estado quien tiene el control de los medios para desvirtuar una situación fáctica: “a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio”(18).

Bajo esos mismos presupuestos, en tratándose de casos de desaparición forzada y ejecuciones sumarias, comprendidos como violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana ha manifestado que por el hecho de que el Estado haya consentido tales eventos, el estándar probatorio le es más exigente, y por ello, le asiste una carga probatoria mayor: “La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados”(19).

En consideración a los criterios de valoración expuestos, la Sala, teniendo en cuenta que el caso presente trata de graves violaciones a los derechos humanos, adecuará los criterios de valoración probatoria a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia efectiva”(20) (negrillas originales).

Así las cosas, se tendrá en cuenta para la resolución del presente caso la totalidad de los medios de convicción que en el proceso penal se encuentran contenidos, así como las copias simples(21) de las providencias dictadas dentro de ese mismo proceso por el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, las cuales, si bien fueron allegadas por la parte actora después de fenecida la oportunidad para pedir y/o aportar pruebas, lo cierto es que hacen parte del mismo encuadernamiento penal que solicitó en primera instancia, por lo que se les dará acogida en este proceso en estricto apego de la aplicación de los principios de flexibilización en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario a que se ha hecho referencia.

2.3. Los hechos probados.

A partir de los elementos de convicción arrimados al proceso en legal forma, la Sala tiene por establecidos los siguientes hechos:

i) Que, de acuerdo con el certificado de defunción obrante en el proceso, el día 3 de noviembre de 2003 el señor C.P.P. murió de forma violenta en el área rural del municipio de Ibagué(22).

ii) Que el levantamiento del cadáver del antes mencionado se llevó a cabo el 4 de noviembre de 2003 por parte del Fiscal 24 de Ibagué en las instalaciones del Batallón J.R. del Ejército Nacional de esa ciudad(23), diligencia en la que se concluyó que el occiso murió como consecuencia del impacto de proyectil de armas de fuego y de explosivos, tal como lo consignó la siguiente información:

“Fecha: 4 de noviembre de 2003.

Lugar de los hechos: Municipio de C., corregimiento de A., en área despoblada.

Fecha de los hechos: 3 de noviembre de 2003.

Identificación indiciaria: occiso NN masculino de 25 a 30 años.

Lesiones observadas: heridas múltiples y abundantes con exposición de tejido óseo y blando, intercostal, abdominal y fosa ilíaca; herida abierta de 2 cm de diámetro con exposición de masa encefálica en región temporal izquierda a 5 cm del pabellón auricular; herida grande y abierta con destrucción de bóveda craneana y exposición de masa encefálica en región temporo occipital derecha.

Hechos: muerte por proyectil de arma de fuego, se presentó combate entre la Compañía Búfalo del Batallón Contraguerrilla 6 “P.” con el frente 21 de las FARC. 

Hipótesis formulada: Homicidio por proyectil de arma de fuego y explosivos” (negrillas y subrayas adicionales).

iii) Que, en relación con las circunstancias en las cuales acaeció la muerte del señor C.P.P., el Capitán del Ejército Nacional J. C. R. A., el 3 de noviembre de 2003, presentó ante sus superiores un informe oficial, correspondiente al denominado “patrullaje O.”, en el cual manifestó (Se transcribe de manera textual):

“Por medio del presente me permito informarle al señor Mayor Cdte. del Batallón 6 P. los hechos ocurridos el día 3 de noviembre de 2003 en la vereda L. V., perteneciente al corregimiento de A., así:

Se encontraba la Compañía B. del batallón 6 P. acantonada en el corregimiento de A., se tuvo la información que en un vehículo campero los terroristas de la cuadrilla 21 de las FARC iban a recibir comida para abastecerse por 5 días, en el sitio ‘Semillas de agua’, de inmediato se planea una maniobra relámpago de ofensiva para capturar y/o dar de baja a los terroristas, se alista el cuarto destacamento de la compañía al mando del señor SS. C.S.W., se inicia el desplazamiento a las 04:30 a.m., al punto denominado semillas de agua y se toma posición de las coordenadas. El comandante del destacamento observa movimientos de los terroristas que se van desplazando en dirección a donde se encuentra el cuarto destacamento, se da cuenta que vienen de 7 a 15 aproximadamente a las 14:00 h. Terroristas vestidos en uniforme camuflado de Policías y de Civil, cargando armas de largo alcance (fusiles), traían un caballo de carga, se da la voz de alto y los terroristas abren fuego contra la tropa, las tropas reaccionan a la amenaza y abren fuego y posteriormente inician la persecución de los terroristas.

En los registros son encontrados un terrorista vestido de civil y al lado una pistola Browin junto a él se encuentra un caballo muerto, más adelante es hallado otro terrorista vestido con camuflado con chaleco para portar proveedores y una pistola 9 mm, marca Ruger (sic).

Posterior a los hechos los terroristas son recogidos y transportados a un lugar seguro ya que por inteligencia técnica al parecer se estaban reorganizando para tratar de golpear a las tropas. Todas las actividades realizadas fueron informadas al comando superior.

Los terroristas fueron trasladados al municipio de C. y entregados al Sr. CT. M., cdte. De Ibagué. Personal distinguido en la maniobra:

SS. C. S.W.,

C.P. B.S,F.,

C3. Á.G.O.,

SLP. R.B.E.,

SLP. W. P.M.,

SLP. M. M.G.,

Resultados: Dos terroristas dados de baja, uno en camuflado, uno de civil(24) (negrillas adicionales).

Debe anotarse finalmente que obran en el proceso penal varias fotografías presentadas a los medios de comunicación de los cuerpos de las personas dadas de baja con el rótulo: “Fotografías resultados operacionales operación omega, Batallón Contraguerrillas 6 P.”.

iv) Que el día 7 de noviembre de 2003 el periódico El Nuevo Día de Ibagué publicó la noticia de la muerte de las referidas personas, abatidas por el Ejército Nacional, con el siguiente titular: “Ejército confirmó que guerrillero muerto en A. era el segundo en finanzas del Frente 21 de las FARC”. Asimismo, informó que “El segundo hombre de las finanzas del frente 21 de las FARC, conocido con el alias de ‘M.’ fue abatido en la vereda S. de A. en el corregimiento de A., jurisdicción de C., en combates sostenidos con el Ejército (…)”(25).

v) Que el 3 de diciembre de 2003, el Oficial de Derechos Humanos de la Sexta Brigada del Ejército formuló denuncia en contra de los miembros del frente 21 de las FARC ante la Fiscalía Seccional del Tolima por los hechos ocurridos entre los días 2 y 6 de noviembre de ese mismo año en la zona rural del municipio de C. En ese documento el oficial del Ejército Nacional refirió que ese grupo subversivo había cometido varias desapariciones forzadas, torturas y homicidios selectivos en contra de la población civil, todo lo cual había provocado el desplazamiento masivo de un gran número de habitantes de esa región(26).

No obstante lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, en la investigación adelantada por tales hechos —los denunciados como de autoría de las FARC—, estableció la posible participación de miembros de la compañía Búfalo de la Sexta Brigada del Ejército Nacional que intervinieron en la denominada operación “Omega”, razón por la cual profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los señores J.C.R.A., F.B.E. y A.P.D., como presuntos autores responsables de los delitos de “homicidio múltiple agravado, desaparición forzada agravada, tortura agravada, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, falso testimonio, falso testimonio, falso testimonio, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal”.

De la referida providencia resulta pertinente citar las siguientes conclusiones (se transcribe de manera textual):

“Es necesario advertir que al menos por ahora, mientras la responsabilidad del capitán R.A. aparece acreditada en su calidad de comandante de la compañía, como gestor a título de dolo del plan criminal de ‘S. de A.’ y como evidente determinador en varios de los hechos de sangre cometidos con aquellos parceleros, para aparentemente sacar provecho económico personal —a través de su suegro—, con el ganado despojado de aquellas víctimas, el presunto compromiso penal del cabo B.E., como en el caso de los demás soldados y suboficiales detenidos, radica en que efectivamente estuvieron en S. de A. el día en que se presentaron esas dos supuestas ‘bajas’, en que con su declaración aparentemente falsa colaboró con la ‘legalización’ de esas muertes ante las autoridades militares y que como miembro de la compañía Búfalo hizo parte del grupo de hombres que por esos días previamente concertados al efecto, cometieron toda suerte de vejámenes y crímenes sin ninguna justificación y sin relación alguna con las responsabilidades confiadas a la tropa(27) (se ha resaltado).

vii) Que, luego de surtirse el proceso penal en contra de los referidos militares, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia proferida el 25 de octubre de 2011(28), decidió confirmar la condena en contra de los referidos militares procesados por los crímenes cometidos entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003 en la zona rural del municipio de C.

De la citada providencia resulta pertinente citar los siguientes apartes relacionados con la participación de los militares en la consumación de tales delitos, por cuanto no solamente pone de presente la manera como los crímenes se ejecutaron, sino la pasmosa degradación moral en que habían caído esos miembros del Ejército Nacional (se trascribe de forma literal)(29):

“Se trató de varios homicidios cometidos en la primera semana de noviembre de 2003, en la región del C. de A., en las veredas de P., y S. de A., de C. T.

El día 2 de Noviembre de 2003 desconocidos llegaron a la finca E. P., donde se encontraban ordeñando J.J.I.S. y su esposa A.L.V. Allí legó su hijo menor de edad con dos hombres uniformados que lucían brazaletes negros en el brazo izquierdo con las siglas ACCU, y dijeron pertenecer a las Autodefensas del Bloque Tolima, les dieron la orden de regresar a su residencia, donde estaban otros tres uniformados, uno de ellos dijo ser el comandante T.B., quien mediante amenaza con arma de fuego sometió y amarró a J.J.I. para llevárselo.

Avanzaron por la región y en el camino otro grupo de uniformados traían amarrado a su vecino J.A.C.S., lo trasladaron a la casa de A.M., donde torturan a J.C.S.

El 3 de noviembre de 2003 los uniformados y sus retenidos se desplazaron a la vereda S. de A., ingresaron a una cabaña ubicada en el páramo, donde a las 11:00 am llegó el transporte conocido como la línea, un jeep particular procedente de C. con la remesa del mercado, conducido por M. D., dos mujeres y un niño de 3 años de edad. Cuando ya se habían desmontado los ocupantes y estaban en la cabaña, escucharon gritos de los presuntos paramilitares en los que se indicaba que venía la guerrilla, acto seguido se escuchó una explosión y luego una balacera, y los que habían salido, regresaron y dijeron que habían matado a dos guerrilleros, les ordenaron a las mujeres y a los secuestrados J.J.I. y J.A.C. subir al carro con 7 uniformados y desde allí pudo observarse el cadáver de C.P., joven minero de la región, y el de alias M., aparente guerrillero de las FARC.

Los ocupantes del automotor fueron llevados hasta la cabecera de la parcelación La Florida, donde se bajaron, excepto las mujeres, el niño y el conductor, a quienes se les ordeno guardaran silencio, las personas que bajaron del vehículo, incluyendo los secuestrados, entraron al monte, separaron a I. de C., y hacia las 2:00 pm se escuchó un disparo.

El 6 de noviembre de 2003 un grupo uniformado de las mismas características incursionó en la parcela de M.A.R., quien fue torturado en presencia de sus hijos y le hurtaron una máquina de coser singer, y $2.000.000. A las 6:00 PM fue retenido por este mismo grupo G.B.B. cuando esperaba la línea para hacer la remesa del queso en la Vereda P.

El 7 de noviembre de 2003 los agresores arribaron a la finca de H.A.C. y como él no se encontraba, se llevaron el ganado. Igual ocurrió en la finca de G.G. y después en la de R.E.G., a quien sacaron atado con los brazos a la espalda, y le dieron la orden a I.S. de sacar el ganado de H.A. y B.D.M. de C., apropiándose de 60 cabezas de semovientes, aproximadamente.

El 11 de noviembre de 2003, en el sector de la P., vereda de P., fue encontrado en una fosa el cadáver descuartizado de M.A.R., afiliado al sindicado de S. M. de P., y en otra fosa se encontró el cuerpo de R.E.G., Fiscal del Sindicato S. Y en una tercera fosa se hallaron los restos de G.B.B.

El 13 de noviembre de 2003, entre la 1:00 y 2:00 am, miembros de la policía de carreteras de Quindío que se encontraban haciendo un retén en el Kilómetro 4+800 en la vía Armenia Alto de la Línea, sitio G.V. del municipio de C., en la y retuvieron dos camiones que transportaban 28 cabezas de ganado, una de las personas que viajaban en el primer camión presentó documentación aparentemente falsa y otro de los ocupantes que se presentó como el soldado profesional A.P.D., aseguró que el ganado iba a ser llevado a la finca del suegro del capitán J.C.R.A., ganado que se determinó que hacia parte del que fue hurtado a las víctimas de estos hechos de la vereda P.

El 17 de enero de 2004, en la finca la F. de la vereda P., personal de la defensa civil y bomberos de C. encontraron en una fosa el cadáver de J.A.C.S.

“(…).

“Consideraciones:

“… En este caso no existió vinculación o acuerdo entre los miembros del Ejército de Colombia y los integrantes del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, pues el material probatorio recaudado y que será analizado a continuación indica que los atroces hechos que dieron lugar a la presente actuación fueron efectuados por miembros del Ejército Nacional sin participación de los miembros de las AUC.

“(…). Los procesados para la fecha de los hechos, eran militares de diversos rangos, pertenecientes a la Compañía Búfalo del Batallón del Contraguerrillas 6 P., adscrito operativamente al Batallón de Infantería coronel J.R., Orgánico de la Sexta Brigada, del Ejército Nacional con sede en Ibagué, y que por orden de sus superiores fueron desplazados a Cajamarca y su zona rural, en misión operacional.

Obra la orden de operación O., en la que se estableció como misión que el Batallón de Infantería 18 J.R., partir del 27 de octubre de 2003, con la agregación de la Compañía Búfalo, al mando del procesado J.C.R.A., efectuara un movimiento táctico a pie hasta el área general de A., P., P. y S. de A., municipio de C., para ubicar, capturar y dar de baja si oponen resistencia armada, a grupos de narcoterroristas.  

“(…).

Responsaibilidad del procesado J.C.R.A.. Obran en su contra el informe rendido al Batallón 6 P., sobre los hechos del 3 de noviembre de 2003, en los cuales indicó que obtuvo información de que los terroristas de la cuadrilla 21 de las FARC iban a recibir comida de un vehículo campero para abastecerse 5 días, en el Sito Semillas de Agua, que el cuarto destacamento, al mando del enjuiciado W.C.S., inició el desplazamiento hacia el mencionado lugar, observando movimiento y verificando las presencia de entre 7 a 15 hombres vestidos con uniforme de camuflado de policías y de civil, portando armas y un caballo, y que a la voz de alto los terroristas abrieron fuego contra la tropa, que esta reacciono dando de baja a dos terroristas, uno de ellos de civil, bajas que el ejército presentó como terroristas muertos en combate.

Pero el civil C.P.no pertenecía a algún grupo ilegal sino que era un habitante de la vereda, era minero, y que el día de los hechos bajaba a la carretera por donde pasaba el carro que le llevaría la remesa que le había enviado su padre, como lo informó M.N.P., hermana suya y que prueba que no es cierto que el estuviera armado ni que abriera fuego contra el destacamento dirigido por el procesado W.C.S., y si bien la otra víctima era alias M., guerrillero del frente 21 de las FARC, no obra prueba de que haya opuesto resistencia armada, condición fijada en la misión de la operación O. para poder darlo de baja. Como lo analizó el juzgado este se dirigía también a recoger sus alimentos, pues en la región era costumbre que los campesinos bajen cada uno o dos veces al pueblo a recogerlos en los almacenes en los vehículos veredales.

Se observó que los homicidios cometidos entre el 2 y el 7 de noviembre de 2003, en el área rural del municipio de C., veredas P. y el O., fueron perpetradas de manera selectiva y sistemática por miembros del Ejército Nacional, y si bien en apariencia se presentaron dos episodios independientes, las pruebas analizadas en precedencia vincularon lo ocurrido el 3 de noviembre de 2003 en la V.S. de A., referente a la llegada del transporte o línea, en que resultaron (sic) muerto alias M., C.P., y el segundo episodio que comprende la muerte de cuatro vecinos(30) (negrillas y subrayas adicionales).

En esa misma providencia penal se ordenó al Ejército Nacional la adopción de medidas de reparación integral en favor de las víctimas de tales hechos. Sobre el particular se dispuso lo siguiente:

“10. Con fines de reparación, y con el propósito de satisfacer derechos de las víctimas, la Sala ordenará, de acuerdo con los precedentes expuestos en este mismo sentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunas medidas que honren la memoria de las víctimas directas pero que también implique dentro de lo que es posible, impedir que conductas semejantes a estas en atrocidad y en agresión al conjunto de valores y principios que conforman la dignidad humana, como la suma de todos los derechos reconocidos a las personas por el solo hecho de serlo, no vuelvan a ocurrir, dentro del concepto de proscripción de repetición de la ofensa, se dispone:

10.1. Ordenar publicar esta sentencia por el término de un año en las páginas web del Ejército Nacional y del Ministerio de la Defensa como un ejemplo de lo que no debe hacer la Fuerza Pública.

10.2. Enviar copia de la sentencia ante el Tribunal de Conocimiento de Justicia y paz, y a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las actuaciones en contra de los paramilitares que rindieron declaración en este juicio y contra los cuales esta corporación les compulsó copias por el delito de falso testimonio en providencia del 1º de diciembre de 2010 dentro del radicado 11001 3107 011 2009 00035 02.

10.3 Ordenar al ministerio de defensa nacional, el comandante de las fuerzas militares, el comandante del ejercito nacional, el comandante de la brigada sexta y el comandante del batallon R. celebren un acto público en C. pidiendo perdón a la comunidad por los hechos ejecutados por miembros de esta Fuerza Pública, que implicaron una grave transgresión al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.

10.4 Ordenar que ninguna unidad militar, comando, destacamento, patrulla o compañía en el futuro se llame B., ni que tengan los nombres de militares condenados por estos hechos.

10.5 Exhortar al Gobierno Nacional para que la ejecución de la pena que se imponga en este caso se cumpla de un modo que no ofenda el dolor de las víctimas y de la comunidad a la que ellos pertenecen”(31).

viii) Que en el acta realizada por la Personería Municipal de Ibagué el 7 de septiembre de 2015, se hizo constar el cumplimiento del fallo proferido el 15 de J. de 2014 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el cual fueron parte algunas personas víctimas de los hechos descritos en esta providencia entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003(32). Dicha orden se trató de la elaboración de una placa conmemorativa con el siguiente contenido:

“En memoria de las víctimas de la masacre de C. – T.

La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional reconoce su responsabilidad por los hechos ocurridos en el mes de noviembre del año 2003 “Masacre de Cajamarca”, y pide perdón por las graves violaciones contra los derechos humanos, por el secuestro y la tortura del señor J.J.I.S., y por la tortura, desaparición y posterior asesinato de las siguientes personas: J.A.C.S., M.A.R., G.B.B., R.E.G. O J.C.G., C.P.P. y H.AR.C.

Con este reconocimiento en donde se establece la verdad, plasmamos la memoria de lo ocurrido y buscamos que las futuras generaciones conozcan los hechos y se dignifique el nombre de las víctimas quienes eran campesinos y mineros cajamarcunos, así como a sus familiares víctimas de esta masacre y del desplazamiento forzado” (negrillas adicionales).

ix) Que dentro de los procesos contencioso administrativos iniciados por algunas víctimas de los hechos conocidos como la “masacre de C.”, mediante sentencias de primera instancia del 19 de octubre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y del 27 de febrero de 2008 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué, se declaró la responsabilidad del Estado colombiano representado por el Ejército Nacional a título de falla del servicio(33).

x) Que en el registro expedido el 10 de mayo de 2004 por la Unidad de Atención a Población Desplazada por la Violencia de la Presidencia de la República se hizo constar que los señores E.M.G., C.C.P.M., P.A.P.M., P.P.P., G.P.y A.P., fueron víctimas de desplazamiento forzado del municipio de C.(34).

2.3. El daño antijurídico en el presente caso es constitutivo de violaciones graves a derechos humanos

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso, se encuentran plenamente acreditados los daños antijurídicos sufridos por las demandantes, en tanto la ejecución extrajudicial de la cual fue víctima su compañero permanente, hijo y padre, señor C.P.P., así como el desplazamiento forzado del cual fueron víctimas los demandantes constituye una afectación múltiple de distintos bienes jurídicos, amén de que tales hechos configuran una vulneración grave, flagrante y sistemática de derechos humanos, tal como pasa a explicarse.

2.3.1. Ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida  

En el presente asunto, a partir de los hechos que fueron relacionados anteriormente, puede concluirse que el señor C.P.P. fue ultimado por miembros del Ejército Nacional el día 3 de noviembre de 2003 utilizando explosivos y armas de fuego —pues así lo reflejan sus heridas—, y que luego su cuerpo fue presentado por esas mismas autoridades ante la opinión pública en general, a través de medios de comunicación, como el de un subversivo del frente 21 de las FARC dado de baja en combate, hecho que, según quedó establecido en el proceso penal, está alejado de la realidad, dado que la víctima se trataba de una persona dedicada a labores de minería, sin vinculación alguna con ese grupo subversivo.

Todo lo anterior permite a la Sala concluir que el fallecimiento del señor C.P. se enmarca dentro del fenómeno denominado por los medios de comunicación como “falso positivo”, pero que, desde el punto de vista jurídico corresponde con lo que técnicamente se designa como ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida; en efecto, el homicidio en persona protegida se encuentra tipificado en Colombia en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) de la siguiente manera:

“El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años”.

“… PAR.—Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:

1. Los integrantes de la población civil. 

2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.

3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.

“(…)” (negrillas adicionales).

En cuanto tiene que ver con el concepto de ejecución extrajudicial de personas, según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se configura bajo el siguiente tenor (se transcribe de forma literal):

Norma básica 9. (…). El concepto de ejecución extrajudicial se compone de varios elementos importantes: es un acto deliberado, no accidental, infringe leyes nacionales como las que prohíben el asesinato, o las normas internacionales que prohíben la privación arbitraria de la vida, o ambas. Su carácter extrajudicial es lo que la distingue de: —un homicidio justificado en defensa propia,— una muerte causada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han empleado la fuerza con arreglo a las normas internacionales, - un homicidio en una situación de conflicto armado que no esté prohibido por el derecho internacional humanitario. (…).

En lo referente al homicidio perpetrado por agentes del Estado colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, es de precisar que esta conducta se identifica con lo que en el derecho internacional de los derechos humanos recibe el nombre de ejecución extrajudicial.  

Hay ejecución extrajudicial cuando individuos cuya actuación compromete la responsabilidad internacional del Estado matan a una persona en acto que representa los rasgos característicos de una privación ilegítima de la vida. Por lo tanto, para que con rigor pueda hablarse de este crimen internacional la muerte de la víctima ha de ser deliberada e injustificada. La ejecución extrajudicial debe distinguirse, pues, de los homicidios cometidos por los servidores públicos que mataron: a. Por imprudencia, impericia, negligencia o violación del reglamento. b. En legítima defensa. c. En combate dentro de un conflicto armado. d. Al hacer uso racional, necesario y proporcionado de la fuerza como encargados de hacer cumplir la ley”(35) (negrillas adicionales).

Así las cosas, las circunstancias que rodearon la muerte del señor C.P.P., tal y como quedaron demostradas, avala la calificación que del hecho se hace como constitutivo de una grave violación de derechos humanos.

2.3.2. Desplazamiento forzado.

La Constitución Política de 1991 consagró expresamente el derecho de todos los colombianos “a circular libremente por el territorio nacional”(36), lo cual, como resulta apenas natural, incluye el derecho a escoger voluntariamente el lugar del territorio en el cual cada persona decide habitar, residenciarse o establecerse, de manera temporal o con vocación de permanencia(37).

De igual forma, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos el derecho a la circulación y residencia se encuentra consagrado en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica,(38) a cuyo tenor:

“1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. (…)”.

El derecho en mención también está consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,(39) del cual se deriva, de una parte, la facultad que asiste a las personas para elegir voluntariamente el lugar de su residencia dentro del territorio nacional y, en consecuencia, a no ser desplazado en forma violenta y, de otra, la correlativa obligación del Estado consistente en evitar que ocurra el fenómeno del desplazamiento forzado, es decir, garantizar la efectiva protección de ese derecho(40).

El artículo 17 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra suscrito el 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional(41), prohíbe el desplazamiento forzado de la siguiente manera:

“1º No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas.

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto”.

En el ordenamiento jurídico interno, el Legislador colombiano expidió la Ley 387 de 1997, mediante la cual “…. se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia”. En esa normatividad se define desplazado como “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”(42).

Según uno de los principios consagrados en dicha ley, los colombianos tienen derecho a “no ser desplazados forzadamente”(43) y, de manera correlativa, se ha establecido que constituye “responsabilidad del Estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioecómica de los desplazados internos por la violencia” (se destaca).

Para el caso sub examine, se tiene que los señores E.M.G., C.C.P.M, P.A.P.M., P.P.P., G.P. y A.P., como consecuencia de la ejecución extrajudicial del señor C.P.P. y de los graves crímenes cometidos por parte de miembros del Ejército Nacional entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003 en la zona rural del municipio de Cajamarca, donde ellos residían, se vieron obligados a desplazarse forzadamente, tal y como lo certificó la Unidad de Atención a Población Desplazada por la Violencia(44), dado que su vida, su integridad, su seguridad y su libertad personal fueron gravemente amenazadas, circunstancia que lleva, también, a que ese ese hecho deba calificarse por parte de la Sala como una vulneración grave, múltiple y sistemática de derechos humanos.

Establecida la configuración de las violaciones graves de derechos humanos constitutivas del daño antijurídico en el presente asunto, corresponde ahora a la Sala la tarea de abordar el análisis de imputación a partir del concepto de responsabilidad agravada del Estado.

2.4. La responsabilidad agravada del Estado colombiano por violaciones graves de derechos humanos(45)

Mediante sentencia proferida el 27 de abril de la presente anualidad, la Sala que integra esta Subsección del Consejo de Estado precisó que, en aquellos casos sometidos al conocimiento del juez contencioso administrativo, en los cuales se encuentren configuradas violaciones graves o sistemáticas a derechos humanos o al derecho internacional humanitario, específicamente, delitos de lesa humanidad(46) y crímenes de guerra(47), resulta procedente —y en los términos de la Convención Americana, obligada— la declaratoria de la “responsabilidad agravada del estado colombiano”, habida consideración de la naturaleza de las normas imperativas de ius cogens que resulten vulneradas(48), amén de que la Corte IDH ha realizado un desarrollo jurisprudencial en tal sentido que resulta vinculante para los jueces colombianos(49).

En relación con el contenido y alcance del concepto de responsabilidad agravada del Estado, la Sala en sentencia del 27 de abril de la presente anualidad, precisó lo siguiente:

“El juez de lo contencioso administrativo es, a su vez, juez de convencionalidad en el ordenamiento interno, es decir un juez que integra la normatividad interna con los estándares y reglas de protección del SIDH y que, por lo mismo, tiene como deber no sólo verificar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos por parte de las autoridades públicas internas, sino, también, fundamentar, a partir de esa clase de normas supraconstitucionales, el juicio de responsabilidad estatal, cuando se produzca un daño antijurídico derivado de la vulneración grave y sistemática de derechos humanos.

“(…). En línea con el anterior razonamiento, viene a ser claro que en un determinado caso, en el cual se acredite violaciones graves a derechos humanos que impliquen la infracción flagrante y sistemática de normas ius cogens, (delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra), los jueces colombianos pueden y deben, por una parte, llevar a cabo un análisis de convencionalidad sobre la conducta del Estado, de lo cual se podría concluir por un lado, un quebrantamiento normativo internacional, y por otro lado, tienen la posibilidad de declarar en esos eventos —al igual que lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, la configuración de la responsabilidad internacional agravada.

En este punto, la Sala estima necesario precisar a efecto de resaltar que no en todo caso de violación de derechos humanos viene a ser procedente una declaración como la que acaba de indicarse, toda vez que una declaratoria de responsabilidad de esa índole sólo resulta procedente en aquellos casos en los cuales concurran los siguientes elementos:

— Que las acciones/omisiones que hayan generado el daño constituyan violaciones graves o flagrantes de normas imperativas de derecho internacional de ius cogens, específicamente, delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra y;

— Que tales violaciones sean atribuibles o imputables, según las normas del derecho interno e internacional, al Estado colombiano”.

2.5. Caso concreto.

En primer lugar, conviene precisar que si bien por estos mismos hechos conocidos como la “masacre de C.”, algunas de las víctimas —diferentes a las del presente asunto— iniciaron procesos contencioso administrativos en los cuales se declaró la responsabilidad del Estado colombiano representado por el Ejército Nacional a título de falla del servicio(50), lo cierto es que tales providencias fueron proferidas en primera instancia y no se tiene noticia de su resultado definitivo, circunstancia que impide la aplicación de la denominada cosa juzgada material(51), por manera que la Sala procederá a ocuparse de la imputación de los referidos daños antijurídicos sufridos por los demandantes en el presente asunto.

Ahora bien, en el caso sub examine, a partir del examen detallado de los medios probatorios a los cuales ya se hizo referencia, forzoso resulta concluir que con la comisión de tales violaciones graves a derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario se configuró una ostensible falla del servicio por parte de la demandada -tanto por acción como por omisión-, como pasa a explicarse.

2.5.1. Falla del servicio por acción

De acuerdo con lo establecido en el proceso, en la comisión de la ejecución extrajudicial del señor C.P.P. y el posterior desplazamiento forzado de sus familiares, participaron directamente los señores J.C.R.A., F.B.E. y A.P.D., miembros de la Compañía Búfalo del Batallón de Contraguerrillas 6 “P.” de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, los cuales para el momento de los hechos se encontraban en servicio activo y en cumplimiento de la denominada “operación O.” en esa zona, con la misión de combatir a grupos delincuenciales que operaban en la región.

Sin embargo, los militares antes señalados, no empero conocer sus obligaciones, desviaron y pervirtieron de manera deliberada y voluntaria el servicio que les fuera encomendado por la Constitución y las leyes, como lo pone de presente la sentencia penal proferida dentro del proceso penal iniciado por tales hechos, en la que se estableció que, prevalidos de su condición de militares planearon y perpetraron delitos tipificados como graves violaciones de los derechos humanos y, por ello, se los condenó penalmente. Asimismo, se estableció que para perpetrar tales crímenes se hicieron pasar por miembros de grupos paramilitares —AUC— y cubrieron sus rostros con pasamontañas, pero luego de perpetrar tales asesinatos, presentaron a sus víctimas como subversivos dados de baja en combates con el Ejército Nacional.

Ciertamente, el oficial encargado de la unidad militar, capitán J.C.R.A., señaló en su informe oficial de los hechos que culminaron con la muerte de P., que los uniformados, cuando realizaban un patrullaje en desarrollo de la operación “O. por la zona conocida como “S. de A.” en la zona rural del municipio de Cajamarca”, observaron que se movilizaba el hoy occiso C.P., junto a otra persona que vestía de camuflado, con armamento de largo alcance, por lo cual, al acercárseles, se les dio la voz de alto, pero que éstos abrieron fuego, ante lo cual la tropa reaccionó dándolos de baja. Así fueron presentados por esos mismos militares como miembros de la comisión de finanzas del frente 21 de las FARC.

Debe señalar la Sala, que ninguna de las razones que habrían llevado a los militares a la utilización de las armas de fuego en contra del señor P.P. está acreditada en el presente proceso, tal como también concluyó el proceso penal adelantado por tales hechos. Ciertamente, el operativo militar y el supuesto enfrentamiento armado que se habría producido —según el informe oficial— resultó huérfano de respaldo probatorio.

Tampoco se acreditó que el hoy occiso hubiese hecho uso del arma de fuego que supuestamente portaba, ni —mucho menos— obra prueba respecto de su pertenencia a grupo subversivo alguno o, de lo que resulta esencial, que hubiera representado peligro para los uniformados cuando fue abatido mediante la utilización de explosivos y armas de fuego.

Todo lo anterior permite a la Sala concluir que, en el asunto sub examine, el daño no tuvo origen en el ámbito privado, personal, ni aislado por completo del servicio, toda vez que, según quedó establecido, miembros del Ejército Nacional que se hallaban en servicio activo y en desarrollo de una operación militar, procedieron a perpetrar delitos que terminaron con la muerte del señor C.P.P. y el posterior desplazamiento forzado de sus familiares, así como la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de otras personas de la región, hechos que ocurrieron entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003 y por los cuales se condenó penalmente a sus autores y se ordenó al Ejército Nacional la adopción de medidas de reparación integral en favor de las víctimas, en razón, precisamente, a que algunos de sus miembros fueron los responsables de tales crímenes.

2.5.2. Falla de servicio por la omisión del Ejército Nacional respecto del control y vigilancia sobre los hombres a su cargo

En este punto resulta menester señalar que los militares referidos fueron condenados penalmente por perpetrar los delitos a los cuales ya se ha hecho referencia y que tuvieron lugar entre los días 2 y 6 de noviembre de 2003 en la zona rural del municipio de C., con lo cual se concluye también que la muerte del señor C.P.P. y el posterior desplazamiento forzado de sus familiares, no se trató de un hecho aislado, sino que hizo parte de una cadena de hechos delictivos cometidos durante varios días por miembros de la compañía B. de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, sin que hubiese existido algún tipo de control efectivo por parte de la institución demandada.

En efecto, resalta la Sala que la conducta irregular de los miembros del Ejército Nacional, tuvo como antecedente determinante la ocurrencia de varias fallas de vigilancia y control de los mandos de esa institución sobre el desarrollo de la operación O., en la circunstancia de no haber adoptado medida alguna de coordinación, seguimiento y verificación sobre la actividad que deberían desplegar los uniformados que realizaban esa misión, todo lo cual permitió que, en el momento mismo en que los uniformados lo quisieron, pudieron pervertir las funciones a su cargo y así lograr perpetrar los gravísimos delitos que cometieron (ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, hurtos, etc.).

En este caso, se echa de menos la adopción de medidas efectivas de vigilancia y control por parte de los superiores del Ejército Nacional, tendientes a lograr la cabal ejecución de la misión encomendada a sus subalternos, lo que denota indiferencia o tolerancia frente al comportamiento de los uniformados, hecho que resulta contradictorio si se considera que los mandos superiores de la institución deben realizar un constante monitoreo de sus posiciones y de sus movimientos, dado que sus misiones de campo son precisas y concretas; no obstante lo cual, en el presente caso quedó demostrado que durante los días 2 a 6 de noviembre de 2003 el grupo de militares precedidos por el capitán J.C.R.A. cometió graves crímenes en contra de la población civil de la zona rural de C. —desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, hurtos de ganado, etc—, sin que durante ese lapso —5 días— hubiese existido por parte de los mandos militares un mínimo control de sus actividades.

En casos similares al que hoy corresponde decidir a esta Sala y en los cuales se ha declarado la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de los deberes control respecto del personal y los instrumentos de dotación oficial, la Sala que integra esta Subsección del Consejo de Estado ha razonado bajo el siguiente tenor:

“Resalta la Sala que la Fuerza Pública ostenta la custodia y resguardo respecto de los hombres e instrumentos destinados a la prestación del servicio a ella encomendado en la Constitución Política y en el ordenamiento jurídico, por tal razón, debe existir un grado notable de disciplina y control estricto sobre sus agentes, su armamento y sus vehículos automotores, ello con el fin de impedir que tales instrumentos —los cuales per se comportan un riesgoù, sean utilizados para causar daños a los particulares y, más aún, que se destinen a la comisión de actividades delictivas, todo lo cual lleva a deducir, como se indicó, la configuración de una falla en la vigilancia sobre los hombres e instrumentos a cargo de la Policía Nacional, falla que está relacionada directamente con el hecho dañoso por cuya indemnización se demandó(52) (negrillas adicionales).

Todo lo anterior permite a la Sala imputar también tales daños antijurídicos a la demandada a título de falla del servicio por omisión, en consideración a que el Ejército Nacional tenía la obligación de ejercer control sobre el comportamiento y actuar de su personal, todo ello con el fin de evitar que los hombres e instrumentos perviertan el servicio a ellos encomendado, como en este evento aconteció.

Preocupa profundamente a la Sala el crecido número de casos en los cuales miembros de la Fuerza Pública encubren bajo la apariencia de muertos en combate, homicidios que obedecen a diversas circunstancias distintas a esa, la de un combate, por lo cual debe decirse que se trata de una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos.

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha debido condenar en diversas ocasiones a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por víctimas del conflicto armado que, inexplicablemente, perdieron la vida en presuntos operativos militares o en imaginarios combates con grupos organizados al margen de la ley, que al examinarse los hechos, estos muestran otras realidades nacidas de los excesos de la guerra y de una lógica aborrecible que encuentra enemigos en quienes solamente son civiles que habitan en los lugares de conflicto. De estas situaciones fácticas se ha derivado la responsabilidad del Estado bajo el título jurídico de imputación de falla del servicio por las violaciones a deberes funcionales de origen convencional, constitucional y legal.

Así por ejemplo, en sentencia del 22 de junio del 2011(53), la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Estado por la muerte de un ciudadano, que fue retenido por miembros del Ejército Nacional y, horas después, dado de baja bajo la justificación de un supuesto enfrentamiento guerrillero. En esta decisión se precisó:

“En cuanto a las declaraciones de los soldados que participaron en el operativo contraguerrilla y en los retenes que se realizaron en el sector, éstos sólo se limitaron a señalar que luego del enfrentamiento armado encontraron un cadáver que al parecer era de un subversivo, sin embargo, esto no es prueba suficiente que permita concluir que la entidad demandada no estuviera implicada directamente en los hechos. Es así como, los miembros de las autoridades públicas que detuvieron a J.A.H.L., tenían el deber constitucional y legal de devolverlo en las mismas condiciones en las que fue retenido, o entregarlo a las autoridades correspondientes, si era requerido por la justicia. Del acervo probatorio, no se puede desconocer que en desarrollo de un operativo contraguerrilla se ordenó la instalación de retenes para monitorear el sector, en donde se detuvo a Jesús Antonio Higuita Larrea, quien posteriormente apareció muerto, y aún cuando se le quería hacer pasar como subversivo dado de baja en combate, del acta de levantamiento de cadáver y de la declaración del inspector que realizó esta diligencia, es fácil concluir que esta afirmación no es cierta, pues el occiso vestía de civil y no se le encontró armamento alguno”.

En otra decisión, fechada a 29 de marzo del 2012(54), la Subsección B de la Sección Tercera declaró la responsabilidad patrimonial del Estado y condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por cuanto en la noche del 30 de marzo de 1998, en el corregimiento L.A., del municipio de C. (Cesar), un joven campesino fue secuestrado por desconocidos y trasladado hasta un lugar despoblado, en donde integrantes del Ejército Nacional lo ejecutaron, luego de haberlo obligado a vestir prendas de uso privativo de las fuerzas armadas. Al día siguiente, su cadáver fue presentado ante los medios de comunicación como un guerrillero muerto en combate. En aquella oportunidad se dijo:

“En el presente caso se encuentra demostrado (i) que J.C.M. fue secuestrado por desconocidos la noche del 30 de marzo de 1998 en el corregimiento L.A. del municipio de C.; (ii) que su cadáver apareció al día siguiente en las instalaciones del batallón La Popa de Valledupar con varios disparos de arma de fuego y vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas armadas; (iii) que los informes oficiales indicaron que la víctima había fallecido durante un enfrentamiento armado con miembros del batallón de contraguerrillas n.º 40 adscrito al Comando Operativo n.º 7 de la Segunda Brigada del Ejército y; (iv) que sus familiares recibieron presiones y amenazas para que se abstuvieran de denunciar lo sucedido. // 22. La valoración conjunta de estos hechos permite concluir que J. C.M.C. fue víctima de una ejecución extrajudicial, perpetrada por integrantes del Ejército Nacional, que lo presentaron fraudulentamente como un guerrillero muerto en combate”.

Así mismo, en decisión del 13 de marzo del 2013(55), la Subsección A condenó patrimonialmente al Estado por haber dado muerte el Ejército Nacional a tres personas dedicadas a labores del campo, desarmadas, vestidas de civil, sin nexos con grupos subversivos, uno de ellos ultimado a corta distancia, a lo que se agregó una serie de irregularidades en el manejo de los cuerpos tendientes a encubrir la verdad de lo acontecido. Entonces se discurrió como sigue:

“La corporación ha establecido que es posible inferir la responsabilidad del Estado en aquellos casos en los cuales el detallado análisis del acervo probatorio demuestra la existencia de un hecho previo (en este caso concretado en el último avistamiento de los jóvenes en la vereda L. A.) y uno posterior (aparecimiento de los cuerpos sin vida en la vereda M.), sin que exista ningún otro elemento probatorio que indique que dichos decesos fueron ocasionados por terceros ajenos al proceso, sino que, por el contrario, existen elementos que señalan que la muerte de los jóvenes obedeció a un comportamiento anómalo y altamente irregular por parte de los miembros de la demandada”.

Más recientemente, la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 11 de septiembre del 2013(56) condenó al Estado por la muerte de un campesino ocasionada por integrantes del Ejército Nacional, quienes presentaron al occiso como un guerrillero dado de baja durante un combate librado con la guerrilla en el municipio de Tello, Huila. Al respecto, se afirmó:

“Para la Sala es claro que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio al propinar la muerte a personas no combatientes que se encontraban en estado de indefensión, hecho que además encuadra con lo que el derecho penal, el D.I.H. y el derecho internacional de los derechos humanos tienen señalado como un comportamiento totalmente proscrito y reprochable, que lo es la ejecución extrajudicial y sumaria de personas para hacerlas aparecer como combatientes “dados de baja”. En el caso concreto, el Estado colombiano no cumplió con la obligación que le asistía en relación con el caso del señor I.A.C.C. pues, además de que se le quitó la vida, no se adelantó una investigación seria y dedicada para efectos de establecer la verdad sobre las circunstancias en que se produjo su muerte, falencia que a su vez implicó que no fuera posible la reparación adecuada de los familiares del fallecido y la imposición de sanciones y castigos para los agentes estatales involucrados en el hecho, según pasa a explicarse”.

De igual forma, se tiene que en el informe del 2010, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas sobre los denominados “falsos positivos” en Colombia, afirmó(57):

“[Son] ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrillero o delincuentes ocurridas en combate”. En ese sentido, la comisión entiende que los casos de falsos positivos constituyen casos de ejecuciones extrajudiciales. Las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Fuerza Pública han sido materia de preocupación de la CIDH en sus informes anuales de los años 2006, 2007, 2008 y 2009(58). El esclarecimiento de estas denuncias y el seguimiento a las medidas adoptadas por el Estado a fin de juzgar a los responsables y prevenir incidentes futuros, sigue siendo materia de especial interés de la CIDH y de la Comunidad Internacional” (negrillas adicionales).

De igual forma, en 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dio a conocer el cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, y sobre las ejecuciones extrajudiciales sostuvo(59):

“La información disponible revela que los casos de ejecuciones extrajudiciales abarcan una serie de supuestos tales como: i) ejecución de miembros de la guerrilla fuera de combate; ii) ejecución de líderes comunitarios acusados de ser colaboradores; iii) transferencia de cuerpos de grupos paramilitares a unidades del Ejército; iv) ejecución de informantes y miembros desmovilizados para encubrir crímenes anteriores, negar vinculaciones y destruir evidencia; v) ejecución de personas que mantienen lazos con organizaciones criminales como resultado de alianzas y corrupciones; vi) ejecución de personas que fueron intencionalmente reclutadas o detenidas (personas vulnerables, personas con discapacidad, adictos, personas en situación de calle y con antecedentes criminales); y vii) “errores militares” encubiertos por la simulación de un combate” (negrillas adicionales).

El anterior cúmulo de casos sobre ejecuciones extrajudiciales u homicidios en persona protegida, o los mal denominados “falsos positivos”, pone de presente una falla sistemática y estructural relacionada con la comisión de tales violaciones graves a derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado colombiano, aunada a la ausencia de un riguroso control dentro de la institución militar, tanto en el proceso de incorporación a la institución, como en la permanencia y en el funcionamiento o ejercicio de funciones por parte de los miembros de la Fuerza Pública, falencias éstas que debilitan la institución militar y que dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir con el cometido que le es propio, de paso, se pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del Estado y de la sociedad(60).

En este punto cabe precisar que, a pesar de que las instituciones judiciales cumplen con sus deberes en cuanto tienen que ver con la investigación y la sanción de los responsables de delitos cometidos por miembros de la Fuerza pública —como aconteció en el presente caso con la condena penal en contra de los militares responsables—, lo cierto es que ello, junto con la labor disciplinaria desplegada en el interior de la institución, han sido insuficientes, tardías e inanes para la resolución de tal situación que, como se advirtió, amenaza con la estabilidad misma de la institución.

Con fundamento en todo lo anterior, se hace imperiosa la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la responsabilidad agravada del Estado colombiano representado por el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, dada la violación grave de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

2.6. Reparación integral del daño antijurídico

Estima la Sala necesario precisar que si bien mediante sentencia proferida el 25 de octubre de 2011 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la condena contra el grupo de militares por la comisión de los delitos antes referidos, lo cierto es que en esa misma sentencia se dejó constancia que las víctimas de tales hechos no tenían deseo de promover incidente alguno de reparación integral dentro del proceso penal, pero que acudirían a la jurisdicción de lo contencioso administrativa para reclamar la indemnización correspondiente, por manera que la Sala procederá a establecer en esta oportunidad la reparación integral de los demandantes.

2.6.1. Perjuicios morales por la muerte del señor C.P.P.

Acerca de los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes cercanos de una víctima fatal han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la acreditación de tal circunstancia, para eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(61) y de las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

Agréguese a lo anterior que resulta apenas natural y evidente que los seres humanos sientan desolación, depresión, zozobra, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de un ser querido de forma violenta; asimismo, la tasación de tal perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, razón por la cual, corresponde al juzgador, con fundamento en su prudente juicio, establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tenerse en cuenta la naturaleza y gravedad de la aflicción y de sus secuelas, todo ello de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso y lo que la experiencia humana indique.

Teniendo en cuenta que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el juzgador, en cada caso concreto, según su prudente juicio, en el presente asunto se considera que la ejecución extrajudicial del señor C.P.P. mediante la utilización de explosivos y armas de fuego, así como el hecho de que se lo hubiera hecho pasar como subversivo muerto en combate, evidencian el profundo padecimiento moral que padecieron sus familiares dada la crueldad y barbarie de los hechos, lo cual permite inferir una mayor afectación moral, razón por la cual se impone acceder al reconocimiento de una indemnización equivalente al valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia, en favor de los padres, de la compañera permanente e hijos de la mencionada víctima directa, así como se reconocerán cincuenta (50) SMLMV a favor de cada uno de sus hermanos, monto que de acuerdo con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(62) resulta procedente en casos de violaciones graves a derechos humanos.

Finalmente, debe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento de los demandantes, los cuales dan cuenta de la relación de parentesco existente entre el señor C.P.P. y quienes acudieron al proceso en calidad de sus padres A.O.P. y P.P.P., sus hijos Cristian Camilo y P.A.P.M., sus hermanos A.L., J.P., A., J., M.A., M.J., L.M., L.J., M.N., G. y P.P.P. P.; asimismo, respecto de la compañera permanente, señora E.M.G., dentro del proceso obran varios documentos en los que figura como desplazada de la violencia junto con sus hijos, dada la muerte de su compañero permanente C.P.P.(63).

2.6.2. Perjuicios morales por el desplazamiento forzado de los demandantes.

Respecto de la prueba del daño moral padecido por las víctimas del desplazamiento forzado, la Sala de esta Sección ha manifestado que constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen, por lo cual no es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica. En ese sentido se ha precisado que “[q]uienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional”(64).

En este caso, según fue establecido, las condiciones en que se produjo el desplazamiento forzado revelan tanto la atrocidad y barbarie de los hechos, como también el sufrimiento resultante de las ejecuciones, las detenciones arbitrarias, la pérdida de sus hogares, ganado y otros bienes, por la acción criminal de miembros del Ejército Nacional y el miedo a verse indefensos; todo lo anterior, además de haber afectado sus bienes materiales, ha generado, sin duda, un perjuicio moral que debe ser indemnizado.

En efecto, cuando una persona bajo amenazas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, sometida a múltiples atropellos, humillaciones y vejámenes se ve impelida a abandonar sorpresivamente el lugar donde reside de manera habitual, donde tiene asiento en ese momento su vida, donde el afectado y su familia desarrollan sus respectivos proyectos de vida, donde echan raíces las personas que integran una determinada comunidad —grande, mediana o pequeña—, resulta evidente que quien padece esa atroz circunstancia, sufre un profundo estado de miedo, angustia e impotencia, lo cual deviene en un grave perjuicio moral(65).

De acuerdo con lo anterior, resulta viable el reconocimiento de una indemnización equivalente al valor de doscientos (200) SMLMV a favor de los señores E.M.G., C.C.P.M., P.A.P.M., P.P.P., G.P.P. y A.P.P., puesto que de acuerdo con el certificado expedido por la Unidad de Atención a la Población Desplazada por la Violencia(66), se probó que tales personas resultaron víctimas del desplazamiento forzado.

Adicionalmente, debe precisarse que el reconocimiento de un monto mayor a 100 SMLM, de acuerdo con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(67) resulta procedente en casos de violaciones graves a derechos humanos, en la cual se indicó que, en tales eventos, podrá otorgarse una indemnización mayor de los 100 SMLMV, cuando existan circunstancias debidamente probadas que permitan inferir una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios —300 SMLMV—.

Lo anterior en virtud de que ante la imposibilidad de garantizar la restitutio in integrum del daño, el juez de lo contencioso administrativo, en aquellos casos de afectación grave a derechos humanos, atendiendo las particularidades de cada caso en concreto, puede decretar las medidas pecuniarias y no pecuniarias que sean necesarias para la consecución de la reparación integral del daño.

Finalmente, debe señalarse que en relación los perjuicios morales por desplazamiento forzado respecto de los demás demandantes, se negarán sus pedimentos resarcitorios por este concepto, toda vez que no se encuentra en el expediente la prueba alguna que permita acreditar su condición de desplazamiento, amén de que no obran en el proceso testimonios, documentos o algún otro medio de prueba que permita suponer que tales demandantes hubieren sufrido dicho perjuicio, hecho que correspondía acreditar exclusivamente a la parte actora.

2.6.3. Perjuicios por violación a bienes o intereses constitucional y convencionalmente afectados.

Tal y como se dejó establecido en el capítulo precedente de esta sentencia, como consecuencia de los graves hechos perpetrados entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003 por miembros del Ejército Nacional, en los cuales resultó muerto el señor C.P.P., los referidos demandantes se vieron obligados a abandonar forzadamente su hogar y sus cultivos, lo cual significó la afectación grave, múltiple y continua de sus derechos fundamentales.

En efecto, en la Sentencia T-025 de 2004(68) se destacaron los principales derechos fundamentales que resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso, como son: i) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; ii) los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, de los discapacitados y de las personas de tercera edad y de otros grupos especialmente protegidos; iii) el derecho a escoger el lugar de domicilio; iv) el derecho al libre desarrollo de la personalidad; v) la libertad de expresión; vi) la libertad de asociación; vii) los derechos económicos, sociales y culturales; viii) el derecho a la unidad familiar y a la protección integral de la familia; ix) el derecho a la salud; x) el derecho a la integridad personal; xi) el derecho a la seguridad personal, “puesto que el desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados”; xii) la libertad de circulación por el territorio nacional y xiii) el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; xiv) el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio; xv) el derecho a una alimentación mínima; xvi) el derecho a la educación; xvii) el derecho a una vivienda digna “puesto que las personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie”; xviii) el derecho a la paz, “cuyo núcleo esencial abarca la garantía personal de no sufrir, en lo posible, los efectos de la guerra, y mucho menos cuando el conflicto desborda los cauces trazados por el derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de dirigir ataques contra la población civil” y xix) el derecho a la igualdad.

Así las cosas, la Sala, en aplicación del principio de reparación integral, y en lo consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, decretará unas medidas de carácter pecuniario —indemnización— y no pecuniario, para resarcir o restablecer los bienes constitucionales afectados con ocasión de la falla del servicio que produjo el daño que originó la presente acción, teniendo en cuenta que debe ceder el fundamento procesal del principio de congruencia o, incluso, de la “no reformatio in pejus”, ante la primacía del principio sustancial de la “restitutio in integrum”, máxime cuando se establece la responsabilidad agravada del Estado como consecuencia de violaciones graves a derechos humanos.

Ciertamente, en cuanto hace a las consecuencias de dicha declaratoria de responsabilidad agravada del Estado, la referida sentencia del 27 de abril de 2016 precisó que lo que se pretende mediante dicha declaratoria de responsabilidad agravada —además de realizar un juicio de reproche más severo al actuar del Estado en esos casos de vulneración a normas ius cogens—, es permitirle al juez de la Administración la adopción de medidas de reparación integral del daño antijurídico, ello con el fin de garantizar que tales conductas constitutivas de vulneraciones graves a derechos humanos o al derecho internacional humanitario no se vuelvan a producir. Así lo señaló la Sala:

“… Así las cosas, siempre que se produzca la declaratoria de la responsabilidad agravada del Estado, se deberá otorgar, además de las indemnizaciones correspondientes en cada caso, una indemnización adicional por concepto de daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados a favor de las víctimas en cada caso, así como también se deberán adoptar medidas de reparación integral que resulten pertinentes y necesarias, dado que las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, tienen efectos expansivos y universales, es decir, no solamente están destinadas a tener incidencia concreta en la víctima y su núcleo familiar cercano, sino a todos los afectados y a incidir más allá de las fronteras del proceso: a la sociedad en su conjunto y al Estado, amén de propender porque dichas conductas lesivas no se vuelvan a producir, es decir, que se propende por su no repetición”.

En cuanto al reconocimiento de dicho perjuicio inmaterial, la sentencia unificación de 28 de agosto de 2014 precisó que podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa del daño antijurídico, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso(69).

Así las cosas, comoquiera que en el presente caso —según se indicó—, como consecuencia del desplazamiento forzado de que fueron víctimas los señores E.M.G., C.C.P.M., P.A.P.M., P.P.P., G.P.P. y A.P.P., se vulneraron de forma múltiple y masiva sus derechos humanos, se impone la necesidad de reconocer una indemnización a su favor equivalente a 70 SMLMV a favor de cada uno de ellos. Sin embargo se denegará dicho perjuicio respecto de los demás demandantes, dado que no acreditaron dicha condición de desplazados.

2.6.4. Medidas de reparación integral no pecuniarias.

En cuanto a las medidas de carácter no pecuniario, se tiene como un hecho cierto que en la sentencia proferida en el proceso penal por el Tribunal del Distrito Superior de Bogotá, Sala Penal, se decretaron varias medidas de reparación integral a favor de las víctimas de tales hechos, razón por la cual la Sala considera que tales medidas, si bien son idóneas y necesarias para reparar el daño infringido a las víctimas, se hace necesario decretar algunas medidas adicionales de no repetición(70), como las siguientes:

i) Se dispondrá que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, el Ministerio de Defensa Nacional deberá diseñar entre los comandantes de las brigadas y de los batallones del país un plan integral de inteligencia, tendiente a lograr un control estructural efectivo respecto de la incorporación, permanencia y funcionamiento u ejercicio de funciones de los miembros del Ejército Nacional y prevenir con ello la comisión de delitos como los que dieron origen a la presente acción.

ii) El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional establecerán un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

iii) Teniendo en consideración que en el presente caso se infringieron obligaciones convencionales de protección de los derechos humanos, se enviará al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación, copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.

iv) A título de garantías de satisfacción se ordenará como una medida de satisfacción dirigida a restablecer la dignidad, la honra, el buen nombre y la reputación de la familia del señor C.P.P., que el Ministerio de Defensa Nacional publique en un periódico de amplia circulación nacional y en uno de amplia circulación local en el departamento del Tolima –y específicamente de C., si existiere- el aparte correspondiente al caso concreto de este fallo y rectifique la verdadera identidad de la víctima directa. Dicho escrito deberá informar que la muerte del señor C.P.P. no ocurrió como consecuencia de un combate entre soldados del Ejército Nacional y las FARC, sino que fue ejecutado extrajudicialmente por actos perpetrados por los efectivos militares destacados en la zona rural de Cajamarca, hecho que hizo parte de una cadena de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y hurtos, entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003 en la zona rural del municipio de C.

2.6.5. Perjuicios materiales

— Daño emergente 

En cuanto hace al reconocimiento indemnizatorio por este concepto, se tiene que en la demanda se solicitó que se condenara al pago de la suma de $10’000.000 por concepto de gastos funerarios y de honorarios de abogado que debieron sufragar los demandantes para que los representara dentro del proceso penal adelantado por la muerte del señor C.P.P.

Resulta pertinente en este punto recordar que el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la sección, la cuantificación de este tipo de perjuicios se traduce en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que, en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1.998, se concreta que solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que éstos debieron sufragar como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.

Ahora bien, para acreditar en este específico caso la ocurrencia de tales gastos funerarios, se aportó con la demanda copia auténtica de recibo de pago de fecha 6 de noviembre de 2003 expedido por la Funeraria e Inversiones La Paz de Ibagué(71), en el cual se hace constar que el señor P.P.P. pagó la suma de $600.000 por concepto de “servicio funerario integral”. Adicionalmente, se tiene que dicha prueba fue decretada por el tribunal a quo mediante auto del 5 de septiembre de 2006 y no fue tachada de falsa por la parte demandada, por lo cual la Sala reconocerá la indemnización correspondiente a esa suma de dinero que será actualizada de conformidad con la siguiente fórmula:

Ind. final
 

De otra parte, se advierte que no obra prueba alguna respecto de que la parte actora efectivamente se hubiera pagado sumas de dinero por concepto de honorarios profesionales dentro del proceso penal en el cual intervinieron como víctimas, razón por la cual la Sala negará el reconocimiento de dicho perjuicio material.

— Lucro cesante  

Respecto de la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al lucro cesante a favor de los demandantes, la Sala estima que dicho reconocimiento resulta procedente, en consideración a que si bien no se probó la cantidad de dinero que ganaba la referida persona como producto de la actividad agrícola y de minería, la Sala aplicará la presunción de que dicha actividad le generaba por lo menos el salario mínimo legal mensual vigente para aquella época.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicha indemnización del perjuicio. Entonces:

Ingresos de la víctima al momento de su muerte: $ 332.000

Expectativa de vida total de la víctima: 52.3 años (627,6 meses)(72)

Período consolidado: 151 meses

Período futuro: 476,6 meses

Índice final: mayo de 2016 -último conocido- (131,95)

Índice inicial: noviembre de 2003(73): 75.56

Actualización de la base: 

indice inicial
 

RA = $ 579.769, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2016 ($ 689.454), se tomará éste último para la liquidación. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($861.818). No obstante, de dicha suma se descontará el 25% por concepto de gastos personales, lo cual arroja el resultado de: $646.364; sin embargo, dicho monto será repartido en un 50% para la compañera permanente (323.182) y el otro 50% para sus dos hijas (323.182).

Lucro cesante para E.M.G. (compañera permanente).

Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor C.P.P. (noviembre de 2003) hasta la fecha de esta sentencia (junio de 2016), esto es 151 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $ 323.182; I = Interés puro o técnico: 0.004867

ese
 

Futuro: Por el resto del período de vida probable de la víctima, esto es 476,6 meses, aplicando la siguiente fórmula:

SVAUNO
 

Total perjuicios materiales para la señora E.M.G.: ciento treinta y un millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos treinta y dos pesos ($131’742.732).

Lucro cesante para P.A.P.M. (hija)

Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor C.P.P. (noviembre de 2003) hasta la fecha de la presente sentencia, esto es (junio de 2016), esto es 151 meses, aplicando la siguiente fórmula:

interés puro
 

Futuro: Desde la fecha de esta sentencia hasta que la demandante cumpla 25 años de edad (21 enero 2027(74)), esto es 126 meses, aplicando la siguiente fórmula:

126
 

Total perjuicios materiales para P.A.P.M.: cincuenta y un millones ciento ocho mil seiscientos diecisiete pesos ($51’108.617).

Lucro cesante para C.C.P.M. (hijo)

Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor C.P.P. (noviembre de 2003) hasta la fecha de la presente sentencia, esto es (junio de 2016), esto es 151 meses, aplicando la siguiente fórmula:

interés técnico
 

Futuro: Desde la fecha de esta sentencia hasta que el demandante cumpla 25 años de edad (diciembre 2022(75)), esto es 78 meses, aplicando la siguiente fórmula:

SVA2
 

Total perjuicios materiales para C.C.P.M.: cuarenta y seis millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho pesos ($46’388.568).

2.7. Condena en costas

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 7 de diciembre de 2007.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DECLÁRASE la responsabilidad agravada de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en perjuicio de los demandantes señalados en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero:

3.1. Por concepto de indemnización de perjuicios morales por la muerte del señor C.P.P., la cantidad de 100 SMLMV para cada uno de los señores P.P.P., A.O.P., E.M.G., C.C. y P.A.P.M.; y 50 SMLMV a favor de cada uno de los señores M.A., A.L., J.P., A., J., M.J., L.M., L.J., M.N., Gi. y P.P.P.P.

3.2. Por concepto de indemnización de perjuicios morales por el desplazamiento forzado de que fueron víctimas los señores E.M.G., C.C.P.M., P.A.P.M., P.P.P., G.P.P. y A.P.P., la cantidad de 200 SMLMV a favor de cada uno de ellos.

3.3. Por concepto de indemnización de perjuicios por la violación grave a bienes o intereses constitucionales por el desplazamiento forzado de que fueron víctimas los señores E.M.G., C.C.P.M., P.A.P.M., P.P.P., G.P.P. y A.P.P., la suma equivalente a 70 SMLMV a favor de cada uno de ellos.

3.4. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, las siguientes cantidades de dinero:

3.4.1. Para la señora E.M.G. la suma de ciento treinta y un millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos treinta y dos pesos ($131’742.732).

3.4.2. Para P.A.P.M. la suma de cincuenta y un millones ciento ocho mil seiscientos diecisiete pesos ($51’108.617).

3.4.3. Para C.C.P.M. la suma de cuarenta y seis millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho pesos ($46’388.568).

3.5. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de un millón cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos $1’052.400 a favor del señor P.P.P.

3.6. Como medidas de reparación integral se ordena a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a adoptar las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:

3.6.1. En el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, el Ministerio de Defensa Nacional deberá diseñar entre los Comandantes de las Brigadas y de los Batallones del País un plan integral de inteligencia, tendiente a lograr un control estructural efectivo respecto de la incorporación, permanencia y funcionamiento u ejercicio de funciones de los miembros del Ejército Nacional y prevenir con ello la comisión de delitos como los que dieron origen a la presente acción.

3.6.2. El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional establecerán un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

3.6.3. Teniendo en consideración que en el presente caso se infringieron obligaciones convencionales de protección de los derechos humanos, se enviará al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación, copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.

3.6.4. Como una medida de satisfacción dirigida a restablecer la dignidad, la honra, el buen nombre y la reputación de la familia del señor C.P.P., el Ministerio de Defensa Nacional publicará en un periódico de amplia circulación nacional y en uno de amplia circulación local en el departamento del Tolima los apartes pertinentes de este fallo y rectifique la verdadera identidad de la víctima directa. Dicho escrito deberá informar que la muerte del señor C.P.P. no ocurrió como consecuencia de un combate entre soldados del Ejército Nacional y las FARC, sino que fue ejecutado extrajudicialmente por actos perpetrados por los efectivos militares destacados en la zona rural de C.

CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento; expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.

Magistrados: Hernán Andrade RincónMarta Nubia Velásquez RicoCarlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Fls. 111 a 169 C. 1.

2 Fls. 171 a 175 C. 1.

3 Fls. 181 a 18 C. 1.

4 Fls. 193 y 250 C. 1.

5 Fls. 251 a 252 C. 1.

6 Fl. 252 C. 1.

7 Fls. 253 a 264 C. Ppal.

8 Fls. 162 y 166 C. Ppal.

9 Fls. 276 a 288 C. Ppal.

10 Fls. 373 y 434 C. Ppal.

11 Fls. 385 a 392 C. Ppal.

12 Fls. 381 a 384 C. Ppal.

13 Artículo 40, Ley 446 de 1998.

14 Se aclara que las copias simples gozan de mérito probatorio conforme a lo decidido por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.

15 “Lo anterior, como quiera que la prueba trasladada, en los términos definidos por la jurisprudencia de esta Sala, sólo es susceptible de valoración, en la medida en que las mismas hayan sido practicadas con presencia de la parte contra quien se pretenden hacer valer (principio de contradicción), o que sean ratificadas en el proceso contencioso administrativo. Es posible, además, tenerlas en cuenta, si existe ratificación tácita, esto es que la demandada las haya solicitado, al igual que el demandante; lo anterior conforme al principio de lealtad procesal, como quiera que no resulta viable que si se deprecan… con posterioridad, esa parte se sustraiga frente a los posibles efectos desfavorables que le acarree el acervo probatorio.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, exp. 16174. De igual manera se pueden consultar las sentencias de 20 de febrero de 1992, expediente 6514 y de 30 de mayo de 2002 expediente 13476.

16 A cuyo tenor: “Las pruebas prácticas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”.

17 Ver también: Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el día 28 de agosto de 2014, dentro del proceso No. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), M. P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero.

18 Se remite a los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales: sentencia del 6 de julio del 2009, caso Escher y otros vs. Brasil, párr. 127; sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135; sentencia del 28 de enero del 2009, caso Ríos y otros vs. Venezuela, párr. 98; sentencia del 3 de abril del 2009, caso Kawas Fernández vs. Honduras, párr. 95.

19 Sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135.

20 Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el día 28 de agosto de 2014, dentro del proceso No. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), M. P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero.

21 Se aclara que las copias simples gozan de mérito probatorio conforme a lo decidido por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.

22 Fl. 24 a 25 C. 2.

23 Fl. 19 C. 12.

24 Fl. 292 a 296 C. 12.

25 Fls. 46 a 47 C. 1. Sobre la utilidad de dichos medio de prueba esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que: “Es necesario dilucidar qué valor probatorio le otorga la Sala a la información de prensa, ya que el principal problema para su valoración es la necesidad de cuestionar la verosimilitud que pueda ofrecer de la ocurrencia de los hechos. Más aún, es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas. De acuerdo con los anteriores argumentos, la Sala tendrá en cuenta la información consignada en tales informes de prensa”. Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de octubre de 2015, Exp. 34.677.

26 Fl. 118 a 119 C. 8.

27 Fls. 254 a 276 C. 14.

28 Debe señalarse que al presente proceso contencioso administrativo, únicamente, se allegó la mencionada sentencia de segunda instancia.

29 Con relación al alcance probatorio de este tipo de decisiones, la Sala ha precisado que “… si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad” (negrillas adicionales). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 16.533, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, y del 28 de enero de 2009, Exp. 30.340, M.P. Enrique Gil Botero.

30 Fls. 569 a 611 C. Ppal.

31 Fls. 610 C. Ppal.

32 Debe señalarse que al proceso únicamente se aportó dicha acta, pero no la sentencia que ordenó esa condena. Fls. 568 C. Ppal.

33 Las referidas sentencias fueron proferidas en primera instancia en los procesos radicados con los Nos. 2005-02712 y 2005-02715. Dichas sentencias fueron allegadas en copia simple por la parte actora durante el trámite de segunda instancia ante esta Corporación -Fls. 289 a 324 y 326 a 369 C. Ppal-.

34 Fl. 46 C. 1.

35 Ver: CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, OEA/Ser. L/V/II., Doc. 69, 30 diciembre 2011, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010, OEA/Ser. L/V/II., 7 marzo 2011, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, OEA/Ser. L/V/ II, 30 diciembre 2009, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, OEA/Ser. L/V/II.134, 25 febrero 2009, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007, OEA/Ser. L/V/II.130, 29 diciembre 2007, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006, OEA/Ser. L/V/II.127, 3 marzo 2007, Capítulo IV. Colombia.

36 C. P. Artículo 24, norma que además señala que dicho derecho sólo puede ser limitado por el legislador.

37 Territorio, patrimonio y desplazamiento, Procuraduría General de la Nación, Consejo Noruego para Refugiados, Tomo II, p. 13.

38 Aprobado mediante la Ley 16 de 1972.

39 Aprobado mediante la Ley 74 de 1968.

40 Decreto 2569 de 2000, artículo 12.

41 Aprobado en Colombia por la ley 171 de 16 de diciembre de 1994.

42 Ley 387 de 1997, artículo 1°.

43 Ley 387 Artículos 2-7.

44 Fl. 46 C. 1.

45 Sobre el particular consultar las consideraciones expuestas en la sentencia proferida por esta misma Sala el 27 de abril de 2016, Exp. 50.231.

46 De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, “se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. 

47 De conformidad con el literal C del artículo 8º del Estatuto de Roma, constituyen crímenes de guerra: “las violaciones graves del artículo 3º común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa: i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; iii) La toma de rehenes; iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.

48 Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas, “La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado Colombiano”. Colección textos de jurisprudencia, Ed. Universidad del Rosario, Bogotá D.C., 2016, p. 146.

49 Al precisar el concepto de la responsabilidad agravada, la Corte IDH ha dicho que “[e]l Estado incurre en ‘Responsabilidad Internacional Agravada’ cuando la violación concreta al derecho de la víctima se suscita en el marco de una práctica sistemática vulneratoria de normas jus cogens, que constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. CrIDH, Caso Myrna Mack Chang v Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr. 140; Caso de la Masacre de Plan de Sánchez v. Guatemala, sentencia de 29 de abril de 2005, párr. 51; Caso Goiburú y Otros v. Paraguay, sentencia de 22 de septiembre de 2006, párr. 122; Caso la Cantuta v. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 115; Caso la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 241, entre otras sentencias.

50 Sentencias del 19 de octubre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, y del 27 de febrero de 2008 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué. Fls. 289 a 324 y 326 a 369 C. Ppal.

51 “El concepto de cosa juzgada material hace alusión a la intangibilidad de la sentencia o su equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación, objeto y causa, debatida en la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en casos similares, en los cuales se ha presentado identidad de causa y objeto —aunque no de partes—, ha declarado la existencia del fenómeno de cosa juzgada material y, en consecuencia, ha acogido los planteamientos y fundamentos expuestos en las oportunidades anteriores para efectos de analizar en el caso posterior, la responsabilidad del Estado frente a esos mismos hechos ya debatidos y decididos”. Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero del 2009, expediente 34.239 y sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 18.676, entre otras.

52 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2015, Exp. 35.574. en ese mismo sentido consultar sentencia de 24 de julio de 2013. Exp 23.958. En aquella oportunidad la Sala declaró la responsabilidad del Estado por el hurto de unas esmeraldas a un particular por parte de un agente de Policía que utilizó un vehículo oficial para perpetrar ese delito; para tal efecto, se consideró que en virtud de la ‘posición de garante’ frente a los objetos de dotación oficial (armas, vehículos u otros elementos que impliquen peligro), los cuerpos de seguridad del Estado deben impedir que se cometan daños y/o ilícitos con tales instrumentos de dotación y, en consecuencia, deben responder por los daños que se cometan con los mismos; en tales eventos, no importa si se actuó o no con diligencia y, por lo tanto, basta probar que se hubiere cometido el daño que estaba obligado a impedir para declarar la responsabilidad del Estado.
De igual forma en sentencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 27.193, esta Subsección del Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la Policía Nacional en un caso en el que se probó la muerte de un particular dentro de la Estación de policía del municipio de Zipaquirá, en esa providencia se precisó que la muerte de una persona dentro de la estación de Policía en la cual se vio involucrado de forma directa el oficial de la Policía Wilson Bustamante Cardona, más allá de un juicio de responsabilidad netamente fáctico, le resulta imputable jurídicamente a la entidad demandada, toda vez que dentro del proceso se encuentra acreditado el comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada en el control y custodia tanto del personal a su cargo como de las personas y vehículos automotores que ingresan a esa institución, lo cual propició —sin duda—, la comisión de actividades irregulares dentro de la estación de Policía de Zipaquirá, incluido, claro está, el homicidio del señor Rigoberto Hernández Barrios”.

53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio del 2011, rad. 20706, M.P. Enrique Gil Botero.

54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de marzo del 2012, rad. 21380, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de marzo del 2013, rad. 21359.

56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre del 2013, rad. 20601, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

57 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston. Adición. Misión a Colombia, 14º período de sesiones, A/HRC/14/24/Add.2, 31 de marzo del 2010. Al respecto se puede consultar:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/COI_2791 consultado el 7 de agosto del 2014.

58 Ver CIDH, Capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2006; Capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2007; Capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2008; y Capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2009.

59 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuarto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, Verdad, Justicia y reparación, OEA/Serv. L/V/II, Doc. nº 49, 2013, p. 79. Al respecto se puede revisar: http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-Verdad-Reparacion-es.pdf (consultado el 27 de agosto del 2014)

60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia proferida el 27 de abril del 2016, Exp. 50.231.

61 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

62 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

63 Fls. 43 a 46 C. 1.

64 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de enero de 2006, Radicación 25000232600020010021301 y del 15 de agosto de 2007, Rad. 190012331000200300385-01, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

65 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, Exp. 18.436, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

66 Fl. 46 C. 1.

67 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

68 Corte Constitucional, sentencia del 22 de enero de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

69 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

70 Acerca de la Garantía de No Repetición, a la que se alude en la presente providencia, se ha hecho referencia dentro del siguiente contexto: “En cuanto a la obligación de no repetición: El Estado está obligado, “en virtud de los deberes generales de respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno (Arts. 1.1 y 2 de la Convención) a adoptar las medidas necesarias para asegurar que violaciones como la que han sido declaradas en la presente sentencia no se producirán de nuevo en su jurisdicción. Este deber de no repetición se desprende directamente de las obligación de garantizar los derechos contenida en el Art. 1.1 de la CADH, por lo tanto el Estado debe tomar por iniciativa propia todas aquellas medidas necesarias para que los hechos violatorios no se vuelvan a repetir en su territorio, en virtud de la obligación contenida en el mencionado Art. 1.1 y del principio Pacta Sunt Servanda contenido en el Art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados”. Pizarro Sotomayor Andrés y Méndez Powell Fernando, Manual de Derecho Internacional de Derechos Humanos, Primera Ed., Universal Books, Ciudad de Panamá, 2006, pág. 28.

71 Fl. 45 C. 1.

72 De conformidad con el registro civil de nacimiento de la referida persona, se tiene que nació el 22 de diciembre de 1975 (fl. 13 C. 1), mientras que su compañera permanente señora Esperanza Molina Guiza nació el 27 de octubre de 1978, por lo cual se tendrá en cuenta la vida probable del mayor de ambos.

73 Fecha de muerte de la referida persona según el registro civil de defunción (fl. 2 C. 2).

74 Según el registro civil de nacimiento, se tiene que la demandante nació el 21 de enero de 2002 (fl. 17 C. 1).

75 Según el registro civil de nacimiento, se tiene que el demandante nació el 4 de diciembre de 1997 (fl. 16 C. 1).