Sentencia 2005-02725 de julio 22 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000 2324 000 2005 02725 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Palmira - Telepalmira S.A. ESP.

Bogotá, D.C., veintidós de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se observa que la fundamentación del recurso deja de lado las razones que determinaron la decisión de anular el acto administrativo enjuiciado adoptada por el a quo, las cuales se resumen en la falta de aplicación de la norma más favorable y, por ende, del principio de favorabilidad por parte de la entidad demandada, que por lo demás corresponde al cargo central de la demanda, respecto de lo cual nada se dice en los motivos de inconformidad expuestos en el recurso.

En esas condiciones, en principio cualquier confrontación que se intente hacer en esos motivos de inconformidad y los cimientos de la decisión anulatoria de primera instancia, resulta infructuosa en la impugnación de la sentencia, puesto que no se están atacando sus fundamentos, como tampoco incluso ataca los fundamentos de la demanda.

Sin embargo, en los alegatos de conclusión la entidad demandada hace llamado a la Sala para que se detenga a considerar el artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, con el argumento de que su texto pasó por alto el a quo, dando a entender que ese precepto puede afectar las conclusiones del a quo sobre el punto de la favorabilidad, no obstante que lo planteado en los alegatos coincide con las apreciaciones del a quo sobre el punto de la transición normativa en comento.

Pese a que el memorialista no sustenta o explica de qué manera o por qué puede desvirtuar las razones y conclusiones del a quo y alterar la decisión anulatoria, en gracia de discusión la Sala atenderá esa solicitud, .en la medida en que parece estar encaminada a atacar o desvirtuar las apreciaciones y conclusiones del a quo sobre el punto de la favorabilidad en la transición normativa de que fue objeto el asunto del sub lite. Para el efecto es necesario traer la citada disposición,(1) así:

“ART. 482-1.—Infracciones aduaneras de los declarantes en el régimen de importación temporal para reexportación en el mismo estado.

“Artículo adicionado por el artículo 15 del Decreto 4136 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:” 1.1. No terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado antes del vencimiento del plazo de la importación y no pagar oportunamente las cuotas de los tributos aduaneros.

La sanción aplicable será de multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor FOB de la mercancía convertido a la tasa de cambio representativa del mercado del día del vencimiento del plazo para modificar la modalidad de importación temporal, más el cinco por ciento (5%) del valor de la cuota incumplida convertido a la tasa de cambio representativa vigente a la fecha en que debió efectuarse el pago de la cuota incumplida.

1.2. No pagar oportunamente la cuota de los tributos aduaneros, aun cuando se hubiese modificado la declaración de importación o reexportado la mercancía antes del vencimiento del plazo de la importación temporal.

La sanción aplicable será del cinco por cinco (sic) (5%) del valor de la cuota incumplida convertido a la tasa de cambio representativa vigente a la fecha en que debió efectuarse el pago de la cuota incumplida.

1.3. No terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado antes del vencimiento del plazo de la importación, aun cuando se hubiese pagado oportunamente las cuotas de los tributos aduaneros correspondientes.

La sanción aplicable será de siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las infracciones y sanciones de que trata este artículo serán aplicables únicamente al importador”.

Visto ese enunciado, la Sala no encuentra en él nada que se oponga a los fundamentos jurídicos y conclusiones del a quo sobre el punto de la aplicación de la norma más favorable en el presente caso, sino que por el contrario, contiene disposiciones que resultan concordantes con tales fundamentos, de modo que en lugar de desvirtuarlos, no hace más que reforzarlos, puesto que es armónico con la interpretación que el a quo hace del numeral 1.14 del artículo 502 del mismo decreto, en tanto entiende que excluyó de la medida de decomiso la importación temporal a largo plazo para reexportación, al establecer que procedía la aprehensión y el decomiso de la mercancía cuando esta fuera “importada temporalmente a corto plazo para reexportación...”.

Esa armonía obedece a que el artículo 482-1 cuya consideración pide el memorialista, no contempla la aprehensión y el decomiso en los eventos que prevé como constitutivos de infracción aduanera en el régimen de importación temporal para reexportar en el mismo estado, y en lugar de una y otra lo que establece son sanciones pecuniarias o multas directas, y no en reemplazo.

4. Conclusión.

Por lo anterior, es claro que los motivos de inconformidad en que se fundamenta el recurso no desvirtúan los fundamentos del fallo apelado, luego no tiene vocación de prosperar, de allí que la sentencia apelada se deba confirmar, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 29 de febrero de 2008 por el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, mediante la cual declaró la nulidad de la Resolución 05064ª20040668 0597 del 17 de noviembre de 2004, de la división de liquidación aduanera de la Administración de Aduanas de Cali y su confirmatoria, Resolución 05 82 72 00001250 de 3 de marzo de 2005, de la división jurídica de la Administración de Aduanas de Cali, y negó las demás pretensiones de la demanda.

2. RECONÓCESE a la abogada Nidia Amparo Pabón Pérez, identificada con la C. de C. Nº 35.318.847 y T.P. 26.282 como apoderada judicial de la UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en los términos y para los fines del poder conferido que obra a folio 8 de este cuaderno.

(Sic) 4. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada, por la Sala en su sesión de 22 de julio de 2010».

(1) El citado artículo 482-1 es parte del capítulo II, Infracciones administrativas aduaneras de los declarantes en los regímenes aduaneros, sección I. En el régimen de importación, del Decreto 2685 de 1999.