Sentencia 2005-02729 de febrero 17 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Rad.: 25000-23-25-000-2005-02729-01(2165-07)

Consejero Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Guillermo Enrique Brito Garrido

Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

Autoridades nacionales

Bogotá D.C., diecisiete de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Debe la Sala determinar si el Fondo de Previsión Social del Congreso le debe reconocer pensión de jubilación al actor dando aplicación al Decreto 1293 de 22 de junio de 1994 que estableció un régimen de transición especial para congresistas, el cual establece que para efectos pensionales, se debe acreditar 20 años de servicio y 50 años de edad, antes del 20 de junio de 1994.

Y si el demandante en su calidad de congresista, cumplió los requisitos exigidos para efectos del reconocimiento pensional, para completar el tiempo faltante puede utilizar el de las 4 obras que publicó —de conformidad con la Ley 50 de 1886 y el Decreto Reglamentario. 753 de 30 de abril de 1974— como homologación o equivalencia de 2 años de servicios; y si estas obras reunían los requisitos que la norma exige.

Actos acusados

Son las resoluciones 1633 y 1821 de 12 de octubre y 18 de noviembre de 2004 expedidas por el director general del fondo de previsión social del Congreso de la República, mediante las cuales reconoció al actor pensión de jubilación y desató de forma negativa el recurso interpuesto, respectivamente.

De lo probado en el proceso

Con el documento de identidad del actor, quedó demostrado que nació el 3 de noviembre de 1948 (fl.87).

Mediante Resolución 1633 de 12 de octubre de 2004, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación a Guillermo Enrique Brito Garrido (fls. 74 a 79).

Contra la anterior decisión el actor interpuso recurso de reposición y mediante Resolución 1821 de 18 de noviembre 2004 la directora de la entidad demandada, confirmó la Resolución 1633 de 12 de octubre de 2004 (fls. 80-84).

A folio 15 del expediente obra certificación expedida por el Subsecretario General de la Cámara de Representantes según la cual el actor fue elegido para los períodos constitucionales 1991 a 1994 y 1994 a 1998.

Obran en el expediente certificaciones expedidas por las entidades docentes que en virtud del artículo 2º del Decreto 753 de 1974, recomendaron y certificaron las obras literarias de autoría del actor: “Contabilidad básica para la administración de pequeñas y medianas empresas agropecuarias”, “Hacia una Educación Indígena Kurripacos del Guainía”, “Departamento del Guainía Aspectos Socio-Económicos” y “Amazonía Colombiana” (fls. 63, 68, 70 y 74, cdno. 3).

Solicitud de certificado de inscripción para registro del texto “Contabilidad básica para la administración de pequeñas y medianas empresas agropecuarias”, elevada el 12 de agosto de 2003 ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior (fl. 52, cdno. 3).

Obra a folio 60 del cuaderno 3 del expediente, solicitud de certificado de inscripción para registro del texto “Hacía una Educación Indígena Kurripacos del Guainía” elevada el 22 de julio de 2003 ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior.

Solicitud de certificado de inscripción para registro del texto “Departamento del Guanía Aspectos Socio-Económicos” presentada el 8 de agosto de 2003 ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior (fl. 67, cdno. 3).

Obra a folio 73 del cuaderno 3 del expediente, solicitud de certificado de inscripción para registro del libro “Amazonía Colombiana” elevada el 30 de septiembre de 1999 ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior.

El Jefe de la Oficina de Registro del Ministerio del Interior y de Justicia – Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante Oficio 30002177 de 26 de marzo de 2003 (fl. 32), manifestó con relación al registro que efectúan de obras en general y demás producciones salvaguardadas por el derecho de autor, que “… conforme al artículo 53 de la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena, “El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derecho de terceros”.”. (fls. 16 y 17).

El Jefe de la División de Prestaciones Sociales del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, hizo constar mediante la primera Resolución acusada —1633 de 12 octubre de 2004—, el tiempo de servicio prestado por el actor, así:

Entidad
A M D
Ministerio de Educación
Del 1º de abril/71 al 31 Dic/74

03 09 00
Alcaldia Municipal de Arauca
Del 1º enero /77 al 30 marzo/77

00 03 00
Contraloria General de la República. Del 1º abril/77 al 27 julio/78.

01 03 27
Ministerio del Interior y de Justicia. Del 19 agosto/78 al 31 julio/89

10 11 13
Cámara de Representantes
Del 1º diciembre /91 al 19 julio/92.
Del 20 julio/92 al 19 julio/98.
Total

00 07 06
06 00 00
22 10 16

Análisis

Con el fin de resolver el problema planteado, la Sala estudiará en primer lugar la normatividad aplicable a los congresistas, así:

Normatividad pensional especial aplicable a los congresistas - Ley 4ª de 1992.

El Congreso de la República en ejercicio de la atribución otorgada por la Constitución Política (art.150, num. 19), expidió la Ley 4ª de 18 de mayo de 1992(1), que regula en forma general la materia relacionada con los regímenes de las renumeraciones oficiales, prestaciones de trabajadores oficiales y empleados públicos.

El artículo 17 dispuso las prestaciones sociales de los congresistas, con el siguiente tenor literal:

“...

El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquéllas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal.

PAR.—La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los representantes y senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva.

…” (Se subraya).

La anterior norma fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-608 de 1999, en la cual se especificó que el régimen especial de pensiones para los miembros del Congreso tiene fundamento constitucional por la naturaleza y trascendencia de las funciones asignadas dentro del nuevo ordenamiento constitucional, lo que ubica a este grupo de servidores en condiciones que razonable y objetivamente ameritan un trato diferenciado(2).

El Gobierno Nacional mediante Decreto 1359 de julio 12 de 1993 reglamentó la anterior normatividad, con relación al régimen especial de pensiones, sustituciones y reajustes para los congresistas. En los artículos 1º y 7 se estableció lo siguiente, respectivamente:

“…

Ámbito de aplicación. El presente decreto establece integralmente y de manera especial, el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas, que en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 tuvieren la calidad de Senador o Representante a la Cámara.

7º Definicion. Cuando quienes en su condición de senadores o representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 6º del presente decreto.

…” (se subraya).

A los congresistas amparados por los presupuestos consagrados en el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, se les aplica en el inciso primero del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir, las disposiciones que regían a tales servidores antes de la Ley 33 de 1985.

A su vez el Decreto 1359 de 12 de julio de 1993 fue modificado por los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 1293 de 22 de junio de 1994 “Por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre prestaciones sociales y económicas de tales servidores públicos”, con el siguiente tenor literal, respectivamente:

“…

ART. 1º—Campo de aplicación. El sistema general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, se aplica a los senadores, representantes y empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso, con excepción de los cubiertos por el régimen de transición previsto en el presente decreto.

ART. 2º—Régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso.

Los senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la República y los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que a 1º de abril de 1994 hayan cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a. Haber cumplido (40) o más años de edad si son hombres, o treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres;

b. Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más.

(...).

ART. 3º—Beneficios del régimen de transición. Los senadores y representantes que cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando cumplan con los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos en el Decreto 1359 de 1993, así como el monto de la pensión, forma de liquidación de la misma e ingreso base de liquidación establecidos en el mismo decreto.

(...).

PAR.—El régimen de transición de que trata el presente artículo se aplicará también para aquellos senadores y representantes que durante la legislatura que termina el 20 de junio de 1994 tuvieren una situación jurídica consolidada al cumplir antes de dicha fecha, veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad. En cuanto a la edad de jubilación se aplicará lo dispuesto en el literal b) del artículo 2º del Decreto 1723 de 1964, es decir que tales congresistas, una vez cumplido el tiempo de servicios aquí previsto, podrá obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación a la edad de cincuenta (50) años.

… (Se subraya).

Según se desprende de la norma antes citada, ésta se aplica para aquellos congresistas que a 20 de junio de 1994 tuvieran el tiempo de servicio requerido por la ley, esto es, 20 años de servicio en su condición de Congresista, quedando pendiente el requisito de la edad, que una vez cumplida - 50 años - pueden solicitar la pensión de jubilación en tal calidad, como así lo dispuso esta Sección en reciente pronunciamiento(3), cuando dijo:

“…

En conclusión como en el expediente aparece demostrado que el actor reúne los requisitos previstos en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene más de cincuenta (50) años de edad y cumple más de 20 años de servicios en diferentes entidades de derecho público y privado y, además, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, en los términos previstos en los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994.

El anterior estado de cosas desvirtúa los argumentos esbozados por la entidad accionada para negarse a reconocer el beneficio pensional reclamado. Igualmente, permite afirmar que la petición formulada a través del recurso de apelación tendiente a que el reconocimiento pensional se haga a partir del momento en que el actor cumplió los 50 años de edad, y no desde los 55 años como lo ordenó el tribunal, tiene vocación de prosperidad, pues, se reitera que el régimen especial de los congresistas, extensivo a los magistrados de altas cortes, prevé como requisito de edad para acceder a la pensión de jubilación la establecida en el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985, esto es, 50 años para hombres y mujeres, tal como se aclaró acápites anteriores.

…”.

Normatividad relacionada con las obras literarias —textos o libros—, para completar tiempo de servicio.

La Ley 50 de 11 de noviembre de 1886, fijó reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilación, determinó que la producción de un texto de enseñanza equivaldría a 2 años de servicio prestados a instituciones públicas, así:

“…

ART. 13.—Las tareas de magisterio privado quedan asimilados a los servicios prestados a la Instrucción pública y serán estimadas para los efectos legales en los términos del artículo anterior.

La producción de un texto de enseñanza que tenga aprobación de dos institutores o profesores, lo mismo que la publicación durante un año de un período exclusivamente pedagógico o didáctico, siempre que en ninguno de los dos caso el autor o editor haya recibido al efecto auxilio del tesoro público, equivaldrán respectivamente a dos años de servicios prestados a la instrucción pública.

…” (Se subraya).

A su turno esta norma fue reglamentada por el artículos 2º y 3º del Decreto 753 de 30 de abril de 1974, que indican cuáles son las entidades docentes competentes que certifican o recomiendan el texto, y los requisitos que deben cumplir los libros para el reconocimiento del tiempo de servicios, para efectos exclusivos de la pensión de jubilación, respectivamente, con el siguiente tenor literal:

“…

ART. 2º—La aprobación o recomendación pueden estar a cargo de dos rectores o directores de escuelas, colegios, universidades, institutos de especialización o de enseñanza diversificada, oficiales o privados, o de los decanos de las facultades, con el visto bueno del rector. En ese caso bastará la certificación correspondiente.

ART. 3º—Cada libro adoptado y recomendado conforme indican las anteriores disposiciones, equivaldrá a dos años de servicio público, para los efectos exclusivos de la pensión de jubilación a que tiene derecho el autor, cualquiera que fuere el número de tomos publicados. Son requisitos para hacer el reconocimiento por parte de la entidad asistencial respectiva.

a) Que el libro o libros sean impresos y su propiedad intelectual registrada.

b) Que expresen el nombre del autor, el pie de imprenta y el año en edición.

c) Que en el caso de ser varios tomos de una misma obra, cada uno de ellos no tenga menos de doscientas páginas, con dimensión no menor de 20 x 15 cms.

d) Que si se trata de obra escrita y publicada en un solo tomo, éste no tenga menos de 200 páginas de la dimensión mínima precedente.

…” (Se subraya).

El registro de propiedad intelectual del texto u obra literaria que exige la norma pensional, es precisamente, para efecto exclusivo de la pensión de jubilación a que tiene derecho el autor, ya que el fin teleológico de la norma no es la protección de la creación intelectual como tal —como si lo requiere la ley de derechos de autor —; sino que es una exigencia inherente a la homologación o equivalencia para consolidar el tiempo de servicios para adquirir el status de pensionado, con el único fin, se reitera, del reconocimiento pensional, y no otro.

La Ley 23 de 28 de enero de 1982 con relación a los “Derechos de autor” en los artículos 3º, 9º y 12, establece las facultades de los titulares de la obra, la remuneración a la propiedad intelectual por ejecución pública o divulgación de la misma, y a los derechos patrimoniales del autor; con el siguiente tenor literal:

ART. 3º—Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas:

(...).

c) De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta ley, en defensa de su “derecho moral”, como se estipula en el capítulo II, sección segunda, artículo 30 de esta ley.

(Adicionado por el art. 68, L. 44/93). De obtener una remuneración a la propiedad intelectual por ejecución pública o divulgación, en donde prime el derecho de autor sobre los demás, en una proporción no menor del sesenta por ciento (60%) del total recaudado.

(...).

ART. 9º —“La protección que esta ley otorga al autor, tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno. Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen”.

(...).

ART. 12.—El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes:

a) Reproducir la obra;

b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra, y

c) Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio.

…”.

(Se subraya).

De la anterior normatividad se infiere que su finalidad es proteger la creación intelectual del autor por la obra o texto literario de su autoría, a tal punto que le da la facultad o derecho de percibir remuneración a la propiedad intelectual del autor, sin necesidad del registro de la misma, siendo esta fuente de ingreso diferente a la pensión; situación jurídicamente diametral a la pretensión del reconocimiento pensional.

De la situación fáctica.

En el sub lite, el actor, al ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 —ya que a 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad—, en principio le sería aplicable la normatividad anterior para los congresistas, es decir, el parágrafo del artículo 3º del Decreto 1293 de 1994, que preceptúa para efectos pensionales: 20 años de servicios y 50 años de edad. Requisitos que el actor debía cumplir antes del 20 de junio de 1994, para ser beneficiario del reconocimiento de la pensión a partir del 3 de noviembre de 1998. Sin embargo, para esa época el accionante contaba con 18 años, 11 meses y 16 días de servicios (fl. 32).

Lo que indica que no tenía su situación jurídica consolidada de conformidad con el Decreto 1293 de 22 de junio de 1994 —art. 3º, par.—, por lo que no había cumplido los 20 años de servicios continuos o discontinuos en entidades del derecho público.

De otro lado, para completar el tiempo de servicios faltante para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en el régimen de transición especial para congresistas, el accionante en virtud de la Ley 50 de 1886 y el Decreto Reglamentario 753 de 1974, aportó certificaciones de 4 textos literarios o libros de su autoría, que permite la homologación de una obra por dos años de servicios (fls. 63, 68, 70 y 74, cdno. 3).

Aún aceptando en gracia de discusión, la posible homologación en virtud de las obras publicadas por el actor para completar el tiempo de servicio; tampoco es de recibo, porque el Decreto Reglamentario de la misma norma —753 de 1994 artículo 3º literal a)— exige “ Que el libro o los libros sean impresos y su propiedad intelectual registrada”, requisito que debió estar cumplido antes del 20 de junio de 1994 para que su situación jurídica estuviera consolidada como lo prevé el artículo 3º del Decreto 1293 de 1994; y el demandante elevó solicitud de registro de las 4 obras en el año de 2003 (fl. 52,60, 63, 72, cdno. 3). Fuerza concluir que no cumplió las exigencias legales, por ende, no es beneficiario del régimen de transición especial para congresistas.

De otro lado, si bien es cierto como lo afirma el recurrente que el registro de propiedad intelectual no es requisito indispensable en virtud de la Ley 23 de 1982 artículo 9º, no lo es menos, que, es una exigencia sine quanon para consolidar el tiempo de servicios, con el exclusivo propósito del reconocimiento pensional, no para la protección de la creación intelectual de la obra, que es materia discusión de otra clase de acción y pretensión, cuya aplicación sí sería la Ley 23 de 1982, que comprende entre otras, la facultad del titular de la obra de obtener una remuneración a la propiedad intelectual por ejecución pública o divulgación, de conformidad con el artículo 3º; en ese escenario sí es de recibo el artículo 9º de la misma norma, que indica que no necesita registro alguno; que le da el derecho a obtener pecuniariamente otras sumas de dinero diferente a la pensión, circunstancia que como se dijo, no es materia de discusión en esta sede judicial.

Conclusión

El artículo 1º parágrafo segundo de la Ley 33 de 1985, estipuló la edad para pensión a los 55 años, requisitos que cumplió ampliamente el actor al momento de proferirse los actos demandados —año 2004—, pues, contaba con más 55 años de edad y 20 años de servicio, indicándosele la fecha a partir de la cual se consolidó el derecho pensional —4 de noviembre de 2003— ya que nació el 3 de noviembre de 1948, y no retroactivo desde el 3 de noviembre de 1948 en aplicación del régimen de transición especial para congresistas, como lo pretendía el actor.

El requisito del registro de la propiedad intelectual de los textos de autoría del accionante, es para convalidar tiempo de servicios para efectos estrictamente pensionales de conformidad con la Ley 50 de 1996 y el Decreto Reglamentario 753 de 30 de abril de 1994, los cuales se deben cumplir antes del 20 de junio de 1994, estando, así para esa época la situación jurídica consolidada, que no fue el caso del actor porque a esa fecha no cumplía con los 20 años de servicio.

En otras palabras, no es posible convalidar los libros de autoría del accionante, para hacer valer 2 años de servicios prestados, por que no es beneficiario del régimen de transición de congresistas contemplado en el Decreto 1293 de 22 de junio de 1994 artículo 3º; y la publicación, adopción y registro de los textos fue posterior al 20 de julio de 1994.

Dadas las consideraciones expuestas en el presente caso que ameritan confirmar la sentencia impugnada, que negó las pretensiones de la demanda, por razones antes expuestas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE por las razones aquí expuestas la sentencia de 26 de junio de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual negó las súplicas de la demanda incoada por Guillermo Enrique Brito Garrido contra el Fondo de Prevision Social del Congreso de la República.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión”.

(1) “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”.

(2) La exequibilidad de la norma se condicionó a los siguientes aspectos:”1. Las expresiones "por todo concepto", usadas en el texto del artículo 17 y en su parágrafo, no pueden entenderse en el sentido de que cualquier ingreso del Congresista —aun aquéllos que no tienen por objeto la remuneración de su actividad, que primordialmente es de representación política, como ya se dijo— sea considerado dentro de la base sobre la cual se calcula el monto de la pensión.// La Corte Constitucional estima que sólo pueden tener tal carácter los factores que conforman la "asignación" del Congresista, a la que se refiere expresamente el artículo 187 de la Constitución. (...) //2. Tanto en el texto del artículo 17, que establece el mínimo de la pensión, como en su parágrafo, relativo a la liquidación de pensiones, reajustes y sustituciones, se alude a la base del ingreso mensual promedio que durante el último año, y por todo concepto, perciba el Congresista en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva.// Aunque, a juicio de la corporación, esas reglas no se oponen a los mandatos constitucionales ni rompen el principio de igualdad, como lo afirma el actor, pues, en su carácter especial, resultan adecuadas a las condiciones dentro de las cuales se ejerce la actividad legislativa, debe precisarse que una cosa es el último año de ingresos como punto de referencia para la liquidación de las cuantías de pensiones, reajustes y sustituciones —lo que se aviene a la Carta— y otra muy distinta entender que el concepto de ingreso mensual promedio pueda referirse a la totalidad de los rubros que, de manera general y abstracta, han cobijado a todos los miembros del Congreso (…)//3. En el presente proceso se encuentra en tela de juicio, a partir de las demandas, apenas una de las disposiciones legales que conforman el conjunto del régimen pensional de los congresistas. Por tanto, no es el momento de establecer si los demás preceptos que lo componen se ajustan a la Carta, y no hay lugar a la unidad de materia.//Pero la Corte, por razones de pedagogía constitucional, y sobre la base de que, como arriba se destaca, de la propia Carta Política surge un régimen de características especiales, relacionadas con la típica actividad encomendada a los miembros del Congreso, tanto el legislador, al expedir las pautas generales y los criterios en los cuales estará fundado dicho régimen, como el Presidente de la República, al desarrollar esas directrices, deben procurar la integración de un sistema normativo armónico y coherente que, en su conjunto, promueva los valores de la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad, que sea económicamente viable, relacionadas las distintas variables que inciden en la carga pensional que, respecto de los congresistas, habrá de asumir el Estado.”.

(3) Sentencia de 4 de octubre de 2010, Exp. 2036-08, Actor: Ricardo Calvete Rangel, M.P. Doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila.