Sentencia 2005-02760 de junio 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Exp.: 25000 23 26 000 2005 02760 01 (38.662)

Consejero ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Carlos Julio Carreño Cristancho y otros

Demandada: Nación-Fiscalía General de la Nación

Acción reparación directa

Bogotá, D.C., once de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 10 de diciembre de 2009, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación17.

2. Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984(18), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—. Al respecto, ha manifestado la Sala:

“Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse sólo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues sólo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial.

Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término sólo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal...”(19) (Destacado fuera del texto)

Con fundamento en lo anterior, es dable insistir en que la caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los cuales se invoca la privación injusta de la libertad, se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia en la cual se determina la absolución o preclusión de la investigación en favor del procesado(20).

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños sufridos por los demandantes con la privación de la libertad de que fue objeto el señor Carlos Julio Carreño Cristancho, presuntamente, desde el 2 de octubre de 2003 y hasta el 11 de diciembre del mismo. año, fecha en la que, se dijo, recuperó la libertad tras haber sido revocada la medida de aseguramiento a través de la Resolución UNAIM 70100 del 11 de diciembre de 2003 expedida por la Unidad Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía. Finalmente, el 12 de agosto de 2004 fue precluida la investigación seguida en su contra por el presunto delito de “tráfico de estupefacientes”, decisión que cobró ejecutoria el 14 de agosto de 2004(21), lo que significa que los actores tenían hasta el día 15 de agosto de 2006 para presentar oportunamente su demanda y, como ello se hizo el 9 de diciembre de 2005(22), resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

3. El régimen de responsabilidad

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(23), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

En consonancia con lo anterior, se debe precisar que la detención injusta de la libertad a la que se dice fue sometido el señor Carlos Julio Carreño Cristancho, ocurrió presuntamente entre el 2 de octubre y el 11 de diciembre de 2003, de manera tal que se evidencia que a los hechos que se someten a conocimiento de la Sala les resulta aplicable la Ley 270 de 1996(24) y el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000(25).

Es pertinente recordar lo manifestado por la Sala Plena de esta sección(26), cuando señaló que el Decreto 2700 de 1991 perdió vigencia al entrar a regir la Ley 600 de 2000, esto es, a partir del 24 de julio de 2001, y que ni este Código, ni el posterior —Ley 906 de 2004— contienen ninguna previsión relacionada con el derecho a la indemnización por la privación injusta de la libertad, por lo que, en consecuencia, en relación con los hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 no podrá invocarse el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 como fuente normativa de la responsabilidad estatal.

No obstante lo anterior, puntualizó igualmente la Sala, que la derogatoria del citado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y la carencia en los subsiguientes códigos de procedimiento penal de una norma con el mismo contenido de ese artículo, no impiden deducir la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad en los mismos eventos previstos en aquél, esto es, cuando mediante sentencia que ponga fin al proceso o providencia con efectos similares, se absuelva al sindicado con fundamento en que la conducta no existió, el sindicado no la cometió o el hecho no era punible(27).

Lo anterior no conlleva la aplicación de manera ultra[a]ctiva de la norma derogada, sino que se adoptan como criterios de imputación los supuestos en ella contemplados, toda vez que en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma(28).

Esto porque la responsabilidad patrimonial del Estado tiene su fuente en el artículo 90 de la Constitución, norma que consagra el derecho a la reparación de los perjuicios causados por las actuaciones de las autoridades públicas, cuando tales daños sean antijurídicos(29), es decir, cuando los afectados no estén en el deber jurídico de soportar esos daños y quien sufre una medida de aseguramiento de detención preventiva por una conducta que no era merecedora de ningún reproche penal sufre un daño antijurídico.

En este sentido, debe tenerse presente el texto del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta cuando ésta sea ilegal o arbitraria(30), sino que se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad. Es decir que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta(31). Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala, mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó(32):

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de Justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado -a la que se hizo referencia en apartado precedente- ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”.

La Sala considera pertinente hacer el siguiente recuento jurisprudencial, para mostrar que el criterio vigente es el de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, aún en aquellos casos en los que la absolución se produzca por aplicación del principio de la duda a favor del procesado.

En este sentido, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las. personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, la jurisprudencia ha evolucionado a partir de la interpretación y aplicación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal contenido en el Decreto Ley 2700 de 1991(33). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(34).

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(35). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(36).

Posteriormente, una segunda postura indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(37), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(38), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(39).

En un tercer momento, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, se agregó la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(40), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(41).

Finalmente, en una cuarta etapa, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima hubiera dado lugar a que se profiriera, en su contra, la medida de aseguramiento(42).

De acuerdo con la actual posición mayoritariamente asumida por la Sección, aun cuando la absolución o exoneración de responsabilidad del imputado que ha estado privado de la libertad no se produzca en aplicación de alguno de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del antes referido Decreto-Ley 2700 de 1991, sino como consecuencia de la operatividad del citado principio “in dubio pro reo”, éste no puede proveer de justo título a la privación de la libertad a la cual fue sometida por el Estado la persona penalmente procesada, comoquiera que aquel nunca pudo desvirtuar que se trataba de una persona inocente -presunción constitucional de inocencia cuya intangibilidad determina la antijuridicidad del daño desde la perspectiva de la víctima, quien no está en el deber jurídico de soportarlo dado que se trata de una víctima inocente-, más allá de que resultaría manifiestamente desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a ningún tipo de compensación -como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad-, el verse privado de la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria si, una vez instruido el proceso penal y excluida de manera definitiva la responsabilidad del sindicado cautelarmente privado de la libertad, el propio Estado no logra desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre lo amparó, en cuanto la condena cuyo cumplimiento buscaba garantizarse a través de la medida de aseguramiento no se produjo, todo lo cual determina que ante tal tipo de casos los afectados no deban “acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y éstos”(43).

Estas últimas tesis han encontrado fundamento en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y en la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con sumo grado de importancia, el derecho a la libertad.

En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico colombiano está orientado por la necesidad de garantizar, de manera real y efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y, en consecuencia, se hallen sujetos a aceptar como un beneficio gracioso o una especie de suerte el que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, o incluso cuando se absuelva al detenido por “in dubio pro reo” -sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima- el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el sólo hecho de vivir en sociedad.

La Sala ha considerado necesario reiterar en estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, con el fin de establecer si está demostrada en este caso la responsabilidad de la entidad demandada(44).

Demandado: Fiscalía General de la Nación. En esta última providencia se efectúa una vasta referencia al Derecho Comparado, la cual ilustra que la prohijada por la Sala, en estos casos, es la postura ampliamente acogida tanto por la legislación como por la doctrina y la jurisprudencia en países cuya tradición jurídica ha tenido notable influencia en la cultura jurídica. Recientemente, la Sala reiteró los argumentos en mención en sentencia proferida el 25 de febrero de 2009, expediente: 25.508.

4. La determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto

Obran en el expediente, entre otros, los siguientes elementos probatorios, que fueron allegados en copia auténtica a petición de la parte actora, los que hacen parte del proceso penal adelantado en contra de Carlos Julio Carreño Cristancho(45):

• Acta de captura del señor Carlos Julio Carreño Cristancho, realizada el 2 de octubre de 2003 por el Grupo de Policía Aeroportuaria E-21 División de Servicios Especializados de la Policía Metropolitana de Bogotá(46).

• Resolución del 6 de octubre de 2003, proferida por la Fiscalía 62 Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata, a través de la cual se dispuso que el señor Carlos Julio Carreño Cristancho continuara privado de su libertad, hasta tanto se le resolviera su situación jurídica(47). En vista de lo anterior, se libró la correspondiente boleta de encarcelamiento con destino al Director de la Cárcel Modelo(48).

• Resolución del 8 de octubre de 2003, mediante la cual la Unidad Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de .la Fiscalía resolvió imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, en contra del señor Carlos Julio Carreño Cristancho, por el supuesto delito de “narcotráfico agravado(49).

• Resolución UNAIM 70100 del 11 de diciembre de 2003(50), mediante la cual el Despacho 15 de la Unidad de Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación resolvió revocar y dejar sin efecto la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva impuesta al señor Carreño, por lo que se ordenó su libertad inmediata bajo la imposición de suscribir diligencia de compromiso.

• Resolución UNAIM 70100 del 12 de agosto de 2004(51), mediante la cual el Despacho 15 de la Unidad de Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación decretó la preclusión de la investigación adelantada en contra del señor Carlos Julio Carreño Cristancho por el delito de “tráfico de estupefacientes”.

Como fundamento de la decisión se expuso lo siguiente:

“(...) De las pruebas practicadas por el DAS siguiendo órdenes y lineamientos de la Fiscalía, puede afirmarse que no existe prueba indicativa de queelseñor Carlos Julio Carreño Cristancho, actuara de manera dolosa,por las razones que se exponen a continuación.

La labor del sindicado dentro de la Empresa AMAZON FARMS, era la de conductor y responsable de que los pedidos fueran despachados a tiempo, siguiendo las órdenes de su patrona, Ivonne Lorena Salcedo Acuña, y sin interferir en la labor administrativa, ni toma de decisiones de la empresa a pesar de su profesión.

El día de los hechos, el señor Carreño Cristancho realizó la específica labor de colocar los rótulos a las cajas de cartón contentivas de rosas, después de estar armadas y zunchadas, subirlas a la camioneta y trasladarlas en el vehículo de la empresa hasta el Aeropuerto El Dorado.

El sindicado no participó en el procedimiento de adquisición de las cajas de cartón, ni ayudó a armar las cajas, ni a empacar las flores en ellas, como tampoco a zuncharlas.

No estuvo presente en el momento en que fueron empacadas las flores, ya que de conformidad con lo manifestado por la señora Ivonne Lorena Salcedo Acuña en diligencia de declaración, cuando el sindicado regresó a la empresa en las horas de la tarde ya las cajas se encontraban en el cuarto frío, debidamente cerradas y zunchadas. Este hecho fue corroborado por la señora Diana Patricia Medina González en diligencia de declaración.

De lo anterior se colige, que el sindicado simplemente obraba en calidad de conductor de la empresa, y responsable de que el pedido se despachara a tiempo, cumpliendo órdenes de su patrona, la señora Ivonne Lorena Salcedo Acuña, lo cual es un hecho que sirve como base, para que la Fiscalía analice si es posible deducir, ausencia de dolo.

(...).

El artículo 22 del Código Penal, advierte que los (sic) el aspecto cognoscitivo del dolo se basa en dos circunstancias, bien sea, e/ conocimiento de la conducta antijurídica o al menos la previsión de la misma.

Así las cosas, el papel del señor Carlos Julio Carreño Cristancho dentro de la empresa AMAZON FARMS, es un hecho conocido de la ausencia de conocimiento y hasta la voluntad, respecto de los 10.125 gramos de cocaína que se encontraba dentro del corrugado de las cajas de cartón (...)”. (Se destaca)

• Certificación suscrita por el Director del Establecimiento Carcelario de Bogotá “La Modelo”, en la cual se consignó que el señor Carlos Julio Carreño Cristancho ingresó a dicho Establecimiento el 16 de octubre de 2003 y salió en libertad por revocatoria de la medida de aseguramiento el 11 de diciembre de 2003 según Boleta 20198 de la misma fecha, expedida por la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación(52).

Valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que el señor Carlos Julio Carreño Cristancho fue procesado penalmente y, como consecuencia de ello privado de su libertad, la que recobró como consecuencia de haberse revocado la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva de la libertad y, posteriormente, precluida la investigación adelantada en su contra por el delito de “tráfico de estupefacientes”, debido a la decisión proferida por la Unidad Nacional de Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía, que, al calificar el mérito del sumario, consideró que no existía “prueba indicativa de que el señor Carlos Julio Carreño Cristancho, actuara de manera dolosa”, es decir, ante la ausencia de prueba sobre la responsabilidad del sindicado.

La Sala estima necesario reiterar que, aún en los casos de privación injusta de la libertad proveniente de causas ajenas a las enunciadas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o por aplicación del principio in dubio pro reo, el régimen de responsabilidad aplicable es de carácter objetivo, en el cual se prescinde en absoluto de la conducta del sujeto y su culpabilidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño producido, por tanto, basta demostrar éste último para endilgar la responsabilidad de la Administración en razón a que quien lo padeció no estaba en la obligación de soportarlo -en este caso el daño producto de la privación de la libertad-(53).

Esta subsección, en sentencia de mayo 12 de 2011(54), acogió el anterior entendimiento en los siguientes términos:

“La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable en aquellos casos en los cuales se configuren las causales previstas en el citado artículo 414 del CPC, esto es, que el hecho no existió, no era constitutivo de delito, o el acusado no lo había cometido-, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo, las cuales fueron reiteradas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de abril de 2010, expediente 18.284, dado que si bien, como se dijo, al caso concreto no le resulta aplicable alguno de esos supuestos, lo cierto es que el mismo será resuelto bajo esa misma línea de pensamiento —estructurada en un régimen objetivo de responsabilidad—, acogida por la jurisprudencia de la Sala y reiterada por esta subsección”.

Como se desprende de lo anterior, la razón que llevó a la Fiscalía a precluir la investigación penal a favor del aquí demandante no obedeció a alguno de los supuestos previstos en el entonces vigente artículo 414 del CPC. —porque el hecho no hubiere existido, porque el hecho no hubiere sido constitutivo de delito, o porque el acusado no lo hubiere cometido— y tampoco devino de la aplicación del principio in dubio pro reo, comoquiera que la decisión adoptada no fue producto de un cotejo probatorio en uno u otro sentido —a favor o en contra del sindicado— que generare duda acerca de la responsabilidad penal del actor y que la misma fuese resuelta a favor de este último, sino que se apoyó, simplemente, en el vencimiento del plazo legal para proferir resolución de acusación o de preclusión, última alternativa que se acogió debido a la escasez de pruebas que le permitieren a la Fiscalía inclinarse por la primera opción decisoria” (Destaca la Sala).

Como ya se dijo, es evidente que la privación de la libertad del señor Carlos Julio Carreño Cristancho configuró para él y sus familiares un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación(55), circunstancia que, necesariamente, comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

Con fundamento en los argumentos expuestos, se tiene que el recurso de apelación incoado por la Fiscalía General de la Nación no tiene vocación de prosperidad, por lo que se continúa con el estudio de la censura planteada en el recurso de alzada formulado por la parte actora.

5. Los motivos de inconformidad planteados por la parte actora

5.1. La tasación de la indemnización por (concepto de lucro cesante para el señor Carlos Julio Carreño

Solicitó la parte recurrente, que se reconozca el lucro cesante a favor del señor Carlos Julio Carreño, con base en la suma de $ 800.000, ingreso que, afirmó, estaba acreditado en el expediente con prueba documental y testimonial. Así mismo, dijo que, hasta la fecha, el actor no había podido conseguir empleo, en vista del despliegue televisivo y radial que le dieron a su detención.

Sobre este particular, encuentra la Sala que el señor César Henry Buitrago(56) señaló tener conocimiento de que el señor Carlos Julio Carreño Cristancho tenía un ingreso que ascendía a la suma de $ 800.000, información que conocía por cuanto el mismo señor Carreño Cristancho le había comentado sobre sus ingresos.

Así mismo, en cuanto a las declaraciones rendidas por los señores Rosa Elvira Fiquitiva de Fonseca, Darío Fonseca Balsero y Jorge Alberto Carreño Cristancho, debe destacar la Sala que los nombrados reconocieron ser, en su orden, madre y padre de la demandante Gloria Patricia Fonseca Fiquitiva y hermano de Carlos Julio Carreño Cristancho(57), circunstancia que impone que sus testimonios deban ser analizados con una especial severidad, en los términos del artículo 211 del Código General del Proceso(58), como quiera que lo dicho por ellos, por estar ligados con la parte actora por vínculos familiares, puede estar encaminado a favorecer sus intereses en relación con la posible condena que le pueda ser impuesta a la entidad demandada(59).

Ahora bien, en relación con lo expuesto en sus declaraciones, la Sala encuentra coherencia en sus dichos, como quiera que, al ser confrontados sus testimonios entre sí y con la versión del señor César Henry Buitrago, se observa que sus afirmaciones se encuentran corroboradas en el plenario, pues, como se aprecia, dijeron tener conocimiento sobre el ingreso que percibía el señor Carlos Julio Carreño Cristancho para la época de su detención.

Los anteriores elementos de juicio llevan a que se acceda a lo solicitado en este punto del recurso de apelación, para, en consecuencia, proceder a liquidar la indemnización con base en el ingreso demostrado en el proceso.

No obstante lo expuesto, en cuanto al período de liquidación del lucro cesante, considera la Sala que, en todo caso, este debe corresponder al tiempo en que el afectado directo estuvo privado de la libertad, al cual se le adiciona el período adicional de 35 semanas (8.75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia o reacondicionarse en sus actividades independientes, como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores(60), con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena(61), toda vez que, si bien es cierto que la sindicación de haber participado en un delito conlleva una modificación de la percepción que frente a la persona se tiene en el entorno social próximo, ello no genera la eterna imposibilidad de reacondicionarse en sociedad, teniendo en cuenta que una de las facetas de la interacción social se desarrolla en el campo laboral.

Así las cosas, el total del período a indemnizar equivale a 10 meses(62).

Para actualizar la renta se aplicará la fórmula que se presenta a continuación, tomando como índice inicial el correspondiente al mes de octubre de 2003, y como índice final, el vigente a la fecha de esta providencia:

  índice final
Ra =Rh ——————
  índice inicial

  116.24 final
Ra =$ 800.000 ——————
  75.31

Ra = $ 1.234.789

En aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, la suma resultante se incrementará en un 25%, ($308.697) por concepto de prestaciones sociales, para un total de $1.543.486.

Para la liquidación del lucro cesante vencido se aplicará la fórmula actuarial adoptada por la Corporación, así:

  (1 + i)n – 1
S =Ra——————
  i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $ 1.543.486

i = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período indemnizable, esto es 10 meses.

Reemplazando, se tiene:

  1+ 0.004867)10 - 1
S =$ 1.543.486—————————
  0.004867

S = $ 15.777.331

En consecuencia, al señor Carlos Julio Carreño Cristancho le corresponde, a título de indemnización por concepto de lucro cesante, la suma de quince millones setecientos setenta y siete mil trescientos treinta y un pesos m/cte. ($ 15.777.331).

5.2. La negación de la indemnización por concepto de lucro cesante para la señora Gloria Patricia Fonseca Fiquitiva

Igualmente, se reclamó el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Gloria Patricia Fonseca Fiquitiva, por considerar que estaba demostrado que tuvo que retirarse de su trabajo con ocasión de la privación injusta de la libertad de su compañero y tampoco había conseguido trabajo hasta la fecha.

Considera la Sala que la circunstancia alegada en la demanda y en el recurso de apelación, relativa a la voluntaria culminación de la relación laboral de la demandante, en razón de la privación de la libertad de su esposo, no puede constituir sustento de la aspiración indemnizatoria, pues resulta claro que tal determinación no fue consecuencia directa de la actuación de la entidad demandada, sino que obedeció a la libre determinación que en tal sentido acogió la señora Fonseca Fiquitiva, libre albedrio que, para otras personas, puede llevar, por el contrario, a conservar su trabajo en aras de solventar económicamente la situación antes que generar un desequilibrio en las finanzas del hogar.

En igual sentido a lo expuesto anteriormente, la mirada social que puede cernirse sobre el grupo familiar de una persona que ha sido sindicada de cometer un delito, no genera la eterna imposibilidad de reacondicionarse en sociedad en el campo laboral y, con mayor razón, cuando el vínculo laboral no termina por iniciativa del empleador, con fundamento en alguna clase de prejuicio frente a la situación familiar relacionada con el señalamiento de uno de los miembros del hogar, sino, se repite, por la decisión libre y voluntaria del empleado que decide afrontar de esa particular manera dicha situación.

5.3. La tasación de los perjuicios morales reconocidos por el a quo

En cuanto a la tasación de los perjuicios morales por parte del Tribunal a quo solicitó la parte actora, que se incrementara la condena, para lo cual señaló que todos los demandantes habían sufrido notablemente por la privación injusta de la que fue objeto el señor Carlos Julio Carreño.

Sobre este particular baste señalar que la valoración de los perjuicios morales debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se han sugerido criterios puntuales para la valoración de dichos perjuicios en los casos relativos a la privación injusta de la libertad(63).

Debe recordarse igualmente que, en el presente caso, no existe la limitante impuesta por el principio constitucional de la no reformatio in pejus, toda vez que tanto la parte actora como la demandada formularon recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, razón por la cual es viable entrar a reajustar el monto de las indemnizaciones ordenadas, de conformidad con las pautas fijadas por la Sala Plena de la Sección Tercera para el efecto y, en consecuencia, reconocer por concepto de indemnización por el daño moral padecido con los hechos a que se refiere la demanda, las siguientes sumas de dinero:

• Para Carlos Julio Carreño Cristancho, Gloria Patricia Fonseca Fiquitiva y Karen Sofía Carreño Fonseca la suma equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para cada uno de ellos.

Corolario de todo lo anterior, se tiene que el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación no tiene vocación de prosperidad y el incoado por la parte actora la tiene en forma parcial, en los términos que anteceden, por lo que se impone la modificación de la sentencia apelada, en lo atinente al monto de la indemnización por concepto de lucro cesante y perjuicios morales.

6. No hay lugar a condena en costas

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso' Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 10 de diciembre de 2009, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, la parte resolutiva quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE administrativamente responsable a LA NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios ocasionados al señor Carlos Julio Carreño Cristancho, por la razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por activa del señor Antonio Carreño Botia y María Delfina Cristancho de Carreño de conformidad con la parte motiva.

TERCERO: CONDÉNASE a LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al pago a favor del señor Carlos Julio Carreño Cristancho:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de quince millones setecientos setenta y siete mil trescientos treinta y un pesos m/cte. ($ 15.777.331).

CUARTO: CONDÉNASE a LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al pago de las siguientes sumas de dinero a favor de los demandantes por concepto de perjuicios morales de la siguiente forma:

— Para Carlos Julio Carreño Cristancho, Gloria Patricia Fonseca Fiquitiva y Karen Sofía Carreño Fonseca la suma equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para cada uno de ellos.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: CÚMPLASE lo normado en los artículos 176 y 177 del CCA, para efectos de ejecución de la presente sentencia”.

2. SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

3. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

17 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

18 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”'

19 Sentencia del 14 de febrero de 2002. Expediente 13.622. Consejera ponente: Dra. María Elena Giralda Gómez.

20 Criterio reiterado por la subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, expediente 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01 (37410), consejero ponente (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

21 Folio 217 del cuaderno de pruebas 4.

22 Tal como consta a folio 93 del cuaderno principal 1.

23 Expediente 21.515.

24 Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1996.

25 Debe anotarse que el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000, se publicó en el Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del mismo año, por lo que entró en vigencia a partir del 24 de julio de 2001, según lo dispuesto expresamente en su artículo 536, que señaló: “Este Código entrará en vigencia un año después de su promulgación.” Así mismo, en su artículo 535 se dispuso la derogatoria, sin condicionamiento alguno, del Decreto Ley 2700 de 1991. Para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528.

26 Sentencia de 6 de abril de 2011, expediente 21653, consejera ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

27 Ibídem.

28 En este sentido, en sentencia de 22 de junio de 2011, la Subsección C expuso: “Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del C.P.P. de 1991 (decreto ley 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos, es el objetivo, inclusive con posterioridad a la ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la Corporación.
En consecuencia, la Sala no avala una aplicación ultra[a]ctiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere significar, entonces, que la Corporación esté modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. No obstante, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.
(...).
Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultra[a]ctiva del derogado artículo 414 del decreto ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso.”

29 Sobre el concepto de daño antijurídico, ha dicho la Sala: “A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”; o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de 'causales de justificación”. Sentencia de 5 de diciembre de 2005, exp. 12.158.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, expediente 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, entre otras.

31 Sobre el particular, consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, M.P.

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

33 El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente No. 15.463.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, expediente número 9734.

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8.666.

37 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 10.056.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2.002, expediente número 13.606.

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601; sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 11.413.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2.007); Radicación No. 20001-23-31-000-3423-01; Expediente No. 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación- Rama Judicial.

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2.006, expediente número 13.168. Consejero ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de octubre ocho (08) de dos mil siete (2007); Expediente: 520012331000199607870 01; Radicado: 16.057; Actor: Segundo Nelson Chaves Martínez;

44 En similares términos pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517, sentencia de 25 de febrero del 2009, Exp. 25.508, sentencia del 15 de abril del 2010, Exp. 18.284; sentencia de 25 de marzo de 2.010, Exp. 17.741; sentencia de 12 de mayo de 2.011, Exp. 18.902; sentencia de 26 de mayo de 2.010, Exp. 17.294. Así mismo, las sentencias de 9 de mayo de 2012, Exp. 25.065, y 17 de octubre de 2012, Exp. 27.130, de la Subsección A.

45 Expediente obrante de folios 1 a 299 del cuaderno de pruebas No. 4 y 1 a 295 del cuaderno de pruebas 3, en respuesta al Oficio J38-177-07. A folio 46 del cuaderno de la demanda, obra informe secretaria] del Juzgado treinta y ocho Administrativo del Circuito de Bogotá donde consta que aunque se requirió a la Fiscalía para allegara copia auténtica del proceso penal, dicha copia fue aportada en copia simple, no obstante lo anterior, a Folio 1 del cuaderno de pruebas No. 3 obra Oficio No. 403 del 18 de febrero de 2008 en el cual se remiten los dos cuadernos de la investigación penal en copia auténtica.

46 Folio 3 de la investigación penal radicada con el No. 70100 UNAIM, obrante en el cuaderno de pruebas 3.

47 Folio 25 de la investigación penal radicada con el No. 70100 UNAIM, obrante en el cuaderno de pruebas 3.

48 Folio 26 de la investigación penal radicada con el No. 70100 UNAIM, obrante en el cuaderno de pruebas 3.

49 Folios 50 a 55 de la investigación penal radicada con el No. 70100 UNAIM, obrante en el cuaderno de pruebas 3.

50 Folios 45 a 52 de la investigación penal radicada con el No. 70100 UNAIM, obrante en el cuaderno de pruebas 4.

51 Folios 197 a 206 de la investigación penal radicada con el No. 70100 UNAIM, obrante en el cuaderno de pruebas 4.

52 Obra a folio 9 del cuaderno de pruebas nro. 2. Y fue remitido mediante Oficio nro. 007753 del 10 de mayo de 2007 obrante a folio 8 del mismo cuaderno.

53 Sobre el derecho fundamental de todas las personas a la libertad, la Corte Constitucional, en sentencias C - 397 de 1997, de 10 de julio de 1997 y C-774 de 25 de julio de 2.001, hizo los siguientes pronunciamientos:

“Sobre el derecho de libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1.991 señala que: 'Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley,

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
'En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado mediante la Ley 74 de 1968 se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”.

— En la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por la Ley 16 de 1972 se dice que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(...) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2° que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona 'se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable' y que quien sea sindicado tiene derecho 'a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”.

“La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues según el inciso 4° del artículo 29 de la Carta Política: 'Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, y por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado.

54 M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 1998-1400 (20665).

55 En este sentido debe recordarse que la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en contra del sindicado, consistente en detención preventiva.

56 Folio 21 del cuaderno de pruebas 2.

57 Declaraciones obrantes de fofos 10 a 15 y 23 a 25 del cuaderno de pruebas 2.

58 La mencionada disposición establece lo siguiente: “ART. 211.- imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El Juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso” (Se destaca).

59 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por esta Subsección el 11 de abril de 2012, Expediente 22.667 y de 9 de mayo de 2012, Expediente 24.137.

60 En este sentido se pronunció la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de 6 de abril de 2011, expediente 21.653, Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa, criterio reiterado en sentencia de 22 de junio de 2011, expediente 20.713, Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.

61 URIBE G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, N° 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168.

62 Teniendo en consideración el período de privación de la libertad, que el Tribunal a quo fijó en 1.25 meses, así como el tiempo adicional de 8.75 meses que la jurisprudencia reconoce en estos casos.

63 En la sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022 la Sala Plena de la Sección Tercera manifestó lo siguiente: “Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”.

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la decisión mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Carlos Julio Carreño Cristancho, por el delito de narcotráfico, a quien se le precluyó la investigación, toda vez que no cometió el hecho punible imputado, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del indubio pro reo.

En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del CPP, pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos como aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se dé por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente de antijuridicidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o ésta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del indubio pro reo.

Como se sabe, a medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto, se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del in dubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja la responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues si hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte, entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos, no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1 del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de la libertad dispuesta, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cual el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro, a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado.

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (artículo 414 del Decreto 2700 de 1991) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del indubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configure porque es la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquél no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva impuesta no cumple la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub júdice, la parte actora no tenía que demostrar la ilicitud de la detención preventiva que afectó al señor Carlos Julio Carreño Cristancho, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación a su favor, por cuanto no cometió el delito imputado.

Fecha ut supra.  

Carlos Alberto Zambrano Barrera.