Sentencia 2005-02813/34529 de noviembre 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dra. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 73001-23-31-000-2005-02813-01 (34529)

Actores: L.C.A. y otros

Demandado: Nación - Ministerio del Interior y de Justicia y otros

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., diez de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(24).

2. Análisis de la impugnación.

El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte demandante en su escrito de apelación oportunamente presentado [siguiendo la sentencia de Sala Plena de Sección Tercera de 9 de febrero de 2012, exp. 21060]. Por lo cual la Sala procederá a analizar si las actuaciones realizadas por las entidades demandadas, generaron efectivamente un daño antijurídico contra las personas aquí demandantes. Concretamente si obra prueba de la manipulación del reinsertado que declaró en contra de L.C.A.; si se encuentra demostrada la afectación al buen nombre alegado en el recurso que aquí se resuelve; y finalmente si existió una falla del servicio por parte de la Policía Nacional en la protección de esta persona.

Para resolver lo pertinente la Sala en primer lugar se examinara el valor probatorio de las páginas de prensa; luego reseñará las pruebas que obran en el expediente; a continuación examinará los presupuestos para configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado; después se analizará la responsabilidad del Estado por daños derivados de la administración de justicia, por la lesión al buen nombre y por el desplazamiento forzado; y finalmente se realizará el análisis del caso concreto,

3. Valor probatorio de las noticias de prensa:

La Sala observa que obra entre las pruebas, recortes de prensa del diario Nuevo día y Tolima 7 días en el que se registró la noticia de la captura de presuntos milicianos del ELN, (fl. 8 y 116 cdno. 3) respecto del cual es necesario pronunciarse, para determinar el valor probatorio que podía o no tener tales informaciones, ya que el precedente de la Sala se orienta a no reconocer dicho valor. En ese sentido,

“(…) Sin embargo, los reportes periodísticos allegados al expediente carecen por completo de valor probatorio, toda vez que se desconoce su autor y su contenido no ha sido ratificado y, adicionalmente, por tratarse de las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como una prueba testimonial, como que adolecen de las ritualidades propias de este medio de prueba; no fueron rendidas ante funcionario judicial, ni bajo la solemnidad del juramento, ni se dio la razón de su dicho (CPC, art. 227).

Estos recortes de prensa tan solo constituyen evidencia de la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido, por lo que no ostentan valor probatorio eficaz merced a que se limitan a dar cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial. De modo que el relato de los hechos no resulta probado a través de las publicaciones periodísticas a que se alude en la demanda, habida consideración que no configura medio probatorio alguno de lo debatido en el proceso, pues tan sólo constituyen la versión de quien escribe', que a su vez la recibió de otro desconocido para el proceso(25) (…)”.

Pese a lo anterior, la Sala en su precedente viene considerando que,

"(…) las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como una prueba testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no son suministradas ante un funcionario judicial, no son rendidos bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho (CPC, art. 228), pues por el contrario, éste tiene el derecho a reservarse sus fuentes. Los artículos de prensa pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan certeza de la existencia de las informaciones, pero no de la veracidad de su contenido. Debe recordarse que el documento declarativo difiere de la prueba testimonial documentada. Por lo tanto, si bien el documento puede contener una declaración de tercero, el contenido del mismo no puede ser apreciado como un testimonio, es decir, la prueba documental en este caso da cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial (…)”(26).

A lo que se agrega,

“(…) En cuanto a los recortes de prensa, la Sala ha manifestado en anteriores oportunidades, que las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas pruebas testimoniales porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio —CPC, art. 228—, por lo que solo pueden ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su contenido (…)”(27).

Y si bien no puede considerarse a la información de prensa con la entidad de la prueba testimonial, sino con el valor que puede tener la prueba documental, no puede reputarse su inconducencia, o su inutilidad, ya que en su precedente la Sala considera que,

“(…) Le asiste razón al actor en argumentar que los ejemplares del diario “El Tiempo” y de la revista “Cambio” no resultan inconducentes, ya que por regla general la ley admite la prueba documental, y no la prohíbe respecto de los hechos que se alegan en este caso. Asunto distinto será la eficacia que el juez reconozca o niegue a dichos impresos. Así, se revocará la denegación de la prueba a que alude el actor respecto de los artículos del Diario y Revista indicados, por encuadrar como pruebas conforme al artículo 251 del Código de Procedimiento Civil y en su lugar se decretará la misma para que sea aportada por el solicitante de ella, dada la celeridad de este proceso (…)”(28).

Para llegarse a concluir, según el mismo precedente, que la información de prensa puede constituirse en un indicio contingente. En ese sentido, se ha pronunciado la Sala manifestando,

“(…) En otras providencias ha señalado que la información periodística solo en el evento de que existan otras pruebas puede tomarse como un indicio simplemente contingente y no necesario (…)(29)”.

De acuerdo con los anteriores argumentos, la Sala revisará la información consignada en los recortes de prensa allegados al proceso.

4. Del acervo probatorio.

Dentro del plenario, obran los siguientes medios de prueba relevantes:

1. Registro civil de nacimiento de L.C.A., en el cual se constata que es hija de R.C. y M.E.A.(30).

2. Registro civil de nacimiento de L.A.C.A., en el cual se constata que es hijo de R.C. y M.E.A.(31)

3. Copia simple del informe de inteligencia Blanco de Subversión del Municipio de Villahermosa, Tolima, emitido el 27 de marzo de 2003(32), por el Departamento Administrativo de Seguridad - Seccional Tolima, Unidad Investigativa de Policía Judicial, Grupo Operativo, que contiene información se “subversivos, milicianos, colaboradores y auxiliadores del grupo subversivo ELN que delinque en el municipio de Villahermosa Tolima”.

4. Copia simple de diligencia de declaración rendida el 30 de abril de 2003, por J.C.M.G., ante la Fiscalía Especializada de Unidad de Apoyo de Bogotá(33).

5. Copia simple de orden de allanamiento y registro, emitida el 24 de mayo del 2003 por la Unidad e Estructura de Apoyo – Fiscalía Cuarta Especializada, en la que se estipuló que la misma se realizaría en la residencia de la hoy accionante, en la fecha de expedición de la orden. (fls. 45 - 46 cdno. 1).

6. Copia simple de la captura efectuada al señor J.C.M.G., el 27 de mayo de 2003(34), quien se presentó de manera voluntaria a las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, donde puso en conocimiento ser integrante del subversivo Bolchequives del Líbano - ELN, y para lo cual expresó su deseo de pertenecer al programa de reinserción ofrecido por el Gobierno Nacional.

7. Copia simple de los derechos del capturado de nombre J.C.M.G., realizado el 27 de mayo de 2003 por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS(35).

8. Copia simple de diligencia de declaración rendida el 27 de mayo de 2003, por J.C.M.G., ante la Fiscalía General de la Nación, Unidad Estructura de Apoyo de Fiscalía Cuarta Especializada de Ibagué, en el que frente a la señora L.C.A. resaltó:(36)

“L. es una señora que la guerrilla al mando de SILVIO o JEIMI la tiene (sic) para que le fabrique costuras, les haga prendas de la guerrilla, ósea uniformes verde olivas (sic), esa señora hace como un año y medio la distingo y desde ese entonces hasta ahora le colabora a la guerrilla en eso”…“ella recibió plata de parte de la organización”.

9. Copia simple de providencia emitida el 13 de junio de 2003 por la Unidad de Estructura de Apoyo – Fiscalía Cuarta Especializada de Ibagué, en la que se resolvió la situación jurídica de la señora L.C.A. y se le otorgó su libertad provisional(37).

10. Copia de Denuncia de Desplazamiento interpuesta por L.C.A., el 11 de agosto de 2003, en la que manifiesta que “El día 17 de julio de 2003 fui objeto de orden de abandonar el Municipio por parte de miembros de la Autodefensas (A.U.C), hechos ocurridos en el corregimiento de Frías – Falan”.(38).

11. Copia simple de decisión proferida el 24 de noviembre de 2003(39) por la Unidad Seccional de Fiscalías Fe Púbica y Patrimonio Económico – Fiscalía Catorce Seccional, en la que se calificó el mérito del sumario de la indagada, hoy demandante la señora C.A., y en la cual, se resolvió precluir la investigación penal adelantada en su contra por el punible de rebelión, debido a la ausencia de material probatorio que corroborarlos señalamientos imputados como la persona que confeccionaba lo uniforme de la guerrilla.

12. Copia simple de Contrato de Arrendamiento de vivienda urbana, suscrito el 1 de diciembre de 2003, por L.M.C.G. como arrendador, y L.C.A. como arrendataria; con fecha de iniciación del contrato el 2 de diciembre de 2004 y fecha de entrega del inmueble el 2 de mayo de 2004(40).

13. Copia simple de certificación el 11 de mayo de 2006(41), suscrita por la Coordinadora de la Unidad Territorial Tolima de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, en la que acredita que,

“ la señora L.C.A., la cual se encuentra inscrita desde el 25 de octubre de 2001 se le entregaron los alojamientos por valor de doscientos cuarenta mil pesos tres mercados por valor de quinientos un mil pesos ($501.000) y los respectivos kit de aseo, cocina hábitat y vajilla por un valor de ciento sesenta y cuatro mil pesos ($164.000)”.

14. Copa simple del Registro Único de Población Desplazada, emitido el 30 de mayo de 2006, suscrito por la subdirectora de Atención a Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en el que se encuentra como registrada la señora L.C.A., con fecha de inclusión 25 de octubre de 2001(42).

Los anteriores medios probatorios serán valorados por la Sala para resolver los problemas jurídicos planteados en la impugnación presentada por la parte demandante.

5. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(43), este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(44) tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico).

5.1. El daño.

El daño comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(45) y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(46), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

En cuanto al daño antijurídico, la Corte Constitucional ha señalado que la:

“(…) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(47).

Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(48). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(49), anormal(50) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(51).

Es preciso advertir que en la sociedad moderna, el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamado a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva y no sujetada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta o genera un detrimento en derechos, bienes o intereses jurídicos, y que esperar a su concreción material, podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece(52).

5.2. Imputación de la responsabilidad al Estado y fundamento del deber jurídico de reparar.

En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio; daño especial; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(53).

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(54), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(55).

En cuanto a lo anterior, la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(56). Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(57).

Esto es sin duda, un aporte dado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(58). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(59). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(60).

Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(61) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(62) que el juez está llamado a aplicar bajo la consideración de la utilización de la máxima “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(63).

Esta formulación no debe suponer, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(64), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la administración, puesto que no puede considerarse (…) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(65), y que además debe obedecer a la cláusula del Estado social de derecho(66).

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba delimitarse la responsabilidad extracontractual del Estado(67), sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede en primera medida la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos(68), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho; en caso de no poder aplicarse dicha motivación, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “(…) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1.991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación (…)”(69).

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

6. La responsabilidad del Estado por daños derivados de la administración de justicia.

Los elementos de la responsabilidad del Estado que se vienen de comentar, han tenido un desarrollo particular en el ámbito específico de la responsabilidad del Estado por los daños derivados de los actos emanados de las autoridades judiciales, o por sus omisiones.

6.1. Régimen desde la óptica convencional.

Ese desarrollo, desde la perspectiva convencional está consagrado en los artículos 1.1, 2º, 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos bajo la égida de la tutela judicial efectiva, y del acceso efectivo a la administración de justicia, que suponen que no solo deben existir los procedimientos y recursos, sino que los mismos tienen que mostrarse eficaces; de suerte que cualquier acto procesal de una autoridad jurisdiccional que vaya en contra de tal efectividad, o cualquiera omisión por parte de estas mismas autoridades que afecten a las personas intervinientes en un proceso judicial, en su derecho de defensa, generará responsabilidad del Estado frente a este particular.

La garantía de la tutela judicial efectiva vincula a los tribunales internacionales, tanto en el orden universal, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; como en el orden regional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello es así, pese a que se establece en principio una inmunidad diplomática y en sus votos, pero únicamente respecto de los miembros que conforman estos Tribunales; pero no de la institución misma, que está vinculada a un régimen de responsabilidad derivada de sus procedimientos y decisiones. De suerte que si en ejercicio de esta actividad judicial internacional se incurre en actos u omisiones que vulneren los elementos que conforman el acceso efectivo a la administración de justicia, el organismo tendrá que responder por los daños que de tales actos u omisiones se deriven(70).

6.2. Régimen de responsabilidad de daños derivados de la actividad judicial en el ordenamiento colombiano.

En el ámbito interno, a propósito de la responsabilidad del Estado por daños derivados de la actividad de las autoridades jurisdiccionales, se pueden identificar tres etapas claramente diferenciadas: Un primer periodo anterior a la expedición de la Constitución de 1991, en la que no existía esta responsabilidad bajo el argumento que las decisiones jurisdiccionales, al estar revestidas de la autoridad de cosa juzgada, cualquier omisión, error o anomalía en que incurrieran las autoridades judiciales al proferirlas, configuraba un riesgo que debía ser asumido por los coasociados.

Pese a lo anterior, y por influjo del ordenamiento convencional, artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por vía excepcional fue abriéndose paso la responsabilidad por error judicial y por defectuoso funcionamiento; entendiéndose que el primero se verificaba cuando se condenaba a una persona mediante sentencia que comportaba un error; y para configurar el segundo evento se precisó que una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada y otra diversa ciertos actos ejecutados por los jueces en orden a resolver los procesos, que solo requieren de la prudencia administrativa.

Una vez entra en vigencia la constitución de 1991, pueden advertirse dos épocas: una primera en que a la cláusula prevista por el artículo 90 de la Constitución se le dio una aplicación jurisprudencial en materia de daños derivados por la actividad judicial, en la que, en aplicación de las hipótesis previstas en el artículo 414 del entonces vigente código de procedimiento penal, se asoció como un mismo supuesto la privación injusta de la libertad y el error judicial(71); y un segundo periodo que comienza con la expedición de la Ley 270 de 1996, normatividad que especificó como fundamentos de la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional tres hipótesis: la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

De suerte que, observado en conjunto el ámbito convencional y la legislación colombiana, son cuatro los supuestos que generan la responsabilidad por la actividad judicial, los tres que se acaban de mencionar, a nivel interno; y el deficiente acceso a la administración de justicia, desde la perspectiva convencional.

Por cuanto en el sub judice se acusa a la Fiscalía General de la Nación de haber incurrido en una falla del servicio derivada de irregularidades y negligencias, al inhibirse de abrir investigación por hurto y abuso de confianza; la Sala estima oportuno ver individualmente el error judicial y el defectuoso funcionamiento para perfilar sus contornos dogmáticos.

6.2.1. La responsabilidad al Estado por error jurisdiccional.

El artículo 66 de la Ley 270 de 1996 define el error jurisdiccional como aquel "cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley". Y esta corporación lo ha definido como el error que se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, es decir, aquellas resoluciones judiciales mediante las cuales se interpreta y aplica el Derecho(72).

Asimismo, la Sala ha establecido que el error jurisdiccional como título de imputación de responsabilidad del Estado se presenta siempre que “una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado(73)”.

6.2.2.1 El daño antijurídico en el evento de error judicial.

Se afirma que por error judicial “ha de entenderse la lesión definitiva cierta, presente o futura, determinada o determinable, anormal a un derecho a un interés jurídicamente tutelado de una persona, cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, y materializado a través de una providencia contraria a la ley que se encuentre en firme y que la víctima no está en el deber de soportar”(74)

6.2.2.2 La imputación del daño en los eventos de error judicial.

Se debe precisar que dicho error requiere de ser cometido por una autoridad jurisdiccional y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales; que ocurra dentro de un proceso judicial y se materialice en una providencia judicial; y que tenga la intensidad suficiente para que la providencia que lo contiene devenga contraria al ordenamiento jurídico.

Ahora bien, siendo el error una categoría proveniente de la teoría general del derecho es oportuno precisar que este se distingue de la ignorancia del funcionario judicial, en la medida en que en aquél se presenta un falseamiento de la realidad; mientras que en ésta se verifica la carencia absoluta de conocimiento sobre una determinada realidad(75)

En este orden de ideas útil es determinar que dicho error puede ser de diversos tipos: un error de hecho, que implica una equivoca percepción respecto de las personas, respecto de la naturaleza de la decisión judicial, en cuanto al objeto de la decisión y a los motivos de la misma. De otra parte, el error puede ser derecho, el que se concreta en “cuatro modalidades específicas: violación directa del orden positivo; falsa interpretación del orden positivo; errónea interpretación del orden positivo; y violación por aplicación indebida del orden positivo”(76)

Adicionalmente, según el artículo 67 de la misma ley, para que proceda la responsabilidad patrimonial por el error jurisdiccional es necesario que concurran los siguientes requisitos(77): (i) que el afectado interponga los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme(78).

En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha establecido que las condiciones necesarias “para estructurar el error jurisdiccional que materializará la responsabilidad patrimonial del Estado (…) son las siguientes”(79):

“a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí ésta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. (…)

“b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección, el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

“c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos.

“d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución -auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla-, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador(80)(81).

Al respecto, es preciso resaltar que el juicio de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional deberá realizarse en atención a las circunstancias del caso concreto, a partir de las cuales se determinará si la actuación judicial es contentiva de yerro alguno.

En reiterados pronunciamientos la Sala ha reconocido que en algunas oportunidades el juez sólo dispone de la “única decisión correcta” para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, en otros escenarios, pueden existir distintas decisiones razonables(82). Así las cosas, en esta última hipótesis, el juicio de responsabilidad no puede reputar como daño antijurídico la consecuencia adversa a los intereses de una de las partes como consecuencia de la decisión judicial fundada en argumentos racionales(83). En este sentido, se ha sostenido que:

“… el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables en cuanto correctamente justificadas pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento una justificación o argumentación jurídicamente atendible pueden considerarse incursas en error judicial”(84).

Por último, la Subsección estima pertinente reiterar que si bien la Corte Constitucional en la sentencia de control de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia asimiló el concepto “error jurisdiccional” al de “vía de hecho”(85), dicha identificación semántica resulta impropia. Así, tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional únicamente será determinante la contravención al ordenamiento jurídico contenida en una providencia judicial(86), y no la conducta “subjetiva, caprichosa y arbitraria” del operador jurídico(87).

6.2.3. La responsabilidad al Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

5.2.3.1. El daño antijurídico en la hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por el defectuoso o anormal funcionamiento de la justicia parte de la premisa de que “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado”(88).

Siendo esto así, inicialmente se exige precisar qué puede considerarse como funcionamiento normal de la justicia. En el derecho comparado se ha entendido por tal, “la tutela judicial efectiva”, lo que implica el respeto a varios derechos: “el derecho al proceso, el derecho a que éste se desarrolle según los parámetros constitucionales y el derecho al aseguramiento del bien o derecho en litigio”(89). En este orden de ideas, la responsabilidad podrá enervarse cuando el funcionamiento de la justicia deviene anormal o defectuoso y procede de actuaciones materiales que representan “infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para decidir”(90).

Así las cosas, resulta necesario delimitar el concepto de “anormal” o “defectuoso”, para que el funcionamiento de la administración de justicia produzca un daño antijurídico. En este sentido la doctrina ha señalado:

“Esta debe obtenerse a través de los estándares de normalidad que, en el caso de una Justicia tradicionalmente lenta, cobran especial importancia en lo tocante a las dilaciones procesales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 13 de julio de 1983 [Caso Zimmermann y Steiner], interpretando el artículo 6.1 del Convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales señaló como criterios a tener en cuenta para la medición de la razonabilidad en el retraso, “la complejidad del litigio, la conducta de los propios litigantes y de las autoridades y las consecuencias del litigio presuntamente demorado se siguen para aquéllos”(91).

En la misma línea se ha pronunciado la Corte Constitucional, a fin de fijar criterios para que, a partir del alcance y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se pueda delimitar lo que debe entenderse como funcionamiento anormal o defectuoso de la justicia. Así:

“El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina los cauces que permitan su ejercicio”(92).

“Debe tenerse en cuenta que, tal como lo ha expresado la Corte, “... si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos al legislador, “en razón de que no se agotan en si (sic) mismas, sino que con ellas trasciende la idea, por demás general, impersonal y abstracta, de realización de justicia”(93).

“(…) la tutela judicial que el Estado está en el deber de garantizar a las personas vinculadas a la decisión es un derecho fundamental que demanda actuaciones ciertas, reales, y de claro compromiso institucional, de parte de las autoridades y de los particulares, enmarcadas dentro del postulado constitucional de la buena fe y el deber de respeto de los derechos ajenos y no abuso de los propios”(94).

“El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 Superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas”. De este modo, el derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones. Para ello es necesario que el juez adopte las medidas de saneamiento que sean necesarias para subsanar los vicios que puedan impedir una decisión de fondo”(95).

Ahora bien, por su parte esta corporación desde muy temprano consideró que puede existir un “mal funcionamiento del servicio público de la justicia” como consecuencia de la negligencia de los empleados judiciales. Se trata de encuadrar la responsabilidad en relación con los “actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa”(96).

De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia “se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales”(97), lo que encaja en la tesis de la falla probada en el servicio(98). Igualmente pueden incluirse “(…) todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales”(99).

Lo anterior ha llevado a que la doctrina recientemente afirme que:

“el daño antijurídico en las hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tiene carácter residual, deviniendo en consecuencia el mismo, no de una providencia judicial viciada por error,… o de una privación injusta de la libertad que de una u otra manera involucra decisiones judiciales, sino, y en esto radica su carácter residual, de todas aquellas conductas del aparato judicial abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosas y contrarias al ordenamiento jurídico generadoras de daños y perjuicios materiales y morales(100) que la victima de las mismas no está llamada a soportar”(101).

6.2.3.2. Imputación del daño en los eventos de defectuoso funcionamiento. 

El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo definió el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como aquel que constituye una falla del servicio(102), por “mal servicio administrativo”(103). Su configuración precisa de excluir que no se trate de un acto jurisdiccional [propiamente], sino que sea, por ejemplo, un acto administrativo que implica que no hubo una revisión meticulosa por parte del despacho judicial de los elementos y actos de ejecución que permitan el impulso y desarrollo de la obligación de impartir justicia(104).

Cabe señalar que antes de la Constitución Política de 1991 el precedente de la Sala distinguía la falla del servicio judicial, del error judicial, donde el primero “se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción”(105). De acuerdo con esta definición, se definieron como supuestos de fallas del servicio judicial(106): i) la sustracción de títulos valores, ii) la falsificación de oficios(107), iii) el hecho omisivo “consistente en la falla administrativa cometida por el secretario del juzgado” de no haber dado a conocer al demandante la existencia de la apertura de un proceso de quiebra(108) [que afectó un remate que se iba a realizar], iv) error en un aviso de remate que lleva a declararlo sin valor(109), v) prevalencia del embargo y secuestro respecto de bienes que ya habían sido objeto de esas medidas en otro proceso ejecutivo(110), vi) las omisiones del juzgado al no exigir al secuestre prestar la caución(111), vii) actuación secretarial que llevó a que una diligencia de remate se hubiera tenido que declarar sin valor(112).

En este orden de ideas, la responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce por una falla probada del servicio; sin que ello implique que no sea posible que la imputación pueda realizarse desde el punto de vista objetivo.

7. Protección a los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre.

Conforme a lo establecido por la Constitución Política de Colombia, el buen nombre y su honra son derechos fundamentales, por lo tanto todos los ciudadanos tienen derecho a que se les respeten, de acuerdo con lo consagrado en los artículos 15 y 21.

Así mismo, algunos de los tratados internacionales ratificados por Colombia consagran la protección de estos derechos. Es así como, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 12 establece que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

En igual sentido, la Ley 74 de 1968 por medio de la cual se adoptó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Colombia, en el artículo 17 señala que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación” y que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Del mismo modo, la Ley 16 de 1972 a través de la cual se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” reconoce el deber de protección de la honra y de la dignidad de las personas en los siguientes términos:

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Ahora bien, para comprender el núcleo esencial de los derechos mencionados es necesario acudir a la jurisprudencia del máximo Tribunal Constitucional del país, el cual ha delimitado lo que debe entenderse por el derecho a la honra y el buen nombre. Así pues, en sentencia del 26 de junio de 2002 señaló:

“Elbuennombrehasidoentendidoporlajurisprudenciayporladoctrinacomolareputación,oelconceptoquedeunapersonatienenlosdemásyqueseconfiguracomoderechofrentealdetrimentoquepuedasufrircomoproductodeexpresionesofensivasoinjuriosasoinformacionesfalsasotendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo.

Por su parte, el artículo 21 de la Carta contempla elderechoalahonra, concepto este último que aunque en gran medida asimilable al buen nombre, tiene sus propios perfiles y quelaCorteenlasentenciaT-411de1995definiócomolaestimaciónodeferenciaconlaque,enrazónasudignidadhumana,cadapersonadebesertenidaporlosdemásmiembrosdelacolectividadqueleconocenyletratan. Puso de presente la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho “... que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”.

En la Sentencia C-063-1994 la Corte precisó el alcance que dentro del derecho a la honra tiene el concepto del honor y señaló que “[a]unque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia de uso entre ellos. El honor se refiere a la conciencia del propio valor, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno —el sentimiento interno del honor—, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros —honra—”.

En cualquier caso, la honra es un derecho fundamental de todas las personas, que se deriva de su propia dignidad y que por lo tanto demanda la protección del Estado a partir de esa consideración de la dignidad de la persona humana. Al referirse al núcleo del derecho a la honra, la Corte, en Sentencia T-322 de 1996, señaló que del mismo hace parte tanto, la estimación que cada individuo hace de sí mismo, como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona, y expresó que para que pueda tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe apreciarse de manera conjunta”(113). (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Sobre los mecanismos de protección que existen dentro del ordenamiento jurídico para una efectiva protección de estos derechos fundamentales, tenemos que la Corte Constitucional ha señalado la acción de tutela, la rectificación y la réplica, así se pronunció el alto Tribunal:

“(…) resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte los mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la efectividad de los mencionados derechos, y ello implica la necesidad de establecer diversos medios de protección, alternativos, concurrentes o subsidiarios, de acuerdo con la valoración que sobre la materia se haga por el legislador.

Dado su carácter de derechos fundamentales, tal como se acaba de expresar, el buen nombre y la honra cuentan con un mecanismo de protección de rango constitucional, como la acción de tutela (…).

También tienen origen constitucional la rectificación y la réplica como medios de defensa a través de los cuales una persona puede tratar de reparar o atenuar el daño que para su honra o a su buen nombre se infiera de la difusión de informaciones inexactas o de manifestaciones injuriosas o calumniosas.

Por otra parte, dada la significación de los bienes jurídicos de los que se ha venido tratando, de manera tradicional el ordenamiento jurídico colombiano, ha considerado que su protección amerita la actuación del ius puniendi del Estado, mediante la tipificación de las conductas que resultan contrarias a los mismos y la imposición de las correspondientes sanciones penales”(114).

Ahora bien, en materia contencioso administrativa esta corporación también ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la protección que se debe dar a los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, específicamente en el marco de un proceso penal.

Es así como, en sentencia del 9 de mayo de 2014 donde se discutía la afectación sufrida por un ciudadano que había sido presentado como miembro de una organización al servicio del narcotráfico, se señalaron los siguientes criterios a tener en cuenta para poder determinar si en determinado caso hubo daño antijurídico como consecuencia del actuar de una entidad estatal en el marco de una investigación penal:

“(…) i)afectaciónporpublicacióndeinformaciónrespectodeunapersonaqueposteriormentesedemuestraincompleta,tergiversadayfalsa;ii)afectaciónporindebidapublicacióndeunainformaciónsometidaalasreglasdelareserva;iii)afectaciónporviolaciónalnúcleoesencialdelosderechosfundamentales;iv)afectaciónporausenciadecompetencia;v)afectaciónpordeficienciadeprocedimientoycontroldesupervisión.

10.2.1.2.13. En efecto, el ejercicio actividad administrativa de inteligencia implica de suyo una tensión intrínseca entre principios, valores y derechos: por un lado, la seguridad y la defensa nacional y, por otro, el buen nombre, la honra, el debido proceso, el habeas data y la intimidad, entre otros. Sin embargo, aunque las medidas de inteligencia o de policía judicial pueden legítima y lícitamente afectar derechos fundamentales en virtud del interés general y bajo estricta observancia del principio de proporcionalidad, como lo estipula la Ley 1621 del 2013, no pueden lesionar en ningún caso el núcleo esencial de los derechos fundamentales, cuyo espacio jurídico es inaccesible”(115). (subrayado y negrilla fuera de texto)

8. Aproximación al tratamiento del desplazamiento forzado(116). 

El desplazamiento forzado ha sido definido como una situación fáctica a consecuencia de la cual se produce un desarraigo producto de la violencia generalizada, la vulneración de los derechos humanos o la amenaza de las garantías del derecho humanitario. La Constitución Política garantiza la libre escogencia del lugar en el que todo ciudadano decide vivir, desarrollarse y realizar actividades económicas, así como la libre circulación en todo el territorio nacional.

En el ordenamiento jurídico colombiano la Ley 387 de 18 de julio de 1997 [reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 951, 2562 y 2569 de 2001, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia], vino a regular la situación de desplazamiento forzado y a definir al desplazado en el artículo 1º en los siguientes términos:

“[…] toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”(117).

En la misma norma se consagró como principio sustancial que todo colombiano tiene el derecho a “no ser desplazado forzadamente” [art. 2º], radicándose en cabeza del Estado la responsabilidad de “formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioecómica de los desplazados internos por la violencia”, como respuesta a lo establecido en el artículo 24 de la Carta Política, que a su tenor consagra:

“Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.

La Ley 387 de 1997 vino a ser reglamentada por el Decreto 2569 de 2000, el cual consagró que el Gobierno Nacional,, por medio de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, “declarará que se encuentra en condición de desplazamiento aquella persona desplazada que solicite tal reconocimiento mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, a saber: 1. Declarar esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o distritales o cualquier despacho judicial, y 2. Solicitar que se remita para su inscripción a la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior o a la oficina que ésta designe a nivel departamental, distrital o municipal copia de la declaración de los hechos de que trata el numeral anterior” [artículo 2º].

El alcance del desplazamiento forzado como situación jurídica debe darse a partir de la comprensión sistemática de los artículos 1º, 2º, 11, 16, 93 y 214 de la Carta Política colombiana, armónica e integradamente con los artículos 1.1, 2, 4 y 22.1 [“no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”] de la Convención Americana de Derechos Humanos [al proceder el control de convencionalidad por parte del juez contencioso administrativo], así como de lo consagrado en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra [ratificado por la L. 171/94]. De acuerdo con el artículo 17 del mencionado Protocolo:

“ART. 17.—Prohibición de los desplazamientos forzados

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación.

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto”(118).

Así mismo, cabe afirmar aplicable al desplazamiento forzado el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra:

“Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia… Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”.

En la jurisprudencia constitucional la delimitación conceptual lleva a plantear:

“Algunos estudios especializados, han considerado que la definición legal de desplazado, consagrada en la Ley 387 de 1997, resulta problemática, pues al establecer una asociación entre desplazamiento forzado y violencia política, dificulta considerarlos población civil separada de la partes enfrentadas, ya que el elemento que los vincula con el conflicto político armado es tenido en cuenta para estigmatizarlos como enemigos potenciales de la sociedad y del Estado.

Igualmente han indicado que tal definición limita el desplazamiento forzado a las migraciones producidas por acciones o hechos que amenazan la estabilidad y existencia del Estado, dejando por fuera fenómenos tales como el confinamiento impuesto por fuerzas irregulares, la pobreza rural, el miedo, la búsqueda de mejores modos de vida, entre otros, que también ocasionan ese fenómeno”(119).

Tal como se desprende de la normativa vigente, la situación de desplazamiento implica que la persona [o personas] se ven obligadas forzosamente a migrar, a desarraigarse del lugar en donde tenía afincada su residencia o el lugar habitual de su actividad profesional, productiva o económica, ante las amenazas a su vida, integridad física, libertad personal, dignidad, como consecuencia del conflicto armado interno, de la violencia generalizada, de la vulneración masiva, continuada y sistemática de los Derechos Humanos, de la infracción al Derecho Internacional Humanitario, o de toda aquella circunstancia que altere, modifique o quiebre radicalmente el orden público. La jurisprudencia constitucional establece:

“La jurisprudencia(120) ha precisado que si bien en el plano internacional ningún tratado define dicho concepto, la Comisión de Derechos Humanos, hoy Consejo de Derechos Humanos, acogiendo los trabajos realizados por el Relator Temático Francis Deng, adoptó en 1998 la resolución titulada “Principios rectores de los desplazamientos internos”, cuyo artículo 2º consagra la siguiente descripción en torno a los desplazados:

“… las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, por situaciones de violencia generalizada, por violaciones de derechos humanos o por catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

No sobra advertir que para la Corte Constitucional(121) dichos Principios tienen fuerza vinculante, pese a que no han sido aprobados mediante un tratado internacional, “dado que ellos fundamentalmente reflejan y llenan las lagunas de lo establecido en tratados internacionales de derechos humanos y que han recibido una gran aceptación por parte de distintos organismos internacionales de derechos humanos”, por lo cual esta corporación considera que “deben ser tenidos por Colombia gocen de rango constitucional, como lo señala el artículo 93 de la Constitución”(122).

Luego, la Subsección entiende que el desplazamiento forzado es una situaciónfáctica, pero no es una calidad jurídica que pueda operar como un título de atribución. En ese sentido, en la jurisprudencia constitucional se considera:

“La condición de desplazado, como descripción que es de una situación de hecho, no conlleva una regulación integral de derechos fundamentales, ni de sus elementos próximos, aunque evidentemente contribuye a su exigibilidad; tampoco implica restricciones a tales derechos, pues, por el contrario, la regulación de esa situación fáctica está orientada a lograr que quienes sufren el desplazamiento forzado puedan recibir atención oportuna e integral por parte del Estado y reclamarla en caso de que no le sea prestada. Además, la especificación de un desplazado no puede quedar petrificada dentro del rígido molde de la ley, sea esta ordinaria o estatutaria, ya que por derivar de una realidad en constante evolución”(123).

En ese sentido, la jurisprudencia interamericana de derechos humanos(124) [Corte Interamericana de Derechos Humanos] ha resaltado el alcance del desplazamiento forzado y de la situación fáctica del desplazado, como se desprende de lo decidido en el caso de las Masacres de Ituango contra Colombia:

“En razón de la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno y de la amplia gama de derechos humanos que afecta o pone en riesgo, y en atención a las circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran los desplazados, su situación puede ser entendida como una condición de facto de desprotección. En los términos de la Convención Americana, dicha situación obliga a los Estados a otorgar un trato preferente a su favor y a adoptar medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso vis-à-vis actuaciones y prácticas de terceros particulares”(125).

De acuerdo con la anterior jurisprudencia, para que se concrete la situación de desplazamiento forzado se requiere:

“(i) La coacción, que obliga al afectado a desplazarse dentro del territorio nacional, así como su permanencia dentro de las fronteras del territorio nacional; (ii) La amenaza o efectiva violación de derechos fundamentales, toda vez que la definición legal indica que ese desplazamiento se produce porque la vida, la integridad física, la seguridad y la libertad personal “han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas”; y (iii) La existencia de unos hechos determinantes, tales como el conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores; violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos; infracciones al Derecho Internacional Humanitario, “u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”(126).

Una vez se concreta la situación del desplazamiento, es necesario demostrar para que una persona sea considerada como desplazado interno, que haya sido obligada a migrar más allá de los límites territoriales del municipio en el que vivía o residía(127).

Sin perjuicio de lo anterior, el precedente jurisprudencial constitucional advierte que:

“[…] quien se desplaza lo hace “para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”(128), no para escapar de una amenaza de origen común o de las consecuencias de un accidente de tránsito que, si bien puede tener graves implicaciones y la entidad suficiente para obligar a una persona a tomar determinadas decisiones, no puede ser susceptible de recibir la protección que por disposición legal se reserva para las víctimas del conflicto armado interno que son obligadas a dejar sus lugares de residencia por causa del mismo”(129).

4.14. Pese a lo anterior, la jurisprudencia constitucional establece que en caso de contradicción al momento de aplicar la definición ajustada a un caso de persona o personas desplazadas internamente deberá acudirse a la aplicación del “principio pro homine” según el cual son varios los supuestos en los que encajaría la consideración de una situación de desplazado interno: a)comoconsecuenciadelaacciónilegítimadelasautoridadesdelestado; b) la acción u omisión legítima del Estado; c) teniendo en cuenta la región del país, la estigmatización derivada para la persona y su familia cuando como consecuencia de un proceso penal seguido por hechos ligados al conflicto armado interno, es absuelto posteriormente, y amenazado por grupos armados ilegales(130). (subrayado propio)

El precedente jurisprudencial constitucional permite orientar a la Subsección para examinar en el caso concreto si con el acervo probatorio se encuentra ante una situación fáctica de desplazamiento forzado, entendiendo que el concepto de desplazado “lejos de estructurarse con unos indicadores y parámetros rígidos, debe moldearse a las muy disímiles circunstancias en que una u otra persona es desplazada dentro del país. Son circunstancias claras, contundentes e inclusive subjetivas, como el temor que emerge de una zozobra generalizada, las que explican objetivamente el desplazamiento interno”(131).

Como consecuencia del desplazamiento forzado, se pone en evidencia las condiciones de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad que tiene que afrontar la persona considerada como desplazado:

“[…] entendida la primera como aquella situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social”(132).

Ahora bien, definida la situación de desplazado, la Subsección encuentra necesario complementarla con los derechos que son amenazados y vulnerados cuando ocurre esta situación, lo que se precisó en la jurisprudencia constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional mediante la sentencia T-025 de 2004 y se recoge en la sentencia T-967 de 2009 en los siguientes términos:

“La citada decisión, señaló como derechos amenazados y vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzado, que claro está, no se trata de una lista exhaustiva, (i) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii) los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera edad y de otros grupos especialmente protegidos; (iii) el derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida en que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados se ven forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo; (iv) los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (v) derechos económicos, sociales y culturales; (vi) implica una dispersión de las familias afectadas, lesionando así el derecho de sus miembros a la unidad familiar y a la protección integral de la familia; (vii) el derecho a la salud; (viii) el derecho a la integridad personal; (ix) el derecho a la seguridad personal; (x) la libertad de circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; (xi) el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar a las ciudades; (xii) el derecho a una alimentación mínima; (xiii) el derecho a la educación, en particular el de los menores de edad que sufren un desplazamiento forzado y se han visto obligados, por ende, a interrumpir su proceso de formación; (xiv) el derecho a una vivienda digna; (xv) el derecho a la paz; (xvi) el derecho a la personalidad jurídica y (xvii) el derecho a la igualdad”(133).

En cuanto a la jurisprudencia de la Sección Tercera, se encuentra que “la condición de desplazado es una circunstancia anómala, ajena a la voluntad de la persona que crea una situación fáctica de calamidad, donde el individuo se ve despojado de sus propiedades, tenencia, arraigo, etc.”(134).

Así mismo, la Subsección siguiendo la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, sostuvo en su momento que la situación de desplazado, “somete a situaciones afrentosas, lesivas de la dignidad humana, porque al ser desarraigados de su medio y obligados a abandonar su residencia y bienes materiales indispensables para proteger su vida y la de sus familias, se les vulneran sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la libre circulación, etc.”(135).

De acuerdo con la base conceptual anterior, la Subsección debe examinar la responsabilidad del Estado siempre que se demuestre o acredite la i) la coacción que se traduzca en la imperiosa necesidad del afectado (s) de desplazarse de su lugar habitual de residencia (o donde está la afincó); ii) la existencia de cualquier tipo de amenaza o la concreción de la violación de los derechos fundamentales (ya sea en la vida, integridad física, seguridad y libertad personal); y iii) la existencia de hechos determinantes como: “conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores; violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos; infracciones al Derecho Internacional Humanitario, “u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”(136).

9. Reglas expuestas por el Consejo de Estado en casos de desplazamiento forzado.

En desarrollo del contexto normativo y jurisprudencial que se viene de reseñar, esta corporación ha resuelto diversos casos en los que se pueden identificar reglas precisas para que se configure o se excluya la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado a saber:

1. Cuandoelhechogeneradordeldesplazamientoesunamasacre,lacondicióndedesplazadonoseacreditaexclusivamenteconlainscripciónenelregistroúnicodepersonasdesplazadas,requieredemostrarquehabitabaenellugardondeseprodujoeseactoviolentooqueejercíaallísuactividadeconómica. Expresamente se dijo:

“De tal manera que la inclusión en la lista elaborada por la Red de Solidaridad Social de las personas que emigraron del corregimiento La Gabarra, no otorgaba la condición de desplazados. Dicha lista no constituía más que la relación de personas que por los hechos violentos acaecidos en esa época en dicho corregimiento se vieron obligados a salir del mismo, según la verificación que realizó la Red de Solidaridad Social, con el fin de prestarles la ayuda humanitaria que requerían, en cumplimiento de las funciones que se le había asignado a la entidad, pues, se reitera, la condición de desplazado únicamente puede predicarse de las personas que, además de haber emigrado por causa de la incursión del grupo paramilitar, tuvieran en La Gabarra su lugar de residencia o ejercieran allí su actividad económica habitual”(137).

2. SecondenaalEstadoporeldesplazamientoforzado,sisepruebaqueomitióeldeberdeproteccióndeunapoblación,cuando,peseaquehabíagravesamenazascontraella,suspendelosoperativosdepatrullajeenlazona. A este respecto se dijo:

“En el oficio 438/BR3- DH-725 del 5 de marzo de 2002, mediante el cual el Comandante de la Tercera Brigada informó al Comandante de la Tercera División del Ejército Nacional sobre “las acciones, resultados operacionales y medidas adoptadas en los municipios de … Buenos Aires… por las tropas de la Tercera Brigada en su área de responsabilidad, se hace referencia a las actividades realizadas en los meses de enero de 2001(días 5, 21, 26); febrero de 2001 días 13 y 18); marzo de 2001 (días 1,8,10,22) y de allí pasa al día 9 de mayo de 2001, de donde se desprende que por la época de los hechos no se realizaron actividades en la zona”.

“…Si bien de conformidad con el acervo probatorio se tiene que no aparece prueba alguna de la cual se pueda inferir la participación directa y activa de miembros de la fuerza pública en la incursión armada, sí se encuentra debidamente acreditado que dicha incursión no fue sorpresiva; por el contrario, estaba anunciada y, en consecuencia, el conocimiento previo por parte de las autoridades permitía y exigía haber tomado las medidas correspondientes; pese a lo anterior, las autoridades militares no adoptaron medida alguna suficientemente eficaz para impedir que se produjeran los sucesos anunciados; no fue un evento instantáneo, sino que se prolongó en el tiempo y durante varios días; no se trató de un asunto imperceptible y de poca monta, sino de una macabra incursión perpetrada por un numerosísimo grupo de aproximadamente “500 hombres vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas armadas; portando armas de fuego de corto y largo alcance”; sus consecuencias fueron mayúsculas, se trató de una verdadera masacre que, desde luego, trajo como efecto el desplazamiento masivo del grupo demandante; en fin, la situación de total desprotección en que se encontraba la región para la época de los dolorosos acontecimientos, unida a todo lo expuesto, fuerza concluir que tales hechos se hubieran podido evitar, es decir, la entidad demandada hubiera podido efectivamente interrumpir el proceso causal”(138).

3. NohaylugaracondenaralEstadoporeldesplazamientoforzado,cuandosepruebalaocurrenciadeunaintervenciónarmadaenlaregióndondeseencuentranlaspersonasdesplazadas,peronodemuestralainjerenciadedichoactoviolentoeneldesplazamientoalegado. En esa oportunidad esta Sala dispuso:

“Por lo tanto, no puede la Sala considerar la existencia de una posición de garante institucional en abstracto, cuando el daño antijurídico no está sustentado en el caudal probatorio que obre en cada caso en concreto. De lo contrario, la decisión judicial tendría más una vocación de corrección de la política institucional, y no de decisión judicial ceñida estrictamente al daño y a la imputación jurídica probada dentro del proceso. El Estado tiene una obligación positiva frente a la protección de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, lo que no implica que deba imputarse la responsabilidad de este sin el sustento probatorio suficiente”.

“…Ahora bien, en sana discusión, si se aceptara que los demandantes no hubieren solicitando expresamente la seguridad y protección a los miembros y cuerpos de seguridad del Estado (Ejército Nacional - Policía Nacional), se evidencia del acervo probatorio que el Estado en relación con la situación de orden público en el municipio de Mapiripán no se correspondió con los deberes de prevención y protección de las amenazas y de las violaciones a los derechos fundamentales y humanos, con ocasión de la masacre ocurrida en entre los meses de mayo y julio de 1998, lo que no es objeto del presente asunto, pero sin duda es significativo resaltar si hubiera estado referido a personas que resultaron afectadas directamente por los hechos señalados, en cuyo caso el Estado hubiera estado obligado a alcanzar objetivos de prevención y protección, así como capacidad para responder a las amenazas y situaciones que sistemáticamente vienen causando violación de los derechos humanos en dicha zona del país”(139).

4. Apropósitodelaformadecontareltérminodecaducidadcuandoeldañoeseldesplazamientoforzado,lacorporacióntambiénhaestablecidoqueportratarsedeundañocontinuado,eltérminoparainterponerlaaccióndereparacióndirectacorrespondiente,cuandoelhechoinvocadoeslaviolenciageneralizada,eltérminoempiezaacontarsedesdelanormalizacióndelordenpúblico. En esa oportunidad se dispuso:

“el desplazamiento forzado también infringe un daño que es continuado y se extiende en el tiempo, como quiera que dicha conducta no se agota en el primer acto de desplazamiento, por el contrario, el estado de desplazado continua hasta que las personas no puedan retornar a su lugar de origen, es decir, que las causas violentas que originaron el éxodo todavía existen, y por tanto, es imposible volver”.(140)

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5. TambiénsehareconocidoresponsabilidaddelEstadocuandoeldesplazamientoforzadoesconsecuenciadelavulneracióndenormasdederechointernacionalhumanitario,comoocurreeneleventodeoperativosmilitareshechossinsalvaguardarlaseguridaddelapoblacióncivil. Sobre el particular se afirmó:

"Al respecto, se recuerda que, como se indicó en los fundamentos jurídicos de la presente sentencia, las normas del D.I.H. establecen que las partes en contienda en un conflicto armado interno deben adoptar todas las medidas de planificación y prevención necesarias para proteger a la población civil, por lo que, “en la medida de lo factible”, deberán (i) “dar aviso con la debida antelación y por medios eficaces de todo ataque que pueda afectar a la población civil”, (ii) optar “por el objetivo [militar] cuyo ataque presente previsiblemente menos peligro para las personas civiles y los bienes de carácter civil”, (iii) no situar objetivos militares en el interior o cerca de zonas pobladas y (iv) “alejar a las personas civiles y los bienes de carácter civil que estén bajo su control de la proximidad de objetivos militares”. Además de las obligaciones que se dejan descritas, les corresponde adoptar las acciones correspondientes para garantizar que los civiles no se verán afectados por la guerra y no pueden ejecutar acciones militares en las que, al hacer una ponderación entre la ventaja militar y los daños incidentales que han de ser causados para su obtención, resulte excesivo el sacrificio de los bienes jurídicos comprometidos"(141)

6. DeigualformasehadeclaradolaresponsabilidaddelEstadoderivadadelaposicióndegaranteinstitucional,cuandolaFiscalíaGeneraldelaNación,omitedarunaprotecciónefectivaalosfuncionariosqueporrazonesdesucargorecibeninminentesamenazasdemuertequelosobliganadesplazarsecontinuamentedentrodelterritorionacional. En esa oportunidad esta sala dispuso:

“El tiempo transcurrido entre los diversos oficios enviados por el demandante y la respuesta efectiva de la Fiscalía para garantizar su vida, denota una omisión; pues esperar 6 meses para ofrecer una esquema de protección y una capacitación de protección a unas personas como Ruiz Luna y su familia, sobre quienes se cernía una amenaza inminente de grave peligro; frente actores armados que por hechos notorios y en cuanto tal suficientemente conocidos han asesinado a diversos funcionarios que en cumplimiento ley han proferido decisiones judiciales en su contra, para la Sala constituye una grave omisión al deber normativo impuesto en el artículo 67 de la ley 418 de 1997,…” (142)

7. TambiénsehadeclaradolaresponsabilidaddelEstado,cuandounfuncionariodelDepartamentoAdministrativodeSeguridadprofiereamenazasdemuertecontraparticularesobligándolosadesplazarsedesulugarderesidencia. En aquella oportunidad esta Sala precisó:

“Por lo tanto, lejos de establecer que se trató de un hecho de un tercero, las pruebas hacen inferir que fueron los agentes del DAS, quienes en su condición de autoridad, sin tener justificación para su actuar, agredieron al señor José Leonardo Castaño, contrariando las funciones y finalidades establecidas en la Constitución Política (art. 2º, 29 y 121) además de las funciones contenidas en el Decreto 2110 de 1992.

Así mismo, no puede desconocerse que de los hechos inferidos, se evidenció un abuso de autoridad desde el 10 de marzo de 1998 hasta el día de las heridas propinadas al señor Castaño Méndez, por lo que a todas luces coadyuvó a que él y su familia huyeran de su residencia para asentarse en la ciudad de Bogotá, se reitera, por el riesgo que corría la vida de los aquí demandantes”(143).

8. SedeterminóigualmentequeelEstadoeraresponsabledeldesplazamientodeunosparticulares,porlaomisióndeprotegerlosensuvida,honraybienes,enunlugaraledañoaladenominadazonadedistención,creadadurantelasnegociacionesdelGobiernoColombianoconungrupoinsurgenteen1998, en esa oportunidad se dispuso:

“Así, un análisis contextual que tenga en consideración i) la creación, mediante la Resolución Ejecutiva 85 de 14 de octubre de 1998 del Presidente de la República, de una “zona de distensión” en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán, ii) la concentración de miembros del grupo armado insurgente – Farc en dicho territorio con ausencia de la fuerza pública del Estado Colombiano, iii) la estrecha cercanía entre los Municipios de Mesetas y Vista Hermosa respecto de San Juan de Arama [lugar donde ocurrió el hecho dañoso] y iv) la probada y notoria comisión de actos delictivos por parte de las Farc en este sector del territorio colombiano, de lo que dan cuenta los fallos de la Sección Tercera de esta corporación, llevan a esta Sala a concluir que para las fechas en que ocurrieron el abigeato y el consecuente desplazamiento forzado de los demandantes existía un contexto de criminalidad generalizada ejercida por el grupo armado insurgente, frente a los cuales los órganos del Estado, encargados de cumplir los mandatos jurídicos de seguridad y protección no desplegaron acciones positivas efectivas tendientes a materializar el mandato constitucional de garantía de los derechos de los habitantes en el territorio nacional(144).

9. Porúltimo,sehadeclaradolaresponsabilidaddelEstadoporeldesplazamientoforzadodelosfamiliaresdeunavíctimadeejecuciónextrajudicialporpartedemiembrosdelEjércitoNacional. En esa ocasión, esta corporación determinó:

“Para el caso sub examine, se tiene que los señores Esperanza Molina Guiza, Cristian Camilo Pulido Molina, Paula Andrea Pulido Molina, Pedro Pablo Pulido, Giovany Pulido y Alfonso Pulido, como consecuencia de la ejecución extrajudicial del señor Camilo Pulido Pulido y de los graves crímenes cometidos por parte de miembros del Ejército Nacional entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003 en la zona rural del municipio de Cajamarca, donde ellos residían, se vieron obligados a desplazarse forzadamente, tal y como lo certificó la Unidad de Atención a Población Desplazada por la Violencia, dado que su vida, su integridad, su seguridad y su libertad personal fueron gravemente amenazadas, circunstancia que lleva, también, a que ese hecho deba calificarse por parte de la Sala como una vulneración grave, múltiple y sistemática de derechos humanos”(145).

10. Análisis del caso concreto.

Para realizar el análisis del caso concreto la Sala, como se anunció en el acápite del análisis de la impugnación, en primer lugar verificará si existe prueba de la manipulación del reinsertado que declaró contra L.C.A. alegada en el recurso; sí conforme a los lineamientos teóricos que se expusieron sobre el derecho al buen nombre, se encuentra acreditada en el expediente su violación; y si la policía omitió la protección de la señora C.A., de tal suerte que dio lugar a su desplazamiento.

10.1 Sobre la alegada responsabilidad del DAS y la Fiscalía General de la Nación

El recurrente hace consistir esta responsabilidad en que, según él, existió una falla del servicio pues, a su juicio, el hecho que las primera declaración rendida por J.C.M.G. se realizara el 30 de abril de 2003, en las instalaciones del DAS, es decir, antes de la captura de la señora C.A.; y que la segunda declaración de este mismo testigo se verificara el 27 de mayo, fecha de la recepción de indagatoria de la referida señora, y el mismo día en que dicho testigo fue reinsertado; evidencia, para el recurrente, que el testigo fue mantenido en poder de estas entidades con la única finalidad de extraer información y acomodar procesos en contra de ciudadanos en la región.

La Sala no encuentra ningún elemento lógico en tal afirmación. Si bien es cierto, en la primera declaración el testigo J.C.M.G. nada había dicho en contra de L.C., y que tampoco en el informe de inteligencia apareciera el nombre de esta última como vinculada a las milicias del ELN; ello no acredita que su detención se llevó a cabo sin una prueba que lo permitiera, pues como bien lo apreció el Tribunal de primera instancia, no se aportó el acta de allanamiento y se carecen de elementos para evaluar si su vinculación al proceso fue injusta. De cualquier forma, aún en el evento en que se hubiese acreditado la injusticia de la vinculación al proceso, se trataría de un hecho dañoso del que sólo sería responsable la Fiscalía General de la Nación. En efecto, obsérvese que fue la Fiscalía Cuarta Especializada Unidad Estructura de Ibagué la que recepcionó el testimonio en las instalaciones de la Fiscalía Especializada ante el DAS de la ciudad de Bogotá; de suerte que el Departamento Administrativo de Seguridad no tenía injerencia alguna en la recepción del testimonio, esta es una actividad del exclusivo resorte de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora bien, pese a que en los hechos se afirma que L.C.A. fue detenida, en el mismo libelo se afirma que tal detención fue suspendida en la misma diligencia de allanamiento, por cuanto la referida señora padeció un ataque de epilepsia. Posteriormente se manifiesta que fue escuchada en indagatoria al día siguiente, pero no obra ninguna prueba en el plenario que haya sido privada de la libertad mientras se le resolvía la situación jurídica; lo que sí se puede corroborar es que el día 13 de junio, la Fiscalía se abstuvo de proferir en su contra medida de aseguramiento.

Aunado a lo anterior, obra prueba que posteriormente, el 24 de junio de 2003, la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación en su contra. Así las cosas, no existe prueba dentro del plenario que dé cuenta que la señora C.A., estuvo privada de la libertad, tampoco se allegaron pruebas que permitan a esta Sala inferir que la vinculación al proceso fue injusta, por lo tanto no se acreditó este daño antijurídico, y menos aún el consecuencial error judicial que se afirma en las pretensiones, pues aún en el evento en que se hubiese determinado la injusticia de la vinculación al proceso penal, nos encontraríamos ante una providencia que ya fue revocada desde que se precluyó la investigación contra la tantas veces mencionada señora L.C.A.

En efecto, como se advirtió, para que se configure el error judicial se requiere de la existencia de una providencia judicial y que la misma se encuentre en firme. En el sub judice no existe ninguna providencia en firme que contenga un error por parte de la Fiscalía General de la Nación, que le permita a la Sala condenar a esta entidad por el supuesto error judicial alegado en la demanda. Conforme a lo anterior, el primero de los cargos en que se funda el recurso de apelación habrá de ser rechazado.

10.2. La alegada lesión de la honra y el buen nombre de L.C.A.

La afectación al buen nombre el demandante recurrente la hace consistir en la difusión que se hizo en los medios de comunicación de su captura por estar vinculada al grupo subversivo. Al examinar los recortes de prensa que obran dentro del expediente se observa que en ninguno de ellos aparece el nombre de la señora L.C.A. Además, ninguna otra prueba obra en el plenario que lleve a la Sala al convencimiento que tales derechos le fueron conculcados a la demandante L.C.A. Lo anterior es suficiente para desechar este argumento esgrimido en el recurso de apelación.

10.3. La alegada responsabilidad de la Policía Nacional por omisión del deber de protección de L.C.A.

En la demanda y en el recurso de apelación se pretende que se declare la responsabilidad de la Policía Nacional, por haber omitido la protección de L.C.A., como consecuencia de lo cual, ella se vio forzada a desplazarse del corregimiento de Frías a la ciudad de Ibagué. El Tribunal en el fallo de primera instancia declaró probada la excepción de falta de legitimación en causa por pasiva de esta entidad; sin embargo la Sala encuentra que en lo que concierne a este hecho dañoso, esto es, el alegado desplazamiento, si se encuentra legitimada la Policía Nacional y en este sentido habrá de modificarse la sentencia del a quo.

Ahora bien, sobre el pretendido desplazamiento obran los siguientes medios probatorios.

Oficio 655 del 9 de junio de 2003, expedido por la Policía Nacional Departamento del Tolima, suscrita por el Secretario Privado del Comando, y dirigido al doctor L.A.C.A., en el que se consignó:

“En atención a su oficio, me permito comunicarle que desde el día 29 de marzo de 1996 no hay presencia Policial en el Corregimiento de Frías, jurisdicción del Municipio de Honda”.

En el mismo sentido se encuentra el oficio 193 de mayo 22 de 2006, Suscrito por el Comandante de la Policía del Tolima y Dirigido a la Tribunal Administrativo de ese departamento en el que se consignó:

“Conforme a lo solicitado en el oficio de la referencia, me permito informarle que ante la incursión guerrillera del 290396 por parte de miembros del ELN al corregimiento de Frías, jurisdicción del municipio de Fálan (Tol) y al no habérsele brindado al personal policial las mínimas condiciones de convivencia, aunado a la falta de colaboración ciudadana y de no contar con el apoyo de las autoridades municipales; el Mando institucional ordenó la desactivación total del servicio de policía en esa localidad”.

Reposan también en el plenario la declaración de D.D.V., quien manifestó ser del corregimiento de Frías, rendida ante el Juez Promiscuo Municipal de Fálan Tolima, quien para el efecto actuó como comisionado por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro de este proceso. Esta testigo al respecto dijo:

“A L., le toco irse de Frías, porque los paracos la llamaron al lado del cementerio para que se fuera. Le dieron plazo de 24 horas para que se fuera todos los hermanos C.A., y ella se fue del todo, dejando todo lo que tenía…” (fl. 18 cdno. 2).

En el mismo sentido declaró S.O.B., quien manifestó:

“Yo sé por comentarios de la misma familia todas las necesidades que han pasado, todo lo que conlleva salirse de su casa, abandonar su cosas, dejar de trabajar, pagar abogados, pero lo sé por comentarios de la gente” (fl. 19 cdno. 2).

Aparece también en el expediente la denuncia de desplazamiento instaurado por L.C.A. ante el personero municipal de Falan, el 11 de agosto de 2011, en el que se manifiesta que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 387, denuncia que se ha desplazado por amenazas de muerte y/o violencia generalizada. Concretamente consignó:

“El 17 de junio de 2003 fui objeto de orden de abandonar el municipio por parte de miembros de las auto defensas (A.U.C) hechos ocurridos en el corregimiento de Frías- Falan” (fl. 36 cdno. 1).

Documento elaborado por profesional especializado de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República, el 4 de agosto de 2003 y dirigido a las instituciones prestadoras de servicios en Salud de Ibagué (fl. 37 cdno. 1), en donde se lee:

“De conformidad con la circular 42 del 2002 emitida por el Ministerio de Protección Social y en desarrollo de las acciones de la Unidad de atención a desplazadas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Población Desplazada, me permito remitir a ustedes al señor (a) L.C.A. identificado con cédula de ciudadanía número 65.745.020, desplazado (a) de Frias-Falan-Tolima, para que le sea prestado el servicio médico integral, junto con su núcleo familiar:

 

NombreParentesco
D.J.S.C.Hijo”

 

Se aportó con la demanda un contrato de arrendamiento suscrito entre L.M.C.G. como arrendadora y L. y L.A.C.A. como arrendatarios; este contrato tuvo por objeto un inmueble destinado a vivienda ubicado en la ciudad de Ibagué y fue suscrito el 2 de diciembre de 2003 (fl. 37 cdno. 1).

También obra en el plenario la respuesta de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional al oficio JARC-01037, dirigida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fl. 4 cdno. 2) en el que se hace constar que una vez verificado el registro único de población desplazada, se constata que allí aparece la señora L.C.A., incluida desde el 25 de octubre de 2001, que recibió todas las ayudas que consisten en 3 mercados, Kit de Aseo Kit de Cocina y Kit de Vajilla el 8 de marzo de 2004 y los alojamientos fueron entregados el 22 de enero de 2004.

Procede la Sala ahora a valorar los anteriores medios probatorios. A propósito de los dos testimonios que dan cuenta de las amenazas de que fue objeto la demandante L.C.A., no ofrecen credibilidad por cuanto si bien manifiestan que la señora fue amenazada por un grupo paramilitar, no dicen la razón de su dicho. De otra parte; la forma como se les formularon las preguntas a los testigos insinúan las respuestas y por ello el contenido de las mismas no ofrece la credibilidad debida. En efecto, las preguntas que se formularon a los testigos fueron: a la testigo D.D., se le preguntó: “Si le consta que la disminución de los ingresos de la señora L.C.A. como consecuencia de la vinculación al proceso penal de que fue objeto, luego de la preclusión del proceso y el posterior desplazamiento forzado de que fue víctima?;

Y a la testigo S.O.B. se le formuló la pregunta en los siguientes términos:

“Dígale al despacho si le consta que a raíz del proceso penal y luego de este cuando los hicieron desplazarse de al(sic) corregimiento de Frías”. Es evidente que la preguntas insinuaban las respuestas, y frente a este tipo de preguntas las mismas han debido ser rechazadas como lo estipulaba en el momento de la práctica de estos interrogatorios el artículo 226 del Código de Procedimiento Civil; y como lo exige en la fecha de esta providencia, oportunidad en que los mismos son valorados, el artículo 220 del Código General del Proceso. Por lo expuesto, el contenido de estos testimonios en cuanto al hecho del desplazamiento no podrán ser valorados.

De otra parte, el contrato de arrendamiento aportado, si bien tiene por objeto un inmueble de vivienda urbana en Ibagué, el mismo per se no demuestra que los demandantes habitaban en dicha ciudad, toda vez que se puede tomar en arrendamiento inmuebles apenas para habitarlos esporádicamente.

Así las cosas, restarían con valor probatorio la ausencia de la Policía Nacional en el corregimiento de Frías, por la época en que la demandante L.C.A., dice haber sido desplazada; y los documentos que dan cuenta que dicha señora estaba inscrita en el registro único de personas desplazadas; medios probatorios que resultan insuficientes para demostrar el desplazamiento que es el daño alegado, pues como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional ya citada, el desplazamiento es una situación fáctica(146), por lo tanto la inclusión en la lista de desplazados no demuestra por si misma tal calidad. Por demás, llama la atención de la Sala que en una de esas certificaciones, como se transcribió, se hace constar que la demandada L.C.A., había sido inscrita en el registro único de personas desplazadas de octubre de 2001, fecha en la que todavía no se la había iniciado el proceso penal al que estuvo vinculada y que según ella fue la causa de su supuesto desplazamiento.

Debe advertir la Sala, que lo constatado en el sub judice permite adicionar una regla más en cuanto el daño derivado del desplazamiento forzoso a saber: si bien se ha hablado de flexibilización en materia probatoria cuando los hechos investigados implican violaciones de derechos humanos, tal flexibilización no significa que los demandantes deban abandonar la técnica en la actividad probatoria; en casos como el presente, en el que se alega el desplazamiento, debe desplegarse una actividad probatoria que apunte a demostrar tal hecho, y tal actividad debe responder a los estándares mínimos de prueba, lo que significa que si se acude a testimonios, los mismos deben cumplir con lo dispuesto con las normas procesales que regulan la forma en que se debe practicar dicho medio probatorio.

Recapitulando, en el subjudice no se acreditó el error judicial, mediante el cual se había vinculado injustamente al proceso penal a la señora L.C.A.; y tampoco se demostró el otro daño antijurídico alegado en la demanda, esto es, el desplazamiento forzado.

12. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFÍCASE la sentencia del 27 de julio de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio del Interior y de Justicia y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, esta última como sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS.

2. NIÉGANSE las pretensiones planteadas en la demanda contra la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. SIN CONDENA en costas.

4. DEVÚELVASE el expediente al Tribunal de origen, una vez en firme esta providencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 9 de diciembre de 2010, expediente 39085, C.P. Ruth Stella Correa; Auto de 21 de octubre de 2009, expediente 36913, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y Auto de 28 de marzo de 2012, expediente 42864, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

25 Sentencias de 27 de junio de 1996, expediente 9255; de 18 de septiembre de 1997, expediente 10230; de 25 de enero de 2001, expediente 3122; de 16 de enero de 2001, expediente ACU-1753; de 1º de marzo de 2006, expediente 16587.

26 Sentencia de 10 de noviembre de 2000, expediente 18298.

27 Sentencias de 15 de junio de 2000, expediente 13338; de 25 de enero de 2001, expediente 11413; de 10 de noviembre de 2000, expediente 18298; 19 de agosto de 2009, expediente 16363.

28 Auto de 20 de mayo de 2003, expediente Pl-059.

29 Sentencia de 30 de mayo de 2002, expediente 1251-00.

30 Folio 3 del cdno. 1.

31 Folio 2 del cdno. 1.

32 Folios 22 - 34 del cdno. 1.

33 Folio 35 - 38 cdno. 12.

34 Folios 118 - 119 cdno. 2.

35 Folio 120 cdno. 2.

36 Folios 47 - 55 cdno. 1 2.

37 Folios 56 - 89 cdno. 2.

38 Folio 36 del cdno. 1.

39 Folios 90 - 114 cdno. 2.

40 Folios 37 - 38 cdno. 1.

41 Folio 12 del cdno. 1.

42 Folio 7 del C. 1.

43 “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de
Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada –en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, sentencia C-864 de 2004, sentencia C-037 de 2003.

44 Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes: 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”.

45 “(…) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. Pantaleon, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 185.

46 “(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”. ob. cit., pág. 186.

47 Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002.

48 Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana". Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550.

49 Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.

50 “(…) por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166.

51 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG.

52 "(…) el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo (…) Se parte, en acuerdo con C. Thibierge cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad sólo por la simple amenaza del daño, con la condición de que éste último sea suficientemente grave” (…) La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido (…). La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”. Henao, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª editorial, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp.194, 196 y 203.

53 Corte Constitucional, sentencia C-043 de 2004.

54 En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, pág. 35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.

55 El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.

56 “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp.77 ss.

57 Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.

58 Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.

59 Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo… No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005, expediente 14170.

60 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., pág. 171.

61 El principio de proporcionalidad se compone de tres sub- principios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización (…) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer sub principio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob. cit., pág. 62.

62 La ley de la ponderación pone de manifiesto que ésta se puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob. cit., pág. 64.

63 ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob. cit., pág. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “… la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación –afirma Habermas- los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, pág. 259. A lo que agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, pág. 430.

64 La profesora Beladiez comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen “resultados desproporcionados e injustos” para la administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. Leguina Villa, Jesús. “Prólogo”, en Beladiez Rojo, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, pág. 23.

65 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob. cit., pág. 204.

66 “(…) el tema de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las Administraciones Públicas como consecuencia de la amplia actividad que éstas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la Administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de Derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de Derecho”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob. cit., pág. 308.

67 Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21515; de 23 de agosto de 2012, expediente 23492.

68 Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pág. 211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no “parezcan” excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la Administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la Administración”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob. cit., pág. 311.

69 “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21515; 23 de agosto de 2012, expediente 24392.

70 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015.

71 Una reseña de las decisiones del Consejo de Estado que contiene este sincretismo entre error y privación injusta de la libertad puede ser consultada en Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, cit. pág. 22.

72 Ibídem.

73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, expediente 16271.

74 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carias de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015, pág. 105.

75 Ibídem. Pág. 110 y ss.

76 Ibídem, pág. 115.

77 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de mayo de 2011, expediente 22322.

78 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de Septiembre de 1997, expediente 10285; 27 de abril de 2006, expediente 14837; y 13 de agosto de 2008, expediente 17412.

79 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 14837 y 23 de abril de 2008, expediente 16271.

80 Reyes Monterreal, José María. La Responsabilidad del Estado por Error y Anormal Funcionamiento de la Administración de Justicia. Editorial Colex. Madrid. 1995, pág. 24.”

81 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 14837.

82 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008 expediente: 17650.

83 Alexy, Robert. Teoría de la argumentación. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 1997.

84 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15776 y 14 de agosto de 2008, expediente 16594.

85 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. Al respecto, se señaló en esta providencia: “Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho””.

86 En este sentido, puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia del 10 de mayo de 2001, expediente 12719.

87 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, expediente 17650. “Esta diferencia, resulta fundamental, para efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos.”

88 Sabourault, Didier. “La responsabilidad del servicio público de la justicia en Bélgica”, en Deguergue, Maryse (Coord.) La justicia y la responsabilidad del Estado, Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 2010, pág. 94.

89 González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pág. 57.

90 González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob. cit., pág. 58.

91 Tolivar Alas, Leopoldo. “La responsabilidad patrimonial del Estado-Juez”, en Quintana López, Tomás (Dir.). La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, pág. 518.

92 Corte Constitucional, Sentencia C-318 de 30 de junio de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

93 Corte Constitucional, Sentencia C-1043 de 10 de agosto de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Tesis reiterada en la sentencia C-207 de 11 de marzo de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

94 Corte Constitucional, Sentencia T-424 de 6 de mayo 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

95 Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 10 de abril de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

96 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de noviembre de 1967. Exp.: 867.

97 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, expediente 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que… efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, expediente 17301, C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E).

98 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, expediente 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Lo que significa que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se ha sostenido que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que (…) efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Recientemente la Sala ha hecho referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos como hipótesis de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, expediente 17301, C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E).

99 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el derecho comparado se afirma que “se trata de un funcionamiento anormal debido a la actividad de los juzgados y tribunales, tanto de los propios jueces y magistrados en el ejercicio de su actividad jurisdiccional como de la oficina judicial a través de los secretarios judiciales que la dirigen y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia”. González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob. cit., pág. 57.

100 Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1º de octubre de 1992, expediente 7058. Sentencia del 13 de agosto de 1993, expediente 7869 y sentencia de 18 de septiembre de 1997, expediente 12686.

101 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015. Pág. 155.

102 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de septiembre de 1997, expediente 10285, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

103 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 1990, expediente 5451, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta.

104 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de septiembre de 1997, expediente 10285, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

105 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, expediente 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

106 En el derecho comparado el funcionamiento anormal procede de actuaciones materiales, normalmente dilaciones indebidas, pero también por omisiones de fases, trámites o etapas procesales que impiden el recto enjuiciamiento de los asuntos. Son ejemplos típicos de funcionamiento anormal: las dilaciones indebidas, la desaparición de dinero, joyas, documentos u otras pruebas de convicción, sustracción de las mismas”. González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob. cit., pág. 58.

107 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, expediente 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Puede verse el precedente Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 1990, expediente 5451, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta.

108 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de septiembre de 1996, expediente 11092.

109 La actuación fallida está relacionada con “una actuación necesaria para la aplicación de la decisión judicial previa: la que ordenó el remate”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, expediente 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

110 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

111 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

112 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, expediente 17301, C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E).

113 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

114 Ibíd.

115 Consejo de Estado. Sentencia del 9 de mayo de 2014, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Expediente 24078 y 33685.

116 Posición que se retoma de las sentencias proferidas por la Subsección C de 21 de febrero de 2011, expediente 31093; 34440 y 32476, ambas de 12 de febrero de 2014 y sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 36682, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

117 Ley 387 de 1997, artículo 1º. Puede verse esta definición acogida en: Sección Tercera, sentencia de 4 de febrero de 1999, expediente ACU-573.

118 “La aplicación de tales normas a los conflictos armados internos es aún más evidente, por cuanto la Constitución señala que "en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario". Además, incluso en aquellos casos en los cuales no exista norma escrita, las víctimas de los conflictos armados no internacionales se encuentran protegidas por los principios de humanidad, según se desprende no sólo de la Cláusula Martens sino del artículo 94 de la Carta, el cual expresa la misma filosofía de esta cláusula pues precisa que "la enunciación de derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”. Corte Constitucional, sentencia C-225 de 1995.

119 Corte Constitucional, sentencia T-630 de 15 de agosto de 2007.

120 Ibídem.

121 Corte Constitucional, sentencia C-278 de 2007 (abr. 18), M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

122 Corte Constitucional, sentencia SU-1150 de 2000 (ene. 22), M P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

123 Corte Constitucional, sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.

124 La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el desplazamiento forzado, entre otras, en las siguientes decisiones: Caso de la Masacre de Plan Sánchez c. Guatemala (19 de noviembre de 2004), Caso de la Comunidad Moiwana c. Surinam (15 de junio de 2005), Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia (15 de septiembre de 2005), Caso de la Masacre de Pueblo Bello c. Colombia (31 de enero de 2006), Caso de las Masacres de Ituango c. Colombia (1º de julio de 2006), Caso Chitay Nech c. Guatemala (4 de septiembre de 2010), Caso de las Masacres de Río Negro c. Guatemala (4 de septiembre de 2012), Caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños c. El Salvador (25 de octubre de 2012), Caso de las Comunidades Afrodescendientes de la cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) c. Colombia (20 de noviembre de 2013), Caso Defensor de Derechos Humanos c. Guatemala (28 de agosto de 2014).

125 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 1º de julio de 2006. Caso de las Masacres de Ituango contra Colombia. Serie C-148; caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, sentencia de 4 de septiembre de 2012, párrafos 172 y ss.

126 Corte Constitucional, sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.

127 Corte Constitucional, sentencias T-268 de 27 de marzo de 2003; sentencia T-215 de 2002.

128 Principios Rectores de los desplazamientos internos, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en: [http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0022.pdf; consultado 6 de febrero de 2014].

129 Corte Constitucional, sentencia T-222 de 2010.

130 Corte Constitucional, sentencia T-630 de 2007.

131 Corte Constitucional, sentencia T-268 de 27 de marzo de 2003.

132 Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2006. “Asimismo, dentro de los efectos nocivos que provoca el desplazamiento forzado interno, se han destacado la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de las enfermedades y de la mortalidad, la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, la inseguridad alimentaria y la desarticulación social”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacre de Mapiripán contra Colombia, nota 8, párraf.175.

133 Corte Constitucional, sentencias T-025 de 2004 y T-967 de 2009. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se sostiene: “En este sentido, la Corte observa que la situación de desplazamiento forzado interno que han enfrentado las víctimas en el presente caso no puede ser desvinculada de las otras violaciones declaradas en la presente sentencia. Las circunstancias del presente caso y la especial y compleja situación de vulnerabilidad que afecta a dichas personas, incluyen pero trascienden el contenido de la protección debida por los Estados en el marco del artículo 22 de la Convención. En efecto, el desplazamiento tiene origen en la desprotección sufrida durante las masacres, no sólo a raíz de las violaciones al derecho a la vida (artículo 4 de la Convención) (supra párrs. 126 a 138), a la integridad personal (artículo 5 de la Convención) (infra párrs. 252 a 279) y a la libertad personal (artículo 7 de la Convención) (supra párrs. 149 a 153 y 168), sino también por la destrucción del ganado y las viviendas, en violación de los derechos a la propiedad privada (artículo 21 de la Convención) (supra párrs. 173 a 188) y respeto a la vida privada y al domicilio (artículo 11.2 de la Convención) (supra párrs. 189 a 200). El conjunto de estos derechos vulnerados llevan al Tribunal a considerar que, más allá del contenido normativo del artículo 22 de la Convención, la situación de desplazamiento analizada también ha afectado el derecho de las víctimas y sus familiares a una vida digna, en los términos anteriormente señalados, en relación con el incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos consagrados en esas normas”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 1º de julio de 2006. Caso de las Masacres de Ituango contra Colombia. Serie C. 148.

134 Sección Tercera, sentencia de 22 de marzo de 2001, expediente 4279 AC.

135 Sección Tercera, sentencia de 4 de mayo de 2000, expediente AC-9855; Sección Tercera, sentencia de 22 de marzo de 2001, expediente 4279 AC.

136 Corte Constitucional, sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.

137 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2006, AG 250002326000200100213-01.

138 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 15 de agosto de 2007, exp. AG190012331000200300385-01

139 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de febrero de 2011, exp. 31093

140 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 26 de julio de 2011, exp. 41037. Esta posición fue reiterada por la Subsección B en auto del 22 de noviembre de 2012, exp. 40177

141 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 12 de junio de 2013, exp. 36415

142 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 12 de febrero de 2014, exp. 34440.

143 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 20 de octubre de 2014, exp. 36682.

144 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 14 de marzo de 2016 exp. 40744.

145 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 14 de julio de 2016, exp. 35029

146 ” Corte Constitucional, Sentencia C-372 del 27 de mayo de 2009.