Sentencia 20059-03291/34212 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 730012331000200503291 01 (34.212)

Demandante: María Esperanza Cuenca Castro y otros

Demandado: La Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional y Ejército Nacional

Bogotá D.C., octubre doce de dos mil diecisiete

Procede la Subsección a adicionar la sentencia de segunda instancia proferida dentro de este proceso, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional, en Sentencia T-398 de junio 23 de 2017, la cual concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al interés superior de la menor Luana Kschessinska Matulevich Cuenca.

I. Antecedentes

1. La demanda.

Los familiares del señor William Matulevich Ospina demandaron la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional y Ejército Nacional, por la muerte de dicha persona, en hechos acaecidos el 2 de mayo de 2005.

El grupo familiar de la víctima estuvo integrado por las siguientes personas: María Esperanza Cuenca Castro, Luana Kschessinska Matulevich Cuenca (hija) y Sthephanie Matulevich Cuenca; Martha Luna Rodríguez, Catalina del Mar Matulevich Luna (hija); Helena Ospina de Matulevich, Vladimir Matulevich Ospina, Alexánder Matulevich Ospina, Diva Cristina Matulevich Ospina, Jorge Matulevich Ospina, Jimmy Matulevich Ospina y Giovanny Matulevich Ospina.

2. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia el 11 de mayo de 2007 y accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Entre otras determinaciones, el aludido Tribunal Administrativo reconoció indemnización por el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante a favor de la esposa e hijas del señor William Matulevich Ospina; sin embargo, en relación con estas últimas limitó la indemnización hasta que cumplieran 18 años de edad.

3. Los recursos de apelación.

El fallo de primera instancia fue impugnado por la parte actora y por la Policía Nacional.

Ocurre que los demandantes estuvieron representados por apoderados distintos, a saber: los actores Catalina del Mar Matulevich Luna, Helena Ospina de Matulevich, Vladimir Matulevich Ospina, Alexander Matulevich Ospina, Diva Cristina Matulevich Ospina, Jorge Matulevich Ospina, Jimmy Matulevich Ospina y Giovany Matulevich Ospina concurrieron al proceso por medio de un apoderado, en tanto que los demás actores, María Esperanza Cuenca Castro, Luana Kschessinska Matulevich Cuenca, Sthephanie Matulevich Cuenca y Martha Luna Rodríguez, lo hicieron por conducto de un profesional del derecho diferente.

El recurso de apelación que se interpuso contra el fallo que dictó el Tribunal Administrativo del Tolima solo fue recurrido por el apoderado de los demandantes Catalina del Mar Matulevich Luna, Helena Ospina de Matulevich, Vladimir Matulevich Ospina, Alexander Matulevich Ospina, Diva Cristina Matulevich Ospina, Jorge Matulevich Ospina, Jimmy Matulevich Ospina y Giovany Matulevich Ospina.

Dentro del recurso de apelación se alegó que el perjuicio moral reconocido a las señoras Helena Ospina de Matulevich y Catalina del Mar Matulevich (hija), tasado en 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no estaba acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha establecido que en caso de muerte se reconoce a favor de los padres y de los hijos de la víctima del daño un monto equivalente a 100 smlmv.

También cuestionó la parte demandante que la indemnización por lucro cesante reconocida a favor de la señorita Catalina del Mar Matulevich se limitó hasta que cumpliera 18 años de edad, pero ese rubro debía ser liquidado hasta los 25 años, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia reiterada de esta Corporación.

Por su parte, el Ministerio de Defensa - Policía Nacional también apeló el fallo de primera instancia y como argumento principal señaló que el daño, atribuido a dicho ente fue causado por un tercero, razón por la cual debía exonerársele de responsabilidad patrimonial.

4. La sentencia de segunda instancia que mediante esta providencia se adiciona.

La Subsección A determinó que el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional no tenía vocación de prosperidad, por cuanto la muerte del señor William Matulevich Ospina sí resultaba atribuible a dicho ente público, a través de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad (riesgo excepcional).

En punto de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la muerte del señor William Matulevich Ospina, se decidió que la actora Catalina del Mar Matulevich Luna tenía derecho a un monto de 100 smlmv, a título de perjuicios morales, y no de 40 smlmv como lo consideró el a quo.

Asimismo, respecto de la aludida actora se determinó que la indemnización de lucro cesante debía cuantificarse hasta que la señorita Catalina del Mar Matulevich Luna cumpla 25 años.

5. La acción de tutela.

La interpuso Luana Kschessinska Matulevich Cuenca, otra hija de la víctima directa del daño y quien, dicho sea de paso, no apeló la sentencia de primera instancia.

La accionante pretendió la protección de los derechos fundamentales al principio del interés superior y la prevalencia de los derechos del menor, así como el derecho a la igualdad y al debido proceso, los cuales estimó vulnerados por parte de esta Sala, toda vez que a su hermana paterna, quien sí apeló dicha sentencia, se le incrementó la indemnización por perjuicios morales y materiales, pero frente a la primera de ellas se mantuvo incólume la decisión de primera instancia.

6. La sentencia de tutela de primera instancia.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de 13 de octubre de 2016, denegó el amparo solicitado, porque consideró que dentro de la sentencia materia de tutela se explicó, de manera clara y razonada, que la competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada al conocimiento de los aspectos propuestos por los recurrentes en su apelación, motivo por el cual resultaba acertado que el juez de segunda instancia no se hubiere pronunciado en relación con unpunto que no fue controvertido por vía del recurso de alzada.

7. El fallo de segunda instancia.

Contra la anterior sentencia de tutela, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de sentencia de 9 de febrero de 2017; en el sentido de modificar el fallo apelado para rechazar, por improcedente, la acción de tutela interpuesta por Luana Kschessinska Matulevich Cuenca, toda vez quela acción de tutela por ella interpuesta no cumplió el requisito de subsidiariedad, habida consideración de que la demandante no impugnó, a través del recurso de apelación, la sentencia de primera instancia.

8. El fallo de revisión de tutela que a través de esta decisión se acata.

La Corté Constitucional, a través de Sentencia T-398 de 2017, dispuso:

Revocar, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela proferida el nueve (9) de febrero de 2017 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la cual modificó, en el sentido de declarar improcedente el fallo proferido el trece (13) de octubre de 2016 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que negó la presente acción de tutela, y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al interés superior del menor de Sofía (sic).

Segundo. Dejar sin efectos, únicamente respecto de la menor de edad Sofía (sic), la sentencia proferida el veinticuatro (24) de febrero de 2016 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que amplió la indemnización por el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante hasta los 25 años de edad y la indemnización por el daño moral en 100 smlmv, a favor de quien interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia y, en consecuencia, ordenar a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, adicione la sentencia del veinticuatro (24) de febrero de 2016, en el sentido de reconocer que la accionante Sofía tiene derecho a la indemnización por el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante hasta los 25 años de edad y la indemnización por el daño moral en 100 smlmv, con base en las consideraciones antes señaladas” (se deja destacado en negrillas y en subrayas)

La anotada decisión se adoptó por la Corte Constitucional, en síntesis, con base en los siguientes argumentos:

A juicio de la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, la no interposición del recurso de apelación por algunas de las personas que conforman la parte actora en un proceso de reparación directa, como limitante de la competencia del juez de segunda instancia, “debe realizarse a la luz de los postulados constitucionales, en los que se destaca el compromiso absoluto del juez con la obtención del derecho sustancial en el caso a resolver, a fin de satisfacer la justicia material, especialmente si se trata de los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional como lo es una menor de edad”.

En ese sentido, la aludida Sala de Revisión de tutelas encontró configurado, supuestamente, un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, porque la accionante en tutela, al igual que su media hermana, tenía derecho a una indemnización de perjuicios por la muertede su padre, en 100 smlmv a título de daño moral y hasta los 25 años, a título de lucro cesante.

Sostuvo que esta Sala incurrió en el aludido defecto en detrimento del interés superior de una menor de edad, al no pronunciarse sobre sus derechos e intereses, bajo la “excusa” de no haber impugnado la sentencia de primera instancia y que debió “valorar de oficio” que la accionante en tutela, además de ser demandante en el proceso ordinario, era menor de edad y, en tal sentido, al margen de cualquier norma procedimental debía reconocérsele el mismo derecho que a su hermana paterna.

La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional indicó que además del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, esta Subsección habría incurrido en una violación directa de la Constitución Política —artículo 13—, pues de haber tenido en cuenta las circunstancias personales de la accionante, se le habría dado un alcance distinto a su decisión, en el sentido de otorgarle la misma indemnización que a su media hermana.

De otro lado, pero con la misma orientación, el fallo de revisión de tutela consideró que por tratarse de un caso relacionado con una grave violación a los derechos humanos, el Juez de lo Contencioso Administrativo “tenía una mayor Obligación de procurar justicia material, en aras de lograr la eficacia del derecho sustancial de las víctimas”.

El aludido fallo de tutela fue notificado a la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de agosto del año en curso y contra esa decisión, la Magistrada Ponente de este proveído solicitó la declaratoria de nulidad ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.

Sin embargo, para efectos de acatar lo dispuesto por la Corte Constitucional, mediante proveído de septiembre 12 de 2017, se requirió al Tribunal Administrativo del Tolima el envío del expediente citado en la referencia, el cual arribó al Despacho de la Consejera ponente el pasado 6 de octubre.

II. Consideraciones

Dado que la Corte Constitucional —Sala Séptima de Revisión de tutelas—, mediante Fallo T-398 de 23 de junio de 2017, fungiendo como juez natural de la causa —que no lo es—, ya decidió el asunto en el sentido de adicionar el fallo de segunda instancia y “reconocer que la accionante Sofía (sic) tiene derecho a la indemnización por el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante hasta los 25 años de edad y la indemnización por el daño moral en 100 smlmv”, se procederá en tal sentido, no sin antes hacer un llamado al respeto por las competencias del juez natural, dado que con ese proceder, el juez de tutela, so pretexto de amparar derechos fundamentales que en modo alguno fueron vulnerados, introdujo gravísimos ingredientes de incertidumbre jurídica y de inestabilidad en el ordenamiento jurídico e institucional, con la afectación directa que ello comporta para el cabal funcionamiento de la Administración de Justicia.

Ciertamente, la referida Sala de Revisión de tutelas, bajo su propio análisis y lo que en su entender era la manera de ver el estado de las cosas, desconoció el derecho/principio del juez natural, dado que se arrogó competencias que no le eran Propias y se ocupó de adoptar decisiones del resorte de esta Sala de lo Contencioso Administrativo, desconociendo que “el Juez de Tutela no puede desplazar la competencia del juez natural, para tomar decisiones que no le corresponden”(1).

En ese sentido, cabe precisar que la intervención del juez de tutela en el manejo que el juez natural imparta a los casos y a los procesos que son de su competencia es y debe ser de carácter completamente excepcional y extremadamente reducido, pues de lo contrario resultarían menoscabados tanto el anotado principio de juez natural como el de autonomía judicial, los cuales, por tanto, impiden que el sentenciador en sede de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio o de la aplicación normativa llevada a cabo por el juez ordinario de la causa, habida consideración de que el proceso de amparo constitucional no puede ni debe convertirse en una instancia de revisión de la actividad de valoración probatoria o de hermenéutica normativa que está llamado a desplegar el juez que ordinariamente conoce de un asunto, ni mucho menos desconocer e inaplicar la jurisprudencia unificada que sobre la materia fijó la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado(2).

Así lo ha precisado la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional:

“1.1.1. A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio; así, la Corte Constitucional, en Sentencia T-055 de 1997(3), determinó que, en tratándose del análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra gran importancia y trascendencia

(…)

“1.1.3. En tercer lugar, las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba, no constituyen errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar, conforme con los criterios señalados cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez natural en su labor, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe(4). En consecuencia, el juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión judicial, así como de la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural.

“(…)

“1.1.4. Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, 'El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto(5) (Resaltado fuera del original):

“(…)

“Por último, es importante tener en cuenta que en análisis al que se acaba de hacer referencia, no le corresponde al juez de tutela establecer cuál debía haber sido la conclusión del juez después de un pormenorizado análisis de todos los anteriores elemento(6) (…) (se destaca)(7).

La Sala expresa su gran preocupación frente a un fallo de tutela que fue más allá de la competencia que le asistía, legalmente, al Consejo de Estado, en tanto que le reconoció una indemnización a una demandante que no apeló el fallo de primera instancia, es decir, que permitió que la decisión que le reconoció un derecho —en menor cuantía— hubiese quedado en firme.

A lo anterior se adiciona que con dicha decisión, además, la Corte Constitucional transgredió el derecho de defensa y el debido proceso de la entidad pública “demandada —que resultó condenada en primera instancia y que también apeló el fallo de primera instancia—, pues precisamente con base en el marco de apelación de su contraparte, la Policía Nacional edificó su impugnación y sus intervenciones en segunda instancia, pero ahora, por razón y con ocasión de una decisión de tutela deberá indemnizar en mayor proporción a otra de las demandantes que, se reitera, no apeló pero resultó beneficiada con una decisión de tutela que consideró que ese punto estaba llamado a ceder frente sus derechos patrimoniales.

Adición de la sentencia

En el proceso se determinó que el salario base de liquidación sería de $ 4.941.510, correspondiente a los ingresos —actualizados— que el señor William Matulevich Ospina percibía, producto de las actividades comerciales a las cuales se dedicaba, pero este debía dividirse entre su esposa (50%) y sus tres hijas (50%).

Por consiguiente, la liquidación a favor de Luana Kschessinska Matulevich Cuenca se efectuará con base en la suma de $ 823.585, así:

Indemnización consolidada: desde la fecha del hecho (mayo de 2 de 2005), hasta la fecha de la sentencia que aquí se adiciona (febrero 24 de 2016), esto es, 129.73 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S = Ra (1 + i)n-1
I

formula 1
 

S = $ 148.464.598

Indemnización futura: a partir de la sentencia de segunda instancia, hasta que la demandante cumpla 25 años de edad (9 años, 8 meses, 10 días), lo cual habrá de ocurrir el 3 de noviembre de 2025, pues según la copia auténtica del registro civil de nacimiento, la referida demandante nació ese día, del año 2000(8).

Se calculará con base en la siguiente fórmula:

S = Ra x(1 + i)n-1
 i (1 + i)n

formula 2
 

S = $ 73.022.542

Total indemnización, consolidada y futura, a favor de la demandante Luana Kschessinska Matulevich Cuenca (hija de la víctima directa del daño y beneficiaria de la decisión del juez de tutela): $ 221.487.140.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. adicionar la sentencia proferida el 24 de febrero de 2016, dentro del presente asunto.

2. Condenar a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional a pagar a favor de Luana Kschessinska Matulevich Cuenca, la suma equivalente en pesos a 100 smlmv, a título de perjuicios morales.

3. Condenar a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional a pagar a favor de Luana Kschessinska Matulevich Cuenca, la suma de $ 221.487.140, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

4. En firme este fallo, devolver el, expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expedir a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. Por Secretaría de la Sección, remitir copia de esta decisión a la Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión de tutelas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Ponentes: Marta Nubia Velásquez RicoCarlos Alberto Zambrano Barrera. 

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-724 de 24 de agosto de 2006; M.P. Alvaro Tafur Galvis.

(2) Sentencia de 9 de febrero de 2012, Expediente 21.060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Nota original de la sentencia citada: “M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz”.

(4) Nota original de la sentencia citada: “Cfr. Sentencia T-336 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)”.

(5) Nota original de la sentencia citada: “Ibid”.

(6) Nota original de la sentencia citada: Cfr. T-247 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

(7) Corte Constitucional, Sentencia T-302 de 3 de abril 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(8) Folio 11, cdno. 1.