Sentencia 2005-03724 de febrero 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 08001-23-31-000-2005-03724-01

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Expediente: Nº 1666-2012

Actor: Yesid Misael Arraut Varelo y José Ignacio Oñoro Ramos

Autoridades departamentales

Bogotá, D. C., veintisiete de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, debe la Sala precisar si el auxilio de cesantías correspondiente al año 2004 liquidado a los demandantes a través del acto accionado, se efectuó incluyendo en la base liquidatoria todos los factores devengados en el año anterior a la liquidación.

Establecido lo anterior, deberá la Sala precisar si los actores tienen derecho a la indemnización por mora en la consignación del auxilio de cesantía, de acuerdo con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Marco normativo y jurisprudencial respecto de la forma en la que se liquida el auxilio de cesantías de los diputados miembros de las asambleas departamentales.

De orden constitucional. El artículo 299 modificado por el artículo 3º del Acto Legislativo 1 de 2007 establece:

“En cada departamento habrá una corporación político-administrativa de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de 11 miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio, y podrá ejercer control político sobre la administración departamental.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será de cuatro años y tendrá la calidad de servidores públicos.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

Los miembros de la asamblea departamental tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fije la ley”.

El texto original del artículo 299 guardaba silencio frente a la remuneración de los miembros de la asamblea departamental, fue solo hasta el Acto Legislativo 1 de 1996 que se dispuso que “Los miembros de la asamblea departamental tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fije la ley”.

De orden legal. La Ley 6ª de 1945, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo, en el literal a) del artículo 17, señala:

“De las prestaciones oficiales.

“ART. 17.—Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones:

Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1º de enero de 1942 (…)”.

Adicionalmente, el artículo 1º del Decreto 2567 de 1946 dispuso que el auxilio de cesantía debe liquidarse de acuerdo con el último salario devengado, a menos que este haya tenido modificaciones en los últimos meses, en cuyo caso la liquidación se efectuará con el promedio devengado en los últimos doce meses o en el tiempo de servicio si fuere menor a los doce meses.

Posteriormente, la Ley 5ª de 1969, “por la cual se aclara el artículo 12 de la Ley 171 de 1961 y el 5º de la Ley 4ª de 1966”, en sus artículos 3º y 4º previó:

“ART. 3º—Para los efectos del artículo 29 de la Ley 6ª de 1945(1), los lapsos o períodos de tiempo en que se hayan devengado asignaciones por servicios prestados a la Nación en ejercicio del cargo de senador, representante o diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, o a los departamentos en el de diputado a la asamblea se acumularán a los lapsos de servicio oficial o semioficial. Para los efectos de la jubilación precedente las sesiones ordinarias y extraordinarias de esas corporaciones en cada legislatura anual se computarán en materia de tiempo y de asignaciones como si el congresista o diputado hubiese servido los doce meses del respectivo año calendario y hubiese percibido durante cada uno de dichos doce meses idénticas asignaciones mensuales a las devengadas en el tiempo de sesiones.

Si los miembros de las mencionadas corporaciones no hubiesen asistido a todas las sesiones ordinarias o extraordinarias de la legislatura se hará el cómputo en proporción al tiempo de servicio.

PAR. 1º—Si las corporaciones públicas no se hubiesen reunido por cualquier causa, se aplicará el presente artículo para los efectos de tiempo y asignación como si dichas corporaciones hubiesen estado reunidas.

PAR. 2º—Estas reglas se aplicarán cualquiera que fuere la época en que se hayan prestado estos servicios a la Nación o a los departamentos”.

“ART. 4º—Los miembros de las corporaciones públicas a que se refiere el artículo 3º de la presente ley gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945, y demás disposiciones que la adicionen o reformen, y el auxilio de cesantía se liquidará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo 3º en su parágrafo primero”.

Finalmente, La Ley 344 de 1996, “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público”, estableció que el sistema de liquidación definitiva de las cesantías se hará por anualidades o por la fracción respectiva, según lo previsto en su artículo 13, el cual dispone:

“ART. 13.—Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente ley, las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

“a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

“b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.

PAR.—El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

El artículo 13 de la Ley 344 de 1996 reglamentado por el Decreto 1598 de 5 de agosto de 1998, en el cual se dispuso que el régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos vinculados a partir de 31 de diciembre de 1996, que se afilien a los fondos privados a partir de 31 de diciembre de 1996, que se afilien a los fondos privados de cesantías sería el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás concordantes de la Ley 50 de 1990.

Es dable reiterar lo manifestado por la Sección Segunda(2) al pronunciarse sobre el auxilio de cesantía de los diputados, anotando que esta prestación se liquida a razón de un mes de sueldo por cada año calendario de servicio, considerando que para efectos de tiempo de servicio y de asignaciones, se debe entender como si los diputados hubieran servido los doce meses del respectivo año calendario y percibido durante ese año asignaciones mensuales idénticas a las devengadas en el tiempo de sesiones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 3º y 4º de la Ley 5ª de 1969 y la Ley 344 de 1996. Igualmente, para efectos de tiempo de servicio y asignación, en el caso que la corporación no su hubiera reunido, se tendrá como si lo hubiera hecho.

Cabe destacar que en el evento de que el diputado no hubiera asistido a todas las sesiones ordinarias o extraordinarias, se hará el cómputo en proporciones al tiempo de servicio, de acuerdo con lo señalado en el inciso 2º del artículo 3º de la Ley 5ª de 1969(3).

2.1. De la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Teniendo en cuenta la fecha de vinculación de los demandantes con la asamblea departamental (desde el 1º de enero de 2004), al ser elegidos como diputados para el periodo constitucional 2004-2007, el régimen de cesantías aplicable es el anualizado.

Dicho régimen se hizo extensivo a las entidades territoriales en virtud del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 reglamentado por el Decreto 1582 de 5 de agosto de 1998 (vigente desde el 10 de agosto de 1998), en el cual se dispuso que el régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos vinculados a partir de 31 de diciembre de 1996, que se afilien a los fondos privados de cesantías, sería el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990.

El artículo 99 de la Ley 50 de 1990, fijó un plazo para la consignación del auxilio de cesantías en el respectivo fondo, so pena de incurrir en mora:

“ART. 99 de la Ley 50 de 1990: El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1. (…).

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anuales o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo (…)” (subraya la Sala).

La indemnización anterior es diferente a la prevista en la Ley 244 de 1995 por mora en el pago del auxilio de cesantías al retiro del servicio, tal y como lo ha señalado la Sala(4) en diversos pronunciamientos.

Lo anterior indica que a pesar de la naturaleza sancionatoria de una y otra indemnización, las situaciones que gobiernan son distintas, la del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 aplicable a los empleados territoriales por expreso mandato del artículo del Decreto 1582 de 1998 se genera por la no consignación oportuna de la cesantía que se paga anualizada, y la segunda, la prevista en la Ley 244 de 1995 se genera por el no pago de la cesantía al momento del retiro del servicio. Es decir, que la primera de las sanciones será pagadera hasta el momento en que el trabajador se retira del servicio, pues a partir de este instante la obligación que se origina no es la de consignar la cesantía en un fondo, sino la de entregarla al trabajador junto con las demás prestaciones y salarios a que tenga derecho.

3. Hechos probados.

Los demandantes, Yesid Misael Arraut Varelo y José Ignacio Oñoro Ramos fueron diputados del departamento del Atlántico para el periodo constitucional de los años 2004 a 2007 (fls. 8 y 87 a 118).

Por medio de las resoluciones 40 y 42 de 8 de marzo de 2005 la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico resolvió reconocer y pagar las 7/12 partes de las cesantías causadas a 31 de diciembre de 2004 de los diputados del departamento del Atlántico (fl. 37).

Mediante la Resolución 132 de 12 de julio de 2005, la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Atlántico reconoció y ordenó el pago del auxilio de cesantías a los demandantes, en cuantía de $4.654.359, teniendo en cuenta para dicha liquidación el sueldo, gastos de representación, 1/12 de prima de navidad (fls. 37 a 41).

A folios 8 y 9 del expediente se encuentra visible la certificación fechada el 29 de agosto de 2005, suscrita por el pagador de la Asamblea Departamental del Atlántico en la cual consta que los diputados Yesid Misael Arraut Valero y José Ignacio Oñoro Ramos devengaron las siguientes remuneraciones durante el año 2004:

NombreSalarioPrima de servicio
Yesid Arraut$9.308.000$2.327.000
José Oñoro$9.308.000$2.327.000

Al liquidar el auxilio de cesantía de los demandantes mediante la Resolución 132 de junio 12 de 2005, la administración tuvo en cuenta los siguientes conceptos salariales: a) Sueldo, b) Gastos de Representación, c) 1/12 prima de navidad, que arrojó una base de liquidación de $10’083.668 (fls. 37 a 41).

Descendiendo al asunto que ocupa la atención de la Sala, es pertinente reiterar que la parte demandada, hoy recurrente, insiste en que la liquidación del auxilio de cesantías de los demandantes efectuada en la Resolución 132 de 2005, se llevó a cabo según la certificación expedida por el pagador de la corporación de elección popular del orden departamental.

Así, el presente recurso se centra en la inconformidad del departamento del Atlántico con la decisión adoptada por el tribunal en la sentencia apelada referente a la declaratoria de nulidad de la Resolución 132 de 2005.

Ahora bien, en primer lugar cabe señalar que la remuneración y el régimen prestacional de los miembros de la asamblea departamental se encuentra determinado en la ley, tal como lo establece el artículo 299 de la Constitución Política, ya citado en el marco normativo de la presente providencia.

En consecuencia, es procedente precisar que desde la expedición de la Ley 48 de 1962, los miembros del Congreso de las Asambleas Departamentales gozan de las mismas prestaciones consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen (L. 64/46, L. 4/66 y L. 5/69).

Así las cosas, aclara la Sala que para adelantar la liquidación del auxilio de cesantías de los diputados de la asambleas departamentales debe incluirse lo devengado por concepto de salario y cualquier otro concepto que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como: las primas, las bonificaciones, vacaciones, gastos de representación etc. (D. 2567 de 31 de agosto de 1946).

De lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que los miembros de las asambleas departamentales tienen derecho al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías, prestación que se liquida a razón de un mes de sueldo o salario por cada año de servicios y su liquidación se realizará teniendo en cuenta salario y los factores salariales que devengaron.

Para el caso de los diputados de la Asamblea Departamental del Atlántico, Yesid Misael Arraut Valero y José Ignacio Oñoro Ramos, deberán tenerse en cuenta los factores salariales devengados en el año 2004, los cuales certificó el pagador y la secretaría general de la asamblea departamental (fls. 8 y 9), entre los que se encuentran la prima de servicios a que aluden las pretensiones de la demanda, factor que no se tuvo en cuenta al realizar la liquidación del auxilio de cesantía a través de la Resolución 132 de 2005.

Precisa la Sala que de acuerdo con los hechos de la demanda(5) y las pruebas recaudadas(6), el único factor salarial que habiendo sido devengado por los diputados durante el año 2004, no fue incluido en la liquidación del auxilio de cesantías efectuado mediante la Resolución 132 de 12 de julio de 2005, fue la prima de servicios, conforme lo certifica el pagador de la asamblea departamental, en estas condiciones, la Sala precisa que la orden impartida en el numeral tercero de la sentencia impugnada, debe contraerse a dicho factor salarial por cuanto, de acuerdo con el material probatorio recaudado fue devengado por los demandantes y no se incluyó en la liquidación de la prestación.

En tal sentido, la Sala reitera la tesis acogida en la sentencia de 7 de marzo de 2013(7), en la que se estableció que los miembros de las asambleas departamentales tienen derecho al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías, prestación que se liquida a razón de un mes de sueldo o salario por cada año de servicios y su liquidación se realizará teniendo en cuenta salario y los factores salariales que devengaron.

De otra parte, la sanción moratoria consagrada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, se configura desde el 15 de febrero del año siguiente al periodo en el que se causa la prestación hasta cuando se haya verificado el pago total de la cesantía(8). En el presente caso, teniendo en cuenta que de las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso se desprende claramente que la entidad demandada a 15 de febrero de 2005 no había consignado el monto correspondiente a la cesantía del año 2004, es de concluir que incurrió en mora.

En efecto, la sanción por la no consignación oportuna se causa en el momento en que la administración incumple el plazo que le fija la ley para pagar el auxilio de cesantías y, como tal supuesto de hecho resultó acreditado en el sub lite, debe la entidad demandada pagar dicha sanción a la parte demandante.

En consecuencia, la sanción moratoria establecida en el artículo antes mencionado se adeuda a los demandantes desde el 15 de febrero de 2005 y deberá reconocerse hasta cuando se haya verificado la consignación o en su defecto el pago total de la cesantía reconocida en la resolución demandada(9), tal y como lo dispuso el a quo.

Insiste la Sala en que como la resolución demandada fue declarada nula en cuanto al monto de lo reconocido a los demandantes por concepto de la aludida prestación —decisión que se confirmará en esta instancia—, la sanción por la no consignación oportuna no se extiende hasta que se verifique el restablecimiento del derecho ordenado, sino hasta el día en que efectivamente la entidad le haya consignado, o en su defecto pagado, el valor total de la cesantía de 2004, conforme lo dispuso el a quo.

Corolario de lo anterior, esta Sala confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Atlántico en la sentencia apelada, mediante la cual se decretó la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 132 de 2005 expedida por la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Atlántico y en consecuencia condenó al departamento del Atlántico – Asamblea Departamental a:

Reliquidar las cesantías reconocidas a los actores mediante la resolución demanda, para lo cual deberá tener en cuenta además del sueldo, los gastos de representación y la 1/12 de primas de navidad, la prima de servicios; ii) a pagar a favor de los demandantes la sanción por la no consignación oportuna prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 hasta el día en que se haya efectuado la consignación o en su defecto, el pago total del valor reconocido por la Asamblea Departamental del Atlántico por concepto de cesantía correspondiente al año 2004 en la proporción dejada de liquidar, conforme lo dispuso el a quo, y (iii) los intereses legales frente a la fracción dejada de liquidar por cesantías.

Por último, teniendo en cuenta lo ordenado en providencias de 14 de mayo y 28 de octubre de 2013 (fls. 227, 228 y 233) relacionadas con el cumplimiento a la orden de embargo de los derechos o créditos del señor Yesid Arraut Varelo provenientes del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico) dentro de los procesos ejecutivos radicados 2011-00402 y 2011-0496, la entidad pública demandada, al momento de efectuar los pagos de la presente condena, procederá a hacer efectivas las órdenes de embargo allí referidas en los términos previstos por el artículo 681 numeral 5 del CPC.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia de 17 de noviembre de 2011, el cual quedará así:

3. CONDENASE al departamento del Atlántico – Asamblea Departamental del Atlántico, a título de restablecimiento del derecho, a reliquidar y pagar las cesantías correspondientes al año 2004, a los demandantes Yesid Misael Arraut Varelo y José Ignacio Oñoro Ramos, tomando en consideración, además de los factores reconocidos, la prima de servicios por haber sido devengada durante dicho periodo. Sobre dicha fracción dejada de computar se reconocerá el interés legal del 12% anual previsto en el numeral 2 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Segundo: CONFÍRMASE en lo demás la sentencia de 17 de noviembre de 2011, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, accedió a las pretensiones de la demanda presentada por los señores Yesid Misael Arraut Varelo y José Ignacio Oñoro Ramos contra el departamento del Atlántico – Asamblea Departamental.

Tercero: En cumplimiento de lo ordenado en providencias de 14 de mayo y 28 de octubre de 2013 (fls. 227, 228 y 233) relacionadas con el embargo de los derechos o créditos del señor Yesid Arraut Varelo provenientes del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico) dentro de los procesos ejecutivos radicados 2011-00402 y 2011-0496, ADVIÉRTASE al departamento del Atlántico – Asamblea Departamental, que al momento de efectuar los pagos dispuestos en la presente condena, deberá proceder a hacer efectivas las órdenes de embargo aludidas con sujeción a lo previsto por el artículo 681 numeral 5 del CPC.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase».

(1) Ley 6ª de 1945. “ART. 29.Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público se acumularán para el cómputo del tiempo en relación con la jubilación, y el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada una de aquellas. Los trabajadores cuyos salarios o remuneraciones se paguen con cargo a fondos especiales que se formen con aporte de varias entidades de derecho público, gozarán de las prestaciones más favorables que estas reconozcan a sus propios trabajadores, con cargo al mismo fondo especial. // Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio”.

(2) En sentencias de 7 de noviembre de 1996 proferida en el proceso radicado Nº 11576 y de 30 de septiembre de 1999 expedida dentro del radicado Nº 15366.

(3) Concepto proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación Nº 17453 de 1 de junio de 2006, C. P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.

(4) Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de 21 de mayo de 2009. Expediente 2070-2007, actor: William Arango Pérez. C. P. Gerardo Arenas Monsalve, en la que se expresó lo siguiente:

“Importante resulta aquí aclarar que existe diferencia entre la indemnización derivada de la falta de consignación antes del 15 de febrero en un fondo, por la cesantía que le corresponde al trabajador por el año anterior o la fracción correspondiente a dicha anualidad liquidada a 31 de diciembre, con la que surge frente a la falta de pago de dicha prestación a la terminación de la relación legal o reglamentaria, ya que una vez que se presenta este hecho, esto es, cuando el trabajador se retira del servicio por cualquier causa y la administración no consigna oportunamente la cesantía que adeuda, deberá cancelar a título de indemnización la sanción prevista en la Ley 244 de 1995.

(…)

Cada una de estas sanciones tienen una finalidad y origen distinto, por lo cual, reitera la Sala que la sanción moratoria originada en la falta de consignación oportuna de la cesantía causada a 31 de diciembre, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, cesa cuando empieza a pagarse la moratoria derivada de la Ley 244 de 1995 pues aquella rige mientras está vigente la relación legal y está a partir de cuándo fenece. Esta última finalidad es la que impide su reconocimiento de manera concurrente”.

(5) Ver hecho 1.4. de la demanda.

(6) Folios 8 y 9.

(7) Sección Segunda. Subsección B. C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Radicación Nº: 08001-23-31-000-2007-00413-01(1381-12). Actor: Lourdes Insignares Castilla. Demandado: Departamento del Atlántico.

(8) Esta Subsección, en la sentencia de 21 de mayo de 2009 proferida dentro del proceso radicado con el Nº 2070-200, C. P. Gerardo Arenas Monsalve expuso en que consiste la diferencia entre la sanción moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, en los siguientes términos: “(…) existe diferencia entre la indemnización derivada de la falta de consignación antes del 15 de febrero en un fondo, por la cesantía que le corresponde al trabajador por el año anterior o la fracción correspondiente a dicha anualidad liquidada a 31 de diciembre; con la que surge frente a la falta de pago de dicha prestación a la terminación de la relación legal o reglamentaria, ya que una vez que se presenta este hecho, esto es, cuando el trabajador se retira del servicio por cualquier causa y la administración no consigna oportunamente la cesantía que adeuda, deberá cancelar a título de indemnización la sanción prevista en la Ley 244 de 1995”.

(9) En este mismo sentido se pronunció la Subsección en las sentencias de 10 de febrero de 2011 proferida dentro del expediente 1213-2010 y de 1º de marzo de 2012 expedida dentro del expediente Nº 0996-2011, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.