Sentencia 2005-03764/19786 de abril 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 8001 23 31 000 2005 03764 01

Núm. Interno: 19786

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: INVERSIONES AUTOMOTRICES S.A. EN LIQUIDACIÓN

Demandado: U.A.E. DIAN - RENTA 2000

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala

La Sala decide si se ajusta a derecho la Liquidación Oficial de Revisión 20642003000037 del 16 de abril de 2003, que modificó la declaración del impuesto de renta y complementarios de la sociedad Inversiones Automotrices S.A. en Liquidación, por el año gravable 2000, y la Resolución 20662004000006 del 27 de mayo de 2004, que la confirmó.

Para el efecto, deberá resolver los siguientes:

3.1. Problemas Jurídicos.

(i) ¿Está viciada de nulidad por expedición irregular la Liquidación Oficial de Revisión 20642003000037 del 16 de abril de 2003, a causa de la presunta indebida notificación del requerimiento especial 20632002000145 del 13 de agosto de 2002?

(ii) De no ser así, ¿deben ser desconocidos, a título de sanción, los costos y deducciones por salarios, intereses, depreciación, servicios públicos, entre otros, por valor de $891.629.000, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 651 del E.T.?

3.3. (sic) De la notificación de las actuaciones en materia tributaria. Normativa vigente para el año 2002.

Para el año en que se surtió la actuación administrativa, esto es, el año 2002, la notificación de los actos de la DIAN se regulaba así:

Los artículos 563, 565 y 568 del E.T. establecían lo siguiente:

ART. 563.—La notificación de las actuaciones de la Administración Tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada.

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la Administración de impuestos, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la Administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria.

Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de la Administración le serán notificados por medio de publicación en un diario de amplia circulación.

ART. 565.—Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslados de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente.

Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación.

ART. 568.—Las actuaciones de la Administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación.

3.3.1. El caso concreto.

a. De los hechos probados no discutidos

- Mediante Auto de Apertura 20632002001176 del 20 de mayo de 2002, la División de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la Seccional Barranquilla inició investigación tributaria a la contribuyente Inversiones Automotrices S.A. por el impuesto de renta y complementarios del año gravable 2000, programa pérdida líquida.

- El 6 de junio de 2002, se envió al contribuyente el requerimiento ordinario 20632002001543, en el que se solicitaba información referente al impuesto. Dicho requerimiento fue enviado a la carrera 43 Nº 82-17 de Barranquilla, última dirección registrada por el contribuyente en la declaración de renta del año gravable 2001, pero que fue devuelto por la causal no reside. En consecuencia, la DIAN publicó el requerimiento en el diario Portafolio.

- El 13 de agosto de 2002, la DIAN expidió el requerimiento especial 20632002000145, mediante el que invitó a la contribuyente a modificar la declaración de renta presentada por el año gravable 2000. Dicho requerimiento también fue enviado a la carrera 43 Nº 82-17 de Barranquilla y devuelto por la misma causal de no reside.

- El 18 de septiembre de 2002, Inversiones Automotrices S.A. radicó en la DIAN el formato de cambio de dirección, en el que informó que la nueva dirección de notificaciones de la sociedad era la carrera 53 Nº 59-256 de Barranquilla.

- El 20 de septiembre de 2002, la DIAN notificó por aviso el requerimiento especial 20632002000145 del 13 de agosto de 2002.

- El 16 de abril de 2003, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión 20642003000037, en la que confirmó las glosas propuestas en el requerimiento especial y determinó un saldo a cargo del contribuyente por $891.629.000. Dicha liquidación se envió a la carrera 53 Nº 59-256 de Barranquilla, dirección registrada el 18 de septiembre de 2002.

- Inconforme, el contribuyente presentó recurso de reconsideración, en el que expuso que la Administración debió corregir la notificación del requerimiento especial y enviarlo a la nueva dirección registrada por el contribuyente.

b. Solución del caso

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, la sociedad Inversiones Automotrices S.A. alega que la notificación del requerimiento especial se efectuó indebidamente, pues pese a que informó a la DIAN del cambio de dirección, esta efectuó la notificación mediante aviso en un diario de amplia circulación, circunstancia que le habría cercenado la posibilidad de controvertirlo.

La Sala considera que la notificación del requerimiento especial se ajustó a la legalidad por las siguientes razones:

De las pruebas aportadas al expediente se tiene que Inversiones Automotrices S.A. en la declaración de renta del año gravable 2001, presentada el 3 de abril de 20(1)02(2), registró como dirección de notificaciones la carrera 43 Nº 82-17 de Barranquilla. A esa dirección, la DIAN envió el requerimiento ordinario 20632002001543 del 6 de junio de 2002 y el requerimiento especial 20632002000145 del 13 de agosto de 2002, actuaciones que fueron devueltas por el correo por la causal de no reside. En consecuencia, la Administración, en aplicación del artículo 568 del E.T., efectuó la notificación por aviso en el diario Portafolio los días 20 de septiembre de 2002 (requerimiento especial) y 16 de octubre de 2002 (requerimiento ordinario).

También es un hecho no discutido que el 18 de septiembre de 2002, la sociedad Inversiones Automotrices S.A. presentó, ante la DIAN, el formato de cambio de dirección, en el que indicó que la nueva dirección para notificaciones era la carrera 53 Nº 59-256 de Barranquilla.

Alega la demandante que si el 18 de septiembre de 2002 había solicitado el cambio de dirección para notificaciones, la DIAN debió retrotraer la actuación, y notificar el requerimiento especial a la nueva dirección de la empresa y no proceder a la publicación en un diario de amplia circulación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 563 del E.T., la notificación de las actuaciones de la administración tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente en la última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, o mediante formato oficial de cambio de dirección. La norma establece que, en caso de solicitarse cambio de dirección por formato oficial, la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres meses siguientes. En esas circunstancias, si la nueva dirección fue registrada el 18 de septiembre de 2002, la administración de impuestos tenía hasta el 18 de diciembre de 2002 para notificar las actuaciones en la dirección antigua.

Llama la atención de la Sala que de acuerdo con lo expuesto en la contestación de la demanda, un funcionario de la División de Fiscalización de la DIAN se dirigió el 30 de mayo de 2002 a la carrera 43 Nº 82-17 de Barranquilla “a realizar la visita de verificación o cruce previamente ordenada (…) y se encontró con el local vacío y no había nadie que le diera razón de la sociedad”. Ese hecho fue expuesto en la parte motiva de la Liquidación Oficial de Revisión 20642003000037 del 16 de abril de 2003(3) y no fue objeto de controversia por parte de la demandante.

En esas circunstancias, para la Sala es claro que la contribuyente omitió el deber de informar oportunamente a la administración del cambio de dirección, máxime si desde el 30 de mayo de 2002 no operaba en el local ubicado en la carrera 43 Nº 82-17 de Barranquilla. Solo hasta el 18 de septiembre informó del cambio, razón por la que no puede alegar su culpa en su propio beneficio.

Conforme con lo anterior, la Sala considera que la Administración de Impuestos actuó en forma correcta al notificar los requerimientos ordinario y especial a la dirección informada por la contribuyente en la última declaración de renta, pues así lo dispuso el artículo 563 del E.T.

Frente al argumento expuesto por el Ministerio Público en su concepto, la Sala advierte que la posibilidad de acudir a guías telefónicas, directorios e información comercial y bancaria para establecer la dirección de notificaciones de los contribuyentes sólo procede cuando no se hubiere proporcionado ningún dato sobre la dirección, no cuando se reporta en la declaración de renta y, además, se reporta el cambio de la misma de manera inoportuna.

En este caso, se repite, la declaración de renta y complementarios de la demandante, por el año gravable 2001, informó como dirección de notificaciones la carrera 43 Nº 82-17 de Barranquilla y se presentó el 16 de abril de 2002. Para el 30 de mayo de 2002, que el funcionario de la DIAN acudió a dicha dirección a efectuar las verificaciones correspondientes, ya la sociedad se había trasladado a la carrera 53 Nº 59-256, sin cumplir con el deber de informar a la Administración de dicho cambio, omisión que ahora, como bien se dijo, la demandante no puede alegar en su propio beneficio.

Por lo anterior, el cargo de violación al debido proceso por indebida notificación del requerimiento especial no prospera.

En consecuencia, la Sala estudiará la procedencia de los costos y deducciones registrados por la contribuyente en la declaración de renta por el año gravable 2000, desconocidos, a título de sanción, por la Administración en los actos administrativos demandados.

3.5. (sic) Del desconocimiento de los costos y deducciones registrados por la contribuyente. Sanción por no enviar información. Reiteración de jurisprudencia(4). 

La demandante sostuvo que la administración rechazó los siguientes costos y deducciones:

1. Costos por $793.938.000

2. Deducciones (salarios) por $294.155.000

3. Intereses por $555.588.000

4. Depreciación por $94.625.000

5. Otras deducciones por $999.530.000

Total $2.737.836.000

Que, en consecuencia, determinó un saldo a pagar de $791.392.000 y una sanción por no enviar información en cuantía de $100.237.000, para un total de $891.629.000.

Fundamentó el concepto de la violación en que el rechazo de los costos y deducciones se había originado en una omisión de la Administración de impuestos, pues, ante la indebida notificación del requerimiento especial, no había podido ejercer los derechos de defensa y contradicción.

Agregó que los costos presuntos del 75% se aplicaban sobre los activos enajenados y, en su defensa, alegó que la empresa no enajenó activos en el año gravable 2000.

Pidió una inspección tributaria para que la Administración constatara los datos objeto de controversia y presentó el certificado de revisor fiscal con el objeto de que se verificara la realidad de la operación contable.

Sobre el particular, la Sala hará las siguientes precisiones:

En el requerimiento ordinario del 6 de junio de 2002, del que valga decir no aparece prueba en el expediente, la DIAN solicitó a la contribuyente que suministrara información respecto de los renglones cuestionados.

Ante la falta de respuesta de la contribuyente, la DIAN, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 651 del Estatuto Tributario, desconoció los costos y deducciones cuestionados, como se puede ver en el anexo explicativo de la Liquidación Oficial 20642003000037 del 16 de abril de 2003, en el que se sostuvo:

“El contribuyente INVERSIONES AUTOMOTRICES S.A. NIT. 800.140.260, al no presentar respuesta dentro de la oportunidad legal al Requerimiento Ordinario notificado por la División de Fiscalización y teniendo en cuenta que dicho requerimiento fue devuelto por el correo, por la causal ‘no reside’ y posteriormente publicado en el Diario Portafolio con fecha 16 de octubre de 2002. Entrando al despacho a corroborar lo actuado por la División de Fiscalización desconociéndoles costos, deducciones, retenciones, y aplicándole la sanción por no enviar información, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del artículo 651 del Estatuto Tributario que reza: ‘Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, así como aquellas a quienes se les haya solicitado información o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

El desconocimiento de los costos, rentas exentas, DEDUCCIONES, descuentos, pasivos, impuestos descontables y Retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiere a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos…” (Resaltado del texto original).

En este punto, para la Sala es necesario transcribir el contenido del artículo 651 del E.T., que dispone:

ART. 651.—Sanción por no enviar información. Inciso modificado por el artículo 55 de la Ley 6a de 1992. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) Literal modificado por el artículo 55 de la Ley 6a de 1992. Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), (15.000 UVT), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

- Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos. 

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidación sólo serán aceptados los factores citados en el literal b), que sean probados plenamente.” (Subraya la Sala)

Esta Sala ha sostenido(5) que el artículo 651 del E.T. tipifica la sanción por no informar como un mecanismo represor para los contribuyentes obligados a suministrar información tributaria y para aquéllos a los que la Administración les ha solicitado informaciones o pruebas. Dicha sanción es imponible en cualquiera de tres eventos autónomos, a saber:

- Cuando no suministren la información y/o pruebas dentro del plazo en que deben hacerlo.

- Cuando entreguen la información con errores.

- Cuando suministran información distinta de la que se les pide.

En concordancia con la misma norma, la cuantificación de la sanción se rige por los siguientes límites:

1. Hasta el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

2. Hasta el 0.5% de los ingresos netos cuando no sea posible establecer la base para tasarla, o la información no tuviere cuantía. Si no existieren ingresos, hasta el 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

El legislador también previó que la sanción podía reducirse al 10% de su valor, cuando la omisión que la genera fuere subsanada antes de notificarse el acto sancionatorio, o al 20%, si la enmienda se realiza dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de aquél.

En consonancia con el aparte subrayado de la norma, si la información requerida por la Administración se refiere a los costos y deducciones declaradas y esta no es suministrada, la sanción consiste en el desconocimiento de dichos rubros.

Revisada la totalidad del expediente, no aparece ninguna prueba de que la contribuyente hubiere suministrado la información solicitada por la DIAN, ni si quiera cuando se notificó de la liquidación oficial. Tampoco se aportó con la demanda. La demandante se limitó a presentar un certificado del revisor fiscal con el que pretende demostrar la veracidad de los costos y deducciones desconocidos por la Administración. Sin embargo, en este punto es importante resaltar que el único eximente de la sanción o que, al menos, permite la graduación de la misma, es el suministro de la información requerida, de la que, como se dijo, no aparece prueba de que hubiere sido aportada.

En esas circunstancias, la Sala considera que la demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos acusados y, por lo tanto, no ha lugar a anular los actos administrativos demandados.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada, para, en su lugar, denegar las pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 24 de mayo de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la sociedad Inversiones Automotrices Ltda., en Liquidación, contra la U.A.E. DIAN. En su lugar,

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

2 Ver folio 11.

3 Ver folio 124.

4 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 31 de mayo de 2012. Expediente No. Interno 18362. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

5 Ibídem.