Sentencia 2005-03845 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 68001233100020050384501 (51.634)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Gladys Parra y otros

Demandado: Municipio de Piedecuesta y otros

Referencia: Acción reparación directa

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mi diecisiete.

Temas: Régimen de responsabilidad - Objetivo por riesgo excepcional - muerte de menor en accidente de tránsito / Grado jurisdiccional de consulta - Se surte a favor de la entidad pública, por lo que no es posible incrementar las sumas reconocidas por el tribunal de primera instancia.

Procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta sobre la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Santander, el 14 de agosto de 2013, mediante la cual se hicieron las siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso con posibles errores):

“Primero: Declarar al municipio de Piedecuesta – Inspección de tránsito y transporte - colegio Humberto Gómez Nigrinis, administrativa y patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados a Alirio Guerrero Forero, Gladys Parra, Yeraldine Lizeth Guerrero Parra, Nazly Nayely Guerrero Parra, Evelin Yurani Ortiz Parra, Miryiam Guerrero Forero y María Helena Parra, por las razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Como consecuencia del numeral anterior, condenar al municipio de Piedecuesta - Inspección de tránsito y transporte - colegio Humberto Gómez Nigrinis a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes cantidades: A Alirio Guerrero Forero y Gladys Parra en su condición de padres de la víctima directa, la suma en cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de éste fallo, para cada uno de ellos; a Yeraldine Lizeth Guerrero Parra, Nazly Nayeli Guerrero Parra y Evelin Yurani Ortiz Parra, en su condición de hermanas de la víctima directa, la suma en cuantía equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de este fallo, para cada una de ellas; a Myriam Guerrero Forero y María Helena Parra en su calidad de tías de la víctima directa la suma en cuantía equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de éste fallo, para cada una de ellas.

Tercero: Denegar las demás pretensiones de la demanda (…)”.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el 22 de noviembre de 2005, los señores Alirio Guerrero Forero y Gladys Parra, quienes actúan en su propio nombre y en representación de sus hijas Yeraldine Lizeth Guerrero Parra, Nazly Nayely Guerrero Parra y Evelin Yurani Ortiz Parra; Miryam Guerrero Forero y María Helena Parra, por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra el municipio de Piedecuesta - Dirección de Tránsito de Piedecuesta, la Cooperativa de Trabajadores Unidos de Floridablanca (Cotrauflor) y el Colegio Humberto Gómez Nigrinis, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por la muerte del menor Jhon Alexander Guerrero Parra ocasionada por un vehículo oficial, en hechos acaecidos el 23 de abril de 2004.

Como consecuencia, se solicitó que se condenara a las entidades accionadas a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 1.000 SMLMV a cada uno de los demandantes.

Asimismo, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante y a favor de los señores Alirio Guerrero Forero y Gladys Parra, se pidieron las sumas de dinero que “en el futuro recibirían de su hijo Jhon Alexander Guerrero Parra como consecuencia de la actividad laboral que a futuro ejercería de no haber sido porque se le ocasionó la muerte”.

2. Como fundamentos de hecho de la demanda se narró, en síntesis, que para el 2004 el menor Jhon Alexander Guerrero Parra se encontraba matriculado en el Colegio Humberto Gómez Nigrinis de la ciudad de Piedecuesta.

Resaltó que, dentro de las múltiples actividades que se programaron durante la semana comprendida entre el 20 y el 24 de abril de 2004 y con ocasión de la celebración de los 15 años de funcionamiento del ente educativo, se programó la “Primera Maratón Hugonista”, actividad deportiva que se llevó a cabo el 23 de abril de 2004, cuya asistencia y participación de los alumnos era obligatoria.

Señaló que, para efectos de la maratón, las directivas del colegio tramitaron ante las autoridades municipales competentes los permisos y las autorizaciones del caso. La Secretaría General y de Gobierno de Piedecuesta autorizaron el recorrido.

Afirmó que la Dirección de Tránsito de Piedecuesta, de conformidad con la orden impartida por la Secretaría de Gobierno de ese Municipio, era la encargada de brindar la seguridad a los participantes en la maratón y, además, de prestar la colaboración necesaria. Aclaró que, por motivos de seguridad, la Dirección de Tránsito de Piedecuesta sugirió dos modificaciones al recorrido.

Precisó que, en el transcurso de la maratón, el menor Jhon Alexander Guerrero Parra fue atropellado por un agente de tránsito del municipio de Piedecuesta, quien se movilizaba en una motocicleta oficial. Agregó que el 28 de abril de 2004 el menor falleció como consecuencia de las lesiones ocasionadas por el agente de tránsito del municipio de Piedecuesta.

Sostuvo que el Estado era responsable por la muerte del menor Guerrero Parra, pues la misma se ocasionó con un vehículo oficial, que pertenecía al municipio de Piedecuesta(1).

(sic) 2. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante proveído del 23 de agosto de 2006, decisión que se notificó al municipio de Piedecuesta y al Colegio Humberto Gómez Nigrinis(2).

En relación con la cooperativa Contrauflor no fue posible su notificación, razón por la cual, el 11 de abril de 2007, el Tribunal Administrativo de Santander procedió a emplazarla(3).

El 6 de febrero de 2008, se designó el curador ad litem y el 29 de febrero de 2008 se le notificó personalmente el auto admisorio de la demanda(4).

3. Las contestaciones de la demanda.

Las entidades demandadas no contestaron la demanda(5).

4. El Tribunal Administrativo de primera instancia corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto(6).

En esta etapa del proceso, el municipio de Piedecuesta y la parte actora presentaron sus alegatos de conclusión(7).

5. La sentencia objeto del grado jurisdiccional de consulta.

El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia el 14 de agosto de 2013 y accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Para adoptar tal decisión, el Tribunal Administrativo a quo señaló que en el proceso se demostró que, el 23 de abril de 2004, mientras se realizaba una maratón programada por el Comité de Deportes del Colegio Humberto Gómez Nigrinis de Piedecuesta, ocurrió un accidente de tránsito, en el cual resultó gravemente lesionado el menor Jhon Alexander Guerrero Parra, al ser atropellado por una motocicleta de propiedad del municipio de Piedecuesta, conducida por el alférez de la Dirección de Tránsito de ese Municipio; adicionalmente, destacó que el menor falleció el 28 de abril de 2004 como consecuencia de un trauma contundente al chocar el cuerpo contra el pavimento.

Precisó que el municipio de Piedecuesta era responsable del daño sufrido por la parte demandante, atendiendo al régimen objetivo de responsabilidad, consistente en el riesgo excepcional por la conducción de vehículos, toda vez que la motocicleta —de propiedad del municipio— con la cual se ocasionó el accidente era conducida por un alférez de la Inspección de Tránsito de ese ente territorial; alférez que, además, se encontraba en ejercicio de sus funciones y brindaba apoyo en materia de seguridad en la maratón, la cual había sido programada por el Colegio Humberto Gómez Nigrinis.

Concretamente y en relación con el análisis de responsabilidad del mencionado colegio, agregó que este no cumplió con sus deberes de guarda, vigilancia y cuidado de los estudiantes en la forma que se requería, en especial, de los niños que se encontraban participando en la maratón, lo cual contribuyó a la producción de las lesiones que sufrió el menor que, finalmente, ocasionaron su muerte.

Agregó que el alférez involucrado en el accidente de tránsito fue contratado por Contraflour, cooperativa que, a su vez, era contratista del municipio de Piedecuesta; sin embargo, consideró que esa circunstancia no era óbice para que la responsabilidad en el hecho dañoso pudiera ser atribuida al Municipio, habida cuenta de que, en el momento en que ocurrió el accidente, el conductor de la motocicleta que arrolló al menor se encontraba en ejercicio de sus funciones en calidad de alférez de la Inspección de Tránsito y, además, el rodante era de propiedad de ese municipio. En ese sentido, afirmó que el hecho dañoso recaía exclusivamente en el ente territorial y en la institución educativa.

Finalmente, afirmó que no era procedente acceder al reconocimiento de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, dado que la víctima del daño, para el momento de su fallecimiento, aún no estaba en edad productiva, por cuanto solo tenía 10 años de edad para esa época, por lo que ese rubro solo constituía una expectativa “de la cual no se puede presumir su ocurrencia, es decir, que se encuentra más allá de las reglas de experiencia suponer que el menor Jhon Alexander Guerrero Parra al momento de cumplir 18 años de edad se iba a dedicar a una labor productiva”(8).

6. Trámite de la consulta.

Mediante providencia del 18 de junio de 2014(9), el Tribunal Administrativo de Santander remitió el expediente a esta corporación para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta.

El 4 de septiembre de 2014, el despacho avocó el conocimiento del proceso con el fin de que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta. En esa oportunidad, dispuso que, una vez cobrara ejecutoria dicha decisión, se corriera traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones y al Ministerio Público para que rindiera su concepto(10).

6.1. El municipio de Piedecuesta señaló que debía ser exonerado de responsabilidad, toda vez que se configuró una culpa exclusiva de la víctima, dado que el menor que participaba en la maratón, de manera intempestiva, se lanzó a la vía sin observar que el agente de tránsito encargado del cuidado del grupo de competidores estaba detrás de él(11).

6.2. El Ministerio Público, en su concepto, indicó que la sentencia de primera instancia debía ser confirmada, por cuanto se acreditó que el menor Jhon

Alexander Guerrero Parra falleció como consecuencia de las lesiones causadas en un accidente ocasionado por un agente de tránsito que se movilizaba en una motocicleta que era de propiedad del municipio de Piedecuesta.

Adicionalmente, resaltó que el Colegio Humberto Gómez Nigrinis también resultaba responsable por los daños irrogados a la parte actora, habida cuenta de que esa institución educativa tenía el cuidado del menor, pues, en ejercicio de una actividad desarrollada por esta, fue que se ocasionó el daño por el cual se demandó(12).

6.3. Las demás partes guardaron silencio.

II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia del 14 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

La Sala abordará el asunto en el siguiente orden: i) verificación de la existencia de los presupuestos procesales en el caso sub examine, como lo son la competencia, la legitimación en la causa y la caducidad; ii) análisis de los medios probatorios obrantes en el expediente; iii) caso concreto: daño e imputación de las demandadas por el accidente de tránsito ocasionado con un vehículo oficial, atendiendo al régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional y iv) la indemnización de perjuicios.

1. Presupuestos procesales.

1.1. Competencia.

Como se expuso inicialmente, le corresponde a la Sala decidir el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 14 de agosto de 2013, mediante la cual se concedieron parcialmente a las súplicas de la demanda y se impuso una condena superior a 300 SMLMV al municipio de Piedecuesta.

1.2. Ejercicio oportuno de la acción.

La muerte del menor Jhon Alexander Guerrero Parra ocurrió el 28 de abril de 2004, razón por la cual la demanda se presentó dentro los dos años siguientes a ese hecho, dado que se interpuso el 22 de noviembre de 2005(13).

1.3. Legitimación en la causa por activa.

Por la muerte de Jhon Alexander Guerrero Parra concurrieron al proceso los señores Alirio Guerrero Forero, Gladys Parra, Yeraldine Lizeth Guerrero Parra, Nazly Nayely Guerrero Parra, Evelin Yurani Ortiz Parra, Miryam Guerrero Forero y María Helena Parra.

Respecto de los demandantes Alirio Guerrero Forero y Gladys Parra, se señala que en el plenario obra el registro civil de nacimiento de su hijo Jhon Alexander Guerrero Parra, víctima directa del daño(14).

En cuanto a las señoras Yeraldine Lizeth Guerrero Parra, Nazly Nayeli Guerrero Parra y Evelin Yurani Ortiz Parra, se destaca que en el expediente obran copias simples de sus registros civiles de nacimiento, en los cuales consta que sus padres son los también actores Alirio Guerrero Forero y Gladys Parra(15), por lo que se encuentra acreditada la calidad de hermanas de la víctima directa del daño.

En relación con las señoras Miryam Guerrero Forero y María Helena Parra, se señala que en el proceso obran copias simples de sus registros civiles de nacimiento, en los cuales consta que son hermanas de los señores Alirio Guerrero Forero y Gladys Parra(16), respectivamente, por lo que se encuentra acreditada la calidad de tías de la víctima directa del daño.

2. Hechos probados.

De conformidad con el conjunto probatorio obrante en el expediente, se encuentra acreditado lo siguiente:

— El menor Jhon Alexander Guerrero Parra se encontraba matriculado para el año escolar 2004 en el Colegio Humberto Gómez Nigrinis y cursaba el grado cuarto de primaria(17).

— Para la semana del 20 al 24 de abril de 2004, el Colegio Humberto Gómez Nigrinis organizó una serie de actividades, en virtud del cumpleaños de esa institución, entre las cuales se encontraba la “primera maratón hugonista”(18).

— El 26 de marzo de 2004, la rectora del Colegio Humberto Gómez Nigrinis, con el fin de realizar la maratón, solicitó autorización a la Secretaría de Gobierno del municipio de Piedecuesta para el desplazamiento y desarrollo de esa actividad deportiva. Igualmente, requirió a la Inspección de Tránsito del Municipio el acompañamiento de un grupo de alférez(19).

— El 19 de abril de 2004, el municipio de Piedecuesta autorizó la realización de la maratón y envió al recorrido al Cuerpo Operativo de alférez del municipio(20).

— El Colegio Humberto Gómez Nigrinis también dispuso que los docentes de la institución debían estar en los diferentes puntos por donde se desplazarían los participantes en la maratón(21).

— El menor Jhon Alexander Parra Guerrero se inscribió para participar en la maratón organizada por el colegio(22).

El 23 de abril de 2004 se llevó a cabo la carrera; sin embargo, en el transcurso de la maratón se presentó un accidente de tránsito, en el cual resultó herido el menor Parra Guerrero por una motocicleta, marca Suzuki T-125, modelo 1995, que pertenecía al municipio de Piedecuesta(23) y que era conducida por un alférez que se encontraba vinculado, para esa fecha, a la alcaldía como agente de tránsito a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Contrauflor(24), el cual había sido asignado para custodiar y acompañar a los competidores(25).

En relación con la forma en que ocurrió el accidente, se tiene que en el proceso se decretó la práctica del testimonio de la señora María Olinda Rodríguez Barajas, quien afirmó que el niño había quedado rezagado del resto de sus compañeros y se veía como asfixiado, por lo que se sentó en un andén del lado derecho de la vía y cuando el alférez iba bajando por el lado izquierdo, el menor se levantó e intentó cruzar al otro lado de la acera siendo golpeado por el oficial.

Igualmente, el señor Juan Carlos Tarazona Ramírez manifestó que el alférez se movilizaba por el lado izquierdo de la vía y el menor por el lado derecho, más o menos, a 50 centímetros del andén; de repente, el oficial aceleró la moto sin darse cuenta cómo golpeó al niño.

El menor fue trasladado al hospital González Valencia de Bucaramanga y el 28 de abril de 2004 falleció(26) como consecuencia de “contusiones y laceraciones encefálicas y contusión medular cervical por trauma craneoencefálico y raquimedular”(27).

El 4 de mayo de 2011, el señor Hernán Augusto Duarte Guerra, quien atropelló al menor Jhon Alexander Parra Guerrero, fue condenado por el delito de homicidio culposo, con fundamento en que su comportamiento fue “imprudente y negligente”(28).

3. Caso concreto: daño e imputación a los demandados bajo el régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional.

De conformidad con el anterior conjunto probatorio, se encuentra acreditado que, el 28 de abril de 2004, el menor Jhon Alexander Parra Guerrero falleció como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el 23 de abril del mismo año, cuando una motocicleta Suzuki T-125, modelo 1995, lo colisionó; vehículo que pertenecía al municipio de Piedecuesta y que era conducida por un alférez que se encontraba vinculado a la alcaldía como agente de tránsito —a través de la cooperativa Contrauflor—, quien, para el momento de los hechos, se encontraba asignado para acompañar a los competidores en la maratón. 

A este proceso se arrimó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga, a través de la cual se condenó al conductor de la motocicleta que arrolló al menor Parra Guerrero, por el delito de homicidio culposo, por considerar que su conducta había sido imprudente y negligente. Para arribar a lo anterior, el juez penal se basó en unos testimonios practicados en la justicia penal —los cuales dieron cuenta de cómo ocurrieron los hechos que ocasionaron el accidente—; no obstante, ha de señalarse que esas declaraciones no fueron ratificadas en este proceso, por lo que la Sala no puede tener en cuenta las conclusiones del fallador penal, criterio que la Subsección ha acogido en oportunidades anteriores(29).

Pues bien, como en este proceso no se acreditó la forma en que ocurrió el accidente de tránsito los testimonios que se practicaron en este asunto, como se verá más adelante, no brindan certeza de esa situación y en atención a que no se pueden tener en cuenta las conclusiones a las que arribó el juez penal (imprudencia del conductor), no resulta posible endilgarle al Estado una falla en el servicio; sin embargo, tal circunstancia no es óbice para que el análisis de responsabilidad en el sub examine se haga bajo el título de imputación de riesgo excepcional, tal y como pasa a verse a continuación. 

Al respecto, conviene precisar que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, como corolario del principio general de responsabilidad estatal consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, ha señalado que el Estado debe responder patrimonialmente por las acciones u omisiones que le sean atribuibles e, incluso, por aquellas conductas lícitas en cuanto unas u otras ocasionen daños antijurídicos. 

En igual sentido, también ha sido reconocida la operatividad de regímenes en los cuales no se presenta el acaecimiento de falta o de falla alguna en el funcionamiento del servicio para que resulte posible deducir responsabilidad a la entidad normativamente encargada de prestarlo; se trata de los denominados regímenes de responsabilidad “sin culpa” o “sin falta”, en los cuales la obligación de indemnizar a cargo del Estado puede ser declarada con independencia de que la actividad de este o la conducta —activa u omisiva— de sus agentes, se encuentre plenamente conforme con el ordenamiento jurídico; son los referidos eventos, aquellos en los cuales esta corporación ha reconocido y estructurado los catalogados como títulos jurídicos objetivos de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado, entre ellos, el basado en el riesgo excepcional(30).

La jurisprudencia de la Sala ha señalado que tratándose de la producción de daños originados en el despliegue -por parte de la entidad pública o de sus agentes- de actividades peligrosas, como lo es la conducción de automotores, es aquel a quien corresponde jurídicamente la guarda de la actividad quien quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen por la realización del riesgo creado(31); así mismo, en cuanto al reparto de la carga de la prueba que tiene lugar en litigios en los cuales el aludido sea el asunto objeto de controversia, se ha advertido, en forma reiterada, que:

“[A]l actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(32).

En el presente caso, con fundamento en lo anterior y dado que no se probó la existencia de una falla en el servicio, la Sala estima que la responsabilidad patrimonial del Estado, por la muerte del menor Jhon Alexander Parra Guerrero, sí está comprometida a través de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, consistente en el riesgo excepcional. 

En efecto, en el proceso se demostró que el vehículo con el que se ocasionó el daño pertenecía al municipio de Piedecuesta, conducido, además, por un alférez, quien, para el momento del accidente, estaba en ejercicio de sus funciones. 

Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto el hecho de que la persona que conducía el vehículo con el cual se ocasionó el accidente de tránsito estaba vinculado al municipio de Piedecuesta, a través de la cooperativa Cootraflour; sin embargo, para el momento en que sucedieron los hechos, él estaba prestando un servicio a cargo del municipio, pues había sido designado por la Inspección de Tránsito para que acompañara a los participantes en el evento, amén de que el daño se produjo con un vehículo que pertenecía al ente territorial, razón por la cual la responsabilidad por el hecho dañoso recae en el municipio. 

Finalmente, frente al Colegio Humberto Gómez Nigrinis, considera la Sala que es necesario verificar si el municipio de Piedecuesta estaba a cargo de la institución educativa bajo la cual se encontraba la custodia del menor que falleció en desarrollo de la actividad programada, para efectos de establecer si se le debe hacer o no la imputación de responsabilidad. 

Pues bien, en vigencia de la Constitución de 1991, se expidió la Ley 60 de 1993, mediante la cual se procedió al desmonte de la anterior “nacionalización”(33) de los servicios educativos, desde preescolar hasta la media, distribuyéndose las competencias de una manera diferente a la que traía la anterior legislación. Esta ley contenía un conjunto de normas sobre el reparto de competencias entre la Nación y los entes territoriales y se distribuyeron los recursos necesarios para la prestación de este servicio por parte de los departamentos, distritos y municipios certificados. Como consecuencia de este mandato legislativo, se dio el traslado de las competencias para la prestación del servicio y también se hizo entrega de los bienes, el personal y los recursos para su prestación. 

El proceso descentralizador se profundizó con la expedición de la Ley 715 de 2001, en la que se distribuyeron nuevamente las competencias entre la Nación y las entidades territoriales en materia de educación preescolar, básica y media, en especial, en los artículos 5º, 6º y 7º, a través de los cuales se entregó a los departamentos, a los distritos y a los municipios certificados la prestación directa del servicio en los niveles anotados, por lo que la Nación perdió la competencia para estos efectos.

Este traslado de las competencias para la prestación directa de los servicios educativos por parte de las entidades territoriales implica la prohibición a la Nación de suministrarlos, como claramente lo ordena el artículo 101 de la ley 715 de 2001, que dice:

“ART. 101.—Prohibición de plantas para la prestación del servicio por parte de la Nación. Salvo las excepciones establecidas en la presente ley, la Nación no podrá administrar plantas de personal o tener instituciones para prestar los servicios asignados en la presente ley a los departamentos, distritos y municipios. Las existentes deberán transferirse a la entidad donde se presta el servicio”.

Del recuento de estas leyes se desprende que, en cuanto a la prestación de estos servicios de educación por parte del Estado, el legislador sigue un criterio de descentralización territorial.

Para organizar la prestación del servicio educativo, la Ley General de Educación definió los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, en el artículo 138, así:

“ART. 138.—Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta ley.

El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos:

a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial;

b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y

c) Ofrecer un proyecto educativo institucional.

Los establecimientos educativos por niveles y grados, deben contar con la infraestructura administrativa y soportes de la actividad pedagógica para ofrecer al menos un grado de preescolar y los nueve grados de educación básica. El Ministerio de Educación Nacional definirá los requisitos mínimos de infraestructura, pedagogía, administración, financiación y dirección que debe reunir el establecimiento educativo para la prestación del servicio y la atención individual que favorezca el aprendizaje y la formación integral del niño.

‘PAR.—El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales y teniendo en cuenta la infraestructura educativa actual, establecerá el programa y los plazos para que los actuales establecimientos educativos se ajusten a lo dispuesto en este artículo. Cumplidos estos plazos, no podrán existir establecimientos educativos que ofrezcan exclusivamente educación básica, en uno sólo de sus ciclos de primaria o secundaria.

“Mientras ofrezcan un nivel de educación de manera parcial, deberán establecer convenios con otros establecimientos que desarrollen un proyecto educativo similar o complementario, para garantizar la continuidad del proceso educativo de sus alumnos”.

Posteriormente, la Ley 715 de 2001 redefinió para efectos de esta ley las instituciones educativas, así:

“ART. 9º—Instituciones educativas. Institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes.

Deberán contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.

Las instituciones educativas combinarán los recursos para brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional.

Las instituciones educativas estatales son departamentales, distritales o municipales.

‘PAR. 1º.—Por motivos de utilidad pública o interés social, las instituciones educativas departamentales que funcionen en los distritos o municipios certificados serán administradas por los distritos y municipios certificados. Por iguales motivos se podrán expropiar bienes inmuebles educativos, de conformidad con la Constitución y la ley. Durante el traspaso de la administración deberá garantizarse la continuidad en la prestación del servicio educativo. Para el perfeccionamiento de lo anterior se suscribirá un convenio interadministrativo entre las entidades territoriales.

‘PAR. 2º—Las deudas por servicios públicos de las instituciones educativas cuya administración se traspase de los departamentos a los distritos y municipios certificados, causadas con anterioridad a la fecha del traspaso, serán pagadas por los departamentos.

‘PAR. 3º—Los establecimientos públicos educativos del orden nacional que funcionan con recursos del presupuesto nacional, serán traspasados con los recursos a las respectivas entidades territoriales, conservando su autonomía administrativa.

‘PAR. 4º—Habrá una sola administración cuando en una misma planta física operen más de una jornada. También podrá designarse una sola administración para varias plantas físicas, de conformidad con el reglamento”. 

De las normas transcritas y del contexto de las leyes, se desprende que el servicio público de educación oficial se presta a través de las instituciones educativas, que, por sí mismas, carecen de personalidad jurídica, aunque excepcionalmente algunas puedan contar con este atributo, en cuyo caso, por lo general, son dependencias de las correspondientes Secretarías de Educación, que deben prestar por lo menos un año de educación preescolar y los 11 de la básica y media. Aquellos establecimientos educativos que al momento de entrar en vigencia la ley carecían de todos estos grados, debían asociarse y ajustarse a los requerimientos para garantizar la continuidad del servicio que se les ofrece a los educandos. 

El proceso descentralizador de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 se hizo asignando las competencias y los recursos económicos, entregando materialmente el servicio educativo con el traspaso de los establecimientos a los departamentos o municipios, de manera que en la actualidad, salvo algunos establecimientos públicos del orden nacional, los niveles de educación preescolar, básica y media se encuentran en cabeza de los distritos, de los municipios certificados y de los departamentos, para su prestación en los municipios no certificados, en virtud de los principios de subsidiariedad y complementariedad.

Adicionalmente, se certifican automáticamente los municipios con más de cien mil habitantes, lo que implica el traslado del personal administrativo del nivel departamental al municipal.

Por su parte, los departamentos, frente a los municipios no certificados, continúan administrando el personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada, de conformidad con la ley y distribuyendo las plantas departamentales de personal docente, directivo y empleados administrativos, con base en los criterios de población atendida y por atender, en condiciones de eficiencia, en los términos de la regulación nacional sobre la materia, así se estableció en la ley:

“ART. 6º—Competencias de los departamentos. Sin perjuicio de lo establecido en otras normas, corresponde a los departamentos en el sector de educación las siguientes competencias:

(…).

6.2. Competencias frente a los municipios no certificados.

6.2.1. Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley.

6.2.2. Administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los recursos financieros provenientes del sistema general de participaciones, destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los criterios establecidos en la presente ley.

6.2.3. Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994(34), las instituciones educativas y el personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos disponibles en el Sistema General de Participaciones y trasladará docentes entre los municipios, preferiblemente entre los limítrofes, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos actos administrativos debidamente motivados.

6.2.4. Participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado, en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones.

6.2.5. Mantener la cobertura actual y propender a su ampliación.

6.2.6. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los docentes directivos, de conformidad con las normas vigentes.

6.2.7. Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el Presidente de la República.

6.2.8. Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas, cuando a ello haya lugar.

6.2.9. Promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la calidad.

6.2.10. Distribuir entre los municipios los docentes, directivos y empleados administrativos, de acuerdo con las necesidades del servicio, de conformidad con el reglamento.

6.2.11. Distribuir las plantas departamentales de personal docente, directivos y empleados administrativos, atendiendo los criterios de población atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional sobre la materia.

6.2.12. Organizar la prestación y administración del servicio educativo en su jurisdicción.

6.2.13. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y otros cobros en los establecimientos educativos.

6.2.14. Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.22.

6.2.15. Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad territorial determinará la repartición organizacional encargada de esta función de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional. Algunas de estas competencias, salvo la de nominación y traslado de personal entre municipios, se podrán delegar en los municipios no certificados que cumplan con los parámetros establecidos por la Nación”.

Descendiendo al caso objeto de estudio, advierte la Sala que los documentos que obran en el plenario permiten establecer que el municipio de Piedecuesta no se encontraba certificado para la época en que ocurrieron los hechos, por lo que estamos en presencia de una institución educativa del orden departamental, de conformidad con las normas transcritas con anterioridad. 

En efecto, mediante Resolución 3024 de 1997, el Ministerio de Educación entregó al departamento de Santander la administración del servicio de público de educación.

Igualmente, el gobernador del departamento de Santander, a través de la Resolución 6221 de 2002, fusionó unos establecimientos educativos del municipio de Piedecuesta. Así se consignó en el artículo 5º de la referida resolución estableció:

“ART. 1º—Fusionar los establecimientos educativos: Colegio Municipal Humberto Gómez nigrinis y concentración escolar Alianza para el Progreso del municipio de Piedecuesta”(35).

Así las cosas, es claro que, en el presente asunto, quien tenía a su cargo el manejo de la institución educativa “Colegio Humberto Gómez Nigrinis”, era el departamento de Santander, por ser el ente al que la Ley 715 de 2001 le asignó la función de dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en sus distintas modalidades, en los municipios no certificados, como el municipio de Piedecuesta. 

De conformidad con lo anterior, se concluye que a quien debió demandarse por la responsabilidad del Colegio Humberto Gómez Nigrinis era al departamento de Santander y teniendo en cuenta que este ente territorial no fue demandado y tampoco vinculado al proceso, se torna estéril cualquier estudio de responsabilidad en relación con esa institución educativa.

En cuanto la culpa exclusiva de la víctima alegada por parte del municipio de Piedecuesta en los alegatos de segunda instancia, por cuanto fue el menor quien se le atravesó de manera imprudente al vehículo, conviene precisar que los medios probatorios obrantes en el proceso nada dicen en relación con que la actuación del menor hubiese sido la causa eficiente y determinante del daño. 

En efecto, respecto de la forma en que sucedió el accidente de tránsito, en el proceso se decretó la práctica del testimonio de la señora María Olinda Rodríguez Barajas, quien afirmó que el menor había quedado rezagado del resto de sus compañeros y se veía como asfixiado, por lo que se sentó en un andén del lado derecho de la vía y cuando el alférez iba bajando por el lado izquierdo, el menor se levantó e intentó cruzar al otro lado de la acera siendo golpeado por el oficial. Igualmente, el señor Juan Carlos Tarazona Ramírez manifestó que el alférez aceleró la moto sin darse cuenta cómo golpeó al niño.

En ese sentido, esos elementos de juicio no ofrecen certeza respecto de cómo sucedieron los hechos y si, efectivamente, el menor se le atravesó imprudentemente al vehículo, cuestión que impide entonces predicar la existencia de la aludida culpa exclusiva, tal como frente a casos similares lo ha considerado la Sala:

“(…) Esa falta de claridad respecto de la manera en que murió la mencionada persona, impone igualmente desestimar que habría sido su conducta -y no cualquier tipo de actuación sino aquella eficiente para causar el daño- la única generadora del hecho dañoso, por cuanto si no existe certeza de la manera en que se produjo su fallecimiento -sólo que murió a manos de la Policía Nacional-, no puede sostenerse igualmente que se hubiere configurado la causal eximente de responsabilidad aquí analizada:

‘A juicio de la Sala, la sola circunstancia de que en el proceso no exista certeza acerca de la forma en la cual se produjo el accidente de tránsito, esto es al desconocerse de manera concreta si la víctima se arrojó sobre la vía de manera intempestiva o si dejó de acatar las instrucciones que supuestamente le habrían sido impartidas por sus acompañantes o simplemente si producto de su descuido no se percató de la circulación del automotor, mal puede entonces predicarse, en forma categórica, que con su actuar hubiere contribuido en la causación del accidente de tránsito por el hecho de que se encontraba bajo el influjo de bebidas embriagantes’(36).

En consecuencia, la Sala estima que en el presente caso no existe prueba de la participación determinante de la víctima en el hecho dañoso y mucho menos de que su conducta hubiere sido la causa exclusiva del daño, por manera que no hay lugar a eximir de responsabilidad a la entidad pública demandada (…)”(37) (se destaca).

Así las cosas, se confirmará la sentencia objeto de la consulta, en el sentido de condenar al municipio de Piedecuesta por la muerte del menor.

6. Indemnización de perjuicios.

En este punto, la Sala debe precisar que en razón a que el grado jurisdiccional de consulta se surte en favor de la entidad pública condenada, no hay lugar a incrementar las indemnizaciones reconocidas por el tribunal de primera instancia. Así lo consideró esta Subsección en un caso similar al que ahora se debate:

“No obstante lo anterior, la Sala mantendrá las indemnizaciones dispuestas en sede de primera instancia, con sus respectivas reducciones por la aparente existencia de una concausa –que, como ya se indicó, a juicio de la Sala no existió–, toda vez que el presente asunto se conoce en esta instancia por vía del grado jurisdiccional de consulta y, por esa razón, no puede agravarse la situación de la entidad pública demandada, por tratarse de un mecanismo jurídico procesal instituido a favor de dicha parte procesal.

‘Así lo ha expuesto, en forma reiterada, la Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado:

‘Como en la sentencia se condenó en concreto a la Nación (Ministerio de Transporte) y esta entidad no apeló, la Sala tiene competencia para pronunciarse sobre todos los puntos planteados en la demanda, y no solamente sobre las razones aducidas por el recurrente. No obstante, si hay lugar a ello se podrá hacer más gravosa la situación de la demandada sobre aquellos aspectos que fueron materia de impugnación por los actores, pero no sobre aquellas cuestiones que no fueron impugnadas, pues el grado jurisdicción de consulta opera a favor de las entidades estatales(38) (negrillas y subrayas del original).

‘De igual manera, se ha considerado que:

‘Si bien con la reforma introducida al artículo 184 del C.C.A. por la Ley 446 de 1998, se estableció como requisito de procedibilidad del grado jurisdiccional de consulta que la sentencia no hubiere sido apelada, supuesto que, en estricto sentido, debería entenderse frente a cada una de las partes, lo cierto es que esta figura no ostenta el carácter de un recurso, sino que se trata de un instrumento procesal tendiente a favorecer a la entidad pública que ha resultado condenada en un juicio de responsabilidad y que no acudió al medio de impugnación procedente para controvertirla’(39) (negrillas y subrayas del original).

‘En línea con lo anterior, se ha expuesto:

‘Ahora bien, según lo dispone la norma en comento y como se hizo referencia en el párrafo precedente, la consulta se tramitará a favor de la entidad pública condenada40, de tal manera que la competencia de la Sala se extiende sobre todo el asunto objeto de debate sin que sea viable perjudicar su situación actual (…)’(40)(negrillas y subrayas del original).

‘Por consiguiente, la Sala confirmará el fallo apelado y mantendrá el quantum indemnizatorio en él dispuesto”(41).

6.1. Perjuicios morales.

El tribunal a quo, por concepto de perjuicios morales, reconoció a cada uno de los demandantes las siguientes sumas de dinero:

Alirio Guerrero Forero100 SMLMV
Gladys Parra100 SMLMV
Yeraldine Lizeth Guerrero Parra50 SMLMV
Nazly Nayeli Guerrero Parra50 SMLMV
Evelin Yurani Ortiz Parra50 SMLMV
Myriam Guerrero Forero50 SMLMV
María Helena Parra50 SMLMV

Pues bien, en relación con esta clase de perjuicios, tratándose de la muerte de una persona, la prueba del parentesco cercano con la víctima resulta suficiente para tenerlo por configurado por vía de una presunción de hecho —sin perjuicio de la existencia de otros medios probatorios que puedan llegar a acreditarlo—, pues, ciertamente, en aplicación de las reglas de la experiencia, se puede inferir razonablemente que la muerte de un pariente próximo les debió causar a sus parientes un profundo dolor moral, más aun cuando esa muerte ocurre en dramáticas circunstancias, como acontece en el presente caso.

Ahora bien, para la cuantificación de la indemnización por concepto del perjuicio moral en casos de muerte, sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de un parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala ha fijado los siguientes montos y equivalencias teniendo en cuenta el nivel de cercanía afectiva entre la víctima directa y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados, así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar, incluida la relación biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas ‘de crianza’ (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indicativo indemnizatorio de (100 S.M.L.M.V).

Nivel 2. En el cual se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indicativo indemnizatorio.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indicativo indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indicativo indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indicativo indemnizatorio.

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva.

De conformidad con lo anterior, se tiene que el monto de los perjuicios que reconoció a favor de los padres y hermanas de la víctima del daño estuvo acorde con los parámetros que estableció esta Corporación, razón por la que se confirmará en este punto la sentencia apelada.

Ahora bien, en relación con las señoras Myriam Guerrero Forero y María Helena Parra, quienes, según la demanda, eran las tías del menor Jhon Alexander Guerrero Parra, se tiene que en el proceso se decretó la práctica de los testimonios de las señoras Esperanza Castellanos Castellanos y Cecilia Morales Contreras, quienes respectivamente afirmaron que ellas cuidaban al menor y que estaban pendiente de él, que querían mucho al menor y que su muerte les causó un gran dolor emocional.

Así las cosas, se encuentra acreditado en el expediente el padecimiento sufrido por las demandantes con ocasión de la muerte de su sobrino, razón por la cual resulta procedente el reconocimiento de perjuicios morales a favor de ellas; sin embargo, se debe aclarar que el tribunal a quo les había reconocido el equivalente a 50 SMLMV, pero esa determinación no se acompasa a los criterios que ha fijado esta corporación, por lo que se modificará la sentencia de primera instancia y se reconocerá un monto equivalente a 35 SMLMV para cada una de las señoras Myriam Guerrero Forero y María Helena Parra.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Lucro cesante.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo de primera instancia negó el reconocimiento de este perjuicio, la Sala confirmará en este punto la sentencia objeto de grado jurisdiccional de consulta.

7. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Santander, el 14 de agosto de 2013, la cual quedará así:

“Primero. DECLARAR al municipio DE Piedecuesta - Inspección de tránsito y transporte administrativa y patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados a Alirio Guerrero Forero, Gladys Parra, Yeraldine Lizeth Guerrero Parra, Nazly Nayely Guerrero Parra, Evelin Yurani Ortiz Parra, Miryiam Guerrero Forero y María Helena Parra, por las razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia.

“Segundo: Como consecuencia del numeral anterior, CONDENAR al municipio de Piedecuesta – Inspección de tránsito y transporte a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes cantidades: A Alirio Guerrero Forero y Gladys Parra en su condición de padres de la víctima directa, la suma en cuantía equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de este fallo, para cada uno de ellos; a Yeraldine Lizeth Guerrero Parra, Nazly Nayeli Guerrero Parra y Evelin Yurani Ortiz Parra, en su condición de hermanas de la víctima directa, la suma en cuantía equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de este fallo, para cada una de ellas; a Myriam Guerrero Forero y María Helena Parra, en su calidad de tías de la víctima directa, la suma en cuantía equivalente a 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de este fallo, para cada una de ellas”.

2. CONFIRMAR en lo demás el fallo consultado.

3. Sin condena en costas.

4. CUMPLIR lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. EXPEDIR al apoderado de la parte actora que ha venido actuando las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejero: Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera

1 Fls. 48 a 63, cdno. 1.

2 Fls. 65 a 67, 70, 72, 74, cdno. 1.

3 Fl. 86, cdno. 1.

4 Fl. 205, cdno. 1.

5 Fls. 108 y 109, cdno. 1.

6 Fl. 333, cdno. 1.

7 Fls. 334 a 340, cdno. 1.

8 Fls. 112 a 126, cdno. ppal.

9 Fl. 450, cdno. ppal.

10 Fls. 454 a 458, cdno. ppal.

11 Fls. 464 a 465, cdno. ppal.

12 Fls. 460 a 463, cdno. ppal.

13 Fl. 64, cdno. 1.

14 Fl. 14, cdno. 1.

15 Fl. 17 a 19, cdno. 1.

16 Fl. 17 a 19, cdno. 1.

17 Certificación expedida el 7 de junio de 2005, por la rectora del Colegio Humberto Gómez Nigrinis. Fl 22, cdno. 1.

18 Documento elaborado por el Colegio Humberto Gómez Nigrinis. Fl 276, cdno. 1.

19 Oficios 0126 – 2004 y 127 – 2004 del 26 de marzo de 2004. Fls. 248 y 249, cdno. 1.

20 Oficio No. 00285 del 19 de abril de 2004, expedido por la Secretaría General y de Gobierno del municipio de Piedecuesta. (fl. 246, cdno. 1).

21 Fl. 264, cdno. 1.

22 Documento denominado “Planilla de Inscripción, Prueba Atlética 15 años”. Fl. 29, cdno. 1.

23 Documento denominado “informe de accidentes No. 0478” del 23 de abril de 2004. Fl. 308, cdno. 1.

24 Certificación expedida por el jefe de Grupo de Gestión Administrativa de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta el 6 de julio de 2004. Fl. 18, cdno. 6.

25 Informe elaborado el 26 de abril de 2004, por el subcoordinador de Transito de Piedecuesta.
Fls. 41 y 42, cdno. 4.

26 Registro civil de defunción de Jhon Alexander Parra Guerrero. Fl. 16, cdno. 1.

27 Protocolo de necropsia 2004P-00359 practicado al cuerpo de quien en vida se llamó Jhon Alexander Guerrero Parra. Fls. 28 a 33, cdno. 7.

28 Fls. 368 a 381, cdno. 1.

29 Ver, por ejemplo, sentencia del 16 de septiembre de 2013, exp: 28.865, proferida por la Subsección A, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, M.P. Hernán Andrade.
Rincón. En esta providencia, entre otras cosas, se dijo: “En cuanto al alcance de las decisiones proferidas en los procesos penales dentro de los procesos que se ventilan en esta jurisdicción, ha explicado la Sección que, en principio, no comprometen la decisión del juez contencioso quien deberá valorar la prueba que se arrime al proceso para determinar si comparte o no, las conclusiones a que hubiere llegado el fallador penal. De lo anterior se sigue que la Sala no puede tener por ciertas las conclusiones obtenidas en el proceso penal atrás referenciado, en lo que se refiere a la forma en la cual ocurrieron los hechos, toda vez que en esas actuaciones se tuvo como fundamento, de manera principal, la prueba testimonial que allá se practicó, la cual, como se dijo previamente, no resulta susceptible de ser valorada en esta instancia, toda vez que tales declaraciones no fueron ratificadasen el proceso contencioso. Así las cosas, ante la ausencia de pruebas que señalen la forma como ocurrió el accidente de tránsito, la Sala considera que resulta imposible condenar al Estado a título de falla en el servicio, toda vez que no aparece probado que el accidente hubiese sido causado por una conducta irregular del conductor del vehículo, toda vez que en el informe de tránsito, única probanza al respecto, no aparece ningún elemento probatorio que demuestre alguna conducta inadecuada del agente estatal (…)” (se destaca).

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero de 2009, exp. 17.145 y de 26 de marzo de 2008, exp. 16.530, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

31 Sentencia del 30 de noviembre de 2006, Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez, expediente 15473; sentencia del 4 de diciembre de 2.007, exp. 16.827.

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 14 de junio de 2001, exp. 12.696 y de abril 27 de 2006, exp. 27.520, M.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez reiteradas en la sentencia del 24 de marzo de 2011, exp 19.032. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

33 La Ley 43 de 1975 había “nacionalizado” los servicios educativos públicos hasta el bachillerato y reguló la forma de prestarlos y de administrarlos por la Nación, que asumió la competencia directa de la prestación de este servicio.

34 El cual establece “ART. 153.—Administración municipal de la educación. Administrar la educación en los municipios es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y personal administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir la educación en el municipio; todo ello de acuerdo con lo establecido en la presente ley, el estatuto docente y en la Ley 60 de 1993”.

35 Fls. 44 y 45, cdno.1.

36 Original de la cita: “Sentencia de 17 de marzo de 2010, exp. 18.567”.

37 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2011, exp. 19.961. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

38 Cita del original: “Sentencia de 4 de junio de 2008, exp. 15.701; M.P. Dra. Myriam Guerrero de Escobar”.

39 Cita del original: “Auto de 30 de enero de 2008, exp. 34.542; M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez”. 40 Cita del original: “Código Contencioso Administrativo, artículo 184, inciso cuarto: ‘La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem”.

40 Cita del original: “Sentencia de 25 de febrero de 2009, exp. 25.508; M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez”.

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de mayo de 2013, exp 28.648, M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth.