Sentencia 2005-03956 de abril 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 080012331000200503956 01

Nº Interno: 18685

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: ROHM AND Haas Colombia S.A.

Demandado: UAE DIAN

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala decide sobre la nulidad de i) la Resolución 90007 del 7 de junio de 2005, mediante la que se resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago 80117 del 4 de marzo de 2005 y ii) la Resolución 90011 del 31 de agosto de 2005, mediante la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto que decidió las excepciones.

En concreto, a la Sala le corresponde decidir si se encuentran configuradas las excepciones de falta de título ejecutivo y de falta de ejecutoriedad del título.

Hechos relevantes para decidir el caso.

Para decidir se tienen como relevantes los siguientes hechos:

Los días 21, 24 y 29 de marzo de 2000, la Administración de Impuestos y Aduanas de Barranquilla expidió los actos administrativos que se relacionan a continuación, mediante los que determinó los tributos aduaneros —gravamen arancelario e IVA— a cargo de la demandante, por la finalización de ciertas operaciones de importación de mercancías por la modalidad temporal para perfeccionamiento activo, en ejecución del programa aprobado por los sistemas especiales de importación-exportación ―Plan Vallejo [D.L. 444/64].

Número de resoluciónFecha de expediciónValor
86721 de marzo de 2002$ 996.182
87024 de marzo de 2000$ 104.410
93229 de marzo de 2000$ 2.079.021
86224 de marzo de 2000$ 188.540
86324 de marzo de 2000$ 143.150
86424 de marzo de 2000$ 265.449
86524 de marzo de 2000$ 617.862
86624 de marzo de 2000$ 2.965.612
86824 de marzo de 2000$ 390.155
87124 de marzo de 2000$ 90.851
87224 de marzo de 2000$ 763.924
87324 de marzo de 2000$ 164.583
87424 de marzo de 2000$ 48.715
87524 de marzo de 2000$ 187.928
87624 de marzo de 2000$ 1.035.005
87724 de marzo de 2000$ 435.407
87824 de marzo de 2000$ 271.852
87924 de marzo de 2000$ 599.129
88024 de marzo de 2000$ 516.102
88124 de marzo de 2000$ 3.614.123
88224 de marzo de 2000$ 34.371
88324 de marzo de 2000$ 278.431
88424 de marzo de 2000$ 338.002
88524 de marzo de 2000$ 2.877.220
88624 de marzo de 2000$ 202.351
88724 de marzo de 2000$ 304.037
88824 de marzo de 2000$ 4.061.885
88924 de marzo de 2000$ 6.195.179
89024 de marzo de 2000$ 2.790.898
89124 de marzo de 2000$ 31.117
89224 de marzo de 2000$ 369.516
89324 de marzo de 2000$ 1.104.505
89424 de marzo de 2000$ 417.798
89524 de marzo de 2000$ 366.665
89624 de marzo de 2000$ 1.230.347
93329 de marzo de 2000$ 696.420
93429 de marzo de 2000$ 2.995.142
93529 de marzo de 2000$ 1.518.420
93629 de marzo de 2000$ 66.311
93729 de marzo de 2000$ 3.118.206
93829 de marzo de 2000$ 102.521
93929 de marzo de 2000$ 226.214
94029 de marzo de 2000$ 890.141
94129 de marzo de 2000$ 333.388
94229 de marzo de 2000$ 484.514
94329 de marzo de 2000$ 27.295
94429 de marzo de 2000$ 1.474.314
94529 de marzo de 2000$ 971.404
94629 de marzo de 2000$ 1.794.791
96029 de marzo de 2000$ 95.994
96129 de marzo de 2000$ 215.788
96229 de marzo de 2000$ 312.046
96329 de marzo de 2000$ 458.712
96429 de marzo de 2000$ 1.192.201
96529 de marzo de 2000$ 3.542.331
96629 de marzo de 2000$ 227.785

Total 56.832.229(1) 

2. El 4 de marzo de 2005, la Administración de Impuestos y Aduanas de Barranquilla libró el mandamiento de pago 80117 contra la demandante por las sumas determinadas en las resoluciones referidas en el numeral anterior(2).

3. El 12 de febrero de 2007, la parte actora, mediante apoderado especial, propuso las excepciones de inexistencia y la falta de ejecutoria del título ejecutivo contra el mandamiento de pago(3). Esta última excepción fue propuesta contra las resoluciones 867, 870, 862, 864, 865, 866, 860, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 899, 890, 892, 893, 894, 895 y 896, al considerar que fueron indebidamente notificadas.

4. El 7 de junio de 2005, la Administración de Impuestos y Aduanas de Barranquilla, mediante la Resolución 90007, declaró no probadas las excepciones propuestas por la demandante y dispuso continuar la ejecución(4).

5. El 11 de agosto de 2005, la parte actora interpuso recurso de reposición contra la Resolución 90007 del 7 de junio de 2007(5).

6. El 31 de agosto de 2005, la Administración de Impuestos y Aduanas de Barranquilla expidió la Resolución 90011 mediante la que resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado(6).

Lo que discuten las partes

La parte actora alegó, tanto en la demanda como en la apelación de la sentencia, que debían prosperar las excepciones de falta de título ejecutivo y de falta de ejecutoriedad del título propuestas contra el mandamiento de pago.

La falta de título ejecutivo la sustentó en que, a su juicio, las resoluciones con fundamento en las que la DIAN libró el mandamiento de pago no eran liquidaciones oficiales. Que se trataba de simples respuestas a un derecho de petición presentado con el propósito de conocer, a título informativo, el valor de los tributos aduaneros a pagar en el evento de que decidiera finalizar la importación temporal de ciertas mercancías.

Que, en consecuencia, no existía un título ejecutivo a partir del cual se pudiera dar inicio al proceso de cobro coactivo porque para esos efectos se requería de la expedición de una liquidación oficial.

De otra parte, la falta de ejecutoria del título la justificó en que la notificación de las resoluciones que se pretenden ejecutar no se hizo en debida forma, puesto que dicha diligencia se surtió con un tercero sin capacidad para tales efectos.

Consideraciones de la Sala

• De la excepción de falta de título ejecutivo.

Respecto de esta excepción, la Sala considera que no se encuentra configurada, por las siguientes razones:

En el expediente no obra copia de la petición que, según la demandante, motivó la expedición de los actos administrativos que se pretenden ejecutar. No obstante, en la parte considerativa de cada de una de las resoluciones ejecutadas se alude a las razones que motivaron la expedición.

Así, en el numeral primero de las resoluciones demandadas, la DIAN precisó que la demandante presentó —en los años 1993 y 1994— declaraciones de importación sometidas al régimen de importación temporal para el perfeccionamiento activo —Sistemas especiales de importación de Plan Vallejo, [operaciones previstas en el literal b) del artículo 173 del Decreto-Ley 444 de 1967(7), que corresponden a materias primas e insumos].

Luego, la DIAN, en las resoluciones demandadas dijo, expresamente, lo siguiente:

“el señor coordinador de compras de la empresa importadora (…) mediante escrito radicado con el Nº 2417 del 22 de septiembre de 1999, solicitó a la división de liquidación aduana de esta administración, la liquidación oficial de valor agregado IVA en el programa Plan Vallejo, con el fin de dar cumplimiento a la Circular 85 de 1992 y dejar en libre circulación los bienes de capital, importados al amparo del programa PV-Nº BR-0015, con cumplimiento del 100% de compromisos de exportación asumidos ante el Incomex, según la certificación anexa 023635 de 6 de julio de 1999, emanada del mismo Instituto de Comercio Exterior”.

Adicionalmente, las resoluciones demandadas dejaron la constancia de que se había iniciado una actuación administrativa con el ánimo de verificar el original de las declaraciones de importación de los bienes de capital importados al amparo del programa Plan Vallejo autorizado a la demandante [art. 173, lit. c), D.L. 444/67].

De esa verificación se dejó constancia de que la demandante cumplió los compromisos de exportación, pues el Incomex ya había certificado el cumplimiento.

Por lo tanto, la DIAN procedió a liquidar el impuesto sobre las ventas de conformidad con la Circular 85 de 1992, en armonía con el artículo 6º del Decreto 1909 de 1992 y el artículo 50 de la Ley 223 de 1995.

De los antecedentes narrados, la Sala considera que los actos administrativos demandados sí son verdaderas liquidaciones del impuesto sobre las ventas por cuanto, mediante la interposición de una petición se promovió ante las autoridades tributarias y aduaneras la liquidación del IVA, por cumplir los compromisos de exportación.

En efecto, el artículo 19 del Decreto-Ley 1909 de 1992(8) enunciaba las diferentes modalidades de importación, entre las que se regulaba la importación temporal para perfeccionamiento activo, definida en el artículo 231 del Decreto 2666 de 1984, como el régimen que permite recibir dentro del territorio aduanero colombiano, con suspensión total o parcial de derechos de importación, mercancías específicas destinadas a ser reexportadas total o parcialmente en un plazo determinado, después de haber sufrido transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios para estas operaciones.

También se pueden importar por ese régimen las maquinarias, equipos, repuestos y las partes o piezas para fabricarlos en el país, que vayan a ser utilizadas en la producción y en la comercialización, en forma total o parcial, de bienes y servicios destinados a la exportación.

En concordancia con la anterior disposición, el artículo 236 del Decreto 2666 de 1984(9) establecía que los bienes de capital y repuestos importados en desarrollo de los artículos 173, literal c) y 174 del Decreto-Ley 444 de 1967, no podrán enajenarse ni destinarse a un fin diferente al autorizado antes de estar en libre circulación, lo cual ocurrirá una vez se hubieran cumplido totalmente los compromisos de exportación adquiridos.

Ahora bien, el artículo 46 del Decreto 1909 de 1992 precisó que la modalidad de importación temporal podía terminarse por la reexportación o por la importación ordinaria de la mercancía, por su decomiso, abandono o destrucción.

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 1909 de 1992, se institucionalizó el procedimiento de terminar la modalidad de importación temporal por importación ordinaria, mediante la presentación de la declaración de modificación de la modalidad de importación.

El artículo 110 dispuso que las declaraciones presentadas a la aduana con anterioridad a la expedición de ese decreto se regularían por las normas vigentes a la fecha de solicitud del régimen, salvo lo concerniente a la modificación, cancelación o terminación de los regímenes con suspensión de tributos aduaneros, caso en el que se les aplicarían las disposiciones sobre las modalidades de importación contempladas en el Decreto 1909 de 1992.

La DIAN, mediante la Circular 85 de 3 de enero de 1992, pretendió dar aplicación a lo ordenado por el Decreto 1909 de 1992 y, por lo tanto, instruyó a todos los usuarios y administradores de aduanas del país sobre el procedimiento que se debía seguir para pagar el impuesto sobre las ventas en los casos de importaciones de bienes de capital al amparo de los sistemas especiales —Plan Vallejo, artículos 173-174 del Decreto-Ley 444 de 1967.

Respecto de los trámites que debía seguir el usuario, la Circular 85 de 1992 precisó:

Trámites del usuario

1. Cuando se hayan importado bienes de capital al amparo de sistemas especiales y una vez cumplido el último compromiso de exportación y se decida el despacho para consumo el importador deberá solicitar por escrito ante la división operativa de la aduana por la cual legalizó el ingreso del bien de capital al país, la liquidación oficial del impuesto al valor agregado (IVA). A la solicitud deberá anexar la copia del documento de importación y el original de la certificación de autorización de depreciación total expedida por el Incomex.

En el siguiente acápite, la circular precisó:

Trámites de aduana:

1. Recibida la solicitud de liquidación del impuesto al valor agregado (IVA), el funcionario aduanero procederá a verificar que se encuentre anexa la autorización expedida por el Incomex y la copia del documento de importación, solicitará al archivo división legal y secretaría, el original del documento de importación para efectos de confrontación de los datos suministrados por el importador.

2. La base imponible se determinará sobre el valor CIF, de conformidad con lo establecido en el Decreto 298 de 1989 reglamentada con la Instrucción 16 de 1989, expresada en dólares de los Estados Unidos de América, liquidada a la tasa de cambio representativa del mercado, informada por la Superintendencia Bancaria, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de elaboración del comprobante de pago, de conformidad con lo establecido en la Resolución 5041 del 3 de diciembre de 1991”.

3. Los trámites de notificación y pago se harán conforme a lo establecido en la Resolución 3083 de 1990.

4. La libre disposición del bien se otorga colocando un sello con la siguiente leyenda “Por haberse dado cumplimiento a los compromisos de exportación y haber cancelado las obligaciones tributarias la mercancía amparada por el presente documento se encuentra a libre disposición del importador” en el cuerpo de la declaración de importación, original y copia del importador, refrendada con la firma y sello del funcionario liquidador y del jefe de la división operativa.

5. La aduana remitirá diariamente a la división de origen y control del Incomex la relación de los pagos realizados por este concepto. (…)”.

En el caso concreto, es un hecho probado que la demandante cumplió los compromisos de exportación adquiridos con ocasión de la autorización del programa Plan Vallejo y, efectivamente, es cierto que pudo haber dado por terminada la modalidad de importación temporal pagando el impuesto sobre las ventas, lo que no hizo, o reexportando la mercancía, de lo cual no existe prueba en el expediente. O bien la DIAN pudo aprehender la maquinaria y decomisarla por el hecho de que el demandante no dio por terminada la modalidad de importación temporal ni por importación ordinaria ni por reexportación.

Sin embargo la demandante pudo proponer en la instancia de discusión de las liquidaciones oficiales del impuesto sobre las ventas o ante la jurisdicción contencioso administrativo, si hubiera decidido demandar tales liquidaciones, que su interés nunca fue el de dar por terminada la importación temporal por la importación ordinaria o cualquier otra forma válida de terminación de la modalidad diferente de aquellas que se derivaran del incumplimiento, y probarlo. Como no lo hizo, el proceso de ejecución de las liquidaciones oficiales o el de revisión de los actos proferidos en ese proceso de ejecución no es el escenario pertinente para hacerlo, pues, de conformidad con el artículo 829-1 del estatuto tributario, en el procedimiento administrativo de cobro no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa.

Por lo anterior, la Sala considera que la parte actora no acreditó que las resoluciones ejecutadas hubieran sido expedidas a título meramente informativo sino que, por el contrario, acudió a la administración para que le liquidaran el IVA con el claro propósito de dejar en libre disposición los bienes importados de manera temporal, pues ya había acreditado el cumplimiento de los compromisos de exportación asumidos ante el Incomex.

En consecuencia, es claro que las resoluciones demandadas son títulos ejecutivos a favor de la administración en las que se liquidó una suma de dinero que, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º artículo 828 del estatuto tributario(10) prestan mérito ejecutivo.

• De la excepción de falta de ejecutoria de los títulos ejecutivos

La demandante también alegó que los actos demandados no le fueron notificados. Que la notificación se le hizo al agente de aduanas que lo representaba ante la DIAN para surtir los trámites aduaneros. Que, por lo tanto, las resoluciones demandadas no le eran oponibles.

Sobre el particular se precisa:

El artículo 829 del estatuto tributario(11) dispone que los actos administrativos que fundamentan el cobro coactivo quedan ejecutoriados cuando contra ellos no procede ningún recurso; los recursos procedentes no se interponen o no se presentan en debida forma; se renuncia expresamente a los recursos o se desiste de los mismos, y los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones ordinarias, se deciden definitivamente.

Cómo lo ha señalado la Sala, la ejecutoriedad depende de la firmeza del acto y ésta, a su vez, de que el mismo sea oponible. Que la oponibilidad, por su parte, es producto de la publicidad de la decisión administrativa, que, en el caso de los actos particulares se cumple con la notificación de los mismos(12).

De tal manera que si el acto administrativo no se notifica al interesado o se notifica indebidamente, no produce efecto jurídico y, por tanto, no puede quedar ejecutoriado. Que además, si la obligación no está en firme no es posible iniciar su cobro por falta de exigibilidad de la misma.

De igual manera, la Sala ha señalado que el artículo 831 del estatuto tributario, consagra como excepción contra el mandamiento de pago la falta de ejecutoria del título, en cuyo caso el ejecutado puede cuestionar la falta de notificación del título, pues para que el acto tenga vocación de ejecutoria y sea exigible, debe producir efectos jurídicos, y que esto sólo ocurre cuando se da a conocer al interesado mediante las formas de notificación previstas en la ley(13).

Las partes concuerdan en que las resoluciones ejecutadas fueron notificadas al representante legal de Aduanas Hubermar S.A. SIA pero la demandante advierte que la notificación hecha en esos términos no tiene validez, pues se requería que le fueran notificadas directamente y no a un tercero.

La Sala verifica que del total de las resoluciones que constituyen el título ejecutivo, las que se relacionan a continuación efectivamente fueron notificadas al representante legal de Aduanas Hubermar S.A. SIA el 28 de marzo de 2000, tal como se advierte en la constancia de notificación personal inserta en cada una de ellas(14).

Número de resoluciónFecha de expediciónValor
86224 de marzo de 2000100.539
86324 de marzo de 200014.149
86424 de marzo de 2000295.440
86524 de marzo de 2000617.861
86624 de marzo de 20002.965.611
86724 de marzo de 2000996.182
86824 de marzo de 2000390.155
87024 de marzo de 2000104.409
87124 de marzo de 200090.850
87224 de marzo de 2000763.924
87324 de marzo de 2000164.503
87424 de marzo de 200048.714
87524 de marzo de 2000107.927
87624 de marzo de 20001.065.004
87724 de marzo de 2000435.406
87824 de marzo de 2000271.581.
87924 de marzo de 2000599.128
88024 de marzo de 2000516.101
88124 de marzo de 20003.614.123
88224 de marzo de 200034.371
88324 de marzo de 2000278.430
88424 de marzo de 2000338.001
88524 de marzo de 20002.877.220
88624 de marzo de 2000202.351
88724 de marzo de 2000304.037
88824 de marzo de 20004.061.885
88924 de marzo de 20006.195.179
89024 de marzo de 20002.790.897
89124 de marzo de 200031.116
89224 de marzo de 2000369.515
89324 de marzo de 20001.104.505.
89424 de marzo de 2000417.798
89524 de marzo de 2000366.664
89624 de marzo de 20001.230.347

En relación con las restantes resoluciones, la administración certificó que fueron notificadas por correo mediante planilla 408 del 6 de abril de 2000.

Además de lo expuesto, en cada una de las resoluciones se advierte que éstas quedaron ejecutoriadas el 4 de abril de 2000, para el caso de las que se notificaron por correo, y el 16 de abril de 2000, respecto de las que se notificaron personalmente al representante legal de Aduanas Hubemar S.A. SIA.

El artículo 98 del Decreto 1909 de 1992(15), vigente para el época en que ocurrieron los hechos, establecía que las liquidaciones oficiales debían notificarse por correo o personalmente.

El artículo 99(16) del referido decreto disponía que la notificación por correo se debía practicar mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección procesal y que se entendía surtida al día siguiente de la fecha de su introducción al correo. El artículo 100, ibídem, preveía que la notificación personal se debía practicar en el domicilio del interesado o en la administración respectiva, cuando el notificado se presentara voluntariamente a notificarse o porque hubiera mediado citación para el efecto.

En el presente caso está acreditado que el representante legal de Aduanas Hubemar S.A. Cía. se había constituido en apoderado especial de la demandante, tal como se advierte en el poder especial otorgado, para los siguientes fines.

(…) “por medio del presente confiero poder especial, amplio y suficiente a la sociedad Aduanas Hubemar Ltda. para que en la regional Aduana Barranquilla represente los intereses de nuestra compañía en calidad de agentes de aduana en todo lo relacionado con el manejo de las importaciones, exportaciones, pagos, recibos, entregas o traspaso de cargamentos, firma de documentos, protestas de aforos y demás reclamaciones que puedan presentarse en defensa de los intereses de Romh and Haas de Colombia S.A. ante la regional Aduana Barranquilla”(17).

Para la Sala, la prueba aportada da cuenta de que Aduanas Hubemar S.A. Cía. estaba facultada para manejar todo lo concerniente, entre otros asuntos, a las operaciones de importación. En consecuencia, ese agente de aduanas estaba facultado para todo lo que tenía que ver con la terminación de la modalidad de importación temporal de las maquinarias respecto de las cuales la DIAN liquidó oficialmente el impuesto sobre las ventas, a instancia de la petición incoada por la misma demandante. De contera, conforme con el poder conferido, estaba facultada para intervenir en las reclamaciones que pudieran presentarse en defensa de los intereses de la demandante.

Por lo anterior, la Sala considera que para la fecha en que se libró el mandamiento de pago, las resoluciones se encontraban en firme y debidamente ejecutoriadas, pues una vez notificadas en debida forma, no se interpusieron los recursos a los que había lugar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(1) Verificada la sumatoria de la tabla, la Sala advierte que arroja un valor de $ 56.824.257.

(2) Folio 305 al 308, Constitución Política.

(3) Folios 309 al 315, Constitución Política.

(4) Folios 330 y 335, Constitución Política.

(5) Folio 336 al 341, Constitución Política.

(6) Folios 342 al 345, Constitución Política.

(7) El artículo 173 del Decreto-Ley 444 de 1967 fue modificado por el Decreto 688 de 1967 en los siguientes términos:

ART. 16.—El artículo 173 del Decreto 444 de 1967, quedará así:

“ART. 173.—Los contratos a que se refiere el artículo anterior podrán también celebrarse en los siguientes casos:

a) Con empresarios productores que se propongan importar materias primas u otros insumos para elaborar artículos que aunque no estén destinados directamente a los mercados externos, vayan a ser utilizados en su totalidad por terceras empresas para producir bienes de exportación. En este caso los contratos deberán ser suscritos conjuntamente por el empresario que proyecta la importación, y por el tercero o terceros que fabricarán los artículos exportables. Unos y otros serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones que en dichos contratos se establezcan;

b) Cuando se trate de la producción de artículos que si se importaran estarían exentos del pago de derechos de aduana, aunque la exportación de ellos sea solo parcial. En este caso la Superintendencia de Comercio Exterior deberá comprobar que las materias primas y los insumos importados se emplearon totalmente en la fabricación de dichos y fijará los porcentajes mínimos que deben ser exportados, y

c) Para la importación de maquinaria y equipos destinados a la instalación o ensanche de empresas cuando los aumentos de producción se destinen en su totalidad a la exportación, previo el otorgamiento de una garantía satisfactoria de que dichos equipos se utilizarán en la producción de bienes para la exportación por un período no inferior al e que se considera normal para la depreciación del 90 por ciento del valor del equipo".

(8) ART. 19.—Modalidades de importación. De acuerdo con su naturaleza y condiciones las importaciones podrán tener las siguientes modalidades:

a) Importación ordinaria;

b) Importación con franquicia;

c) Reimportación por perfeccionamiento pasivo;

d) Reimportación en el mismo estado;

e) Importación en cumplimiento de garantía;

f) Importación temporal para reexportación en el mismo estado;

g) Importación temporal para perfeccionamiento activo;

h) Importación para transformación y ensamble;

i) Tráfico postal y envíos urgentes por avión; y,

j) Entregas urgentes.

(9) ART. 236.—Limitación a la circulación de bienes de capital y repuestos. Los bienes de capital y repuestos importados en desarrollo de los artículos 173, literal c) y 174 del Decreto-Ley 444 de 1967, no podrán enajenarse ni destinarse a fin diferente del autorizado antes de estar en libre circulación lo cual ocurrirá una vez se hayan cumplido totalmente los compromisos adquiridos.

(10) ART. 828.—Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.

3. Los demás actos de la administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales.

PAR.—Para efectos de los numerales 1º y 2º del presente artículo, bastará con la certificación del administrador de impuestos o su delegado, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales.

Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario competente.

(11) ART. 829.—Ejecutoria de los actos. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.

2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y

4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Héctor J. Romero Díaz, Bogotá, D.C., 26 de octubre de 2009, radicación: 440012331000200400191 01, número interno 16976. Actor: Carmen Deyanira García Luque, Demandado: UAE DIAN.

(13) Ibídem.

(14) Folios 169 al 329, Constitución Política.

(15) ART. 98.—Formas de notificación. Los autos que ordenen inspecciones aduaneras, los emplazamientos para declarar o corregir, pliegos de cargos, liquidaciones oficiales, citaciones y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente. Cuando estos actos se profieran dentro del proceso de importación la notificación se realizará por estado.

(16) ART. 99.—Notificación por correo. La notificación por correo se practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección procesal y se entenderá surtida al día siguiente de la fecha de su introducción al correo.

Cuando el acto administrativo se envíe a una dirección errada se podrá corregir en cualquier tiempo enviándolo a la dirección correcta. En este caso los términos comenzarán a correr a partir de la notificación efectuada en debida forma.

Las actuaciones notificadas por correo que por cualquier razón sean devueltas por el correo serán notificadas mediante aviso publicado en un periódico de amplia circulación. En este evento la notificación se entiende surtida para la administración a partir del día siguiente a la fecha de introducción al correo, pero para el responsable el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso.

(17) Folio 329, Constitución Política.