Sentencia 2005-04525 de noviembre 10 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Expediente 250002325000200504525-01

Referencia: 0378-2009

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Sonia Esperanza García de Sarmiento

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., noviembre diez del año dos mil diez.

EXTRACTOS: «Considera

En el presente asunto se solicita a nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios Nos. DSAF-23001557 del 26 de febrero de 204 y DSAF 23-018819 del 3 de noviembre de 2004, mediante los cuales se resolvieron los derechos de petición interpuestos ante la Fiscalía General de la Nación el 5 de febrero de 2004 y el 21 de octubre de 2004 respectivamente.

La nulidad de la Resolución 000001 del 5 de enero de 2005, notificado el 14 del mismo mes y año, por la cual se resuelve el recurso de apelación y decide revocar en todas sus partes la decisión contenida en el oficio DSAF 23 3 18767 del 7 de noviembre de 2004, en cuanto no incluyó en el pago de las cesantía el 30% de la prima especial como factor salarial para su liquidación.

Previo a resolver el problema de fondo, la Sala considera necesario hacer la siguiente aclaración en relación con las cesantías.

La Sección Segunda de esta corporación, ha precisado que la cesantía, es una prestación social que no es periódica, toda vez que se causa por periodos determinados, es decir, que el derecho a percibirla se agota al concluir el ciclo que la origina, situación que obliga a la administración a reconocerla y pagarla a través de un acto administrativo cuya legalidad puede ser controvertida previo agotamiento de la vía gubernativa cuando a ellos hubiere lugar. Dicho acto, puede ser controvertido a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 4 meses siguientes a su notificación, so pena de producirse la caducidad de la acción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 del Código Contencioso Administrativo. Así las cosas, en principio no es posible que con una petición posterior se pueda solicitar a la administración la revisión del valor reconocido por dicho concepto.

No obstante, dicho criterio no puede ser aplicado de manera general y sin tener en cuenta el contexto en el cual se origina la nueva petición, pues tal y como ocurre en este evento, cuando se ha expedido un acto administrativo anual de liquidación que no fue controvertido ni en sede gubernativa ni judicial, puede concluirse que tal ausencia de controversia obedece a la seguridad que tenía el beneficiario de que su derecho se encontraba bien liquidado, sin embargo, si estando ejecutoriado el acto surge una expectativa legítima traducida en el incremento porcentual en la base de liquidación de la cesantía anual en beneficio del administrado, es decir, un hecho nuevo, producto de decisiones judiciales que anulan la norma y que es aplicable a su situación, queda facultado para solicitar a la administración la respectiva reliquidación.

En el presente asunto, la actora se encontraba sometida al régimen salarial y prestacional previsto en el Decreto 53 de 1993, es decir, la administración le reconocía y cancelaba anualmente el auxilio de cesantías según el decreto vigente para cada anualidad, como en efecto ocurrió según se desprende de los hechos de la demanda, lo que permite concluir, en principio, que frente a los actos de reconocimiento, se configuró la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

A pesar de lo anterior y una vez fueron expedidos y ejecutoriados los actos administrativos de reconocimiento de las cesantías, surgió para la actora una expectativa legítima de un derecho que finalmente se concretó con la anulación de las normas que le restaban el carácter salarial al 30% que a título de prima especial percibía, por tal razón, desde este instante, surgió para cada uno de los servidores de la Fiscalía General de la Nación a los que se dirigía la norma anulada, el derecho a que dentro de la base de liquidación de las prestaciones y de las cesantías se incluyera el 30% percibido a título de prima especial, es decir, surgió un derecho subjetivo que faculta al administrado para solicitar a la administración su reconocimiento.

En el caso concreto, la demandante obró de conformidad con la expectativa que surgió en razón a la sentencia que anuló la expresión “sin carácter salarial”, lo que motivó el pronunciamiento de la administración a través de los actos administrativos objeto de inconformidad, que vale la pena resaltar, fueron demandados en término, es decir, dentro de los cuatro meses que la ley prevé sin que se hubiera comprobado la prescripción, pues desde el momento en que surgió el derecho (la ejecutoria de la sentencia del 14 de febrero de 2002)(1) que anuló la referida expresión contenida en el artículo 7º del Decreto 038 de 1999 la que consideraba dicho porcentaje (30%) como parte integrante del salario, hasta la fecha en que radicó la solicitud de reliquidación (oct. 21 de 2004) no había transcurrido un tiempo superior a los tres años que como término prescriptivo resulta aplicable al tenor de lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

Posteriormente, se profirieron en los mismos términos las siguientes sentencias: I) 15 de abril de 2004 que anuló el artículo 8º del Decreto 2743 de 2000, II) 3 de marzo de 2005 que anuló los artículos 6º del Decreto 53 de 1993 y 7º de los decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y 52 de 1997, III) 13 de septiembre de 2007 que anuló los artículos 7º y 8º de los decretos 050 de 1998 y 2729 de 2001 respectivamente, situación que concretó la expectativa del derecho que se reclama, tendiente a la inclusión del 30% en la base de liquidación de las prestaciones sociales reconocidas desde el año 1993 en adelante.

Además de lo anterior y en razón a que la exigibilidad tuvo lugar con plena certeza a partir de la expedición de las citadas sentencias, los servidores o ex servidores de la Fiscalía General de la Nación, podían reclamar el reconocimiento sin que de ellos se desprenda que lo que pretendían era revivir los términos de la caducidad para poder acudir ante la jurisdicción, además, porque no se está discutiendo el contenido de los actos que le reconocieron anualmente la cesantía, sino la negativa a la inclusión de un derecho que surgió con posterioridad a dicho reconocimiento.

Sobre este punto, concluye la Sala que a pesar de ser la cesantía un derecho que se causa anualmente y que como tal tiene el carácter de definitiva, no es aceptable la negativa de la base de liquidación de las cesantías, pues de un lado, existe una situación que puede llegar a ser favorable para el servidor, y de otro, no se presenta el fenómeno de la variación de remuneración del servidor público ya que este porcentaje se venía percibiendo mensualmente, es decir, que existiendo un hecho nuevo generador de una expectativa legítima que implica el mejoramiento de un derecho laboral económico, una vez agotada la vía gubernativa, el administrado queda facultado para acudir a la jurisdicción en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que sea la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que decida sobre la viabilidad de acceder o no a la pretensión de reliquidación.

Hecha la anterior precisión, para efectos de decidir se tiene lo siguiente:

Se trata de establecer si la prima especial equivalente al 30% de la asignación mensual es o no factor salarial para los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y en consecuencia, determinar si la demandante tiene derecho a que sus prestaciones y cesantías que reajusten con inclusión del porcentaje señalado.

El Decreto 2699 de 1991, estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación, determinó en cuanto al régimen salarial de sus empleados en el numeral 1º del parágrafo del artículo 64, lo siguiente:

“PAR. 1º—Las personas que se vinculen por primera vez o se acojan a la escala salarial prevista en el artículo 54, solo tendrán derecho al sueldo que corresponda al cargo según la nomenclatura y escala de salarios aquí señalados; no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascencional y de capacitación u otras especiales que estuvieren percibiendo antes de su incorporación a la nueva planta.

Si por razón de estas primas tuvieren un sueldo superior al que les corresponde en el nuevo cargo, seguirán percibiendo este hasta su retiro y sobre dicho sueldo se liquidarán los incrementos anuales en el porcentaje que señale la ley.

2. Las actuales fiscalías de los juzgados superiores, penales del circuito y superiores de aduana, y de orden público, pasarán a la Fiscalía General de la Nación. Igualmente pasarán a la Fiscalía General de la Nación. la dirección nacional y las direcciones seccionales de Instrucción Criminal, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y los juzgados de instrucción criminal de la justicia ordinaria, de orden público y penal aduanera.

Para los jueces municipales la implantación se podrá extender por el término de cuatro años contados a partir de la expedición de la Constitución Nacional.

Igualmente se incorporarán los funcionarios y empleados de la Dirección Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Justicia con sus dependencias seccionales, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, creado por este decreto.

3. Los funcionarios y empleados mencionados anteriormente, podrán optar por una sola vez, entre el régimen salarial y prestacional que actualmente tienen o la escala de salarios prevista en el artículo 54 de este estatuto. Dicha opción podrá ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la incorporación del funcionario o empleado a la Fiscalía General de la Nación”.

La anterior norma, cobija a la demandante si se tiene en cuenta que se vinculó a la Fiscalía General de la Nación a partir del 1º de julio de 1992. En ella no se hizo referencia a la prima especial de servicios, pues tal concepto fue previsto en la Ley 4ª de 1992, en los siguientes términos:

“ART. 14.—El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los magistrados de todo orden de los tribunales superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993”.

Como se puede observar, dicha norma facultó al Gobierno Nacional para crear una prima especial de servicios que puede oscilar entre el 30% y el 60% del salario básico, sin embargo, excluyó de tal beneficio al personal de la Fiscalía General de la Nación que optara por la escala de salarios de esa entidad.

En cuanto al alcance de la expresión “… excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del 1º de enero de 1993”, la Sección Segunda de esta corporación, precisó:

(…).

Aquí es importante destacar el origen de dos formas de aplicación de la escala salarial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación:

A) La aplicable a aquellos provenientes de otras entidades, que debían incorporarse a la Fiscalía General de la Nación y que no se acogieron a la escala salarial prevista en el artículo 54 del Decreto 2699 de 1991. Estos además de la asignación básica tenían derecho a las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación u otras que estuvieren percibiendo antes de su incorporación a la nueva planta, y

B) La aplicable a quienes se vincularon por primera vez o se acogieron a la escala de salarios prevista en el artículo 54 del Decreto 2699 de 1991.

A los primeros se refiere el numeral 2º parágrafo del artículo 64 del Decreto 2699 de 1991, cuyo tenor es:

ART. 64.—El Fiscal General establecerá la nomenclatura de empleos, teniendo en cuenta los niveles establecidos en este capítulo e incorporando los distintos servidores a la planta de personal establecida para la Fiscalía.

PAR.

2. Las actuales fiscalías de los juzgados superiores, penales del circuito y superiores de aduana, y de orden público, pasarán a la Fiscalía General de la Nación. Igualmente pasarán a la Fiscalía General de la Nación, la dirección nacional y las direcciones seccionales de instrucción criminal, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y los juzgados de instrucción criminal de la justicia ordinaria, de orden público y penal aduanera.

Para los jueces municipales la implantación se podrá extender por el término de cuatro años contados a partir de la expedición de la Constitución Nacional. Igualmente se incorporarán los funcionarios y empleados de la Dirección Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Justicia, con sus dependencias seccionales, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses creado por este decreto.

Los funcionarios y empleados mencionados anteriormente, podrán optar por una sola vez, entre el régimen salarial y prestacional que actualmente tienen o la escala de salarios prevista en el artículo 54 de este estatuto. Dicha opción podrá ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la incorporación del funcionario o empleado a la Fiscalía General de la Nación”.

A los segundos se refiere la misma disposición en el numeral 1º en los siguientes términos:

Las personas que se vinculen por primera vez o se acojan a la escala salarial prevista en el artículo 54, solo tendrán derecho al sueldo que corresponda al cargo según la nomenclatura y escala de salarios aquí señalados; no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación u otras que estuvieren percibiendo antes de su incorporación a la nueva planta.

Si por razón de estas primas tuvieren un sueldo superior al que les corresponde en el nuevo cargo, seguirán percibiendo este hasta su retiro y sobre dicho sueldo se liquidarán los incrementos anuales en el porcentaje que señale la ley.

Las anteriores precisiones sirven de fundamento a la Sala para afirmar que las expresiones “… excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del 1º de enero de 1993” contenidas en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se referían a los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación que se vincularon por primera vez, o que siendo de aquellos que debían incorporarse, se acogieron a la escala de salarios prevista en el artículo 54 del Decreto 2699 de 1991. Para ellos la citada disposición legal no contempló el establecimiento de la mencionada prima especial sin carácter salarial”(2).

La Sección Segunda de esta corporación se ha ocupado del estudio de legalidad de los decretos que han fijado la escala salarial de los servidores de la Fiscalía General de la Nación(3), providencias en las que ha declarado la nulidad de los artículos que contemplan la prima especial del 30% sin carácter salarial, con efectos diversos en cuanto su carácter, los cuales inciden directamente en el régimen prestacional y salarial del personal de la entidad.

En tales circunstancias, es necesario citar los diferentes pronunciamientos:

Mediante sentencia de 14 de febrero de 2002 que anuló el artículo 7º del Decreto 38 de 1999 se precisó que “… tal decisión no implica que el salario fijado en el artículo 4º del Decreto 38 de 1999 para los funcionarios sustraídos de la posibilidad de establecer a su favor la prima de servicios, sufra alteración alguna, más exactamente deterioro o disminución, ya que en dicho artículo se estableció el sueldo mensual de los empleos de esa entidad, entre los que se encuentran, sin que se advirtiera que parte alguna de tales salarios tenía una condición jurídica diferente a la de remuneración por los servicios prestados, o más exactamente, la naturaleza de prima de servicios”.

Luego, en sentencia de 15 de abril de 2004, por la cual se declaró la nulidad del Decreto 2743 de 2000, modificó el carácter de la prima especial definiéndola como un sobresueldo. En efecto expresó:

“(…).

Debe añadirse, con el propósito de rectificar parte de la jurisprudencia contenida en el fallo de fecha 14 de febrero de 2002, del Expediente 197 de 1999, que al decretarse la nulidad deprecada por el actor respecto de la referida prima especial sin carácter salarial a que se contrae el artículo 8º del Decreto 2743 del 27 de diciembre de 2000, se reduce el ingreso mensual de los funcionarios a que esta norma se refiere en un 30%, pues este porcentaje en qué consiste la prima establecida constituye un sobresueldo que contraviene, como ya quedó explicado, el mandato del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992…”.

Finalmente, mediante sentencia de 13 de septiembre de 2007, por la cual la Sección Segunda declaró la nulidad de los artículos 7º y 8º de los decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001, respectivamente, unificó el criterio, en los siguientes términos:

“(…).

Por su parte el Gobierno Nacional mediante las disposiciones acusadas, no estableció una prima especial sin carácter salarial, sino que dispuso que el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los servidores públicos allí enlistados constituye prima especial de servicios sin carácter salarial, e indicó como sus destinatarios, a aquellos servidores que la ley había exceptuado expresamente. En las sentencias antes mencionadas, se declaró la nulidad de los preceptos acusados por razones que ahora se reiteran, no obstante en ellas se expusieron conclusiones diversas en los términos ya anotados.

(…).

Se advierte igualmente que como consecuencia de la declaración de nulidad de las disposiciones aquí atacadas, no se les reducen sus ingresos mensuales, en razón a que tales normas no habían establecido un “sobresueldo”, como se expresó en la sentencia de 14 de abril de 2004 dictada en el proceso 712-02, actor: Everardo Venegas Avilán”.

De lo anterior, se colige que la declaratoria de nulidad de los artículos 7º del Decreto 50 de 1998, 7º del Decreto 38 de 1999 y 8º del Decreto 2729 de 2001, no afectó los salarios de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación pues consideró que el porcentaje referente a la prima especial (30%), es parte del salario, contrario a lo expresado por la Sala en sentencias que decretaron la nulidad de los artículos 6º del 53 de 1993, 7º del 108 de 1994, 7º del 49 de 1995, 7º del 108 de 1996, 7º del 52 de 1997, 8º del 2743 de 2000 y 7º del 685 de 2002, en los que señaló que el porcentaje era un sobresueldo.

Ahora bien, la Sección Segunda a través de sus subsecciones, ha venido negando la inclusión del porcentaje del 30% en la base de liquidación de las prestaciones reconocidas a los servidores de la Fiscalía General de la Nación, para los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 2000, con fundamento en los efectos que a este porcentaje se le otorgó en cada una de las sentencias que decidieron sobre la legalidad de las normas anuales anteriormente citadas y que señalaron que dicho porcentaje era un sobresueldo.

Tal apreciación fue objeto de ratificación y unificación a través de sentencia proferida por la Sección Segunda(4) en la que se consideró lo siguiente:

“… la consecuencia que la anulación de cada una de estas normas genera, no es otra que la de incluir el 30% que a título de prima especial percibían los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en la base liquidatoria de la totalidad de las prestaciones sociales percibidas en las anualidades referidas, dado que el hecho de haberse considerado este porcentaje como sobresueldo, no le resta la calidad de salario que le es connatural, en la medida en que hace parte del sueldo que mensualmente recibía el servidor.

La inclusión de este porcentaje en la base liquidatoria de las prestaciones sociales de la actora para los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 2000, encuentra sustento no solo en las sentencias anulatorias proferidas por el Consejo de Estado, como ya se dijo, sino en la decisión reciente de la Sala Plena que decidió anular el artículo 7º del Decreto 618 de 2 de marzo de 2007 “Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”, al considerar que:

(…)”(5).

El precedente citado aunque analiza la legalidad de un decreto que regula el régimen salarial y prestacional de los servidores de la rama judicial, resulta aplicable en este evento, porque, el tema central no es otro que el que aquí se reclama, esto es, el carácter salarial del porcentaje del 30% que a título de prima especial han venido percibiendo los empleados de la Fiscalía General de la Nación y que no ha sido incluido en la liquidación de sus prestaciones sociales.

Así las cosas, para la Sala la no inclusión de este porcentaje del 30% para los años en los que la nulidad de las normas que lo consagraban no le otorgaron el carácter de factor salarial, desconoce los derechos laborales prestacionales de la actora y además vulnera principios constitucionales, por lo que habrá de ordenarse también para los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 2000, la reliquidación de los derechos prestacionales de los servidores de la Fiscalía a quienes estaban dirigidas las normas que fueron anuladas por el Consejo de Estado, sin perjuicio del análisis que de la prescripción deberá abordarse en forma obligatoria una vez se tenga certeza del derecho que le asiste a cada uno de los reclamantes en cada caso en particular.

El anterior argumento no desconoce el contenido de las sentencias de anulación, sino que muestra en forma fehaciente que la jurisprudencia laboral en su desarrollo y evolución, debe propender por la real y efectiva protección de los derechos laborales económicos constitucionalmente previstos, máxime cuando el contenido de cada una de las normas era el mismo, es decir era una reproducción en la que solamente variaba el porcentaje en que se incrementaba el salario en cada una de las anualidades, pero frente a la prima especial se siguió manteniendo el mismo porcentaje y su carácter no salarial…”.

El caso concreto

Se encuentra demostrado que la demandante prestó sus servicios para la Fiscalía General de la Nación desde el 1º de julio de 1992 hasta el 31 de enero de 2007, ocupando como último cargo el de fiscal delegado ante el tribunal del distrito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, sujeta al régimen salarial y prestacional previsto en el Decreto 053 de 1993.

Obra a folios 76 y 77 del expediente una certificación expedida por el director administrativo y financiero de la Fiscalía General de Nación en la que aparecen los pagos efectuados por concepto de prestaciones desde el momento de su ingreso hasta su retiro.

No se encuentra en discusión que la demandante percibió la prima especial de servicios (30%) y que tal como lo afirma la actora y lo acepta la misma entidad tanto en los actos acusados como en el escrito de contestación de la demanda, dicha prima no fue incluida en la liquidación de las prestaciones sociales anuales, toda vez que la norma que fijaba su porcentaje, no le otorgaba la naturaleza de factor salarial, con excepción del año 1999.

En el presente asunto y de conformidad con lo anteriormente expuesto, es procedente declarar la nulidad de los actos administrativos demandados para en su lugar a título de restablecimiento del derecho, ordenar la inclusión en la base de liquidación de las prestaciones percibidas por la demandante en los años 1998, 1999 y 2001 del porcentaje del 30% que a título de prima especial se le cancelaba, pues para dichos años a través de las sentencias de nulidad se precisó que dicho porcentaje hacía parte del salario y como tal debía incluirse en la base de liquidación.

Asimismo se ordenará la inclusión del 30% correspondiente a la prima especial en la base de liquidación de las prestaciones percibidas por la actora en los años 1994, 1995, 1996, 1997 y 2000, pues es claro que en tales años percibió dicho porcentaje y el mismo no fue incluido en la liquidación de las prestaciones sociales.

Una vez efectuado el reajuste en los términos de esta providencia, la entidad demanda deberá actualizar los valores que resulten a favor de la actora, aplicando para ello la fórmula que se señalará en la parte resolutiva.

No se configura el fenómeno prescriptivo trienal, toda vez que la primera sentencia que decidió anular la expresión “sin carácter salarial” contenida en el artículo 7º del Decreto 050 de 1998 fue proferida el 14 de febrero de 2002 y la petición de reconocimiento la elevó el 5 de febrero de 2004 (fls. 2 y 3).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Segunda Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 4 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual negó las súplicas de la demanda presentada por la señora Sonia Esperanza García de Sarmiento y en su lugar se dispone:

DECLÁRASE la nulidad de los oficios DSAF-23 001557 del 26 de febrero de 2004 y DSAF 23 018819 del 3 de noviembre de 2004 por los cuales se resuelve la petición presentada el 5 de febrero de 2004 radicado con el Nº 0135074, de la Resolución 000001 del 5 de enero de 2005, por medio del cual se resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en el Oficio DSAF 23 018767 del 3 de noviembre de 2004, que negó el pago de las prestaciones con el 30% de prima especial como factor salarial.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar a la señora Sonia Esperanza Gracia de Sarmiento la suma que resulte como diferencia por todos los conceptos salariales y prestacionales relacionados en las pretensiones aludidas, dejados de percibir en los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, teniendo en cuenta lo devengado mensualmente sin deducir la prima especial de servicios.

ORDÉNASE la actualización de la condena en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, dando aplicación a la siguiente fórmula:

R = RH
Índice final

Índice inicial

 

En la que R (valor presente) se determina multiplicando el valor histórico RH, que es lo que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigencia a la ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigencia para la fecha en que se causaron las sumas adeudadas).

La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos del artículo 176 del Código Contenciosos Administrativo.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, M.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, Nº Interno 0197-1999. Actor Everardo Vanegas Avilán.

(2) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 13 de septiembre de 2007, M.P. Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, Expediente 0478-03.

(3) Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 105 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 038 de 1999, 2743 de 2000, 1480 y 2729 de 2001 y 685 de 2002, entre otros.

(4) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Expediente 0230-2008.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sentencia del 2 de abril de 2009. Nº Interno 1831-07. Actor: Luis Esmeldy Patiño López contra el Gobierno Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Administrativo de la Función Pública.