Sentencia S2005-04656/42223 de mayo 26 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Exp.: 760012331000200504656 01 (42.223)

Actor: Martín Jaimes Valencia y Otros

Demandada: Nación-Fiscalía General de la Nación y Otro

Acción: Reparación Directa

Bogotá D.C., veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala.

1. Competencia

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 29 de marzo de 2011, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación(16).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984(17), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada lo último que ocurra(18).

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad del señor Martín Jaimes Valencia, presuntamente ocurrida entre el 27 de enero de 2002 y el 28 de julio de 2003, fecha en la que obtuvo la libertad ante la decisión del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cali, la que fue confirmada el 6 noviembre de 2003, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali.

Obra en el expediente copia del edicto mediante el cual se notificó la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali(19), según el cual, el 14 de noviembre de 2003 venció el término de ejecutoria de la misma, por lo que al haberse presentado la demanda el 3 de noviembre de 2005(20), resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

Lo anterior por cuanto, a pesar de que la sentencia que absolvió al señor Martín Jaimes Valencia fue proferida el 28 de julio de 2003, por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cali y ésta no fue recurrida por el aquí demandante, lo cierto es que a la luz de las normas procesales que gobernaban la actuación penal en la época de los hechos, la ejecutoria de la sentencia operaba en un solo momento, en forma común a todos los sujetos procesales, incluso si sólo algunos de ellos interponían los respectivos medios de impugnación(21).

Por lo tanto, aun cuando el hoy actor no hubiese impugnado la sentencia absolutoria —lo cual era natural puesto que la decisión le fue favorable—, la misma no podía quedar en firme mientras no se resolviera en forma definitiva la segunda instancia, ya que el fallo sí fue apelado por otros procesados que habían recibido condena penal en la indicada providencia(22).

3. Consideración previa.

Previo a decidir el fondo del sub examine, la Sala considera pertinente precisar que, según se dejó indicado en los antecedentes de esta providencia, el libelo introductorio se dirigió contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Sobre el particular es necesario reiterar que si bien cada una de las entidades demandadas ostentan la representación de la Nación en casos en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la Administración de Justicia (inc. 2º del art. 49 de la Ley 446 de 1998(23) y num. 8º del art. 99 de la Ley 270 de 1996(24)), lo cierto es que las decisiones que se discuten en el presente litigio y que habrían ocasionado el daño por cuya indemnización se reclama, fueron proferidas por la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual, una vez efectuado el recuento probatorio, se concretará si el aludido daño antijurídico reclamado se encuentra acreditado y, de estarlo, se establecerá si el mismo le resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación, la cual fue debidamente notificada y representada(25).

4. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

• Que el señor Martín Jaimes Valencia fue capturado el 27 de enero de 2002, tal y como se desprende de la sentencia absolutoria proferida por Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cali, el 28 de julio de 2003, cuando sostuvo:

Objeto del Pronunciamiento: 

Se dicta sentencia dentro de la causa seguida en contra de los señores Arnobis Bedoya Valencia, Martha Lucia Jurado España, William Alzate Varela, Martín Jaimes Valencia, Jader Alexander Hurtado Arteaga, Jairo Martínez Benavides y Jeferson Acevedo Martínez, dentro de la causa que se les adelanta por los delitos de Hurto Calificado Agravado (…).

Hechos:

Las personas arriba mencionadas fueron privadas de la libertad el 27 de enero de 2002, luego de que un ciudadano informara por la línea telefónica 112 CAD de la Policía Nacional que en la calle 13 con carrera 8ª, varios sujetos portando armas de fuego estaban cometiendo un atraco en el Teatro ‘Cine Oro’ (…)”(26) (Se destaca).

• Que mediante Sentencia de 28 de julio de 2003, proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cali, se absolvió al señor Martín Jaimes Valencia del delito de “hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones” y se ordenó su libertad provisional mediante caución prendaria, de conformidad con el artículo 365 de la Ley 600 de 2000(27).

En dicha sentencia el juzgador realizó una valoración de los medios de prueba obrantes en el expediente penal frente a la responsabilidad penal del sindicado, para concluir lo siguiente (se transcribe de forma literal):

“6). Martín Jaimes Valencia: Este procesado de acuerdo con lo consignado en el informe policivo fue capturado por el agente Gerardo Saldaña Gómez en compañía del señor Federico Astudillo, siendo dicho ciudadano quien lo señaló como una de las personas que hacía parte del grupo que estaba cometiendo el ilícito en el lugar. Al recibir explicaciones de la captura al Agente Saldaña, manifestó que la ciudadanía lo señaló como uno de los partícipes del hecho, sin embargo para esta persona en particulares quienes decían reconocerlo, tenían duda si pertenecí o no a la banda e igualmente manifestaban que él estaba dentro del teatro, se paraba a mirar los baños, se volvía a sentar, lo cual le dio sospechas de que estaba pendiente de lo que pasaba.

(…)

En lo que tiene que ver con este procesado y atendida la prueba existente que puede ser motivo de valoración se observa que la misma no permite la obtención de la claridad necesaria sobre su participación, pues es el mismo agente captor quien observó dudosas a las diferentes personas allí presentes, sobre si el procesado hacía parte del grupo delincuencial o no.

(…)

Este Juzgado considera que la incriminación en contra de Martín Jaimes Valencia no está soportada en pruebas sólidas que permitan sin dubitación obtener la certeza que efectivamente se concertó con el resto de los procesados que aquí resultarán condenados para penetrar hasta el establecimiento Calles de Oro y apoderarse de la mercancía varia allí existente. La información del agente captor no reviste la contundencia necesaria que lleve a considerar que el procesado fue partícipe activo de los hechos y mal podría edificarse la sentencia condenatoria cuando el mismo uniformado declaró que si bien le procesado fue señalado por terceros como copartícipe, él mismo pudo captar que dichos terceros mostraban posiciones de duda frente a la actividad de este señor. (…).

Este Despacho ha considerado como cierto el señalamiento de terceros, a pesar de su no ubicación, en relación con otros procesados, porque al analizar en conjunto el material probatorio se arriba a la conclusión de responsabilidad, pero en este caso, dicho señalamiento queda huérfano de cualquier soporte que permita tenerlo como cierto, presentándose una situación dudosa que como es ampliamente conocido debe resolverse a favor del in dubio pro reo y por tanto se le dictará sentencia absolutoria.

(…)

En relación con los señores Jeferson Acevedo Martínez y Martín Jaimes Valencia a quienes se les dictará decisión absolutoria, se les concederá la libertad provisional al concurrir a su favor la causal 3º del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal. (…)” (Se destaca).

• Que a través de Sentencia de 6 de noviembre de 2003(28), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Penal, confirmó la Sentencia de 28 de julio de 2003, proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cali. Dicha providencia quedó debidamente ejecutoriada el 14 de noviembre de 2003 de conformidad con el edicto fijado por la Secretaría del referido Tribunal el 12 de noviembre de 2003(29).

Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio que antecede, a diferencia de lo que sostuvo el a quo en la sentencia de primera instancia, debe decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que el señor Martín Jaimes Valencia fue procesado penalmente y, como consecuencia de ello, privado de su libertad por disposición de la Fiscalía General de la Nación entre el 27 de enero de 2002 y el 28 de julio de 2003, fecha en la que el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cali lo absolvió, aludiendo a la aplicación del principio in dubio pro reo.

Así las cosas, comoquiera que el hecho dañoso causado al demandante fue ocasionado por la medida de aseguramiento dictada en su contra por la Fiscalía General de la Nación, se procederá a analizar si, dadas las circunstancias del caso concreto —teniendo en cuenta lo señalado en el fallo apelado por la parte actora— se dan los presupuestos para atribuirle responsabilidad objetiva al Estado, por la aludida detención.

En efecto, acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad se impone en todos los eventos en los cuales la persona privada de la libertad es finalmente absuelta o se precluye a su favor la investigación, cuando en el proceso penal en que ha tenido origen la detención, se ha determinado que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible. Este presupuesto opera siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional, pues en tal evento hay lugar a aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura ya unificada por la Sección Tercera de esta Corporación(30), se amplió la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos, frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación del principio universal in dubio pro reo, dentro del proceso penal respectivo. Así, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular(31) siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva(32).

En tales condiciones, es evidente que la privación de la libertad del señor Martín Jaimes Valencia configuró para los actores un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación(33), lo cual comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

La Sala reitera en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la Sentencia del 4 diciembre de 2006(34), en el sentido de que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, se profiere posteriormente una sentencia absolutoria en la cual se establece, finalmente, que no existe la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado.

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fueron vinculados los ahora demandantes, siempre mantuvieron intacta la presunción constitucional de inocencia que los amparaba y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás desvirtuó.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el señor Martín Jaimes Valencia debía padecer la limitación de su libertad hasta que se le absolvió de responsabilidad penal; en cambio, a la entidad demandada le correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(35).

Con fundamento en lo anterior, se tiene que el recurso de apelación incoado por la parte actora tiene vocación de prosperidad, por lo que habrá de revocarse la sentencia apelada y, en consecuencia, se analizará la procedencia del reconocimiento y monto de los perjuicios solicitados en la demanda.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

Al respecto, se recuerda que en la demanda se solicitó por concepto de indemnización de perjuicios morales la suma equivalente a 200 SMMLV, para cada uno de los demandantes.

Ahora bien, ha reiterado la jurisprudencia de la Corporación que la indemnización por perjuicio moral que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria(36) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta los criterios generales contemplados por la Sala Plena de la Sección Tercera, en la sentencia de unificación jurisprudencial sobre la indemnización de perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad, proferida el 28 de agosto de 2014(37).

Esta Sección del Consejo de Estado ha manifestado que, en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos ha sufrido un daño antijurídico, como el que se juzga en el presente caso, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(38) y con base en las máximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia cercana han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda.

Para el caso sub lite, entiende la Sala que la restricción de la libertad a la cual fue sometido el señor Martín Jaimes Valencia durante 18 meses y 1 día, produjo una afección moral que debe ser indemnizada en su favor y en el de sus familiares.

Así pues, a la luz del criterio unificado de la Sección(39), dado el tiempo que permaneció privado(40) de la libertad el señor Martín Jaimes Valencia resulta imperioso reconocer a título de perjuicio moral a su favor y en el de su madre la señora Ana Elci Valencia Gonzales(41), la suma equivalente a 100 SMMLV para cada uno; en lo que hace a su hermana, la señora Elena Valencia(42), dicho perjuicio será indemnizado en el equivalente 50 SMMLV.

i) En relación con el “padre de crianza” de la víctima directa.

Sobre el particular, se recuerda que en la demanda, se solicitó a favor del señor Leonel Cardozo Nates, la suma equivalente a 200 SMMLV por los perjuicios de orden moral que le fueron causados con ocasión de la privación de su hijo de crianza, señor Martín Jaimes Valencia.

Al respecto, conviene reiterar, que en tratándose de perjuicios morales será viable que quien invoque la condición de familiar —consanguíneo, afín, por adopción o de crianza—del núcleo cercano y en los grados que han sido objeto de presunción por esta Corporación, y lo acredite en el proceso a través de los diversos medios de convicción será beneficiario de la presunción de aflicción que opera para los grados cercanos de parentesco, sin que le sea exigible la acreditación de ser un tercero afectado, es decir, la prueba directa de la congoja y del sufrimiento. En otros términos, si en el proceso se prueba la condición de familiar de la víctima directa, los demandantes serán beneficiarios de la misma presunción que opera para aquellos quienes demostraron el parentesco con el registro civil(43).

De conformidad con lo expuesto, para la Sala se encuentra debidamente acreditada la condición del padre de crianza del señor Leonel Cardozo Nates, como integrante del núcleo familiar que se vio afectado con la privación del señor Martín Jaimes Valencia, pues así fue narrado por la señora Diana Patricia Torres en su testimonio cuando expuso:

Preguntado— sírvase informar si conoce los miembros de la familia de Martín Jaimes Valencia, En Caso afirmativo indicará si conoce los miembros dé el nombre de cada uno de ellos. Contestó— la madre se llama Ana Valencia, el papá Leonel Cardozo, y los hermanos María, Amparo, Teresa, Helena, Carlos, Nelly Valencia. Preguntado— sírvase informarnos a que se debe que el nombre completo de Martín Jaimes su apellido sea Valencia y el señor Leonel Cardoso lleve el apellido diferente al de éste. Contestó —pues don Leonel ha sido el papá de crianza y siempre lo ha criado como su hijo porque el papá biológico murió(44) (Se destaca).

Por su parte, la señora Martha Ruth Morales Toro al referirse a las personas que componían el núcleo familiar del señor Martín Jaimes Valencia sostuvo que “la familia la compone su padre de crianza Leonel Cardozo…” y, además, que “la relación con el papá de crianza es buena, lo quiere como si fuera hijo propio”(45); en ese mismo sentido se pronunciaron los señores Miller Bravo Araújo y José Taurino Gómez cuando se refirieron al señor Leonel Cardozo Nates como el “padre” del señor Jaimes Valencia(46).

Así las cosas, se encuentra acreditado el vínculo existente entre el padre de crianza y el señor Martín Jaimes Valencia, el que fue debidamente probado a través de pruebas testimoniales que fueron decretadas mediante proveído del 9 de noviembre de 2006(47) y que no fueron objeto de reproche por parte de la entidad demandada(48), por lo que a la luz del criterio unificado de la Sección(49) se reconocerá al señor Leonel Cardozo Nates el equivalente a la suma de 100 SMMLV.

5.2. Daños inmateriales derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

Ahora bien, conviene precisar que en la demanda se solicitó por concepto de “goce a la vida” para cada uno de los demandantes la suma equivalente en pesos a 200 SMLMV, por considerar que el señor Jaimes Valencia fue separado de su núcleo familiar y se le impidió desarrollar actividades básicas y esenciales que harían agradable y placentera su existencia.

Al respecto, cabe resaltar que mediante Sentencia proferida el 14 de septiembre de 2011, la Sección Tercera de esta Corporación precisó la tipología de los perjuicios inmateriales en los siguientes términos:

“La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación”(50) (Se destaca).

Así las cosas, a partir de dicho pronunciamiento jurisprudencial(51), se estableció una cláusula residual en relación con los perjuicios inmateriales frente a los cuales no es posible adecuarlos bajo el contenido y denominación de “daño moral” o “daño a la salud”, razón por la cual se les ha clasificado bajo la tipología de daños derivados de “vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados”.

En efecto quienes sufren una vulneración o afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa(52).

Respecto de dicha tipología la Sección Tercera se ha pronunciado sobre sus características en los siguientes términos:

“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales”(53).

Así pues, la Sala ha considerado que cuando se trata de alteraciones que afectan la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—(54), tales perjuicios se reconocerán bajo la denominación antes mencionada, evento en el cual se podrá solicitar una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral(55).

Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por demostrado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la afectación grave de algún derecho constitucional convencionalmente protegido, no obstante debe advertirse que no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio.

En estas condiciones, debe entenderse que la pretensión a que se refiere este acápite encuadra en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos, los cuales evidentemente resultaron afectados con la privación de la libertad del señor Martín Jaimes Valencia, razón por la cual, en el presente caso, se encuentra que dicha vulneración se concretó en punto a los artículos 15 y 42 de la Constitución Política, que hacen referencia al buen nombre, la intimidad personal y la familia como núcleo esencial de la sociedad(56).

En efecto, la señora Diana Patricia Torres cuando se refirió a la detención del señor Martín Jaimes Valencia en su testimonio, expuso (se transcribe de forma literal):

“(…) pues lo que yo sé es que lo inculparon a él de algo que él no hizo, un robo, y lo metieron preso como más de un año, y pues él trabajaba de vendedor ambulante vendiendo frutas para ayudar a la familia y su sostenimiento, ayudaba a su mamá, al papá y a la hermana. Siempre lo he conocido como un muchacho muy serio, muy sano, pero a raíz de lo que pasó el cambió mucho, se vio muy afectado él y su familia, fue mucho el cambio porque ellos eran muy alegres pero a raíz de eso ya eran muy tristes, muy distintos, como sin ganas de nadaél ahora ya se ve tan decaído que le da pena salir, no habla, psicológicamente está mal, él y su familia porque después de eso todo cambió, ellos piensan que si salen a la calle la gente los a señalar, los van a mirar mal por lo que le sucedió a él (…)”(57) (Se destaca).

A su turno, la señora Martha Ruth Morales Toro, en relación con la afectación que sufrió el señor Martín Jaimes Valencia luego de su privación de la libertad, sostuvo que “vive acomplejado, encerrado en su casa con miedo de que todo el mundo lo señale de que es un delincuente, incluso le tienen el apodo del R15, y eso es injusto, él se siente rechazado”(58); en ese mismo sentido declaró la señora Rosaura Corrales cuando expuso que “lo afectó tanto que no sale de la casa, ayuda en los oficios pero no sale de la casa, está sin empleo porque le da pena salir a la calle porque lo señalan como R15 y ladrón”(59); así también lo expresó el señor Miller Bravo Araújo cuando advirtió que “antes el señor Martín era alegre, le gustaba distraerse sanamente como cualquier adolescente, ahora ya no es lo mismo”(60).

Al encontrarse identificados los bienes constitucionalmente protegidos que resultaron menoscabados con la medida privativa de la libertad impuesta al señor Martín Jaimes Valencia, se entiende configurado el daño que en la demanda se solicitó indemnizar(61); pues, de las condiciones que se pusieron de presente en las pruebas testimoniales y que revelan la estigmatización y rechazo que sufrió una vez recuperó su libertad, se desprende que la afectación fue de tal magnitud que se convirtió en una persona introvertida y señalada en su entorno social como un “ladrón”, por lo que optó por recluirse voluntariamente en su casa, circunstancias que también repercutieron de manera negativa frente a su familia con similares consecuencias.

A la luz de lo anterior, estima la Sala que las condiciones antes descritas evidencian una grave afectación de los derechos constitucionalmente protegidos del señor Martín Jaimes Valencia y su familia(62), por lo que, en el presente caso, la magnitud del perjuicio causado implica que una medida restaurativa no sea suficiente(63), de manera que, en aplicación del principio de reparación integral que pregona el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, es dable reconocer, además de la medida no pecuniaria, una indemnización en la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Jaimes Valencia.

Así pues, en lo que hace a la medida no pecuniaria, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que disponga la publicación de la presente providencia en un link destacado en su página web institucional, el que permanecerá allí por un término de seis meses, además de divulgar a los medios de comunicación sobre la determinación que adoptó la justicia penal respecto de la responsabilidad del investigado.

Ahora bien, en lo que hace a los señores Leonel Cardozo Nates, Ana Elci Valencia Gonzales y Elena Valencia, advierte la Sala que si bien la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Martín Jaimes Valencia ocasionó una afectación en su vida y en la de su familia, ningún elemento de juicio adicional acredita que esa modificación haya sido de tal entidad que le produjera una alteración transcendental a las condiciones de existencia de algún miembro de su núcleo familiar o que haya afectado en gran medida algún derecho constitucionalmente protegido. Por lo tanto la Sala se abstendrá de efectuar reconocimiento alguno por dicho perjuicio a los mencionados actores(64).

5.3. Perjuicios materiales.

5.3.1. Daño emergente.

En cuanto a los perjuicios materiales ocasionados con la detención, se solicitó en la demanda que se condenara al pago de la suma de $50.000.000, correspondiente a los pagos realizados por honorarios profesionales, compromisos económicos para solventar necesidades insatisfechas y por no haber podido ayudar a su familia económicamente; así como, por los gastos y diligencias sobrevinientes por la privación de la libertad del señor Martín Jaimes Valencia.

La Sala recuerda que el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.

No obstante lo anterior, la Sala denegará la pretensión, en tanto los detrimentos patrimoniales que afirmaron los actores habían incurrido con ocasión del proceso penal y la privación del señor Martín Jaimes Valencia; así como, el pago de honorarios profesionales, no se encuentran debidamente acreditados en el plenario; pues, de un lado, en el expediente no existe constancia del quantum al cual debería ascender la indemnización por concepto del daño emergente, lo que constituye óbice suficiente para que la Sala no realice la liquidación de dicho perjuicio, teniendo en cuenta que era deber de la parte que los solicitó cumplir con la carga probatoria que permitiera acreditar el monto del perjuicio y, de otro, no existe material probatorio que aluda a la existencia de algún contrato de prestación de servicios profesionales dirigido a la defensa penal del sindicado, ni mucho menos obra en el expediente prueba respecto de las actuaciones surtidas por el defensor del encartado en el trámite del proceso penal, en punto a establecer que fue asesorado en tales diligencias por un defensor de confianza, pues, como se puso de presente en el acápite de los hechos probados, solo se allegaron al expediente las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el proceso penal.

5.3.2. Lucro cesante.

Ahora bien, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se deprecó en la demanda la suma de $50’000.000, correspondientes a los ingresos dejados de percibir por el señor Martín Jaimes Valencia durante el tiempo “que permaneció detenido y vinculado injustamente en un proceso penal”.

Al respecto, se tiene que no existe certeza sobre la actividad que desarrollaba el señor Martín Jaimes Valencia antes de que fuera privado de su libertad, pues las declaraciones obrantes en el plenario presentan algunas inconsistencias en lo que hace a este punto, en tanto sostuvieron, por un lado, que se desempeñaba como “vendedor de frutas” y, por otro, como “vendedor ambulante”; y que además, recibía por dicha labor entre “40000 y 50000” pesos(65).

Dichos valores no pueden ser tenidos en cuenta para efectos de determinar el ingreso base de liquidación, en tanto la prueba testimonial no resulta suficiente para probar dicho supuesto teniendo en cuenta que los declarantes no expresaron la razón de su conocimiento y fueron imprecisos en sus declaraciones, al punto que no especificaron si las sumas a que hicieron referencia eran devengadas diariamente o, si por el contrario, eran mensuales; además, tales valores constituyen un monto eventual y no certero de lo que podía haber devengado el señor Martín Jaimes Valencia antes de ser privado de su libertad; no obstante lo anterior, se acudirá a la presunción respecto de que toda persona en edad productiva devenga por lo menos el salario mínimo legal mensual vigente.

En cuanto al período a reconocer por dicho concepto, este será el comprendido entre el 27 de enero de 2002 fecha de la captura de demandante y el 28 de julio de 2003, fecha en que se hizo efectiva su libertad en virtud de lo dispuesto por la providencia absolutoria de esa misma fecha proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cali, pues en estos términos lo solicitó la parte actora, cuando en la demanda se deprecaron, únicamente, las sumas dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo privado de la libertad.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio, así:

Ingresos de la víctima al momento de su detención: $309.000.

Período a indemnizar: 18.03 meses

Actualización de la base:

FORMULA 04656-1
 

RA = $603.115, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2016 ($689.455), se tomará éste último para la liquidación incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($861.819).

FORMULA 04656-2
 

FORMULA 04656-3
 

S = $861.819 x 18.79700054

S = $16’199.612

Total perjuicios materiales por lucro cesante: Dieciséis millones ciento noventa y nueve mil seiscientos doce pesos ($16’199.612).

6. Condena en costas

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 29 de marzo de 2011, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los demandantes, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. En consecuencia, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a pagar las siguientes indemnizaciones:

3.1. Por daño moral, a favor del señor Martín Jaimes Valencia; su madre, la señora Ana Elci Valencia Gonzales y su padre de crianza, señor Leonel Cardozo Nates, la suma equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia, para cada uno de ellos.

3.2. Por daño moral, a favor de la hermana del señor Martín Jaimes Valencia, la señora Elena Valencia, la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.

3.3. Por daño derivado de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, a favor del señor Martín Jaimes Valencia la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.

3.4. Como medida restaurativa frente al daño derivado de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, la Nación-Fiscalía General de la Nación dispondrá la publicación de la presente providencia en un link destacado en su página web institucional, el que permanecerá allí por un término de seis meses; además, divulgará a los medios de comunicación la determinación que adoptó la justicia penal respecto de la responsabilidad del investigado.

3.5. Por lucro cesante, para el señor Martín Jaimes Valencia, la suma de dieciséis millones ciento noventa y nueve mil seiscientos doce pesos ($16’199.612).

4: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

16 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

17 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”

18 Al respecto consultar, por ejemplo, Sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp: 13.622. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp: 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), Consejero Ponente (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

19 Folio 129 del cuaderno de primera instancia.

20 Tal y como consta a folio vto. 18 del cuaderno principal de primera instancia.

21 Al respecto, esta Corporación ha señalado en otras oportunidades que en los procesos penales adelantados contra un número plural de imputados, la unidad procesal se mantiene incluso si sólo algunos de ellos interponen los recursos de ley, de suerte que la caducidad debe contarse desde la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. Consultar sobre esta materia, la Sentencia proferida por la Sección Tercera el 6 de diciembre de 2010. C.P. Olga Valle de la Hoz. Expediente No. 2008-00188-01 (38099). En el mismo sentido, la Sentencia del 19 de julio de 2010, exp. 25000-23-26-000-00236-01 (37410).

22 En igual sentido se pronunció la Subsección en Sentencia del 12 de mayo de 2016, Exp. 39.628.

23 “En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.

24 “(…) Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:
“8. Representar a la Nación – Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados judiciales”.

25 En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias proferidas el 8 de julio del 2009, Exp. 17.517, del 23 de abril de 2008, Exp. 17.534 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras, todas con ponencia del Consejero, Doctor Mauricio Fajardo Gómez.

26 Sentencia del 28 de julio de 2003. Folio 85 del cuaderno de primera instancia.

27 Providencia obrante de folios 85 - 113 del cuaderno de primera instancia.

28 Providencia obrante de folios 114 - 128 del cuaderno de primera instancia.

29 Edicto de la Sentencia de 6 de noviembre de 2003, obrante a folio 129 del cuaderno de primera instancia.

30 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 17 de octubre de 2013. Expediente: 23.354.

31 Este criterio ha sido reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así: en primer lugar, en abril 6 de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos consagrados en el artículo 414 del C.P.P., y en la Ley 270 de 1996. En segundo lugar, mediante Sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del C.P.P., y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por la aplicación del principio de in dubio pro reo.

32 Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp 13.168; Sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463; Sentencia de mayo 26 de 2011, exp 20.299.

33 En este sentido debe recordarse que la Fiscalía General de la Nación le impuso al señor Martín Jaimes Valencia, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

34 Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente nro. 13168.

35 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284. Sentencia del 27 de abril de 2016, Exp. 40.507, entre otras.

36 En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que —por regla general— no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el Dr. RENATO SCOGNAMIGLIO, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

37 Al respecto consultar la sentencia de unificación de la Sección Tercera proferida el veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) Radicación número: 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149).

38 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

39 Al respecto consultar la sentencia de unificación de la Sección Tercera proferida el veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) Radicación número: 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), en las cuales se reconoció el mismo monto por perjuicios morales a favor de la víctima directa y sus parientes en primer grado de consanguinidad.

40 Se recuerda que permaneció privado de su libertad por 18 meses y 1 día.

41 Toda vez que obra registro civil en donde funge la señora Ana Elci Valencia Gonzales como madre del señor Martín Jaimes Valencia, obrante a folio 5 del cuaderno de primera instancia.

42 Registro civil en donde la señora Elena Valencia funge como hija de la señora Ana Elci Valencia Gonzales, obrante a folio 6 del cuaderno de primera instancia.

43 En este sentido consultar, Sentencia del 24 de julio de 2013, M.P.: Dr. Enrique Gil Botero, Exp. 27.289.

44 Testimonio rendido el 11 de abril de 2007. Folios 69 – 71 del cuaderno de primera instancia.

45 Testimonio rendido el 11 de abril de 2007. Folios 77 -75 del cuaderno de primera instancia.

46 Testimonios rendidos el 10 de abril de 2007. Folios 80 – 83 del cuaderno de primera instancia.

47 Folio 58 – 60 del cuaderno de primera instancia.

48 De igual manera se pronunció la Subsección en Sentencia del 13 de noviembre de 2013, M.P.: Dr. Hernán Andrade Rincón, Exp. 30.376 y en la Sentencia del 2 de diciembre de 2015, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, Exp. 38.887.

49 Al respecto consultar la sentencia de unificación de la Sección Tercera proferida el veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) Radicación número: 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), en las cuales se reconoció el mismo monto por perjuicios morales a favor de la víctima directa y sus parientes en primer grado de consanguinidad.

50 Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, rad. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.

51 Para efectos de apreciar la línea de evolución de los perjuicios inmateriales, se destacan las siguientes providencias: En Sentencia del 25 de septiembre de 1997 – rad. 10421, M.P. Ricardo Hoyos Duque, la Sección Tercera cambió la expresión “perjuicio fisiológico” por el concepto de “perjuicio de placer”, asimilándolo al de “daño a la vida de relación”. Más tarde, en sentencia del 19 de julio de 2000 —rad. 11842, M.P. Alier Hernández Enríquez, precisó que este daño de orden inmaterial debía denominarse “daño a la vida de relación”, por cuanto se trata de un concepto más adecuado que el “perjuicio fisiológico”: “el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre”, afectación inmaterial que puede tener origen en una lesión física o corporal, como también, por ejemplo, en una acusación calumniosa o injuriosa, en la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de este por otra persona, en un sufrimiento muy intenso o, incluso, en un menoscabo al patrimonio o una pérdida económica. Posteriormente, en decisiones de 15 de agosto y 18 de octubre de 2007 —rad. 2002-00004-01(AG) y 2001-00029-01(AG)— la Sección Tercera cambió su denominación y lo denominó “alteración grave a las condiciones de existencia”, la cual se acredita respecto de las condiciones de existencia previas, con las características de ser graves, drásticas y extraordinarias: “[E]n esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1° de la Constitución Política (…) El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”. Finalmente, las providencias de 14 de septiembre de 2011 – rad. 19.031 y 38.222, antes citadas, sistematizaron la tipología de los daños inmateriales, así: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), cuando se deriva de una lesión corporal y iii) daños a bienes constitucionales.

52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

53 Consejo de Estado, sentencia unificación jurisprudencial de Sala de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014, Exp., 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

54 Respecto del perjuicio por el denominado “daño a la salud” consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente: 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros. M.P. Enrique Gil Botero.

55 Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia de 1 de noviembre de 2007, expediente 16.407.

56 Sobre lo que debe entenderse por “familia” consultar, por ejemplo, Sentencia del 24 de julio de 2013, M.P.: Dr. Enrique Gil Botero, Exp. 27.289.

57 Testimonio rendido el 11 de abril de 2007. Folios 69 – 71 del cuaderno de primera instancia.

58 Testimonio rendido el 11 de abril de 2007. Folios 74 -75 del cuaderno de primera instancia.

59 Testimonio rendido el 10 de abril de 2007. Folios 76 – 79 del cuaderno de primera instancia.

60 Testimonio rendido el 10 de abril de 2007. Folios 80 - 83 del cuaderno de primera instancia.

61 Sobre los daños inmateriales derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, consultar, por ejemplo la sentencia proferida por esta Subsección el 12 de mayo de 2016, Exp. 41.716.

62 Al respecto, una de las características de los daños inmateriales derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, fijada en la sentencia de unificación jurisprudencial de Sala Plena de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014, Exp., 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero, es que “La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales”.

63 Igual criterio fue expuesto por esta Sala recientemente, en Sentencia del 12 de mayo de 2016, expediente 47.570.

64 En ese mismo sentido consultar, Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 13 de febrero de 2013, expediente 25.634, M.P. Carlos A. Zambrano Barrera, en la cual se denegaron tales perjuicios con base en consideraciones similares a las planteadas en este asunto.

65 Testimonios obrantes a folios 69 – 83 del cuaderno de primera instancia.