Sentencia 2005-04950 de enero 20 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación número: 76001-23-31-000-2005-04950-01(AP)

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Fredy Sierra Villalobos

Demandado: Municipio de Santiago de Cali

Bogotá, D.C., veinte de enero de dos mil once.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

El artículo 88 de la Constitución Política dispone:

“ART. 88.—La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella”.

En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 de 1998 (25 de agosto) cuyo artículo 2º define las acciones populares así:

“ART. 2º—Las acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

Ahora, en el caso que nos ocupa, el derecho cuyo amparo se pretende es, ciertamente, un derecho colectivo, contemplado en el literal a) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptible de protección mediante la interposición de la acción popular.

5.1. Caso concreto

En el presente caso, el actor pretende que se ampare el derecho colectivo al medio ambiente sano, el cual estima vulnerado por el municipio de Santiago de Cali y el señor José María Mosquera Méndez, debido a los malos olores y los innumerables insectos provenientes del criadero de ganado, que en precarias condiciones mantiene el señor José María Mosquera Méndez en la calle 21 Nº 102 - 33 de Santiago de Cali.

Del material probatorio se destaca:

Oficio 013024, de 12 de octubre de 2005, suscrito por la subdirectora de ordenamiento urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali y dirigido a Ángel María Tamura, en el que manifiesta:

“En atención a su solicitud de la referencia, le informo lo relacionado con el concepto de uso del suelo para el predio de la carrera 102 con calle 21, localizado en el área de actividad residencial predominante, donde las actividades ganaderas como cría y comercio clasifican como no permitidas(4).”

Diez (10) fotografías del criadero de ganado ubicado en la calle 21 Nº 102 - 33, de Santiago de Cali, en las que se observa la precaria condición en que se mantiene al ganado en dicho lugar(5).

• Copia del oficio 000482, de 16 de enero de 2006, suscrito por el apoderado del municipio de Santiago de Cali y dirigido al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, en el que solicita:

“Con fundamento en el artículo 79 de la Constitución Política y atendiendo los presupuestos petitorios contenidos en el líbelo de la acción popular impetrada tendientes a procurar el amparo constitucional del derecho colectivo a un ambiente sano de sus habitantes y, de manera especial, a la de la población menor de edad, causado por la actividad y explotación ganadera rudimentaria, que en sentir de la parte actora produce malos olores ofensivos y genera vectores que facilitan la trasmisión de enfermedades infectocontagiosas que atentan de manera directa y permanente a los habitantes del “Caserío Valle del Lili”, actividad clasificada como no permitida, en virtud de encontrarse en un área de actividad residencial predominante, de conformidad con el oficio 013024 de octubre 12 de 2005, suscrito por la Dra. Liliana Arango Tovar, para entonces subdirectora de ordenamiento urbanístico, comedidamente solicito a usted ordenar con carácter URGENTE, el inicio del proceso administrativo a que ello de lugar, a fin de responder a la mayor brevedad posible al honorable tribunal contencioso administrativo, la gestión adelantad con ocasión de la presente acción popular, principalmente en lo que respecta a la determinación técnico científica del grado o no de contaminación ambiental para el sector aludido”.

La Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca amparó el derecho colectivo al medio ambiente sano y no otorgó incentivo al actor debido a que éste, antes de interponer la demanda, no requirió a la administración para que lo protegiera; ni sustentó adecuadamente su violación en el libelo de la demanda.

Le asiste razón al demandante al considerar que debió habérsele reconocido un incentivo, debido a que la Ley 472 de 1998 no prevé como requisito de procedibilidad del incentivo en la acción popular la necesidad de hacer un reclamo previo de la violación del derecho colectivo a la administración; ni establece excepciones al reconocimiento de dicho estímulo, cuando se han amparado en la sentencia los derecho colectivos invocados.

Al respecto, mediante sentencia de 16 de noviembre de 2001 (M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola), ésta Sección estableció:

“El precepto (L. 472/98, art. 39) no establece de manera expresa condición alguna para dicho reconocimiento, de modo que, como lo anotan los apelantes, en sana lógica cabe entender que el derecho al incentivo lo tienen todos los demandantes en una acción popular cuyas pretensiones hubieren prosperado, esto es, cuando se ha obtenido la protección de un derecho colectivo. Sobre el mismo ha de tenerse en cuenta su finalidad, la cual está recogida en su propia denominación, esto es, motivar a las personas, naturales o jurídicas, para que se interesen por la efectividad de este mecanismo de defensa judicial de los derechos colectivos, habida cuenta de que por tratarse de derechos difusos usualmente no hay quienes estén dispuestos a remunerar el ejercicio de dicha acción. Cuestión muy distinta es la tasación del incentivo, la cual dependerá de la actividad y dedicación que el actor hubiere desplegado en función del desarrollo del proceso(6)” (Se resalta).

La única posibilidad para que una sentencia que ampara derechos colectivos no conceda al actor el incentivo a que hace referencia el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, es que éste expresamente renuncie al mismo.

En consecuencia, se revocará el numeral 4º de la sentencia apelada y, en su lugar, se fijará como incentivo, a favor del demandante, la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, habida cuenta de que la presente acción sirvió para proteger el derecho colectivo al medio ambiente sano y éste no renunció a su derecho de percibir el estímulo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral 4º de la sentencia apelada.

2. FÍJASE como incentivo a favor del actor popular la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, los cuales deberán ser pagados en una proporción del 60% por el municipio de Santiago de Cali y en un 40% por el señor José María Mosquera Méndez.

3. CONFÍRMASE en todo lo demás la sentencia apelada.

4. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(4) Folio 2.

(5) Folios 3 a 6.

(6) Sentencia de 16 de noviembre de 2001, Rad.: 25000232700020010000401, Actora: Claudia Sampedro Torres y Otro, M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.