Sentencia 2005-05178 de mayo 31 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 25269-3103-001-2005-05178-01

Magistrado Ponente:

Dr. William Namen Vargas

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil diez.

Discutida y aprobada en Sala de 10 de mayo de 2010.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, frente a la sentencia de 26 de marzo de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario de Blanca Inés Ordóñez en nombre y en representación de la sucesión del causante Jon Océrin Alvarino contra Armando Pachón Rodríguez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El argumento toral del fallo censurado es el incumplimiento de la demandante a su obligación de hacer consistente en el otorgamiento de la escritura pública contentiva de la venta prometida, por abstenerse de hacerlo invocando el fallecimiento del promitente vendedor, no obstante su reconocida calidad de cónyuge supérstite y mandataria del de cuius, en cuya ejecución debió suscribirla al tenor del artículo 2194 del Código Civil, por tratarse “de una gestión que ya había comenzado al punto que suspenderla representaba un perjuicio a sus herederos”.

De su lado, el cargo propuesto, en esencia, censura al juzgador de mutilar el acta notarial 573, por deducir de esta el incumplimiento de la demandante, cuando por su virtud, se decidió no suscribir en esa fecha el instrumento público ante la muerte del promitente comprador, así como por afirmar la concomitancia del pago del saldo con la prestación de hacer y sostener el cumplimiento del promitente comprador siendo incumplido.

Empero, en parte alguna la acusación combate la consideración fundamental, cardinal y definitiva del sentenciador de segundo grado, o sea, la conducta omisiva de la actora al no otorgar el instrumento público de venta, a pesar de su calidad de consorte sobreviviente y de apoderada, debiendo culminar la gestión para evitar perjuicios a los herederos, o sea, la continuidad del mandato.

Este entendimiento a propósito de los fundamentos prístinos de la decisión y su confrontación con la acusación, ponen de presente, la ausencia de impugnación de la médula central del fallo, de suyo suficiente, para mantenerla, al permanecer incólume.

En cuanto a esta particular cuestión, ““por vía de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan solo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en esta; de allí que haya predicado repetidamente (la Corte) que los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado este debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura” (se resalta; Cas. Civil, jun. 23/89. Exp. 5189, reiterada en Cas. Civil, dic. 15/2003. Exp. 7565)” (Cas. Civ., sent. dic. 9/2005. Exp. 1989-01859-01), pues “un juicio jurisdiccional solamente podrá ser infirmado dentro del ámbito de los errores de apreciación probatoria, cuando el ataque contra el mismo fulmine todas sus bases mas no así cuando alguna de estas que sea por sí sola suficiente para mantener en su integridad el fallo, quede en pie, bien sea porque la impugnación no la cobije, o bien porque la misma resulte inane para destruirla” (CXXIV, pág. 95).

2. Aún haciendo caso omiso de lo anterior, el tribunal, no incurrió en ninguno de los yerros imputados, ni las pruebas señaladas como preteridas, permiten establecer con la contundencia necesaria, las argumentaciones de la recurrente, al estilo de un alegato de instancia.

Baste observar el contenido del Acta 573 extendida el 20 de abril de 2005 en la Notaría Única del Círculo de Mosquera, en la cual, nada se dijo respecto de cualquier incumplimiento del promitente comprador por la señora Blanca Inés Ordóñez, apoderada del promitente vendedor, para abstenerse de otorgar la escritura pública contentiva de la venta, ni de la reclamada modificación por mutuo consenso de la fecha estipulada.

En efecto, el acta hace constar, la comparecencia de Blanca Inés Ordóñez, apoderada del promitente vendedor y de Armando Pachón Rodríguez, promitente comprador, a las dos de la tarde, del día y mes acordado “con el fin de cumplir lo pactado” el 29 de septiembre de 2004, y las causas por las cuales no se otorgó, de una parte, el fallecimiento de Jon Océrin y, de otra, la iniciación de su sucesión por el señor Pachón ante el Juzgado Segundo de Familia de Facatativá, donde “se encuentran reconocidos como acreedor” y cónyuge sobreviviente (fl. 52, cdno. 1), esto es, acredita según concluyó el ad quem, la abstención de la demandante al efecto y la disposición a cumplir del demandado, sin anotación alguna de su incumplimiento, pues nada se dijo ni hizo constar a propósito.

En lo concerniente al pago del precio, las partes acordaron en la cláusula segunda, literal e) de la promesa de compraventa celebrada el 20 de mayo de 2004, realizar el último “en la notaría de Mosquera al momento de suscribirse la escritura pública de compraventa del 50% restante del derecho de cuota y posesión sobre el inmueble prometido en venta” (fl. 7, cdno. 1).

Del mismo modo, el documento de 29 de septiembre de 2004, expresa un saldo final por $24.000.000 previa deducción al inicial señalado en $37.000.000 de $13.000.000 para un proceso de pertenencia a favor del promitente comprador y pagar a Carlos Julio Santana con miras a obtener la entrega de la finca a más tardar el 15 de enero de 2005, acordándose pagar intereses por el demandado sobre la obligación cambiaria contenida en un pagaré de $8.000.000 con vencimiento el 8 de diciembre de 2004, cuya cancelación reconoce la actora en “instalamentos irregulares”, (hecho 1.2.17, b, de la demanda, fl. 68, 78, cdno. 1, protestando el valor), y el pago del “saldo de $16.000.000 el día 20 de abril de 2005, fecha en la cual se suscribirá por parte de Jon Océrin Alvarino la escritura pública pendiente de otorgamiento, conforme al contrato de compraventa respectivo” (cláusula cuarta).

Por lo anterior, no luce disonante la consideración del juzgador respecto de la “concomitancia” del pago del saldo insoluto en la oportunidad y lugar de otorgamiento del instrumento público pactado para el 20 de abril de 2005, a las 2:00 p.m. en la Notaría Única de Mosquera (fls. 7, 10 y 118, cdno. 1).

En lo tocante al proceso de pertenencia y a la deducción de los $13.000.000 del precio, las partes en el mencionado documento, renuncian a toda reclamación por los hechos pactados “con posterioridad a la firma de documento” (cláusula quinta).

En este contexto, no se advierte error protuberante y ostensible.

A este propósito, el juzgador de instancia, está investido de una discreta autonomía en su tarea axiológica de las pruebas para adoptar sus providencias, dotadas de una presunción de verdad y acierto, correspondiendo al recurrente desvirtuarlas, en el caso del error fáctico probatorio, con la demostración puntual, clara e inequívoca de un yerro de tal magnitud, notoriedad y trascendencia, ““que a la primera mirada se advierta la contraevidencia de la determinación adoptada con la realidad que surge del proceso” (G.J., t. CCXXXI, pág. 644)” (Cas. Civil. Sent. mayo 27/2005, Exp. 472-05), “su solo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio...Ocurre, verdaderamente, cuando el fallador está convicto de contraevidencia; o, como la propia ley lo dice, cuando incurre en yerro “que aparezca de manifiesto...”“ (sents. jul. 11/90 y ene. 24/92), de donde, “solo cuando la tesis que expone la censura es la única admisible es procedente abrirle paso al recurso” (Cas. Civ., sent. ene. 31/2005, Exp. 7872; se resalta), en cuanto un fallo judicial “no se puede socavar mediante una argumentación que se limite a esbozar un nuevo parecer, por ponderado o refinado que sea, toda vez que, in abstracto, tanto respeto le merece a la Sala el criterio que en esos términos exponga la censura, como el que explicitó el fallador para soportar su decisión judicial” (Cas. Civ., sent. feb. 5/2001, exp. 5811).

3. Análogamente, el tribunal, estuvo acertado, en torno a la legitimación exigible para incoar la acción alternativa consagrada en el artículo 1546 del Código Civil, circunscrita al contratante cumplido o dispuesto al cumplimiento.

Justamente, el contrato, rectius, acuerdo dispositivo de dos o más partes o sujetos contractuales para constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas (C. de Co., art. 864 y C.C., art. 1495), obliga a su cumplimiento de buena fe, en todo cuanto le pertenece por definición (esentialia negotia), ley, uso, costumbre o equidad (naturalia negotia) o expresamente pactado (accidentalia negotia), en la totalidad de la prestación, forma y oportunidad debida, constituye un precepto contractual o norma obligatoria (pacta sunt servanda, lex privatta, lex contractus, C.C., arts. 1501, 1602, 1603 y 1623; C. de Co., art. 871), y su observancia vincula a los contratantes.

Más exactamente, en presencia de un contrato válido, “bilateral” o de prestaciones correlativas, el incumplimiento o renuencia a cumplir de una de las partes y el cumplimiento a disposición a cumplir de la otra, otorga al contratante cumplido o presto al cumplimiento, la acción alternativa para exigir su cumplimiento o su resolución con indemnización de perjuicios, es decir, la obligación misma (prestación in natura) o su equivalente pecuniario (subrogado, aestimatio pecunia) con la plena reparación de daños comprensiva del damnun emergens y el lucrum cessans (C.C., arts. 1613 y 1614 y C. de Co., art. 871), ya de manera principal (C.C., arts. 1610 y 1612) ora accesoria y consecuencial (C.C., arts. 1546 y 1818), bien en forma autónoma e independiente de la resolución, por tratarse de responsabilidad contractual, consecuencia legal del incumplimiento de la obligación, o sea, de un deber de conducta, referido “a la desatención por parte del deudor de sus deberes de prestación, que tiene como consecuencia la insatisfacción del interés del acreedor” (sent. sustitutiva de dic. 18/2009, exp. 41001-3103-004-1996-09616-01).

Para ser más precisos, un contratante incumplido o renuente a cumplir, por regla general, carece de legitimación e interés para exigir el cumplimiento o resolución del contrato con indemnización de perjuicios frente a la parte cumplida o presta a su deber negocial, y por ende, con interés para invocar la excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpletis contractus, C.C., art. 1609), y si bien “en atención a lo establecido en los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, en concordancia con el artículo 871 del Código de Comercio, mientras el contrato no se haya extinguido por las causas legales o por el consentimiento de las partes, los deberes de prestación que del mismo hayan surgido conservan vigencia y exigibilidad, y deben ser ejecutados de buena fe” (sent. sustitutiva de dic. 18/2009, exp. 41001-3103-004-1996-09616-01), tampoco el contratante incumplido podrá exigir el simple cumplimiento sin resarcimiento de daños, mientras no cumpla o se allane a cumplir sus obligaciones.

Y, en el caso presente, según la atinada conclusión del tribunal, ex artículo 2194 del Código Civil, ante la muerte del mandante, el mandatario podía y debía culminar la gestión encomendada, considerando el grave perjuicio que su abstención entraña a los intereses de la herencia.

A dicho respecto, el mandato es negocio jurídico intuitus personae, celebrado en consideración a las calidades del mandatario y confianza dispensada por el mandante (C.C., art. 2142).

Por esto, la muerte de una o ambas partes termina el mandato (solvitur mandatum, C.C., art. 2189, num. 5º), si se produce “res integra”, o sea, antes de iniciar la ejecución del encargo o agotar su objeto (Gayo, 3.16; Justiniano, 3.26.10; Digesto 17.1.27.3), pues los actos ejecutados o consumados con antelación mantienen sus efectos vinculantes, debiéndose además conocer la defunción, por cuanto los actos principiados o realizados ignorándose de buena fe (si tamen per ignorantiam impletum est), también los conservan en protección de las partes, terceros y de la seguridad o certeza del tráfico jurídico.

Tampoco el fallecimiento produce la extinción del mandato, cuando se confiere utilitas causa en interés recíproco del mandante, el mandatario o de un tercero (C.C., art. 1284), ni tratándose del destinado a ejecutarse con posterioridad (mandatum post morten mandatori o mandatari, C.C., art. 2195).

En consecuencia, en línea de principio, producida y conocida la muerte del mandante, cesa en sus funciones el mandatario, “pero si de suspenderlas se sigue perjuicio a los herederos del mandante, será obligado a finalizar la gestión principiada” (C.C., art. 2194), en cuyo caso, conserva plena eficacia para prevenir la lesión actual o inminente de los intereses de la herencia, y la ley “no solo autoriza, sino que ordena, a quien ha iniciado alguna gestión en nombre de quien ha fallecido, el continuarla, cuando de no hacerlo así se sigan perjuicios para los herederos” (Cas. Civil, sent. mar. 28/1952, LXXI, pág. 624).

En otros términos, para la terminación en tal hipótesis, es menester la integridad del mandato (integro adhuc mandato o re integra), y si la cosa ya no es integra (Item si adhuc integro mandato mors alterutrius alicuius), como cuando al instante de la muerte del mandante estaba iniciada la ejecución del negocio jurídico o se encuentra en tal estado que su heredero no habría podido sin daño confiarlo a otra persona u observarlo por sí, el mandatario debe ejecutar y finalizar la gestión encomendada, tanto cuanto más que al suspenderla, de suyo, causaría un grave perjuicio,

Ad exemplum, tratándose del cumplimiento de prestaciones sometidas a término esencial o a un plazo perentorio cuya solución no puede observar o proveer el heredero del mandante, más que de otro modo, el mandatario no puede suspender la gestión y está obligado a concluirla para evitar el daño que su frustración entraña.

Tal acontece en la cuestión litigiosa, donde la cónyuge supérstite y apoderada especial de Jon Océrin, en su nombre y representación inició la gestión, celebró contrato de promesa de compraventa, acordó modificaciones a su contenido, compareció en el día y hora a la notaría acordada para otorgar la escritura pública contentiva del contrato prometido y se abstuvo de hacerlo, cuando debía culminarla.

4. Por lo dicho, el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 26 de marzo de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario de Blanca Inés Ordóñez (en nombre y representación de la sucesión de Jon Océrin Alvarino) contra Armando Pachón Rodríguez.

Costas a cargo de la recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».