Sentencia 2005-05214 de noviembre 29 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 39425

Rad.: 050001233100020050521401

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Actora: Nora Ligia Morales Giraldo

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Proceso: reparación directa

Tema: ejecución extrajudicial, derecho a la verdad, valor de los instrumentos internacionales, alcance del derecho internacional humanitario.

Bogotá, D. C., veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, en ejercicio de la acción de reparación directa(1).

1.2. Caducidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En el presente caso los hechos sucedieron el 19 de abril de 2004 y la demanda fue presentada el 25 de abril de 2005, razón por la cual resulta evidente el ejercicio oportuno dela acción.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver si la entidad demandada es responsable de la muerte del señor Luis Humberto Giraldo Morales, si esta fue ejecutada por miembros del Ejército Nacional el día 19 de abril de 2004, en la vereda Los Medios del municipio de Granada (Antioquia) y si comporta una ejecución extrajudicial, la que comporta una grave violación a los derechos humanos y por tal castigada tanto por el ordenamiento interno como internacional.

3. Hechos probados.

En relación con la legitimación en la causa por activa, se destacan las siguientes pruebas:

3.1. Se conoce que de la unión matrimonial entre Luis Humberto Giraldo Morales y Alba Nelly Salazar Hoyos –folio 4 del cuaderno principal–, nacieron Dubán Alberto –folio 6 del cuaderno principal– y Leandra Marcela Giraldo Salazar –folio 7 del cuaderno principal–, en los términos de las respectivas actas de registro civil de nacimiento. Al tiempo, está probado que el señor Giraldo Morales fue hijo de Nora Ligia Morales Giraldo, conforme da cuenta el acta de registro civil de nacimiento visible a folio 3 del cuaderno principal.

En relación con el daño antijurídico:

3.2. Luis Humberto Giraldo Morales falleció el 19 de abril de 2004 en el municipio de Granada - Antioquía, conforme el registro civil de defunción –folio 5 del cuaderno principal– y el acta de necropsia practicada el 21 de abril de 2004 –folios 596 y 598, 607–, de la cual se destacan las características y señales de violencia:

“Cadáver de sexo masculino, estatura 1,70 mts, edad aproximada de 35 años, delgado, tez trigueña. Cabello negro, lacio, cejas pobladas negras, ojos color café, bozo despoblado color negro. Nariz aguileña. Dentadura natural. Presenta rigidez cadavérica y livideces dorsales.

(….)

“Gran equimosis periorbitaria derecha e izquierda y de dorso de nariz. Hundimiento de región malal derecha y deformidad de área de la mandíbula. Laceraciones múltiples en el dorso, lineales, bordes anémicos. Sistema óseo y articulaciones: fractura severa de malal derecho… sistema muscular: laceraciones y hematomas en tejidos blandos y músculos del área de las lesiones”.

En relación con la imputación y las circunstancias en que ocurrieron los hechos:

3.3. Se cuenta en primer lugar con prueba documental que informa sobre las operaciones previas ejecutadas por el Ejército Nacional en el oriente antioqueño. En suma, consta la orden de operaciones de 23 de marzo de 2004, denominada Espartaco, dirigida a “neutralizar, capturar, judicializar y/o en caso de resistencia armada combatirlos por la fuerza hasta doblegar la voluntad a integrantes (…) cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN, cuadrilla novena de las FARC” especialmente en los municipios de Granada, Cocorná y El Peñol –folios 561-564 del cuaderno principal–, que da cuenta de la presencia efectiva del grupo especial en el área de influencia.

3.4. En igual sentido el informe de la Misión Táctica Misil llevada a cabo en el municipio de Granada - Antioquia, el día 18 de abril de 2004, por las tropas del Batallón de Artillería N.4 CR. Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez (Batería “B” con la contraguerrilla Bombarda 3) –folio 558 del cuaderno principal–, según el cual:

Maniobra:

Día 18-Abrl04, la Batería “B” con la contraguerilla Bombarda 3 inicia infiltración nocturna, desde el casco urbano del Municipio de Granada hasta el morro en Coordenadas 06ª 08´17” 04´ 41” para realizar registros y control militar del área, en vista que hay informaciones sobre la presencia de grupos narcoterroristas en el sector. Encontrándose la patrulla en desarrollo de la situación, entra en contacto con terroristas de la novena Cuadrilla - ONT FARC y en el cruce de disparos fue dado de baja un bandolero de dicha organización.

3.5. El Reporte de resultados operacionales de la Misión Táctica Misil de 19 de abril de 2004, da cuenta de una baja, así –folio 559 del cuaderno principal–:

 FARCELNTOTALOBS
Terroristas dados de baja 01   
Fusil G-301   
Proveedores fusil G-302   
Chaleco portaproveedor01   
Granada de fusil01   
Munición de reserva 7.62 MM167   

3.6. En el Informe de la Personería Municipal de Granada sobre las operaciones especiales realizadas por el Ejército Nacional durante los años 2003 y 2004, constan declaraciones rendidas por campesinos de la zona, relacionados con acciones del Ejército Nacional y que ponen de presente el acoso reiterado de los uniformados, retenciones ilegales y homicidios –folio 68-162–. En cuanto al modus operandi, a título de ejemplo, se cuenta con la declaración de la señora Rosa Elena Galeano quien denunció la retención y posterior muerte de su sobrino Efraín de Jesús Hernández Galeano, sostuvo al respecto –folio 89 del cuaderno principal–: …

3.7. La diligencia de inspección judicial practicada por la Secretaría de Gobierno Municipal de Granada el 20 de abril de 2004, en la morgue del cementerio local, sobre los cadáveres del “Subversivo N.N. (alias Yupi) sin más datos, integrante del E.L.N. y (del cadáver) del “subversivo N.N. Nº 2”, los que correspondían a las bajas del Ejército del día 19 y no 18. Se advierte que el Informe de Misión Táctica citado refiere un “terrorista dado de baja” el día 19 sin referencia sobre la muerte del día 18 anterior –folio 600 y 601 del cuaderno de pruebas–.

3.8. Copia de la investigación preliminar adelantada ante el Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar –folio 552 a 789 del cuaderno de pruebas–. Se conoce el documento suscrito por el Coronel John Italo Camberos, Segundo Comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en el que informa que la investigación adelantada por la muerte del señor Luis Humberto Giraldo Morales fue archivada, además de la orden de Batalla del Noveno y Cuarenta y Siete frente de las Farc, calificada como documento “secreto”, que reposa en otras investigaciones, del que según da cuenta la funcionaria judicial, se relaciona con actividades de inteligencia –folio 700 del cuaderno de pruebas–. En el número 36, sobre el cadáver señalado como perteneciente al sujeto identificado como alias Yupi se señala:

“Alias Yupi, porta una pistola 9 mm.

Estatura 1,70 mts. Edad 31 años aprox. Contextura Gorda. Tez blanca. Cabeza redonda grande. Cabello mono. Cara redonda. Frente Grande. Cejas despobladas negras. Ojos cafés claros. Nariz pequeña. Orejas grandes. Labios gruesos. Boca grande. Dentadura natural en buen estado. Mentón normal.

Nota: es el encargado de recoger dinero producto del cultivo de coca”.

3.9. Obran declaraciones rendidas ante la Justicia Penal Militar(2), en el curso de las diligencias de indagación preliminar por la muerte del señor Luis Humberto Giraldo Morales, identificado por los testigos como “alias Yupi”. A título de ejemplo, se trae el reconocimiento del registro fotográfico realizado por el señor Jhon Fredy Murillo Ramírez, en cuanto coincide con la identificación física de la víctima –folio 657 del cuaderno de pruebas–.

“En este estado de la diligencia el despacho le enseña la fotografía de un (01) particular quien en vida respondía al nombre de Luis Alberto Morales Giraldo quien al parecer murió en un enfrentamiento armado contra tropas del Ejército Nacional el pasado 19 de abril-2004. Vista a folio 14 del cuaderno original. Informe al Despacho, si usted reconoce a esta persona, en tal caso informe al Despacho a que nombre respondía en vida. CONTESTÓ: La verdad esa foto está muy borrosa, pero al parecer es el YUPI (….) De Yupi yo estudie el segundo grado con él en el Colegio de los Medios, él ya era levantadito y como yo éramos burros y no servíamos para el estudio, él vivía con los abuelos en los medios y yo sé que él se unió a la milicia de los Elenos…”.

3.10. Diligencia de ratificación y ampliación del informe rendida por el señor Freud Amin Niño Sanabria, oficial del Ejército Nacional, Comandante de la Contraguerrilla Bombarda, adscrita al batallón de artillería Nº 4 e integrante del grupo de efectivos que simuló el combate, al igual que los otros declarantes –folio 580 del cuaderno de pruebas–:

“El pelotón bombarda tres inicia operación a 1-02-23, hacía las veredas el Morro y los Medios, el día 17 de abril en la noche se avanza durante toda la noche, en el día 18 se descansa y a partir del día 19, se inician los registros ofensivos sobre la vereda los medios, por informaciones sobre el sector, se tenía presencia de terroristas del noveno frente (sic) al mando de alias el “Cóndor”, quien iba con unos treinta hombres, era el dato que se tenía, hasta las once de la mañana aproximadamente se envía un registro del cabo Tercero Montaño, por una trocha que iba hacía el morro, para que verificara si había rastros del enemigo, presencia o explosivos, cuando el puntero iba subiendo venían bajando los terroristas, al parecer venían a hostigar a la tropa que estaba más abajo y ellos sintieron unos disparos y reaccionaron y les dispararon de mucho más arriba también y en el intercambio de disparos fue dado de baja un terrorista con su material de guerra, se siguieron efectuando registros ya no se encontró nada más y se procede hacer la extracción de la baja hacia el municipio de Granada, se reporta al comando superior lo ocurrido (…) Fue contra el Noveno frente de las FARC, el que dimos la baja tenía una camisa camuflada, una sudadera azul oscura, tenía botas de caucho y un chaleco camuflado y un fusil G-3, ese fue el que nosotros vimos, porque los otros no se alcanzaron a ver, solamente se sentía el volumen del fuego (…) Iniciaron el fuego ellos, e puntero se encontró así de frente con el puntero de la guerrilla y hubo un combate de encuentro y no hubo tiempo sino de reaccionar, eso fue muy cercano, terroristas de las FARC…” –folio 580 del cuaderno de pruebas–.

3.11. Obra la declaración del soldado profesional del Ejército Luis Alfredo Mazo Herrera, en particular depuso:

“Nosotros el 17 de abril salimos a una operación que se llamaba misil, caminamos hasta el 18, el 18 descansamos y el 19 hicimos un registro sobre la vereda el morro, ahí fue donde nos hostigó la guerrilla, entonces cada uno comenzó a disparar, cuando hicimos el registro, encontramos un guerrillero muerto, tenía un fusil, chaleco, comenzamos hacer el levantamiento y lo llevamos hacía Granada (…) el combate duró por ahí una hora, eran por ahí unos 20 subversivos del noveno frente de las FARC …” –folio 583 del cuaderno de pruebas–.

3.12. Edwin Parra Zea soldado profesional del Ejército, orgánico del Batallón de Artillería Nº 4, Contraguerrila “Bombarda 3”, sobre los hechos depuso:

“Nosotros salimos el 17 de abril hacer un registro, el 18 se hizo registro también y el 19 subíamos y cuando se escucharon fue unos disparos, nosotros también disparamos y mandaron a hacer el registro y estaba la baja (…) No eso no duró casi nada, por ahí unos 15 minutos, pues nosotros logramos ver dos y subimos y hicimos otro registro y se venía por ahí unos 20 de las FARC” –folio 585 del cuaderno de pruebas–.

3.13. También el soldado profesional del Ejército Nacional, orgánico del Batallón de Artillería Nº 4 Julio Herrera Escobar, sobre los hechos manifestó:

“Ese día nosotros íbamos a hacer un registro por la vereda los medios, yo iba puntiando, nos metimos por un camino, cuando de frente me encontré con el guerrillero, cuando él nos vio y comenzó a dispararnos y nosotros reaccionamos y en el intercambio de disparos fue donde se dio la baja, de todas partes nos disparaban ese día (…) PREGUNTADO: Sírvase informar al despacho contra que grupo armado al margen de la ley se sostuvo el enfrentamiento, cuantos subversivos eran y cuánto tiempo duró el combate. CONTESTÓ: Era como el noveno frente de las FARC, más o menos entre 20 o 30 subversivos, por ahí una hora y media” –folio 587 del cuaderno de pruebas–.

3.14. Consta en el expediente, segunda página de un oficio incompleto, suscrito por el Fiscal 59 Seccional Delegado, Coordinador de la Unidad, Ricardo Alonso Vera Pabón, dirigido a destinatario desconocido en el que se señala: “al parecer miembros del Ejército simularon un enfrentamiento donde se escucharon tiroteos y en el aparecieron muertos Luis Humberto Giraldo Morales y NN sexo masculino, de aproximadamente 25 a 30 años de edad”. En este documento se indica que se profirió resolución inhibitoria el 11 de enero de 2006 y que las diligencias pasaron a archivo con el número 3588 –folio 555 del cuaderno de pruebas–. Llama la atención que este documento contrasta con la copia del oficio remisorio de fecha 31 de julio de 2004, suscrito por el mismo fiscal, en el que manifiesta que la muerte del señor Luis Humberto Giraldo Morales y la de un NN, el día 19 de abril de 2004, correspondió a un combate con el Ejército. Lo anterior para que el asunto fuera conocido por la Justicia Penal Militar.

3.15. Consta la copia de la investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, en contra averiguación, por la denuncia que instauró la señora Nelly Salazar Hoyos –folio 349–. También se tiene copia de la investigación disciplinaria abierta por las Fuerzas Militares, que culminó el 20 de mayo de 2005, con el archivo definitivo de la indagación preliminar –folio 490 del cuaderno de pruebas–.

3. Análisis jurídico y juriprudencial.

La Sala ha declarado la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y ha condenado a indemnizar los daños causados, en los casos de ejecuciones sumarias o mal llamados falsos positivos imputadas a los organismos de seguridad del Estado, considerados como una grave violación a los derechos humanos.

El informe sobre Colombia del Relator Especial para Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas, señor Philip Alston, presentado al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 31 de marzo de 2009, del cual se extrae lo siguiente:

Las fuerzas de seguridad han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como “bajas en combate”. Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron hechos aislados. Esos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través del “número de bajas”. Hubo además algunos alicientes: un sistema oficioso de incentivos ofrecidos a los soldados para que produjeran bajas y un sistema oficial de incentivos ofrecidos a los civiles para que proporcionaran información que condujera a la captura o muerte de guerrilleros. Este último sistema careció de supervisión y transparencia. En general, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación.(3)

De mis investigaciones se desprende claramente que los miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia han cometido un número considerable de ejecuciones ilegales y que el cuadro sistemático de falsos positivos se ha repetido en todo el país. Ha habido demasiados asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegados, o “manzanas podridas”. Los casos de Soacha son sólo el ejemplo más conocido de esa clase de asesinatos.(4)

Con base en el anterior informe y otros procesos resueltos por esta jurisdicción, se ha podido conocer el modus operandi y los patrones de conducta en los casos de las ejecuciones sumarias, los cuales tienen coincidencia con el caso presente, esto es, la muerte de ciudadanos en condición de discapacidad, enfermedad o indefensión y su presentación como miembros de grupos armados ilegales, especialmente guerrilleros, a efecto de acreditar resultados operacionales militares. Se conoce del Decreto 1400 de 2006, mediante el cual el gobierno creó la bonificación por compensación para operaciones de importancia nacional(5), además del reporte intermedio de la Corte Penal Internacional sobre la situación de Colombia en estos términos:

“Actores estatales, en particular miembros de las Fuerzas Armadas, han dado muerte intencionalmente a miles de civiles con el fin de potenciar su tasa de éxito en el contexto del conflicto armado interno y obtener incentivos monetarios procedentes de fondos del Estado. Se reportó que los civiles ejecutados eran guerrilleros muertos en combate. Se cree que estos asesinatos ocurrieron con mayor frecuencia del año 2004-2008”.(6)

En lo que respecta a la defensa institucional del Ejército y el Ministerio, frente a los casos de ejecuciones, la Sala ha cuestionado el pretendido amparo en el Derecho Internacional Humanitario utilizado para justificar muerte que no admiten ninguna justificación. Se ha sostenido que la estrategia defensiva de la Nación Ministerio de Defensa agrava lo acontecido en cuanto se trata de una nueva afrenta a las víctimas y a su memoria lo que incrementa el dolor de las familias dado que además se los presenta como insurgentes. Ello ha llevado a la Sala a condenar en costas, dado lo temerario que comporta construir una defensa con el señalamiento a las víctimas, no obstante su inocencia, así:

Por otra parte, la Sala no puede aceptar los argumentos presentados por la apoderada del ministerio, no solo en la consideración del sentido del fallo, sino también, en la valoración de la temeridad de la apelación. Si bien el ministerio tiene derecho a la defensa y a una segunda instancia, resulta inadmisible que se acuda a estrategias similares a las utilizadas por los victimarios para esconder el homicidio.

Si de los delincuentes se espera que pretendan manipular la escena y esconder la realidad de los hechos, presentando a la víctima como guerrillero o delincuente, lo cual deshonra a la institución castrense, no puede aceptarse similar actuación de parte de los apoderados del Ministerio de Defensa, pagos además con recursos del erario público.

Si bien la Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional está en el derecho de presentar todos los fundamentos jurídicos que encuentre procedentes, dentro de la legalidad, no le es dable soportar su defensa en la revictimización de quienes han padecido una grave violación a los derechos humanos. Siendo así, la Sala rechaza la insistencia de la demandada en señalar a la víctima como delincuente, afectándole una vez más su derecho al buen nombre e incrementando el padecimiento moral de los familiares. Encuentra que esto constituye temeridad y en consecuencia procederá a condenar en costas.(7)

En esta decisión además, la Sala debe llamar la atención sobre los testimonios rendidos ante el a quo por cinco efectivos militares, según se señala participes de una pretendida operación. La observación tiene que ver con el direccionamiento intencional de los testimonios para así mismo fundamentar la versión que la demandada formuló en su defensa. No se desconoce que si los testigos participaron en los hechos no tendrían que haber declarado en su contra, empero de ello no se sigue la confabulación para falsear la verdad y así mismo construir versiones falseadas que repiten los subalternos, lo que resulta a todas luces censurable, pues desconoce el comportamiento ético exigido, para lo cual se construyen versiones que los militares comprometidos repiten, como si se tratase de órdenes y planes debidamente elaborados, lo que deslegitima la institucionalidad y pone en tela de juicio la formación que el ejército imparte a sus hombres, obligados a actuar con corrección extrema, de modo que de ella no se esperaría nada distinto a la verdad. Cabe recordar que el uso de estrategias revictimizantes ha llevado a insistir en el derecho a la verdad, ámbito sobre el cual ha reflexionado las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para incluirla en los procesos de reparación como una manera de velar por la satisfacción de todos los perjuicios causados y además como una forma de crear conciencia colectiva para evitar la repetición de cierto hechos(8). En su sentido similar el juez Cancado Trindade en un voto razonado en el caso Gutiérrez Soler vs Colombia sostuvo:

“Cada persona tiene un “patrimonio espiritual” que preservar, de ahí es necesario el cultivo de la memorial para preservar la identidad, a niveles tanto individual como social. El olvido agudiza aún más la vulnerabilidad de la condición humana y no puede ser impuesto (ni siquiera por artificios legales, como la amnistía o la prescripción): Hay un deber ético de la memoria”.(9)

En suma, el derecho a la verdad comporta una exigencia a todos los actores, los civiles, las víctimas y bajo el mismo rasero se extiende a los miembros de las fuerza pública, en tanto aparece vinculado con el derecho a la reparación y a la garantía de no repetición. Y si bien no comporta uno de los elementos estructurales para declarar la responsabilidad de la administración, la verdad si constituye un valor y un derecho que irradia cualquier acción individual o colectiva, componente ético que permite la reparación integral de lo sucedido, sobre el que la doctrina ha sostenido:(10)

“El derecho de una sociedad a conocer íntegramente sobre su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones”. En el mismo sentido, la Corte ha declarado que el conocimiento de la verdad es un derecho inalienable, un medio de reparación para la víctima y sus familiares y una forma de prevención de violaciones en el futuro.

Las reservas ante el concepto de verdad son fácilmente imaginables, especialmente si se atiende a la dimensión colectiva, tanto por lo criticable de la noción misma de “derecho colectivo” (rayana en una contradictio in terminis, si se parte de una concepción liberal de los derechos), como por los peligros inherentes a las verdades oficiales. (…) Debería verse en la afirmación de un derecho colectivo a la verdad la toma de conciencia de que, más allá de los derechos de las víctimas a conocer las circunstancias relativas a sucesos traumatizantes y a elaborar el duelo, conocer y fijar en un relato oficial los graves crímenes del pasado es un interés de la sociedad en tanto que el mismo puede operar como resorte de regeneración moral necesario para crear una cultura democrática y de respeto al derecho y a las nuevas instituciones.

Pastor ha propuesto abandonar la expresión “verdad” y referirse tan sólo a un “derecho a la información”, con el fin de evitar que las CV sean utilizadas o percibidas como proyectos autoritarios, que respondan a una voluntad de “encontrar verdades absolutas buscadas a cualquier precio” y limiten la libertad individual “acerca de cómo quiere cada uno relacionarse con el pasado”. Señala el autor que la verdad, “sobre todo por su naturaleza mitológica, siempre que se la invoca, como en el caso de otros valores tan elevados e indiscutibles (justicia, igualdad, etc.), se quiere encubrir con su autoridad un seguro abuso de lo que se hace con su nombre”. Sin embargo, la aportación teórica que a mi juicio hay que hacer respecto al derecho a la verdad debe consistir en describir el contexto en el que surge esta demanda social, delimitar el concepto y advertir sobre los riesgos de su manipulación.

En ese orden, la verdad constituye no solo una pretensión moral, sino también un referente ético que irradia la conducta de los servidores públicos y al tiempo hace referencia al derecho a la información de la victimas para conocer las circunstancias de cómo, cuándo y por qué ocurrieron los hechos. De lo que se sigue que su ausencia, o las verdades parciales o a medias, o peor aún la manipulación de los hechos, deslegitima el uso de la fuerza, debilita las instituciones, pone en riesgo su credibilidad e impide que podamos convencernos y creer en la existencia de una buena salud de los derechos protegidos por el Estado en un régimen democrático como el nuestro.

Además, la Sala se ha pronunciado sobre la vigencia del derecho a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, y el derecho al debido proceso, establecido en el artículo 29 constitucional, en los siguientes términos:

Aún cuando es evidente que el caso bajo estudio fue un falso positivo o ejecución extrajudicial, toda vez que además del homicidio se presentó a las personas dadas de baja como guerrilleros, a sabiendas que no pertenecían a ningún grupo insurgente, la pregunta que surge justamente con ocasión de la apelación del Ministerio de Defensa es si, en caso que hubiesen sido delincuentes o integrantes de grupos armados al margen de la ley no tenían, entonces, derecho al debido proceso, a la defensa, a nombrar un abogado; en otras palabras, debe responderse si en tal condición se pierde el derecho a la vida, al punto que lo ocurrido, en las circunstancias conocidas, tenía que soportarse.

La respuesta es no y debe advertirse con vehemencia. La ejecución fuera de combate es inadmisible, así se trate de un insurgente, y la gravedad se incrementa en casos como el que se resuelve, dado que el señor Walter Jony Henao Salazar fue ejecutado por la fuerza pública y previamente desaparecido para presentarlo como guerrillero y obtener ventajas. La Constitución consagra en su artículo 11 el derecho a la vida sin distinción. La pena de muerte se encuentra proscrita, de manera que ninguna condición excepciona el deber de las autoridades públicas de respetar, garantizar y proteger el derecho a la vida.(11)

Dentro de la consideración del respeto irrestricto al derecho fundamental a la vida y su deber de protección –por parte de las autoridades–, dentro de estas, la fuerza pública, y en caso de violación, el deber de investigación por parte de las autoridades judiciales, se ha sostenido:

También es preciso afirmar que las normas constitucionales que se invocan, frente a la fuerza pública y su función de defensa de la soberanía, de las instituciones, de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, en ningún momento admiten el desconocimiento del más fundamental de los derechos humanos: la vida. En este sentido, el señor Daniel Vásquez Ocampo, así hubiese pertenecido a un grupo insurgente –que no lo fue– no tenía ningún deber de soportar su muerte, ni era una persona ajena al deber de protección del Estado.

Una noción tan elemental como la aquí expuesta, la prevalencia del derecho a la vida, pareciera no estar clara por parte de quienes tienen el mandato constitucional de protegerla. Esa ambigüedad en el entendimiento del derecho a la vida dio pie al fenómeno de los falsos positivos y a lo ocurrido con el señor Vásquez Ocampo. Estos se dieron no solo como consecuencia de la entrega de premios, de recompensas, de permisos y ascensos por los supuestos resultados positivos de la fuerza pública, sino también, por la pasividad de las instituciones y de la sociedad que ha entendido como legales las bajas de la guerrilla por el solo señalamiento de la fuerza pública, absteniéndose de adelantar y exigir investigaciones.

La pérdida de la vida de una persona reputada como miembro de la guerrilla o de un grupo armado ilegal no se investigó como ha debido ser. Sin advertir que se reportaba para acreditar resultados y obtener beneficios, al margen de los mecanismos judiciales que obligatoriamente deben operar en todos los casos de muerte violenta, se alcanzaron niveles de indignidad institucional.

La Constitución Política y el Derecho Internacional Humanitario no pueden ser utilizados para justificar la muerte. El artículo 2º de la Carta establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida de todas las personas sin distinción. Por su parte, el artículo 217 establece que las Fuerzas Militares tienen la función constitucional de defender la soberanía, la integridad del territorio y el orden constitucional.(12)

Así mismo, la Sala ha advertido el indebido entendimiento del Derecho Internacional Humanitario por parte del Ministerio de Defensa, como fundamento del accionar letal, de modo que ha encontrado pertinente realizar una breve explicación del mismo, la cual se trae colación, así:

Vigencia y aplicación del Derecho Internacional Humanitario

El Derecho Internacional Humanitario rige en Colombia en virtud de la Ley 5ª de 1960, aprobatoria de los cuatro convenios de Ginebra de 1949, de la aprobación del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1977 y por la Ley 171 de 1994 que aprobó el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra.

Es importante hacer notar que debido a la equivocada interpretación sobre el Derecho Internacional Humanitario y el temor que tiempo atrás existió sobre el reconocimiento de beligerancia, la Ley 5ª entró a regir cuarenta años después, una vez publicada. En relación con los protocolos adicionales, se sabe que el Estado colombiano tardó en ratificarlos.

Fue hasta la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que finalmente se incorporó el Derecho Internacional Humanitario en Colombia, con la aprobación de una expresa referencia en el artículo 214 sobre los estados de excepción, nótese bien: en los estados de excepción, en donde además se dice, de manera expresa, que no pueden suspenderse los derechos ni las libertades fundamentales.

En ese orden, el Derecho Internacional Humanitario, como marco normativo especial dentro del Derecho Internacional, no establece la permisión o autorización del uso de la fuerza letal, ni es el fundamento jurídico que permite derogar o suspender el derecho a la vida y al debido proceso con el solo señalamiento de ser la víctima un insurgente. Todos los asociados, nacionales o no, de cualquier condición, tienen derecho a la vida y al debido proceso. Cuestión diferente es la legítima defensa o el estado de necesidad. Esto es así, porque a pesar que el Derecho Internacional Humanitario no condene la muerte de una persona considerada combatiente (concepto que no aplica para los conflictos armados internos), no quiere decir que la legalice, de modo que el Derecho Internacional Humanitario no excluye las normas de derechos humanos, ni los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. Sin perjuicio de que con la aprobación del Acto Legislativo Nº 1 de 2015 que modificó el artículo 221 sobre Fuero Penal Militar, obliga a los jueces y fiscales de la justicia ordinaria y de la justicia penal militar tener formación y conocimiento adecuado en DIH y justamente por esta debida formación que se exige a los operadores judiciales, es importante llamar la atención sobre el criterio de complementariedad, sobre el concepto de participación directa en las hostilidades y el de función continua de combate.

“Para los propósitos del principio de distinción en los conflictos armados internos, todas las personas que no son miembros de las fuerzas armadas del Estado o de grupos armados organizados de una parte del conflicto, son civiles y, en consecuencia, tienen derecho a la protección contra los ataques directos, a menos que tengan una participación directa en las hostilidades y por el tiempo que dure dicha participación. En los conflictos armados no internacionales, los grupos armados organizados constituyen las fuerzas armadas de un parte no estatal del conflicto y consisten únicamente en aquellos individuos cuyas funciones son tomar parte directa en las hostilidades (función continua de combate)”.(13)

Esta guía de interpretación del CICR desarrolló con extremo tecnicismo académico el concepto de función continua de combate y de participación directa en las hostilidades, en aplicación de los criterios de umbral de daño, causación directa y nexo beligente, que no es del caso exponer aquí, pero que se mencionan con el propósito de ilustrar que el Derecho Internacional Humanitario no puede ser interpretado de manera simplista como el soporte legal que autoriza genéricamente el uso de la fuerza letal, frente a quien es reportado como guerrillero o miembro de un grupo armado ilegal.

Además de la anterior doctrina del CICR, es pertinente señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso La Tablada, se pronunció sobre la condición jurídica de los miembros de los grupos armados ilegales en una situación que calificó como conflicto armado interno, a quienes señaló como civiles que pierden el derecho a la protección en virtud de su participación directa en las hostilidades.(14)

Por lo anterior, se hace un llamado a la aplicación e interpretación complementaria entre el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con sujeción a las normas de la Constitución Política que establecen el derecho a la vida, la prohibición de la pena de muerte, las garantías del debido proceso(15) y en especial la necesidad de que los instituciones militares formen a sus hombres en la verdad como un valor que no puede ser extraño a la formación militar.

5. Análisis probatorio y conclusiones.

Aunque los efectivos del Batallón de Artillería Nº 4, Contraguerrila “Bombarda 3” del Ejército Nacional no fueron enjuiciados ni sancionados en la actuación penal y disciplinaria, que luego se archivaron, se conoce que el señor Luis Humberto Giraldo Morales fue ultimado el 19 de abril de 2004 en la vereda los Medios del municipio de Granada por orgánicos del grupo elite, pero no en el ámbito de la misión táctica “Misil” o en el marco de hostilidades con miembros de las FARC, como lo depusieron los militares. Esto porque, las contradicciones saltan a la vista, si se considera que i) en el proceso penal, la víctima fue identificada como el subversivo alias “Yupi”, integrante al parecer de una de las columnas del ELN y no de las FARC, conforme da cuenta la diligencia de inspección judicial y el testimonio del señor Jhon Fredy Murillo Ramírez; ii) según el documento que contiene las actividades de inteligencia “Alias Yupi”, el abatido en combate tenía una edad aproximada de 31 años, “Contextura Gorda. Tez blanca. Cabeza redonda grande. Cabello mono. Cara redonda. Frente Grande. Cejas despobladas negras. Ojos cafés claros. Nariz pequeña. …”, mientras el señor Giraldo Morales tenía 35 años, “delgado, tez trigueña, cabello negro, lacio, cejas pobladas negras, ojos color café, bozo despoblado color negro. Nariz aguileña”, de modo que las características de alias “Yupi”, miembro de la guerrilla difieren de la víctima, aunado a que ninguna prueba, distinta a las afirmaciones de los militares, sin fundamento, permite tener al señor Giraldo Morales como integrante de un grupo insurgente y iii) según la denunciante, ahora demandante, Alba Nelly Salazar Hoyos, su cónyuge fue retenido en el lugar de su residencia en la vereda los Mozos, en presencia de sus padres, por lo que no se explica que las investigaciones no hayan recibido su versión. Se conoce también que en el lugar donde ocurrieron los hechos, también se llevaban a cabo operaciones por parte del Ejército Nacional durante los años 2003 y 2004 y que en el ámbito de las mismas la población fue víctima de acoso, retenciones ilegales y homicidios, según da cuenta el Informe de la Personería Municipal de Granada.

Ahora, sobre el enfrentamiento al que aluden los efectivos, no hay pruebas distintas a sus propios testimonios que trataban de ser uniformes y el informe del respectivo comandante. Esto es de militares sub judice por la muerte del señor Giraldo Morales de los que, si bien no se exige confesión, resulta inadmisible el falseamiento de la verdad. No aparecen registros noticiosos o versiones distintas que puedan ser valoradas. Se tiene que el Fiscal 59 Seccional Delegado, Coordinador de la Unidad informó que miembros del Ejército simularon un enfrentamiento que a la postre terminó con la vida del señor Luis Humberto Giraldo Morales. Llama la atención la ampliación del informe del Comandante de Contraguerrilla Bombarda y las declaraciones de los soldados profesionales Mazo Herrera, Parra Zea y Herrera Escobar, quienes ponen al descubierto contradicciones sobre el enfrentamiento; mientras el primero afirma que la víctima murió en el intercambio de disparos con el puntero de la tropa y que no lograron ver más subversivos, el segundo, aseguró que el combate duró aproximadamente una hora y que “eran por ahí unos 20 subversivos del noveno frente de las FARC”; el tercero atestó que el enfrentamiento duró 15 minutos y el cuarto afirmó que el combate duró hora y media, pero que el intercambio fue únicamente con la víctima, alguno sostiene que se registraba la vereda los Mozos y otros que se trataba de los Medios. Hay quien sostiene que el día 18 se descansó y otro que se hizo el registro. Por último, la prueba documental, especialmente la diligencia de inspección judicial practicada por la Secretaría de Gobierno Municipal de Granada el 20 de abril de 2004 y el oficio suscrito por el Fiscal 59 delegado, dan cuenta de que las bajas tendrían que ver con dos persona, “alias Yupi” y el “subversivo NN, sin embargo los testimonios de los efectivos militares hicieron referencia al primero. En ese orden las inconsistencias tendrían que ver con quienes intervinieron, el número de bajas y de partícipes del hecho, la forma y el tiempo de duración, de modo que la hipótesis a la que acudió la entidad demandada para lograr su defensa merece serias reservas y en su lugar, gana peso la imputación sobre la ejecución extrajudicial de una persona ajena al conflicto armado y el hecho de que el enfrentamiento fue simulado por los miembros del Ejército Nacional.

En conclusión, la distinta prueba documental y testimonial conducen a inferir que la entidad demandada, a través de los efectivos del Batallón de Artillería Nº 4, Contraguerrila “Bombarda 3”, simularon la existencia de la hostigación y el enfrentamiento armado, para borrar toda prueba o indicio sobre la forma y los motivos que llevaron a los uniformados a acabar con la vida del señor Giraldo, direccionar el curso de las investigaciones penales y disciplinarias y lograr que el asunto fuera conocido por la justicia penal militar y el archivo de la actuación penal y disciplinaria.

Finalmente, la verdad, en este caso, resultó manipulada, aunado a que se advierte confabulación entre superiores y subalternos para falsear la verdad. Esto es así, porque los miembros del Ejército simularon un enfrentamiento y se confabularon para rendir versiones sobre el mismo, dejando al descubierto serias contradicciones, en relación con el número de bajas y los partícipes, la forma y el tiempo de duración y, aunque ello permita ganar peso el argumento central relacionado con la existencia de serios indicios que dan cuenta de la ejecución extrajudicial de una persona ajena al conflicto armado, no es lo único. De una parte porque la estrategia de defensa generó una revictimización y de otro porque es de lamentar el uso de relaciones de mando que deben ser utilizadas para formar y no ser instrumentalizadas en orden a distorsionar la verdad y afectar la investigación. No deja de preocupar que la verdad en tanto valor y derecho deja de ser el referente ético que gobierna las relaciones entre los actores, al tiempo que deja de cumplir uno de sus propósitos, pues como elemento reparador del derecho de las víctimas a ser informadas sobre lo ocurrido, deslegitima las instituciones y pone en riesgo el propio Estado democrático y de derecho, por lo que en el ámbito de las excusas públicas que deberán brindar las autoridades, para efectos de la no repetición, pondrán total cuidado de informar a las víctimas lo sucedido en relación con los hechos del 19 de abril de 2004.

Ahora, no puede perderse de vista y cabe reiterar que las decisiones que resuelven sobre la responsabilidad personal de los agentes en el marco de las actuaciones penales y disciplinarias, no condicionan ni obligan el resultado del proceso contencioso donde lo que se juzga es la responsabilidad institucional con independencia de la culpa personal o la identificación del sujeto causante del daño.

Con fundamento en el anterior análisis jurídico y probatorio, no hay duda que el señor Luis Humberto Giraldo Morales fue ejecutado lo que constituye una grave violación a los Derechos Humanos, que no puede justificarse bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario, razón por la cual procederá a confirmar la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia del 30 de abril de 2010 y a modificar la sentencia, a efecto de actualizar a valor presente la tasación de perjuicios morales y materiales.

Además, teniendo en cuenta la jurisprudencia de esta Corporación, en materia de graves violaciones a los derechos humanos en relación con el principio de no reformatio in pejus, y el deber de otorgar garantías de no repetición, cuya titularidad no corresponde a las partes procesales sino a la sociedad, se encuentra pertinente ampliar el alcance de la sentencia condenatoria, a efecto de ordenar una reparación integral, acorde con la gravedad de la violación a los derechos humanos y a su incidencia social.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

Comoquiera que los elementos que están presentes, permiten suponer el dolor y el grado de afectación moral vivido por los demandantes, se acogerá la apreciación hecha por el tribunal y las pautas jurisprudenciales relacionadas con la presunción de dicho perjuicio, en atención al grado de consanguinidad entre la víctima y los demandantes, pues la prueba documental da cuenta del título jurídico que acredita la legitimación por activa y de suyo la existencia de los perjuicios causados a los demandantes.

Siguiendo la orientación actual de la jurisprudencia, sentada en sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso Nº 13.232 - 15646, la condena surtirá efectos en salarios mínimos legales mensuales, y no en el equivalente en gramos oro como fue solicitado en la demanda, y reconocido en la sentencia de primera instancia.

En lo concerniente a los perjuicios morales, de conformidad con la reciente jurisprudencia unificatoria de la corporación(16), se han establecido cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno - filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

En consecuencia, corresponde indemnizar por concepto de daño moral a los demandantes (madre, cónyuge e hijos) según sea su relación de consanguinidad con el señor Luis Humberto Giraldo Morales, así:

• A favor de la señora Nora Ligia Morales Giraldo (madre): 100 SMLMV.

• A favor de la señora Alba Nelly Salazar Hoyos (cónyuge): 100 SMLMV.

• A favor del señor Dubán Alberto Giraldo Salazar (hijo): 50 SMLMV.

• A favor de Leandra Marcela Giraldo Salazar (hija): 50 SMLMV.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Lucro cesante:

Para el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se mantendrá la condena impuesta por el tribunal, para lo cual vale la pena traer a colación que la entidad demandada, única apelante solicitó como pretensión subsidiaria mantener lo relativo a la condena conforme los parámetros expuestos por el a quo, especialmente porque incluye a los hijos y no a la cónyuge, para guardar relación con lo pedido en la demanda. En ese orden, la Sala se limitara a actualizar la liquidación realizada por el fallador de la primera instancia, por encontrarla ajustada a derecho y en cumplimiento con el principio de la no reformatio in pejus.

El tribunal reconoció perjuicios a favor de Dubán Alberto Giraldo Salazar en la suma de $35.782.693.oo

VP = 35.782.693 x 138,05 sep/17

104,29 Abr/10

VP = $ 47.366.006,oo

Y reconoció a favor de Leandra Marcela Giraldo Salazar, la suma de $26.197.708.oo

VP = 26.197.708,oo 138,05 sep/17

104,29 abr/17

VP = $ 34.678.239,oo

En consecuencia, a Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Dubán Alberto Giraldo Salazar la suma de cuarenta y siete millones trescientos sesenta y seis mil setecientos ocho pesos moneda corriente ($ 47.366.006,oo m/cte.) y a favor de Leandra Marcela Giraldo Salazar la suma de treinta y cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos moneda corriente ($ 34.678.239,oo m/cte.).

A título de no repetición, se ordenará al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional realizar un acto público de petición de excusas a la familia del señor Luis Humberto Giraldo Morales, previa autorización de ella. Levantar una placa con el nombre del señor Luis Humberto Giraldo en la vereda Los Medios del municipio de Granada (Antioquia), la que deberá contener las excusas públicas por los hechos ocurrida el día 19 de abril de 2004. También, exhortar a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la correspondiente investigación penal por la muerte del señor Luis Humberto Giraldo Morales y posteriormente remitir copia a la Jurisdicción Especial para la Paz, en este último caso para ponerle de presente los hechos materia de este juicio, para que determine si tiene competencia y la posibilidad de someter el conocimiento de este asunto en el momento oportuno para ello.

No se condenará en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquía, el 30 abril de 2010, la cual quedará así:

1. DECLÁRESE patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la muerte de Luis Humberto Giraldo Salazar, ocurrida en abril de 2004.

2. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a cada uno de los siguientes demandantes: Nora Ligia Morales Giraldo, Alba Nelly Salazar Hoyos, Dubán Alberto Giraldo Salazar y Leandra Marcela Giraldo Salazar.

3. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Dubán Alberto Giraldo Salazar la suma de cuarenta y siete millones trescientos sesenta y seis mil setecientos ocho pesos moneda corriente ($ 47.366.006,oo m/cte.) y a favor de Leandra Marcela Giraldo Salazar la suma de treinta y cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos moneda corriente ($ 34.678.239,oo m/cte.).

(Sic) 5. Teniendo en cuenta que el caso constituye una grave violación a los derechos humanos, exhortar a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la correspondiente investigación penal por la muerte del señor Luis Humberto Giraldo Morales y posteriormente remitir lo pertinente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Para el efecto, por Secretaría deberá enviarse copia íntegra del proceso a la Fiscalía General de la Nación.

6. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a realizar un acto de petición de excusas públicas dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, a la familia del señor Luis Humberto Giraldo Morales, para lo cual deberá contar con la autorización previa de las víctimas y en los términos señalados en la parte motiva.

7. Condenar a la Nación Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a levantar y elaborar una placa en memoria del señor Luis Humberto Giraldo Morales en la vereda Los Medios del municipio de Granada (Antioquia), dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la que deberá contener las excusas públicas por los hechos ocurrida el día 19 de abril de 2004.

8. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional deberá pagar la divulgación de la parte resolutiva de esta sentencia, en un diario de amplia circulación nacional, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

9. Expedir por Secretaría, copia de la sentencia con destino a las partes, al Centro de Memoria Histórica y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.

10. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

11. Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

1 La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 2005, tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ -51.730.000 y la mayor pretensión de la demanda con la cual se inició este proceso corresponde a $1.353.698.400.

2 Declaraciones que serán valoradas en cuanto fueron practicadas con audiencia e intervención de la parte demandada.

3 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 14º período de sesiones, 31 de marzo de 2010. A/HRC/14/24/Add.2

4 Ibíd. pág. 9 punto 14.

5 Departamento Administrativo de la Función Pública. Diario Oficial Nº 46.259 de 5 de mayo de 2006, derogado posteriormente por el Decreto 1664 de 2007.

6 Corte penal internacional, situación en Colombia, Reporte Intermedio, noviembre 2012.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Expediente 51623 Demandante: Alba Luz Jaramillo y otros.

8 González Jácome, Jorge; Hacia una reflexión ética del conflicto Colombiano: Buscando la Verdad, Universitas, Bogotá, 2007, pág. 53.

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 12 de septiembre de 2005, Serie C-132, voto razonado, Cancado Trindade.

10 Josep Tamarit Sumalla, Comisiones de la verdad y justicia penal en contextos de transición, Universidad de Lleida, Barcelona, enero de 2010, página 7, Indret, revista para www.InDret.com, análisis del derecho.

11 Ibíd.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Expediente 41511 Demandante: Ana Carlina Ocampo de Vásquez.

13 Comité Internacional de la Cruz Roja, Guía para Interpretar la Noción de Participación Directa en las Hostilidades según el Derecho Internacional Humanitario, 2009. Resaltado fuera de texto.

14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporte 55/97, Case 11.137, Juan Carlos Abella v. Argentina, 18 Noviembre 1997. (Más conocido como Caso Tablada).
También, la Corte Suprema de Justicia de Israel se pronunció sobre la condición de civiles de los miembros de grupos armados ilegales y descartó la existencia de una categoría de “combatientes ilegales”, invocaba por el Gobierno. Para la Corte de Israel, al igual que para la Comisión Interamericana, el criterio determinante para excluir de protección a una persona no es su pertenencia al grupo armado ilegal sino su participación directa en las hostilidades. Corte Suprema de Justicia de Israel. Public Committee against Torture in Israel v. Government of Israel. Caso No. HCJ 769/02, 13 de diciembre de 2006. Recuperado de http://elyon1.court.gov.il/files_eng/02/690/007/A34/02007690.a34.pdf.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Expediente 41511, Demandante: Ana Carlina Ocampo de Vásquez.

16 Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 27.709, con ponencia del doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.