Sentencia 2005-05609/3437-2013 de Julio 6 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SALA DE CONJUECES

Exp.: 76001233100020050560902

Nº Interno: 3437-2013

Conjuez Ponente:

Dr. Pedro Simón Vargas Sáenz

Actor: Doris Aragón Osorio

Demandada: Caja Nacional De Previsión Social EICE En Liquidación

Bogotá D.C., Seis de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala procederá a presentar las razones por las cuales se resolverá el presente asunto:

1. El caso en Concreto.

La señora, Doris Aragón de Osorio, le fue reconocida mediante las Resoluciones Nº 000820 del 26 de febrero de 1993, modificada por la Resolución Nº 035410 del 1º de septiembre de 1993. La sustitución pensional que en vida disfrutase su esposo Dr. Antonio de Jesús Osorio Posada, ex Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, la cual le fue recocida mediante la Resolución Nº 7841 de 25 de octubre de 1982.

La demandante solicitó a la Directora de la Caja Nacional de Previsión (Cajanal), que se le reconozcan y paguen los valores que resulten de aplicar los porcentajes de lo dispuesto en los Decretos 610 de 1998, petición de la cual no recibió respuesta interponiendo así el recurso de reposición y apelación.

Mediante apoderada Judicial y en ejerció de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita se declaren nulo los actos administrativo negativos presuntos originados de la falta de respuesta a la petición de la demandante de fecha 24 de febrero de 2005, y de los recursos de reposición y apelación en virtud de la falta de respuesta de estos en el término legal, así mismo que se declarare que la demandante tiene derecho a que se le reliquide su mesada pensional aplicando la bonificación por compensación en cumplimiento de los decretos 610 y 1239 de 1998.

La sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de marzo 30 de 2012, Negó las suplicas de la demanda, decisión contra la cual la apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación.

2. Análisis de la Sala

En el caso sub examine, encuentra la sala que el problema jurídico se concreta en determinar si la demandante en su condición de beneficiaria de la pensión sustitutiva, que devengaba su esposo, ex magistrado de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, desde el 25 de octubre de 1982, es beneficiaria de la bonificación por compensación en aplicación del Decreto 610 y 1239 de 1998, a fin de reliquidar la mesada pensional de la que es beneficiaria desde el año 1993.

A fin de resolver el problema jurídico que se desprende del plenario, es preciso referirse en cuanto a derechos adquiridos se trata, teniendo de presente que para el caso, la demandante es acreedora de derecho pensional sustitutivo, desde el año 1993.

Al respecto en el ordenamiento jurídico ha entendido por derechos adquiridos, la doctrina y la jurisprudencia que son aquellos derechos que han entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él, y que por lo mismo no puede ser arrebatados o vulnerados por quien los creó o reconoció legítimamente, con ello buscando sea mantenida la seguridad jurídica, la Corte Constitucional ha sostenido que configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona.” Aclarando posteriormente que “la Constitución prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales”(1).

Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, se tiene entonces que los derechos adquiridos se incorporan de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo(2).

Ahora bien, los derechos adquiridos están íntimamente relacionados con la aplicación de la ley en el tiempo, en concordancia con estos efectos la regla general es la irretroactividad principio elementales que rige la aplicación de la ley, en razón a que las leyes al no tener efecto retroactivo salvo disposición expresa, no pueden influir sobre actos anteriores a su vigencia, lo que significa que la normas legales rigen a partir que adquieren vigencia, sin poder aplicarse a situaciones pasadas, en razón al principio de seguridad jurídica.

Como principio general en cuanto a irretroactividad de las leyes, se tiene que, la ley solo rige para el futuro y no tendrá efecto retroactivo. Las reglas vigentes en esta materia son las siguientes: a) la ley rige todos los actos y situaciones que se produzcan después de su vigencia; b) la ley nada dispone sobre hechos que se han realizado antes de su entrada en vigor(3).

Al respecto a dicho la H. Corte Constitucional, mediante la Sentencia C - 619 de 2001, M.P Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra:

“(…) puede afirmarse que en relación con los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia. Obviamente, si una situación jurídica se ha consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe propiamente un conflicto de leyes, como tampoco se da el mismo cuando los hechos o situaciones que deben ser regulados se generan durante la vigencia de la ley nueva. La necesidad de establecer cuál es la ley que debe regir un determinado asunto, se presenta cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua pero sus efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la ley antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos.(…).

Para el caso objeto de atención de esta sala, se tiene que al ser la regla general en esta materia, que la norma jurídica rige todos los hechos que se produzcan durante su vigencia(4)y al ser los Decreto 610 y 1239 de 1998, leyes posteriores al reconocimiento pensional y posterior sustitución de la misma, se entiende que la actora ostenta un derecho adquirido y por tanto una situación Jurídica consolidada y al no tener los decretos en mención fuerza retroactiva los mismo no violan derechos adquiridos y por tanto no son aplicables para la reliquidación de la mesada pensional pretendida.

Así mismo, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del 25 de abril de 2013(5), ha manifestado que la pensión de sobreviviente se causa al momento del fallecimiento del pensionado, por tanto las normas aplicables son las vigentes para esa época, así, resolver favorablemente las súplicas de la demandante a la luz de una disposición que fue expedida con posterioridad sería romper con la regla de la irretroactividad de los efectos de la ley.

Teniendo de presente que a la señora, Doris Aragón de Osorio, le fue reconocida mediante las Resoluciones Nº 820 del 26 de febrero de 1993, modificada por la Resolución Nº 35410 del 1º de septiembre de 1993, la sustitución pensional que en vida disfrutase su esposo Dr. Antonio de Jesús Osorio Posada, ex Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, la cual le fue recocida Mediante la Resolución Nº 7841 de 25 de octubre de 1982. No le aplicable los Decretos 610 y 1239 de 1998, es decir, no estaban en vigencia al momento del fallecimiento del causante, razón por la cual no pueden aplicarse para resolver la reliquidación pensional aquí reclamada.

Por tanto, Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación retroactiva del decreto 610 y 1239 de 1998, y no cabe duda que los derechos prestacionales en controversia quedaron resueltos y consolidados al amparo de las normas vigentes en el momento que el Doctor Antonio de Jesús Osorio Posada, reunió los requisitos que ellas establecían para obtener su pensión, debidamente reconocida mediante la Resolución Nº 7841 de 25 de octubre de 1982, y de la cual goza su cónyuge supérstite desde el año 1993, surge entonces un derecho adquirido y consolidado sin que pudiese ley posterior menoscabar, ahora bien la accionante ha gozado de los incrementos debidamente

Por tal motivo, tal como lo asevera el sentenciador de primera instancia, con notable tino, resulta imposible jurídicamente hacerle extensiva la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, creada casi una década después de que este dejara de prestar sus servicios a la Rama Judicial. Este razonamiento tiene fundamento en la tradicional postura de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia(6), útil y acertada para dilucidar el punto en comento, que señala que las leyes –entendidas acá en sentido amplio o lato- solo tienen efectos retroactivos cuando así lo disponen expresamente. Es decir, las leyes en principio no tienen efecto retroactivo, por lo que las situaciones jurídicas consolidadas durante el periodo de vigencia de determinado precepto escapan a la órbita de las nuevas disposiciones sobre el particular, lo cual es necesario para proteger la conveniencia y la seguridad dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del precedente jurisprudencia contenido en la Sentencia SU - 975 de 2003, de la Corte Constitucional, como sustento del recurso por parte de la togada, resulta claro para esta sala que la mencionada providencia establece como relevancia jurídica, lo referente a la desproporción en cuanto a mesadas Pensionales de servidores públicos que se en encuentran en un mismo régimen pensional, para el caso, no son comparables los magistrados activos y los cesantes que ostentan una situación jurídica consolidada, así las cosas no son procedentes ni aplicables los argumentos facticos y jurídicos traídos a debate por la recurrente.

Por estos motivos, no le asiste razón a la demandante para pretender la reliquidación de su mesada pensional, a partir del 1º de febrero de 2002, teniendo en cuenta como factor la bonificación por compensación.

FALLA:

Confírmese la Sentencia proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca de marzo 30 de 2012, de acuerdo con las consideraciones del presente fallo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase».

1 Sentencia C-147 de 1997.

2 Corte Constitucional, Sentencia C- 789 de 24 de septiembre 2002, M.P Dr. Rodrigo Escobar Gil.

3 Rodrigo Noguera Laborde. Introducción General al Derecho, Vol. II Serie Major-6, Institución Universitaria Sergio Arboleda, Bogotá 1996, Pág. 161 y 162.

4 Monroy Cabra, Marco Gerardo. Introducción al derecho. Editorial Temis S.A. Novena edición.
Santafé de Bogotá, 1994. Pág. 321.

5 Radicación Nº 7600123 31 000 2007 01611 01 (1605-09) CP Dr. Luís Rafael Vergara Quintero.
establecidos de la pensión inicialmente reconocida, por tanto se le ha garantizado de pleno el cumplimiento del artículo 53 de la Carta Política.

6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 24 de mayo de 1976.