Sentencia 2005-05734 de mayo 17 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Ref.: 050012331000200505734-01

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Nº Interno: 0564-10

Actor: Dilfia Chacón Díaz

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., diecisiete de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Considera

El problema jurídico se contrae a establecer si la demandante en calidad de cónyuge supérstite y los hijos del señor Carlos Arturo García Suárez, tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en los términos de la Ley 100 de 1993 con fundamento en el principio de favorabilidad.

En el plenario se encuentra acreditado:

El 1º de febrero de 1990 Carlos Arturo García Suárez contrajo matrimonio con Delfia Chacón Díaz(1), con quien procreó a Carlos Iván, Oscar Javier y Camilo José García Chacón, según registros civiles que obran a folios 16 a 18.

El docente Carlos Arturo García Suárez prestó sus servicios al departamento de Antioquia desde el 14 de octubre de 1993 hasta el 15 de noviembre de 2002, como profesor de tiempo completo.

De acuerdo con el registro civil de defunción que obra a folio 14, el causante falleció el 15 de noviembre de 2002.

El 28 de agosto de 2003, la actora solicitó en su nombre y el de sus hijos, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge.

La anterior solicitud fue resuelta por medio de la Resolución 29996 de 1º de septiembre de 2003, negándole el reconocimiento solicitado en consideración a que de conformidad con las normas aplicables en materia prestacional, ratificadas por las leyes 91 de 1989 y 115 de 1994, no cumplía con el requisito allí establecido y con los parámetros señalados por el consejo directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

El 7 de febrero de 2005, mediante apoderado solicitó nuevamente la prestación, petición que fue resuelta a través del oficio de 28 de abril del mismo año, remitiéndose a las consideraciones expuestas en la resolución antes referida, textualmente expresó:

“En atención a su petición por medio de la cual solicita la pensión de sobrevivientes de Carlos Arturo García Sárez con C.C. 13.350.615 de Pamplona, reiteramos el contenido de la Resolución 29996 del 1º de septiembre de 2003, mediante la cual se resolvió igual solicitud presentada por la señora Dilfia Chacón Díaz, la cual fue notificada por edicto fijado el 5 de diciembre de 2003 y desfijado el 23 de diciembre del mismo año, acto administrativo que está debidamente ejecutoriado”.

Lo anterior quiere decir que para la fecha de la muerte, el actor había acumulado un tiempo de servicio total de 9 años, 1 mes y 1 día, motivo por el cual le fue negado el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la actora.

Para efecto de decidir, se tiene lo siguiente:

El Decreto 224 de 2 de febrero de 1972(2), por el cual se dictaron normas relacionadas con el ramo docente, dispuso en su artículo 7º lo siguiente:

ART. 7º—En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años.

Si bien este es el régimen jurídico aplicable por tratarse de un docente al servicio del Estado, consideró el tribunal de primera instancia que en la medida en que el régimen general era más favorable, este era el que debía aplicarse y así procedió accediendo a las súplicas de la demanda con fundamento en el artículo 47 y el inciso 2º del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, decisión que considera la parte demandada no podía tomarse por cuanto con ella se viola el principio de inescindibilidad de la ley.

Ciertamente, por disposición del artículo 279 —inciso 2º— de la Ley 100 de 1993, el sistema integral de seguridad social contenido en esta ley no es aplicable al personal docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, al haber sido exceptuados expresamente como destinatarios de ese régimen.

No obstante, la Sala ha expresado el criterio según el cual las excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se ajustan al ordenamiento constitucional en cuanto ellas suponen la existencia de unas condiciones más favorables para los trabajadores a quienes comprende. Por el contrario, si tales excepciones consagran un tratamiento inequitativo frente al que se otorga para la generalidad de los trabajadores cobijados por el régimen previsto en la Ley 100 de 1993, dichas regulaciones deben ser descalificadas en cuanto quebrantan el principio constitucional de igualdad (art. 13)(3).

En el presente asunto, las previsiones del estatuto (D. 224/72) son desfavorables, en cuanto contemplan un presupuesto de 18 años o más de servicio para tener derecho a la prestación reclamada y por esta razón asistió razón al tribunal de primera instancia al aplicar la Ley 100 de 1993, artículos 46 y 47 que contemplan la posibilidad de que los beneficiarios de la sustitución tienen derecho pensión de sobrevivientes cuando el afiliado se encuentre aportando al sistema y hubiese cotizado por lo menos 26(4) semanas al momento del deceso, tiempo superado con creces por el causante.

Considera la Sala, con fundamento en la Constitución Política (arts. 48 y 53) y la Ley 100 de 1993 (art. 36) que al aplicarse normas relacionadas con prestaciones sociales periódicas, como en este caso la pensión de sobrevivientes, ha de atenderse el principio de favorabilidad, es decir, a la condición más beneficiosa para el grupo familiar que se ha visto privado del sustento económico que les subvencionaba el causante.

Igualmente la Sala ha señalado que “... se apartaría del principio de equidad una decisión judicial que niegue el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a quien ha aportado al sistema de seguridad social durante más de 10 años y la conceda a quien demuestra aportes por veintiséis (26)(5) semanas, con el argumento simplista de la existencia de un régimen de excepción …”(6), por lo que en este caso solo se exigirá demostrar los presupuestos señalados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, solicita la parte actora que se ordene el reconocimiento de la prestación desde el fallecimiento del causante, esto es desde el 15 de noviembre de 2002, toda vez que no ha operado el fenómeno de la prescripción, puesto que la solicitud que desencadenó el acto declarado nulo fue presentada cuando no habían transcurrido 3 años.

La prescripción de las mesadas pensionales se rige conforme a lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que establecen un término de tres años contados a partir de la petición, en razón a que la Ley 100 de 1993 no establece en forma expresa dicho término.

Siendo así, en el presente asunto no se ha configurado el fenómeno de la prescripción, toda vez que la muerte del causante tuvo lugar el 15 de noviembre de 2002 y la petición fue presentada el 7 de febrero de 2005, es decir no habían transcurrido 3 años entre el fallecimiento y la petición.

Por lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada que declaró la nulidad del acto demandado. Se modificará el numeral segundo en cuanto ordenó el pago de las mesadas desde el 3 de agosto de 2003, para ordenar que el reconocimiento de la pensión de sobreviviente se haga desde la fecha de fallecimiento del causante, esto es, el 15 de noviembre de 2002.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 5 de noviembre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual accedió a las súplicas de la demanda incoada por Dilfia Chacón Díaz.

MODIFÍCASE el numeral segundo para ordenar que el reconocimiento de la pensión de sobreviviente desde el 15 de noviembre de 2002, esto es, desde la fecha de fallecimiento del causante.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y ejecutoriada esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen. CÚMPLASE.

Discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Certificado de matrimonio expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil a folio 15.

(2) Expedido por el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 2º de la Ley 14 de 1971 y conforme a las atribuciones del artículo 120 del ordinal 12 de la Constitución Nacional.

(3) Sentencia del 9 de febrero de 2006, Expediente 0426. Ponente Alejandro Ordóñez Maldonado.

(4) Posteriormente modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

(5) Ibídem.

(6) Sentencia del 7 de junio de 2007, Expediente 10270, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.