Sentencia 2005-06705 de marzo 22 de 2013

 

Sentencia 2005-06705 de marzo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 050012331000200506705 01

Número Interno: 18991

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Sociedad Médica Antioqueña S.A. SOMA

Demandado: municipio de Medellín

Asunto: Impuesto de Industria y Comercio periodo 2003.

Bogotá D.C. veintidós de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide el recurso de apelación contra el fallo del 20 de junio de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda.

El objeto de la controversia se concreta en establecer si los ingresos de las entidades privadas, prestadoras del servicio de salud, relacionados con primas de sobreaseguramiento y planes complementarios de salud, están gravados con el impuesto de industria y comercio.

No obstante, la Sala advierte que en el presente caso, la administración no podía rechazar la solicitud de corrección de la declaración presentada por el contribuyente por razones de fondo, pues estas deben ser debatidas en el proceso de revisión respectivo.

Corrección de las declaraciones

Los contribuyentes pueden corregir sus declaraciones tributarias con el objeto de aumentar el impuesto a cargo o disminuir el saldo a favor, presentando en las entidades bancarias la respectiva declaración de corrección, como lo dispone el artículo 589 del estatuto tributario.

Dicho artículo determina el procedimiento que deben adelantar los contribuyentes para corregir las declaraciones tributarias que conlleven la disminución del impuesto a cargo o el aumento del saldo a favor, con el fin de garantizar que el cumplimiento de la obligación sustancial se efectúe sobre el monto que legalmente le corresponde.

Sobre el particular, el artículo 589 dispone:

“Para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o aumentando al saldo a favor, se elevará solicitud a la administración de impuestos y aduanas correspondiente, dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para presentar la declaración.

La administración debe practicar la liquidación oficial de corrección, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; si no se pronuncia dentro de este término, el proyecto de corrección sustituirá a la declaración inicial. La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la facultad de revisión, la cual se contara a partir de la fecha de la corrección o del vencimiento de los seis meses siguientes a la solicitud, según el caso” (destacado fuera de texto).

De la norma transcrita(3) se evidencia que el contribuyente debe cumplir tres requisitos de forma para corregir su denuncio privado con el propósito antes descrito, como son: (i) elevar la solicitud a la administración; (ii) presentar la misma dentro del año siguiente(4) al vencimiento del término para declarar y, (ii) anexar un proyecto de corrección en el que se verifique la disminución del impuesto a pagar o el aumento del saldo a favor(5).

En ese orden de ideas, el procedimiento de corrección voluntaria solo exige el cumplimiento de los requisitos formales señalados y, por tanto, la administración no puede rechazar la corrección por razones diferentes.

Ahora bien, el inciso segundo de la norma prevé que la administración debe practicar la liquidación oficial de revisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de corrección, con lo cual, el conocimiento de los aspectos de fondo de la misma se remite al procedimiento de revisión previsto en los artículos 702 a 712 del estatuto tributario. De no practicarse la liquidación de revisión dentro del término señalado, por la ocurrencia del silencio administrativo positivo, el proyecto de corrección sustituye la declaración inicial.

En concordancia con lo dicho hasta el momento, el artículo 746 del estatuto tributario señaló:

“Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial ni la ley la exija”.

Lo anterior, se traduce en que las correcciones de las declaraciones gozan de presunción de veracidad, la cual debe ser desvirtuada por la administración haciendo uso de las facultades de fiscalización con que cuenta, siempre y cuando se atienda el procedimiento de revisión previsto para tal efecto.

Caso particular

En el sublite se tiene que la actora presentó la declaración del impuesto de industria y comercio el 18 de abril de 2004 y la corrigió el 28 de abril siguiente, esto es, dentro del término de un año dispuesto por el artículo 589 del estatuto tributario.

También se encuentra demostrado, que en el proyecto de corrección se disminuyó el impuesto a cargo de $ 250.675.736 pesos a $ 41.379.000 pesos.

Está probado que el 31 de agosto de 2004, la subsecretaría de rentas municipales de Medellín, mediante al Resolución 3132, rechazó la corrección de la declaración privada y le impuso a la demandante sanción por “negar corrección”, pues a su juicio, los ingresos en salud “por fuera de lo previsto en el POS como recursos de planes complementarios de salud”, son objeto del gravamen de industria y comercio, circunstancia que conlleva una discusión de fondo, que no puede ser debatida en procedimiento de corrección de la declaración tributaria.

Así las cosas, la demandante presentó la corrección de su declaración inicial con el lleno de los requisitos de forma previstos en la normativa tributaria(6), por lo que no le era dado a la administración rechazarla por aspectos de fondo, pues para este último caso, debió aplicar el inciso segundo del artículo 589 del estatuto tributario, y hacer uso de la facultad de revisión establecida en los artículos 702 a 7012 del mismo ordenamiento.

Esta posición ha sido reiterada por la Sala(7) así:

“En el caso concreto, habida cuenta de que la declaración de renta presentada el 16 de abril de 2004 fue corregida el 5 de abril del año 2006, el plazo para corregir se cuenta a partir de la fecha de presentación de la corrección, esto es, a partir del 5 de abril de 2006. Dado que la solicitud se presentó el 7 de abril del mismo año, el demandante cumplió el requisito de oportunidad.

También está probado y no se discute que el demandante adjuntó a la solicitud el proyecto de corrección en el que se advierte el incremento de la pérdida fiscal.

La DIAN por su parte, debió resolver la petición, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud de corrección. Y, para el efecto, debió considerar, únicamente, los presupuestos de forma anteriormente analizados, porque para cuestionar los aspectos de fondo mantiene las facultades de revisión sobre el denuncio corregido. Así lo ha dicho la Sala y lo reitera en esta oportunidad” (negrillas y subrayado fuera de texto).

En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por cuanto el municipio rechazó la corrección de la declaración del impuesto de industria y comercio de la Sociedad Médica Antioqueña S.A. - SOMA correspondiente al periodo 2003 por aspectos de fondo, circunstancia que no se encuentra autorizada por la ley

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 20 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, objeto de apelación.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

(3) Esta norma fue reproducida en el artículo 303 del Decreto Municipal 710 de 2000 expedido por el alcalde de Medellín.

(4) Término modificado por el artículo 8º de la Ley 383 de 1997 así: “Corrección de las declaraciones tributarias. El término establecido en el artículo 589 del estatuto tributario, para que los contribuyentes, responsables y agentes retenedores corrijan las declaraciones tributarias, es de un (1) año contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar, y en las condiciones exigidas en el mismo artículo.

(5) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 7 de junio de 2006, Expediente 15173, C.P. María Inés Ortiz Barbosa y del 8 de septiembre de 2006, Expediente 13731, C.P. Héctor J. Romero Díaz.

(6) Artículos 589 del estatuto tributario y 303 del Decreto Municipal 710 de 2000.

(7) Consejo de Estado Sección Cuarta, Expediente 17671 del 26 de julio de 2012, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.