Sentencia 2005-07534/21450 de agosto 17 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Rad.: 05001-23-31-000-2005-07534-01 [21450]

Actor: Hernán de Jesús Restrepo Londoño

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Impuesto sobre la Renta - 2000

Fallo

Bogotá D.C., diecisiete de agosto dos mil diecisiete.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 16 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos mediante los cuales la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, presentada por el señor Hernán de Jesús Restrepo Londoño, por el año gravable 2000.

Para resolver la discusión materia de litigio, la Sala acogerá lo resuelto en la sentencia del 10 de septiembre de 2014, exp. 18486, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, en la que se resolvió un caso, entre las mismas partes, con identidad fáctica y jurídica al que ahora se plantea.

Violación al debido proceso por la práctica de la diligencia de registro

Lo primero que se debe precisar es que la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias que consagra el artículo 756 del estatuto tributario se mantiene hasta tanto la DIAN no la desvirtúe.

Lo anterior, obedece a que es función de la entidad asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales(6). Con tal fin, puede verificar la exactitud de las declaraciones privadas, adelantar las investigaciones que estime convenientes y, en general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta determinación de los impuestos(7).

Sin embargo, para que la administración tributaria pueda modificar las liquidaciones privadas de los contribuyentes mediante liquidación de revisión, debe expedir un requerimiento especial previo, que indique los puntos que modificará y las razones que fundamentan su decisión, las cuales deben constar en el expediente, a través de los medios de prueba que señala la ley tributaria o el Código de Procedimiento Civil(8).

En igual sentido, el artículo 744 E.T. establece que las pruebas serán valoradas siempre que obren en el expediente, ya sea porque forman parte de la declaración, se allegaron en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación o en cumplimiento del deber de información, o se practicaron de oficio, entre otros eventos.

En la sentencia que ahora se reitera, la Sala precisó que “Dentro de los medios de prueba previstos en la normativa tributaria está la diligencia de registro del artículo 779-1 E.T. que permite a la DIAN registrar las oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus documentos contables o sus archivos. En desarrollo de estas facultades, la Administración puede adoptar las medidas que considere necesarias para evitar que las pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilización y aseguramiento”(9).

En el presente caso, la Sala observa que la DIAN inició investigación contra el sector de apuestas permanentes de Medellín porque recibió denuncias sobre evasión y, en consecuencia, decidió adelantar diligencias de registro a todas las personas naturales y jurídicas que pertenecieran a dicho sector.

Dentro de ese objetivo de investigación, la DIAN profirió las resoluciones 83 11 001i-011 y 83 11 001i-012 del 31 de enero de 2002(10), con las que ordenó el registro del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 51 Nº 51 76 Of. 205 y 306 de Medellín.

En esas condiciones, y tal como se indicó en el fallo referido, en aplicación del artículo 779 E.T., la DIAN podía inspeccionar dicho establecimiento de comercio y asegurar las pruebas que encontrara, siempre que estuvieran relacionadas con las obligaciones fiscales de contribuyentes pertenecientes al sector de apuestas permanentes, como es el caso del demandante. Por ende, las pruebas recaudadas durante la diligencia no fueron obtenidas con violación al debido proceso y podían ser utilizadas por la DIAN para modificar la declaración de renta del actor.

Violación del derecho a la igualdad

Sobre este aspecto, precisa la Sala que el artículo 13 de la Constitución Política(11) garantiza a todas las personas, naturales o jurídicas, la igualdad en los derechos, libertades y oportunidades. También obliga a las autoridades a otorgarles una misma protección y trato, y prohíbe cualquier tipo de discriminación, es decir, el “trato diferenciado cuando no existe motivo alguno para el efecto”(12).

En este caso, el actor alegó que fue objeto de discriminación, porque solicitó a la DIAN copia del acuerdo gremial suscrito con el sector de apuestas permanentes, pero no le fue entregada. También sostiene que, aunque manifestó a la entidad su intención de acogerse al acuerdo, la demandada no accedió a lo pedido mediante acto administrativo que no le fue notificado.

En primer lugar, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado por el demandante, el 28 de noviembre de 2003, la DIAN le entregó copia del acuerdo gremial suscrito con el sector de apuestas permanentes(13).

Ahora bien, dicho acuerdo consistía en lo siguiente(14):

“En la ciudad de Bogotá, a los seis (6) días del mes de junio del año dos mil dos (2002), los Representantes del Sector de Apuestas Permanentes de la Ciudad de Medellín (…) quienes en representación de los contribuyentes de dicho sector, según relación adjunta, nos comprometemos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, a cumplir todas las obligaciones sustanciales y procedimentales de las normas tributarias, con ocasión a los ingresos recibidos y causados en su totalidad originados de la explotación comercial del Juego de Apuestas Permanentes y demás juegos de suerte y azar que existan o llegaren a existir, mediante contrato de concesión o comercialización de juego de apuestas permanentes.

Los compromisos inmediatos serán:

1. Presentar las correcciones a las Declaraciones de Renta por el año 2000 y 2001 y Retención en la Fuente por los mismos años, teniendo en cuenta un mayor valor de impuesto y sanción resultado de multiplicar el número de talonarios que fueron entregados por la Beneficencia de Antioquia y/o por los comercializadores por $160 pesos cada uno.

2. Reportar ante los diferentes Organismos de Control las diferencias ocasionadas con motivo del incremento registrado en el numeral 1º del presente acuerdo, correspondiente a los años 2000 y 2001 y que pudieron ocasionar variación en el pago de las regalías.

3. Reportar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los Contribuyentes que no se sometan a realizar las respectivas correcciones y los que no cumplan con el presente acuerdo”.

Como se puede observar, los representantes del sector de apuestas permanentes acordaron con la DIAN cumplir con las obligaciones tributarias asociadas a la explotación comercial del juego. Específicamente, se comprometieron a (i) corregir voluntariamente las declaraciones privadas para liquidar el gravamen de la manera que allí se indica, (ii) informar a los organismos de control las variaciones que afectaran las regalías pagadas, y (iii) reportar las personas que no presentaran las correcciones y que no cumplieran con lo acordado.

De lo anterior, la Sala concluye que, como contribuyente del sector de apuestas permanentes, el demandante no tenía que obtener autorización de la DIAN para acceder a los beneficios del acuerdo. Simplemente, debía corregir la declaración por cuenta propia e informar este hecho a los organismos de control.

Además, si bien es cierto que el actor manifestó a la DIAN la intención de acogerse al acuerdo, en el expediente no consta que hubiera presentado la declaración de corrección, que esta hubiera sido rechazada por la Administración o que la entidad hubiera impedido de alguna forma que la presentara. Tampoco se observa que la demandada hubiera condicionado la aplicación del acuerdo a que el demandante elevara la petición correspondiente o al cumplimiento de requisitos no señalados en el acuerdo.

Así, en este caso también se constata que el trato que la DIAN proporcionó al demandante no fue distinto de aquel dado a los demás contribuyentes del sector de apuestas permanentes y, por tanto, el cargo no prospera.

Adición de ingresos

En la diligencia de registro se estableció que el demandante y la señora Ligia Zuluaga de Porras compartían el sitio de escrutinio, empleados, recursos físicos, etc. y que, a simple vista, las planillas no permitían identificar el contribuyente al que corresponderían los ingresos que se registraban, en dichas planillas entonces, la DIAN al detectar que existía una diferencia de ingresos de $884.651.771 frente a lo declarado por ambos contribuyentes, decidió asignar a cada uno el 50% de este valor, esto es, $442.326.000(15).

El actor explicó que, en el año 2000, explotaba el juego en forma conjunta con Ligia Zuluaga de Porras y Martha Rendón. También aclaró que Ligia Zuluaga de Porras y él respondían por la explotación del juego de 3 cifras, mientras que Martha Rendón y José Ochoa Arango respondía por la explotación del juego de 4 cifras. El anterior argumento fue desestimado en la Liquidación Oficial demandada porque, en criterio de la DIAN, el demandante no demostró que los ingresos corresponderían a un tercero, de acuerdo con el artículo 786 del estatuto tributario, que dispone lo siguiente:

“ART. 786.—Las de los ingresos no constitutivos de renta. Cuando exista alguna prueba distinta de la declaración de renta y complementarios del contribuyente, sobre la existencia de un ingreso, y éste alega haberlo recibido en circunstancias que no lo hacen constitutivo de renta, está obligado a demostrar tales circunstancias.”

Ahora bien, previo al análisis de fondo, es oportuno indicar que la Sala, en sentencia del 28 de febrero de 2013(16) decidió en segunda instancia la demanda interpuesta por la señora Ligia Zuluaga de Porras por hechos similares a los que son objeto de debate en este proceso, en el sentido de confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda.

Sin embargo, debe precisarse que en ese proceso la actividad probatoria de la demandante se circunscribió a aportar la declaración extraproceso de Martha Rendón y un certificado de contador público. Ambas pruebas no fueron aceptadas por la Sala, razón por la cual se concluyó, que la actora “se limitó en su intervención a alegar la improcedencia de la adición de ingresos sin aportar elementos de prueba que justificaran su dicho”.

Posteriormente, en la sentencia de 10 de septiembre de 2014(17) que ahora se acoge para resolver el caso puesto a consideración, la Sala encontró que a diferencia del proceso de la señora Ligia Zuluaga, en relación con el señor Restrepo Londoño, al expediente fueron aportados otros elementos de prueba que no se allegaron a ese proceso, razón por la cual, el análisis probatorio se hizo teniendo en cuenta el material probatorio existente, lo que trajo como resultado conclusiones diferentes.

Así las cosas, en este caso se tendrá en cuenta el criterio expuesto en el fallo que resolvió la discusión surgida a partir de la declaración de impuesto sobre la renta del periodo gravable 2001 del señor Hernán de Jesús Restrepo, por las siguientes razones:

Se advierte que tal como lo indicó la DIAN en la liquidación oficial de revisión demandada y lo reiteró en la resolución del recurso de reconsideración, “la carga impositiva se le está determinando con base en los ingresos determinados [sic] por parte de la División de Fiscalización Tributaria y atendiendo a las pruebas testimonial y documental obtenidas en desarrollo de las amplias facultades de fiscalización e investigación, (…), y demuestran de manera clara e irrefutable la omisión de ingresos en que incurrió el contribuyente y que dieron origen al Requerimiento Especial objeto de estudio”(18). (Negrillas fuera de texto)

La “prueba testimonial” a que hace referencia la Administración, en el requerimiento especial, en la Liquidación Oficial de Revisión y en la resolución que decidió el recurso de reconsideración, sustentan, según dichos actos, que en la dirección en la que se llevó a cabo la diligencia de registro, se pudo constatar que allí únicamente realizaban el escrutinio de los juegos los señores Ligia Zuluaga y Hernán de Jesús Restrepo, razón por la cual concluyó que las pruebas de mayores ingresos no declarados que se encontraron en ese lugar le correspondían en un 50% al demandante y el otro 50% a la señora Zuluaga.

Como se indicó, el actor ha sostenido, tanto en sede administrativa como ante esta jurisdicción, que en el año 2000 compartía el establecimiento en el que realizaba el escrutinio con Ligia Zuluaga, Martha Rendón y José Ochoa Arango y, por tanto, los ingresos que fueron adicionados correspondían al porcentaje de la venta de los talonarios de cuatro cifras que fueron asignados a los señores Martha Rendón y José Ochoa.

Para comprobar su afirmación y controvertir lo dicho por la DIAN, el demandante aportó una declaración bajo juramento de la señora Martha Helena Rendón Zuluaga, sin embargo, como lo sostuvo la demandada dicha prueba no se aportó en sede administrativa en la oportunidad indicada en el artículo 751 E.T., esto es, antes de haberse practicado el requerimiento especial o la liquidación oficial de revisión, para poder ser valorada por la demandada, razón por la cual, en esta instancia tampoco podrá ser tenida en cuenta al no cumplir los presupuestos legales para su apreciación(19).

Ahora bien, el demandante, con ocasión del requerimiento especial(20), solicitó a la DIAN tener en cuenta la declaración de renta y complementarios del año gravable 2000 presentada por los señores Martha Rendón y José Ochoa, solicitud que no fue atendida por la entidad. Sin embargo, el actor allegó dichas declaraciones con el recurso de reconsideración(21) y con la demanda(22), por lo que, la Sala procede a analizar en conjunto con pruebas contables del demandante por tratarse de elementos que sí fueron allegados en este proceso y que constituyen los elementos probatorios con los cuales el actor controvierte la adición de ingresos.

Pues bien, en relación con la “prueba documental” que aduce la DIAN para sustentar la adición de ingresos, en los actos demandados se señala lo siguiente:

“De la información retenida se dejó relación en el anexo del acta de registro consistente en: colillas premiadas, tiquetes de cobro, tiquetes seleccionados de premios que superan topes para retener, colillas de juego, planillas soportes de colillas de juegos, tiquetes donde se liquida a los colocadores, libros con información de premios, así como información en medio magnético, archivos equivalentes a 130 MB, extractada de dos computadores encontrados en el sitio del registro y guardados en un computador portátil de propiedad de la DIAN”(23)

La demandada explica la valoración de la prueba documental encontrada así:

La prueba documental obtenida en el registro se cuantificó, teniendo en cuenta la misma forma como el contribuyente controla sus ingresos, es decir con las boletas de resumen de las ventas por día y por código de vendedor, esto es:

Se sumaron una a una las planillas de liquidación por día en orden de vendedor, esta sumatoria se dejó consignada en tirillas de máquina sumadora que tienen un código de quien realizó la suma “F” o “G” (agentes de la Policía Fiscal Aduanera). Los originales de estos documentos retenidos están bajo custodia de la División de Fiscalización Tributaria de esta Administración.

Una vez sumados los paquetes de planillas se elaboró hoja de trabajo consignando estas cifras para totalizar los ingresos por mes.

La información retenida corresponde a los meses de abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000, la cual una vez valorada sumó un total de $1.439.066.287de ingresos por ventas de chance.

Comparando este resultado con la suma de los dos libros denominados por los contribuyentes como ventas-premios 2000, para los mismos periodos indicados, se detectó una diferencia de $884.651.771.

(…)

Estos ingresos son el producto de la explotación del juego de apuestas permanentes, es la cuantificación de las ventas que el empresario realiza a través de sus colocadores o vendedores a los cuales les asigna un código y con la boleta de liquidación le recibe el producto de las ventas, en la cual se anotan: el código (código de vendedor), total colillas, VB 3 cifras (valor bruto tres cifras), VN (valor neto tres cifras), VB a cifras (valor bruto cuatro cifras) VN (valor neto cuatro cifras) ABONO (ingreso recibido del vendedor) faltantes (en caso de no entregar el dinero completo), caseta ( valor de la caseta), P.P. (premios pasados) T. A pagar (total a pagar) fecha (fecha de liquidación de la venta) y firma del vendedor. Esta información es la base para elaborar los reportes de ventas.

(…)

La prueba documental obtenida en el registro se cuantificó, teniendo en cuenta la misma forma como el contribuyente controla sus ingresos, es decir con las boletas de resumen de las ventas por día y por código de vendedor, valores que una vez totalizados se compararon con la contabilidad de ambos empresarios y estableciendo la diferencia como omisión de ingresos, dado que la información correspondía a ambos contribuyentes como se dejó plasmado en el acta de registro y que ambos comparten el sitio de escrutinio, empleados, recursos físicos y demás, se distribuyó el monto de sus ingresos omitidos por partes iguales, determinando una omisión de $442.325.885 para el señor Hernán de Jesús Restrepo Londoño, los cuales se propone adicionar mediante el presente requerimiento especial.

Una vez cruzadas las liquidaciones diarias con los informes consolidados se establecieron diferencias por liquidaciones omitidas, por lo que se cuantificó cada uno de los paquetes de liquidaciones separadas por fechas y en orden consecutivo de vendedor, sumando la totalidad y acumulando los resultados en una planilla sumaria para luego establecer una cuantía por mes, la cual fue comparada con lo registrado en la contabilidad, de dicha comparación se determinó la diferencia con relación a los ingresos declarados la cual es de $884.651.771, valor omitido de ingresos percibidos por la explotación del juego de apuestas permanentes(24). (destaca la Sala)

De acuerdo con lo anterior, para liquidar los ingresos que fueron adicionados, la DIAN se apoyó en las pruebas que recaudó durante la diligencia de registro que practicó el 31 de enero de 2002, concretamente, en las “planillas de liquidación por día”, de las cuales concluyó que no se habían declarado todos los ingresos.

Dentro del material probatorio se observa que las planillas de liquidación por día corresponden a un formato preimpreso para ser diligenciado, así(25):

Código ________Total colillas __
VB 3 cifras _____VN __________
VB 4 cifras _____VN __________
Abonó _________Fal. _________
Caseta ________P.P. _________
T. a pagar ________ Fecha ________
Firma vendedor__________________ 

 

Se advierte entonces que las planillas no contienen información que permita identificar con certeza el contribuyente al que corresponden dichos ingresos, ni físicamente se puede determinar que las planillas correspondan al demandante.

Sin embargo, confrontado el análisis realizado por la DIAN con la declaración de renta del actor, se advierte que se reportaron ingresos brutos por $658.347.000(26) y en la diligencia de registro, la DIAN encontró, además, los siguientes documentos que fueron aportados en este caso, así:

• Balance de prueba(27): El balance de prueba indica que el actor percibió ingresos por $658.347.072 en el año 2000.

• Estado de pérdidas y ganancias(28): El estado de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2000 registra ventas netas por $658.347.072.

Como se advierte, los ingresos informados por el actor en el denuncio rentístico son consistentes con lo registrado tanto en el balance de pruebas, como en el estado de pérdidas y ganancias. Datos asentados también en el reporte de “ventas y comisiones”(29) que obra en el expediente, el cual no fue controvertido por la DIAN dentro del presente proceso.

Así, la contabilidad del actor soporta los ingresos declarados, más aún si la DIAN no cuestionó el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 774 del estatuto tributario(30) para que la contabilidad sea tenida como prueba.

Además, si bien la Administración de impuestos contaba con documentos que daban cuenta de ingresos presuntamente omitidos, tales pruebas no pueden llevar a la convicción de que los ingresos pertenecieran al demandante, pues las colillas de liquidación de las apuestas obtenidas en la diligencia no contenían información alguna que permitiera siquiera inferir que los ingresos allí determinados fueron percibidos por el señor Restrepo Londoño, máxime si se tiene en cuenta que el demandante informó desde la respuesta al requerimiento que para el año 2000 y en el sitio en el que se llevó a cabo la diligencia de registro, también realizaban el escrutinio la señora Martha Rendón y José Ochoa Arango, aspecto frente al cual la DIAN no realizó ninguna verificación, a pesar de que el actor solicitó pruebas relacionadas con este hecho.

Ello se verifica, por cuanto el demandante, tanto en la respuesta al requerimiento especial(31) como en el recurso de reconsideración(32), pidió a la Administración que recaudara las siguientes pruebas:

“Que la entidad allegue copia al expediente de las declaraciones de renta del año gravable 2000 de los señores José Ochoa Arango con C.C. 3’500.639 y Marta Rendón con cédula (…), o por lo menos certificación de los valores reportados por ingresos de ventas de apuestas permanentes.

(…)

Igualmente solicito que constate en la contabilidad de Inversiones Porzul Ltda, el número de talonarios entregados a los señores Marta Rendón y José Ochoa, con ello se probará que Ligia Zuluaga y Hernán Restrepo explotábamos mancomunadamente las apuestas con estas dos personas, previo un porcentaje de participación y responsabilidad en donde el señor Ochoa era el responsable de las cuatro cifras y Martha Rendón de las tres cifras con M, habiendo cada uno reportado en sus correspondientes denuncios rentísticos los ingresos obtenidos por esta actividad de venta de apuestas”.

No obstante lo anterior, la DIAN en los actos acusados sostuvo “Y como puede observarse, el contribuyente no realiza actividad probatoria alguna tendiente a desvirtuar los hechos comprobados por la División de Fiscalización Tributaria y acreditar en consecuencia que los ingresos recibidos por él, lo fueron para un tercero”(33).

En relación con las facultades de fiscalización que tiene la DIAN y sus alcances, esta Sala ha sostenido lo siguiente(34):

“(…) como quiera que en el Estatuto Tributario, reglamentación especial en esta materia, no existe norma alguna que limite la facultad de fiscalización del ente gubernativo para determinar la realidad de los factores que forman parte de la declaración tributarla, en este caso, de renta, solo hasta concurrencia de los valores en ella consignados.

Por el contrario, la facultad de fiscalización de la administración, está enmarcada en el “asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales”, y es únicamente con este fin que puede verificar la exactitud de las declaraciones tributarias, adelantar investigaciones para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones tributarias no declarados, citar o requerir al contribuyente o a terceros, y en general efectuar todas las diligencias necesarias “para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación”, tal como expresamente lo establece el artículo 684 del estatuto tributario.

Concordante con la anterior disposición se encuentra redactado el artículo 683 del mismo estatuto, que indica que la actuación de los funcionarios públicos con atribuciones y deberes relacionados con la determinación de los impuestos, debe estar siempre circunscrita a “la aplicación recta de las leyes que debe estar presidida por un relevante espíritu de justicia', pues “el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación”.

Toda vez que al momento de interpretar cualquier disposición tributaria, es que cobran sentido las anteriores previsiones que enmarcan y guían sobre la finalidad del proceder gubernativo, por lo cual para la Sala es claro que la administración tributaria al iniciar sus investigaciones de carácter fiscal, goza de amplísimas facultades que no solo le permiten, sino que también la obligan a procurar establecerla realidad económica sobre la cual debe determinarse el monto con que los contribuyentes investigados deben contribuir con las cargas públicas.

Así, si bien el reconocimiento de costos y deducciones en principio se encuentra enmarcado en la declaración tributaria, la cual dentro del término legal es susceptible de corrección, una vez se inicia a este respecto una investigación fiscal, las amplias facultades de fiscalización le permiten y le obligan a la administración a investigar y valorar el material probatorio, no solo en lo desfavorable al contribuyente sino también en lo favorable en atención a la indivisibilidad de la prueba, especialmente la contable, pues de lo que se trata es de determinar oficialmente el monto del impuesto con el que se satisfaga el deber ciudadano de contribuir al financiamiento de los aportes e inversiones del Estado dentro de los principios de justicia y equidad (C.P., art. 95 núm. 9), atendiendo la realidad económica, sobre la cual se debe dar cumplimiento a las normas sustanciales. ...” (negrillas fuera de texto).

Conforme con lo anterior, la Sala reitera en este caso, que a pesar de que el demandante solicitó a la Administración que, en virtud de sus facultades de fiscalización, se allegaran las pruebas que permitieran establecer la realidad de sus ingresos, tal petición no fue atendida por la DIAN, pues se limitó, con base en las planillas de liquidación encontradas en la diligencia de registro, a realizar la sumatoria de los ingresos que arrojaban dichos documentos y adicionarlos a los informados en la declaración privada sin determinar a quién pertenecían efectivamente.

No obstante lo anterior, la contabilidad de la demandante constituye plena prueba de conformidad con el artículo 774 del E.T. al no haber sido desvirtuada por la Administración pues, como se vio, reflejó la realidad de los ingresos declarados, aspecto que no fue valorado por la DIAN a pesar de la solicitud del actor y que fueron pruebas obtenidas en sede administrativa con ocasión de la diligencia de registro practicada por la demandada.

En esas condiciones, la Sala observa que en el sub lite la DIAN no desvirtuó los ingresos declarados por el demandante durante el periodo gravable en discusión.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia impugnada, para acceder a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión de 16 de octubre de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar:

2. DECLÁRASE la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 110642004000047 de 21 de abril de 2004 y la Resolución 110662005000003 de 10 de mayo de 2005, proferidas por el Jefe de División de Liquidación y el Jefe de la División Jurídica Tributaria de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín, respectivamente, actos mediante los cuales se modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por el señor Hernán de Jesús Restrepo Londoño, por el año gravable 2000.

3. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE la firmeza de la declaración de renta presentada por Hernán de Jesús Restrepo Londoño, por el año gravable 2000.

Se reconoce personería a Maritza Alexandra Díaz Granados como apoderada de la parte demandada, en los términos del poder que obra en el folio 16 c. p.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

6 Estatuto Tributario. ART. 684.—Facultades de fiscalización e investigación. Inciso 1º: “La administración tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.”

7 Ibídem. Literales a), b) y f).

8 Estatuto Tributario. ART. 742.—Las decisiones de la administración deben fundarse en los hechos probados. “La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto éstos sean compatibles con aquellos.”

9 Sentencia de 10 de septiembre de 2014, exp. 18486, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

10 Folios 3 y 4 c.a. 1

11 Constitución Política. ART. 13.—“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

12 Sentencia del 4 de septiembre de 2008, exp. 16079, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

13 Folio 237 c.a. 1.

14 Folio 250 c.a. 1.

15 Folio 84 c.a. 1.

16 Expediente: 18420, M.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

17 Expediente 18486, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

18 Folio 60 c.a. 2

19 En similar sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 28 de febrero de 2013, exp. 18420, Actor: Ligia Zuluaga de Porras, pues frente a esta misma declaración precisó lo siguiente: “Pues bien, las declaraciones extra proceso rendidas el 10 de junio de 2004, por la señora María Elsy Ochoa Molano y el 15 de junio de 2004, por la señora Martha Helena Rendón Zuluaga en la Notaria 17 de la ciudad de Medellín no son admisibles por las siguientes razones: i) las declaraciones extraprocesales arrimadas al proceso son de fecha posterior a la respuesta al requerimiento especial y al recurso de reconsideración (17 de junio de 2004); ii) fueron rendidas después de transcurrido más de un año de la fecha en que el funcionario de la División de Fiscalización realizó la inspección tributaria en la sede en la que desarrollaba su actividad la actora, (…)”.

20 Folio 105 c.a. 2.

21 Folios 337 y 338.

22 Fls.114 a 117.

23 Folio 51 c.a. 2.

24 Requerimiento Especial, folios 81 a 88 c.a.2

25 Folios 87 a 90 c.a. 1

26 Folio 25 c.a. 2

27 Folio 57 c.a. 2

28 Folio 59 c.a. 2

29 Folios 98 a 138 c.a.1

30 Artículo 774 E.T. “Requisitos para que la contabilidad constituya prueba. Tanto para los obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, como para quienes no estando legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
1. Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales, según el caso; 2. Estar respaldados por comprobantes internos y externos; 3. Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural; 4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley; 5. No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio”.

31 Folios 95 a 107 c.a. 2.

32 Folios 316 a 330 c.a. 1.

33 Folio 59 c. p. Liquidación Oficial de Revisión.

34 Entre otras, Sentencias del 7 de mayo de 1999, exp. 9175, M.P. Germán Ayala Mantilla y de 10 de septiembre de 2014, exp. 18486, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.