Sentencia 2005-07797 de mayo 15 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 05001 23 31 000 2005 07797 01 [19698]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Villas de Santa Teresa S.A. (NIT. 811012363-2)

Demandado: Municipio de Medellín

Impuesto de Industria y Comercio - 2002

Bogotá, D.C., quince de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales el municipio de Medellín modificó la declaración privada del impuesto de industria y comercio que la actora presentó por el año gravable 2002 e impuso sanción por no informar.

En concreto, precisa si el hecho de no aportar con la demanda, copia de las normas locales es razón suficiente para negar las pretensiones de la demanda. En caso negativo, determina si procedía la adición de ingresos y la consiguiente sanción por inexactitud, al igual que la sanción por no informar.

1. Normas de alcance no nacional.

El artículo 228 de la Constitución Política consagra el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal que propende porque las normas procesales sean el medio que permita concretar o efectivizar los derechos sustanciales de los ciudadanos. Sobre el particular, en Sentencia T-1004 de 2010, la Corte Constitucional precisó:

“Por otra parte, en las actuaciones de la administración de justicia y de los procedimientos administrativos, las entidades públicas deben respetar el principio de la prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política. De esta manera, “se debe tener siempre presente que la norma procesal se debe a la búsqueda de la garantía del derecho sustancial” como quiera que “tanto el procedimiento judicial como el administrativo son en esencia medios o vías creadas por el ordenamiento jurídico para concretar o efectivizar los derechos sustanciales que le asisten a los ciudadanos en la legislación”.

Por su parte, en Sentencia T-386 de 2010, la Corte Constitucional precisó que el juez debe emplear los poderes que el Código de Procedimiento Civil le confiere en materia de pruebas para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias (art. 37, num. 4º ib.). Ello, con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y evitar así fallos inicuos. En concreto, la Corte explicó:

“[…]

Considera esta corporación que el tribunal contencioso administrativo no dio cabal cumplimiento al artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, es deber del juez “emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias”, y se abstuvo de aplicar la amplia facultad oficiosa en materia probatoria que contempla la preceptiva 169 del Código Contencioso Administrativo: “En cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad”. Sin duda, la actuación desplegada estuvo marcada por un exceso ritual manifiesto, al mostrarse indiferente al derecho sustancial.

Eventos similares han llevado a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre el apego excesivo a las formas procesales (véase num. 4º del acápite II de esta providencia), y a la producción de fallos opuestos, sea en forma manifiesta o de manera implícita, al deber de resolver de fondo las controversias planteadas, lo que desencadena una denegación de justicia que impide la vigencia y la prevalencia del derecho material.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo el manto de una sentencia definitoria pero ratificadora de la denegación decretada por el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá a raíz de la supuesta ilegitimidad para actuar de parte de la demandante, confirmó el desinterés por acercarse al derecho material y a la verdad real, teniendo a su disposición amplias y eficaces herramientas para garantizar el acceso a la justicia.

Ese pronunciamiento constituye vía de hecho al contrariar lo dispuesto en el artículo 228 superior, que instituye al máximo nivel la prevalencia del derecho sustancial y exige al juzgador la adopción de las medidas conducentes y necesarias para arribar a una justa decisión de fondo”.

En el caso en estudio, el tribunal negó las pretensiones de la demanda, porque la actora no aportó las normas locales que invocó como violadas.

Esta decisión desconoce los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la actora, al igual que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

En efecto, el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo(6) ordena que las normas de alcance no nacional sean aportadas con la demanda y el artículo 143 ibídem(7) establece que el incumplimiento de este requisito, entre otros, es causal de inadmisión de la demanda. En consecuencia, el a quo debió advertir la falencia al momento de proveer sobre la admisión de la demanda y solicitar a la actora que cumpliera con la carga omitida. Además, con fundamento en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo(8), el tribunal pudo solicitar las normas locales al momento de resolver sobre las pruebas pedidas por las partes y así evitar un fallo inicuo, como el que profirió.

Para reivindicar los derechos desconocidos a la actora y garantizar el debido proceso de las partes, por auto de 14 de marzo de 2014(9), se ordenó a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Medellín remitir copia auténtica del Estatuto Tributario de Medellín vigente para la época de los hechos (D. Municipal 710/2000 y D. Municipal 11/2004)(10).

La Sala se apoya en las citadas normas para emitir la decisión que corresponda en el presente asunto, pues, además, sirvieron de sustento a los actos demandados. En consecuencia, analiza los cargos de la demanda en el orden propuesto por la actora.

2. Adición de ingresos.

El artículo 64 del estatuto tributario de Medellín (D. 710/2000) establece que el impuesto de industria y comercio se genera por el ejercicio o realización de actividades comerciales, industriales, de servicios, financieras, generación, distribución, compraventa de energía, servicios públicos domiciliarios y básicos, en jurisdicción del municipio de Medellín.

Las actividades industriales son las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, maquila, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes por venta directa o por encargo (art. 69).

Las actividades comerciales son las destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías al por mayor o al por menor, y las demás definidas como tales en el Código de Comercio, siempre que no estén consideradas como industriales o de servicios por dicho código o por las leyes vigentes (art. 70).

Las actividades de servicio son las destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad, mediante la realización de una o varias de las actividades o análogas señaladas en el artículo 71, y en general toda tarea, labor o trabajo ejecutado por persona natural o jurídica, sociedad de hecho o cualquier otro sujeto pasivo, sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere contraprestación en dinero o especie y que se concrete en una obligación de hacer, sin importar que predomine el factor material o intelectual. Entre las actividades de servicios que describe la norma están las actividades de intermediación comercial, como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compraventa y administración de inmuebles y la construcción y urbanización, entre otras.

El sujeto activo del impuesto de industria y comercio es el municipio de Medellín (art. 66) y los sujetos pasivos son, entre otros, las personas naturales, jurídicas, y sociedades de hecho, que realicen el hecho generador, en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos (art. 67 en concordancia con el art. 64).

Para las actividades comerciales y de servicios, la base gravable se determina por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios del año inmediatamente anterior, menos las deducciones, exenciones y no sujeciones (art. 72). Dentro de los ingresos se incluyen los rendimientos financieros, las comisiones y, en general todos los que no estén expresamente excluidos (art. 81).

En la declaración de ICA por el año 2002, presentada en Medellín, la demandante liquidó el impuesto a cargo de la siguiente manera:

ConceptoValor
Ingresos brutos totales anuales obtenidos dentro y fuera de Medellín en el 2002$ 20.040.464.000
Menos ingresos brutos totales obtenidos fuera de Medellín, excepto para actividades industriales.$ 17.407.188.000
Menos total deducciones anuales por todo concepto para Medellín en el 20020
Base gravable total anual para Medellín en el 2002$ 2.633.276.000
Tarifa5/1000
Impuesto anual de industria y comercio$ 13.166.000

En los actos acusados, el municipio de Medellín modificó la declaración para liquidar el impuesto a cargo sobre la totalidad de los ingresos obtenidos a nivel nacional en el periodo, esto es, los obtenidos tanto en Medellín ($ 2.633.276.000) como en Envigado ($ 17.407.188.000), para un total de ingresos gravados de $ 20.040.464.000.

En la liquidación de revisión y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la administración afirmó que los ingresos que la actora declaró como percibidos a nivel nacional y en el municipio de Medellín coinciden con los certificados por el revisor fiscal de la compañía, contabilizados según el balance de prueba, y reportados en las declaraciones de renta y de industria y comercio del municipio de Envigado.

Sin embargo, mantuvo la adición de ingresos, porque, a partir de la existencia de derechos fiduciarios por $ 8.923.745.765, registrados en la cuenta del activo (cuenta 12), concluyó que la sociedad no contabilizó ni declaró ingresos por la venta de inmuebles de los proyectos “Castillo de la Castellana” y “Laureles”, sin precisar los ingresos provenientes de la supuesta venta.

Así, la administración modificó la declaración privada para liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos obtenidos por la demandante en Envigado.

En la respuesta al requerimiento especial, la actora aportó la declaración del impuesto de industria y comercio que presentó en Envigado por el año 2002 y en ella se observa que liquidó el impuesto a cargo sobre los ingresos adicionados por el municipio de Medellín, esto es, sobre $ 17.407.188.000(11).

Por su parte, en la liquidación de revisión y en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, el municipio reconoció que los ingresos declarados corresponden a los obtenidos en su jurisdicción, de la siguiente manera(12):

“En respuesta al requerimiento el contribuyente adjunta certificado de revisor fiscal de los ingresos totales de la compañía y desglosa los valores correspondientes a Medellín que corresponden con la base gravable declarada, a su vez se cotejaron las declaraciones de renta, industria y comercio del municipio de Envigado con el balance de prueba acumulado a diciembre 31 antes de cierre, encontrando la información ajustada”.

De lo anterior se concluye que con la respuesta al requerimiento especial, la demandante demostró que los ingresos adicionados a la base gravable declarada en Medellín habían sido percibidos en Envigado, pues aportó la declaración en la que consta que liquidó y pagó el impuesto de industria y comercio sobre esos ingresos en dicho municipio, hecho que fue constatado y aceptado por el municipio de Medellín.

Por otra parte, el demandado argumentó que la actora omitió ingresos por la venta de inmuebles, pues en la contabilidad registró derechos fiduciarios sobre fideicomisos constituidos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Medellín y Envigado.

El artículo 1226 del Código de Comercio define la fiducia mercantil como un negocio jurídico en el cual el fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes a un fiduciario, para que éste los administre o enajene, según la finalidad determinada por el constituyente del fideicomiso, y el provecho se determina a favor del constituyente o de un tercero denominado beneficiario o fideicomisario.

Los bienes fideicomitidos se mantienen separados del resto del activo del fiduciario y de los que corresponden a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad señalada en el acto constitutivo(13).

Por la celebración del contrato de fiducia, el fideicomitente adquiere derechos fiduciarios que son bienes inmateriales que representan la participación de éste en el patrimonio autónomo(14).

En la contabilidad, los derechos fiduciarios se registran en el activo (1), en el grupo de inversiones (12) y en la cuenta 1245 - derechos fiduciarios que, según el PUC para comerciantes, tiene la siguiente descripción:

“Registra el valor de los bienes entregados con el propósito de cumplir una finalidad específica, bien sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero en calidad de fideicomiso de inversión”.

Así, los derechos fiduciarios son bienes intangibles que forman parte del patrimonio del contribuyente y el hecho de que figuren en la contabilidad no significa que el fideicomitente haya percibido algún ingreso asociado al fideicomiso.

En el presente caso, el municipio de Medellín sostiene que la actora no declaró ingresos por la venta de inmuebles de los fideicomisos “Castillo de la Castellana” y “Laureles”.

Por escritura pública 3171 de 27 de junio de 2000 se constituyó el patrimonio autónomo Fideicomiso Castillo de la Castellana(15). En el negocio fiduciario, el fideicomitente es el Fideicomiso Lote El Castillo, la fiduciaria es Alianza Fiduciaria S.A. y las beneficiarias son Almoneda Mesa Saldarriaga y Cía. S. en C. y Villas de Santa Teresa S.A.

El objeto del contrato indica que la fiduciaria mantiene la titularidad de los inmuebles transferidos al patrimonio autónomo, administra los recursos de éste y permite a las beneficiarias que, por su cuenta y riesgo, construyan y desarrollen la Urbanización Castillo de la Castellana(16).

En las instrucciones para el desarrollo del contrato se especificó que la fiduciaria se encargaría de transferir a los compradores el dominio de los bienes que integran el proyecto, a título de venta, y de recibir los dineros de los compradores con destino al patrimonio autónomo. Las beneficiarias y los compradores negocian las unidades privadas y firman una promesa de compraventa en la que se especifica que la fiduciaria es la que transfiere el dominio de los bienes, a título de venta, y por cuenta de las beneficiarias(17).

El precio de venta de los inmuebles también se fija en la promesa de compraventa y los dineros recaudados ingresan al patrimonio autónomo, no a las beneficiarias(18). Sin embargo, los recursos se entregan a la actora posteriormente para que los invierta en el desarrollo del proyecto, previo descuento del porcentaje que corresponde al fideicomitente(19).

Como beneficio exclusivo y en contraprestación por un terreno que aportó al patrimonio autónomo, el fideicomitente recibe el 18% de los ingresos obtenidos por la venta de la totalidad de los inmuebles que conforman el proyecto(20). A las beneficiarias se trasladan los ingresos restantes, en un 20% para Almoneda Mesa Saldarriaga & Cía. S. en C. y en un 80% para la demandante(21), pero también deben asumir los gastos, honorarios, costos y pagos requeridos para el cumplimiento del contrato(22) y pagar la remuneración pactada a favor de la fiduciaria(23). Aunque los excedentes se transfieren a las beneficiarias a la liquidación del contrato, pueden efectuarse liquidaciones parciales durante la ejecución, a prorrata de la participación(24).

Por su parte, el Fideicomiso Laureles del Castillo fue constituido mediante escritura pública 3128 de 17 de junio de 2002(25). Este negocio fiduciario tiene por finalidad la construcción de la Urbanización Laureles del Castillo. Las partes y las beneficiarias, así como los derechos y obligaciones que éstas adquirieron, son iguales a las pactadas para el Fideicomiso Castillo de la Castellana.

De las pruebas analizadas, la Sala concluye que Alianza Fiduciaria S.A., como vocera de los patrimonios autónomos Fideicomiso Castillo de la Castellana y Fideicomiso Laureles del Castillo, vendió las unidades construidas en las distintas etapas de las Urbanizaciones Castillo de la Castellana y Laureles del Castillo. Igualmente, el patrimonio autónomo recibió los ingresos por las ventas efectuadas y, por la construcción del proyecto y la demandante obtuvo las utilidades que, en su momento, le trasladó la fiduciaria.

En consecuencia, las utilidades trasladadas por la fiduciaria constituyen los ingresos gravados en cabeza de la demandante por los derechos fiduciarios que posee en los patrimonios autónomos, ya que los ingresos por la venta de las unidades construidas pertenecen a los patrimonios autónomos.

Ahora, bien, el gerente de Alianza Fiduciaria S.A. - Sucursal Medellín certificó lo siguiente(26):

“Entre tanto, en mi calidad de gerente de la sucursal en Medellín, y por lo mismo, en nombre y representación de Alianza Fiduciaria S.A. sociedad que actuó como vocera del Fideicomiso Castillo de la Castellana - Subetapa A, con base en la documentación informal que se guarda en esta agencia, me permito informar lo siguiente:

1. En la contabilidad de dichos fideicomisos figuran registrados los ingresos provenientes de la venta de las unidades habitacionales, parqueaderos y cuartos útiles.

2. Durante el año 2002 los fideicomisos precitados, NO distribuyeron utilidades a la sociedad Villas de Santa Teresa S.A. ni a ningún otro fideicomitente o beneficiario.

3. Los valores que se entregaron lo fueron a título de restitución de aporte en los fideicomisos” (resalta la Sala).

Según esta certificación, en el año 2002, la fiduciaria no entregó a la demandante utilidades generadas por la ejecución del patrimonio autónomo Fideicomiso Castillo de la Castellana. Respecto de la liquidación de utilidades del patrimonio autónomo Fideicomiso Laureles del Castillo, no existe prueba en el expediente.

Cabe anotar, además, que la adición de ingresos no obedeció a la obtención de utilidades por concepto de los derechos fiduciarios, sino por las ventas de inmuebles, que, se repite, no ingresaron al patrimonio de la demandante.

Dado que se estableció que los ingresos adicionados por el municipio de Medellín corresponden a ingresos sobre los que la actora liquidó y pagó el impuesto de industria y comercio en Envigado; que la demandante demostró que los ingresos por la venta de inmuebles de las urbanizaciones Castillo de la Castellana y Laureles del Castillo pertenecen a los patrimonios autónomos Fideicomiso Castillo de la Castellana y Fideicomiso Laureles del Castillo, y que en el expediente no existe prueba que indique que la actora obtuvo utilidades por su participación en los patrimonios autónomos, la modificación de la declaración privada efectuada por el municipio de Medellín carece de fundamento.

Por lo anterior, se revocará la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda para, en su lugar, anular los actos demandados en cuanto a la adición de ingresos gravados y la consiguiente sanción por inexactitud.

Cabe anotar que por haber prosperado el cargo de la improcedencia de la adición de ingresos es innecesario pronunciarse sobre la violación del principio de correspondencia.

3. Sanción por no informar.

En los actos demandados, el municipio de Medellín impuso a la demandante sanción por no informar por $ 3.006.070, debido a que ésta no respondió el requerimiento ordinario SI 15681 de 23 de marzo de 2004.

Al respecto, la actora sostiene que el oficio en comentario no le fue notificado, pues la persona que recibió el requerimiento no es ni ha sido representante legal de la sociedad.

El artículo 417, literal a), inciso 1º del estatuto tributario de Medellín dispone que los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias o contables, emplazamientos, resoluciones que impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, se notifican por correo o personalmente. Y, el artículo 417 lit. b) ibídem establece que la notificación por correo se practica mediante envío de una copia del acto correspondiente a la última dirección informada por el contribuyente.

En sentencia de 13 de septiembre de 2012, expediente 18473, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, la Sala analizó si tenía validez la notificación por correo practicada mediante la entrega del acto en la dirección correcta, pero a una persona que supuestamente era desconocida por el interesado. En dicha oportunidad, la Sala concluyó lo siguiente:

“En efecto, la entrega del correo que exige la norma es un elemento que semánticamente se encuentra exclusivamente asociado a la puesta de algo o de alguien en manos o en poder de otro, sin que el legislador hubiere ligado la identidad de éste a la de la persona misma del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante.

Cosa distinta es que la finalidad de la diligencia de notificación vista de cara a la efectividad del derecho de contradicción y del principio de publicidad, conduzca a procurar que aquél en cuyas manos se pone el correo sea su destinatario, lo que no implica invalidar la entrega cuando quiera que éste no sea el directo receptor del envío, pues el hecho de que se encuentre en la dirección informada por el contribuyente, permite presumir que tiene algún tipo de vínculo con quienes regularmente habitan en ese lugar.

Esa presunción cobra aún más fuerza tratándose de sociedades debidamente inscritas y dotadas de toda una estructura organizacional conformada por empleadores y empleados, en las que los representantes legales no son siempre las persona encargadas de atender al público en general y/o recibir la correspondencia que le envían, salvo prueba en contrario.

Con lo anterior quiere significarse que son válidas las entregas a personas distintas de los representantes legales de las sociedades contribuyentes, sin perjuicio de que éstas puedan demostrar la inexistencia de relación alguna con el receptor del correo y, por esa vía, desvirtuar la presunción de la que se viene hablando.

Tal demostración solo puede partir de una prolija actividad probatoria a través de medios pertinentes, conducentes y fehacientes que en el caso concreto se echan de menos, pues el desconocimiento de la persona receptora del correo enviado, sólo corresponde a un decir de la parte actora, desprovisto de pruebas suficientes para afianzarlo y revestirlo de credibilidad irrefutable”.

Con base en la sentencia parcialmente transcrita, cuyas precisiones se reiteran, la notificación por correo es válida aunque el representante legal de la sociedad destinataria no reciba directamente el acto, ya que se presume la vinculación entre la persona que recibe el correo y el destinatario si aquella se encuentra en la dirección indicada por el interesado. Además, en las sociedades comerciales, es usual que el representante legal delegue en otras personas la función de recibir la correspondencia. No obstante, el interesado puede valerse de los medios de prueba previstos en la ley para desvirtuar la presunción.

Cabe anotar que la actora no discutió la validez de la dirección en que se practicó la notificación. Se limitó a sostener que Victoria Marín, quien recibió el requerimiento ordinario, no tenía la calidad de representante legal de la sociedad, pero no demostró la ausencia de vínculo entre el receptor y la compañía.

Toda vez que la demandante no desvirtuó la validez de la notificación por correo del requerimiento ordinario, se mantendrá la sanción por no informar impuesta en los actos demandados, dado que, a pesar de que la actora conoció el requerimiento ordinario de información, no suministró la información solicitada, motivo por el cual procede la sanción por no informar impuesta por la demandante con fundamento en el artículo 179 del Acuerdo 57 de 2003.

Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia apelada. En su lugar, se anulan parcialmente los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, se declara la firmeza de la declaración de ICA presentada por la actora por el año gravable 2002 y que la demandante está obligada a pagar la sanción por no informar impuesta en los actos acusados, por $ 3.006.070.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar dispone:

1. DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL de la liquidación de revisión 662 de 2 de febrero de 2005 y de la Resolución SH 17-206 de 18 de mayo de 2005, actos por los cuales el municipio de Medellín modificó la declaración del impuesto de industria y comercio presentada por la actora por el año gravable 2002 y le impuso sanción por no informar.

2. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE la firmeza de la declaración del impuesto de industria y comercio que la actora presentó por el año 2002 en el municipio de Medellín y que la actora está obligada a pagar la sanción por no informar impuesta en los actos demandados por $ 3.006.070.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(6) Código Contencioso Administrativo, artículo 141. “Normas jurídicas de alcance no nacional. Si el demandante invoca como violadas normas que no tengan alcance nacional, deberá acompañar el texto legal que las contenga, debidamente autenticadas, o solicitar del ponente que obtenga la copia correspondiente”.

(7) Ibídem. Artículo 143. “Inadmisión y rechazo de la demanda. Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores y su presentación no interrumpe los términos para la caducidad de la acción.

No obstante, si la demanda se presenta dentro del término de caducidad, el ponente, por auto susceptible de reposición, expondrá los defectos simplemente formales para que el demandante los corrija en un plazo de cinco (5) días. Si así no lo hiciera, se rechazará la demanda.

[…]”.

(8) Ib. Artículo 169. “Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no las solicitan, el ponente sólo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista.

Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso”.

(9) Folio 229.

(10) Folios 245 a 276.

(11) Folio 74.

(12) Folio 5.

(13) Código de Comercio. Artículo 1233.

(14) Superintendencia de Sociedades. Concepto 115007389 de 2010. “De la celebración del contrato de fiducia surgen a la vida jurídica los derechos fiduciarios, los cuales, al menos en principio, le corresponderán al fideicomitente. Tales derechos no son otra cosa que aquellos que le corresponden al fideicomitente con relación al patrimonio autónomo, derechos que tienen la característica de ser bienes inmateriales”.

(15) Folios 10 a 36.

(16) Cláusula 2.

(17) Cláusula 11, numeral 7º.

(18) Cláusula 11, numeral 7º.

(19) Cláusula 11, numeral 7º.

(20) Cláusula 11, numeral 15.

(21) Cláusula 17.

(22) Cláusula 22.

(23) Cláusula 15, numeral 1º.

(24) Cláusula 11, numeral 13.

(25) Folios 52 a 71.

(26) Folio 178.