Sentencia 2005-09082 de mayo 10 de 2005 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 410011102000200509082 01

Magistrada Ponente:

Dra. Leonor Perdomo Perdomo

Aprobado según Acta Nº cincuenta y siete de la fecha.

Bogotá, D.C., mayo diez de dos mil cinco.

Tema a decidir:

Negado el proyecto presentado por el honorable Magistrado doctor Fernando Coral Villota, se resuelve la impugnación presentada por la apoderada judicial de la empresa Alcanos de Colombia S.A. ESP, contra el fallo del 17 de marzo del año en curso, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, accedió a la tutela de los derechos fundamentales invocados por el ciudadano Gentil Antonio Barrios Cardozo.

Sinópsis procesal:

1. La demanda de tutela:

El actor ya mencionado obrando en nombre propio y quien dijo tener 95 años de edad, interpuso la acción constitucional prevista por el artículo 86 superior, deprecando el amparo de sus derechos fundamentales a la vida y a la dignidad humana, frente a la existencia de un perjuicio irremediable. Además, adujo encontrarse discapacitado al estar reducido a una silla de ruedas, dependiendo para su atención de una hija quien le colabora “… para efectos de la preparación de mis alimentos y movilización …”.

En suma, el accionante explicó que en su calidad de suscriptor, usuario y propietario del servicio de gas natural, ha cumplido estrictamente su obligación de cancelar cumplidamente las facturas correspondientes a la prestación del servicio público en mención; razón por la cual muestra su inconformidad con la suspensión del suministro del gas implementado por la empresa prestadora del mismo Alcanos de Colombia S.A., ESP.

Barrios Cardozo explicó que el 24 de febrero del año en curso, funcionarios de la empresa demandada sin escuchar razones, y no obstante estar al día con los pagos “… procedieron arbitrariamente y por las vías de hecho” a retirarle el contador o medidor de gas “causándome daño en la vivienda, puesto para ello rompieron 8 baldosas, hicieron un hueco, dejaron revolcada la tierra y lo peor “me dejaron sin gas”.

Aclaró el petente que nunca se le notificó resolución o providencia alguna donde se ordenara el retiro del contador y además donde se le advirtiera que le iban a suspender el servicio de gas natural, actuación desmedida si se tiene en cuenta que el medidor funciona en forma correcta, y no ha sido adulterado. Insiste en el desmedido comportamiento de la empresa accionada cuando manifiesta que el corte del servicio público en cita le ha impedido prepararse los alimentos y calentar el agua para su aseo personal.

Consecuente con lo anterior, pide por vía de tutela se ordene a la empresa Alcanos de Colombia S.A. ESP, le instale nuevamente su contador o medidor original y el gas natural (fls. 5 a 9 cdno. o.).

Coadyuvando la anterior solicitud aparece el señor Personero Municipal de Neiva para quien la especial situación del actor, en tanto se trata de una persona anciana y enferma merece una protección que le ampare sus derechos fundamentales frente a la posición dominante y arbitraria de la empresa Alcanos de Colombia S.A. (fls. 25 y 26 cdno. o.)

2. Devenir procesal:

La Sala de instancia el 4 de marzo hogaño, avocó conocimiento de la acción constitucional, ordenando entre otras cosas, la notificación de la solicitud de amparo a las partes involucradas (fls. 29 a 36 cdno. o.).

Enterada de las pretensiones de protección excepcional la demandada a través del jefe de servicio al cliente, aportó escrito de descargos al expediente tutelar informando que el actor no presenta ningún saldo pendiente por pagar correspondiente al servicio de gas natural. Anexando en todo caso, fotocopias informales del expediente relacionado con el caso.

A su vez la apoderada judicial de la empresa accionada se pronunció frente a los hechos de la demanda peticionando la denegación del amparo de tutela, toda vez que su poderdante “… siempre ha actuado en (sic) cumplido a cabalidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, las resoluciones de la CREG, contrato de prestación de servicios y de más (sic) disposiciones que ordenan realizar las revisiones a los medidores y en caso de impedimento proceder a la suspensión del servicio. Por tanto no ha desarrollado conducta alguna con la cual se violen los derechos al debido proceso, a la vida, a la dignidad humana, a la vivienda …”.

La profesional del derecho manifestó que luego de agotar todo el procedimiento legal, soportado con la confirmación de la Superintendencia de Servicios Públicos, su representada, dada la renuencia del actor, quien ha venido impidiendo el retiro del contador o medidor de gas para que la empresa verifique su correcto funcionamiento optó por suspender de acometida el servicio (fls. 94 a 105 cdno. o.).

La jefe de oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, oponiéndose a la demanda constitucional señaló que frente a la inconformidad del actor, este tiene a su haber los mecanismos ordinarios de defensa e igualmente adujo que en el presente evento, el procedimiento implementado se agotó de conformidad con la Ley 142 de 1994, normatividad que prevé la posibilidad de interponer los recursos de ley (fls. 187 a 194 cdno. o.).

3. Fallo de primera instancia:

La Sala de instancia, luego de una extensa trascripción de jurisprudencia constitucional sobre el tema de los servicios públicos vinculados a la naturaleza de un Estado social de derecho, concluyó que en el vento a examen al actor se le desconoció su derecho fundamental a ejercer en forma material su defensa, contra el trámite administrativo cumplido por la empresa Alcanos de Colombia S.A., y que feneció con la suspensión del servicio público de gas natural.

En este orden de ideas, el colegiado de primer grado al acceder a la tutela resolvió dejar sin efecto “… todos los procedimientos adoptados con ocasión de la actuación administrativa. Así Alcanos de Colombia S.A. ESP, deberá volver a realizar todo el procedimiento observando los mandatos que impone la Carta Política y para ello deberá garantizar materialmente los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia …”. (fls. 196 a 234 cdno. o.).

4. Argumentos de la impugnante:

Inconforme con la anterior determinación la apoderada judicial de la empresa Alcanos de Colombia S.A., ESP, la recurrió señalando que la providencia materia de censura presenta una gran confusión sobre el tipo de procedimiento utilizado y el fin perseguido en el caso del señor Antonio Barrios, evento en donde tan solo lo pretendido es la revisión del centro de medición a fin de determinar si el dispositivo-contador, cumple o no con los estándares mínimos establecidos por las normas técnicas colombianas.

Agrega que “… el cumplimiento o no de las normas se puede verificar únicamente en el banco de pruebas, por lo cual es indispensable el retiro del mismo, razón por la que la empresa al hacer el retiro, deja de manera gratuita por ser nuestra obligación legal, otro medidor de prueba, hasta que se hace la multicitada verificación a la cual puede asistir el usuario previa citación del mismo …” (fls. 239 a 241 c.o.).

Consideraciones:

1. Competencia de la Sala:

Al tenor de lo previsto en el inciso primero del artículo 116 de la Constitución Política, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y las respectivas Salas de los consejos seccionales de la Judicatura como órganos integrantes de la rama judicial les asiste la facultad de administrar justicia, razón por la cual tienen competencia para conocer de las acciones de tutela formuladas por cualquier persona que reclama el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente conculcados.

Así mismo, por ser esta corporación su superior jerárquico, es competente para conocer en segunda instancia de los fallos proferidos por los consejos seccionales, tal como lo prevé el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. Finalmente es de resaltar que al figurar como demandada una entidad del orden nacional como lo es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, acorde con el mandato previsto por el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, igualmente le compete a la corporación desatar la impugnación interpuesta.

2. Planteamiento del problema:

El asunto a dilucidar en el presente caso consiste en determinar la procedencia de la acción de tutela cuando esta va dirigida contra el acto de suspensión del servicio de gas natural, en la parte culminante del proceso administrativo que se agotó el caso del señor Gentil Antonio Barrios Cardozo, suscriptor del servicio público, quien según se desprende las constancias aportadas al expediente, se encuentra al día en los pagos, pero se muestra renuente a permitir la revisión del medidor o contador.

3. Procedencia de la medida de amparo. Desproporción de la medida de suspensión. Desatención de la condición especial del actor como persona de la tercera edad.

Según lo informan los artículos 365 a 370 de la Constitución, y de conformidad con lo que sobre el tema ha precisado la Corte Constitucional los servicios públicos tienen una connotación eminentemente social en la medida en que pretenden el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y por ello deben ser prestados en forma eficiente.

Sobre el punto el alto tribunal en Sentencia C-389 de 2002 enseñó:

“constituyen un asunto de Estado y por lo tanto pertenecen a la órbita de lo público, de ahí que deben ser prestados a todos los habitantes; su régimen tarifario debe tener en cuenta los criterios de costos, solidaridad y redistribución del ingreso; por razones de soberanía o de interés social el Estado puede reservarse su prestación previa indemnización a quienes queden privados del ejercicio de esta actividad; su prestación es descentralizada pues descansa fundamentalmente en las entidades territoriales; y, finalmente el pago de los subsidios a los estratos pobres involucra recursos de la Nación y de las entidades territoriales …

El contenido social de los fines del Estado se desarrolla de manera particular en los servicios públicos domiciliarios, en la medida en que se orientan a satisfacer las necesidades básicas esenciales de las personas. Por lo tanto, “la idea de tales servicios no puede concebirse en otra forma, teniendo en cuenta el inescindible vínculo existente entre la prestación de los mismos y la efectividad de ciertas garantías y derechos constitucionales fundamentales de las personas, que constituyen razón de la existencia de la parte orgánica de la Carta y de la estructura y ejercicio del poder público. Indudablemente, una ineficiente prestación de los servicios públicos puede acarrear perjuicio para derechos de alta significación como la vida, la integridad personal, la salud, etc.””.

La misma Corte Constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la vinculación de los usuarios y suscriptores a las decisiones y actuaciones unilaterales de las empresas de servicios públicos demanda la sujeción irrestricta de tales pronunciamientos y procedimientos al debido proceso; porque las prerrogativas legales que ostentan estas empresas, a fin de permitirles un correcto funcionamiento y la debida prestación del servicio, comporta el respeto de las garantías constitucionales de los asociados (1) .

De ahí, que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios requieran sujetar sus procedimientos, entre ellos el cobro e imposición de sanciones, a las disposiciones que los permiten y regulan, enmarcadas dentro de las previsiones del ordenamiento constitucional, según el cual las actuaciones administrativas están sujetas a las reglas del debido proceso, y tanto particulares como autoridades deben ceñirse a los postulados de la buena fe (2) .

Esta superioridad ve la necesidad de hacer claridad en torno a que la discusión abordada por la Sala a quo sobre el respeto del derecho fundamental al debido proceso administrativo, instancia que como lo señaló la impugnante equivocó el estudio del caso, no solo porque el procedimiento adelantado por la empresa accionada no se originó a partir de un fraude imputado al usuario, sino que la medida de corte del servicio de gas se dio a fin de presionar de parte del actor el acceso al medidor para lograr la revisión del mismo; sino porque de las pruebas aportadas al infolio se constata que el señor Barrios Cardozo tuvo la oportunidad de defenderse al interior del proceso que cursó en su contra, al punto que como se advierte en las diligencias este interpuso los recursos de ley contra las determinaciones adoptadas en primera instancia por la empresa prestadora del servicio público en mención.

En punto al tema de la potestad legal que les asiste a las empresas prestadoras de los servicios públicos para adoptar las medidas correctivas coercitivas tendientes a hacer cumplir los términos estipulados en los contratos suscritos con los usuarios, no queda duda alguna que dichas empresas pueden suspender, parcial o totalmente, la prestación de los servicios que prestan por falta de pago de los usuarios y suscriptores de las facturaciones emitidas, pero para el efecto están en el deber de observar estrictamente el procedimiento que les permite hacer su uso de esta prerrogativa, cual es —artículos 130, 140, 152, 153 y 154 Ley 142 de 1994, artículos 18 y 19 Ley 689 de 2001; 44 y 47 Código Contencioso Administrativo— (3) :

La máxima guardiana de la Carta Política a propósito del asunto en estudio ha dicho:

“Las decisiones de suspender la prestación de los servicios, total o parcialmente, como actos derivados de las prerrogativas que les han sido conferidas a las prestadoras para la debida prestación del servicio, son actos administrativos, y también lo son las decisiones que resuelven los recursos interpuestos contra éstos …” (4) .

Nótese en consecuencia que el debate presentado en el sub lite, sobre la legalidad y la constitucionalidad del comportamiento de la empresa demandada, presenta dos aspectos, el primero que no admite discusión es el cumplimiento estricto por parte de la misma del procedimiento administrativo agotado con ocasión del reparo presentado por el actor frente a la facultad que le asistía a la empresa Alcanos de Colombia S.A., ESP, para revisar los medidores de acuerdo con el artículo 145 de la Ley 142 de 1994, trámite sobre el cual no se advierte irregularidad alguna, toda vez que —se repite—, el accionante contó con la posibilidad de conocer y participar de la actuación, al punto que por vía de apelación la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 30 de noviembre de 2004 en Resolución 13089, confirmó la determinación Nº 3352 del 16 de octubre de 2003, adoptada en primera instancia por la empresa Alcanos de Colombia S.A. ESP.

Ahora bien, una cosa es la legalidad de la actuación administrativa agotada a fin de corroborar la facultad que le confiere la normatividad regente a la empresa accionada para revisar el contador o medidor que desde hace más de 20 años funciona en el lugar de residencia del actor —sobre la cual no existe objeción alguna—, pero otra muy diferente es la medida extrema de suspensión del servicio público que presta Alcanos de Colombia S.A., a fin de presionar la voluntad del usuario para que acceda a permitir el traslado del dispositivo al laboratorio para el consecuente examen de funcionamiento.

Véase que el tema materia de pronunciamiento tanto en primera como en segunda instancia que propiciaron la emisión de los actos administrativos por parte de las entidades demandadas se presentaron a propósito de la objeción y queja presentadas por el señor Barrios Cardozo, mas no sobre el procedimiento de suspensión del servicio público, remedio extremo utilizado por la empresa Alcanos de Colombia, que en sentir de la Sala comporta afrenta de los derechos fundamentales invocados por el peticionario en el escrito introductorio de la acción.

En efecto, en primer término es dable aseverar que la medida de suspensión comporta materialmente una sanción y como tal debe y tiene que ser objeto de los recursos de ley ante las instancias de rigor a efectos de garantizarle al usuario afectado con la determinación presentar en término sus argumentos o controvertir los plasmados por la empresa prestadora del servicio público motivantes del acto de suspensión del servicio para el caso particular del gas domiciliario, trámite que se echa de menos en el sub examine, pues el corte de servicio se dio en teoría para presionar al actor quien se muestra renuente a permitir la revisión del contador.

En asunto similar la Corte Constitucional ha señalado que cuando las empresas de servicios públicos domiciliarios proceden a la suspensión del servicio, a causa de la falta de pago de períodos de facturación mayores a los permitidos, y cuando hacen uso de su prerrogativa sin permitirle al usuario o suscriptor afectado ejercer su derecho a la defensa, este puede acudir ante el juez constitucional, invocando el restablecimiento de sus garantías constitucionales, salvo que la actuación administrativa pueda ser demandada por el usuario, o que el particular pretenda simplemente la reparación del perjuicio, porque en este caso es a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a la que compete tal restablecimiento (5) .

La misma instancia ha precisado que la suspensión de los servicios públicos es perfectamente válida si aquella no impide el ejercicio de las condiciones y necesidades mínimas de existencia del residente en tanto la medida no puede contrariar el principio de la dignidad humana, el cual es una condición para el ejercicio de la libertad y la seguridad, ni están facultadas para impedir la satisfacción mínima de las condiciones de existencia vital para los habitantes" (6) .

Como se dejó visto, el actor a la fecha cuenta con 95 años, edad que con creces supera el límite mínimo de los 70 años para ser merecedor de trato especial en atención a su condición de anciano, igualmente está certificada su condición de enfermo que le impide valerse por sí mismo, con las declaraciones extrajuicio aportadas al expediente, circunstancias especiales que la empresa demandada desatendió, cuando le cortó el servicio de gas natural sin considerar el imperativo constitucional que obliga a dar un trato especial a este tipo de ciudadanos.

Ciertamente el actor según copia del documento de identidad a la fecha cuenta con 95 años de edad, y por ende es un sujeto de especial protección constitucional al sobrepasar el baremo de los 71 años utilizado por la Corte, por lo tanto es verosímil concluir que el citado anciano, se encuentra en la hipótesis de sufrir un perjuicio irremediable ante la posibilidad real a gozar del servicio público de gas natural, habida consideración no solo de la avanzada edad, sino del grado de dependencia que le obliga a acudir a terceros para realizar sus labores cotidianas, con mayor razón sus padecimientos y su salud mental se ven afectados cuando para ingerir sus alimentos se debe desplazar a sitios diferentes a su casa de habitación, lo anterior sin perjuicio de la limitaciones a que se ha visto impelido referentes a su aseo personal, pues resulta entendible que el señor requiera del servicio público que le fue suspendido para calentar el agua que utiliza en su baño.

En los casos en que esté amenazado o se haya producido una vulneración del derecho a llevar una vida digna, las personas de la tercera edad gozan de una protección excepcional, que hace procedente la tutela, a pesar de la existencia de otros medios de defensa, cuando constituya un mecanismo necesario para prevenir la consumación de un perjuicio irremediable. Esta sub-norma constitucional, que se ha formulado como un principio de cautela, para asegurar la vigencia de los derechos de las personas que por sus condiciones físicas no se encuentran en condiciones de igualdad con la generalidad de la población, está fundamentada en el carácter prevalente que la propia axiología constitucional le otorga a la protección de los derechos fundamentales, como soporte y razón de ser del Estado social de derecho.

Dentro de este contexto, es condenable el comportamiento de la empresa Alcanos de Colombia S.A., cuando frente al contenido constitucional, corta el servicio de gas al usuario Barrios Cardozo, como medio de presión para obtener una solución a sus desavenencias, presentadas por la negativa de este a acceder a la revisión de medidor, actuación que resulta realmente desproporcionada y conculcadora de sus derechos fundamentales.

Así las cosas el acto de suspender la prestación de los servicios, total o parcialmente, como actos derivados de las prerrogativas que les han sido conferidas a las empresas que prestan los servicios públicos, son actos administrativos, y también lo son las decisiones que resuelven los recursos interpuestos contra estos (7) , razón por la cual en el sub lite sin bien se confirmará la decisión de amparo dictada por la Sala a quo, la colegiatura modificará el fallo de instancia, señalando que al ampararse los derechos fundamentales del actor se ordenará en consecuencia a la empresa Alcanos de Colombia S.A., a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, restablezca el servicio público de gas natural al predio habitado por el señor Gentil Barrios.

Igualmente en el evento de persistir la intención de revisión y para el efecto la empresa Alcanos de Colombia, estima necesaria la suspensión del servicio de gas domiciliario deberá adelantar el trámite administrativo de ley profiriendo las resoluciones del caso, a fin de que el afectado tenga la posibilidad de recurrir los actos administrativos de conformidad con las formas propias del juicio y el debido proceso.

Por lo anteriormente expuesto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia materia de impugnación, que accedió a la demanda de tutela a favor del señor Gentil Barrios, en el sentido de ORDENAR a la empresa Alcanos de Colombia S.A., a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, restablezca el servicio público de gas natural al predio habitado por el señor Gentil Barrios.

Igualmente en el evento de persistir la intención de revisión y para el efecto la empresa Alcanos de Colombia, estima necesaria la suspensión del servicio de gas domiciliario deberá adelantar el trámite administrativo de ley profiriendo las resoluciones del caso, a fin de que el afectado tenga la posibilidad de recurrir los actos administrativos de conformidad con las formas propias del juicio.

2. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la Secretaría Judicial de esta Sala REMITIRÁ el presente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Fernando Coral Villota, Presidente (salvó voto)—Eduardo Campo Soto—Guillermo Bueno Miranda—Jorge Alonso Flechas Díaz (no asistió, con excusa)—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez (salvó voto)—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) Entre otras sentencias T-927 de 1999, T-1432 de 2000, T-332 y 1150 de 2001.

(2) Al respecto consultar las sentencias C-236 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell, y C-558 de 2001 Jaime Araújo Rentería, entre otras.

(3) Los artículos 18 y 19 de la Ley 689 disponen:

“Modifícase el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

“ART. 130.—Partes del contrato. Son partes del contrato la empresa de servicios públicos, el suscriptor y/o usuario.

El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.

Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos. La factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la entidad prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial. Lo prescrito en este inciso se aplica a las facturas del servicio de energía eléctrica con destino al alumbrado público. El no pago del servicio mencionado acarrea para los responsables la aplicación del artículo que trata sobre los “deberes especiales de los usuarios del sector oficial”.

PAR.—Si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá dos períodos consecutivos de facturación, la empresa de servicios públicos estará en la obligación de suspender el servicio. Si la empresa incumple la obligación de la suspensión del servicio se romperá la solidaridad prevista en esta norma” —se destaca.

Artículo 19 Ley 689: Modifícase el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

“ART. 140.—Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que esta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.

Es causal también de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del servicio.

Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de suspensión.

Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los derechos que las leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento”.

Por su parte los artículos 152, 153 y 154 de la Ley 142 prevén:

“Derecho de petición y de recurso. Es de la esencia del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos.

Las normas sobre presentación, trámite y decisión de recursos se interpretarán y aplicarán teniendo en cuenta las costumbres de las empresas comerciales en el trato con su clientela, de modo que, en cuanto la ley no disponga otra cosa, se proceda de acuerdo con tales costumbres.

ART. 153.—De la oficina de peticiones y recursos.

Todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituirán una "oficina de peticiones, quejas y recursos", la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los servicios que presta dicha empresa.

Estas "oficinas" llevarán una detallada relación de las peticiones y recursos presentados y del trámite y las respuestas que dieron.

Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición.

ART. 154.—De los recursos.

El recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo consagre la ley.

No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno.

El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.

De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la empresa que enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones uniformes del contrato.

Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado aunque se emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la superintendencia.

(4) “El ejercicio de la función administrativa por parte de todas las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios encuentra una preceptiva mucho más comprensiva en el inciso primero del artículo 154 de la Ley 142, que al respecto permite circunscribir como actos administrativos propios de tales empresas y entidades los de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación, y por supuesto, las decisiones que se produzcan en sede empresarial con ocasión del recurso de reposición.

Con un sentido residual los artículos 106 a 115 de la ley de servicios establecen los procedimientos administrativos a seguir para dictar actos unilaterales por parte de quienes en forma temporal o permanente revistan la condición de autoridad; es decir, se trata de unas disposiciones referidas tanto a quienes presten servicios públicos domiciliarios como a las autoridades públicas pertenecientes o relacionadas con este sector, v.gr. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, comisiones de regulación, ministerios, etc. Siendo a la vez patente la primacía de tales procedimientos frente a las reglas del Código Contencioso Administrativo (CCA, art. 1º, inc. 1º). Por consiguiente, en lo atinente a la función administrativa el estatuto contencioso mantiene su condición subsidiaria y residual en todos los casos que la preceptiva sobre servicios públicos domiciliarios carezca de reglas aplicables a determinados asuntos o hipótesis” —Sent. C-558/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería—.

(5) Sentencia T-1150 de 2001.

(6) Sentencia T-630 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(7) “El ejercicio de la función administrativa por parte de todas las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios encuentra una preceptiva mucho más comprensiva en el inciso primero del artículo 154 de la Ley 142, que al respecto permite circunscribir como actos administrativos propios de tales empresas y entidades los de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación, y por supuesto, las decisiones que se produzcan en sede empresarial con ocasión del recurso de reposición.

Con un sentido residual los artículos 106 a 115 de la ley de servicios establecen los procedimientos administrativos a seguir para dictar actos unilaterales por parte de quienes en forma temporal o permanente revistan la condición de autoridad; es decir, se trata de unas disposiciones referidas tanto a quienes presten servicios públicos domiciliarios como a las autoridades públicas pertenecientes o relacionadas con este sector, v.gr. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Comisiones de Regulación, ministerios, etc. Siendo a la vez patente la primacía de tales procedimientos frente a las reglas del Código Contencioso Administrativo (CCA, art. 1º, inc. 1º). Por consiguiente, en lo atinente a la función administrativa el estatuto contencioso mantiene su condición subsidiaria y residual en todos los casos que la preceptiva sobre servicios públicos domiciliarios carezca de reglas aplicables a determinados asuntos o hipótesis” —Sent. C-558/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería—.

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