Sentencia 2005-09969 de febrero 23 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Ref.: Expediente 850-08

Rad. 250002325000200509969 01 (0850-08)

Magistrado Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: José Vicente Díaz Molina

Autoridades Nacionales

Bogotá, D.C., veintitrés de febrero de dos mil doce.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 6 de diciembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

EXTRACTOS: «Para resolver, se considera:
José Vicente Díaz Molina, en su calidad de Adjunto Intendente ® de la Policía Nacional, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, demandó del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la nulidad del Oficio 12766 de 22 de septiembre de 2005, proferido por el jefe de procesos de pensionados de la Policía Nacional, mediante el cual negó la petición de reajuste de la pensión, con fundamento en que los reajustes se han realizado en los términos del artículo 118 del Decreto 1214 de 1990.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, reajustar la asignación de retiro del actor con base en el Índice de Precios al Consumidor y pagar las diferencias que resulten entre el reajuste reconocido con base en el principio de oscilación y lo que debe reconocerse con base en el IPC.

La entidad demandada argumenta que la pensión del actor fue reconocida en los términos del Decreto 1214 de 1990, por tratarse de personal civil al servicio de la Policía Nacional a quienes se les incrementa la mesada pensional en la misma proporción en la que aumenta el salario mínimo, como lo señala el artículo 118 de dicho decreto, motivo por el cual no puede pretender que además se le apliquen el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Problema Jurídico

En el presente asunto se trata de dilucidar si el demandante tiene derecho al reajuste de la pensión de jubilación con el Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior, certificado por el DANE.

Para efectos de decidir considera la Sala necesario hacer las siguientes precisiones:

El Decreto 1214 de 1990, estableció quiénes integran el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, ellos son, las personas naturales que se desempeñan en el despacho del ministro, en la secretaría general, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional(2).

Dicho decreto reformó el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y en el artículo 102 indica que las partidas computables para las prestaciones sociales son las siguientes:

a. Sueldo básico.

b. Prima de servicio.

c. Prima de alimentación.

d. Prima de actividad.

e. Subsidio familiar.

f. Auxilio de transporte.

g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.

El artículo 118 dispone la proporción en la que se deben reajustar las pensiones contempladas en dicho estatuto, así:

ART. 118. Reajuste de pensiones. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y por aportes y las que se otorguen a los beneficiarios de los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional conforme este estatuto, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual.

PAR.—Este reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se fija para el salario mínimo.

Ahora bien, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó de su aplicación al siguiente grupo de servidores del Estado:

a) Miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

b) Personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción del que se vincule a partir de la vigencia de la ley.

c) Miembros no remunerados de las corporaciones públicas.

d) Afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

e) Trabajadores de empresas que a la vigencia de la ley estuvieran en concordato preventivo y obligatorio, y

f) Servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos ni sus pensionados, excepción hecha de quienes se vinculen por vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, bajo las condiciones allí previstas.

Bajo los mandatos de la norma transcrita el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional pensionado, no era acreedor del reajuste de sus pensiones como lo dispone el artículo 14, vale decir, teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, sino como lo disponía el Decreto 1214 de 1990.

Posteriormente la Ley 238 de 1995, adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente parágrafo:

“PAR. 4º—Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados”.

Lo anterior significa que a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993, tienen derecho al reajuste de sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE como lo dispuso el artículo 14 de la Ley 100 y a la mesada 14 en los términos del artículo 142 ibídem.

Del caso concreto

Se encuentra demostrado en el expediente que José Vicente Díaz Molina se desempeñaba como adjunto intendente de la Policía Nacional, hasta su retiro el 5 de marzo de 1992 (fl. 6).

Obra a folios 7, 56 a 62, constancias expedidas por el área de prestaciones sociales de la Policía Nacional, en las cuales consta la asignación que devengó el actor por los años de 1998 a 2005, conforme se observa en el siguiente cuadro:

AñoSalario Actor Incremento porcentual
1998$ 290946 
1999$ 337529.4616.01%
2000$ 371275.6510%
2001$ 408243.569.96%
2002$ 441074.508.04%
2003$ 473903.677.44%
2004$ 511015.067.83%
2005$ 544558.086.56%

De acuerdo con lo anterior es posible determinar que el porcentaje en el cual se reajustó su pensión de jubilación, corresponde al establecido para el salario mínimo mensual legal correspondiente, como se observa a continuación:

AñoDecretoIncremento salario mínimo
19992560 de 199816%
20002647 de 199910%
20012580 de 20009,96%
20022910 de 20018,04%
20033232 de 20027,44%
20043770 de 20037,83%
20054360 de 20046,5%

La Ley 238 de 1995 es menos favorable para el demandante que el Decreto 1214 de 1990, porque al hacer la comparación entre los reajustes pensionales derivados del aumento del salario mínimo mensual legal establecidos en los decretos 2560 de 1998, 2647 de 1999, 2580 de 2000, 2910 de 2001, 3232 de 2002 y 3770 de 2003 y los que resultan de la aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, se evidencia que la aplicación del primer sistema de reajuste resulta ser cuantitativamente superior, tal y como se muestra en el cuadro a continuación:

AñoIPCSalario mínimo
199916,70%16%
20009,23%10%
20018,75%9,96%
20027,65%8,04%
20036,99%7,44%
20046,49%7,83%
20055,50%6,5%

De acuerdo con lo anterior y en aplicación del postulado contenido en el artículo 53 de la Constitución Política que ordena en caso de duda en la aplicación e interpretación de las normas en materia laboral, dar prevalencia a la más favorable, debe dársele prevalencia al artículo 118 del Decreto 1214 de 1990 que resulta más beneficioso para el actor.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda y en su lugar se denegarán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 6 de diciembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso promovido por el señor José Vicente Díaz Molina, que accedió a las súplicas de la demanda. En su lugar, se dispone:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, Notifíquese y ejecutoriada esta providencia, Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Discutida y aprobada en sesión celebrada en la fecha.

Este documento fue creado a partir del original obtenido en el Consejo de Estado.

(2) Artículo 2º.