Sentencia 2005-10039/0901-2014 de febrero 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref: Expediente 500012331000200510039 01

Nº interno: 0901-2014

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Actor: Mario Galán Valenzuela

Demandado: Departamento del Guaviare (autoridades departamentales)

Instancia: Segunda – Código Contencioso Administrativo – Decreto 1º de 1984.

Bogotá D.C., diecinueve de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema Jurídico.

El problema jurídico se contrae a determinar si hay lugar a ordenar el pago de los honorarios contractuales presuntamente adecuados al accionante por el período comprendido entre el 1º de marzo de 1999 y el 30 de marzo de 2000, como lo solicitó en el recurso de alzada.

De lo probado en el proceso.

— El actor suscribió con la secretaría de educación del departamento del Guaviare las siguientes órdenes de prestación de servicios:

Nº OrdenDuraciónObjeto
001(1)Del 1º de marzo al 18 de junio de 1999Prestar los servicios técnicos para la dirección y asesoramiento del taller metalmecánico de la concentración de desarrollo rural del municipio de San José del Guaviare.
010(2)Del 25 de julio de 1999 al
3 de diciembre de 1999
002(3)Del 10 al 31 de diciembre de 1999
001(4)Del 1º de febrero al 30 de marzo de 2000Prestar los servicios como director y asesor del taller metalmecánico de la concentración de desarrollo rural.

— El 6 de diciembre de 1999(5) el accionante solicitó ante el secretario jurídico de la gobernación del Guaviare el reconocimiento de los dineros adeudados a título de reajuste del año 1998 y los salarios del año 1999 (fls. 70 a 72).

— El 7 de marzo de 2000(6) el actor informó al secretario jurídico de la gobernación del Guaviare que llevaba más de 14 meses trabajando sin remuneración (fl. 75).

— El 8 de mayo de 2000 el demandante solicitó al gobernador del Guaviare el pago de las sumas adeudas por concepto de reajuste del año 1998 y los salarios correspondientes al año 1999 y lo corrido del año 2000 (fls. 20 a 24).

— El 19 de enero de 2001 la secretaría jurídica de la gobernación del Guaviare le informó al actor que “su vinculación con el centro de desarrollo productivo (CDP), no se encuentra jurídicamente legalizada ni ante recursos humanos ni la oficina jurídica, y a través de diferentes comunicaciones es su deseo haber entrega del mismo centro, esta administración le solicita de manera muy comedida que mediante actas escritas le haga entrega de los elementos que conforman el centro de desarrollo productivo a la señora Olga Cristina Mayorga, contratista de Fodmeg, en su calidad de gerente, mientras se toma decisión administrativa al respecto” (fl. 77).

El 12 de febrero de 2001 la administración le reitera al accionante que debe entregar los elementos a su cargo con el respectivo inventario (fl. 79).

— El 27 de febrero de 2001 el actor se dirigió al gobernador del Guaviare informándole que anexaba copia del inventario de los instrumentos del centro de desarrollo productivo de la metalmecánica centro de desarrollo productivo entregados al funcionario designado para el efecto, así como una relación de las sumas adeudas por concepto de reajuste del año 1998 y los salarios correspondientes a los años 1999 y 2000 y lo corrido del año 2001 (fl. 19).

— El 5 de marzo de 2001 el gobernador del Guaviare atendió a la petición radicada el 27 de febrero de 2001 y le indicó al demandante que debía especificar los ingresos del centro de desarrollo productivo y las sumas percibidas por concepto de trabajos particulares, con el fin de establecer el saldo de la obligación salarial y prestacional pendiente de pago que se llegara a demostrar (fl. 25).

— El 15 de marzo de 2001 el actor manifestó que aportaba el informe de ingresos y egresos del centro de desarrollo productivo y requirió solución a su situación salarial (fls. 80 a 83).

— El 28 de marzo de 2001, mediante Oficio Nº 0625, la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Guaviare informó al accidente que la solicitud de acreencias laborales radicada el 15 de marzo de 2001 sería remitida al comité de conciliación para que evaluara la reclamación (fl. 84).

— El 4 de mayo de 2001 el demandante solicitó información en relación con el trámite impartido a su petición prestacional, pues había transcurrido un tiempo considerable sin que la administración se manifestará al respecto, pese a que aquella había sido remitida al comité de conciliación (fls. 85 a 86).

De acuerdo con el anterior recuento, con el fin de determinar si el demandante tiene derecho al pago de los honorarios contractuales pactados por el período comprendido entre el 1º de marzo de 1999 y el 30 de marzo de 2000, la ala analizará la naturaleza de su vinculación con la administración y estudiará como problema jurídico asociado la oportunidad en el ejercicio de acción por parte del interesado, pues los documentos aportados al plenario evidencian una omisión en tal sentido.

De la vinculación del demandante.

De conformidad con los documentos aportados al proceso se encuentra acreditado que el actor y el departamento del Guaviare suscribieron diversas órdenes de prestación de servicios por el período comprendido entre el 1º de marzo de 1999 y el 30 de marzo de 2000, con el objeto de: (i) prestar los servicios técnicos para la dirección y asesoramiento del taller metalmecánico de la concentración de desarrollo rural del Municipio de San José del Guaviare; y, (ii) prestar los servicios como director y asesor del taller metalmecánico de la concentración de desarrollo rural.

Ahora bien, en relación con la naturaleza de la anterior vinculación el a quo declaró la existencia de una relación laboral entre el departamento del Guaviare y el señor Mario Galán Valenzuela durante el lapso en referencia, al encontrar que las órdenes de prestación de servicios se ejecutaron en forma subordinada y con las características propias de un vínculo laboral en lugar de contractual como se había concertado en un principio.

Como consecuencia de lo anterior, en primera instancia se ordenó el pago de las prestaciones sociales adeudadas y los aportes a seguridad social derivados de la existencia de un contrato realidad.

Al sustentar el recurso de alzada el interesado no se opuso a las anteriores declaraciones y se circunscribió a reclamar el pago de los honorarios contractuales que consideraba adeudados. A su turno, la entidad territorial accionada no apeló dicha providencia.

Ahora bien, esta corporación ha indicado que cuando se logra desvirtuar la naturaleza contractual de la vinculación, se deben reconocer las prestaciones sociales por el período realmente laborado, atendiendo a la causa jurídica que sustenta dicho restablecimiento, en aplicación de los principios de igualdad e irrenunciabilidad de derechos en materia laboral(7).

De otra parte, en aquellos casos en que se accede a las pretensiones de la demanda, esta sección ha concluido la no prescripción de las prestaciones causadas con ocasión del contrato realidad, en tanto la exigibilidad de los derechos prestacionales en discusión, es imposible con anterioridad a la Sentencia que declara la existencia de la relación laboral, dado su carácter constitutivo, de manera pues, que es a partir de tal decisión que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y por tanto, no podría operar en estos casos el fenómeno procesal extintivo(8).

En relación con el anterior aspecto, es necesario tener en cuenta que las sentencias estimatorias de las súplicas de la demanda pueden ser declarativas, constitutivas o de condena.

La declarativa es la que confirma la existencia de un derecho o de una situación o estado jurídico existente, implica el reconocimiento de una situación jurídica preexistente. La constitutiva es la que modifica o extingue una situación jurídica existente creando una nueva que no existía. La de condena es la que impone el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Es declarativa porque, declara el derecho preexistente, ordenando además, el efectivo cumplimiento de la prestación(9).

En similares términos, la Corte Suprema de justicia indicó(10):

“(…)

En sentido análogo, las providencias judiciales, según una difundida clasificación “(…) se dividen en condenatorias, declarativas o reconoscitivas; y constitutivas o modificativas; según sea la naturaleza de las acciones incoadas, esto es, de acuerdo con el contenido de cada una de las suplicas de la demanda. Las sentencias de condena del demandado a la satisfacción de la prestación debida, como consecuencia de la existencia del derecho que se reconoce o declara. (…) La sentencia declarativa o reconoscitiva, cuyo ámbito de aplicación es bastante reducido, se dirige únicamente al reconocimiento judicial de la existencia o inexistencia de una relación jurídica, o a la constatación de un hecho jurídicamente importante. Esta sentencia, pues, sólo constata, reconoce o declara lo que es derecho, pero no dispone que las cosas se coloquen en el mundo exterior, como sea derecho. (…) Lo común en esas dos clases de sentencias consiste en que ambas reflejan la situación jurídica tal como ella es. En cambio, las sentencias constitutivas o modificativas, no solamente declaran lo que es, sino que constituyen algo nuevo, porque introducen una estructura nueva en la situación jurídica presente. Estas sentencias no son susceptibles de condena, porque no la necesitan, ya que lo que se persigue queda concedido en la sentencia misma. (…)” (sent. cas. civ. de 2 de abril de 1936).

(…)”.

Así las cosas, la sentencia constitutiva reconoce un derecho o situación jurídica que no estaba contenida en un título anterior a la presentación de la demanda, es decir que mientras la sentencia declarativa se contrae a declarar la existencia de un derecho, la sentencia constitutiva produce el efecto de crear, modificar o extinguir una situación jurídica.

Tampoco puede perderse de vista que las sentencias constitutivas se profieren dentro del marco de un proceso suscitado entre las personas determinadas, con pretensiones particulares, por la cual, tienen efectos inter partes. En consecuencia, no se puede invocar la aplicación de dicha figura con el fin de suplir una eventual omisión en el ejercicio de acción en un caso específico.

En efecto, esta corporación ha aclarado que en materia de contrato realidad los interesados tienen la obligación de hacer el reclamo ante la administración dentro de un plazo razonable(11), es decir, que si bien es cierto bajo dicha figura se reconocen los derechos y prestaciones teniendo en cuenta que su prescripción se cuenta a partir de la decisión judicial, también lo es que el interesado debe atender la normativa procedimental y, por lo tanto, acatar los términos de caducidad y prescripción una vez finalizado el vínculo contractual.

Teniendo en cuenta la anterior precisión, se procederán a estudiar las figuras de la caducidad y prescripción y su incidencia en el caso concreto.

De la caducidad de la acción.

Dentro de los presupuestos procesales de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra el referente a que no haya operado el fenómeno jurídico de la caducidad, el cual se presenta cuando la demanda no se interpone dentro del término fijado por el legislador.

El derecho al acceso a la administración de justicia, garantizado con el establecimiento de diversos procesos y jurisdicciones, conlleva el deber de un ejercicio oportuno, razón por la cual, se han establecido legalmente términos de caducidad para racionalizar el ejercicio del derecho de acción, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y no puedan ser ventiladas en vía judicial.

La caducidad ha sido entendida como el fenómeno jurídico procesal a través del cual:

“(…) el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia(12)”.

En este orden de ideas, la caducidad ocurre por la inactividad de quien tiene el deber de demandar en el tiempo permitido para hacerlo, para no perder el derecho de ejercer la acción, lo cual impide emitir un pronunciamiento de fondo por parte de las autoridades judiciales.

Por su parte, el numeral 2º del artículo 136 del CCA, dispone:

“ART. 136.—Caducidad de las acciones:

(…)

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconocen prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas de buena fe.

3. La acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo.

(…)”.

Conforme al anterior enunciado normativo, se concluye lo siguiente:

a) Por regla general, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debe interponerse dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.

b) Los actos que reconocen prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados.

Al respecto esta corporación en sentencia de 2 de octubre de 2008(13) precisó que el entendimiento correcto de la disposición en comento es que los actos que niegan pensiones o reliquidaciones pensionales también pueden demandarse en cualquier tiempo, en la medida en que sus titulares son personas de la tercera edad y se trata de controversias que conciernen a derechos fundamentales.

c) Los actos fictos o presuntos que resuelvan un recurso podrán demandarse en cualquier tiempo.

Frente lo anterior esta Corporación en auto de 28 de octubre de 1999, expediente Nº 1660-99, C.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero, precisó que también podía ejercerse en cualquier tiempo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto ficto negativo derivado de la primera petición elevada ante la administración. Así expresó:

“(…) Ahora bien, el artículo 44 de la citada Ley 446 dispuso que la acción sobre actos presuntos que resuelven un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo, es decir, los regulados por el artículo 60 del CCA, y aunque no mencionó expresadamente la situación de los actos fictos producto del silencio de la administración respecto de la petición inicial, debe entenderse que el espíritu del legislador fue sustraer del término de caducidad todos los actos originados por el silencio de la administración, pues si el silencio de la administración frente a los recursos no está sometido a término de caducidad alguno, tampoco puede estarlo el silencio frente a la petición; si bien la ley no dijo nada al respecto, no encuentra la Sala ninguna razón jurídica ni lógica para considerar que los actos regulados por el artículo 40 del CCA quedaron por fuera de esta previsión.

Lo anterior puede afirmarse con mayor razón, si se tiene en cuenta que la nueva disposición contempla cuatro momentos a partir de los cuales debe contarse el término de caducidad: la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, y los actos presuntos, como es obvio, no pueden enmarcarse en ninguna de estas situaciones (…)”.

De lo anterior se concluye que así como en relación con la acción sobre actos presuntos que resuelven un recurso no se configura el fenómeno de la caducidad de la acción, sobre los actos presuntos generados a partir de una petición tampoco, por lo tanto puede demandarse en cualquier tiempo un acto ficto o presunto producto de un silencio administrativo a la reclamación inicial.

En el presente caso el actor solicita la nulidad de los actos fictos negativos derivados de la falta de respuesta a las peticiones elevadas a la administración en orden a obtener el reconocimiento y pago de las acreencias laborales que en su sentir se le adeudaban.

Al respecto, ha de indicarse que si bien es cierto en el expediente obran múltiples reclamaciones de carácter prestacional a la administración, también lo es que entre unas y otras hubo pronunciamientos por parte de la entidad accionada que convocaban al demandante a ejecutar diferentes actuaciones tendientes a emitir un pronunciamiento de fondo.

Fue únicamente con ocasión de la petición elevada el 15 de marzo de 2001 que el departamento del Guaviare, a través del Oficio Nº 0625 de 28 de marzo de 2001, le informó al actor que su petición sería estudiada por el comité de conciliación; sin embargo, no se le volvió a comunicar al interesado el trámite impartido a la petición, es decir, que es tal reclamación la que marca la configuración del silencio administrativo negativo en el asunto sub judice.

Contrario a lo sostenido por el a quo, observa la Sala que la solicitud de 4 de mayo de 2001 no es independiente de la del 15 de marzo del mismo año, sino que, por el contrario, corresponde a un requerimiento a la parte demandada para que le informe las razones por las cuales aún no había sido atendida dicha solicitud prestacional.

Así las cosas, conforme a la jurisprudencia y la normativa antes estudiada, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente al acto ficto negativo originado en la falta de respuesta a la solicitud prestacional elevada por el actor el 15 de marzo de 2001 podía presentarse en cualquier tiempo, en razón a que no estaba sujeta a término de caducidad alguno.

Una vez aclarado el anterior aspecto es procedente estudiar la figura de la prescripción como límite para el ejercicio de los derechos.

De la prescripción.

La prescripción es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo de acuerdo a las condiciones descritas en las normas que para cada situación se dicten bien sea en materia adquisitiva o extintiva.

La prescripción extintiva tiene que ver con el deber de cada persona de reclamar sus derechos en un tiempo prudencial el cual está fijado en la ley, es decir, que para reclamar los derechos que se consideran adquiridos se debe respetar el lapso establecido para el efecto, so pena de perderlos.

Por su parte, el artículo 41 del Decreto-Ley 3135 de 26 de diciembre de 1968, “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”, dispone lo siguiente:

“Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción pero solo por un lapso igual”.

Así mismo el Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969. “por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”, con relación a la prescripción de las acciones, prevé:

“1º. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en tres [3] años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2º. El simple reclamo escrito del empleado oficial, formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.

Conforme a la anterior normativa, los derechos salariales y prestacionales consagrados a favor del empleado prescriben en tres años, contados desde la fecha en que se hagan exigibles. Igualmente, el simple reclamo escrito del empleado ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

Ahora bien, la Constitución Política protege las garantías laborales, estableciendo que son irrenunciables e imprescriptibles los derechos salariales y prestacionales; sin embargo, no ocurre lo mismo, con las consecuencias económicas del ejercicio de estos derechos, pues el legislador está facultado para establecer el margen de oportunidad para que los trabajadores promuevan sus reclamaciones. En este sentido la Corte Constitucional en Sentencia C-072 de 1994, al pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de unas normas que establecen prescripción específica en materia laboral, aplicable en casos como el presente, sostuvo:

“(…)

(iii) No se lesiona al trabajador por el hecho de que la ley fije términos para el ejercicio de la acción laboral. El derecho de los trabajadores se respeta, simplemente se limita el ejercicio de la acción, y se le da un término razonable para ello. El núcleo esencial del derecho al trabajo no sólo está incólume, sino protegido, ya que la prescripción de corto plazo, en estos eventos, busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho fundamental, el cual comporta la exigencia de acción y protección oportunas. Así, pues, el legislador no hizo cosa distinta a hacer oportuna la acción; de ahí que lo que, en estricto sentido, prescribe es la viabilidad de una acción concreta derivada de la relación laboral, pero nunca el derecho - deber del trabajo.

(iv) La finalidad de la prescripción es adecuar a la realidad el sentido mismo de la oportunidad, con lo cual logra que no se desvanezca el principio de la inmediatez, que, obviamente, favorece al trabajador, por ser la parte más necesitada en la relación laboral

(…)

(vi) Las prescripciones de corto plazo buscan también la seguridad jurídica, que al ser de interés general, es prevalente (art. 1º superior). Y hacen posible la vigencia de un orden justo (art. 2º superior), el cual no puede ser jamás legitimador de lo que atente contra la seguridad jurídica, como sería el caso de no fijar pautas de oportunidad de la acción concreta derivada del derecho substancial.

(…)”.

Solución al caso concreto

De acuerdo con las aportadas al plenario, en consonancia con lo expuesto en acápites anteriores frente a la caducidad de la acción, la prescripción y la naturaleza de la sentencia cuando se acredita la existencia de un contrato realidad, la Sala advierte lo siguiente:

(i) El acto ficto negativo enjuiciado por el actor podía demandarse en cualquier tiempo, en consideración a que no estaba sujeto al término de caducidad de la acción.

(ii) Si bien es cierto que el mencionado acto ficto podía ser acusado en cualquier momento, también lo es que el interesado estaba obligado a respetar los términos de prescripción para reclamar los derechos prestacionales al término de la relación contractual.

(iii) El a quo declaró la existencia de una relación laboral entre el departamento del Guaviare y el señor Mario Galán Valenzuela durante el período comprendido entre el 1º de marzo de 1999 y el 30 de marzo de 2000.

Al sustentar el recurso de apelación el interesado no se opuso a la anterior declaración.

(iv) Partiendo del anterior supuesto fáctico, el actor tenía hasta el 1º de abril de 2003 para solicitar ante la administración el reconocimiento de las prestaciones sociales que consideraba adeudadas por haber trabajado en igualdad de condiciones a las de un empleado de la planta de la entidad demandada.

En efecto, como se explicó anteriormente, si bien es cierto la sentencia proferida en materia de contrato realidad es constitutiva del derecho reclamado, también lo es que los ciudadanos tienen la carga de hacer petición prestacional dentro del término de prescripción so pena de incurrir en una omisión en el ejercicio de acción y, en consecuencia, perder la oportunidad de obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones en sede contenciosa(14).

(v) El 15 de marzo de 2001 el demandante solicitó al gobernador del departamento del Guaviare el reconocimiento y pago de las acreencias laborales que en su sentir se le adeudaban.

(vi) En este orden de ideas, con la anterior petición el actor interrumpió la prescripción por un lapso igual, es decir, que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho derivado de la falta de respuesta a la anterior reclamación debía presentarse hasta el 15 de marzo de 2004.

(vii) Sin embargo, la demanda se radicó el 27 de enero de 2005, es decir que para ese momento ya había operado en contra del actor el fenómeno de la prescripción extintiva de las sumas reclamadas, por lo cual, en esta instancia no es viable acceder a los solicitado en el recurso de alzada en el sentido de ordenar el pago de los honorarios contractuales por el tiempo que estuvo vinculado mediante órdenes de prestación de servicios con la administración.

Así las cosas, en consideración a que en el sub lite se configuró el fenómeno de la prescripción no es viable acceder al pago de los honorarios contractuales reclamados por el accionante.

Bajo el anterior criterio, se observa que también prescribieron las prestaciones sociales ordenadas a favor del actor por el juez de primera instancia; sin embargo, la sentencia no será revocada, en orden a garantizar el principio de la no reformatio in pejus, pues en este caso el accionante actúa como apelante único. Así mismo, se hace efectivo el principio de congruencia de las decisiones judiciales, teniendo en cuenta que según lo establecido en el artículo 357 del CPC, aplicable por expresa remisión del artículo 267 del CCA, el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante, por lo cual el superior, en principio, no puede pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto del mismo(15).

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre a la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confirmase la Sentencia de 6 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por Mario Galán Valenzuela contra el departamento del Guaviare.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

1 Folios 42 a 43.

2 Folios 44 a 45.

3 Folios 46 a 47.

4 Folios 48 a 49.

5 La petición fue radicada el 10 de diciembre de 1999.

6 La petición se radicó el 8 de marzo de 2000.

7 Consejo de Estado. Sección Segunda-Subsección A. Sentencia de 17 de abril de 2008. Radicado Nº 2776-05. Dr. Jaime Moreno García; Sentencia de 17 de abril de 2008. Radicado Nº 1694-07. C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia de 31 de julio de 2008. C.P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren; Sentencia de 14 de agosto de 2008. C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

8 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Radicado Nº 2152-06. C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Sentencia de 6 de marzo de 2008, Radicación Nº 23001-23-31-000-2002-00244-012152-06), Actor: Roberto Urango Cordero.

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Dr. William Namén Vargas, Sentencia de 29 de febrero de 2012, referencia: 73001-3103-001-2000-00103-01.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia de 20 de noviembre de 2014, expediente Nº 11001-03-15-000-2014-01819-00.

12 Sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Sentencia de 2 de octubre de 2008, Radicación Nº 2002-06050-01(0363-08), Actora: María Araminta Muñoz de Luque.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, Sentencia de 9 de abril de 2014, Radicación Nº 2011-00142-01 (0131-13).

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado interno Nº 9708-2005, actor: Aura Isabel Rubio Morán, M.P. doctor: Jaime Moreno García.