Sentencia 2005-10284 de junio 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Rad.: 500012331000200510284 01.

Expediente 1952-2012

Actor: Dagnover Alfan Ballesteros Loaiza.

Recurso extraordinario de revisión.

Bogotá, D.C, doce de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones:

El recurso de revisión es un medio extraordinario de impugnación que persigue fragmentar el instituto jurídico de la cosa juzgada. Por tal razón, conforme lo han reiterado la jurisprudencia(1) y la Doctrina(2), la aplicabilidad de tal instrumento está sujeta a la estricta, rigurosa y ajustada configuración de las causales que expresamente ha consagrado el legislador como fundamento del mismo, con lo cual se busca, precisamente, evitar que se convierta en una tercera instancia, utilizada para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes o para refutar los juicios de valor del fallador.

La causal de revisión invocada

Es la consagrada en el numeral 2º del artículo 188 del C.C.A., que preceptúa:

“2. Haberse recobrado después de la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraída”.

De la simple lectura de la norma citada se advierte que para la procedencia de la revisión bajo esta causal es necesario que:

• Se recobren pruebas decisivas después de dictada la sentencia;

• Con ellas se hubiera podido proferir una decisión diferente;

• El recurrente no las hubiera podido aportar al proceso, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

Esta corporación mediante reiterada Jurisprudencia ha sostenido que la prueba adquiere la calidad de recobrada cuando no fue posible allegarla al proceso Contencioso Administrativo por caso fortuito, fuerza mayor, o por obra de la parte contraria, siendo decisivos para decidir la controversia. En sentencia de 8 de noviembre de 2005, radicación número: 11001-03-15-000-1999-00218-01 (REV), M.P. D.r. Héctor Romero Díaz, la Sala Plena de este Alto Tribunal sostuvo lo siguiente:

“(…) presupuesto esencial para que se configure la causal aquí invocada, además de que el documento se halle después de que se dicte la sentencia y que éste sea decisivo(3), es que la prueba documental que se pretende hacer valer y que no pudo ser tenida en cuenta por el juzgador, no haya sido aportada al proceso por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

(…).

Cuando la causal en comentario exige que al recurrente le haya sido imposible aportar el documento recuperado o recobrado por fuerza mayor o caso fortuito, con mucha más razón se requiere que no haya habido culpa, negligencia o error de conducta alguno de su parte. Si esto ocurre, así el documento que no se allegó pueda tener influencia suficiente para cambiar el sentido del fallo, no tiene la naturaleza de “recobrado” y, por ende, no es idóneo para estimar la pretensión revisoría, pues, como lo sostiene el profesor Hernando Morales Molina, refiriéndose a la causal que aquí se analiza, con ella no se pretende consagrar para el recurrente una ocasión “para mejorar una prueba o producir otra con posterioridad a la sentencia revisada, pues no habría nunca cosa juzgada, ya que bastaría que el vencido mejorara la prueba o la produjera posteriormente a la sentencia”.

Del caso concreto

Debe a continuación la Sala examinar si en el sub lite se cumplen los anteriores presupuestos para que se configure la causal aludida.

1°. Que después de dictada la sentencia se recobren pruebas decisivas.

El recurrente pretende que se tenga como prueba recobrada el fallo disciplinario de primera instancia por medio del cual el Comandante de Policía del Departamento del Meta archivó las diligencias adelantadas en su contra, que se iniciaron porque presuntamente el 23 de julio de 2004 exigió junto con otros Policías una suma de dinero a cambio de no judicializar un vehículo que transportaba insumos para el procesamiento de droga en el Municipio de Puerto López (Meta).

Además, considera que también tiene la calidad de prueba recobrada el informa de inteligencia (sin fecha), en virtud del cual un grupo de investigadores de la Policía Nacional le comunicaron al Director de Inteligencia de la Institución, la ocurrencia de los anteriores hechos donde al parecer se encontraban inmiscuidos Altos Oficiales de la Institución. Con fundamento en dicho informe se produjo la apertura de la indagación preliminar 083 de 2004.

Para determinar si las mencionadas pruebas tienen la calidad de recobradas, es necesario efectuar el siguiente análisis jurídico y fáctico:

Para que una prueba se considere recobrada debe existir antes de que la autoridad judicial profiriera la sentencia objeto del Recurso Extraordinario de Revisión, y es necesario que el recurrente la haya recuperado con posterioridad. Si con antelación recupera la prueba pero no la allega al expediente oportunamente, esta no adquiere la calidad de recobrada y por ende el recurso se torna improcedente por cuanto no es un mecanismo judicial para suplir las omisiones probatorias. Al respecto esta corporación ha sostenido lo siguiente:

“(…) Al referirse la norma a prueba recobrada, significa que debe ser un elemento probatorio que ya existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero que llegó a poder del impugnante con posterioridad. No están incluidas en esta causal pruebas que obrando en poder impugnante hubieran debido y podido aportarse oportunamente, pues no se trata de remediar una inactividad o negligencia en el diligenciamiento de la prueba, sino de corregir la causa insuperable en que estuvo el recurrente de hacer valer la prueba dentro del proceso (...)(4)”.

Aunque el apoderado del señor Dagnover Alfan Ballesteros Loaiza en el Recurso Extraordinario de Revisión que ocupa a la Sala, no especificó la fecha en la que se profirió el fallo disciplinario de Primera Instancia por medio del cual el Comandante de Policía del Meta archivó las diligencias adelantadas en su contra, de su lectura se evidencia que fue dictado el 3 de diciembre de 2005 y notificado personalmente el mismo día (fls. 290, cdno. 5).

Teniendo en cuenta lo anterior, dicho fallo disciplinario no fue recobrado con posterioridad al 7 de septiembre de 2010, día en que el Tribunal Administrativo del Meta Recovó el fallo de Primera Instancia dictado por el Juzgado Segundo Administrativo de Villavicencio el 14 de febrero de 2008, y negó las pretensiones de la demanda, en razón a que fue puesto en conocimiento del recurrente el 3 de diciembre de 2005 mediante notificación personal, por lo que se encontraba en la posibilidad de allegarlo al proceso Contencioso Administrativo una vez tuvo conocimiento de su existencia, máxime si se tiene en cuenta que hasta que el 3 de octubre de 2006 el Juzgado Segundo Administrativo de Villavicencio profirió Auto decretando pruebas.

Por su parte, el informe de inteligencia a través del cual se puso en conocimiento del Director de Inteligencia de la Policía Nacional los hechos que dieron origen a la apertura de la investigación disciplinaria adelantada en contra del actor, si bien no tiene fecha, se puede inferir en aplicación de la sana lógica que fue proferido con anterioridad al 15 de diciembre de 2004, día en que el recurrente presentó versión libre por los supuestos hechos de corrupción anotados anteriormente, diligencia en la que se hizo mención expresa a dicho informe (fl: 156, cdno. 1).

En virtud de lo anterior, se encuentra que el actor conocía el informe de inteligencia antes de que se profiriera la sentencia objeto del presente Recurso Extraordinario de Revisión, pues con fundamento en lo allí consignado se originaron las diligencias disciplinarias adelantadas en su contra. Empero, no lo allegó al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y tampoco le solicitó al Juez que lo decretara como prueba. En virtud de lo anterior no fue recobrado con posterioridad a que el Tribunal Administrativo del Meta profiriera sentencia de Segunda Instancia el 7 de septiembre de 2010.

2°. Que con ellas se hubiera podido proferir una decisión diferente.

Tanto en el escrito de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, como en el Recurso Extraordinario de Revisión que ocupa a la Sala, el señor Dagnover Ballesteros sostuvo que su retiro de la Policía Nacional se produjo como una sanción por adelantar un procedimiento policial en el cual se aprehendió un vehículo que transportaba insumos para el procesamiento de droga en el Municipio de Puerto López (Meta) el 23 de julio de 2004.

Emperó las pruebas que presenta como recobradas no aportan nuevos elementos de convicción sobre los hechos expuestos en el libelo introductorio, que una vez conocidos por el Tribunal Administrativo del Meta hubieren originado la expedición de una decisión distinta a la adoptada mediante la sentencia de 7 de septiembre de 2010.

Por el contrario, en el mencionado fallo el ad quem sostuvo que si bien el accionante había formulado varios argumentos mediante los cuales afirmaba que su desvinculación de la Policía Nacional se produjo con la finalidad de sancionarlo, la facultad discrecional de retiro de los miembros de la Fuerza Pública no se encuentra supeditada al ejercicio de la potestad disciplinaria, por lo que resulta irrelevante que al momento de proferirse el acto administrativo demandado se adelantaran diligencias disciplinarias.

La Sala coincide con dicho argumento en razón a que la facultad de retiro discrecional ejercida por el Director de la Policía Nacional tiene una naturaleza jurídica distinta de la potestad disciplinaria, pues mientras que la primera es un instrumento para garantizar el mejoramiento del servicio, con la potestad disciplinaria se pretende sancionar a un servidor público, en este caso un miembro de la Policía Nacional, por el haber incurrido presuntamente en una conducta que el ordenamiento jurídica ha catalogado como falta. Esta corporación sobre el particular ha sostenido lo siguiente:

“(…) Esta corporación en anteriores oportunidades ha establecido las diferencias entre el ámbito que comprende la facultad discrecional y el que regula la potestad disciplinaria y en este sentido, se advierte que mediante la primera, la administración cuenta con la libertad de escoger en virtud del atributo de la conveniencia, lo mejor para el servicio, atendiendo que cuando una decisión de carácter general o particular sea de esta naturaleza, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa, conforme a las preceptivas que señala el artículo 36 del C.C.A.

A su turno, ha expresado, que la potestad disciplinaria tiene por finalidad sancionar las actuaciones de los funcionarios que conlleven el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones y la incursión en prohibiciones; por ende, la falta disciplinaria se enmarca en la preservación de reglas de conducta que debe seguir el servidor público y que guardan relación con los principios que guían la función administrativa, con lo que se busca, en suma, la protección de la función pública y sancionar el menoscabo de los bienes jurídicos tutelados por las actuaciones irregulares de sus funcionarios que se realicen a título de dolo o culpa (…)(5).

Así las cosas, los documentos que el recurrente pretende sean considerados como pruebas recobradas no tienen la calidad de variar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Meta mediante las sentencia de 7 de septiembre de 2010, pues la potestad disciplinaria al gozar de una naturaleza jurídica diferente a la facultad discrecional de retiro, no condiciona la desvinculación de los miembros de la Fuerza Pública, es decir, las diligencias disciplinarias adelantadas por la Policía Nacional en contra del actor no condicionó su potestad de desvincularlo discrecionalmente en aras de mejorar el servicio. Sobre este aspecto esta Corporación a afirmado lo siguiente:

“(…) el hecho de que existan denuncias o quejas disciplinarias no confiere fuero de estabilidad al servidor público investigado por presuntas irregularidades y la administración —Policía Nacional— puede válidamente escoger entre el retiro discrecional por razones del buen servicio o llevar hasta el final un proceso de carácter disciplinario; al tomar la primera opción, no existe desvío de poder porque la misma hace parte de la concepción “mejoramiento de servicio” que inviste los actos administrativos discrecionales. (…)(6)”.

Aunque las pruebas allegadas al presente Recurso Extraordinario de Revisión no fueron recobradas con posterioridad a la expedición de la sentencia atacada, tal como se advirtió anteriormente, si en gracia de discusión se admitiera lo contrario carecerían de la fuerza necesaria para variar la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en razón que el ejercicio de la potestad disciplinaria no condiciona la facultad de retiro discrecional con la cual cuenta el Director General la Policía Nacional para retirar discrecionalmente a los miembros de la Institución.

3°. Que el recurrente no las hubiera podido aportar al proceso, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

El tercer supuesto para que se configure la causal segunda de revisión de que trata el artículo 188 del C.C.A., tampoco se encuentra satisfecha en el presente asunto, pues tal como se advirtió en el análisis del primer punto, el actor tenía conocimiento de la existencia del fallo disciplinario de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2005, mediante el cual el Comandante de Policía del Departamento del Meta archivó las actuaciones adelantadas en su contra, ya que le fue notificado personalmente el mismo día.

Si bien la acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante la cual el señor Dagnover Ballesteros solicitó la nulidad de la Resolución 23 de 19 de enero de 2005, por medio de la cual fue retirado discrecionalmente de la Policía Nacional, la interpuso el 20 de mayo de 2005, esto es con anterioridad a la expedición del mencionado fallo disciplinario, podía haberlo allegado al expediente o solicitar al Juez de Primera Instancia que lo decretara como prueba, máxime si se tiene en cuenta que abrió el periodo probatorio mediante Auto de 3 de octubre de 2006, empero no lo hizo, lo que evidencia una omisión probatoria que no es procedente suplirla a través del presente Recurso Extraordinario de Revisión.

El recurrente no probó que las pruebas que afirma tienen la calidad de recobradas fueron ocultadas por la Policía Nacional. Es más, dentro del expediente obra constancia de notificación del fallo disciplinario de 3 de diciembre de 2004 de lo cual se infiere que se lo comunicó personalmente.

Así las cosas, este supuesto tampoco se encuentra satisfecho para que las pruebas allegadas en el presente recurso extraordinario de revisión tengan la calidad de recobradas, motivo por el cual la Sala declara su improsperidad.

Ahora bien, en el escrito del Recurso de Extraordinario de Revisión el actor expuso varios argumentos mediante los cuales sostuvo que su retiro discrecional de la Policía Nacional fue ordenado contrariando el ordenamiento jurídico, por cuanto no se evaluó su excelente hoja de vida ni se le notificó el Acta 01 de 17 de diciembre de 2004 por medio de la cual la junta de evaluación y clasificación recomendó su desvinculación de la institución. Sin embargo, esta Sala no se pronunciara al respecto por cuanto son afirmaciones que atacan la legalidad del acto administrativo acusado dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que fue decidida en Segunda Instancia por el Tribunal Administrativo del Meta mediante sentencia de 7 de septiembre de 2010, la cual hace tránsito a cosa juzgada.

Para que sea procedente un análisis del fondo de la controversia dentro de un Recurso Extraordinario de Revisión, se debe configurar previamente alguna de las causales establecidas en el artículo 188 del C.C.A. con lo que se haría necesario dejar sin efectos la sentencia recurrida e infirmar la decisión, lo cual no aconteció en el presente asunto.

Por los argumentos expuestos a lo largo de la providencia, las pruebas que el actor pretende hacer valer como recobradas, no tienen tal entidad, motivo por el cual no prospera el Recurso Extraordinario de Revisión.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

No prospera el Recurso Extraordinario de Revisión propuesto contra la sentencia 7 de septiembre de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que revocó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Villavicencio, y negó las suplicas de la demanda incoada por el señor Dagnover Alfan Ballesteros Loaiza contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha precitada.

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 26 de julio de 2005, radicación número: 11001-03-15-000-2000-00031-01 (REV), M.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero.

(2) YUNES MORENO, Diego. Derecho Administrativo Laboral. Editorial Temis. Décima Edición. Bogotá. 2005.

(3) Afirmar que un documento es decisivo “significa que tiene un valor y eficacia bastante para resolver en sentido contrario o diferente del fallo recurrido; de influencia tan notoria en el pleito que si el juzgador hubiera podido apreciarlo al dictar su fallo lo hubiera pronunciado en sentido contrario; capaz por sí mismo de contradecir el resultado probatorio a que se llegó al fallar el pleito; ha de poderse estimar que se encontraba provisto de eficacia probatoria tal que destruía la posibilidad de que las demás pruebas la contrariasen”. Juan de Dios Doval de Mateo, La revisión civil, Barcelona, 1979, pág. 156.

(4) Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 8 de abril de 1994. M.P. Dra. Dolly Pedraza de Arenas. Radicación número: REV – 043.

(5) Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “A”. Sentencia de 28 de junio de 2012. M.P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren. Radicación número: 05001-23-31-000-2005-00990-01 (1692-10).

(6) Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “A”. Sentencia de 22 de marzo de 2012. M.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero. Radicación número: 19001-23-31-000-2001-00987-01 (0518-09).