Sentencia 2005-11423 de enero 30 de 2013

 

Sentencia 2005-11423 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 25000-23-26-000-2005-11423-01(41281)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Instituto Distrital para la Recreación y Deporte, IDRD

Demandado: Carlos de Jesús Sotomonte Amaya

Referencia: Acción de repetición (apelación sentencia)

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A el 3 de marzo de 2011, con fundamento en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 7º de la Ley 678 de 2001 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 —modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003—.

2. Normatividad aplicable.

Precisa la Sala que en el sub lite, los hechos que dieron origen a la condena proferida el 23 de mayo de 2002 por el Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A en contra de la entidad demandante, se produjeron el 15 de abril de 1997, fecha en la cual el demandado en calidad de director encargado de la Unidad Administrativa Especial de la Junta Administradora de Deportes de Santa Fe de Bogotá, D.C., suscribió el oficio 414 mediante el cual le informó a la señora Edna Belle Hawk Martínez que el cargo de carrera administrativa que estaba ocupando no había sido incorporado a la nueva planta de personal del IDRD, motivo por el cual procedió a la desvinculación de la funcionaria ordenándose la liquidación e indemnización que diera lugar (fl. 78, cdno. 2). De tal manera que en los aspectos de orden sustancial son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991, 77 y 78 del Decreto-Ley 1 de 1984(2).

Así mismo, se advierte que en cuanto a las normas procesales por ser estas de orden público y que rigen hacia el futuro con efecto general e inmediato, se aplicarán las contenidas en la Ley 678 de 2001, tanto para los procesos que se encontraban en curso al momento en que empezó su vigencia, así como los procesos que se iniciaron con posterioridad a dicho momento, con excepción de “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas”, los cuales “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación””(3).

3. Análisis del recurso de apelación.

La parte demandante dentro del escrito de alzada desestimó los argumentos expuestos por el a quo bajo las siguientes consideraciones:

3.1. Ausencia de la caducidad de la acción de repetición. El recurrente indicó que si bien el último pago efectuado correspondió a los intereses moratorios el 31 de julio de 2003 mediante comprobante de egreso 55823, a partir de dicha fecha debía contabilizarse el cómputo de la acción de caducidad contemplada en el artículo 136 numeral 9º del Código Contencioso Administrativo, por cuanto su origen era el trámite del fallo proferido contra la administración, tiene fuente exclusiva en la conducta de la entidad, pero se pagaron como consecuencia del trámite interno. Además si no se hubiera proferido la sentencia en contra del IDRD, no se hubiera efectuado un trámite para el pago de una condena y no habría existido el pago de intereses moratorios al respecto. Así mismo, alegó que no podía desconocerse la calidad de dinero que se originó como consecuencia del fallo proferido contra la entidad, y que hace parte del pago total a la que estaba obligada el instituto.

Para la Sala, la caducidad de la acción es un fenómeno jurídico en virtud del cual el titular de una acción pierde la facultad de acudir ante la jurisdicción por no haber ejercido su derecho dentro del término que señala la ley para ese efecto.

En materia de caducidad de la acción de repetición, resulta aplicable el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 según el cual, la acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública(4).

Por su parte, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la anterior disposición, en el entendido de que en el evento en el cual no se hubiere pagado la condena respectiva, el término se debe contabilizar a partir del vencimiento de los 18 meses de la ejecutoria de la sentencia que impuso la condena(5).

Tratándose del ejercicio oportuno de la acción de repetición, cabe precisar que existen dos momentos a partir de los cuales empieza a contarse el término de dos años para impetrar la acción, a saber: a) a partir del día siguiente a aquel en el cual se hubiere efectuado el pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia y, b) desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses consagrado en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo, previsto para la que la entidad pública cumpla la obligación indemnizatoria que le ha sido impuesta.

Dado lo anterior, se toma lo que ocurra primero en el tiempo, esto es, el pago de la suma a que se condenó, o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, sin que se haya realizado el pago de tal suma como el momento para que empiece a correr el término para ejercer la acción.

La posición de la Sección Tercera del Consejo de Estado en innumerables providencias respecto de los requisitos para que proceda la acción de repetición(6), indica entre otras, que la entidad debe acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial(7). Por tal razón no le es dable a la entidad el hecho de que quede a su discreción determinar el término de caducidad de la acción, cuando aquella está determinada en la ley.

La Corte Constitucional en Sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001 expresó al respecto que:

“(…) el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa.

Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, ya que esto implicaría una prerrogativa desproporcionada para la administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas con la finalidad que persiguen.

(…) De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1, si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo” (resaltado por fuera del texto original).

Bajo los anteriores criterios las pruebas allegadas al plenario fueron las siguientes:

a. Copia simple de la Resolución 618 de 11 de mayo de 1994 por medio del cual el Director del Instituto colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, en uso de sus facultades legales y estatutarias encargó de la dirección ejecutiva de la Junta Administradora de Deportes de Bogotá a Carlos Sotomonte Amaya (fl. 61, cdno. 2).

b. Copia simple del acta de posesión con fecha 11 de mayo de 1994 del señor Sotomonte Amaya (fl. 62, cdno. 2).

c. Copia simple de la Resolución 1853 de 25 de octubre de 1996 mediante el cual se aceptó una renuncia y se hizo un encargo. En este caso el Director General del Instituto Colombiano del Deporte aceptó una renuncia y encargó de las funciones de la dirección ejecutiva de la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá al señor Carlos de Jesús Sotomonte Amaya a partir del 1º de noviembre de 1996 (fl. 64, cdno. 2).

d. Copia simple del acuerdo 17 de 6 de septiembre de 1996 mediante el cual el Concejo de Bogotá incorporó la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá al IDRD, surtiendo los efectos de la incorporación a partir del 1º de enero de 1997 (fls. 90 y 91, cdno. 2).

e. Copia simple del oficio 414 de 15 de abril de 1997 suscrito por Carlos Sotomonte Amaya, director encargado de la unidad administrativa especial, mediante el cual informó a la señora Edna Belle Hawk Martínez su desvinculación de la entidad, por cuanto el cargo de carrera administrativa no fue incorporado en la planta de personal. Así mismo ordenó la correspondiente indemnización (fl. 78, cdno. 2).

f. Copia simple de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección D de fecha 6 de abril de 2000 mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Edna Belle Hawk Martínez (fls. 1 a 18, cdno. 2).

g. Copia simple del edicto fijado desde el 25 de abril de 2000 hasta el 27 de abril de la misma anualidad (fl. 19, cdno. 2).

h. Copia simple de la sentencia proferida por el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A de 23 de mayo de 2002 mediante la cual revocó la sentencia de primera instancia, declaró la nulidad del oficio 414 de 15 de abril de 1997, se ordenó el reintegro de la demandante al mismo cargo o a uno similar y se condenó al pago de indemnización de perjuicios, correspondientes a salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el día en que fue desvinculada hasta cuando se haya reintegrado. De las sumas que se ordenó pagar se descontaría el valor indexado que la señora hubiera recibido como indemnización por supresión del cargo (fls. 21 a 36, cdno. 2).

i. Copia simple del edicto fijado desde el 27 de septiembre hasta el 1º de octubre de 2002 (fl. 37, cdno. 2).

j. Copia simple de la Resolución 1 de 4 de febrero de 2003 mediante la cual se creó el cargo de técnico 401 grado 1 con asignación básica de $ 806.323 (fls. 38 a 41, cdno. 2).

k. Copia simple de la Resolución 22 de 5 de febrero de 203(sic) mediante la cual se ordenó el reintegro de la señora Edna Belle Hawk Martínez (fls. 42 a 44, cdno. 2).

l. Copia auténtica de la Resolución 44 de 6 de marzo de 2003 mediante la cual se procedió a liquidar la sentencia en favor de la señor Edna Belle Hawk Martínez. De la lectura de dicho acto administrativo, se observa la liquidación de los factores salariales y prestacionales devengados por un valor de $ 81.979.684; liquidación de cesantías por $ 6.224.420; aportes parafiscales y patronales el valor de $ 14.434.612; descuento a la liquidación de $ 1.965.391 por concepto de aportes por pensión de trabajador; por intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria de la sentencia (oct. 9/2002 hasta nov. 8/2002) la suma de $ 1.230.392 y de intereses moratorios por el valor de $ 7.075.963 desde el 9 de noviembre hasta la fecha del pago. El valor total que recibió la señora Hawk Martínez fue de $ 104.720.651. Aparece la firma de la señora Edna Belle, de acuerdo a la notificación que se hizo del acto administrativo en atención a que contra la resolución procedían los recursos de ley (fls. 37 a 57, cdno. 1).

Así mismo, como complemento de la liquidación, obra copia auténtica de los valores discriminados desde el momento en que fue desvinculada de la entidad hasta la fecha de la resolución (fls. 43 a 58, cdno. 1).

m. Copia auténtica de comprobante de egreso 55284 de 4 de junio de 2003 (fl. 32, cdno. 1) por un valor de $ 104.720.651. Documento por el cual se liquidó la sentencia según la Resolución 44 de 2003 ordenada por el Consejo de Estado, Sección Segunda. Aparece la firma de la demandante indicando lo siguiente “(…) recibí pago parcial de liquidación C.C. 51.906.870 (…)”.

n . Copia auténtica de las resoluciones 84 de 29 de abril y 222 de 29 de mayo de 2003 mediante las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos por la señora Edna Belle Hawk Martínez contra la Resolución 44 de 2003 (fls. 59 a 61, cdno. 1).

o. Copia auténtica de la Resolución 198 de 25 de julio de 2003 por medio del cual se ordenó la liquidación de intereses moratorios desde el 6 de marzo de 2003 (fecha en la que se procedió a liquidar la sentencia a favor de la señora Hawk Martínez) hasta el 6 de junio de 2003 (según la resolución indica que en esa fecha se pagó efectivamente a la señora) por un valor de $ 5.514.983 (fls. 78 y 79, cdno. 1).

p. Copia auténtica del comprobante de egreso 55823 de 31 de julio de 2003 por un valor de $ 5.514.983. No aparece la firma de recibido por parte de la señora Hawk Martínez (fl. 74, cdno. 1).

Se advierte por la Sala que la parte demandante dentro de los documentos allegados con el escrito de demanda y que ya fueron descritos, obran en copia simple.

En cuanto al valor probatorio de los documentos, si bien la Sección Tercera(8) ha sostenido que las copias simples carecen de valor probatorio por cuanto no cumplen con las exigencias establecidas en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en cuanto a la primera disposición, los documentos “se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento”. Por su parte, el artículo 254 del mismo cuerpo normativo establece los casos en los cuales las copias tienen el mismo valor probatorio del original:

“1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente(9).

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Conforme a lo anterior, se ha sostenido que “la ley le da a las copias un valor probatorio similar al del documento original, pero, como es obvio, la diligencia que da fe de que la copia que se sella corresponde al documento original o a una copia debidamente autenticada, debe ser cumplida directamente por el funcionario autenticante, sin que pueda suplirse con la adjunción de una simple copia con la atestación original referida. En otros términos, toda copia debe tener un sello de autenticación propia para poder ser valorada como el documento original”(10), por lo que no se toma en cuenta ni son valoradas las copias simples.

Sin embargo, en el presente caso la parte demandada en su contestación de la demanda admitió dentro de los hechos alegados, entre otras cosas, la condena impuesta por el tribunal, así como el oficio suscrito por este. Por lo tanto, la parte demandada no desconoció los documentos, ni los tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que los mismos fuesen valorados dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Carta Política, no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad de los documentos allegados por la parte demandante en copia simple.

Es dable precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión, es que ambas partes aceptaron que los documentos fueran apreciables y coincidieron en la valoración de los mismos en forma recíproca, no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal(11), por lo tanto serán valorados por la Subsección para decidir el fondo del asunto(12).

Conforme a lo alegado por la parte demandante respecto a la improcedencia de la caducidad de la acción de repetición, esta Sala confirmará la decisión de primera instancia de acuerdo con lo siguiente:

Bajo los parámetros anteriormente descritos, el término de caducidad de la acción debe contabilizarse bajo dos premisas: a) a partir del día siguiente a aquel en el cual se hubiere efectuado el pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia o, b) desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses consagrado en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo, previsto para la que la entidad pública cumpla la obligación indemnizatoria que le ha sido impuesta.

Se observa la existencia de la condena impuesta por el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A, el 23 de mayo de 2002. Se fijó edicto con fecha de 27 de septiembre hasta el 1º de octubre de 2002 (fl. 37, cdno. 2). Siendo esto así, se tiene que el 4 de octubre de 2002 quedó debidamente ejecutoriada la providencia. Por su parte, la entidad demandante mediante la copia auténtica del comprobante de egreso 55284 de 4 de junio de 2003 (fl. 32, cdno. 1), efectuó el pago de la condena impuesta, pago que se realizó dentro de los 18 meses con los cuales contaba la entidad para dar cumplimiento a la sentencia. Sobre este punto, entonces debe contabilizarse la caducidad de la acción desde el día siguiente al pago total de la condena, es decir, a partir del 5 de junio de 2003, de manera que el mismo vencía el 5 de junio de 2005 y dado que la demanda fue presentada 13 de junio de 2005 (fls. 5 a 26, cdno. 1), se impone concluir que en este caso operó el fenómeno de caducidad de la acción.

Ahora bien, el recurrente insiste que la fecha de la caducidad de la acción debe contabilizarse a partir del momento en que se efectuó el pago de los intereses moratorios mediante comprobante de egreso 55823 de 31 de julio de 2003, ya que estos tuvieron origen en la condena proferida en contra de la administración. Olvida la entidad demandante que mediante la Resolución 44 de 6 de marzo de 2003 se efectuó la liquidación de la condena incluyendo salarios, prestaciones, parafiscales e intereses moratorios y corrientes. Adicionalmente y con fundamento en los recursos de reposición y apelación interpuestos por la señora Hawk Martínez contra la anterior resolución, los cuales fueron resueltos por la entidad mediante la Resolución 198 de 25 de julio de 2003, se ordenó la liquidación de los intereses moratorios desde el 6 de marzo de 2003 hasta el 6 de junio de la misma anualidad. Dicha situación (el pago de intereses moratorios) es ajena a los presupuestos para que proceda la acción de repetición, por cuanto los intereses moratorios y corrientes pagados por la parte actora no corresponden a lo establecido en la condena impuesta a la entidad, condena que fue debidamente cancelada el 4 de junio de 2003.

La parte actora no puede derivar su demora administrativa o la resolución de los recursos de la vía gubernativa, como plazo desde el cual se empieza a fijar el término de caducidad, por cuanto la mora o los trámites administrativos no pueden ser imputados al aquí demandado, por cuanto no se corresponden con la condena pagada el 4 de junio de 2003.

3.2. Valoración de las copias simples y prevalencia del derecho sustancial.

El recurrente alegó que las decisiones proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debían ser valoradas aun cuando no tuvieran el sello de la entidad. Sobre este aspecto en líneas anteriores se sostuvo que los documentos allegados por la parte demandante se valorarían en esta instancia, por cuanto permanecieron a lo largo del proceso sin que las partes los tacharan de falso y consintieron en su valoración y reconocimiento. Por lo tanto, teniendo en cuenta su valoración, bajo ninguna circunstancia se vulnera la prevalencia del derecho sustancial que tiene la parte actora, sin embargo, teniendo en cuenta que en el presente caso encuentra probada la excepción de caducidad, no se procederá a analizar los demás requisitos para que proceda la acción de repetición, esto es, i) la calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena; ii) la existencia de una condena judicial, una conciliación(13), una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado; iii) El pago efectivo realizado por el Estado; y, iv) la cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.

4. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFÍRMESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A el 3 de marzo de 2011 por las consideraciones expuestas en esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia devuélvase el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Respecto de la aplicación de las normas sustanciales en los casos de acción de repetición, se ha entendido que si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público que es la fuente de su responsabilidad civil frente al Estado. Sentencia de 5 de diciembre de 2006, Expediente 22056; 2 de mayo de 2007, Expediente 18621; 6 de marzo de 2008, Expediente 26227; 16 de julio de 2008, Expediente 29221.

(3) Artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que indica: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las situaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

(4) Bajo los mismos términos, el artículo 136 numeral 9º dispone que: La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad.

(5) En la Sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001 (Exp. D-3388, M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta norma, resolvió: “Declarar EXEQUIBLE la expresión “contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”, contenida en el numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo”.

(6) De acuerdo con la posición de la Sección Tercera los requisitos que debe acreditar la entidad demandante son los siguientes: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena; ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado; iii) El pago efectivo realizado por el Estado; iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.

(7) Sentencia de 27 de noviembre de 2006, Expediente 22099; 6 de diciembre de 2006, Expediente 22056; 3 de octubre de 2007, Expediente 24844; 26 de febrero de 2009, Expediente 30329; 13 de mayo de 2009, Expediente 25694; 28 de abril de 2011, Expediente 33407; 9 de mayo de 2010, expedientes: 26044 y 30328; entre otras.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de mayo de 2000, Expediente: 17566; 27 de noviembre de 2002, Expediente: 13541; 31 de agosto de 2006, Expediente: 28448; 21 de mayo de 2008, Expediente: 2675; 13 de agosto de 2008, Expediente: 35062, entre otras.

(9) Este numeral fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-023 de 1998.

(10) Posición reiterada en sentencia de 6 de marzo de 2008, Expediente 26227.

(11) Posición que puede verse en sentencia de la Subsección C, de 18 de enero de 2012, Expediente 19920. Sobre la valoración de copia simple también puede verse las sentencias de 18 de septiembre de 1997, Expediente 9666; 21 de febrero 21 de 2002, Expediente 12789; 26 de mayo de 2010, Expediente 18078; 27 de octubre de 2011, Expediente 20450.

(12) Posición reiterada en sentencia de 18 de enero de 2012, Expediente 19920. En cuanto a las acciones de repetición, puede observarse la misma posición en las sentencias proferidas por la Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado de 19 de mayo de 2012, expedientes 26044, 30328 y 30040.

(13) La Ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación aprobada legalmente.