Sentencia 2005-11779/48773 de julio 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dr. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 41001-23-31-000-2005-11779-01 (48.773)

Actor Mario Enrique Rincón Contreras y otros

Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Municipio de Garzón

Ref.: Acción de Reparación Directa

Bogotá D.C., seis de julio de dos mil diecisiete

Extractos: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala: el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de los procesos que versen sobre error judicial, defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y privación injusta de la libertad; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 5) el caso concreto: sé demostró que los demandantes estuvieron privados de la libertad y que luego los absolvieron de responsabilidad; 6) la imputación respecto de la Fiscalía: se la declara responsable porque privó a los demandantes de la libertad y luego un juez los absolvió, dado que la conducta no constituía hecho punible; 7) la imputación respecto del Ministerio de Defensa — Ejército Nacional y el municipio de Garzón: no les asiste responsabilidad por cuanto no privaron de la libertad a los demandantes; 8) indemnización de perjuicios: a) daño emergente: se reconocen los honorarios que los demandantes pagaron a un abogado, así como el costo de los daños de un moto averiada en custodia; b) lucro cesante: para el señor Mario Enrique se liquida con base en el salario mínimo legal mensual vigente, dado que no se demostró el monto de sus ingresos. Para la señora Gladys Mireya González Sánchez se niega, toda vez que su empleador le debió pagar los salarios mientras estuvo suspendida del cargo; c) mórales: se reconoce a todos los demandantes, d) daño a bienes constitucionalmente protegidos: se indemniza con medida de satisfacción, toda vez que se demostró una afectación al buen nombre de los demandantes, tras su privación de la libertad; 9) acerca de la condena en costas: no procede porque las partes rio presentaron conductas temerarias.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección sé encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(21).

Como en este caso se debate la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad que habrían soportado unos ciudadanos, la Sala es competente para conocerlo en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia que el Tribunal Administrativo del Huila profirió el 24 de junio de 2013.

3. El ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el, termino de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad en virtud de una medida de aseguramiento de detención preventiva(22).

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido los demandantes, como consecuencia de la privación de la libertad que soportaron.

Reposa en el expediente la copia auténtica de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, calendada el 16 de enero de 2004(23), por medio de la cual se confirmó la absolución dictada en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, a favor de los señores Mario Enrique Rincón Contreras y Gladys Mireya González Sánchez, de su participación en el delito de extorsión.

De acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, la sentenció de segunda instancia adquirió firmeza el 16. de febrero de 2004(24).

Así las cosas, el término de caducidad iba hasta el 17 de febrero de 2006. Dado que la demanda de presentó el 16 de septiembre de 2005, se hizo de manera oportuna.

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia Lie la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

De manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función judicial en cuyo caso se deberá aplicar el régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la posición Mayoritaria reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada ,por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva(25).

Todo lo anterior se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así: en primer lugar, en abril 6 de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el “Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es, privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos consagrados en el artículo 414 del C.P.P., y en la Ley 270 de 1996.

En segundo lugar, mediante sentencia fechada el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que además de los supuestos del artículo 414 del C.P.P., y de la Ley 270 de 1996 también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por la aplicación del principio de in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. El caso concreto

Con la demanda se solicitó que se decretara el traslado de la investigación adelantada en contra de los demandantes. El Tribunal Administrativo del Huila accedió a esta petición y solicitó al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva que remitiera a este proceso la copia auténtica del proceso penal.

En efecto, se logró el recaudo de dicha prueba trasladada. De esta manera se precisa el origen de los documentos que se tendrán en cuenta para determinar la situación jurídica que soportaron los demandantes.

Se demostró en el expediente que el 21 de julio de 2002 miembros del Gaula detuvieron a los señores Mario Enrique Rincón Contreras y Gladys Mireya González Sánchez, tal y como se desprende del acta sobre los derechos de los capturados(26), por supuestamente cometer el delito de extorsión.

Así mismo; se tiene prueba de que el Gaula decomisó a la señora Gladys Mireya González Sánchez la motocicleta en que se movilizaba, la cual era de marca Yamaha de placas NXS 09A(27).

De acuerdo con el informe de la captura, los demandantes resultaron detenidos mientras recibían el dinero de una extorsión, de la cual era objeto el alcalde del municipio de Garzón(28)

El expediente también cuenta con la Resolución fechada el 22 de julio de 2002, por medio de la cual la Fiscalía decretó la apertura de la instrucción en contra de los demandantes(29). En esta providencia también se resolvió “colocar a disposición de Fondelibertad del programa presidencia, la motocicleta decomisada dentro de las presentes diligencias”.

Obra en el plenario la Resolución fechada el 30 de julio de 2002, a través de la cual la Fiscalía resolvió la situación jurídica de los demandantes, en el sentido de imponerles medida de aseguramiento de detención preventiva, por su posible responsabilidad en el delito de extorsión(30).

Debe mencionarse que la resolución que resolvió la situación jurídica de los demandantes ordenó al alcalde del municipio de Garzón suspender del cargo de Secretaria de Salud, a la señora GladysGonzález Sánchez.

Así mismo, se cuenta con la Resolución expedida el 26 de diciembre de 2002, por medio de la cual la Fiscalía calificó el mérito del sumario y acusó a los demandantes como posibles responsables del referido delito. Se mantuvo la medida de, aseguramiento(31).

Luego, mediante sentencia calendada el 19 de septiembre de 2003, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva absolvió a los señores Mario Enrique Rincón Contreras y Gladys Mireya González Sánchez del delito de extorsión, por haber actuado bajo “miedo insuperable”. Así mismo, se decretó su libertad inmediata y la devolución de la motocicleta marca Yamaha(32).

De acuerdo con el expediente, los demandantes recuperaron la libertad el 22 de septiembre de 2003, fecha en la que se expidieron las boletas de libertad(33).

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante sentencia del 16 de enero de 2004, confirmó la proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa ciudad(34).

En definitiva, los demandantes permanecieron privados de la libertad entre el 21 de julio de 2002 y el 22 de septiembre de 2003.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la moto, debe decirse que la sentencia absolutoria de primera instancia ordenó oficiar a Fondelibertad para que “definitivamente entregue a Gladys Mireya González Sánchez la motocicleta marca Yamaha, placas NXS 09A”. En efecto, de acuerdo con el acta de entrega del vehículo, se tiene que ocurrió el 10 de junio de 2004.

6. La imputación de la responsabilidad respecto de la Fiscalía

De conformidad con la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva, estas fueron las razones por las cuales se exoneró de responsabilidad a los señores Mario Enrique Rincón Contreras y Gladys Mireya González Sánchez (se transcribe literal, incluidos los errores):

“(…):

“Para ese momento alias Misael y alias El Sordo se presentaron como miembros del frente 61 de las FARC y tomando la vocería el primero le dijo al alcalde tener la orden expresa de asesinarlo, lo que podía remediar con algún aporte económico que hiciera.

“Cierto es que Clodomiro Rivera Garzón [alcalde] delegó a Mario Enrique Rincón Contreras [demandante] y a Rodrigo Mora Cubillos, así lo reconoce este, la continuación de la atención de los subversivos, por cuanto él debía hacerlo en otros frentes y aquellos eran de su entera confianza. Allí se acordó entregar droga, remesa y $ 300.000, así lo admiten Oviedo Granados y Rincón Contreras y Mora Cubillos expone no recordar el pacto.

“(…).

“¿Obliga a preguntar quién exige o reclama que un pacto se satisfaga totalmente? La respuesta no se hace esperar, quién así lo pide es porque tiene o se cree con derecho a ello. Por eso se presentó Pablo Oviedo Granados [alias Misael] a Mario Enrique Rincón Contreras, en julio 16/02, en su residencia, apartamento, pues los dos, junto con. alias El Sordo y Rodrigo Mora Cubillos acordaron que la administración municipal entregaría una remesa y unos medicamentos a la presunta causa rebelde; Pablo y alias El Sordo recibirían las especies del ente municipal, representado en ese momento por Rincón Contreras y Mora Cubillos, personas ajenas a la administración. No es otra la conclusión sobre ese particular devenida de la confianza que les profesaba el señor alcalde a sus dos delegados, mejor negociadores, y en verdad lo fueron de este último talante. Recuérdese que los malhechores en plena reunión hicieron saber al ejecutivo que tenían orden de asesinarlo, misión que no cumplirían a cambio de algún dinero, luego, fue clara la intención negociadora y así lo entendió el amenazado y por eso la delegación.

“(…).

“De modo que el modus operandi de los forajidos, presentación como integrantes de una fracción de las FARC y las amenazas de muerte, incuestionablemente alteró el normal desarrollo de quienes tuvieron contacto directo con los hechos, vale decir, les afectó su tranquilidad les causó miedo. Miedo que sintió la pareja Mario Enrique y Gladys Mireya [demandantes], cuando la noche del 16 de julio del año anterior fueron visitados en su apartamento por alias Misael, quien ofuscado y términos atrevidos le reclamó a aquel el porqué no se les habían entregado completamente lo prometido, lo acordado en la alcaldía; estado de ánimo del que también fue presa Gladys Mireya, las amenazas proferidas y el reclamo grotesco a su compañero y la vigilancia que dijo Misael ejercían sobre ellos, influyeron en ella.

“(…).

“Fue el pánico el que influyó en Gladys Mireya para ofrecer su colaboración en la solución al reclamo de Misael, y sin duda su posición de secretaria de Salud Municipal facilitaba la gestión, y, desde luego, el apoyo a su compañero y a su máximo superior. No es difícil que en estado de temor se ofrezca hasta lo imposible con tal de salvar la dificultad del momento y cuando lo procurado no representa mayor valor o difícil tarea, como en el caso de autos: jeringas, toallas higiénicas, pastas para cólicos menstruales, se piensa en la seguridad para finiquitar el asunto o al menos apaciguarlo. De la consecución de estos elementos dan crédito (...), a los que someramente se les enteró qué venía ocurriendo, los tres primeros empleados de la administración municipal y el otro presidente de Asomicar. (...) Bajo esta fórmula se le cumplió a alias Misael. Como se ve, a pesar del manejo mesurado del caso, personas no involucradas tuvieron conocimiento del mismo, vinculadas o no a la alcaldía y ello se dio por la angustia y la premura en la consecución de lo prometido, exteriorización indicativa de un interés para dar solución al asunto y no de uno nocivo.

“La entrega del faltante no detuvo el accionar del extorsionador, Misael, pues ya había hecho saber la aspiración de dinero a la prenombrada pareja y a Rodrigo Mora Cubillos, y este a su vez al burgomaestre. Por tal razón, Clodomiro Rivera designa a Ósmar Erwin Ariza para que asistiera a la reunión requerida por Misael, así lo hace y se inicia en casa de José María, el jueves 18 de julio, de ello y su consecuente desarrollo informa Ariza en su declaración. También concurren Gladys Mireya González Sánchez, “Mario Enrique Rincón Contreras [demandantes] y Henry Lugo. Entrados aI tema y después de contraofertas y consultas con el alcalde, dice Ariza acordó con Misael que la administración que representaba le entregaría una remesa para 380 hombres y $ 300.000 para sufragar los gastos de un guerrillero herido, ese mismo día y ante la demora de entrega de la plata, recolectada en la alcaldía, y que como ya se dijo con aportes en monedas, Misael le hizo saber que debía darle $ 2´000.000 al día siguiente y la remesa para el lunes, el delincuente accedió que el último dinero exigido se entregara a Mario Enrique, el sábado, así quedaron y que ese día se comunicaría con Mario. De todo lo ocurrido informó al alcalde.

“Al día siguiente ante el silencio decidieron llamar a Mario Enrique Rincón Contreras para saber qué pasaba, contestando que Misael no estaba en Garzón y que tocaba esperarlo, quien le propone se entregue el dinero en el estadero Los Alpes, 1:30 PM; a ese establecimiento llegó y luego lo hizo Gladys Mireya [demandante], hablaron un rato y en vista de ser las 2 y 10 de la tarde a ella le solicita llamar a Mario [demandante] para saber qué sucedía, la dama dialoga con Mario y este le dice recoja el dinero y ellos después lo entregaban a Misael, lo analizaron un rato (Ariza y Gladys) y al ver que pasaban los minutos, le dice que le entrega la plata, ella la recibe y cuando salía los del Gaula le cayeron.

“(…).

“De modo que el estado de miedo que motivó el actuar de Mario Enrique Rincón Contreras y Gladys Mireya González Sánchez fue permanente desde la reaparición de alias Misael, el que con el transcurso del tiempo se acentuó hasta llegar a un grado que no pudieron superarlo, aunque conscientes del comportamiento no poseían la capacidad para auto determinarse, vale decir su psiquis estaba viciada”.

Transcritas las razones de la absolución penal de los señores Gladys Mireya González Sánchez y Mario Enrique Rincón Contreras, debe .decirse que no se consideró acertada la decisión del Tribunal Administrativo del Huila y se acoge el argumento de la apelación en el sentido de que no se configuró la culpa exclusiva, de las víctimas como eximente de responsabilidad.

En relación con el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima, en lo que tiene que ver con los casos de privación de la libertad, así se ha pronunciado esta Corporación:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(…)

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.

“De igual forma, se ha dicho:

‘... para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil’(35)(36) (negrillas y subrayas de la Sala).

De la jurisprudencia en cita se extrae que la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad se compone de dos elementos: a) “causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente, en la producción del resultado o daño”; b) “que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”.

Ahora bien, en relación con la absolución de los demandantes, lo cierto es que ello ocurrió porque el juez penal consideró que su participación en Ios actos extorsivos en contra del alcalde Garzón sucedió como consecuencia de un miedo insuperable, producto de las amenazas de la guerrilla.

Según la sentencia penal, no podía predicarse que los demandantes actuaran de una manera diferente, concretamente negarse a colaborar con la guerrilla. Es decir, el no comportarse como debían no ocurrió como consecuencia de una conducta negligente, sino que estuvo precedido de un miedo insuperable derivado de las imposiciones de ese grupo al margen de la ley.

Si bien se demostró que los demandantes participaron en los hechos materia del proceso penal, la configuración del miedo insuperable como eximente de responsabilidad criminal excluyó el elemento de la culpabilidad en su conducta.

De una parte, aunque el proceder de los demandantes resultó determinante para que los capturaran —de hecho participaron en los actos extorsivos—, la inobservancia del ordenamiento jurídico no provino de comportamientos imprudentes, sino por el miedo insuperable, es decir, por una circunstancia que, precisamente, excluyó la negligencia como la causa del quebrantamiento de la ley penal.

Vale la pena mencionar que esta Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en un caso similar, en el que descartó la culpa exclusiva de la víctima, con fundamento en que la justicia penal la había exonerado de responsabilidad, por actuar bajo el eximente de responsabilidad miedo insuperable.

Así razonó esta Subsección en sentencia proferida el 7 de diciembre de 2016:

“Nótese que dentro del proceso penal que se adelantó en contra del ahora demandante se estableció de manera clara y expresa su participación en los hechos materia del proceso; sin embargo, la preclusión de la investigación devino de la circunstancia de que operó una causal excluyente de responsabilidad como lo es el miedo insuperable, de donde no es posible alegar la culpa exclusiva de la víctima, como lo hiciera el Tribunal de instancia puesto que, en los casos en que se encuentra probada la causal eximente de responsabilidad penal, como es el miedo insuperable, la conducta antijurídica del sujeto está disculpada, es decir, se excluye el elemento de culpabilidad.

“(…).

“En efecto, frente a los delitos de concierto para delinquir y rebelión, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad, como es el miedo insuperable, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta, pues no se configuró un delito por el miedo insuperable al que fue sometido un campesino, quien se vio obligado, ante las especiales circunstancias de orden público, a actuar de forma contraria a la ley, ante la imposibilidad del ejercicio de una conducta diferente por lo que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política’(37) (subraya por la Sala).

Tras descartarse la culpa de las víctimas como causal eximente de responsabilidad, debe decirse que las razones de la absolución encuadran en una de las hipótesis que permite declarar —según el régimen objetivo— la responsabilidad del estado por privación injusta de la libertad, según 'lo expuesto en el acápite cuarto de esta providencia.

Se acude a una imputación objetiva, toda vez que no se detectaron irregularidades en la labor investigativa de la Fiscalía.

Ciertamente, la absolución de los demandantes ocurrió porque su conducta no constituía hecho punible, dado que se presentó una causal eximente de responsabilidad penal.

Lo que le ocurrió a los demandantes permite afirmar que no resulta posible considerar que estaban en la obligación de soportar la restricción de su libertad, cuando lo cierto es que, obraron amparados en una eximente de responsabilidad penal.

Resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir a los demandantes que asuman de forma impasible y como si se tratara de una carga pública, en condiciones de igualdad, la privación de su derecho a la libertad y ello en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado.

Es por lo anterior que debe calificarse de antijurídica la restricción de su derecho a la libertad que se prolongó entre el 21 de julio de 2002 y el 22 de septiembre de 2003, calificación que determina la consecuente obligación en cabeza de la Fiscalía de resarcirlo, pues permanecieron privados de la libertad por decisión de esta.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora ,acreditar para el éxito de su pretensión resarcitoria nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran verificados en el expediente.

En definitiva, debe declararse la responsabilidad de la Fiscalía por haber privado de la libertad, injustamente, a los señores Mario Enrique Rincón Contreras y Gladys Mireya González Sánchez, por una conducta que no constituía hecho punible.

7. La imputación de la responsabilidad respecto del Ministerio de Defensa Ejército Nacional y el municipio de Garzón

En la apelación se reiteró que debía declararse responsable al municipio de Garzón, toda vez que su alcalde fue la persona que denunció el delito por el cual se investigó a los demandantes, a sabiendas de que estos actuaban bajo la presión de la guerrilla.

En cuanto al Ejército Nacional, en la apelación se insistió que esa entidad elaboró un informe falso, el cual incidió en que se privara de la libertad a los demandantes.

Respecto de las anteriores imputaciones, debe decirse que resulta cierto que el alcalde del mencionado municipio puso en conocimiento de las autoridades la extorsión de la que era objeto y que, además, obra en el expediente un informe del Ejército en el que se señala al señor Mario Enrique Rincón Contreras de ser informante de la guerrilla(38).

No obstante lo anterior, ninguna de las anteriores imputaciones permite atribuir responsabilidad al municipio de Garzón o al Ejército por la privación de la libertad que soportaron los demandantes, por su posible participación en el delito de extorsión.

De una parte, de lo que se tiene en el expediente no hay manera de establecer que el informe del Ejército era falso, en todo caso, que el demandante fungiera como informante de las FARC no lo hacía responsable del delito de extorsión, conducta de la cual fue absuelto.

Así mismo, para la Sala no constituye falla en el servicio en cabeza del municipio de Garzón que su alcalde hubiera efectuado la denuncia de los hechos en que participaron los demandantes.

Se considera que lo correcto era que el señor alcalde formulara la denuncia, pues era su deber hacerlo. Además, no resulta anormal para la Sala que el Ejército en desarrollo del operativo capturara a los demandantes, dado que materialmente Participaron de la extorsión. Era en desarrollo de la investigación que debía establecerse su ausencia de culpabilidad y no a través de la denuncia que se presentó.

8. Indemnización de perjuicios

a) Daño emergente

La pretensión para indemnizar el daño emergente se redactó como a continuación se transcribe, inclusive con errores:

“(...) los costos o los gastos en que incurrieron mis mandantes en la defensa penal del proceso al que se refiere la pretensión primera, tales como honorarios del abogado, práctica y/o recepción de pruebas, traslado de los familiares al sitio de reclusión y demás situaciones afines.

“(…).

“Se pagará a mis mandantes todos los daños y perjuicios provocados por el deterioro ocasionado por mal uso e inadecuado manejo y retención arbitraria de la motocicleta Yamaha, placas NXS 09A.

“Se pagará todo costo de financiación, intereses por préstamos de todo tipo a los que se vieron evocados los actores o su familia; así como cualquier otro perjuicio que se llegara a demostrar(39).

—En cuanto a los honorarios que los demandantes pagaron a un abogado

Con la demanda se allegaron unos documentos suscritos por dos profesionales del derecho, cuya identidad corresponde con los que actuaron en el proceso penal en defensa de los señores Mario Enrique Rincón Contreras y Gladys Mireya González Sánchez. En ellos se consignó que recibieron de los demandantes un total de $ 4’500.000, por concepto de honorarios profesionales(40).

Dicho lo anterior, resulta procedente traer a colación los requisitos para otorgar valor probatorio a documentos de naturaleza privada emanados de terceros. Así reza el articuló 277 el Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente:

“Documentos Emanados de Terceros. Salvo disposición en contrario los documentos privados de terceros solo se estimarán por el juez.

“1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son auténticos de conformidad con el artículo 252.

“2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación” (negrilla por la Sala).

Dado que los mencionados documentos aparecen suscritos por una tercera persona, su contenido es de naturaleza declarativa y las entidades demandadas no solicitaron su ratificación para efectos de controvertirlos, se les otorga valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil.

Puesto que se demostró el pago de honorarios a los abogados que actuaron en la investigación penal —su intervención se constató con las actuaciones del proceso que obran en el expediente—, se debe indemnizar dicho costo.

Para actualizar la mencionada suma de dinero se tendrá en cuenta el IPC vigente a la fecha en que se expidieron los escritos en que los profesionales del derecho manifestaron recibir el dinero, luego de aplicar la siguiente fórmula:

uno kkk
 

En donde:

— Ca: Capital actualizado a establecer.

— Ch: Capital histórico a traer a valor presente.

— Índice final: IPC conocido a la fecha de esta sentencia: junio de 2017: —137,87—

— Índice inicial: IPC vigente a la fecha de expidieron de cada uno de los escritos en que los profesionales del derecho manifestaron recibir el dinero, por concepto del pago de honorarios.

a) Pago por valor de $ 2'000.000 realizado en agosto de 2002(41):

dos kkk
 

Ca= $ 3'938.580

b) Pago por valor de $ 1'800.000 realizado en diciembre de 2002(42):

tres kkk
 

Ca= $ 3'475.714

c) Pago por valor de $ 300.000 realizado en septiembre de 2003(43):

cuatro kkk
 

Ca= $ 549.574

d) Pago por valor de $ 400.000 realizado en enero de 2005(44):

cinco kkk
 

Ca= $ 681.933

Total diaño emergente pago honorarios de abogado: $ 8'645.801

— En relación con el traslado de los familiares al sitio de reclusión y demás situaciones afines

Como pruebas para demostrar los gastos en que incurrió la demandante, señora Yolanda Sánchez Nañez —madre de Gladys Mireya González Sánchez—, hasta la cárcel donde su hija estaba recluida, se allegaron con la demanda dos documentos suscritos por terceras personas, en los que se aseveró lo siguiente (se transcribe incluso con errores):

“Que fui contratado por la señora Yolanda Sánchez [madre de Gladys Mireya González Sánchez] para realizar el traslado expreso de Garzón — Neiva (cárcel de Rivera), durante los días que a continuación se relacionan:

“11 y 25 de agosto de 2002

“22 y 24 de septiembre 2002

“11 y 24 de noviembre de 2002

“1, 8, 22 de diciembre de 2002

“12 y 19 de enero de 2003

“2, 9, 16 de febrero de 2003

“1 junio de 2003

“1, 14, 15, 16 de julio de 2003

“El valor de cada uno de los viajes especificados anteriormente fue cancelado a razón de $ 100.000, teniendo en cuenta que se le prestaba el servicio de taxi en las distintas entidades y/o diligencias efectuadas en la ciudad de Neiva y su regreso a la ciudad de Neiva, por el mismo valor.

“Garzón, 5 de agosto de 2005”(45) (se destaca).

Además, se allegó otro documento —suscrito por otra persona— que contiene la misma información, excepto que las fechas son las siguientes:

“23, 24, 25, 26 de julio de 2002

“3, 4, 18 de agosto de 2002

“1, 7, 8, 15, 29 de septiembre de 2002

“6, 13, 19, 20, 27 de octubre de 2002

“3, 10 de noviembre de 2002

“15, 29 de diciembre de 2002

“4, 5, 26 de enero de 2003

Garzón, 2 agosto de 2005(46)(se destaca).

Resulta importante poner de presente la declaración del señor Raúl Sierra Rivera, rendida en primera instancia, persona que era conductor de servicio público y que manifestó lo siguiente (se transcribe inclusive con errores):

“Los familiares no, yo no llevado sino a la mamá y la habré llevado unas seis u ocho veces, pero como eran bastantes carros ella salía y se iba en el que estuviera de turno y a mí me tocaría llevarla las veces que dije. (...) No me acuerdo cuánto valía el pasaje, como siete y ocho mil pesos (...)”(47) (se destaca).

A pesar de que el declarante no ofreció una suma exacta del pasaje Neiva — Garzón, porque no lo recordaba, lanzó un estimado, muy diferente al que se indicó en los documentos.

Las anteriores pruebas presentan inexactitudes frente a los precios. Así mismo, no se tienen elementos probatorios que indiquen porqué las personas que certificaron en el 2005 las fechas de unos viajes ocurridos en el 2002 y 2003, recordaban con precisión cada uno de ellos.

Tales inconsistencias impiden que haya certeza en relación con la causación de un daño emergente en cabeza de la demandante Yolanda Sánchez Nañez, por lo que debe negarse esta pretensión indemnizatoria.

— En cuanto a los costos de financiación en que habrían incurrido los demandantes

Con la demanda se allegó un documento expedido por el Banco Caja Social, en el que se expuso lo que sigue:

—“Que la señora Gladys Mireya González Sánchez, con cédula (...) fue deudora del crédito No. 201020101536, desembolsado en nuestras oficinas el día 11 de junio de 2002, por valor de 6'800.000 y cancelado en su totalidad el pasado 5 de julio de 2005”(48).

Este documento no constituye prueba de algún daño emergente. De una parte, el crédito se desembolsó antes de la privación de la libertad —21 de julio de 2002—, lo que significa que su solicitud se presentó con anterioridad. Además, el expediente no cuenta con prueba acerca que se hubieren causado intereses moratorios, producto con incumplimientos derivados de la restricción de ese derecho fundamental.

También cuenta el expediente con otras dos certificaciones expedidas por el Banco Caja Social y Megabanco(49), en los cuales se expuso que otorgaron unos créditos a la señora Yolanda Sánchez Nañez y a Martha Cecilia González Sánchez —madre y hermana de la privada de la libertad Gladys Mireya González Sánchez—.

Según tales documentos, los créditos que ellas solicitaron se desembolsaron cuando todavía su hija y hermana se encontraba detenida. Sin embargo, no se tienen pruebas acerca de que esos créditos sé hubieran otorgado como consecuencia de la situación jurídica por la que atravesó la señora Gladys Mireya González Sánchez.

En definitiva, se niega la indemnización por la supuesta financiación en que incurrieron los demandantes.

—En cuanto a los daños que sufrió la moto de placas NXS 09A

Se solicitó que se reconociera a la señora Gladys Mireya González Sánchez el valor de las reparaciones en que incurrió respecto de la moto de placas NXS 09A. La demanda señaló que este vehículo era de su propiedad y que la Fiscalía lo decomisó cuando la detuvo.

Se expuso que la Fiscalía entregó la moto a Fondelibertad —Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Defensa—, para que la custodiara mientras se desarrollaba la investigación. De igual manera, que la moto fue devuelta con muchos daños, producto de malos tratos.

De acuerdo con el expediente, en efecto, con la captura de la señora Gladys Mireya González Sánchez se decomisó la moto en que se movilizaba, que se identificaba con placas NXS 09A(50).

La Fiscalía, a través de la Resolución por la cual dio apertura a la instrucción, dispuso: “colocar a disposición de Fondelibertad del programa presidencial, la motocicleta decomisada dentro de las presentes diligencias(51).

También se acreditó en el proceso que Fondelibertad devolvió la moto a la señora Gladys Mireya González Sánchez, el 10 de junio de 2004, tal y como se desprende del acta e inventario de entrega(52). De acuerdo con estos documentos, la demandante manifestó inconformidad con el estado del vehículo, en los términos que se transcriben, inclusive con errores:

“Dejo constancia que la motocicleta NXS 09A ha estado en funcionamiento todo el tiempo a disposición funcionarios grupo Gaula y dejo constancia que llevaré la moto a concesionario para establecer la parte mecánica interna y externa de la misma. Llaves de encendido no corresponden y chapa del sillín no se encuentra y guaya choke, el suich y la parte eléctrica no funciona, direccionales derecha, batería descargada”(53).

Debe decirse que de acuerdo con la copia de la tarjeta de propiedad de dicha moto, se demostró que la señora Gladys Mireya González Sánchez era su propietaria(54).

Con la demanda se allegó un reporte que elaboró un técnico mecánico del almacén de servicio Casamotor Yamamotor Ltda., fechado el 10 de junio de 2010, acerca del estado la moto luego de que la señora Gladys Mireya González Sánchez la recibió. Así mismo, este documento contiene la cotización de su arreglo, por valor de $ 3’889.960(55).

Se acoge el contenido de ese informe técnico con base en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, a partir de los mismos razonamientos expuestos con antelación.

De lo que concluyó el reporte mecánico, se destaca lo siguiente que se tomó del expediente, incluidos los errores:

“Motor estándar, aceite en pésimas condiciones de lubricación, pistón rayado y anillos partidos, bloque rayado y desgastado por uso y falta de buena lubricación, biela con juego y deteriorada, canastilla de biela dañada, culata rayada y en mal estado, piñonería de motor en regulares condiciones, eje de levas dañado, balineras de cigüeñal y eje de levas dañadas, retén de eje de cambios y de patada dañados, discos de clotch en pésimo estado, es de anotar que el motor se encuentra en muy malas condiciones de funcionamiento ocasionado por un mal mantenimiento y mal manejo del vehículo’(56) (se destaca).

Llama la atención que el mecánico concluyó que los daños en el motor fueron producto de mal mantenimiento y mal conducción, lo que denota una negligencia de Fondelibertad en efectuar mantenimiento preventivo al automotor por los 14 meses que la tuvo en custodia. Es decir, no se trató de averías como consecuencia del desgaste propio de las piezas, sino por descuido en su conservación.

En cuanto al valor de los arreglos, se aportaron al expediente unas facturas de venta a nombre la señora Gladys Mireya González Sánchez, expedidas por Moto Repuestos Bonanza y Casamotor Ltda, por un valor de $ 733.900(57). Estos documentos relacionan repuestos para la moto, que coinciden con los daños que presentaba.

En suma, aunque la cotización se efectuó por $ 3´889.960, solo se demostraron compras por valor de $ 733.900, efectuadas en los meses de junio y julio de 2004. Así las cosas, esta última será la cantidad de dinero que se indemnizará a la señora Gladys Mireya González Sánchez, propietaria de la moto.

— Actualización del valor de las compras efectuadas en junio de 2004:

seiskkk
 

En donde:

— Ca: Capital actualizado a establecer.

— Ch: Capital histórico a traer a valor presente.

— Índice final: IPC vigente conocido a la fecha de esta sentencia: junio de 2017: 137,87

—Índice inicial: IPC vigente a la fecha de las compras: junio de 2004:

siete kkk
 

Ca = $ 918.728

— Actualización del valor de las compras, efectuadas en julio de 2004:

En donde:

— Ca: Capital actualizado a establecer.

— Ch: Capital histórico a traer a valor presente.

— Indice final: IPC vigente conocido a la fecha de esta sentencia: junio de 2017:

137,87

— Indice inicial: IPC vigente a la fecha de las compras: julio de 2004:

79,50—;

siete kkk
 

Ca = 1 353.779

TOTAL: $ 1'272.507

Esta indemnización la deberá pagar el Ministerio de Defensa —parte demandada-, toda vez que a través de Fondelibertad era el responsable de mantener en buenas condiciones de mantenimiento a la referida moto. Dado que permaneció por 14 meses bajo su guarda, le correspondía velar por su buen estado, cosa que no ocurrió en este caso.

Anótese que el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, para la época de los hechos, se trataba de una cuenta especial, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Defensa(58).

La condena que aquí se profiere en contra del Ministerio de Defensa —Fondelibertad— de modo alguno se trata de una decisión extra petita que modifica la causa petendi de la demanda, la cual comprendió no solo la privación de la libertad, sino también el decomiso del vehículo y sus consecuencias.

De hecho, parte de los fundamentos fácticos de las pretensiones lo constituyó la imputación en contra de Fondelibertad.

b) Lucro cesante

Con la demanda se solicitó indemnización del lucro cesante en los siguientes términos, incluidos los errores:

“Los ingresos que hubieren podido devengar los señores Mario Enrique Rincón Contreras y Gladys Mireya González Sánchez, desde el momento de su injusta privación de la libertad y hasta cuando fueron efectivamente dejados en libertad y reintegrados a sus labores de acuerdo con sus trabajos e ingresos, el señor Rincón como asesor en proyectos de administración y la señora González como servidora pública del municipio de Garzón”(59).

— Liquidación respecto del señor Mario Enrique Rincón Contreras

De acuerdo con las pruebas decretadas y recaudadas por el Tribunal de primera instancia, se demostró que el señor Mario Enrique Rincón Contreras ejecutó en el 2001 el siguiente contrato:

De capacitación suscrito con la Gobernación del Huila(60), cuyo objeto lo constituyó:

“Capacitación a concejales de los ocho municipios de la zona centro del departamento del Huila (...) en los aspectos fundamentales del régimen municipal”.

Aunque puede decirse que el demandante, en el año 2001, estuvo vinculado como contratista de la Gobernación del Huila, no se trata de una circunstancia que soporta la existencia de un lucro cesante por el término que permaneció detenido.

No se demostraron en el expediente los ingresos que el señor Mario Enrique Rincón Contreras percibía para la época en que fue privado de la libertad —julio de 2002—

Sin embargo, resulta procedente reconocer al demandante indemnización por ese concepto, debido a la imposibilidad de generar ingresos por el término que permaneció privado de la libertad.

Lo anterior conclusión a partir de la presunción según la cual toda persona en edad productiva, como lo era el demandante, devenga al menos un salario mínimo mensual legal vigente para subsistir según lo expresado por esta Corporación:

“Conviene destacar que si bien dentro del asunto de la referencia no se logró acreditar que el señor Caicedo Hurtado desempeñara al momento de su detención actividad productiva alguna, toda vez que dentro del acervo probatorio sólo obra un informe de la Personería de Samaniego en el cual se indica que la víctima se dedicaba a vender calzado y cigarrillos, lo cierto es que una de las funciones de la pena (artículo 4° de la Ley 599 de 20006(61)) es la resocialización del individuo(62), lo cual implica la reincorporación del individuo a la sociedad económicamente productiva, cuestión que resulta compatible con el principio constitucional de la buena fe, principio fundamental previsto en el artículo 83 de la Constitución Política(63).

“En consecuencia y teniendo en cuenta que el señor Caicedo Hurtado para la fechó en que hubiere quedado en libertad tendría 26 años de edad, la Sala aplicará la presunción respecto de que toda persona que se encuentre en determinada edad productiva devenga por lo menos el salario mínimo legal vigente.

“Proceder en forma contraria en el presente asunto entrañaría el desconocimiento de los valores, principios y fines que tanto la Constitución Política como las normas penales consagran respecto de la reinserción social del individuo y el principio de buena fe’(64) (se destaca).

Así las cosas, el lucro cesante a favor del señor Mario Enrique Rincón Contreras se liquidará con base en el tiempo que permaneció privado de la libertad. En este caso, no se reconocerá el período que se dice una persona requiere para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral(65), dado que solo procede en los casos donde sí se demuestra que había un vínculo laboral, el cual se terminó como consecuencia de la restricción de dicho derecho. Hipótesis que no se estableció en este expediente.

En estos términos, se procederá a calcular el monto de la indemnización:

Período de privación de la libertad:

Entre el 21 de julio de 2002 y el 22 de septiembre de 2003= 14 meses y 1 día.

TOTAL TIEMPO: 14,03 meses.

Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo vigente actualmente ($ 737.717), en tanto resulta más favorable que actualizar el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la sumé de $ 922.146.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado:

nueve kkk
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante:

$ 922.146.

i= Interés puro o técnico: 0,004867

Número de meses que comprende el período de la indemnización: 14,03 meses

Reemplazando tenemos:

diez kkk
 

S = $ 13'356.058

— Liquidación respecto de la señora Gladys Mireya González Sánchez

Según los documentos que se allegaron con la demanda, la señora Gladys Mireya González Sánchez laboraba en la alcaldía de Garzón para el momento en que resultó privada de la libertad y que, además, continuó vinculada luego de que termina el proceso penal.

Así mismo, de acuerdo con la resolución que resolvió su situación jurídica, la Fiscalía ordenó al alcalde de Garzón suspenderla del cargo de secretaria de Salud, el cual desempeñaba para ese momento(66).

Como pruebas de las anteriores afirmaciones, se tiene la siguiente certificación expedida por la alcaldía de Garzón, cuyo contenido dice (se transcribe con errores incluidos):

“Gladys Mireya González Sánchez, titular de la cédula (...) labora al servicio de este municipio desde el 16 de septiembre de 1998, a la fecha, desempeñando actualmente el cargo de técnico en el Departamento Administrativo de Planeación, infraestructura y desarrollo vial, con una interrupción por orden judicial durante el tiempo comprendido entre el 9 de agosto de 2002 hasta el 20 de enero de 2004.

“Garzón, 20 de abril de 2004”(67).

También se allegó con la demanda la copia de la reclamación que la señora Gladys Mireya González Sánchez efectuó a la alcaldía de Garzón, para que le pagara todos los derechos laborales que no percibió por el término que se prolongó la suspensión del cargo(68).

Adicionalmente, se cuenta con la respuesta del municipio de Garzón al mencionado requerimiento, el cual se transcribe con errores, así:

“Que el origen de la suspensión laboral que se produjo a la señora Gladys Mireya González Sánchez, tuvo inicio en la Fiscalía Quinta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Neiva.

“Que no existe nexo causal entre la actuación que desplegó la alcaldía municipal de Garzón y el supuesto perjuicio que ustedes pretenden resarcir con la solicitud que hoy nos presentan.

“Que la alcaldía actuó conforme a la normatividad vigente y en cumplimiento estricto de una orden judicial.

“Que la alcaldía no es responsable de la 'suspensión que a la señora Gladys Mireya González Sánchez se le realizara”(69).

Dicho lo anterior, resulta pertinente hacer mención a la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación, relativa a la indemnización del lucro cesante cuando se trata de servidores públicos que resultaron suspendidos de sus cargos, como consecuencia de una investigación penal.

La Sección Segunda de esta Corporación ha sostenido que la suspensión de una persona en el ejercicio de sus funciones y como consecuencia del acatamiento de una orden judicial, implica la extinción del vínculo laboral, toda vez que esta medida consiste en una condición resolutoria que, posteriormente, será determinada con las consecuencias del proceso penal.

Agrega que en los eventos en los cuales el empleado resulte favorecido con la decisión penal, la suspensión del cargo desaparece de manera retroactiva, debiendo el empleador pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir(70).

Esta Subsección también ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca del tema en los siguientes términos:

“En este sentido, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 25 de enero de 2007(71), al recoger la posición sentada en la sentencia proferida dentro del proceso radicado con el No. 7300-12331000199613147-01 (IJ-004)(72) señaló:

El levantamiento de la suspensión - Efectos.

‘En el momento en que la medida judicial se levante, decisión que la autoridad judicial debe comunicar a la respectiva autoridad administrativa, cesan los efectos de la suspensión.

‘Ahora en eventos como el de autos, en el que el funcionario suspendido no fue condenado, debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante dicha etapa, retrotrayéndose la situación al momento en que fue suspendido del cargo, es decir como si nunca hubiera sido separado del servicio, y por ende tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir como si el trabajador efectivamente hubiera prestado el servicio por efectos de la función legal. En otras palabras vuelven las cosas al estado anterior.

“(…).

La administración debió reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales correspondientes al término en cuestión, no siendo de recibo el argumento esgrimido por ella en el sentido de que no hubo prestación del servicio, pues ese era el efecto lógico y jurídico del acto de suspensión que expidió y con el cual autorizó, en forma implícita, la no prestación del servicio.

Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.

Si bien es cierto que la suspensión del actor no fue iniciativa del ente territorial con el que estaba vinculado laboralmente, tal circunstancia no lo releva de su condición de empleador y por ende no lo exonera del reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia del acto de suspensión:

“Este criterio fue reiterado, en sentencia de 22 de marzo de 2012, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, en los siguientes términos(73):

De otra parte, advierte la Sala que la jurisprudencia del Consejo de Estado(74) ha sostenido que la decisión judicial de suspender del cargo y en consecuencia el pago de salarios y prestaciones, no implica que la relación laboral haya finalizado, dicho acto contiene por una parte una condición resolutoria respecto de la vinculación laboral (numeral 4 del artículo 66 del C.C.A), que depende del resultado del proceso y de otra parte una condición suspensiva en relación con el derecho a percibir la remuneración.

“En ese orden, cuando la condición resolutoria desaparece su efecto es retroactivo, esto es, desde la fecha en la que se dispuso la suspensión, en consecuencia queda sin sustento el acto que impuso la suspensión del derecho a percibir los emolumentos económicos aunque no se haya prestado el servicio. En el momento en que la medida judicial se levante, cesan sus efectos.

‘En casos en los que el funcionario suspendido no fue condenado, el efecto lógico es que debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante el retiro temporal del cargo, su situación debe restablecerse a la que tenía al momento en que fue suspendido, es decir como si no hubiera sido separado del servicio, y en consecuencia tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir que vuelven las cosas al estado anterior.

‘Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.

(…).

‘En cuanto al restablecimiento del derecho de carácter laboral, la entidad a la cual estaba vinculado el actor debe asumir tal carga, sin embargo el nominador tiene la posibilidad de repetir contra la Fiscalía General de la Nación, entidad que impartió la orden de suspensión del cargo (se destaca).

“Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala que la aspiración indemnizatoria formulada por concepto de los intereses moratorios derivados de los emolumentos dejados de percibir por los señores Fernando Vera Garávito y Jaime Acevedo Santana, en calidad de servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, en su carácter de derechos procedentes de una relación laboral administrativa que no tuvo solución de continuidad —pues como quedó acreditado en el expediente fueron efectivamente reintegrados mediante Resolución nro. 0207 del 17 de febrero de 2004—, no pueden ser reclamados con fundamento en la responsabilidad extra contractual deprecada en la demanda, comoquiera tilde la entidad nominadora es la obligada a su pago, habida cuenta, se repite, de su naturaleza eminentemente laboral(75)(76) (se destaca).

En aplicación del anterior criterio jurisprudencial, se debe negar la indemnización del lucro cesante que se solicitó para la señora Gladys Mireya González Sánchez. Esta decisión obedece a que era deber del municipio de Garzón pagar los salarios una vez cesó la suspensión, por cuanto él proceso penal terminó con una decisión favorable a la demandante.

Si bien el Municipio de Garzón se negó a pagar lo dejado de percibir por la señora Gladys Mireya González Sánchez, esa decisión se debió demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho como vía para lograrlo(77).

c) Morales

La indemnización de los perjuicios morales se estimó en 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de los demandantes, excepto para los señores Martha Cecilia y Édgar González Sánchez, respecto de los cuales se solicitó 500 para cada uno.

Como demandantes comparecieron las siguientes personas:

La señora Gladys Mireya González Sánchez —privada de la libertad-, su madre la señora Yolanda Sánchez Nañes, su hermana la señora Martha Cecilia González Sánchez y su hermano el señor Édgar González Sánchez.

El señor Mario Enrique Rincón Contreras —privado de la libertad— y sus hijos Sharoon Alexia 'Rincón Peña, Michelene Samantha Rincón Peña y Marshall Stephen Rincón Peña.

Al proceso se allegaron los registros civiles de nacimiento, por medio de los cuales se demostró el parentesco indicado(78).

Con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportaron los señores Mario Enrique Rincón Contreras y Gladys Mireya González Sánchez, les causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, dado que es razonable asumir que la persona a la que se le afecte su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensible a sus madres, hermanos e hijos quienes igualmente se afectan por la situación de zozobra por la que atraviesa su ser querido.

Sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (arts. 13 y 209 C.P.), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación , de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

En relación con el quantum indemnizatorio de esta tipología de perjuicios, la Sala ha tomado como guía de su tasación los criterios establecidos en la sentencia de unificación de la Sección Tercera de esta Corporación del 28 de agosto de 2014(79), según los cuales, dependiendo del período de restricción física de la libertad de la víctima directa del daño y del grado de parentesco de cada uno de los demandantes, los montos que se sugieren como indemnización, tasados en salarios mínimos legales mensuales vigentes, son los siguientes:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1° de consanguinidadParientes en el 2° de consanguinidadParientes en el 3° de consanguinidadParientes en el 4º consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del Porcentaje de la Víctima directa35% del Porcentaje de la Víctima directa25% del Porcentaje de la Víctima directa15% del Porcentaje de la Víctima directa
 SMLMVSMLIVIVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 1280 40282012
      
Superior a 6 e inferior a 970. 3524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Así las cosas, como los señores Mario Enrique Rincón Contreras y Gladys Mireya González Sánchez estuvieron privados de la libertad en establecimiento carcelario por 14 meses y 1 día —entre el 21 de julio de 2002 y el 22 de septiembre de 2003—, la indemnización de los perjuicios morales será la siguiente, expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia:

Gladys Mireya González Sánchez —víctima directa-90
Yolanda Sánchez Nañes —madre—90
Martha Cecilia González Sánchez —hermana—45
Édgar González Sánchez —hermanó—45
Mario Enrique Rincón Contreras —privado de la libertad—90
Sharoon Alexia Rincón Peña —hija—90
Michelene Samantha Rincón Peña —hija—90
Marshall Stephen Rincón Peña —hijo—90

d) Daño a bienes constitucionalmente protegidos

En la demanda se solicitó indemnización del daño a la vida de relación, para cada uno de los demandantes, en cuantía de 2:000 gramos de oro. Se expuso en los hechos que la privación de la libertad de los señores Gladys Mireya González Sánchez y Mario Enrique Rincón Contreras se divulgó en los medios de comunicación, así (se transcribe con errores):

“en diferentes medios de comunicación se colocó en la picota pública a los señores Gladys Mireya González Sánchez y Mario Enrique Rincón Contreras, como los autores materiales de la extorsión contra el alcalde de Garzón (...)”(80).

Indicaron los hechos que la publicación en los medios de comunicación de la situación jurídica de los demandantes generó un mayor perjuicio por la vulneración de su integridad moral.

Se tiene demostrado en el expediente que si hubo difusión en la prensa de los hechos que aquí se discuten y que, consecuentemente, se tradujo en un menoscabo al buen nombre de los demandantes, daño que en la actualidad se indemniza bajo la denominación “afectación de bienes constitucionalmente protegidos”.

En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud(81) (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(82), estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

Con el objeto de ilustrar el despliegue noticioso que se efectuó de la captura de los señores Gladys Mireya González Sánchez y Mario Enrique Rincón Contreras, se allegó al proceso un reportaje del periódico La Nación, del 18 de julio de 2003(83).

Sobre el valor probatorio de este tipo de documentos, la jurisprudencia de la Corporación ha dicho lo siguiente:

“Advierte la Sala que obran recortes de periódicos y sus copias, allegados por la parte demandante, con los que se pretende demostrar la ocurrencia de los hechos; al respecto, se precisa que aquellos carecen de la entidad suficiente para probar, por sí solos, la existencia y veracidad de tales hechos. En efecto, en sentencia reciente de la Sala Plena Contencioso Administrativa de esta Corporación se dijo, refiriéndose a las noticias de prensa, que su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez, razón por la cual los recortes allegados se apreciarán con el conjunto de pruebas obrantes en el expediente”(84) (se destaca).

De acuerdo con lo demostrado en el expediente, acerca de la situación jurídica por la que atravesaron los demandantes, se colige que el contenido de dicha publicación coincide con los hechos que aquí se discuten.

En efecto, el reportaje que se divulgó en La Nación consistió, en lo siguiente (la transcripción incluye errores de reacción):

“Comenzó juicio a supuestos extorsionistas de alcalde de garzón

“Neiva

“Ante el Juzgado Segundo Penal Especializado comparecieron la ex secretaria de Salud del municipio de Garzón, Gladys Mireya González Sánchez y su esposo Mario Enrique Rincón Contreras, quienes fueron acusados por la Fiscalía de la presunta comisión del delito de extorsión.

(…)

“Ese mismo día, efectivos del GAULA capturaron a Gladys Mireya González Sánchez en el momento en que recibía el dinero por parte del alcalde. Luego aprehendieron a Mario Enrique Rincón Contreras, quien se encontraba en su residencia esperando a su esposa con el dinero.

(…)(85)

Como puede verse, los hechos que se expusieron en la prensa consistieron en la captura de los señores Gladys Mireya González Sánchez y Mario Enrique Rincón Contreras, por posiblemente perpetrar el delito de extorsión en contra del alcalde de Garzón.

Los hechos contenidos en el reportaje coinciden con la conducta por la cual se investigó y absolvió a los demandantes, según lo expuesto en la sentencia absolutoria proferida por el, Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva, el mismo despacho que se mencionó en el periódico.

Como la noticia que se trajo al expediente resultó acorde con lo expuesto en la sentencia absolutoria, se concluye que la captura de los demandantes se hizo pública, con la consecuente vulneración de su derecho al buen nombre.

Así las cosas, se tiene que el bien constitucionalmente protegido de los señores Gladys Mireya González Sánchez y Mario Enrique Rincón Contreras - buen nombre-se afectó con la medida de aseguramiento impuesta en su contra, —que se tornó en injusta con la absolución— por lo que se adoptará una medida de satisfacción

Resulta oportuno señalar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de agosto de 2014(86), unificó la jurisprudencia en lo atinente al reconocimiento de los perjuicios por la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, en el sentido de que su reconocimiento procede siempre y cuando se encuentre acreditado dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Lo anterior, con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como las demás definidas por el derecho internacional.

Igualmente, se señaló que debe privilegiarse la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias y, además, se precisó que, solamente en casos excepcionales, debe reconocerse una indemnización en dinero —hasta 100 SMLMV— exclusivamente para la víctima directa, siempre y cuando las medidas no pecuniarias no fueran suficientes, pertinentes, oportunas o posibles.

En ese orden de ideas, como en el presente caso se acreditó que los señores Gladys Mireya González Sánchez y Mario Enrique Rincón Contreras resultaron privados injustamente de su libertad y .que, con ocasión de esa restricción, vieron afectado su derecho fundamental al buen nombre, de conformidad con la sentencia de unificación aludida, se ordenará la siguiente medida che satisfacción:

La Fiscalía General de la Nación establecerá un link en su página web con un encabezado en donde reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

Así mismo, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la Fiscalía subirá a la red el archivo que, contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de 6 meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en su página web.

9. Condena en costas

En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto el Consejo de: Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de-la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revocar, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia proferida el 24 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo del Huila. En su lugar se dispone:

1. declarar que la Nación, —Fiscalía General de la Nación— es patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad que soportaron los señores Gladys Mireya González Sánchez y Mario Enrique Rincón Contreras.

2. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación- a pagar indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, por la siguiente suma de dinero:

Para los señores Gladys Mireya González Sánchez y Mario Enrique Rincón Contreras: Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y cinco mil ochocientos un pesos ($ 8'645.801). —honorarios que se pagaron a un abogado -.

A cada uno de los anteriores demandantes le corresponde el 50% de esta condena.

3. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación- a pagar indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, por la siguiente suma de dinero:

Para el señor Mario Enrique Rincón Contreras: trece millones trescientos cincuenta y seis mil cincuenta y ocho pesos ($ 13'356.058).

4. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación- a pagar indemnización de perjuicios morales por las siguientes sumas de dinero, expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes —SMMLV—, a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

Gladys Mireya González Sánchez –víctima directa–90
Yolanda Sánchez Nañes –madre–90
Martha Cecilia González Sánchez –hermana–45
Édgar González Sánchez –hermano–45
Mario Enrique Rincón Contreras –privado de la Libertad–90
Sharoon Alexia Rincón Peña –hija–90
Michelene Samantha Rincón Peña –hija–90
Marshall Stephen Rincón Peña –hijo–90

5. Previo al pago de la condena que le corresponda al señor Mario Enrique Rincón Contreras téngase en cuenta los embargos señalados en la parte considerativa de esta providencia, páginas 9-10, para cuyo efecto comunicar a los juzgados donde se encuentran radicados las medidas cautelares.

6. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a la reparación integral de la violación del derecho fundamental al buen nombre de los señores Gladys Mireya González Sánchez y Mario Enrique Rincón Contreras, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberá adoptarse la siguiente medida de satisfacción:

La Fiscalía General de la Nación establecerá un link en su página web con un encabezado en donde reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

En él término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la Fiscalía subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en su página web.

7. Declarar que el Ministerio de Defensa es patrimonialmente responsable por los daños que sufrió la motocicleta de placas NXS 09A, de propiedad de la señora Gladys Mireya González Sánchez.

8. Condenar al Ministerio de Defensa a pagar indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, por la siguiente suma de dinero: Para la señora Gladys Mireya González Sánchez: un millón doscientos setenta y dos mil quinientos siete pesos ($ 1´272.507) —daños de la moto-

9. Negar las demás pretensiones de la demanda.

10. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

11. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

12. Sin condena en costas.

Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría devolver el expediente al Tribunal dé origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Marta Nubia Velasquez Rico_Carlos Alberto Zambrano Barrera

Aclara voto

Aclaración de voto

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la providencia mediante la cual se negó la responsabilidad de las demandadas por la privación de la libertad de los señores Mario; Enrique Rincón Contreras y Gladys Mireya González Sánchez, por el delito de extorsión, del cual fueron exonerados, por cuanto obraron bajo insuperable coacción ajena, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del in dubio pro reo.

En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del C. de P.P., pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos cómo aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se de por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o ésta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del in dubio pro reo.

Como se sabe, a medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto, se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del in dubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuándo, a pesar de haberse-recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja la responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues si hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte; entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos, no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de la libertad dispuesta, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cual el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro, a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas .un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado:

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del in dubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar ja injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configure porque es la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquél no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva impuesta no cumple la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, por cuanto, en el sub júdice, la parte actora no tenía que demostrar la ilicitud de las detenciones preventivas que afectaron a los señores Mario Enrique Rincón Contreras y Gladys Mireya Gonzáles Sánchez, toda vez que la justicia penal los exoneró de responsabilidad, ya que obraron bajo insuperable coacción ajena.

Fecha ut supra.

Carlos Alberto Zambrano Barrera

21. Sobre este tema consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

22. Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias proferidas por esta Subsección: -Providencia del 26 de agosto de 2015, radicado No. 200301473 01 (38.649), actor: Ómar Fernando Ortiz y otros, consejero ponente Hernán Andrade Rincón (E).
— Providencia del 25 de junio de 2014, radicado No. 199900700 01 (32.283), actor: Wladimiro Garcés Machado y otros, consejero ponente Hernán Andrade Rincón (E).

23. Folios 392-401 del cuaderno de pruebas 1.

24. Folio 232 del cuaderno de pruebas 1.

25. Sentencias proferidas por la Sección Tercera el 4 de diciembre de 2006, exp 13.168 y el 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, siendo en ambos casos el magistrado ponente Mauricio Fajardo Gómez. El contenido de esas providencias fue reiterado por esta Subsección en sentencia fechada el 27 de marzo de 2014, exp 31.535, magistrado ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera.

26. Folios 12-13 del cuaderno de pruebas 1.

27. Folio 14 del cuaderno de pruebas 1.

28. Folios 11-12 del cuaderno de pruebas 1.

29. Folios 21 del cuaderno de pruebas 1.

30. Folios 76-80 del cuaderno de pruebas 1.

31. Folios 256-263 del cuaderno de pruebas 1.

32. Folios169-186 del cuaderno de pruebas 1.

33. Folio 192 del cuaderno de pruebas 1.

34. Folios 218-228 del cuaderno de pruebas 1.

35. Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784; Magistrado Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra”.

36. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, expediente 38.438, magistrado ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón.

37. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 7 de diciembre de 2016. Expediente 47001-23-31-000-2008-00371-01 (42.841).

38. Folios 44-52 del cuaderno de pruebas 1.

39. Folio 9 del cuaderno principal.

40. Folios 53-56 del cuaderno principal.

41. Folio 53 del cuaderno principal.

42. Folio 54 del cuaderno principal.

43. Folio 54 del cuaderno principal.

44. Folio 55 del cuaderno principal.

45. Folio 57 del cuaderno principal.

46. Folio 58 del cuaderno principal.

47. Folio 486 del cuaderno 3.

48. Folio 86 del cuaderno principal.

49. Folios 88 y 93 del cuaderno principal.

50. Junto con el acta de los derechos del capturado se elaboró el acta de decomiso e inventario motocicleta.

51. Folio 21 del cuaderno de pruebas 1.

52. Folios 66-67 del cuaderno de pruebas 1.

53. Folio 66 del cuaderno de pruebas 1.

54. Folio 68 del cuaderno de pruebas 1.

55. Folios 71-73 del cuaderno de pruebas 1.

56. Folio 72 del cuaderno de pruebas 1.

57. Folios 80-82 del cuaderno principal.

58. Decreto No. 1512 de 2000: “por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones.
“(…).
“Artículo 70. Traslado de Fondo cuenta. Trasládase el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, Fondelibertad, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho al Ministerio de Defensa Nacional, el que continuará funcionando como una cuenta especial, sin personería jurídica, como un sistema separado de cuentas, con el mismo régimen establecido en las disposiciones sobre la materia” (se destaca).

59. Folio 9 del cuaderno principal.

60. Folios 281-292 del cuaderno 2.

61. Original de la cita: “Articulo 4 de la Ley 599 de 2000: Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión”.

62. Original de la cita: “Corte Constitucional. Sentencia C - 1112 de 24 de agosto de 2000: 'La pena tiene en nuestro ordenamiento jurídico un fin preventivo, que se cumple en el momento en que el órgano legislativo establece la sanción que se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones-; un fin retributivo, que se manifiesta al momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanísticos y las normas de derecho internacional adoptadas. Privar al contraventor de la posibilidad de acumular las rebajas de pena que como se señaló, por lo general guardan relación con el desarrollo de actividades edificantes para el interno como el trabajo o el estudio - se traduce en una forma de limitar sus posibilidades de pronta reinserción a la sociedad, coartando tanto el desarrollo de su personalidad que también en estos casos se reconoce plenamente al individuo- como las posibilidades de que el sistema judicial y penitenciario se convierta en verdadera herramienta de control y transformación social”.

63. Original de la cita: “Articulo 83 de la Constitución Política de 1991: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten”.

64. Sentencia de 11 de abril de 2012 expediente No. 23.901 y sentencia de 23 de mayo de 2012 expediente No. 24.861.

65. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente No. 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez:
“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho periodo equivale a 35 semanas (8.75 meses)”.
Original de la cita: “36Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, N° 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22”.

66. Así se expuso en la resolución que resolvió la situación jurídica:

“Quinto: Comunicar al señor alcalde de Garzón proceda a suspender de conformidad con el art. 359 del cargo de secretaria de Salud encargada a Gladys Mireya González Sánchez, como se expone en la parte motiva de la presente decisión”.

67. Folio 108 del cuaderno principal.

68. La copia de la reclamación obra en los folios 94-102 del cuaderno principal.

69. Folios 105-106 del cuaderno principal.

70. Al respecto puede consultarse la sentencia proferida por esta Subsección el 26 de mayo de 2016, Rad. 20010263701 (37683), Actor: Carlos Miguel Quintero Barragán y otros.

71. Original dé la cita: “Radicación No: 05001-23-31-000-1998-00883-01 (1618-03), Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez”.

72. Original de la cita: “En dichas providencia, fechada el 30 de mayo de 2002, la Sala Plena de la Sección Segunda estimó que el camino procesal para reclamar el pago de los salarios dejados de percibir, como consecuencia de la suspensión en el cargo por orden judicial, era la acción de reparación directa, incoada en contra de la entidad que ordenó la mencionada suspensión”.

73. Original de la cita: “Radicación número: 25000-23-25-000-2003-05439-01(0090-09), Consejero ponente: Dr. Alfonso Vargas Rincón. En igual sentido puede consultarse la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección 8 el 3 de septiembre de 2009, Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01739-01(2391-07), Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila”.

74. Original de la cita: “Sentencias de 6 de marzo de 1997, expediente 12.310, Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, y de 25 de enero de 2007, expediente 1618-03, Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez”.

75. Original de la cita: “En igual sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 29 de mayo de 2013, Exp. 29.462”.

76. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, radicado No. 250002326000200301148 01 (40.182), sentencia de 12 de mayo de 2016, M.P. Hernán Andrade Rincón.

77. Esta Subsección ya se pronunció de manera similar en un caso de reparación directa por privación de la libertad. En aquella oportunidad se negó la indemnización del lucro cesante por la misma razón expuesta en esta providencia: el empleador de la persona que estuvo detenida se negó a pagar unos salarios, decisión que debió cuestionarse vía nulidad y restablecimiento del derecho. Se trató del siguiente caso: Sentencia del 22 de febrero de 2017, expediente No. 4400-12-33-1000-2003-00832-01 (45.128).

78. Las copias auténticas de los registros civiles obran entre los folios 40-47 del cuaderno principal.

79. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E). Actor: José Delgado Sanguino y otros. Demandada: La Nación — Rama Judicial.

80. Folio 31 del cuaderno principal.

81. “(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (...) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (...) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (...)” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y exp. 31170. M.P. Enrique Gil Botero.

82. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero y exp. 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

83. Folio 48 del cuaderno principal.

84. Sentencia proferida el 10 de septiembre de 2014 por la Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicación número: 73001-23-31-000-2002-01402-01(30875).

85. Folio 48 del cuaderno principal.

86. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, Expediente: 32.988, Radicación: 05001-23-25-000-1999-01063-01, Actor: Félix Antonio Zapata y otros.