Sentencia 2005-12237/54900 de noviembre 15 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-2005-12237-01(54900)

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Actor: Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Demandado: Jesús Antonio Pedroza Sánchez

Referencia: acción de repetición

Temas: Acción de repetición - Régimen legal aplicable en hechos ocurridos antes de la Ley 678 de 2001. Copias simples - Valor Probatorio. Sentencia del proceso de responsabilidad del Estado - Se valora como una prueba documental. Prueba trasladada - Tiene valor probatorio si cumple los requisitos del artículo 185 del CPC. Prueba trasladada - Valoración del fallo disciplinario en los procesos de repetición. Artículo 142, inciso 3º del CPACA - No es aplicable al caso por mandato del artículo 308 del mismo código. Dolo y culpa grave del servidor público - Antes de la Ley 678 de 2001. Carga de la prueba en repeticiones antes de la Ley 678 de 2001 - Le corresponde a la entidad demandante. Conducción de vehículo oficial en estado de embriaguez - Violación de normas de tránsito. Conducción de vehículo oficial en estado de embriaguez y de manera imprudente - Culpa grave en acción de repetición. Condena en repetición - La entidad demandante puede repetir, en todo o en parte, contra el servidor público.

Bogotá, D. C., quince de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 78 del CCA y el inciso 1º del artículo 7º de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7º de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.

Acción procedente

2. La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 C.N., arts. 77, 78 y 86 CCA. y el inciso 1º del art. 2º de Ley 678 de 2001).

Caducidad

3. El término para formular pretensiones en acciones de repetición, es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el numeral 9º del artículo 136 del CCA, norma vigente para la época en que empezó a contarse el término de caducidad, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4º del artículo 177 del CCA.

La demanda se interpuso en tiempo -29 de septiembre de 2005- porque la condena fue pagada el 16 de febrero de 2004, según los comprobantes de egreso Nº 2584 y 2585 proferidos por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional [núm. 15], es decir, aún no habían vencido los dos años para su interposición.

Legitimación en la causa

4. La demandante, Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que pagó una condena derivada de una sentencia.

Jesús Antonio Pedroza Sánchez está legitimado en la causa por pasiva, pues es el exservidor público que, según la demanda, con su conducta gravemente culposa o dolosa dio lugar a la indemnización por parte del Estado, proveniente de una condena.

Jesús Antonio Pedroza Sánchez era servidor del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, vinculado por Resolución 6924 de 1994 y retirado del servicio por Resolución 2240 del 29 de julio de 1997, según da cuenta la copia simple de la hoja de servicios Nº 7961379 (fl. 13 c. 3).

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se reúnen los requisitos para la procedencia de la acción de repetición y si la conducta del demandado fue dolosa o gravemente culposa.

II. Análisis de la Sala

5. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera en fallo de unificación(2), consideró que tenían mérito probatorio.

6. Como las providencias son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos(3), la sentencia que declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por las lesiones sufridas por Sabina Nova Correa, el 31 de octubre de 2002, será valorada.

7. Las pruebas del informativo disciplinario y la Resolución del 11 de abril de 1996 que sancionó disciplinariamente, con multa al agente Jesús Antonio Pedroza Sánchez, acto confirmado por la Resolución del 14 de mayo de 1996, serán valoradas como prueba trasladada, en los términos del artículo 185 del CPC, porque el demandado fue parte proceso disciplinario y las pruebas allí practicadas le son oponibles, porque se realizaron con su audiencia(4).

Régimen jurídico aplicable

8. El artículo 308 del CPACA dispone que ese código se aplica a los procesos iniciados después de su vigencia, esto es, el 2 de julio de 2012 y que las actuaciones en trámites anteriores a esa fecha continuarán rigiéndose por la normativa vigente entonces. Como este proceso inició antes del 2 de julio de 2012, no es posible aplicar el inciso 3º del artículo 142 del CPACA al caso, como lo solicitó la demandante en su recurso de apelación.

9. El régimen vigente aplicable a la acción de repetición, para la época de los hechos por los cuales fue condenada la entidad demandante, 3 de agosto de 1995, esto es la fecha en la que resultó lesionada Sabina Nova Correa, era la Constitución Política de 1991 y los artículos 77, 78 y 86, inciso 2º, del CCA y 63 del Código Civil.

10. La Ley 678 del 3 de agosto de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición.

El artículo 624 del CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, establece que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Como por regla general la nueva norma rige hacia el futuro(5), los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001 continúan sometidos en lo sustancial a la normativa anterior, mientras que en lo procesal se aplica la nueva ley a los juicios de repetición que se encuentren en curso.

Presupuestos para la procedencia de la acción de repetición

11. La Sala tiene determinado(6) que para la procedencia de la acción de repetición, a más de la condición de servidor o exservidor público que ya fue analizada [núm. 4], se requiere: (i) La obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) El pago y (iii) La conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas.

Primer presupuesto: La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante

12. El primer presupuesto para que proceda el medio de control de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo, conforme lo dispone el artículo 90 de la C.N.

13. La obligación de la entidad estatal por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, o por virtud de un resultado adverso a la entidad estatal, derivado de cualquiera de los mecanismos de terminación de conflictos, tal y como lo prevé el inciso 2º del artículo 86 del CCA, modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998.

14. Está acreditado que la entidad pública demandante fue declarada patrimonialmente responsable mediante sentencia judicial que la condenó por las lesiones sufridas por Sabina Nova Correa, en los hechos del 3 de agosto de 1995.

En efecto, el 31 de octubre de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la condenó a pagar $42´451.782, según da cuenta la copia simple de esa providencia (fls.14 a 27 c. 3).

Segundo presupuesto: El pago

15. Está acreditado que la entidad pública demandante pagó la condena impuesta en la sentencia del 31 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con apoyo en los siguientes medios de prueba:

15.1. El 1º de diciembre de 2003, el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional liquidó la condena en $42´451.782, por concepto de capital, según da cuenta el original de la Resolución 00501 de esa fecha (fls. 6 a 9, c. 3).

15.2. El 16 de febrero de 2004, la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional ordenó el pago de $42´451.782, así: $29´716.247 a Sabina Nova Correa y $12´735.534 a Juan Carlos Rojas Amorocho, apoderado de aquella, según da cuenta copia auténtica de los comprobantes de egreso Nº 2584 y 2585 de esa fecha (fls. 10 a 11, c. 3). La Resolución 00501 de 2003 da cuenta que Juan Carlos Rojas Amorocho fue el apoderado de Sabina Nova Correa.

15.3. El 16 de febrero de 2004, la entidad demandante consignó $29´716.247 en la cuenta bancaria de Sabina Nova Correa y $12´735.534 en la cuenta bancaria de Juan Carlos Rojas Amorocho, según da cuenta las copias auténticas de los comprobantes de consignación de los Bancos Davivienda y Granahorrar (fls. 10 a 11, c. 3).

Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente

16. Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es el anterior a la Ley 678 de 2001, no hay lugar a aplicar las presunciones legales allí previstas, sino que la entidad demandante tiene la carga de acreditar que la conducta del servidor público es dolosa o gravemente culposa, lo que supone un juicio de valor de su conducta para determinar su responsabilidad patrimonial.

En estos eventos, la Sala(7) ha recurrido, para definir los conceptos de dolo y culpa grave, al artículo 63 del Código Civil. A partir de lo prescrito por esta norma, la culpa es la conducta reprochable del autor por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio(8).

17. El criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no vincula al juez de repetición(9), pues el hecho de que exista una sentencia condenatoria contra el Estado no equivale automáticamente al dolo o culpa grave del servidor público, sino que en el proceso de repetición se debe valorar su conducta.

18. El 11 de abril de 1996, el Comandante Departamental de la Policía de Cundinamarca sancionó disciplinariamente con multa de $199.999 al agente Jesús Antonio Pedroza Sánchez, pues lo encontró responsable de infringir los numerales 8º, 11, 40, literal b, del artículo 39 del Reglamento de Disciplina y Ética de la Policía Nacional al ausentarse del lugar donde debía prestar servicios, utilizar sin autorización un vehículo oficial de la institución, conducirlo de manera imprudente y lesionar a Sabina Nova Correa, según da cuenta copia simple del acto administrativo (fls. 29 a 35 c. 3).

Como esta providencia puede ser valorada como prueba traslada [núm. 7], la Sala se valdrá de los medios de prueba que sirvieron de fundamento para sancionar disciplinariamente al demandado, que resultan relevantes para estudiar la conducta del agente.

19. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

19.1. El 3 de agosto de 1995, Jesús Antonio Pedroza Sánchez, agente de la policía, atropelló con en vehículo oficial a Sabina Nova Correa, según da cuenta el croquis del accidente referido en el informativo disciplinario de 11 de abril de 1996 (fl. 59 c. 3).

19.2. El 11 de abril de 1996, el Comandante Departamental de la Policía de Cundinamarca sancionó disciplinariamente al demandado por incumplir el Código de Disciplina y Ética de la Policía Nacional, según da cuenta copia simple del acto administrativo (fls. 29 a 35 c. 3).

20. En el ámbito de la responsabilidad administrativa, la conducción de vehículos automotores ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa y, por consiguiente, debe analizarse desde la perspectiva de un régimen objetivo de responsabilidad(10).

De ahí que, bastará probar la realización del riesgo creado y la relación de causalidad entre éste y el daño para imputar responsabilidad y la administración solo se exonerará si se acredita una causa extraña, esto es, fuerza mayor o el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.(11) Sin embargo, cuando se estudia la responsabilidad del agente –vía llamamiento en garantía o repetición– es preciso evaluar su conducta a la luz del régimen jurídico aplicable.

21. Frente al comportamiento del agente demandado, está acreditado que:

21.1. El soldado Jesús Antonio Pedroza Sánchez ingirió bebidas alcohólicas el día del accidente, según da cuenta examen de alcoholemia cuyo resultado arrojó que se encontraba en segundo grado, prueba referida en el informativo disciplinario de 11 de abril de 1996 (fl. 59, c. 3).

21.2. El soldado Jesús Antonio Pedroza Sánchez sustrajo el vehículo sin autorización, pues para la fecha del accidente tenía asignadas la ejecución de algunas labores de archivo, relacionadas con “adelantar unos folios de vida que estaban atrasados”, según da cuenta la declaración rendida por del soldado Mauricio Rocha Pedraza, compañero de grupo del demandado para el momento de los hechos (fl. 97 c. 2).

Lo dicho por el testigo merece credibilidad, pues corresponde a su conocimiento directo, dado que se encontraba en las instalaciones militares y presenció de manera directa la orden que debía cumplir el demandado.

21.3. Jesús Antonio Pedroza Sánchez, durante la prestación del servicio, condujo un vehículo oficial, en estado de embriaguez por el cual invadió la acera por la que se desplazaba Sabina Nova Correa, según da cuenta el croquis referido en el informativo disciplinario de 11 de abril de 1996 (fl. 59, c. 3).

En el mismo sentido Hernando Rodríguez Bastidas (fl. 99, c. 2), en el trámite del proceso disciplinario, y Epifanio Moreno Peñuela (fl. 58, c. 3), en el informativo disciplinario de 11 de abril de 1996, testigos presenciales, declararon que el accidente se produjo por la imprudencia del conductor, pues no redujo la velocidad al doblar la esquina, motivo por el cual invadió la acera y atropelló a la señora Nova Correa.

Estos testimonios merecen credibilidad, porque provienen de personas que presenciaron el accidente y su dicho es coincidente frente a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos, relativas a que el demandado conducía un vehículo con el cual de forma imprudente produjo el accidente.

En la misma línea el acto administrativo de sanción proferido por el Comandante Departamental de la Policía de Cundinamarca, concluyó:

[…] Teniendo en cuenta el diagnóstico de embriaguez realizado a los patrulleros [Pedroza Sánchez] y el croquis del accidente se concluye plenamente que el día 030895, el patrullero Jesús Antonio Patricio Sánchez conducía un camión, en estado de embriaguez, sin contar con el permiso para ello (…) causándole lesiones a la señora Sabina Nova Correa, además, causándole considerables daños al camión. […] (fl. 59 c. 3).

22. Con su conducta el demandado infringió los numerales 7º, 11, 40, literal b, del artículo 39 del Código de Disciplina y Ética de la Policía Nacional, Decreto 2584 de 1993, vigente en la época del accidente y los artículos 109, 138.3, 218 y 224 del Decreto 1344 de 1970, Código de Tránsito entonces vigente, pues no tomó las precauciones necesarias al aproximarse a un cruce y a la acera y el exceso de velocidad y el estado de embriaguez le impidieron controlar el vehículo que conducía y motivo por el cual arrolló a la transeúnte.

El desconocimiento de los preceptos del tránsito por el demandado no solo revela que desacató la ley, sino que violó el deber objetivo de cuidado, porque incrementó y materializó injustificadamente los peligros inherentes a la conducción. Así, actuó con culpa grave pues no previó los efectos nocivos de su acto habiendo podido preverlos o a pesar de haberlos previsto confió imprudentemente en poder evitarlos.

Como las lesiones sufridas por Sabina Nova Correa son imputables a Jesús Antonio Pedroza Sánchez a título de culpa grave, hecho por el cual la Policía Nacional fue declarada patrimonialmente responsable y condenada a reparar perjuicios, se revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, se accederá a las pretensiones.

La condena

23. Según lo previsto por el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, la entidad demandante puede repetir, en todo o en parte, contra el servidor público por lo que le correspondiere.

Como la entidad demandante pagó la suma de $42´451.782 por la condena que le fue impuesta en la sentencia del 31 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y no se acreditó en este proceso que la actuación del agente concurrió con una acción u omisión del Estado, se condenará a Jesús Antonio Pedroza Sánchez a reintegrar la totalidad de la suma pagada por la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

Se actualizará el valor de lo pagado por la entidad demandante, de conformidad con la siguiente fórmula:

Vp = Vh x índice final_

índice inicial

Donde:

Vp = $42´451.782 132,69 (octubre de 2016)

77,62 (febrero de 2004)

VP = $72´570.561

24. Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 28 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a Jesús Antonio Pedroza Sánchez, a título de culpa grave, por la condena impuesta a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional en la sentencia del 31 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las lesiones sufridas por Sabina Nova Correa el 3 de agosto de 1995.

2. CONDÉNASE a Jesús Antonio Pedroza Sánchez a reintegrar la suma de setenta y dos millones quinientos setenta mil quinientos sesenta y un pesos ($72´570.561), a favor de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

3. FÍJASE el plazo de seis (6) meses para el cumplimiento de esta sentencia, a partir del día siguiente a su ejecutoria.

4. Sin condena en costas.

5. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias según lo previsto en el estatuto procesal civil vigente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022. El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24.844.

4 De conformidad con el artículo 185 del CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. También pueden ser valoradas cuando son allegadas a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en aquella, o cuando las dos partes lo solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de abril de 2004, Rad. 13.067).

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 13 de agosto de 1982, Rad. 5.650 y Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42.183.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, Rad. 39.404.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre del 2007, Rad. 29.222 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42.183.

10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, Rad. 14.780.

11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de agosto de 2009, Rad. 17.118.