Sentencia 2005-20241 de abril 4 de 2013

 

Sentencia 2005-20241 de abril 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 50001-23-31-000-2005-20241-01(0647-10)

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Saúl Romero Morales

Demandado: Municipio de Villavicencio y Secretaría de Educación de Villavicencio

Autoridades municipales

Bogotá D.C., cuatro de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación, en primer lugar le corresponde a la Sala precisar si acaeció el fenómeno de caducidad para el ejercicio de la presente acción, frente a los actos administrativos que dispusieron el encargo del docente Saúl Romero Morales como rector de la institución educativa y los recursos que se resolvieron frente a la anterior decisión.

En segundo lugar la Sala determinará si es procedente acumular las pretensiones contenidas en el escrito de la demanda inicial con lo pretensiones contenidas en la adición de la demanda dirigidas a que declarar la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se dio la terminación del encargo y la orden de traslado al docente.

De ser procedente la acumulación de las anteriores pretensiones procederá la Sala analizar sobre la legalidad de los actos administrativos por medios de los cuales se dio por terminado el encargo y se dio la orden de traslado.

Para resolver el primer planteamiento del problema jurídico se deben destacar los actos administrativos relacionados con el encargo realizado al docente como rector de la institución educativa del orden territorial, contenidos en las siguientes resoluciones:

• La Resolución 2382 de 29 de diciembre de 2003 “Por la cual se hace un encargo”, expedida por el alcalde y el secretario de servicios administrativos. En la parte resolutiva del acto administrativo se lee:

“ART. 1º—Terminar la asignación de funciones realizada mediante la Resolución 873 de 2002, al docente Saúl Romero Morales; ART. 2º—Encárguese al licenciado Saúl Romero Morales identificado con la cedula de ciudadanía 19.334039, del cargo de rector de la Institución Educativa Abraham Lincoln del municipio de Villavicencio; ART. 3º—El directivo docente tiene derecho a percibir el sobresueldo como rector; ART. 4º—El funcionario debe tomar posesión del cargo; ART. 5º—Una vez finalice el encargo, el docente regresará a su cargo y sitio de trabajo (...)” (fl. 13).

• La Resolución 0216 de 3 de marzo de 2004 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución 2382 de 2003” confirmando en todas sus partes el acto recurrido bajo el argumento de que los docentes, directivos, docentes y funcionarios administrativos que no hayan concursado, se les nombra en provisionalidad, hasta tanto se provean por concurso de méritos los respectivos empleos de carrera, como lo ordena la Ley 115 de 1994 (fls. 36 y 37).

No obstante se profirió el acto administrativo por medio del cual se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 2382 de 2003, esta solo se le notificó de manera personal el 18 de noviembre de 2004 (fl. 27).

Una vez conoció el sentido de la decisión adoptada por la administración al resolver el recurso de reposición, el demandante interpuso el recurso de apelación el 30 de enero de 2004 contra la Resolución 2382 de 2003.

• La Resolución 2 de 11 de enero de 2005 “Por medio de la cual se resuelve recurso de apelación”, bajo el argumento que no es procedente legalmente resolver el recurso interpuesto por el licenciado Saúl Romero Morales ya que era extemporáneo según lo dispuesto en el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo,

Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento frente a los actos administrativos que ordenaron el encargo.

Procede la Sala a analizar si efectivamente acaeció el fenómeno de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente al acto administrativo por el cual se encargó al docente Romero Morales de las funciones de rector de la institución educativa de orden territorial.

Respecto a la caducidad de la acción que originó el presente proceso, se tiene que la parte actora, ahora recurrente, manifiesta que el término para verificar si acaeció la caducidad debe contarse desde que se notificó la última de las resoluciones transcritas, esto es, el 17 de enero de 2005 (fl. 14).

Es del caso advertir que la Resolución 2382 de 2003, se expidió por la máxima autoridad del orden municipal y el secretario de educación del municipio, lo cual hacia que el acto administrativo cobrara fuerza ejecutoria desde el momento de su comunicación al interesado,(1) sin que contra el mismo procediera ningún recurso en vía gubernativa.

No obstante lo anterior, aparece probado que contra el acto administrativo contenido en la Resolución 2382 de 29 de diciembre de 2003 se manifestó la inconformidad del señor Romero Morales, a través de su apoderada judicial, mediante el escrito obrante a folios 76 a 81 en el cual se consignó que interponía el recurso de reposición.

Efectivamente el recurso de reposición, que aunque improcedente, fue resuelto por medio de la Resolución 0216 de 3 de marzo de 2004, confirmando en todas sus partes el acto administrativo recurrido.

La decisión contenida en la Resolución 0216 de 3 de marzo de 2004 se notificó al demandante solo hasta el 18 de noviembre de 2004.

Con posterioridad, a la expedición de la Resolución 0216 de 2004, el señor Romero Morales interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución 2 de 11 de enero de 2005 negando el recurso por extemporáneo.

Por lo hasta aquí expuesto, debe decirse por la Sala que en gracia de discusión es a partir del 18 de noviembre de 2004 que se empezó a contar el término de caducidad de la acción, pues fue en esta fecha que el administrado conoció de la decisión mediante la cual se confirmó su encargo de las funciones como rector de la institución educativa del orden territorial y es en este momento que la decisión de la administración adquirió firmeza al ser admitido y resuelto el recurso de reposición contra la Resolución 2382 de 2003.

Frente al argumento del recurrente de tenerse en cuenta para contar si acaeció el fenómeno de caducidad la fecha de la notificación adelantada el 17 de enero de 2005 del contenido de la Resolución 002 de 2005 por medio de la cual se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación, debe decir la Sala que como lo anotó el tribunal de primera instancia, en gracia de discusión, debió interponerse el recurso de apelación de manera concurrente con el recurso de reposición de forma directa o subsidiaria dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión que no comparte, tal como lo establece el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo y no de forma sucedánea al resultado del recurso de reposición, es decir por fuera del término.

En este orden de ideas, el que la administración haya resuelto a través de la Resolución 2 de 11 de enero de 2005, rechazar el recurso de apelación por extemporáneo, al ser interpuesto por el actor el 24 de octubre de 2004, no lo habilita para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para dirimir la legalidad del encargo, pues el término de 4 meses se encontraba vencido en exceso.

La Sala insiste en que no puede afirmarse válidamente que quien resulte afectado con un acto pueda prorrogar el término de caducidad de la acción mediante la interposición extemporánea de los recursos de la vía gubernativa.

De tal suerte que el recurso de apelación no tenía la virtualidad de ampliar el término para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues se anota que el recurso que se interpone en sede administrativa que resulta improcedente por extemporáneo se tiene por no presentado, como se anotó por esta corporación en fallo de 23 de noviembre de 2006. Expediente 13654, C.P. Dra. Ligia López Díaz, en el se manifestó:

“Es pertinente resaltar que los términos procesales son perentorios e improrrogables y no son susceptibles de ser establecidos a voluntad de los sujetos procesales, sino en virtud de los supuestos previstos en las normas que los regulan, normas que obligan tanto a la administración como a los administrados, de modo que no son de recibo las maniobras de una u otra parte tendientes a eludirlos, de allí que la jurisdicción sancione con la nulidad de los actos cuando aquellas provienen de la administración.

Igualmente se puede afirmar que los afectados con los actos no pueden prorrogar el término de caducidad de la acción mediante la interposición extemporánea de los recursos de la vía gubernativa. Más cuando el rechazo de los recursos equivale a su no presentación, según lo ha establecido esta jurisdicción, y que la decisión de rechazo de suyo no modifica ni confirma el acto recurrido, pues nada decide de fondo, luego no se integra al mismo, de modo que cuando ese rechazo obedece a su extemporaneidad y así se le hace saber al interesado mediante la notificación del acto de respectivo, se entiende que el término de caducidad se debe contar desde la notificación del acto definitivo”(2).

Siendo así se reitera por la Sala que la fecha en la que empieza a contar el término en el que se encontraba facultado el demandante para ejercer la acción es el 18 de noviembre de 2004, fecha en la que el señor Romero Morales se le notificó de la resolución por la cual se confirmó el encargo realizado como rector de la institución educativa del orden territorial, es decir, resuelto el recurso de reposición, por lo que debió acudir a esta jurisdicción antes del 19 de marzo de 2005 y no el 6 de mayo de 2005, como efectivamente lo hizo, por lo anterior es indudable que para la fecha de presentación de la demanda el término de caducidad se encontraba ampliamente superado.

Por lo expuesto, no es posible que la Sala realice un pronunciamiento de fondo respecto de la legalidad de las resoluciones 2382 de 2003; 0216 de 2004 y 002 de 2005, por ende confirmará la decisión del tribunal de primera instancia que declaró probada la excepción de caducidad.

Acumulación de pretensiones contenidas en la demanda y en la adición de la misma

Ahora bien, para resolver el segundo planteamiento del problema jurídico referente a la procedibilidad de acumular las pretensiones de la demanda inicial con las pedidas con posterioridad en la adición, estas últimas dirigidas a declarar la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se dio por terminado el encargo de las funciones desempeñadas y la orden de traslado al docente, deben hacerse las siguientes precisiones:

Actos demandados:

• La Resolución 1977 de 12 de octubre de 2005.

“Por la cual se termina el encargo de rector docente pago a través del sistema general de participaciones”, mediante esta resolución se dio por terminado el encargo de las funciones de rector de la institución educativa y la orden al funcionario para que regresara a su cargo de docente una vez llegara su remplazo.

Contra la anterior decisión se interpuso en tiempo y de forma simultánea los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, los que se resolvieron a través del siguiente acto administrativo:

• La Resolución 3101 de 3 de noviembre de 2005.

“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición y de apelación”. Este acto administrativo decidió rechazar por improcedentes los recursos interpuestos por el docente Saúl Romero Morales.

También se demanda el acto administrativo contenido en la siguiente resolución:

• La Resolución 2149 de 1º de noviembre de 2005.

“Por medio de la cual se efectúa el traslado a un docente del sistema general de participaciones”, expedida por el secretario de educación del municipio. Este acto administrativo contiene la orden de traslado del docente Saúl Romero Morales pago a través del sistema general de participaciones de la Institución Educativa Abraham Lincoln para la Institución Educativa Técnico Industrial del municipio de Villavicencio.

Contra la anterior decisión el actor interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos por la administración a través del siguiente acto administrativo.

• La Resolución 1 de 6 de enero de 2006.

“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 2149 de 2005” a través de la cual el secretario de educación del municipio de Villavicencio rechazó por improcedente los recursos en vía gubernativa.

El Tribunal Administrativo del Meta en el fallo objeto del recurso de alzada, considero que había una indebida acumulación de pretensiones en el escrito de la adición de la demanda, bajo el argumento que los actos administrativos demandados no conforman una unidad jurídica objeto de enjuiciamiento y que los argumentos del actor van encaminados a cuestionar los actos que terminaron el encargo y por ende negaron la incorporación en propiedad y de manera automática como directivo docente.

La Sala considera que no le asiste la razón al a quo al declarar la indebida acumulación de pretensiones, por cuanto el actor pretende la nulidad de todos los actos expedidos por la administración referidos a la desvinculación del cargo de director docente en las instituciones educativas del municipio de Villavicencio, así aunque el último acto demandado se refiera a la traslado realizado entre las instituciones educativas del mismo municipio esta decisión se tomó como consecuencia de la separación del ejercicio de las funciones de rector de la Institución educativa Abraham Lincoln.

Legalidad de los actos administrativos que dispusieron la terminación del encargo y el traslado del docente

Ahora bien, para controvertir la legalidad de los actos administrativos trascritos en el presente acápite, el demandante argumentó que el municipio desconoció el principio de irretroactividad de la ley al aplicársele la Ley 715 de 2001.

De igual forma, afirmó que la entidad demandada al disponer de su cargo con la excusa de que era necesario proveerlo por virtud del concurso adelantado a nivel nacional, incurrió en falsa motivación pues dicho suceso ocurrió por militar en un partido político diferente al alcalde del municipio.

Así las cosas, pasará la Sala a analizar la legalidad de los actos acusados en el escrito de adición de demanda refiriendo en primer término la normatividad relacionada con la facultad de la administración para disponer de la planta de personal de las Instituciones educativas del orden territorial entre los que se encuentran los cargos de docentes y directivos docentes del municipio.

Marco normativo y jurisprudencial

La Ley 715 de 2001, desarrolló el Acto Legislativo 01 de 2001, asignando la competencia tanto a la Nación como a las entidades territoriales de la prestación del servicio de educación; así mismo, reguló el sistema general de participaciones y la incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos de las plantas(3).

En la misma ley se dispuso que los departamentos, los distritos y los municipios contaban con la autonomía para administrar instituciones de educación, personal docente y administrativo de planteles educativos, siempre que se encontraran certificados por el Ministerio de Educación Nacional(4).

En el caso concreto el municipio de Villavicencio, Meta, aduce que fue certificado por el Ministerio de Educación Nacional, y por ende, tiene la competencia para nombrar los docentes de su región.

A folios 80 y 83 del expediente, se manifestó que el municipio de Villavicencio fue certificado por el Ministerio de Educación Nacional, por haber cumplido los requerimientos técnicos que le permiten asumir de forma directa la administración y la prestación del servicio educativo.

Es así que con la certificación otorgada al municipio, dicha entidad territorial está facultada para la prestación autónoma del servicio de educación y la administración del mismo, incluyendo la disposición de los cargos de docentes y directivos docentes.

Asimismo, se resalta que la Resolución 1977 de 2005 en su parte considerativa expuso que “la administración municipal mediante los decretos 227 y 305 de 2004 convocó a un concurso público para proveer los cargos vacantes de docentes y directivos docentes de la instituciones educativas del municipio de Villavicencio, por tanto se hace necesario nombrar en periodo de prueba a los rectores del listado de elegibles según Decreto 101 de 2005”.

Así se insiste que el municipio se encontraba facultado para proveer dichos cargos con quienes superaron el concurso docente, sin que puedan primar los derechos de quien venía desempeñando el cargo de directivo docente sobre los docentes que aprobaron y superaron el concurso de meritos.

En conclusión, a la fecha de expedición del acto acusado, Resolución 1977 de 2005, referente a la terminación del encargo de las funciones como rector de la Institución Educativa Abraham Lincoln del municipio de Villavicencio, el municipio tenía la competencia para tomar estas medidas administrativas en aras de la continuidad del servicio educativo, en consecuencia, no le asiste la razón al demandante hoy recurrente al afirmar que la administración municipal no se encontraba facultada para disponer del cargo de directivo docente que venía desempeñando en encargos sucesivos que se originaron desde administraciones anteriores a la que dictó los actos acusados(5).

En este punto de la providencia, es pertinente destacar que la facultad de nombrar, remover, otorgar licencias, permisos, comisiones, vacaciones, así como trasladar a los funcionarios que pertenecían a la planta de personal docente, directiva docente y administrativa estaba en cabeza de la Secretaría de Educación del municipio de Villavicencio, por virtud de la delegación que hizo el alcalde del municipio de Villavicencio por medio del Decreto 03 de junio de 2004(6) (fls. 212).

Por lo anterior, es claro que quien dictó los actos administrativos contenidos en las resoluciones 1977 y 2149 de 2005, era quien estaba facultado para expedirlos de conformidad con las facultades delegadas a la Secretaría de Educación del municipio de Villavicencio.

Respecto a la orden de traslado a otra institución educativa del mismo municipio como docente, la cual se dio a través de la Resolución 2149 de 2005 (fl. 83), se tiene que no se probaron las afirmaciones relacionadas con que la disposición del cargo de directivo docente obedeció a la militancia del docente en un partido político diferente al del alcalde del municipio.

De otra parte, cabe resaltarse que como ya lo ha precisado esta corporación, el traslado es expresión de lo que se conoce como ius variandi, que consiste en la facultad que tiene el empleador de alterar las condiciones de trabajo en cuanto a modo, lugar, cantidad y tiempo de labor, en virtud del poder subordinante que tiene sobre sus trabajadores.

El uso de este poder no es ilimitado pues debe ejercerse dentro del marco normativo establecido por la Constitución Política, según la cual el trabajo debe desarrollarse en condiciones dignas y justas y acatando los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la Carta.

La jurisprudencia tradicionalmente ha sostenido que “la movilidad del personal no es una facultad del empleador, unilateral y omnímoda, puesto que no se puede disponer del trabajador como si fuera una máquina o una mercancía, ya que él “echa, como las plantas, sus propias raíces”. Es evidente que el trabajador tiene un legítimo derecho a la inamovilidad, que le permite organizar su vida personal, social y familiar sin trastornos innecesarios”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Primera, sent. de nov. 16/81, M.P. Fernando Uribe Restrepo).

La Corte Constitucional, en Sentencia T-503 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz, manifestó al respecto:

“La jurisprudencia de esta corporación sobre los alcances y límites del ius variandi fue sentada en la Sentencia T-407 de 1992,(7)en la que se consideró el conflicto entre este derecho del empleador, y el del empleado a un trabajo en condiciones dignas y justas, en los siguientes términos:

“Consiste el ius variandi en la facultad que tiene el patrono de alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo de trabajo y ello en virtud del poder subordinante que ejerce sobre sus trabajadores. Su uso estará determinado por las conveniencias razonables y justas que surgen de las necesidades de la empresa y que de todas maneras, según lo tiene establecido la doctrina y la jurisprudencia, habrá de preservarse el honor, la dignidad, los intereses, los derechos mínimos y seguridad del trabajador y dentro de las limitaciones que le imponen la ley, el contrato de trabajo, la convención colectiva y el reglamento de trabajo.

(...)

En la Sentencia T-483 de 1993,(8) se añadió que el carácter público o privado del empleador no constituye, por sí solo, justificación suficiente para diferenciar los alcances y límites del ius variandi en uno u otro caso; además, que las circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su salud y la de sus allegados, la conducta que ha venido observando y el rendimiento demostrado, entre otros aspectos, son temas constitucionalmente relevantes en la decisión del empleador de ordenar el traslado, y en la del juez de tutela sobre la amenaza o violación de los derechos fundamentales del empleado en que aquel pudo haber incurrido:

“No se trata tan solo de que se defienda institucionalmente la posibilidad y la obligación de alcanzar una ubicación laboral y de permanecer en ella, sino de un concepto cualificado por la Constitución que se relaciona con las características de la vinculación laboral y con el desempeño de la tarea que a la persona se confía en lo referente al modo, tiempo y lugar en que ella se cumple, todo lo cual tiene que corresponder a la dignidad del ser humano y realizar en el caso concreto el concepto de justicia.

“De acuerdo con la Constitución Política de 1991, la relación laboral no puede ser —jamás ha debido serlo— aquella que se genera entre quien busca un objetivo y uno de los medios que utiliza para lograrlo.

“El patrono —oficial o privado— no puede hoy tomar al trabajador apenas como un factor de producción, lo que sería humillante e implicaría una concepción inconstitucional consistente en la pura explotación de la persona. Ha de reconocerle su individualidad y tener en cuenta el respeto que demandan su naturaleza y necesidades. Debe comprender, asimismo, que de la persona del trabajador dependen otras y que cada acto que lo involucra, en bien o en mal, repercute necesariamente en su familia”.

También en esa sentencia, tras recordar que “grave error es el de negar la protección judicial impetrada aludiendo a un medio de defensa judicial que recae sobre objeto distinto del que dio lugar a la demanda de tutela”,(9) se consideró la procedencia de la tutela para reclamar condiciones laborales dignas y justas, y se afirmó que:

“Entiende la Corte que en estos casos y en relación específica con la cabal aplicación de la norma constitucional, el medio legal puede surtir sus efectos apenas en el terreno de la relación laboral a la luz de las disposiciones de la misma jerarquía aplicables a ella, pero carecer de aptitud y suficiencia para garantizar la certeza del derecho fundamental considerado en sí mismo. Esto es precisamente lo que debe evaluar el juez de tutela con el fin de hacer efectiva la garantía constitucional, concediendo la protección de manera definitiva si del análisis resulta que no hay otro medio de defensa judicial, o transitoria, con el objeto de evitar un perjuicio irremediable, cuando a pesar de existir aquel, verificada la situación concreta del peticionario, ello se haga menester en guarda del derecho fundamental.

“En ese orden de ideas, frente a un acto administrativo de traslado o cambio del lugar de trabajo, si él se analiza bajo la óptica del artículo 25 de la Constitución, bien puede acontecer que, pese a la discrecionalidad legal invocada por el patrono en ejercicio del jus variandi, las condiciones nuevas en las cuales habrá de actuar el trabajador en el lugar que para continuar laborando se le ha señalado, no sean dignas y justas, evento en el cual el acto correspondiente puede ser objeto de tutela transitoria, para inaplicarlo al caso concreto, mientras se decide de fondo sobre su validez.

“En todo caso, debe recordarse que los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones, y también los particulares, no están sujetos únicamente a la ley sino también y primordialmente a la Constitución (C.N., arts. 4º, 6º y 123). Por tanto, no pueden consultar tan solo la preceptiva legal sino que deben ajustarse íntegramente a los principios y mandatos constitucionales”.

En la Sentencia T-483 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández, la Corte Constitucional, respecto al ius variandi sostuvo:

“El derecho al trabajo en el Estado social de derecho. Las condiciones laborales dignas y justas.

Cuando la Constitución declara en su artículo 1º que Colombia es un Estado social de derecho otorga sentido nuevo a la integridad del orden jurídico: le imprime un carácter dinámico y le señala derroteros más amplios y ambiciosos.

Como lo ha reiterado la jurisprudencia, no se trata de palabras vanas o sin contenido, sino de una verdadera reestructuración de los criterios que deben informar el ser y la actividad del Estado, la función y la dinámica del derecho, respecto del cual la nueva concepción institucional amplía de manera considerable las perspectivas desde las cuales se lo interpreta y se lo aplica.

El trabajo es uno de los valores esenciales de nuestra organización política, tal como lo declara el preámbulo de la Constitución y lo reafirma su artículo 1º al señalarlo como uno de los fundamentos del Estado social de derecho.

Como ya lo dijo esta Corte, el mandato constitucional de protegerlo como derecho-deber afecta a todas las ramas y poderes públicos y tiende al cumplimiento de uno de los fines primordiales del Estado: el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes plasmados en la Constitución, particularmente los que, para el caso del trabajo, se derivan del esfuerzo y la labor del hombre (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sent. de mayo 29/92. Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero).

Se protege el trabajo como derecho fundamental en todas sus modalidades y se asegura el derecho de toda persona a desempeñarlo en condiciones dignas y justas (C.N., art. 25)”.

El Consejo de Estado no ha sido ajeno a estos postulados y en diversas ocasiones ha reiterado que la facultad del empleador para trasladar a sus trabajadores está limitada por los principios laborales fundamentales del artículo 53 de la Constitución Política(10) y que el empleador para ejercer el ius variandi no tiene una potestad absoluta pues, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, ese poder está determinado por las conveniencias razonables y justas que surgen de las necesidades de la empresa y de todas maneras habrán de preservarse el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador(11).

Esta Sección, en Sentencia 1204-01 de 3 de julio de 2003, actora Yazmina del Socorro Vergara, M.P. Jesús María Lemos Bustamante, manifestó:

“Si bien es cierto que el empleador tiene facultad para organizar el trabajo, tal poder no puede utilizarlo en forma absoluta para desmejorar al trabajador ni menos como instrumento de retaliación, porque este derecho empresarial debe atemperarse con la prerrogativa que le asiste al trabajador para que se valore su condición humana que determina la prestación del servicio.

En el caso de la demandante el cambio de lugar, o sea, la llamada “movilidad geográfica” consistió en un traslado no transitorio o temporal sino permanente que, además, implica un cambio en la ciudad de su domicilio o residencia habitual.

La Fiscalía General de la Nación decidió unilateralmente el traslado permanente de su empleada de la ciudad de Cúcuta a un lugar indeterminado de Antioquia sin consulta previa y sin explicación alguna. Este traslado, tal como fue ordenado, de manera unilateral, no tiene soporte probatorio en el plenario respecto a las necesidades del servicio y en tales condiciones no se ajusta al poder ordenador del empleador”.

Así teniendo claro que es el ius variandi, es dable afirmar que en el caso que hoy ocupa a la Sala no se presentó este de forma arbitraria ni vulnerando las garantías mínimas laborales establecidas en el artículo 53 de la Carta Magna, aun más cuando se respeto la calidad de docente en la planta de las instituciones educativas en el mismo municipio de Villavicencio(12).

En este punto es dable referirse a la normatividad aplicable a los traslados de docentes que para la época en que se profirió el acto administrativo acusado, lo era la Ley 715 de 2001, que en materia de traslados, en su artículo 22 dispuso:

“ART. 22.—Traslados. Cuando para la debida prestación del servicio educativo se requiera el traslado de un docente o directivo docente, este se ejecutará discrecionalmente y por acto debidamente motivado por la autoridad nominadora departamental, distrital o del municipio certificado cuando se efectúe dentro de la misma entidad territorial.

Cuando se trate de traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados se requerirá, además del acto administrativo debidamente motivado, un convenio interadministrativo entre las entidades territoriales.

Las solicitudes de traslados y las permutas procederán estrictamente de acuerdo con las necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la composición de las plantas de personal de las entidades territoriales.

El Gobierno Nacional reglamentará esta disposición”.

La anterior disposición fue reglamentada por el Decreto Nacional 3222 de 10 de noviembre de 2003 “Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, en relación con traslados de docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales”. El cual en su artículo 2º estableció que el acto administrativo debía ser motivado y fundado en razones del servicio, en los siguientes términos:

“ART. 2º—Traslados por necesidades del servicio. Cuando para la debida prestación del servicio educativo se requiera el traslado de un docente o directivo docente, la autoridad nominadora efectuará el traslado mediante acto administrativo debidamente motivado. Para todo traslado la autoridad nominadora deberá tener en cuenta las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal.

Los traslados por necesidades del servicio son de carácter discrecional y pueden tener origen en:

a) Disposición de la autoridad nominadora.

b) Solicitud de los docentes o directivos docentes (...)”.

En el sub lite se presentó un ius variandi geográfico en el que la administración trasladó al demandante dentro del mismo municipio de la Institución Educativa Abraham Lincoln para la Institución Educativa Técnico Industrial, tal como quedó consignado en la Resolución 2194 de 2005 obrante al folio 83 del expediente.

Así las cosas, es dable concluir que la administración al realizar el traslado con ocasión a la terminación del encargo del docente Saúl Romero Morales, no contravino la normatividad relacionada con la disposición de los cargos de la planta personal docente dentro del mismo ente territorial, al no contravenir los derechos laborales del actor y hacerlo en ejercicio de su facultad discrecional para la administración de la planta de docentes del ente territorial.

Por lo expuesto, la Sala confirmará parcialmente la decisión apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia de 18 de noviembre de 2009 expedida por el Tribunal Administrativo del Meta, en el cual declaró probada la excepción de caducidad de la acción respecto de los actos acusados en la demanda inicial, esto es, las resoluciones 2382 de 29 de diciembre de 2003; 0216 de 3 de marzo de 2004 y 0002 de 11 de enero de 2005.

2. REVÓCASE los numerales segundo y tercero de la sentencia de 18 de noviembre de 2009 y en su lugar se dispone:

NIEGANSEN las pretensiones contenidas en el escrito de adición de la demanda referidas a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones 1977 de 2005 y 2149 de 2005.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión de la fecha».

(1) En los términos del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo.

(2) Sentencia del 26 de noviembre de 2003. Radicación 13654. Consejera ponente: Dra. Ligia López Díaz.

(3) Artículo 38 de la Ley 715 de 2001.

(4) Artículo 20 de la Ley 715 de 2001.

(5) Sobre la facultad de los entes territoriales de administrar la planta de personal de los departamentos, distritos y los municipios certificados el esta Sección ya tuvo oportunidad de pronunciarse en la sentencia de 22 de mayo de 2008”. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Radicación: 76001-23-31-000-2003-02829-01(1430-06). Actor: municipio de Santiago de Cali.

(6) Documento allegado al expediente en cumplimiento del auto para mejor proveer dictado por el C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve el 17 de octubre de 2012, folios 208 a 213 del cuaderno principal.

(7) M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.

(8) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(9) Sentencia T-441 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(10) Sentencia AC-02461 de 23 de octubre de 2003, actor: Alvaro Borja Murillo, Sección Cuarta, M.P. Ligia López Díaz.

(11) Sentencia AC-10320 de 15 de junio de 2000, actora: Clara Esperanza Asprilla, Sección Quinta, M.P. Darío Quiñónez.

(12) La facultad de trasladar a los docentes dentro del mismo ente territorial por razones del servicios fue estudiado por la Sección Segunda Subsección B. Consejero ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez, en la sentencia del 1º de julio de 2009, Radicación: 27001-23-31-000-2002-01189-01(2604-05), actor: Petrona Delgado Rosero, demandado: municipio de Quibdó.