Sentencia 2005-20405/42228 de junio 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Exp. 42228

Rad. 500012331000200520405 01

Actores: J. C. B. M. y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Naturaleza: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

«EXTRACTOS: Consideraciones

I. Competencia.

10. La Sala es competente para resolver el asunto sub judice. En primer término, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto por el Tribunal Administrativo del Meta, inferior jerárquico de esta Corporación, y en segundo lugar, por tratarse de un asunto con vocación de doble instancia en razón de su cuantía(1).

II. Valoración de ciertos medios de prueba.

11. En vista de las calidades que ostentan varios de los componentes del expediente con el que se decidirá este asunto, previamente la Sala estima necesario advertir que se tendrán en cuenta los documentos presentados en copia simple, en atención a que fueron aportados en las oportunidades legales instituidas para tales efectos, y no fueron tachados de falsedad durante las etapas del proceso, conforme la pauta hermenéutica fijada por la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 28 de junio de 2013(2), acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación(3).

12. De otra parte, la Sala valorará la documentación allegada por la Fiscalía 42 ante los Jueces Penales de Villavicencio, con ocasión de la investigación hecha por la muerte de L. A. P. D. Lo hará, no solo porque su inclusión a este proceso se hizo con audiencia de la parte demandada, que dicho sea de paso, no se pronunció al respecto; también, porque fueron recaudadas por una entidad que hace parte de la persona jurídica demandada (esto es, la Nación), lo que permite indicar que la práctica de estos medios de prueba contó con su intervención(4). Y adicionalmente porque este asunto versa sobre graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, situación que —según lo ha establecido la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado— impone una flexibilización en materia de apreciación y valoración de la prueba por parte del juez de la responsabilidad administrativa. Dicha premisa la expuso en los siguientes términos:

7.4. Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad(5). Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia.

7.4.1. Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas.

7.4.2. Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios(6).

7.4.3. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al respecto ha señalado que en casos de responsabilidad por violación de derechos humanos, el juez goza de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba:

[L]os tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, [y] han evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia(7).

7.4.4. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en casos de violaciones a derechos humanos es el Estado quien tiene el control de los medios para desvirtuar una situación fáctica: “a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio”(8).

7.4.5. Bajo esos mismos presupuestos, en tratándose de casos de desaparición forzada y ejecuciones sumarias, comprendidos como violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana ha manifestado que por el hecho de que el Estado haya consentido tales eventos, el estándar probatorio le es más exigente, y por ello, le asiste una carga probatoria mayor: “La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados”(9).

7.4.6. Por otro lado, es importante señalar que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 175, permite que “cualesquiera otros medios de prueba que sean útiles para el convencimiento del juez” tengan la capacidad de acreditar los hechos objeto del proceso y, por lo tanto, el juez sin tener una tarifa legal(10) podrá acudir a los medios de prueba que crea pertinentes para establecer los hechos de relevancia jurídica del proceso.

7.4.7. En consideración a los criterios de valoración expuestos, la Sala, teniendo en cuenta que el caso presente trata de graves violaciones a los derechos humanos, adecuará los criterios de valoración probatoria a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia efectiva(11).

III. Hechos probados.

13. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes para decidir el presente asunto:

13.1. L. A. P. D. nació el 3 de septiembre de 1972(12) y murió el 14 de mayo de 2003 a las 05:40 horas(13), es decir, cuando tenía treinta años, ocho meses y once días.

13.2. El 14 de mayo de 2003, la justicia penal militar realizó la inspección (acta de inspección de cadáver 272 del 14 de mayo de 2003, fls. 53-57, cdno. 2) de uno de los cadáveres abatidos durante un combate que tuvo lugar en la vereda xxx, del municipio de xxx, y reportado por el personal del “batallón xxx” como una “baja del subversivo FARC en el sitio (…) el 14 de mayo del 2003 con tropas xxx”. Se lo identificó como “N.N.”, un hombre adulto de edad aproximada de “25 a 30 años”, de ocupación “subversivo FARC” y que portaba estas prendas de vestir:

Camisa: Manga corta, marca granizado, color gris claro

Pantalón: Tipo jean marca granizado talla 30

Zapatos: Tipo bota caucho Venus llanera

Correa: (…) color negro, hebilla plateada

Interior: tipo semitanga color gris

Medias: color gris

(…)

Pertenencias: ninguna.

13.3. En la inspección del cadáver, se consignó lo siguiente:

13.3.1. La descripción de las heridas que presentaba el cuerpo:

Descripción de heridas:

Cabeza: Presenta herida abierta con exposición tejido y parte ósea (ilegible) sobre región ioidea (sic) izquierda, igualmente presenta dos heridas (…) una de 2 x 2 cm, otra de 4 x 3 cm otra en región oidea (sic) irregulares sobre la región corno-external en línea media, presenta orificio de 1 x 5 cm con fractura interna sobre región mentoniana lado derecho, presenta cuerpos extraños en su interior sobre región deltoidea izquierda, orificio de 1 x 1 sobre pómulo derecho, orificio de 0.5 x 0.5 sobre región escapular línea media (ilegible), presenta tres (3) orificios de 0.5 x 0.5 y dos de 0.7 x 0.7 sobre región escapular izquierda (ilegible) de piel glúteo izquierdo, orificio de 0.5 x 0.5 sobre la región (ilegible) izquierda, herida abierta con exposición tejido y parte ósea en región eminencia (sic) hipotenal de la pierna izquierda, presenta laceración deguña (sic) tercio medio, antebrazo derecho (ilegible) anterior.

13.3.2. La “descripción de la escena” en donde se efectuó la diligencia, inscrita en estos términos: “stand armas cortas batallón xxx donde se observan dos cuerpos tapados con sábanas azules claras”.

13.3.3. La versión del jefe de inteligencia del “batallón xxx”, conforme a la cual la muerte del occiso se produjo por “combates” en la zona “cuando una patrulla de la unidad xxx entró en contacto armado con bandoleros de la cuadrilla xxx de la ONT-FARC”. También sostuvieron que incautaron armas de fuego, municiones y un equipo de comunicaciones.

13.4. Coherente con lo anterior, el entonces comandante del batallón de infantería xxx aerotransportado “xxx”, teniente coronel J. A. L. V., informó al Juez 15 de Instrucción Penal Militar, a través del documento 0132 BR7-BISER-S2-INT1-252 del 15 de mayo de 2003 (fl. 123, cdno. 1) sobre las circunstancias acontecidas en la vereda xxx del municipio de xxx el 14 de mayo de 2003. Allí el comandante relató, como antecedentes de la operación militar, que desde el 3 de enero de 2003 tuvieron conocimiento de actividades extorsivas llevadas a cabo por la columna móvil “xxx” de las FARC, quienes se asentaban en la mencionada vereda.

Una vez ubicados los “terroristas”, dice el informe, el batallón obró así:

Hechos ocurridos.

Con base en lo anterior se pone en ejecución el desarrollo de la operación Dragón 2 con tropas pertenecientes a esta unidad, al mando del señor ST. G. V. L., quienes hacia las 05:00 horas del día 14 de mayo del 2003, en área rural de la vereda xxx, municipio de xxx, sostiene un combate de encuentro contra terroristas de esta compañía con los siguientes resultados:

1. Terroristas dados baja.

N.N. hombre, 25 a 30 años aproximadamente.

N.N. hombre, 25 a 30 años aproximadamente.

2. Material incautado.

— Fusil AK 47 sin número 01

— Fusil AK 47 Nº 7692 01

— Proveedores para AK 4704

— Granadas de mano M26 02

— Cartuchos calibre 7.62 para AK 47 364

— Radio comunicaciones 2 m Yaesu01

13.5. Otro informe, suscrito por el comandante de la compañía “Cazador 2” del batallón de infantería, subteniente L. G. V., da cuenta de detalles puntuales sobre la operación militar que tuvo lugar entre el 8 y el 18 de mayo de 2003, (copia del “informe de patrullaje ORDOP Nº 021 Dragón II” - fls. 134-137, cdno. 1):

2. Misión.

El comando del batallón de infantería aerotransportado xxx a partir del día 08 22:00-MAY con atacador 2 (…) al mando del señor CT. L. R. W., atacador 3 (…) al mando del señor CT. Z. P. J., cazador 2 (…) al mando del señor ST. G. V. L. y demoledor 1 (…) al mando del señor CT. C. A. J., realizan movimiento táctico motorizado nocturno respectivamente hasta el área de desembarque establecida donde continúan infiltración táctica a pie por las rutas establecidas hacia el objetivo Nº 1 xxx y el objetivo Nº 2 parte alta de xxx cota 1.200, donde desarrolla al máximo la iniciativa de combate y seguridad y/o deseo de acertar, efectuando acciones tácticas ofensivas, como infiltración nocturna, registros ofensivos, puestos de observación, golpes de mano, inteligencia de combate, técnicas individuales y escuadra de combate, garantiza las comunicaciones, con el fin de capturar y/o abatir en caso de resistencia armada a un grupo aproximado de 40 terroristas de la cuadrilla de las ONT-FARC (…) que se encuentra delinquiendo en la jurisdicción de la unidad táctica, manteniendo el orden público, integridad física y tranquilidad ciudadana.

(…)

5. Ruta de ida.

R. - C. - C. de A. - S. P. de G. - S. A. A.

6. Ruta de vuelta.

S. J. - E. C. - C. M. - R. - base militar xxx.

7. Características del terreno.

El terreno es quebrado con alturas que oscilan entre los 800 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, terreno semiboscoso.

8. Informes de los hechos.

La operación se inició con un desplazamiento táctico motorizado desde xxx, pasando por xxx hasta el xxx donde se inició un desplazamiento táctico a pie tomando como eje de avance la carretera que conduce hacia xxx de xxx llegando hasta la parte alta de la vereda xxx donde la unidad atacador 3 tuvo combate de encuentro contra bandidos de la CMVS de la ONT FARC, posteriormente se realizó registro sobre el sector sin resultados tangibles. Se continuó el eje de avance hacia xxx donde se realizó un registro ofensivo sin resultados, luego se cruzó el rio xxx donde entro en combate de encuentro la unidad cazador 2 el cual duro aproximadamente 20 minutos, posteriormente se realizó un registro donde se encontraron dos terroristas abatidos con su respectivo material de guerra. Al siguiente día se continúo avanzando hacia el puente del xxx coordenadas (…) donde se entró en combate contra terroristas de la ONT FARC, posteriormente se realizó un registro sobre el área encontrando un terrorista abatido con su respectivo material de guerra (…).

9. Resultados.

Enemigo.

Terroristas abatidos03

Material de guerra incautado.

Fusiles AK-47 dos sin número, Nº 85NU6669 03

Cartuchos Cal. 7.62 x 39 mm 368

Proveedores 05

Granadas de mano02

Radio dos metros Yaetsu Nº 8I530421 01

13.6. El 22 de julio de 2003, la sala de atención al usuario de la Fiscalía General de la Nación recibió, en la ciudad de Villavicencio, la denuncia de J. C. B. M. por la desaparición de L. A. P. D. (fls. 25-27, cdno. 1). En dicha oportunidad, relató lo siguiente:

Mi esposo salió el día once de mayo a las 06:30 de la mañana en su bicicleta para el trabajo pues trabajaba como obrero en las casas de la alcaldía, vía a xxx, y yo al otro día fui a la obra y lo pregunté y me dijeron que no había ido desde el día anterior y hasta el presente no he sabido nada de él, indagué donde los amigos de él como F. que tiene un talle (sic) o micro empresa de modistería en el xxx y fui donde A. que tiene un SAI en el barrio xxx, A. me dijo que la última vez que lo había visto fue el viernes en la noche que él fue hasta allá en la bicicleta (…), yo le pregunté a don A. si mi esposo le había dicho si iba a viajar o que y él dijo que no que solo habían estado hablando de cosas, que estaba un poco desesperado porque no estaba ganado (sic) mucho y que yo embarazada e iba a tener el bebe pronto. Don F. lo había visto muchos antes (sic) y que había ido al taller y le había dicho que para que me ayudara a mí cuando saliera del bebe no más, también he llamado a la familia al teléfono (…) de la mamá en A. y me dijeron que no había ido por allá antes la señora se puso a llorar, y ella les aviso a las hermanas y ellas me han estado llamando preguntando por él y me han estado mandando ropita para el bebe pues económicamente estoy mal, y yo tengo dos bebes de él. Pregunté en todos los sitios como hospital, clínica de Salud Coop donde tenemos el seguro, fui al permanente y no se sabe nada de él.

13.7. En dicha oportunidad, la dependencia de la Fiscalía preguntó sobre algunas condiciones personales y familiares del señor L. A. P. D., dentro de las cuales es pertinente mencionar las siguientes:

Preguntado. Informe al despacho si su esposo tenía algún problema con la justicia o con alguna persona en particular. Contesto. Que yo sepa no, yo duré viviendo seis años con él, los únicos problemas eran financiero (sic) de resto no más claro que deudas grandes no. (…) Preguntado. Informe al despacho en qué se desempeña su esposo. Contesto. El legusta (sic) todo lo que es de finca pues se crio en la finca de los abuelos, le gusta la ganadería, no estaba amañado con el trabajo que tenía pus (sic) decía que a él no le gustaba eso pero por la necesidad lo hacía, ahí llevaba 15 días, antes estuvo incapacitado un año porque se accidento en una moto y golpe fue en la cabeza tuvo un trauma (…) y la incapacidad fue 6 meses a un año él quedo sin reconocer a nadie y no caminaba y se sostenía por sí solo, necesitaba de otra persona para todas sus cosa (sic) o necesidades y como ya se sentía bien fue cuando se puso a trabajar, él estaba bien, inclusive por eso era que aveces (sic) me pegaba pues era pues era agresivo y yo aguantaba porque lo veía enfermo pero él había cambiado.

13.8. El 19 de agosto de 2003, la Fiscalía 42 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio avocó conocimiento de la investigación por la desaparición de L. A. P. D. (fl. 6, cdno. 2), quien solicitó al grupo de desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantar las diligencias necesarias para dar con el paradero de P. D.(14). Para el efecto, solicitó información a otras dependencias de la Fiscalía, autoridades penitenciarias, y centros de salud, quienes informaron lo siguiente:

13.8.1. L. A. P. D. tenía antecedentes judiciales. Fue objeto de medida de aseguramiento el 7 de octubre de 1994, como sindicado del delito de porte ilegal de armas (oficio 4-17528 del 12 de agosto de 2003, suscrito por la jefatura de la Sección de Información y Análisis de la Fiscalía General de la Nación —Seccional Villavicencio— fl. 15, cdno. 2). Posteriormente, purgó condena de 65 meses de prisión en la cárcel de Villavicencio por el delito de extorsión, cumplida entre el 22 de diciembre de 1994 y el 1º de octubre de 1998 (oficio 260/DAC del 12 de agosto de 2003 del INPEC —Seccional Villavicencio— fl. 16, cdno. 2).

13.8.2. L. A. P. D. padeció un accidente de tránsito el 16 de octubre de 2001 ingresó al hospital departamental de Villavicencio por urgencias padeciendo un trauma craneoencefálico “moderado”, con “diagnósticos relacionados” de “lesión axonal difusa” y fractura de base en el primer metatarsiano de su mano derecha. Su egreso se produjo el día 25 de los mismos mes y año (copia de epicrisis en letra manuscrita, fl. 115, cdno. 1).

13.9. El 9 de septiembre de 2003, la Fiscalía 42 recibió el dictamen SI./127667 de fecha 2 de septiembre de 2003, en donde el coordinador del grupo de identificación del CTI remitió información sobre “la plena identidad para el occiso del acta de inspección a cadáver 272, diligencia realizada el 15 de mayo del 2003, en la vereda xxx, jurisdicción de xxx (Meta), hechos ocurridos al parecer en enfrentamientos con el Ejército Nacional, quien correspondía al nombre de P. D. L. A. …” (fl. 20, cdno. 2) El mencionado dictamen (fls. 21-24, cdno. 2) concluyó lo siguiente:

Realizado cotejo dactiloscópico entre las impresiones dactilares obrantes en la copia fotostática de la tarjeta decadactilar para la preparación de la cédula de ciudadanía a nombre de P. D. L. A. (…) con las existentes en la tarjeta necrodactilia a nombre de N.N., se concluye que estas son uniprocedentes entre sí, es decir que morfológicamente se identifican en sus puntos característicos…

13.10. El 10 de noviembre de 2003, la Fiscalía 42 ofició al Juzgado 15 Penal Militar, autoridad que intervino en el levantamiento del cadáver de L. A. P. D.(15), para que señalara si en ese despacho se adelantaban investigaciones por esos hechos (fl. 25, cdno. 2). El despacho judicial respondió, mediante oficio del 26 de noviembre de 2003 (copia de oficio 800/DIV4-J15I.P.M.-790, fl. 27, cdno. 2) indicando que allí no se inició ninguna investigación, y que a su vez, había remitido tales diligencias al Juzgado 63 de Instrucción Penal Militar, por competencia.

A su turno, el Juzgado 63 informó el 8 de marzo de 2004 que allí se adelantó indagación preliminar (oficio 129 MDN DEJUM J63 IPM 790 - fl. 33, cdno. 2).

13.11. Tras haber recibido la información sobre el levantamiento del cadáver y la identificación del occiso L. A. P. D., el 20 de abril de 2004 la Fiscalía 42 archivó las investigaciones iniciadas a partir de la denuncia de J. C. B. M., porque “se estableció que el señor P. D. no desapareció, se enroló en las filas de un grupo irregular y por ello en combate con los regulares, fue dado de baja, cuyo cadáver efectivamente fue inspeccionado por rl (sic) Juez 15 de Instrucción Penakl (sic) Militar, ta (sic) como se dije (sic) en el acta 272 que se anexó a estas preliminares”. En tal sentido, la “conducta denunciada cesa su criminalidad, convirtiéndose en atípico el comportamiento por que (sic) no ha sucedido el punible”.

13.12. De los testimonios de B. de J. M. (fls. 78-83, cdno. 1), P. P. C. (fls. 84-89, cdno. 1) y L. M. O. B. (fls. 94-96, cdno. 1), se extrae que L. A. P. D. se desempeñaba como ayudante en construcción, aunque tenía experiencia y conocimiento en trabajos agropecuarios. También sostuvieron que él y su pareja J. C. B. M. tenían hijos, y vivían en condiciones económicas precarias. Nunca percibieron que L. A. P. D. tuviera pericia en el manejo de armas de fuego, ni que estuviera relacionado con grupos subversivos:

Preguntado: Tiene conocimiento de las razones por las cuales se encuentra rindiendo la declaración caso afirmativo (sic) indicar cuales. Contesto. Tengo entendido que es por el caso de la muerte de L. A. P. D. Sobre su muerte supe por parte de la señora J. el apellido no lo sé, esposa del difunto, eso fue aproximadamente a finales del 2003, no recuerdo la fecha exacta, supe que había sido asesinado por circunstancias que desconozco. La amistad mía con el hoy difunto aproximadamente fue de unos 10 años o algo más lo conocí en Aguazul (Casanare) y de ahí en adelante después de varios años volví a verlo en Villavicencio. Solíamos encontrarnos en los Centauros a departir amistosamente bebidas entre otras cervezas y a escuchar música llanera ya que cariñosamente nos decíamos “parientes” frase que acostumbramos amistosamente los llaneros concretamente Casanareños. Tengo conocimiento que vivía con la esposa J., de la cual le conocí un bebe (…) y luego después de varios meses supe por boca de la señora J. al encontrarla en avanzado estado de embarazo le pregunté (…) por L., y llorando me contó que había muerto. Ella estaba embarazada cuando él murió. También tengo conocimiento que él, ya que él mismo me lo comentaba de que aparte de ser guadañador era ayudante de construcción y oficios varios del sector pecuario entre otros la ganadería ya que según él tenía carné de ganadero. (…) Preguntado: Manifiéstenos, señor B., cuando fue la última vez que usted vio con vida a don L. A. P. D. y en dónde. Contesto: En la plazoleta los centauros, de Villavicencio pero no puedo asegurar concretamente la fecha, fue más o menos como a principios del 2003 (…) esa vez me comentó que había sufrido un accidente en una motocicleta de su propiedad en la que siempre iba a los centauros (…) y en dicha reunión que tuvimos los dos, lo noté en un estado anímico preocupante ya que en el diálogo que teníamos resultaba con otros temas ajenos a la conversación como hablando de caballos y de trabajos del campo, es decir, le preguntaba yo algo y la respuesta era otra ajena al tema, incluso le dije que se fuera para la casa que tuviera cuidado ya que era un peligro conducir ese aparato, la motocicleta. Preguntado. Manifiéstele al despacho si le conoció usted armas a L. A. P. D., o si tiene conocimiento de que este las poseyera o las supiera maniobrar, de ser cierto, explíquenos. Contesto. Nunca, no le conocí arma jamás, ni en los temas que siempre tratábamos, jamás me habló de armas, incluso que ni era reservista (…) Preguntado. Se dice que L. A. P. D. fue dado de baja por tropas del Ejército Nacional en un enfrentamiento al parecer con supuestos miembros de la guerrilla, en paraje rural ubicado entre xxx (Cundinamarca) y xxx (Meta), para mediados del mes de mayo de 2003. Que comentario le merece a usted tal afirmación. Contesto. No, y para mí es extraño ese tema ya que él nunca habló de nexos amistosos con ningún grupo rebelde o al margen de la ley. Me enteré de tal suceso reitero una vez más por la señora J., su esposa. Preguntado. Como persona que conoció a L. A. P. D., según nos ha dicho por espacio de cerca de sus últimos diez (10) años de vida, cree que este pudiera pertenecer a la guerrilla. Preguntado. No señor, nunca, no creo y no tengo conocimiento de esto, reitero una vez más, incluso en estados de embriaguez en eventos especiales de la cultura llanera es decir festivales, jamás le escuché temas sobre lo referido y nunca le vi en compinches si cabe la frase así, con personas extrañas a parte de los folcroristas y reitero parientes, gentes de buenas y de sanas modalidades. Preguntado. Cuando nos refiere usted que vio por última vez a L. A., y que este le manifestó que se había accidentado, le indagó usted acerca de las lesiones sufridas, de los tratamientos que recibió o estaba recibiendo, de la incapacidad y demás detalles al respecto. Contesto. Si, incluso me dijo que le ayudara a vender la motocicleta ya que la situación económica era crítica porque no podía laborar y su esposa había quedado endeudada y que la incapacidad era larga porque el golpe lo sufrió en el cerebro, y que basado a su comportamiento casi de enfermo mental vivían muy mal con J. su esposa, es decir no había comprensión, por su conducta que a veces se perdía quedando en completo estado de inmadurez física, pero que él quería salir a trabajar o buscar trabajo en algo que fuera suave pero no lo conseguía. (Testimonio de B. de J. M. del 25 de enero de 2007 - fls. 79-82, cdno. 1).

Preguntado: Ya que sabe la razón por la cual usted está rendiendo (sic) esta declaración, sírvase explicarnos. Contesto. Se por la muerte de L. A. P. Hace aproximadamente unos cuatro años, lo supe por la señor (sic) J. (…) quien es la esposa de él. Preguntado: Don P., díganos si conoció usted a don L. A. P. D., de ser cierto, dónde, y por qué razón. Constesto: (sic) Hace aproximadamente unos ocho años nos encontramos en una construcción, de una urbanización en el barrio el xxx de Villavicencio, los dos trabajábamos en construcción más exactamente en una casa, yo trabajaba pegando bloques ya él me lo asignaron como ayudante ahí duramos trabajadnos (sic) como unos ocho meses, después a él lo vincularon en otro sitio de trabajo, ahí en adelante seguimos siendo amigos, los dos éramos del Casanare, paisanos, posteriormente el salió de ahí y yo sabía que él estaba viviendo en el barrio xxx, y yo estaba residenciado en el barrio el xxx. Después nos volvimos a encontrar en el barrio el xxx en una casa que yo estaba levantando y yo lo llamé para que le me (sic) ayudara como ayudante, duramos aproximadamente como unos ocho meses allí. Después salimos de ahí y él consiguió una guadaña y empezó a hacer contratitos en los conjuntos y en los prados, también salía a las fincas por el lado de Acacias, el aeropuerto, porque nosotros nos veíamos constantemente con él. Después de esto el compró una casita en la xxx en Villavicencio, y me llamó para que fuera a hacerle unos trabajos allá, no se alcanzó a terminar los trabajos porque se accidentó en una moto y duró hospitalizado con un golpe que recibió en la cabeza como año y medio no pudo trabajar porque el quedó como loco, incluso yo personalmente y otros amigos teníamos que llevarles víveres y otras comidas porque él no podría trabajar y J. es la única que se defendía porque ella trabajaba (…) en esos días J. fue a la casa y nos informó que hacía unas semanas había salido en una bicicleta para el trabajo y no había vuelto y ella estuvo averiguando por allá y no le dieron ninguna razón. Preguntado. Le conoció usted armas de alguna índole a L. A., o tuvo conocimiento de que las supiera maniobrar. Contesto: En ningún momento le conocí armas, lo único que el portaba era una navaja en la cintura, una funda esa fue la única arma que yo le conocí. No tuve conocimiento que supiera manejar armas nuestras conversaciones era (sic) de trabajo, de construcción y que el manejaba las guadañas de los contratitos que le salían. (…) en el tiempo que yo lo conocí era en los frentes de trabajo de construcción y en ningún momento el me comentó que pertenecía a algún frente. Preguntado. Observó usted en el comportamiento de L. A., alguna actitud o proceder que pudiese hacerle pensar que él perteneciera a algún grupo armado ilegal. Contesto: No creo que el haiga (sic) pertenecido a algún grupo ilegal, siempre lo vi fue trabajando. Preguntado. Sabía usted con quién vivía L. A. Contesto. No, la única persona que yo vi en la casa era J., una niña, y ellos tenían un niño como de dos años aproximadamente y vivían en la casa de la xxx, cuando él se desapareció ella estaba embarazada. (Testimonio de P. P. C. del 25 de enero de 2007, fls. 85-88, cdno. 1).

Preguntado: Diga al despacho, si sabe usted las razones por las cuales se encuentra rindiendo testimonio, en caso afirmativo, expresar todo cuanto sepa y le conste. Contesto: Porque yo conocí al señor P. L. A., yo le decía señor P., lo conocí porque yo vivía enseguida de la casa de ellos en el barrio xxx de Villavicencio, lo conocí como tres años antes de que él muriera, yo era vecina de él cuando murió. Sobre su muerte sé que lo habían matado, eso me lo comentó la esposa J. B. que es amiga mía, que el desapareció y que luego apareció muerto, sino me equivoco me parece que él murió en mayo de 2003 (…) El señor P. tiene dos niños hombres con la señora J. B., C. el menor y F. que es el mayor, tienen más o menos tres y seis años respectivamente. (…) Afectivamente el señor P. adoraba a su hijito, él lo cuidaba mientras ella trabajaba, porque a raíz del accidente el señor pulido quedó como sonso. Económicamente ella era la que trabajaba porque a raíz del accidente y él hacía lo que podía por el problema que le quedó con el accidente. Después de la muerte del señor P. ella, J., quedó muy afectada, porque como pareja tenían muy buena relación, el niño pues imagínense, también con mucho dolor. (Testimonio de L. M. O. B. del 15 de febrero de 2007, fls. 95 y 96, cdno. 1).

IV. Problema jurídico.

14. A partir de lo expuesto, la presente sentencia resolverá el siguiente problema jurídico: ¿La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional es responsable por la muerte del señor L. A. P. D.?

V. Aspectos previos: Caducidad y legitimación en la causa por activa.

15. Por tratarse de presupuestos necesarios para tomar una decisión de fondo, previo a abordar el asunto, la Sala se referirá a dos temas que el Tribunal no desarrolló en la providencia apelada: (i) si la acción fue interpuesta de forma oportuna y; (ii) si quienes componen la parte actora cuentan con legitimación en la causa por activa, dando por sentado que, como la muerte de L. A. P. D. se atribuye a una actuación de un batallón perteneciente al Ejército Nacional, la legitimación en la causa por pasiva es indiscutible.

16. En materia de caducidad de la acción de reparación directa en el marco del Código Contencioso Administrativo (D.L. 1/84, modificado por L. 446/98), la regla general del cómputo bienal es el conteo a partir del día siguiente al de la ocurrencia “del hecho, omisión u operación administrativa” de donde surgen los perjuicios que se reclaman. Sin embargo, para lo que nos interesa, es pertinente advertir que en asuntos donde se pretende la reparación de perjuicios derivados del delito de desaparición forzada se añadió el siguiente inciso a través del artículo 7º de la Ley 589 de 2000:

Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición (resalta la Sala).

16.1. La aplicación de este precepto fue asumida inicialmente por la Sección Tercera como una sub-regla de la caducidad de la acción de reparación directa, es decir, sin morigerar el carácter imperativo de esta figura procesal en el ordenamiento jurídico colombiano, reconoció que el legislador incluyó un supuesto de hecho (desaparición forzada) en donde el cómputo del término debía someterse a una de las condiciones desarrolladas por la norma: a la aparición de la víctima —en cualquier estado— o a la ejecutoria de la sentencia penal en donde se evidencie el delito, en consideración a que esta conducta ostenta un carácter continuado(16). Incluso, sostuvo por entonces la Sala, que si bien la acción penal era imprescriptible dicha previsión no podía “hacerse extensiva por vía de interpretación a otro tipo de acciones”(17).

16.2. Al margen de discusiones y decisiones adoptadas posteriormente sobre este tópico, adoptando razonablemente al presente asunto la postura anteriormente expuesta, y teniendo en consideración que no se está exactamente frente a una desaparición forzada, para la Sala es indudable que la acción de reparación directa fue interpuesta en término. Ciertamente, no se tiene identificado con precisión el momento en el que la demandante se enteró de la aparición de L. A. P. D. como uno de los abatidos en la operación militar ejecutada por el batallón xxx del Ejército Nacional el 14 de mayo de 2003(18); sin embargo, si se tiene prueba de que la Fiscalía encargada de las investigaciones por la desaparición tuvo noción de este hecho, a través de los resultados del examen dactiloscópico realizado al cadáver, el 9 de septiembre de 2003 (párr. 13.8.). Sería ilógico sostener que la actora se percató de este hecho antes que los investigadores de la Fiscalía, más aún cuando estos hicieron uso de medios técnicos y científicos para descubrir lo ocurrido.

16.3. Por ello la demanda, interpuesta el 1º de septiembre de 2005, fue presentada oportunamente, conclusión fortalecida a partir del criterio que la Subsección ha utilizado para flexibilizar las reglas de caducidad en asuntos como el presente, en virtud de los principios pro damato y pro actione.(19)

17. En lo concerniente a la legitimación en la causa por activa, encuentra la Sala lo siguiente:

17.1. A. F. P. B. es hijo de L. A. P. D. y de J. C. B. M. tal como aparece expresado en su registro civil de nacimiento (copia autenticada de registro civil de nacimiento - fl. 21, cdno. 1).

17.2. J. C. B. M. comparece al proceso en calidad de compañera permanente de L. A. P. D. Dicha cualidad se deriva, en añadidura a su calidad de madre de uno de los dos hijos del occiso, de los testimonios de B. de J. M. (fls. 78-83, cdno. 1), P. P. C. (fls. 84-89, cdno. 1), y L. M. O. B. (fls. 94-96, cdno. 1) quienes manifestaron de modo uniforme la relación sostenida entre ambas personas (párr. 13.12).

17.3. C. A. B. M. —nacido el 3 de junio de 2003— es, conforme al registro civil de nacimiento aportado al expediente (fl. 22, cdno. 1), el hijo de J. C. B. M. Sin embargo, en dicho documento no aparece el nombre del padre.

Para la Sala, esta circunstancia no impide reconocer a este menor como hijo de L. A. P. D., en virtud de la presunción de paternidad contenida en el artículo 213 del Código Civil(20) que si bien, para el momento de los hechos únicamente se refería al hijo de mujer casada(21), en este caso no existe pretexto alguno que justifique la discriminación hacia el menor nacido en unión marital de hecho. Ello, en obediencia al artículo 44 de la Constitución Política de Colombia que establece la prevalencia y el interés superior de los derechos de los menores, como un mandato extensivo a la forma como quienes aplican el derecho deben interpretar las normas jurídicas, en procura de la alternativa más favorable a los derechos del menor. De este modo, la Corte Constitucional ha señalado:

… el interés superior del menor es un principio rector en cuanto al trato normativo de los(as) niños y niñas, dirigido tanto a quienes crean y aplican las normas jurídicas, como a quienes implementan políticas o se relacionan con ellos en desarrollo de su rol social. Y a su turno el principio de prevalencia de los derechos de los menores de dieciocho (18) años sobre los derechos de los demás, se configura como una manifestación de este principio en el contexto de los fenómenos de creación y aplicación del derecho. En este orden, el principio de interés superior del menor obliga, entre otros, a determinar el alcance de los contenidos normativos cuyo sentido es la protección de niños y niñas, de conformidad con la opción hermenéutica más favorable(22).

V. Análisis de la Sala.

18. Al tratarse del primer elemento esencial de la responsabilidad, la Sala inicia su análisis manifestando que se encuentra acreditado el daño cuya reparación se está reclamando. En efecto, la muerte del señor L. A. P. D., ocurrida el 14 de mayo de 2003 por causas violentas halla su demostración en el registro civil de defunción aportado al proceso (fl. 20, cdno. 1, párr. 13.1).

19. La muerte de L. A. P. D. es materialmente atribuible al actuar desplegado por el batallón de infantería “xxx” del Ejército Nacional, en tanto su accionar armado en la operación militar llevada a cabo en la vereda xxx del municipio de xxx, en un “combate de encuentro” que —según la versión de los militares— sostuvieron con el frente “xxx” de las FARC. Los elementos de convicción que dan cuenta de la imputación fáctica del daño a la parte demandada son el acta de inspección del cadáver efectuada por la justicia penal militar (párr. 13.2.), el informe del comandante del batallón “xxx” (párr. 13.4), y el examen de uno de los cuerpos sin vida y sin identificar que fueron reportados en la operación, reconocido como el de L. A. P. D. (párr. 13.9).

20. Para analizar la imputación jurídica del daño debe tenerse presente que L. A. P. D. murió por el ejercicio de una actividad peligrosa realizada por el batallón de infantería “xxx” del Ejército Nacional, concretamente en el desarrollo de operaciones militares, desplazamientos tácticos y combates de encuentro con frentes de grupos subversivos, prácticas en las que hizo uso de armas de dotación oficial. En este contexto, ha dicho la Corporación, que procedería el título de imputación de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, en el cual a la parte actora le bastaría con probar la existencia del daño, del hecho dañoso y del nexo causal entre el primero y el segundo para acceder a la declaratoria de responsabilidad; mientras que la demandada debería acreditar la existencia de una causa extraña —culpa de la víctima, hecho de un tercero, fuerza mayor o caso fortuito— para exonerarse(23).

21. Sin embargo, tal como lo precisó la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, el constituyente no privilegió un específico régimen de responsabilidad, sino que “dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar”(24). De allí que, al margen de lo señalado en el párrafo anterior, sea posible que en asuntos como el presente la responsabilidad surja de la falla del servicio imputable a la demandada, es decir, que se siga la óptica del régimen subjetivo de responsabilidad en tanto se invoque, o en el proceso sea ostensible la existencia de errores o infracciones de la administración, con el objeto de que estos no se cometan en el futuro a través de la adopción de políticas públicas encaminadas a la no repetición, entre otras medidas.

22. Antes de establecer si en este caso concreto hubo o no falla del servicio, la Sala observa que el sub examine tuvo, por parte del Tribunal y del representante del Ministerio Público, el tratamiento de una desaparición forzada, cuando en realidad el asunto se enmarca en una ejecución extrajudicial. Ambas conductas, cuya similitud radica en aspectos tales como que son consideradas graves violaciones a los derechos humanos y a la manera como se prueban, se diferencian fundamentalmente en la manera como se comete su perpetración.

22.1. La desaparición forzada es considerada una conducta pluriofensiva en tanto constituye “una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos”(25) por el ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos —particularmente por la Convención Americana de Derechos Humanos— entre ellos la libertad, la integridad personal, la dignidad humana, la seguridad y la vida del afectado, y así mismo se entiende como una violación continua que no cesa hasta que no se conoce el paradero de la persona desaparecida o hasta la aparición de sus restos. Se caracteriza, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(26) y con el grupo de trabajo las desapariciones forzadas o involuntarias del consejo económico y social de Naciones Unidas(27), por tener tres elementos concurrentes: “a) privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada, b) intervención de agentes estatales, al menos indirectamente por asentimiento, y c) negativa a reconocer la detención y a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada”.

22.2. Precisamente, en el último elemento de los descritos es que la desaparición forzada se distingue de la ejecución extrajudicial, siendo ambas, en consecuencia, conductas autónomas. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

… la desaparición forzada, a diferencia de la ejecución extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su control y de proporcionar información al respecto, con el propósito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte, de provocar intimidación y supresión de derechos(28).

22.3. La conducta conocida en el ámbito internacional como ejecución extrajudicial es definida, por su parte, como “la acción consciente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto las armas”(29).

22.3.1. Nótese que esta acción, de palmaria antijuridicidad, afecta principalmente el derecho a la vida de la víctima, y con su comisión se comprometen los derechos de quienes componen el núcleo social y familiar de la persona ejecutada arbitrariamente, entre otros, a la justicia y a la verdad sobre lo ocurrido. Se trata de una conducta que contraría los deberes constitucionales del Estado de proteger la vida e integridad de las personas(30), reprochada por el derecho penal interno colombiano con el tipo penal de homicidio en persona protegida(31), así como por el marco del derecho internacional de los derechos humanos(32), y por las normas del Derecho Internacional Humanitario en tanto consiste en una violación de las reglas mínimas de protección de la población civil en desarrollo de un conflicto armado, de conformidad con el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, norma básica en el tema, establece que en caso de conflicto armado sin carácter internacional, las partes en contienda deben cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, heridas, detención, o por cualquier otra causa serán tratadas, en todas las circunstancias, con humanidad sin distingo alguno de carácter desfavorable basado en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.

A tal efecto están y quedan prohibidas, en todo tiempo y lugar, respecto a las personas arriba aludidas:

a) Los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios.

(…).

d) Las condenas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio por un tribunal legalmente constituido y dotado de las garantías judiciales reconocidas por los pueblos civilizados.

22.3.2. Tomando en consideración las anteriores pautas, organismos no gubernamentales como amnistía internacional han conceptualizado la conducta de ejecución extrajudicial en los siguientes términos:

Norma básica 9. No se perpetrarán, ordenarán ni encubrirán ejecuciones extrajudiciales o “desapariciones”, y hay que incumplir órdenes de hacerlo.

No se debe privar a nadie de la vida de forma arbitraria o indiscriminada. Una ejecución extrajudicial es un homicidio ilegítimo y deliberado perpetrado u ordenado por alguna autoridad, sea nacional, estatal o local, o llevado a cabo con su aquiescencia.

El concepto de ejecución extrajudicial se compone de varios elementos importantes:

— Es un acto deliberado, no accidental,

— Infringe leyes nacionales como las que prohíben el asesinato, o las normas internacionales que prohíben la privación arbitraria de la vida, o ambas.

Su carácter extrajudicial es lo que la distingue de:

— Un homicidio justificado en defensa propia,

— Una muerte causada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han empleado la fuerza con arreglo a las normas internacionales,

— Un homicidio en una situación de conflicto armado que no esté prohibido por el derecho internacional humanitario.

En un conflicto armado, aun cuando éste no sea internacional, tanto los soldados y agentes armados de un Estado como los combatientes de grupos políticos armados tienen prohibido llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y sumarias. Tales actos contravienen el artículo 3 común de los convenios de Ginebra (que además prohíbe la mutilación, la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante, la toma de rehenes y otros abusos graves contra los derechos humanos)(33).

23. Bajo el entendido de que, si se comprueba la falla del servicio del Ejército Nacional, se evidenciaría la ejecución extrajudicial de L. A. P. D., la Sala señalará si cabe imputar jurídicamente responsabilidad a la demandada bajo ese título, a partir de los hechos acreditados en este proceso. Igualmente, la Sala analizará si la parte demandada demostró la vinculación del occiso con el grupo guerrillero FARC, lo que daría lugar a exculpar a la administración por producirse una causal de exoneración de responsabilidad: la culpa exclusiva y determinante de la víctima.

24. Antes de proseguir con la exposición propuesta, la Sala advierte lo siguiente: Como es usual en asuntos como el sub judice, no se cuenta con pruebas directas e históricas de lo acontecido. Deficiencia que persistió a pesar de contar con el expediente penal que echó de menos el a quo y que derivó en la denegación de pretensiones en primera instancia. Por ello, es necesario acudir a la prueba indiciaria, tal como lo ha expuesto la jurisprudencia de la Subsección:

En casos como el presente, en los que varias personas mueren como consecuencia de múltiples impactos por arma de fuego, en hechos en los que en principio no resulta posible identificar a los autores materiales del delito, la prueba indiciaria resulta idónea y única para determinar la responsabilidad, pues aquélla compagina elementos debidamente comprobados para arribar con ellos a la certeza de otros, para efecto de endilgar responsabilidad a los inculpados.

(…) Se trata de un medio de prueba permitido que demanda la demostración del hecho indicador, para así tener como probado el inferido(34). En este escenario, la existencia de una serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios probatorios previstos por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito, conducen necesariamente a la imputación de la responsabilidad(35). Los indicios se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un hecho conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho desconocido(36).

25. Dicho lo anterior, el análisis probatorio de la Sala desarrollará: (i) las condiciones personales de L. A. P. D. para la época de su deceso; (ii) la credibilidad sobre la versión de los integrantes de la fuerza pública que intervinieron en el operativo en donde mataron a P. D., y; (iii) los documentos que hicieron parte del expediente penal militar (levantamiento del cadáver e informes de la misión a cargo del batallón de infantería).

26. L. A. P. D., persona de género y sexo masculino, de 30 años de edad, no tenía un empleo fijo y vivía en condiciones de pobreza junto con su familia (compañera permanente en estado de embarazo e hijo). Para el momento de su deceso, trabajaba en la construcción de obras de vivienda, y eventualmente invertía su tiempo y dedicación a labores agropecuarias y ganaderas. Era, en consecuencia, obrero y agricultor, un particular cuyas actividades, para la época de la operación militar que acabó con su vida, eran totalmente lícitas y completamente ajenas a las propias de la Fuerza Pública. Lo anterior se deduce de las múltiples declaraciones rendidas en este proceso (párr. 13.12), que coinciden con la versión entregada por la compañera permanente del fallecido (párr. 13.7) tanto en lo concerniente a sus actividades que su compañero, amigo y vecino desempeñaba, como a la ignorancia que tenía sobre el manejo de armas de fuego, equipos de comunicación, y maniobras o tácticas militares.

27. A la luz de lo probado sobre las condiciones personales de L. A. P. D., la versión de los militares que intervinieron en la operación desplegada por el batallón de infantería “xxx” del Ejército Nacional es inverosímil, incluso valorándola conjuntamente con la información consignada en los documentos recaudados por la justicia penal militar.

27.1. En efecto, teniendo en cuenta el desconocimiento de L. A. P. D. en manipulación de elementos bélicos y confrontación en combate armado, carece de credibilidad que él haya podido sostener 20 minutos de enfrentamiento, antes de perecer. Más aún en las condiciones en las que se sostuvo la batalla: a las 5 de la madrugada del 14 de mayo de 2003, horas en las que —dictan las reglas de la experiencia— no hay luz del día, y teniendo como adversario a un equipo capacitado y entrenado en infiltraciones nocturnas, de acuerdo con el informe de la misión (párr. 13.5).

27.2. También resulta insostenible que P. D. hubiera podido efectuar alguna acción ilícita, o que haya custodiado los elementos y material de guerra (fusiles, granadas, proveedores, cartuchos, radio de onda corta) con los que, según los informes, lo encontraron a él y a otra persona “N.N.” (párrs. 13.4. y 13.5.).

27.3. Lo anterior se suma a las prendas de vestir con las que se encontró el cadáver: todas propias de un particular, sin ninguna insignia o elemento que denotara su pertenencia a un grupo armado subversivo (párr. 13.3.).

27.4. En la misma dirección, como un indicio grave en contra de la demandada, está la alteración de la escena de los hechos y la no preservación de la cadena de custodia tanto de las evidencias físicas como del cadáver, encontrado envuelto en sábanas azules y cuyo levantamiento se realizó en las instalaciones del batallón de infantería “xxx” (párr. 13.3.2.). Así, se contrarió lo indicado por el Código de Procedimiento Penal vigente por entonces (L. 600/2000), que ordenaba en su artículo 290:

En los eventos de conductas punibles relacionadas con la vida e integridad personal o contra la libertad o formación sexuales, se ordenará de inmediato la protección de la escena. Ningún elemento físico podrá ser movido o modificado hasta tanto el funcionario judicial o quien haga sus veces, lo autorice.

Se procederá de inmediato a inspeccionar y documentar el lugar donde sucedieron los hechos, así como el sitio donde se encuentra el cadáver y cualquier otro donde se sospeche presencia de elementos materia de prueba.

El perito forense asignado por la entidad correspondiente, podrá inspeccionar el cadáver en la escena.

Enseguida se procederá a la recolección técnica y a la documentación de estos elementos.

El cadáver, los restos óseos y partes de cuerpo, así como la víctima de la agresión sexual y los elementos físicos materia de prueba, sin alteración, serán remitidos bajo cadena de custodia a la entidad encargada de su respectivo estudio.

Se ordenará la práctica de la necropsia con el fin de obtener información útil a la investigación. Para facilitar la actuación contextualizada del médico-perito, en todos los casos se le enviará la información y documentación disponible lo cual incluye dibujos, diagramas, actas, fotografías o registros obtenidos por diferentes medios técnicos así como las historias clínicas provenientes de los centros de atención de salud.

En caso de fallecimiento de personas sin identificar, el funcionario judicial ordenará de inmediato la correspondiente pesquisa en la zona, con el fin de obtener información útil para la identificación. Igualmente deberá proveer las medidas pertinentes para que el caso sea reportado al sistema médico legal.

El perito a cargo de la necropsia obtendrá la necrodactilia, la autopsia oral, las fotografías de filiación y deberá diligenciar los formatos para reporte de cadáveres sin identificar.

De ocurrir en lugar alejado, la diligencia de identificación del occiso, cuando no fuere posible la presencia del funcionario instructor, se hará por el servidor público que tenga funciones de policía judicial, de lo cual se levantará un acta que entregará a la autoridad competente.

No se inhumará ni se cremará el cadáver sin que se hayan realizado la correspondiente necropsia, el examen forense pertinente, y asegurado los elementos de prueba (resalta la Sala).

28. Todo lo expuesto desemboca en la falla del servicio de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por la muerte del señor L. A. P. D. el 14 de mayo de 2003. El actuar del batallón “xxx”, perteneciente a las fuerzas del orden, en donde vulneró el derecho a la vida de una persona no combatiente y en evidente situación de indefensión, constituye una violación flagrante de las reglas del Derecho Internacional Humanitario acogidas por Colombia, puntualmente el artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949 referenciado anteriormente (párr. 22.3.1.).

29. Así mismo, ningún elemento de convicción arrimado al proceso demuestra la supuesta pertenencia de L. A. P. D. a un grupo armado al margen de la ley, concretamente a las FARC. Esta circunstancia debió ser probada por la parte demandada, quien la alegó para demostrar la exoneración de su responsabilidad, en aplicación de la regla establecida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

29.1. Es necesario señalar, en este preciso aspecto, que si bien L. A. P. D. cometió el delito de extorsión (párr. 13.8.1.), la condena respectiva tuvo lugar entre los años 1994 y 1998, con lo que su deceso ocurrió mucho después de haber purgado su pena e impide inferir su vinculación con grupo subversivo alguno. Del mismo modo, el haber sido afectado con medida de aseguramiento por el delito de porte ilegal de armas en 1994, dado el considerable lapso transcurrido entre esa disposición y la muerte de P. D., impide tenerlo como hecho indicativo de pertenencia a un conjunto alzado en armas.

29.2. De allí que la Sala se aparte de la fundamentación del fallo apelado, en tanto la víctima gozaba de la presunción de su inocencia. Contrario a los razonamientos del Tribunal (párr. 6) si la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional alegó la pertenencia de L. A. P. D. como miembro de un grupo insurgente debía demostrarlo, y no trasladarle la carga a los actores de demostrar la inocencia de su familiar.

30. Dicho lo anterior, no puede pasarse por alto otro aspecto que llama la atención de la Sala: el lugar en donde se produjo el combate armado descrito por los informes militares en la vereda xxx del municipio de xxx: era un terreno “quebrado con alturas que oscilan entre los 800 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, terreno semiboscoso”, circunstancia que no solo desdibuja —aún más— la versión sobre la respuesta ofensiva de P. D. contra el batallón “xxx” del ejército durante el combate, sino que arroja dudas sobre la solidez de su presencia voluntaria en ese específico lugar:

30.1. No resulta coherente que tres días después de habérsele visto por última vez por su compañera permanente, P. D. hubiera terminado en un sitio distinto al de su residencia y al de sus actividades laborales; en un sitio donde, por sus características, no podía desempeñar ni actividades de construcción, ni de ganadería a las que se dedicaba.

30.2. P. D. apareció en dicho lugar sin dar aviso a su pareja, ni a sus cercanos amigos, ni a sus demás familiares; su destino era totalmente desconocido para todos sus relacionados. De hecho, la aquí demandante interpuso una denuncia alegando su desaparición con el propósito de averiguar su paradero que, por supuesto, ella ignoraba.

30.3. Para la Sala, los elementos que rodearon la muerte del señor L. A. P. D., aunado a los descritos con anterioridad, coinciden en varios aspectos con la situación denunciada por organismos internacionales de derechos humanos como una conducta continua de ejecuciones ilegales efectuadas por agentes del Estado en el marco del conflicto armado interno colombiano, y presentados como logros en la lucha contra la subversión, los impropiamente denominados “falsos positivos”. Cabe recordar cómo, mediante informe presentado ante el consejo de derechos humanos de Naciones Unidas el 31 de marzo de 2010(37), el entonces relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, describió esta infausta práctica:

10. El fenómeno de los llamados “falsos positivos” —ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate— es bien conocido por los colombianos. Si bien hay ejemplos de esos casos que se remontan a la década de 1980, las pruebas documentales indican que comenzaron a ocurrir con una frecuencia alarmante en toda Colombia a partir de 2004.

11. La dinámica fáctica de estos casos está bien documentada, por lo que sólo será necesario aquí delinear las pautas generales comunes a todos los departamentos del país. En algunos casos, un “reclutador” pagado (un civil, un miembro desmovilizado de un grupo armado o un ex militar) atrae a las víctimas civiles a un lugar apartadoengañándolas con un señuelo, por lo general la promesa de un trabajo. Una vez allí, las víctimas son asesinadas por miembros de las Fuerzas Militares, a menudo pocos días u horas después de haber sido vistos por los familiares por última vez. En otros casos, las fuerzas de seguridad sacan a las víctimas de sus hogares o las recogen en el curso de una patrulla o de un control de carretera. Las víctimas también pueden ser escogidas por “informantes”, que las señalan como guerrilleros o delincuentes a los militares, a menudo a cambio de una recompensa monetaria. Una vez que estas víctimas son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o calzarlas con botas de combate. Las víctimas son presentadas por los militares y anunciadas a la prensa como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. A menudo se entierra a las víctimas sin haberlas identificado (bajo nombre desconocido), y en algunos casos en fosas comunes.

Entre tanto, los familiares de las víctimas buscan con desesperación a sus seres queridos, a veces durante muchos meses. Cuando los miembros de la familia descubren lo sucedido y toman medidas para tratar de que se haga justicia, por ejemplo denunciando el caso a las autoridades o señalándolo a la prensa, suelen ser objeto de intimidaciones y amenazas y algunos de ellos han sido asesinados (resaltado de la Sala).

30.4. Empero, con las pruebas obrantes en el expediente, la Sala no puede establecer que los hechos encajen precisamente en esta clase de ejecuciones arbitrarias. Ello se debe a que el caso de L. A. P. D. ha permanecido en la más oscura e invariable impunidad, sostenida por las infructuosas e incipientes investigaciones de la Fiscalía y la Justicia Penal Militar, manteniendo así el velo que ha impedido el conocimiento de los hechos y el acceso a la satisfacción de los derechos de la víctima a la justicia y a la verdad sobre lo ocurrido. Todo ello en contravía de los principios relativos a la investigación de ejecuciones arbitrarias, entre ellos, el de efectuar una “investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, incluidos aquéllos en los que las quejas de parientes u otros informes fiables hagan pensar que se produjo una muerte no debida a causas naturales en las circunstancias referidas”(38).

30.5. Esto, lejos de ser un impedimento para efectuar un reproche subjetivo a la administración por sus acciones y omisiones en el caso concreto, refuerza la posición adoptada por la Sala de atribuir, a título de falla del servicio, la responsabilidad por la ejecución extrajudicial de L. A. P. D. En efecto, además de incumplir las obligaciones de respetarle la vida, no se adelantaron investigaciones tendientes a esclarecer los hechos y establecer la verdad, situación que, como se ha sostenido en asuntos similares, ha impedido la “reparación adecuada de los familiares” del fallecido “y la imposición de sanciones y castigos para los agentes estatales involucrados en el hecho”(39).

31. En suma, el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional es responsable por la muerte de L. A. P. D., al incurrir en varias fallas en su actuar que generaron el desconocimiento de deberes y obligaciones legales y convencionales en desmedro de las víctimas del hecho luctuoso, quienes componen la parte demandante.

V. Liquidación de perjuicios.

V.I. Perjuicios morales.

32. Como se manifestó con antelación, está acreditado que J. C. B. M. era la compañera permanente de L. A. P. D. (párr. 17.2); y que A. F. P. B. (párr. 17.1) y C. A. B. M. (párr. 17.3) son hijos del fallecido, este último, en calidad de hijo póstumo.

32.1. En virtud de estos vínculos demostrados, la Sala presume que quienes componen la parte demandante padecieron este tipo de perjuicio puesto que, según las reglas de la experiencia, quienes tienen un nexo sentimental y afectivo cercano con la persona fallecida son susceptibles de afrontar un profundo dolor, congoja, aflicción y sufrimiento por la muerte de su ser querido. Tales sufrimientos también se predican del hijo que nació luego de la muerte de su padre, puesto que “no se puede desconocer, como lo enseña la vida social y la experiencia humana, que el suceso de muerte del progenitor priva al menor de las condiciones fundamentales de crecimiento, desarrollo personal y sentimental, en tanto carecerá, a lo largo de su vida, de la figura paterna para recibir de él afecto y la dirección necesarios para el normal desenvolvimiento de un ser humano”(40).

32.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que el daño a reparar según todo lo expuesto es la muerte de L. A. P. D. responsabilizada a la parte demandada, en esta ocasión es aplicable el precedente jurisprudencial adoptado por la Sala Plena de la Sección Tercera(41) de esta Corporación en materia de perjuicios morales por la causa antes anotada. Veamos:

Reparación del daño moral en caso de muerte
Regla general
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
 Relaciones afectivas conyugales y paterno filialesRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º de consanguinidad o civilRelaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
Porcentaje100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

32.3. En consecuencia, la Sala reconocerá a cada uno de los demandantes: J. C. B. M., A. F. P. B. y C. A. B. M. la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en tanto todos ellos pertenecen al mismo primer nivel de los manejados por la jurisprudencia unificada de la Sección.

V.II. Perjuicios materiales.

V.II.I. Daño emergente.

33. Al estimar la cuantía, la parte actora especificó sus pretensiones de condena —cobijadas por la frase abierta: “los perjuicios de orden material y moral”— por perjuicios materiales a título de daño emergente, de este modo (fls. 16-17, cdno. 1):

a) Gastos funerarios: $ 1.000.000.

b) El señor L. A. P. D. (occiso), estaba sosteniendo y velando por la subsistencia de su compañera permanente, obligación que está truncada por el acaecimiento del infortunado y lamentable hecho, por lo cual la entidad demandada deberá resarcir el valor que con la conducta imputada impidió se sirviera ésta, resultando, en consecuencia, un interés legítimo que permite calificar el perjuicio como cierto y directo.

c) Tomando como base desde la fecha de ocurrencia del hecho hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia o fallo definitivo aproximadamente 96 meses, es decir, ocho años, arroja un total de treinta y un millón (sic) ochocientos setenta y dos mil ($ 31.872.000) deberá actualizarse de acuerdo con la fórmula de las matemáticas financieras desde la fecha de acaecimiento del hecho (14 de mayo de 2003) y el periodo transcurrido hasta la fecha de ejecutoria del fallo cuyo promedio en tiempo estimamos en ocho años, teniendo en cuenta que el porcentaje del interés anual efectivo, bancario corriente (…) nos daría la suma de cuarenta y ocho millones cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos ($ 48.496.435).

Subtotal = $ 81.368.435.

34. Al parecer, la actora combina bajo este acápite los conceptos de daño emergente y de lucro cesante, claro está, de manera equívoca. Así, confunde la pérdida de aquello que dejó o dejará el patrimonio de los perjudicados a causa del daño (daño emergente), con aquello que no ingresó o no ingresará al patrimonio como consecuencia del daño (lucro cesante).

35. Al margen de las imprecisiones anotadas, los gastos funerarios que son los únicos que encajan en la categoría de daño emergente, carecen completamente de sustento probatorio. Comoquiera que debían ser demostrados por quien alega el hecho jurídicamente relevante (párr. 29) la Sala no accederá a esta pretensión.

V.II.II. Lucro cesante.

36. Soportada en la presunción establecida por los artículos 411 y 422 del Código Civil, que enlista a aquellas personas que tienen derecho a alimentos y señala la duración de la obligación alimentaria, respectivamente, la jurisprudencia de la Sección ha sostenido que tienen derecho al lucro cesante de quien muere los hijos, y el (la) cónyuge o compañero o compañera permanente. Sin embargo, también ha dicho la Sala, que tal presunción puede ser desvirtuada con otros elementos de convicción que obren en el proceso(42). Así, la Sala estima que a los hijos de L. A. P. D. (A. F. P. B. y C. A. B. M.) deberá reconocérseles este perjuicio material.

37. Así mismo, se reconocerá lucro cesante en favor de la señora J. C. B. M. Aunque en las afirmaciones de dos de los testigos (L. M. O. B. y P. P. C.) se mencionó que la compañera permanente tenía ingresos por su empleo, unívocamente las versiones hicieron hincapié en las condiciones de escasez económica del hogar compuesto por la mencionada demandante y su compañero fallecido. Se infiere, pues, que los miembros soportes del núcleo familiar dependían económicamente entre sí, y se encargaban conjuntamente de la manutención de su hijo menor, y del bienestar de la señora B. M., por entonces, madre gestante. Es aquí donde la presunción de la obligación alimentaria, que sustenta a su vez el reconocimiento del lucro cesante en juicios de responsabilidad patrimonial, cobra realce a partir de uno de sus fundamentos constitucionales más relevantes: el deber de solidaridad entre los integrantes de la familia(43).

38. Una vez especificadas las personas a quienes se les reconocerá perjuicios por lucro cesante, se procederá a liquidarlo conforme a lo que sostuvo mayoritariamente la Sala Plena de la Sección Tercera, mediante decisión adoptada mediante sentencia del 22 de abril de 2015, en la siguiente dirección: “a los integrantes del grupo familiar que dejaron de percibir la ayuda económica del fallecido se les liquidará el lucro cesante con el acrecimiento al que tienen derecho, por el hecho de extinguirse la ocurrencia de cada uno de los demás miembros que limitaba la participación de los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades del núcleo familiar…”(44) (negrillas originales del fallo).

39. En torno al lucro cesante consolidado, es imperativo tener presente que, siguiendo las tablas de mortalidad vigentes para la época de la muerte del occiso(45), este tenía 30.53 años de edad, con lo que su expectativa de vida era de 46.24 años adicionales.

39.1. La señora J. C. B. M., su compañera permanente, en la denuncia que interpuso por la desaparición de su compañero (fl. 25, cdno. 1) informó que tenía 31 años de edad. De acuerdo con esa información, la Sala puede inferir, siguiendo los parámetros de la tabla de mortalidad, que la actora tendría una expectativa de vida de 46.8 años más de vida para el momento en que su pareja perdió la vida.

39.2. A. F. P. B., nacido el 3 de diciembre de 2000 (fl. 21, cdno. 1), para el momento del deceso de su padre tenía 2.4 años, restándole 22.6 años (271.1 meses) para llegar a la edad de 25 años. Entre tanto, su hermano, C. A. B. M., quien nació el 3 de junio de 2003 (fl. 22, cdno. 1), para la época de esta sentencia tendría 13.9 años, y para cumplir sus 25 años faltarían 11.1 años.

39.3. De acuerdo con lo anterior, la señora B. M. tendría la asistencia económica de su fallecido compañero permanente durante más años en comparación con el de sus hijos, quienes tendían más restringida en el tiempo la posibilidad de recibir el apoyo pecuniario de su progenitor.

39.4. Entonces, el tiempo máximo (Tmax) a liquidar será de 46.24 años, o sea, 554.8 meses de vida probable del fallecido L. A. P. D. pues, habida cuenta de que desde un punto de vista estadístico habría vivido menos que su cónyuge, es dable pensar que a partir del hipotético deceso de aquél esta última no recibiría su apoyo, aun cuando lo sobreviviera. De los 46.24 años ya se han consolidado (Tcons) 14,07 años o 168,87 meses - contados desde el 14 de mayo de 2003 hasta la época de expedición del presente fallo en junio de 2017. Con ello quedan como futuros (Tfut) 385.93 meses.

39.5. Durante los primeros 168.87 meses de lucro cesante consolidado (Pd1), se le asignará a la compañera permanente la mitad de esta renta dejada de percibir por el fallecido, y la otra mitad a sus dos hijos.

40. No se aportó ningún medio de prueba tendiente a establecer cuánto devengaba L. A. P. D. en sus actividades como obrero de construcción. Por ello, la Sala presumirá que al encontrarse en una edad productiva, el occiso devengaba —cuánto menos— el salario mínimo. De conformidad con el principio de reparación integral, la Sala hará uso del salario mínimo vigente a la fecha de esta decisión para computar el monto de la indemnización ($ 737.717). A esta suma se le adicionará el 25% por las prestaciones sociales que se presume son devengadas por cada trabajador ($ 922.146), producto al que se le reducirá un 25% que, según se presume, destinaba al sostenimiento propio, operación de la cual se obtiene la renta líquida de $ 691.609,5. Dicha suma será actualizada con base en el índice de precios al consumidor, de conformidad con la fórmula que para esos efectos ha sido utilizada por la Sala según la cual: renta actualizada = renta histórica * [índice final de precios al consumidor ÷ índice inicial de precios al consumidor(46)]. El cálculo arroja el siguiente resultado:

Ra = $ 691.609,5 * (137,71 ÷ 75,01) = $ 1.269.717,96

41. Con este valor se calcula la renta dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo consolidado así:

Rc = Ra * [(1 + i)n - 1] ÷ i

Donde i = al interés mensual legal (0,004867); n = Tcons = 168.87 meses

Rc = $ 1.269.717,96 * [(1 + 0,004867)168,87- 1] ÷ 0,004867 = $ 331.390.719,9

Se tiene, entonces, que durante el tiempo consolidado (168.87 meses) los parientes del fallecido dejaron de percibir una renta total de $ 331.390.719,9, destinado al apoyo que el compañero permanente y padre habría brindado, si viviese, al grupo familiar.

42. Y, asimismo, se calcula la renta dejada de percibir por los parientes del fallecido, si este viviese, durante el tiempo futuro, así:

Rf = Ra * [(1 + i)n- 1] ÷ [i * (1 + i)n]

Donde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tfut) = 385.93 meses.

Rf = $ 1.269.717,96 * [(1 + 0,004867)387.4 - 1] ÷ [0.004867 * (1 + 0,004867)385,93]

Rf = $ 222.694.551,61

O sea que durante el tiempo futuro (385,93 meses), los parientes dejaron de percibir una renta total de $ 222.694.551,61, que el fallecido, si viviese, habría destinado al grupo familiar.

43. A continuación, se procede al cálculo del lucro cesante con acrecimiento para cada uno de los actores beneficiarios, distribuyendo los valores de la renta calculada en los periodos de acrecimiento.

43.1. Es claro para la Sala que serán beneficiarios del lucro cesante consolidado tanto la compañera permanente superviviente, como sus dos hijos, comoquiera que estos últimos, al momento de este fallo, no han arribado aún a la edad de 25 años, momento en el que —se presume— alcanzan la independencia económica. Del valor del lucro cesante consolidado ($ 331.390.719,9) se asignará el 50% ($ 165.695.359,95) a la señora J. C. B. M. —compañera permanente—, y la otra mitad, por partes iguales ($ 82.847.679,97), a A. F. P. B. y a C. A. B. M.

43.2. En lo tocante al lucro cesante futuro, de los 385,93 meses (Tfut) los primeros 102 meses (Pd1), contados a partir de la fecha de la presente sentencia hasta que A. F. P. B. cumpla 25 años de edad (3 de diciembre de 2025), se distribuirá el valor de la renta futura (Vd) del mismo modo en que se asignó el lucro cesante consolidado, esto es, 50% para la compañera permanente J. C. B. M. y 50% para ser repartido, por mitades, entre los dos hijos A. F. P. B. y C. A. B. M. Ello se hará conforme a la siguiente fórmula:

Vd = (Rf ÷ Tfut) * Pd1

Vd = ($ 222.694.551,61 ÷ 385,93) * 102

Vd = $ 57.370.859,15

En consecuencia, de la renta futura distribuida durante este primer periodo, se asignarán $ 28.685.429,57 para J. C. B. M.; mientras que la suma de $14.342.714,78 será asignada a A. F. P. B., así como a C. A. B. M.

43.3. En los siguientes 30 meses de lucro cesante futuro (Pd2), que transcurren mientras C. A. B. M. cumple 25 años de edad, el valor de la renta futura (Vd) se calculará como ya se indicó:

Vd = (Rf ÷ Tfut) * Pd2

Vd = ($ 222.694.551,61 ÷ 385,93) * 30

Vd = $ 17.311.006.

De la renta distribuida en este segundo periodo, la parte que le correspondería a A. F. P. B. ($ 4.327.751,5) acrecerá por partes iguales ($ 2.163.875,75) a J. C. B. M. y a C. A. B. M. De manera que a la compañera permanente se le asignará la suma de $ 10.819.378,75; y al hijo menor (C.) la suma de $ 6.491.627,25.

43.4. Y en los últimos 253,93 meses de lucro cesante futuro (Pd3), o sea el restante de la expectativa de vida probable del fallecido, se asigna el valor de la renta consolidada a distribuir (Vd) en ese periodo, a la compañera permanente. Así:

Vd = (Rf ÷ Tfut) * Pd2

Vd = ($ 222.694.551,61 ÷ 385,93) * 253,93

Vd = $ 146.526.125,17.

Teniendo en cuenta que este monto $146.526.125,17 corresponde al 75% de los ingresos que hubiera percibido el fallecido luego de que sus hijos alcanzaran 25 años (pues al inicio se dedujo de la base el 25% de gastos propios del causante), de esta base se le reconocerá a la cónyuge supérstite el 50% de los ingresos remanentes, esto es la suma de $ 73.263.062,58, pues en esas circunstancias de independencia económica de los hijos, el trabajador habría aumentado las reservas para sus propias necesidades, quedando con esta distribución, el 50% de los ingresos restantes para cada consorte.

44. En síntesis, las sumas liquidadas por lucro cesante (consolidado y futuro) son las siguientes:

— Lucro cesante consolidado.

a) A J. C. B. M.:$ 165.695.359,95

b) A A. F. P. B.: $ 82.847.679,97

c) A C. A. B. M.: $ 82.847.679,97

— Lucro cesante futuro.

a) A J. C. B. M.: $ 112.767.870,9

b) A A. F. P. B.: $ 14.342.714,78

c) A C. A. B. M.: $ 20.834.342

— Total lucro cesante.

a) J. C. B. M.: $ 278.463.230,85

b) A. F. P. B.: $ 97.190.394,75

c) C. A. B. M.:$ 103.682.021,97

$ 479 335 647,57

45. Con todo, en observancia del principio de congruencia, debe verificarse si la suma calculada excede lo solicitado en la demanda por lucro cesante, que correspondía a $ 433.654.681. Este valor, actualizado a la fecha de la presente sentencia, conforme a la fórmula anteriormente aludida (renta actualizada = renta histórica * [índice final de precios al consumidor(47) ÷ índice inicial de precios al consumidor(48)], equivale a $ 796.141.662,7. De lo anterior se deduce que el monto pretendido es superior al que en esta sentencia se está reconociendo, por lo que no existe incongruencia entre lo pedido en la demanda y lo concedido por este fallo.

V.I.III. Medidas de reparación no pecuniaria.

46. Dadas las circunstancias que rodearon la muerte del señor L. A. P. D., la Sala considera que es pertinente la adopción de medidas no pecuniarias encaminadas a la satisfacción y a la no repetición(49) de las conductas que fueron materia de pronunciamiento en el presente fallo, las cuales se concretan en lo siguiente:

46.1. El hecho de la ejecución extrajudicial de L. A. P. D. fue investigado de forma insuficiente tanto por la jurisdicción penal militar como por la Fiscalía General de la Nación, entidad que dio por cierta la versión de los integrantes de batallón de infantería sin indagar con mayor profundidad las verdaderas circunstancias en que se produjo el fallecimiento de la víctima. En consecuencia, se compulsarán copias a la autoridad pertinente para que, si se encuentran méritos suficientes para ello, se reabra la investigación penal en relación con los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2003 en la vereda xxx, del municipio de xxx, y que dio lugar a la muerte de L. A. P. D.

46.2. Para tal efecto, como la Corte Constitucional(50) y el Consejo Superior de la Judicatura(51) tienen establecido que los tribunales militares no tienen jurisdicción para juzgar crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública cuando éstos sean presuntamente culpables de delitos ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, entonces se compulsarán las copias pertinentes a la Fiscalía General de la Nación, para que esa entidad evalúe la posibilidad de adelantar una investigación exhaustiva respecto de los hechos materia del presente litigio, encaminada a identificar y castigar a los responsables de la muerte de L. A. P. D. Con ocasión de dicha compulsa de copias se estudiará la forma en que se adelantó la investigación penal militar respectiva, con el propósito de estimar si es procedente proseguir alguna acción penal por los presuntos delitos contra la administración de justicia que allí pudieron haberse cometido.

46.3. El Ministerio de Defensa Nacional realizará una publicación de la totalidad de esta sentencia en un lugar visible al público de la sede principal de dicha entidad, y la divulgará por medios escritos —físicos y magnéticos— por todos los batallones y brigadas del Ejército Nacional.

46.4. Igualmente, siguiendo el parámetro de la Sala Plena de la Sección Tercera(52), de conformidad con la Ley 1448 de 2011(53) —mediante la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno—, se enviará al director del centro nacional de memoria histórica y del archivo general de la nación, copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.

VI. Costas.

47. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓQUESE la sentencia del 15 de marzo de 2011 del Tribunal Administrativo del Meta.

2. En su lugar, DECLÁRESE administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional por la muerte del señor L. A. P. D., por las razones expuestas en la presente providencia.

3. CONDÉNESE a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional a pagar, por concepto de daño moral, J. C. B. M., A. F. B. P. y C. A. B. M., la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria del presente fallo, a favor de cada uno.

4. CONDÉNESE a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante:

— A la señora J. C. B. M. la suma de doscientos setenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos treinta pesos con ochenta y cinco centavos m/cte. ($ 278.463.230,85).

— A A. F. P. B. la suma de noventa y siete millones ciento noventa mil trescientos noventa y cuatro pesos con setenta y cinco centavos ($ 97.190.394,75).

— A C. A. B. M. la suma de ciento tres millones seiscientos ochenta y dos mil veintiún pesos con noventa y siete centavos ($ 103.682.021,97).

5. COMPÚLSENSE copias auténticas de la totalidad del expediente en el que consta el trámite contencioso administrativo de la referencia, con destino a la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de que, de encontrarlo jurídicamente viable, se adelante la investigación penal que sea conducente a efectos de establecer la identidad de los responsables de la muerte del señor L. A. P. D. en la vereda xxx - municipio de xxx (Meta) el 14 de mayo de 2003. La investigación tendrá por objeto identificar y castigar penalmente a quienes resulten directa o indirectamente responsables por ese hecho.

6. ORDÉNASE al Ministerio de Defensa Nacional realizar una publicación escrita de esta sentencia en un lugar visible al público de la sede principal de dicha entidad, y la divulgación de la misma providencia por medios físicos y/o magnéticos en todos los batallones y brigadas del Ejército Nacional.

7. ENVÍESE una copia de esta sentencia al señor Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y al Director del Archivo General de la Nación, con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia y la reparación integral de las víctimas.

8. DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

9. Sin condena en costas.

10. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

En firme este proveído, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 La cuantía del presente asunto, según la demanda (fl. 18, cdno. 1) asciende a $ 1.759.523.116 suma que sobrepasa los 500 smlmv que exigía el Código Contencioso Administrativo para el conocimiento de acciones de reparación directa en el año 2005 ($ 190.750.000). Además, se tiene en cuenta que, para la fecha de la instauración del recurso de apelación, la anterior cifra se constituye a partir de la sumatoria de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010.

2 Expediente 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 30 de septiembre de 2014, exp. 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.

4 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 9 de febrero de 2011, rad. 25000-23-26-000-1994-09702-01(16934), C.P. Danilo Rojas Betancourth; y Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, rad. 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

5 [167] “En Colombia la violencia desencadenada por el conflicto armado interno se ha concentrado históricamente en las zonas rurales. Ver: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia Rural, razones para la esperanza, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Bogotá, INDH-PNUD, 2011, p. 231; Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá, 2013, pp. 323 y ss.; BERRY, Albert, “Aspectos jurídicos, políticos y económicos de la tragedia de la Colombia rural de las últimas décadas: hipótesis para el análisis”, en tierra, guerra y Estado, Revista Estudios Socio-Jurídicos, Nº 1, volumen 16, junio del 2014, Universidad del Rosario, Bogotá, pp. 7-23”.

6 [168] “La Subsección B de la Sección Tercera en sentencia del 27 de septiembre del 2013, rad. 19939, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, al resolver un caso de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario acudió a la flexibilización de los estándares probatorios en materia de prueba documental: “Puestas las cosas en los términos anteriormente señalados y tratándose, como en el presente caso, del deber de reparar integralmente a víctimas de graves vulneraciones de Derechos Humanos y/o del Derecho Internacional Humanitario, sean directas o indirectas, resulta indispensable aplicar el principio de equidad y, en consecuencia, flexibilizar el estándar probatorio. Es que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en un caso como el presente —en el que, además, como lo revelan los hechos y lo reconoce la sentencia de primera instancia, las autoridades en lugar de facilitar la búsqueda del desaparecido entorpecieron las labores de su madre y hermanos—, ocupan el lado más débil de la balanza así que, de conformidad con lo ordenado por el artículo 13 Superior, requieren mayor soporte y protección. Se reitera en este lugar lo ya afirmado arriba y es que en estos casos los principios de verdad, de justicia y de reparación integral han sido catalogados como derechos fundamentales que rigen en virtud del ius cogens, por lo que no cabe alegar obstáculos de orden normativo interno para efectos de dificultar su realización”.

7 [169] “Esta postura de flexibilización de los medios de prueba ante graves violaciones a los derechos humanos fue adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 15 de septiembre del 2005, caso Mapiripán vs. Colombia, párr. 73; sentencia del 24 de junio del 2005, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, párr. 41; sentencia del 23 de junio del 2005, caso Yatama vs. Nicaragua, párr. 108; sentencia del 20 de junio del 2005, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, párr. 45; sentencia del 2 de julio del 2004, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 57”.

8 [170] “Se remite a los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales: sentencia del 6 de julio del 2009, caso Escher y otros vs. Brasil, párr. 127; sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135; sentencia del 28 de enero del 2009, caso Ríos y otros vs. Venezuela, párr. 98; sentencia del 3 de abril del 2009, caso Kawas Fernández vs. Honduras, párr. 95”.

9 [171] “Sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135”.

10 [172] “Según Taruffo “El juzgador ya no está obligado a seguir reglas abstractas: tiene que determinar el valor de cada medio de prueba especifico mediante una valoración libre y discrecional. Esa valoración tiene que hacerse caso por caso, conforme a estándares flexibles y criterios razonables. La idea básica es que esta clase de valoración debe conducir al juzgador a descubrir la verdad empírica de los hechos objeto del litigio sobre la única base del apoyo cognitivo y racional que ofrecen los medios de prueba disponibles”. TARUFFO, Michele, La prueba. Ed. Marcial Pons, Madrid, p. 135”.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, rad. 05001-23-25-000-1999-00163-01(32988), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

12 Copia de cédula de ciudadanía de L. A. P. D., fl. 29, cdno. 1.

13 Copia auténtica del registro civil de defunción (fl. 20, cdno. 1) inscrito el 11 de abril del 2005 a instancias del Juzgado 15 de Instrucción Penal Militar de Villavicencio.

14 Oficio del 25 de agosto de 2003, fl. 7, cdno. 1.

15 Según lo indica el acta de levantamiento del cadáver objeto del examen de necrodactilia (fl. 23, cdno. 2), y la manifestación hecha por el juzgado el 26 de noviembre de 2003 (fl. 27, cdno. 2).

16 “Es por lo anterior que el Código Contencioso Administrativo ha regulado el tema de la caducidad señalando diferentes términos para ejercer cada una de las acciones por él previstas; para el caso de la acción de reparación directa en el numeral 8º del artículo 136 se estableció que “al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” ocurría el fenómeno de la caducidad de la acción, impidiendo con ella su ejercicio y sacando de la jurisdicción el conocimiento de dicho asunto. // Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 589 de 2002, se introdujo una modificación al Código Contencioso Administrativo en relación con el momento en que se inicia el conteo del término para intentar la acción de reparación directa con el fin de reclamar los daños derivados del delito de desaparición forzada, esto es “a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”. // Lo anterior, hace necesario precisar que dicha modificación no implica que la acción de reparación directa derivada de un delito de desaparición forzada no caduque, sino que por el contrario, ésta se produce una vez vence el plazo para intentar la acción ante la jurisdicción, introduciendo el legislador una variación en relación con el momento en que inicia el conteo de dicho término, por cuanto lo somete a la ocurrencia de una de varias condiciones: i) el aparecimiento de la víctima o ii) la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal. Sin que varíe por ello el término de dos años previstos en la norma. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 19 de julio de 2007, rad. 25000-23-26-000-2004-01514-01(31135), C.P. Enrique Gil Botero).

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 3 de marzo de 2010, rad. 50001-23-31-000-2008-00350-01(36282), C.P. Myriam Guerrero de Escoba, S.V. Enrique Gil Botero.

18 Manifiesta en la demanda que la señora J. C. B. M. se enteró del hecho a mediados de septiembre de 2003 por información de un miembro del CTI (párr. 2.3.).

19 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, auto del 12 de diciembre de 2014, rad. 05001-23-33-000-2013-01356-01(50187), C.P. Danilo Rojas Betancourth, A.V. Stella Conto Díaz del Castillo.

20 Código Civil, “ART. 213.—El hijo concebido durante el matrimonio de sus padres es hijo legítimo”.

21 El artículo 213 del Código Civil fue modificado por la Ley 1060 del 26 de julio de 2006 en estos términos: “El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad”.

22 Corte Constitucional, Sentencia C-442 del 8 de julio de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

23 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 19 de julio de 2000, rad. 12012, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, y del 8 de julio de 2009, rad. 05001-23-26-000-1993-00134-01(16974), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 19 de abril de 2012, rad. 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), C.P. Hernán Andrade Rincón.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, rad. 54001-23-31-000-1995-08777-01(16337), C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

26 Entre otras, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gómez Palomino vs. Perú, sentencia de 22 de noviembre de 2005 (Fondo, reparaciones y costas), párr. 97.

27 Documento E/CN.4/1996/38 - párr. 55, no traducido al idioma español. En página web: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GeneralCommentsDisappearances_sp.pdf (última consulta: 28/mar./2017).

28 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Anzualdo Castro vs. Perú, sentencia de 22 de septiembre de 2009 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas), párr. 91.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, rad. 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

30 Constitución Política de Colombia, artículo 2º, inciso 2º: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Y artículo 11: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

31 Código Penal, Ley 599 de 2000: “ART. 135.—Homicidio en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los convenios internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión (…).
PAR.—Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:
1. Los integrantes de la población civil.
2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.
3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.
4. El personal sanitario o religioso.
5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.
6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga.
7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados.
8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse.

32 En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone que, en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en sentencia definitiva dictada por tribunal competente”. Así mismo, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 4.1 prevé: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Estas y otras normas de carácter internacional hacen parte del bloque de constitucionalidad, tal como lo ha precisado la Sala en varias de sus providencias, entre ellas: sentencia del 8 de julio de 2009, rad. 05001-23-26-000-1993-00134-01(16974), ya citada; y sentencia del 23 de agosto de 2010, rad. 05001-23-25-000-1995-00339-01(18480), Actor: Pedro Saúl Cárdenas y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

33 Amnistía Internacional, Unidad Didáctica II. “Dossier”. Fuerzas de Seguridad y Derechos Humanos. 24. Diez normas Básicas de derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en www.es.amnesty.org. En la parte pertinente del escrito que se está citando de la organización internacional no gubernamental, se establecen las siguientes fuentes normativas que sirvieron para la redacción de la norma transcrita: principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (principios 1 y 3), artículo 3 común de los convenios de Ginebra, declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

34 [17] “En la prueba por indicios necesariamente intervienen tres elementos: un hecho, el que indica; otro hecho, el indicado y una relación de causalidad, concomitancia o conexión entre aquél y éste. El indicio parte de un hecho conocido, establecido en el proceso por cualquier medio de prueba distinto del mismo indicio, esto es, que todos los medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho indicado debe ser el resultado lógico crítico de la inferencia entre el primero y el segundo hecho, de donde la integración de los tres elementos anotados, permiten la existencia del indicio” (Cabrera Acosta, Benigno Humberto, Teoría general del proceso y de la prueba, 5ª edición, ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, pp. 458 y ss.).

35 [18] “Al respecto se puede consultar la sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. Miriam Guerrero de Escobar, exp. 16337”.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 14 de abril de 2011, rad. 05001-23-31-000-1996-00237-01(20145), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

37 Documento A/HRC/14/24/Add.2 del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Disponible en página web: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add.2_sp.pdf (Última consulta: 29/mar./2017).

38 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, adoptados mediante Resolución 1989/65 del 24 de mayo de 1989. Principio Nº 9. En página web: http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/ejecuciones.htm (Última visita: 29/mar./2017). La resolución que se cita fue objeto de acompañamiento y reiteración en la Resolución 44/162 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en la 82ª sesión plenaria de la asamblea, celebrada el 15 de diciembre de 1989, en la cual se dijo que la asamblea “hace suyos… los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, enunciados en el anexo a la Resolución 1989/65 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1989”.

39 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 29 de octubre de 2012, rad. 20001-23-31-000-1999-00274-01(21377), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2002, rad. 05001-23-24-000-1993-0288-01 (13818), C.P. María Elena Giraldo Gómez. En el mismo sentido, ver: Subsección “C”, sentencia del 8 de agosto de 2012, rad. 73001233100020000243601(23691), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencias del 28 de agosto de 2014, rad. 66001-23-31-000-2001-00731-01 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y rad. 73001-23-31-0002001-00418-01 (27709), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

42 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 68001-23-15-000-1998-01173-01 (32747), Actor: Martha Liliana Rey Ríos y otros, C.P. (e) Hernán Andrade Rincón; y Subsección “B”, sentencia del 8 de julio de 2016, rad. 50001233100020000016201, exp. 31378, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

43 Ver: Corte Constitucional, sentencias C-237 del 20 de mayo de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-919 del 19 de agosto de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería; y C-1033 del 27 de noviembre de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, entre muchas otras.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 22 de abril de 2015, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, rad. 15001-23-31-000-2000-03838-01 (19146).

45 Superintendencia Bancaria de Colombia, Resolución 497 del 20 de mayo de 1997.

46 Correspondiente a mayo de 2003: 75.01.

47 Vigente para la fecha de esta decisión, según el DANE: 136.12 (febrero de 2017).

48 Correspondiente a septiembre de 2005: 83,76.

49 La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante Resolución 2005/35 del 19 de abril de 2005, adoptó los “Principios y directrices básicos sobre el derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, y en el capítulo IX de dicha resolución —“Reparación de los daños sufridos”— consagró las medidas encaminadas a la satisfacción —numeral 22— y a las garantías de no repetición —numeral 23—. Las primeras están relacionadas con la cesación de violaciones continuadas y la consecución de la verdad sobre los hechos para su divulgación. Las segundas están relacionadas con las medidas que deben adoptar los Estados para que no queden impunes las faltas cometidas por sus agentes.

50 Sentencias C-358 de 1997 y C-878 de 2000.

51 Sala Jurisdiccional Disciplinaria, providencia del 14 de agosto de 2008.

52 Sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 32988, ya citada.

53 ART. 144.—“Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el centro de memoria histórica, diseñará, creará e implementará un programa de derechos humanos y memoria histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones. // Los archivos judiciales estarán a cargo de la Rama Judicial, la cual en ejercicio de su autonomía podrá optar, cuando lo considere pertinente y oportuno a fin de fortalecer la memoria histórica en los términos de la presente ley, encomendar su custodia al Archivo General de la Nación o a los archivos de los entes territoriales [...]”.