Sentencia 2005-20420/46345 de octubre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Rad.: 500012331000200520420 01 (46.345)

Actor: Eduvina Merchán Niño y otros.

Demandado: Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial

Proceso: Acción de Reparación Directa

Asunto: Recurso de apelación

Bogotá D.C. veintitrés octubre de dos mil diecisiete.

Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda porque se encontró probada la culpa grave y exclusiva de la víctima. Restrictor: Sustento fáctico y objeto del recurso de apelación / Aspectos procesales - legitimación en la causa - caducidad de la acción / Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado / El derecho a la libertad individual / Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

Decide la Sala(1) el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación(2) contra la Sentencia del 15 de marzo de 2011(3) proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda así:

“1. NIÉGUENSE las excepciones de falta de interés en la causa por pasiva e ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de nexo causal, propuestas por la Nación - Fiscalía General de la Nación.

2. DECLARESE la ausencia de legitimación en la causa por activa de Juan de Jesús Carvajal, Saúl Carvajal Merchán, Diomedes Carvajal Merchán, Leonardo Carvajal Merchán y Yene Carolina Carvajal Merchán, en consecuencia niéganse las pretensiones por ellos formuladas.

3. DECLARESE administrativamente responsable a la Nación- Fiscalía General de la Nación por los daños y perjuicios ocasionados a la señora Eduvina Merchán Niño con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto.

4. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación, al pago de las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios de orden moral:

A Eduvina Merchán Niño: Ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

(…)”.

I. Antecedentes.

1. La demanda.

Fue presentada el 14 de septiembre de 2005(4) por Eduvina Merchán Niño (víctima), Juan de Jesús Carvajal (compañero permanente), Yene Carolina, Saul, Leonardo y Diomedez Carvajal Merchán (hijos), quienes mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, solicitaron que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, de los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad de que fue objeto Eduvina Merchán Niño por el término comprendido entre el 17 de noviembre de 2003 y el 15 de julio de 2004, y que, en consecuencia, sean condenados a pagar las siguientes sumas de dinero:

1.1. Por concepto de perjuicios morales el equivalente a 200 smlmv para cada uno de los demandantes.

1.2. Por concepto de daño emergente a favor de la víctima directa la suma de $5.000.000.oo correspondiente a los honorarios profesionales cancelados para su defensa dentro del proceso penal adelantado en su contra; y el equivalente al 40% de lo reconocido por este concepto a favor de los demás demandantes.

1.2.2. A título de lucro cesante a favor de Eduvina Merchán Niño, la suma de $10.000.000.oo por concepto de “ingresos dejados de percibir por la no explotación económica de una tienda de víveres y hospedaje de su propiedad ubicado en el barrio Las Colinas en la comprensión municipal de la Macarena (Meta) del cual derivaba el sustento personal y el de su familia”.

2. Como fundamento de sus pretensiones la parte actora expuso los siguientes hechos(5): 

“1. Los hechos que originaron la investigación penal de la Fiscalía General de la Nación se remontan a que el 17 de noviembre de 2003 en altas horas de la noche en el área urbana del municipio de La Macarena (Meta) un sujeto activo aun hoy desconocido se resguardó en una camioneta parqueada frente a su casa u hotel, negocio abierto al público de la señora Eduvina Merchán Niño y procedió a lanzar una granada desde ese sitio, a la casa del frente donde estaban departiendo algunas personas que a la postre resultaron 7 heridos a raíz de la explosión e igualmente en el allanamiento por parte de la policía fueron capturados la señora Eduvina Merchán Niño, Diomedes Carvajal Merchán y otros los cuales fueron privados de su libertad.

2. La Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Villavicencio, asumió el conocimiento de los ilícitos abriendo el sumario 106-643 por los delitos de rebelión, porte ilegal de armas y lesiones personales agravadas dentro de ese proceso expidió las ordenes de captura, practicó pruebas y dictó medidas de aseguramiento de detención preventiva contra los vinculados mediante indagatoria. Como resultado de las actuaciones judiciales descritas, el 17 de noviembre de 2003 ordenó librarse las correspondientes boletas de encarcelamiento con destino a la cárcel distrital de esta ciudad las que se hicieron efectivas el 18 de noviembre de dos mil tres (2003).

3. El día veintiuno (21) de noviembre de 2003 el señor Fiscal Sexto Especializado de Villavicencio comenzó a recibir la declaración de indagatoria a la señora Eduvina Merchán Niño.

(…)

5. El Procurador 27 Judicial Penal II de Villavicencio Meta en condición de Delegado del Ministerio Público, se pronunció el 18 de junio emitiendo concepto 28 y solicita se precluya la investigación adelantada mediante proceso 106-643 a favor de los procesados.

6. Notificada de la decisión judicial de la revocatoria, de la medida de aseguramiento Eduvina Merchán Niño recobró su libertad el quince (15) de julio de dos mil cuatro (2004) poniendo fin a la difícil situación personal que sufrió durante doscientos cuarenta (240) días en las instalaciones de la cárcel del distrito judicial de Villavicencio”.

3. El trámite procesal.

Admitida la demanda(6) y noticiada la Fiscalía General de la Nación(7) de la existencia del proceso, el asunto se fijó en lista.

3.1. Contestación a la demanda.

El 20 de junio de 2006 la Fiscalía General de la Nación dio contestación a la demanda(8) oponiéndose a las pretensiones y propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva e ineptitud de la demanda por ausencia de nexo causal por cuanto consideró que “la investigación adelantada como las medidas impuestas al demandante como a sus bienes, no fue injusta, y que no se configuró una falla en el servicio imputable a la Fiscalía, como tampoco la existencia de un error jurisdiccional inexcusable capaz de comprometer la responsabilidad de mi representada”.

3.2. Practica de pruebas, audiencia de conciliación y alegatos de conclusión.

Después de decretar(9) y practicar pruebas, el a quo fijo el día 11 de febrero de 2010 como fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación(10). No obstante, llegado el día y la hora programada, la diligencia se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio entre las partes(11).

A continuación, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Públicopara que presentara el respectivo concepto(12); oportunidad que fue aprovechada por la Fiscalía General de la Nación(13) y parte demandante(14).

Igualmente, el 14 de diciembre de 2010 el Ministerio Público presentó el concepto de rigor(15), en el que solicitó que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la entidad demandada por los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora Eduvina Merchán Niño.

II. La Sentencia del Tribunal.

En fallo del 15 de marzo de 2011, el Tribunal Administrativo del Meta decidió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda(16), por cuanto consideró:

“Debe mencionarse que la norma consagrada en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal (vigente para la época de los hechos), establece objetivamente los supuestos requeridos para que proceda la indemnización por privación injusta de la libertad, entre los que expresamente se señala “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios… porque el… sindicado no lo cometió” supuesto que se configura en este caso, pues en la resolución a través de la cual se resolvió la situación jurídica de la actora, la Fiscalía claramente explicó: “(…) dentro de la instructiva no fue posible determinar el aporte objetivo de José Manuel y Eduvina al desarrollo de la acción”.

En consecuencia, si bien la actuación de la Fiscalía que conoció del caso fue apegada y conforme al procedimiento penal vigente para la época de los hechos, se hace necesario proceder al reconocimiento de la indemnización de perjuicios, pues objetivamente se da uno de los supuestos previstos en la norma que consagra los casos de privación injusta de la libertad”.

III. El Recurso de Apelación.

Por medio de escrito del 25 de abril de 2011(17), la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, por cuanto consideró que en el caso de autos “no se vislumbra prueba ajustada a derecho que señale o describa o demuestre o compruebe tanto los hechos como los daños y perjuicios referidos, así como los supuestos de hecho y de derecho de los mismos, para indemnizar a los actores”.

IV. Tramite de Segunda Instancia.

1. Admisión del recurso de apelación.

Mediante Auto de 8 de abril de 2013, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia(18).

2. Alegatos de conclusión y audiencia de conciliación.

Luego de admitido el recurso de apelación, la Sala corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión(19) y al Ministerio Público para que emitiera el concepto de rigor. Oportunidad procesal que fue aprovechada por la Fiscalía General de la Nación(20) en los siguientes términos:

“(…) No se puede endilgar responsabilidad patrimonial a mi representada por la investigación penal adelantada al hoy demandante, pues las actuaciones determinantes de ella no pueden considerarse constitutivas injustas, porque mi representada siempre estuvo sujeta al giro ordinario de su actividad, cumple con unos deberes que le impone la Constitución, la Ley y sus reglamentos.

Finalmente, en relación con el reconociendo (sic) por conceptos de perjuicios morales, se encuentran sobre estimados de conformidad con los presupuestos consagrados por el Consejo de Estado en Sentencia de 2 de mayo de 2007, en la cual fijó el techo de los mismos en 100 salarios mínimos mensuales para los casos de mayor gravedad, es decir en los que medie la muerte o la incapacidad permanente total, dichas circunstancias no se evidencian en el caso en concreto, en el cual la detención no se tornó en antijurídica”.

A continuación, la Sala fijó el día 29 de junio de 2016 como fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación judicial(21). Llegado el día y la hora programada, la diligencia se declaró suspendida. Ese mismo día la entidad demandada presentó el certificado del Comité de Conciliación de la Fiscalía General de la Nación en el que determinó no proponer formula conciliatoria(22), razón por la cual no se insistió en la realización de la audiencia.

V. El Concepto del Ministerio Público.

El día 16 de mayo de 2016, el Ministerio Público presentó el concepto 107(23) en el que consideró que “la liberación de responsabilidad penal se fundamentó en la aplicación del principio in dubio pro reo strictu sensu, puesto que la providencia de la Fiscalía Sexta Especializada de Villavicencio (Meta) concluye que las pruebas no tenían la fuerza necesaria para imputar conducta punible a la investigada, o sea que no era posible hacer un juicio sobre su conducta para hacer la imputación objetiva del delito. En consecuencia opera título de imputación de responsabilidad objetivo. La detención que padeció se tornó injusta con la providencia que la liberó de responsabilidad”.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado se procede a desatar la alzada, previas las siguientes.

VI. Consideraciones.

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la Causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(24), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes Eduvina Merchán Niño, en su condición de privada de la libertad, y su núcleo familiar, Juan de Jesús Carvajal(25) (compañero permanente), Yene Carolina(26), Saul(27), Leonardo(28) y Diomedez Carvajal Merchán(29) (hijos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las Fiscalías Seccionales y los Juzgados Penales en las etapas de instrucción y juzgamiento a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(30), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(31). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(32).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(33).

En el caso concreto, la Sala observa que a la demandante le fue precluida la investigación penal adelantada en su contra mediante providencia que quedó ejecutoriada el 19 de julio de 2004 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 14 de septiembre de 2005, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2. Sustento fáctico y objeto del recurso de apelación(34). 

En primer lugar advierte la Sala, que sólo interpuso el recurso de apelación uno de los integrantes del extremo pasivo de la relación procesal, de manera que éste es el único apelante, y que uno de los objetos del recurso de apelación tiene que ver con la declaratoria de responsabilidad efectuada por el a quo, por lo que en esta instancia, según lo planteado en el recurso y la jurisprudencia vigente, para decidir el recurso la Sala se centrará en realizar una valoración del material probatorio a fin de revisar la responsabilidad del apelante único en la realización del daño antijurídico y la condena impuesta en primera instancia. Lo anterior en desarrollo de lo previsto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil que establece que el juez superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, así como en el alcance dado por la Sala Plena de la Sección Tercera en la Sentencia de 9 de febrero de 2012 (Exp. 21060).

3. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”(35).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(36) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

4. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

5. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(37).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(38).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas(39)”.

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(40)-(41) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(42).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(43).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C -037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa.

(…)”. (Resalta fuera del texto).

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, está Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(44).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

6. Caso concreto.

Conforme al objeto de la apelación y los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala procederá a determinar si en el caso de autos la Fiscalía General de la Nación es administrativa y patrimonialmente responsable de la privación de la libertad a la que se vio sometida la señora Eduvina Merchán como presunta cómplice de la concreción de los delitos de rebelión, porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y lesiones personales con fines terroristas o, por el contrario, si se configura el eximente de responsabilidad - culpa exclusiva y grave de la víctima.

Al respecto, con el informe suscrito el 17 de noviembre de 2003 por el Departamento de Policía del Guaviare - Estación Macarena(45), la Sala encuentra demostrado que Eduvina Merchán Niño fue capturada cuando miembros de la Policía Nacional allanaron su casa de habitación, en virtud de los disparos y las granadas lanzadas ese mismo día desde esta vivienda, consecuencia de lo cual resultaron lesionadas alrededor de 7 personas.

Al respecto, en el informe consta:

“El día 171103 siendo aproximadamente las 00:10 horas se escucharon tres disparos al parecer de arma corta y seguidamente una explosión bastante fuerte por el sector de la planta eléctrica, al parecer, por lo que se coordinó con el señor Mayor Comandante del Batallón para evitar enfrentamientos con propias tropas. Siendo aproximadamente las 00:15 horas se acerca a las instalaciones Policiales el señor Víctor Julio Gómez Pulido (…) residente en el barrio Las Colinas (…), con quien diez minutos antes se había entablado conversación en su tienda en una tienda del barrio Las Colinas, momentos de los cuales se encontraba departiendo unas cervezas con unos amigos, quien informó que los disparos y la explosión que se escuchó minutos antes fueron unos disparos y granada que tiraron de la casa del frente, a la tienda de doña Olivia Téllez, y que según él se encontraba bastante gente herida, dirigiéndonos el personal de la reacción al lugar de los hechos a verificar dicha información, encontrando en el lugar y en diferentes partes (07) personas heridas por la explosión los cuales fueron trasladados al Hospital (…).

(…) Todas las declaraciones de los testigos, arrojaban que la granada fue lanzada desde la casa del frente donde se encuentra la tienda, por lo que se procedió de forma inmediata en flagrancia a ingresar a la vivienda encontrando dentro de la casa a la señora propietaria Eduvina Merchán Niño, su hija de 11 años de edad de nombre Yeny Carolina Carvajal Merchán, el menor de 17 años Diomedes Carvajal Merchán (…) quien se encontraba en una de las habitaciones durmiendo sólo y el señor José Samuel Rojas Mora quien reside en calidad de arrendatario en la primera habitación a la izquierda de la casa (…).

Anexo croquis residencia.

Habitación 1. Duerme la señora Eduvina con su hija de 11 años, donde no se encontró nada.

Sala, en dicho lugar el señor Subintendente Velasco Villaneda Jorge encontró en el álbum fotográfico personal de la señora, una foto de tres menores, uno de ellos reconocido en declaración juramentada como hijo de la señora Eduvina, de nombre, Saúl quien en denuncia penal hecha en contra de la señora Eduvina Merchán manifiesta que el hijo Saúl Carvajal Merchán es integrante activo de las Farc, no obstante en dichas fotografías una de las personas que aparece, porta un arma de fuego clase escopeta en las dos fotografías.

(…)

Habitación 2. Dicha habitación fue registrada por el Patrullero Rodríguez en presencia de la señora Eduvina y el hijo menor, encontrando debajo de la cama pegada a la parte izquierda superior parada y escondida una de las granadas incautadas.

(…)

Habitación 6. Dicha habitación fue registrada fue (sic) en presencia de la señora Eduvina encontrando debajo del colchón de la cama parte superior derecha una granada de las mismas características de la encontrada en la habitación dos M-26 (…).

A lo anterior, después de realizado el registro se procedió a capturar todas las personas que se encontraba dentro de la misma (…).

Es de tener en cuenta doctor que entre los siete heridos y tres personas que salieron ilesas de la explosión de la granada, site (sic) de estos manifiestan observar que la granada salió o fue lanzada desde la casa donde se encontraban las granadas en mención y en búsqueda de la espoleta y el pin de seguridad de la granada, fue encontrado al fin en el corredor de la casa, más o menos un metro hacia dentro ubicado en la orilla del piso con la pared, por lo cual se dificultó su hallazgo en las horas de la noche y fue encontrados en las horas de la madrugada.

La espoleta fue encontrada en la mitad de la carretera, momentos después de trasladar a los heridos al hospital, y el pin de seguridad en las horas de la mañana.

Me permito informar al señor Fiscal que en declaración juramentada a la señora Eduvina Merchán manifiesta que en las habitaciones 2 reside el señor de nombre Elquin Guerrero, quien se encuentra arrendado desde hace ocho días, y en la habitación No. 6 ultima a la izquierda el señor Arnobis Zamora de aproximadamente 30 años de edad quien vive en esa residencia hace seis meses, y en declaración juramentada tomada al señor José Samuel Rojas Mora, manifiesta que en la habitación 6 al fondo a la izquierda no reside ningún Arnoldo Zamora sino que vive un muchacho de apodo Picón, que responde al nombre de Tito Forero Garzón teniendo en cuenta que este señor alias Picón, (…) ha sido dejado a disposición de la Fiscalía Especializada por el presunto delito de rebelión como Comandante de las milicias urbanas de las Farc de la Macarena - Meta, segundo denuncias instauradas por la población civil. A la vez me permito informar al señor Fiscal que hace aproximadamente ocho días en registro voluntario en dicha residencia encontrando (sic) en la habitación No. 1 donde duerme la señora Eduvina Merchán se encontró una fotografía instantánea de un guerrillero de las Farc EP, quien tiene uniforme de policía, gorra camuflada, botas pantaneras, un brazalete con la bandera en Colombia en el brazo izquierdo y un fusil K-47”.

Ahora bien, observa la Sala que una vez abierta la investigación penal en contra de la demandante, el asunto pasó a manos de la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Villavicencio - Meta, quien el 26 de noviembre de 2003(46) resolvió imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de la demandante como presunta cómplice en la comisión de los delitos de terrorismo, en concurso heterogéneo con rebelión, porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y lesiones personales con fines terroristas, con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…) No podemos decir lo mismo de Eduvina Merchán Niño quien no obstante mostrarse ajena al acto que causara pánico zozobra y terror en un sector de los pobladores de La Macarena en fecha y circunstancias conocidas, por medios capaces de causar estragos acreditándose las lesiones con fines terroristas mediante historias clínicas, reconocimiento médico y su correspondiente incapacidad, tan triste acontecer precisa rememorar que en la casa de su propiedad y donde arrienda piezas al parecer por meses, sin ser hotel, fueron halladas dos granadas en cada una de las habitaciones de inquilinos sobre quienes se sabe escasamente el nombre de uno (Arnobis), ignorando conocer su procedencia y ocupación laboral cuando resulta apenas lógico por no decir elemental, preguntar al menos por los mínimos datos de una persona que va a vivir en una casa de familia, sin embargo y aun admitiendo la disculpa dada por la sindicada en el sentido de no saber quiénes son sus inquilinos y aun negar que alias “Picón” considerado como el Comandante de las Milicias Urbanas de las Farc en ese municipio frecuentara y aun pernoctara en su vivienda, es el testimonio de otro sindicado Rojas Mora que impide abrogarle su total ajenidad en los hechos como quiera que éste en su injurada manifestara haber observado que ahí a veces llegaban otros muchachos que viven en las piezas del fondo, ignorando si pagan o no arriendo, siendo uno de ellos “Picón”, desconociendo sus nombres pues lleva viviendo tan sólo un mes ahí, frente a lo cual y aun suponiendo esto como mención aislada o intrascendente la misma deja de serlo en la medida que personas como José Erinarco Espinosa y Edid Alfonso Peña junto con su esposa tienen conocimiento que en casa de Eduvina vive alias “Picón” aunándose a esto las copias de las denuncias aportadas en contra de Tito Forero Garzón alias “Picón” e instauradas por Gladys Temilda Aguirre Piñeros, Ana Cecilia Ahumada Medina, Víctor Julio Gómez Pulido y Carlos Ulises Calderón estos dos últimos heridos con la explosión de la granada, quienes departían frente a la casa de Eduvina; siendo evidente que fueron víctimas de tal ataque pues momentos antes del hecho aquí investigado se habían comprometido en denunciar a alias “Picón” capturado por la Policía, entonces no resulta extraño que desde la casa de Eduvina, conforme a (sic) prueba testimonial se hubiera iniciado el atentado terrorista en contra del personal civil en las circunstancias modales suficientemente conocidas, actividad que no fue casual respecto del lugar pues así la sindicada lo hubiere negado, las piezas procesales antes referidas permiten advertir que ésta colabora en las actividades ilícitas del guerrillero Tito Forero Garzón alias “Picón” y sus amigos, no siendo tampoco casual para esta delegada el hallazgo de dos granadas en la casa habitada por ella así no estuvieran en su habitación, como sinónimo del compromiso que por lo menos en este momento la relacionan con personas fuera de la ley, o con miembros de las Farc y concretamente con el supuesto Comandante de los milicianos en el lugar alias “Picón” al existir un sustento más y es la denuncia incoada en su contra por Gladys Tenilda Aguirre Piñeros, agregándose a ello que el informe de la Policía si bien sirve de criterio orientador al tenor del art. 314 del Código de Procedimiento Penal no puede quedarse sólo en eso cuando rima y concatena con la prueba testimonial dado que además de advertir sobre el lugar desde donde fuera lanzada la granada, también se puntualizó sobre el hallazgo del pin de seguridad en el corredor de la casa de Eduvina. Siendo claro para esta delegada que si bien Eduvina no fue vista lanzando la granada y no le fueron halladas en su poder las granadas, ello impide abrogarle la calidad de autor, permitiendo si advertir que quienes participan en el designio criminoso o en otras actividades diferentes de la consumación, son cómplices en sentido lato”.

En virtud de lo anterior, el 27 de noviembre de 2003 la Fiscalía emitió la orden de encarcelamiento 1213 de en contra de la demandante(47).

Acto seguido, la Procuraduría 27 Judicial Penal II de Villavicencio - Meta intervino en el proceso a través del concepto 28 del 18 de junio de 2004(48) en el que solicitó la preclusión de la investigación penal adelantada en contra de la demandante, por cuanto consideró:

“Si bien es cierto, los testimonios coinciden en señalar que el artefacto explosivo provino de la casa de enfrente a la que estaban situados, ninguno puede precisar que se trató de una u otra persona primero por la circunstancia temporal, una alta hora de la noche y dos porque había un obstáculo físico, un carro parqueado, que en ningún caso les permitió identificar al agresor.

De otro lado, en relación con las granadas que se encontraron en la casa, hay dos versiones, una de los policiales, que señalan las condiciones en las que fueron halladas las otras dos granadas incautadas y dos la de los moradores de la casa que señalan que no estuvieron pendiente de dicha situación, por lo tanto no es de extrañar su posición frente a dichos elementos incautados. “(…) el traía dos pepas verdes en la mano eso fue lo que yo observé, se las entregó al teniente, yo he visto que los policías cargan de esas pepas colgadas en el uniforme, no sé si sean bombas o granadas, cuando hicieron la requisa ellos se fueron solos a las piezas del fondo. Eduvina estaba al frente con Carolina”. Por su parte la señora Eduvina dice respecto al registro realizado en su presencia, eso sí es falso, porque cuando ellos me llamaron ya habían entrado, hasta prendieron luces y todo sin llamarme. Asimismo ha de tenerse en cuenta, que el hecho de que ninguna de las granadas hubiera sido encontrada donde residía el señor Samuel fue validado, entre otros elementos por el Despacho para abstenerse de dictar medida de aseguramiento en su contra, hecho último que se mantiene como quiera que no han surgido nuevas pruebas que puedan incriminarlo.

(…)

Asimismo ha de evaluarse la especial circunstancia de que la casa estaba desprovista de seguridad pudiendo en consecuencia ser utilizada para evadir la acción de la justicia sin embargo ello no significa que los moradores de la vivienda tengan participación en el ilícito investigado, por lo menos no existe prueba que así lo determine.

(…)”.

En virtud de lo anterior, el ente investigador entró a calificar el mérito del sumario y mediante providencia del 14 de julio de 2004(49) resolvió proferir resolución de preclusión a favor de la demandante como cómplice de los delitos de terrorismo en concurso heterogéneo con rebelión, porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y lesiones personales con fines terroristas, por las siguientes consideraciones:

“(…) Dentro del instructivo no fue posible determinar el aporte objetivo de José Samuel y Eduvina al desarrollo de la acción, mientras de otro lado el Subteniente de la Policía adscrito a la Estación de Policía de La Macarena, Meta quien se hiciera presente en el lugar de los hechos minutos después de haber explotado la granada, manifestó que algunos de los lesionados habían dicho que el artefacto explosivo fue lanzado por una persona que se ocultaba detrás de una camioneta color azul parqueada al frente de la residencia de Eduvina agregando haber hallado en el pasillo de la casa a un metro de la entrada un pasador de seguridad con su respectiva argolla y el pin de una granada de mano y en la calle a 4 metros aproximadamente de la vivienda registrada, se encontró una espoleta de granada de mano y estas dos partes conformaban la granada lanzada hacia el establecimiento público donde resultaran lesionadas siete personas, mención indicativa de que elementos externos y al parecer ajenos a la residencia de la procesada fueron los autores materiales del episodio investigado, y por ende esta delegada independientemente de la determinación a tomar, ordena compulsar copias de las piezas procesales pertinentes para investigar por separado a responsables autores materiales o intelectuales del acto terrorista así como del porte de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas en referencia a las dos granadas halladas en sendas habitaciones del inmueble registrado, junto con las lesiones personales con fines terroristas.

En tal discurrir, conviene recordar como el agente de la Policía Jesús David Campos León refirió que uno de los heridos le mencionó que la granada fue lanzada de la casa ubicada al frente del negocio, habiendo visto un muchacho salir de dicho inmueble, mientras Víctor Gabriel Rodríguez otro de los policiales en el lugar de los hechos luego de confirmar el hallazgo de dos granadas en habitaciones diferentes de la casa ocupada por Eduvina las cuales tenía en arriendo, mencionó como una de las personas que se hallaba tomando en el negocio afectado, vio correr a un señor por el pasillo de la casa hacia adentro, trayendo a la palestra dichas referencias toda vez que la casa desde donde al parecer se lanzó el artefacto explosivo carecía de seguridad, por cuanto el corredor o pasillo no está encerrado, colindando con un espacio público, permitiendo el paso de particulares y por ello bien pudo ser utilizada para consumar desde allí el lamentable acto terrorista.

Tan sintetizado devenir fáctico no implica que los residentes de dicho inmueble tuvieran necesariamente participación en el cobarde episodio en cuanto que el órgano captor tan sólo se limitó a detener los dos procesados que ocupaban aquella noche el inmueble sin aportar medios de convicción diferentes con posterioridad y en respuesta a tan puntual referencia, consideramos perfectamente razonable y atendible la consideración del señor defensor en cuanto que a su prohijada Eduvina no se le puede señalar como autora, coautora, auxiliar, participe o encubridora de los delitos en que presuntamente se halla incursa o que tenga algún nexo con grupos subversivos al margen de la ley como las Farc (…)”. (Resaltado fuera de texto).

De esta manera, la Sala encuentra probado que Eduvina Merchan estuvo privada de la libertad, en razón de la investigación penal cuyos principales actos procesales quedaron expuestos, sobre lo cual, de conformidad con el informe del 17 de noviembre de 2003(50) realizado por el Departamento de Policía del Guaviare - Estación La Macarena y el oficio de 28 de julio de 2016 emitido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC(51), la Sala pudo constatar que la demandante estuvo efectivamente privada de la libertad desde el día 17 de noviembre de 2003 hasta el día 14 de julio de 2004, esto es por el término de 7,09 meses.

Conforme con lo anterior, la Sala determinará si la conducta del actor se enmarca dentro de una causal eximente de responsabilidad, como lo es el hecho de la víctima, tal y como lo señaló el a quo, o si por el contrario, la parte demandada está llamada a responder por la privación de su libertad.

Al respecto, la Sala encuentra que Eduvina Merchán Niño incurrió en varias conductas que comprometieron su responsabilidad ante las autoridades y dieron lugar a la investigación penal adelantada en su contra, dentro de la cual se surtió la privación injusta de la libertad.

En primer lugar, está acreditado que el día de los hechos los agentes de la Policía Nacional encontraron dos granadas M-26 en dos de las habitaciones de la casa de la señora Eduvina Merchán, pese a que ella alegó tenerlas arrendadas; y de igual forma, en el pasillo de la misma vivienda fue hallado el pin de seguridad de la granada que había sido lanzada contra el inmueble ubicado justo en frente, sobre lo cual debe preverse que la demandante no proporcionó una explicación razonable ante las autoridades y, ni siquiera, pudo identificar a los supuestos arrendatarios ni dar información alguna sobre su paradero.

En este sentido, también se encuentra acreditado que desde la vivienda de Eduvina Merchán fue lanzada la granada cuya detonación lesionó a 7 personas, y así lo depusieron los lesionados.

Lo anterior consta en los siguientes medios probatorios:

—Informe del 17 de noviembre de 2003 emitido por el Departamento de Policía del Guaviare - Estación Macarena(52), en el que consta que el día de los hechos en la vivienda de propiedad de la demandante fueron encontradas en la habitación 2 y 6 dos granadas M-26 y el pin de seguridad de la granada que fue precisamente lanzada desde su casa y la cual fue hallada en el “corredor de la casa, más o menos un metro hacia dentro ubicado en la orilla del piso de la pared”.

—Declaraciones rendidas por Iván Andrés Muriel Carrillo(53), David Campos León(54) y Víctor Gabriel Rodríguez(55) quienes participaron en el procedimiento policivo llevado a cabo el día de los hechos en la propiedad de la actora y son coincidentes en afirmar que una vez ingresaron al inmueble de la demandante hallaron dos granadas en dos de las habitaciones de la vivienda de la actora, así como el pin de seguridad de la granada lanzada desde su casa, el cual estaba a un metro “adentro de la entrada del inmueble, al borde de la pared del pasadizo o zeguan”.

Igualmente, los testigos anteriormente mencionados son concurrentes en afirmar que una vez le preguntaron a Eduvina Merchán sobre el conocimiento que tenía sobre la presencia de los elementos, esta no supo dar razón.

Asimismo, la Sala encuentra acreditado que la demandante, pese a ser la arrendadora de las habitaciones de su residencia, no tenía conocimiento de los nombres y ocupaciones de los arrendatarios que, junto con ella, habitaban el inmueble.

En este sentido, en la diligencia de indagatoria(56) se le preguntó a la demandante sobre los residentes de la vivienda y ésta “extrañamente tan sólo recordó el nombre de uno de sus inquilinos (Arnobis) pues del segundo ni siquiera supo cómo se llamaba” (Resaltado fuera de texto).

Entonces, mientras los testimonios rendidos por José Samuel Rojas Mora(57) - habitante de la pensión y José Erinarco Espinosa(58) y Edith Alfonso Peña(59) - testigos presenciales de los hechos, acreditaron que Tito Forero Garzón, Comandante de las milicias urbanas de las Farc y autor de los hechos ocurridos el 17 de noviembre de 2003, residía en la vivienda de Eduvina Merchán, ésta desconocía tal situación. 

Entonces, lo anteriormente expuesto demuestra la forma negligente e imprudente como la demandante administraba su residencia, la cual no contaba ni siquiera con el registro de las personas que vivían en la pensión y mucho menos tenía conocimiento de las actividades económicas a las que se dedicaban los cohabitantes.

Se insiste, era tal el desorden de la demandante que ni siquiera conocía los nombres de quienes habitaban en su inmueble, comportamiento que facilitó que personas dedicadas a actividades delictivas ocuparan la residencia y desde allí ejecutaran actos ilícitos, sin ningún tipo de control ni consecuencia, pues, Eduvina Merchán ni siquiera proporcionó a las autoridades dato alguno que pudiera orientar la investigación penal contra los verdaderos responsables.

Frente a lo anterior, la Sala encuentra demostrado que, en su calidad de arrendadora, la demandante incumplió la obligación legal contenida en el inciso segundo, numeral 4º del aartículo 8º de la Ley 820 de 2003(60) que prescribe como obligaciones del arrendador “mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de seguridad y de sanidad las zonas o servicios de uso común” y de efectuar por su cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias, cuando no sean atribuibles a los arrendatarios, y de garantizar el mantenimiento del orden interno de la vivienda”, 

Así las cosas, la Sala encuentra demostrado el incumplimiento por parte de la demandante, del deber legal que como arrendadora le asistía, concretamente de mantener la seguridad propia y la de sus arrendatarios, pues, no llevaba el registro de las personas que residían en la vivienda, ni siquiera conocía los nombres de los arrendatarios, como ella misma lo afirmó en la diligencia de indagatoria, dando lugar de esta manera a la investigación adelantada en su contra. 

En este sentido, se resalta que una arrendadora y administradora mínimamente diligente y prudente, se preocupa por registrar una información general de los arrendatarios, que contenga por lo menos nombres, ocupación laboral o actividad económica y alguna referencia, entre otros, precisamente con el fin de garantizar unas mínimas condiciones de seguridad para ella, sus hijos, y las demás personas que habitan la pensión. 

A la sazón, la Sala comparte el argumento esgrimido por el ente investigador en la Resolución que resolvió la situación jurídica de la demandante y en el que sostuvo que “resulta apenas lógico por no decir elemental, preguntar al menos por los mínimos datos de una persona que va a vivir en una casa de familia”. 

De otra parte, también se encuentra acreditado que a la vivienda de la demandante ingresaban personas diferentes a los residentes, y de las cuales la demandante tampoco supo dar información, por el contrario, manifestó no conocer sus nombres.

En este sentido, también el testigo José Samuel Rojas Mora, residente de la pensión, sostuvo que “a veces llegan otros muchachos en las piezas del fondo pero sin saber si pagan o no arriendo”. 

En síntesis, la Sala encuentra acreditado que la pensión de Eduvina Merchán se encontraba desprovista de cualquier medio de seguridad o control que, por lo menos, brindara información sobre los residente o las actividades de los mismos, todo lo cual puso en riesgo, no sólo a los habitantes de ese lugar, sino a la comunidad en general, que se vio afectada en los hechos sucedidos el 17 de noviembre de 2003, cuando desde la vivienda de la demandante fue lanzada una granada de fragmentación que causó lesiones a 7 personas sin que la propietaria y administradora de la pensión pudiera suministrar alguna información, lo cual lógicamente despertaría sospechas en las autoridades penales y justificaría la apertura de la correspondiente investigación, donde se aclararían los hechos.

Nótese que, en este sentido el Procurador 27 Judicial delegado en lo Penal de Villavicencio - Meta, pese a pedir la libertad de la sindicada, señaló que “la casa estaba desprovista de seguridad”, hecho que si bien no era suficiente para comprometer la responsabilidad penal de la demandante, sí lo es para comprometerla por culpa grave en el proceso de reparación directa y exonerar de responsabilidad indemnizatoria a la entidad demandada.

Pues, como se dijo y se reitera, el inciso segundo del numeral 4º del artículo 8 de la Ley 820 de 2003, para el caso de la vivienda compartida, establece en el arrendador, entre otras, la obligación de mantener las adecuadas condiciones de seguridad del inmueble, así como la de garantizar el mantenimiento del orden interno de la vivienda, precepto este que no debe leerse, únicamente, en función de la pensión, sino de la comunidad en general.

Dicho lo anterior, es evidente que Eduvina Merchán, con su comportamiento despreocupado incumplió el precepto legal que regula el arrendamiento de vivienda y puso en riesgo la seguridad de la pensión y de los habitantes y transeúntes del sector, con lo cual dio lugar a que las autoridades penales iniciaran una investigación penal en su contra.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”.

Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la Sala es claro que la detención de que fue objeto el demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que el ente investigador en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente a la sindicada por los delitos de terrorismo, en concurso heterogéneo con rebelión, porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y lesiones personales con fines terroristas, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.

En suma, la Sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones, aunque la justicia penal precluyó la investigación penal adelantada en contra del demandante, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto la culpa del penalmente investigado, ya que si bien su actuación no tuvo la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí exonera patrimonialmente a la entidad demandada.

En este sentido también se dijo que sí el actuar irregular y negligente de la parte actora no fue suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad sí lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones aquí expuestas, esto es, por encontrarse configurado el eximente de responsabilidad -culpa grave y exclusiva de la víctima.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVOCAR la Sentencia proferida el 15 de marzo de 2011 por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones aquí expuestas y en su lugar se dispone:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque, Aclaración de voto Cfr. Av. Rad. 35796/16#2 y 3; Av. Rad. 36146/15 y Av. Rad. 37100/16—Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente, Aclaración de Voto.

1. En aplicación del acta 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado

2. Fls.286-288 Cdno. Ppal.

3. Fls.245-279 Cdno. Ppal.

4. Fls.6-20 Cdno.1

5. Fls.9-12 Cdno.1.

6. Fls.62 Cdno.1

7. Fls.66 Cdno.1

8. Fls.70-74 y 84-93 Cdno.1

9. Fls.95-97 Cdno.1.

10. Fls.195-196 Cdno.1.

11. Fls.204 Cdno.1.

12. Fls.219 Cdno.1.

13. Fls.220-227 Cdno.1.

14. Fls.228-235 Cdno.1.

15. Fls.238-243 Cdno.1.

16. Fls.245-278 Cdno .Ppal.

17. Fls.286-288 Cdno. Ppal.

18. Fls.337 Cdno. Ppal.

19. Fls.339 Cdno. Ppal.

20. Fls.340-343 Cdno. Ppal.

21. Fls.364 Cdno. Ppal.

22. Fls.393ª Cdno. Ppal.

23. Fls.368-372 Cdno. Ppal.

24. Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

25. Obra declaraciones extra proceso de Wilson Estévez, Álvaro Estévez Carreño y Ofelia Moncada Olarte quienes conocen a la víctima directa y manifestaron que ésta convive en unión libre con Juan de Jesús Carvajal (Fls.55, 56 y 57 Cdno.1) y los cuales fueron corroborados por los testigos dentro del proceso de reparación directa (Fls.102 - 103 Cdno.1 y 173-174 Cdno.1)

26. Obra registro civil de nacimiento a Fls.52 Cdno.1

27. Obra testimonios de Wilson Estévez, primo hermano de Juan de Jesús Carvajal (Fls.102-103 y 175-176 Cdno.1) y quienes manifestaron que Saúl es hijo de la víctima directa. (Fls.102-103 Cdno.1)

28. Obra testimonios de Wilson Estévez, primo hermano de Juan de Jesús Carvajal (Fls.102-103 y 175-176 Cdno.1) y quienes manifestaron que Leonardo es hijo de la víctima directa. (Fls.102-103 Cdno.1)

29. Obra testimonios de Wilson Estévez, primo hermano de Juan de Jesús Carvajal (Fls.102-103 y 175-176 Cdno.1) y Ofelia Moncada Olarte, vecina de los demandantes (173-174 Cdno.1) y quienes manifestaron que Diomedez es hijo de la víctima directa.

30. “ART. 21.—Suspensión de la Prescripción o de la Caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Resaltado fuera de texto)

31. Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909

32. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

33. Consejo de Estado, Auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324.

34. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 27 de febrero de 2015. Exp.: 27.183

35. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

36. “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM 4, 2000, p.174.

37. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923.

38. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, expediente: 15989.

39. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

40. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

41. Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

42. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

43. Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp.: 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp.: 41.326.

44. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577.

45. Fls.124-128 Cdno.1.

46. Fls.23-33 Cdno.1 y 129-149 Cdno.1

47. Fls.22 Cdno.1

48. Fls.150-156 Cdno.1

49. Fls.157-171 Cdno.1.

50. Fls.124-128 Cdno.1.

51. Fls.395 Cdno. Ppal.

52. Fls.124-128 Cdno.1.

53. Fls.161 Cdno.1.

54. Fls.162 Cdno.1.

55. Fls.162 Cdno.1.

56. En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta Corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp.36.170, reiterada en Sentencias del 13 de abril de 2016, Exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Exp.44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.

57. Fls.127 Cdno.1.

58. Fls.25 Cdno.1.

59. Fls.25 Cdno.1.

60. Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones.