Sentencia 2005-30446/37674 de febrero 14 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Exp.: 37674

Rad.: 50 001 2331 000 2005 30446 00

Actor: Agustina Niño Rojas y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

9. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Santander en un proceso que, por su cuantía(2), tiene vocación de doble instancia.

II. Validez de los medios de prueba

10. En relación con la totalidad de pruebas obrantes en el plenario, al expediente fueron aportados varios medios probatorios documentales que, a pesar de que fueron allegadas en copias que no cumplen con las precisiones dispuestas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, serán valoradas libremente por la Sala en tanto no fueron tachadas de falsas. Sobre este punto, conviene recordar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado(3), en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación siempre y cuando no se hubieran tachado de falsos a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer(4).

10.1. También se valorará el proceso 2005-0017-2, adelantado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, en contra de Wilson Leal León y otros, por la muerte de Yeison Niño y la desaparición de Jhon Stib Linares Reales, ocurridas el 22 de octubre de 2003, en el municipio La Macarena - Meta, por cuanto se trató de una prueba decretada por el ad quem mediante auto del 5 de febrero de 2010, por cumplir con los requisitos del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, que consagra la petición de pruebas en segunda instancia. La copia de dicho proceso fue aportado junto con el oficio remisorio del 24 de marzo de 2010, y consta de 14 cuadernos (fls. 255 y 263, cdno. ppal.). Además, de dichas pruebas se ordenó el debido traslado a las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 289 del Código de Procedimiento Civil (fl. 267, cdno. 1).

III. Los hechos probados

11. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

11.1. Yeison Niño y Jhon Stib Linares Reales eran jornaleros y trabajaban en el campo (Agustina Niño señaló en la denuncia penal formulada el 24 de octubre de 2003 (fl. 1, cdno. anexos 2): “Preguntada. Sírvase decirle al despacho, en forma concreta el motivo por el cual su hijo Yeison había venido al pueblo. Contestó. Él se había venido para venirse a la tierra de nosotros, o sea Santander (…). Me dijo que ya estaba cansado de trabajar en el campo, él era un muchacho jornalero”. De la misma manera, Rosa Real Guerrero, en la denuncia penal presentada en esa misma fecha, manifestó (fl. 4, cdno. anexos 2): “Mi hijo tenía 19 años, trabajaba en la finca de un primo”).

11.2. El 22 de octubre de 2003, cerca de las 8:00 p.m., varios hombres armados, pertenecientes las Autodefensas Unidades de Colombia, irrumpieron en el bar JR, ubicado en la calle 4ª con carrera 5 del barrio Antonio Nariño, en el municipio de La Macarena. Allí se encontraban Yeison Niño, Jhon Stib Linares Reales, José Raúl Ariza Martínez y Libardo Mateus Osma departiendo. Los atacantes condujeron a los cuatro jóvenes hasta el Puerto Curramba y a orillas del río Guayabero, los despojaron de sus pertenencias, los asesinaron y arrojaron sus cuerpos al agua (acta de levantamiento de cadáver realizado por el inspector de policía de La Macarena, protocolo de necropsia y certificado de defunción de Yeison Niño Porras, fls. 121-127, cdno. anexos 2 y fl. 20, cdno. 1).

11.2.1. Johana Patricia Sánchez, novia de Jhon Stib, en declaración presentada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Macarena, el 25 de octubre de 2003, señaló que Jhon Stib llegó junto con unos amigos al bar donde ella trabajaba como meretriz, y se encontraban bebiendo ron cuando (fl. 25, cdno. anexos 2):

(…) llegaron como cuatro o cinco tipos de los paramilitares, no les se los nombres. Los conocía de saludos, llevaban armas. Yo pensé que iban a hacer requisa. Jhon estaba fresco ahí, les dijeron que se pararan, se los llevaron para la pista de baile, les dijeron “acuéstese boca abajo” y ellos se acostaron y los paramilitares les amarraron las manos a la espalda. Sacaron a Jhon primero y los amigos les decían que no le fueran a hacer nada a Jhon. Ellos los sacaron y se los llevaron y nos decían que calláramos la boca y no fuéramos a decir nada (…). Les ponían el arma en la cabeza, siguieron por la calle derecho. Como a los 5 minutos escuché cuatro tiros de diferentes armas. No pude salir porque la patrona cerró la puerta con candado. Lo hizo por seguridad porque temía que nos mataran a todos.

11.2.2. En este mismo sentido, Marisol Ballesteros Herrera, dueña del establecimiento de comercio, declaró que Jhon Stib llegó ese día con 3 amigos, y pidieron una botella de ron. Ella se retiró a la cocina de su casa, contigua al bar, mientras Martha, otra trabajadora sexual, atendía a los cuatro muchachos. Fue esta última quien le avisó a ella de la llegada de los paracos (fl. 340, cdno. anexos 2):

Yo estaba en la pieza cuando las muchachas entraron corriendo, entonces ellas me dijeron que nos mandaron a entrar, que todas nos entráramos, yo les dije quién y me dijeron que los paracos. Yo de una vez me metí con los niños para el baño, Ellas se asomaban y decían, se los llevaron y se referían a los muchachos que estaban en la mesa. No sé cómo se llaman, pero aquí los conocen. Se los llevaron los muchachos a quienes les dicen los paracos.

11.2.3. La misma versión de los hechos es replicada en la declaración de Mónica Andrea Cardona Durán, igualmente trabajadora sexual del bar donde fueron secuestradas las víctimas, y quien se encontraba en ese establecimiento el día de los hechos (fl. 68, cdno. anexos 2).

11.2.4. Luis Ángel Navarro Perdomo, residente de La Macarena, testigo presencial de los hechos, manifestó (fl. 66, cdno. anexos 2):

(…) siendo las 8:20 de la noche del miércoles los sacaron de un establecimiento denominado JR, los casó (sic) Buche de Loro, o sea Wilson Leal León, el otro lo llaman el zorrero, y trabaja con el papá descargando aviones, a ese le llaman Daniel Ortega Murcia, al otro le dicen el Picudo, y su nombre es Norberto Calderón Caldas, otro era Gonzalo Forero Garzón, no sé el apodo, sacaron a los muchachos y se los llevaron para la orilla del río, y allí los mataron. Uno de ellos iba amarrado y los otros parece que sueltos. A José Raúl Ariza lo llevaban amarrado. Lo mataron con arma de fuego y cuchillo. Yo vi cuando los llevaban para el río y luego escuchamos los disparos de arma de fuego. También escuché tiros al aire, por eso no me arrimé al río. El jueves 23 de octubre de 2003, a las 7:00 a.m. fui hasta la orilla del río Guayabero y en Puerto Curramba se encontraban los charcos de sangre de los cuatro muchachos, en forma separada. Se veía harta sangre y la huella de arrastre de los cuerpos al río.

11.2.5. En relación con la pertenencia de los atacantes a las AUC, se tienen también las siguientes pruebas. Mónica Andrea Cardona Durán, quien estuvo presente en el bar JR en el momento en que las víctimas fueron sacadas por la fuerza y llevadas hacia el río por los homicidas, identificó el nombre de cada uno de los asesinos y dijo “Daniel me dijo una vez que era paramilitar. Todos los seis individuos decían que eran paramilitares y portaban armas” (fl. 68, cdno. anexos 2).

11.2.6. Fernando Linares Sánchez, tío de Jhon Stib Linares, también aseguró que los perpetradores de los crímenes contra las jóvenes víctimas eran miembros de las AUC (fl. 64, cdno. 1):

Diga si sabe o ha escuchado que las personas que se nombraron anteriormente pertenezcan a algún grupo ilegal, en caso tal, quiénes son sus comandantes. Contestó: (…) Ellos mismos me han dicho que son de las AUC. La verdad no sé de comandantes. Ellos ahorita hace dos meses que están en esto, porque ellos son de aquí del pueblo. Ellos me manifiestan que el jefe es Miguel y le dicen calidad, pero yo no lo distingo. Ellos me dijeron que eran paracos, hace como 20 días. Le pregunté a Gonzalo, a ese le dicen Picón. Él me dijo que eran de las AUC.

11.2.7. En este mismo sentido, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Villavicencio, en el fallo emitido el 29 de marzo de 2006, consideró que los victimarios hacían parte de las milicias de las autodefensas, razón por la cual los condenó por el delito de concierto para delinquir para conformar grupos armados al margen de la ley, entre otros delitos. En dicha providencia se lee:

Como primera medida, podemos decir, que Nelson Jaramillo Quinceno y Alberto Cediel, se acogieron al trámite abreviado de la sentencia anticipada, cuando el proceso se encontraba en la etapa de la causa, lo cual deja claro, no sólo la existencia de un grupo paramilitar que operaba en la discoteca Nápoles del municipio de La Macarena, conocido en la localidad como “Los paracos”, sino igualmente la pertenencia de los sujetos al mismo (fl. 48, cdno. anexos 9).

(…) En este orden de ideas, existen suficientes elementos de juicio que permiten deducir, fuera de toda duda razonable que Wilson Leal León, alias Bucheloro, Dinael Ortega Murcia, alias Daniel, Gonzalo Forero Garzón, alias Flaco, Henry de Jesús Hernández Martínez, alias El costeño, Mauricio Ramírez Marín, alias Diego y Wilson Hernando Montoya Jaramillo, alias El paisa, conformaban el grupo delincuencial, que desde hacía dos meses operaba en el sector La Macarena, quienes con armas de fuego y corto punzantes, mataron a Yeison Niño Porras, José Raúl Ariza, Jhon Stib Linares Reales y Libardo Mateus, como así fueron señalados, por las presenciales de tal acto (fl. 56, ibídem).

11.3. Los miembros de ese grupo armado —aproximadamente 10 personas—, hacían requisas en bares y otros establecimientos de comercio de La Macarena. Los comerciantes pusieron en conocimiento de las autoridades el riesgo al que estaban expuestos.

11.3.1. Marizol Ballesteros Herrera, dueña del establecimiento de comercio JR, dejó de presente en la declaración presentada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de la Macarena (fl. 41, cdno. ppal.). “Preguntada: Dígale al despacho si los sujetos a los que usted hace referencia como los paracos, se encontraban, se corrige, iban con alguna frecuencia a su establecimiento. Contestó: Sí iban. Como mantienen acá en el pueblo, entran a todo negocio a requisar. Yo no digo porque uno no tiene seguridad aquí”.

11.3.2. En sentido similar, Johana Patricia Sánchez Monsalve, trabajadora sexual del bar donde ocurrieron los hechos, señaló (fl. 26, cdno. ppal.): “… llegaron como cuatro o cinco tipos de los paramilitares. No les se el nombre. Los conocía de salidos (sic). Portaban armas. Yo pensé que iban a hacer requisa…”. En la audiencia del 25 de octubre de 2003, amplio su testimonio a instancias del mismo despacho, y señaló (fl. 55, cdno. ppal.): “… cuando ellos entraron a requisar, no hicieron apagar la luz o lo música como en otras requisas…”.

11.3.3. En esa misma audiencia, manifestó, lo siguiente, en relación con “las vacunas” que cobraran los miembros de las AUCA a los establecimientos de comercio (fl. 55, cdno. ppal.): “Un día, llegó un capitán Yorman, capitán de los paracos. Ellos fueron a hacer una reunión al negocio y dijo que no podíamos estar con soldados después de las 6:00 de la tarde o si no nos cobraban $ 300.000 de multa o nos cerraban el negocio. Esa reunión fue como en los primeros días que yo llegué aquí a la Macarena, hace 2 meses”.

11.3.4. En la diligencia de ampliación de testimonio, de fecha 26 de octubre de 2003, Marizol Ballesteros Herrera añadió (fl. 62, cdno. ppal.): “Lo que el pueblo comenta, me refiero a los comerciantes que les estaban cobrando un bono. Personalmente a mí nunca me llegaron a llamar y citar allá. Allá, me refiero a Nápoles, pues allí es donde dicen que viven ellos, los paracos. A raíz de esas multas se hizo una reunión con el Concejo, hace como 5 meses. Asistieron la mayoría del comercio…”.

11.3.5. En la denuncia penal que presentó Rosa Real Guerrero, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Macarena, el 24 de octubre de 2003, se lee (fl. 5, cdno. anexos 3): “Preguntado: Dígale al despacho cómo se enteró usted de que las personas que usted sindica del homicidio de su hijo, fueron ellos. Contestó: Porque acá muchas personas ya saben que son ellos los que se la pasan amenazando y cuando ellos fueron al establecimiento de comercio a sacarlos, las personas que estaban ahí los conocieron”.

11.3.6. Luis Ángel Navarro Perdomo, residente de La Macarena, manifestó (fl. 66, cdno. anexos 2):

Preguntado: ¿Sabe usted qué otras personas han muerto en circunstancias similares a los cuatro muertos a los que nos venimos refiriendo en la presente diligencia? Contestó: Sí señor, hay en total 19 muertos, desde hace como 2 meses. Todos los muchachos que mataron eran del campo, de La Macarena. Pero no les se los nombres. Siempre los sacan de los establecimientos de Curramba o zona de tolerancia y siempre los botan al río. De los primeros que mataron no me acuerdo el nombre. Fue al paletero. Lo mataron a puro cuchillo. (…) Los que han muerto, nadie ha puesto el denuncio porque los manes (sic) amenazan a la gente o a la familia, o a quien los busque en el río.

11.3.7. David Castillo Barbosa, residente del municipio de La Macarena, señaló (fl. 82, cdno. ppal.): “Tengo información que en este momento el sitio de una casa abandonada cerca de Betania que está ubicada a un kilómetro de aquí en el casco urbano como quien va para puente dos, está un señor que se hace llamar Miguel y que se hace acompañar de otro que es el que cobra los impuestos o vacuna a los comerciantes y que hace llamar David. (…) también son testigos todos los dueños, prostitutas, empleados de los bares y discotecas porque estos tipos entraban a requisara todo el mundo”.

11.3.8. En una carta del 3 de agosto de 2003, dirigida al personero, al alcalde municipal, a los comandantes de la Policía y al Ejército Nacional, 14 firmantes pusieron de presente (fl. 26, cdno. 1),

la constancia de nuestra preocupación por la presencia de personas que se han identificado como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, tal como fue ratificado el pasado martes 29 de julio de 2003 en reunión desarrollada en el despacho de la alcaldía municipal, contando con la presencia del señor alcalde municipal, el señor personero municipal, el señor inspector municipal, el señor comandante de la policía de La Macarena y alrededor de 25 comerciantes y habitantes de la localidad.

En dicha reunión quedó claro la forma como estas personas están presionando a los comerciantes del municipio para que entreguen cierta cantidad de dinero con el argumento de financiar la organización.

(…) Notamos con preocupación que a la fecha no se hayan tomado los correctivos necesarios para detener la acción de estas personas ya identificadas que se la pasan de negocio en negocio, exigiendo una cuota económica que además de ilegales es un atentado contra la pobre economía que hoy vivimos.

11.3.9. Dicha carta fue leída en una reunión llevada a cabo en las instalaciones del concejo municipal, junto con 8 concejales, el alcalde, un teniente coronel y un mayor del Ejército Nacional, un capitán de la policía y miembros de la población civil, de la cual se redactó el acta 46, de fecha 7 de agosto de 2003, aportada por el comandante de la estación de policía de La Macarena, en oficio enviado al Tribunal a quo, de fecha 18 de diciembre de 2006. De lo que quedó consignado en el acta se destaca (fls. 82 y 84, cdno. 1):

El alcalde: (…) En este momento contamos con la presencia del coronel y el mayor del ejército. Estamos aquí para tomar medidas de seguridad en conjunto con las autoridades y la comunidad. Se comenta que el señor personero y el inspector de policía se fueron por las amenazas de las autodefensas, pero no hay nada confirmado. Son sólo comentarios.

El señor Eduardo Gómez extiende un saludo especial a la comunidad en general y a las autoridades, seguidamente da lectura a un oficio enviado por la comunidad a las autoridades, en el cual argumenta cómo las autodefensas están extorsionando a los señores comerciantes y esboza: El oficio es claro y eso nos preocupa por que no se ha tomado ningún correctivo y esas personas van de negocio en negocio pidiendo plata.

El coronel Castro de la Séptima Brigada dice: Esta reunión se convoca para adquirir la fortaleza y acabar con los problemas del municipio. Una de las debilidades es que hace falta más colaboración de la población hacia las autoridades correspondientes. Deben denunciar, porque si guardan silencio, nosotros no podemos hacer nada. (…) tenemos conocimiento de que hay tres grupos de autodefensas pero no podemos actuar si no denuncian (…).

El mayor Cure dice: Desafortunadamente no podemos hacer nada si ustedes no denuncian, esa es la realidad (…).

El capitán de la policía expresa: (…) la carta que le dio lectura el señor Eduardo dice que no se están tomando los correctivos necesarios ante esta situación. Yo esperaría que al final de esta reunión, que como conocen los correctivos me los den a conocer, y miraríamos si no se han tomado. En cuanto a la despedida de la carta “quedamos en sus manos”, nosotros tenemos responsabilidades, pero ustedes también la tienen, como es el deber de denunciar, de no hacerlo, corren mayor riesgo. Nosotros tenemos muchas estrategias, pero no podemos hacer nada sin el concurso de ustedes. La policía no es un libro abierto. Puedo mostrar algunas de las acciones, pero no puedo dar a conocer todo lo que se hace a nivel interno. (…) hasta el momento no existe ningún hecho puntual o de gravedad, afortunadamente. Hasta el momento estamos viviendo cuatro factores que son: hostigamiento de la guerrilla, fumigación, vía de acceso tapada, y la presunta presencia de autodefensas, factores que vienen incidiendo en la situación de orden público y económico del municipio.

El padre Joselín manifiesta: Se dice que los paramilitares son colaboradores de ustedes. Cuando los requisan ellos muestran sus armas con salvoconducto. Es por eso la desconfianza de la comunidad con ustedes las autoridades. Es lo que se piensa, pero nadie se atreve a decir.

11.3.10. En otra comunicación, posterior a los hechos, de fecha 31 de octubre de 2003, dirigida a la Ministra de Defensa y firmada por un poco más de 100 personas, se lee (fl. 29, cdno. 1):

Los abajo firmantes, habitantes del municipio de La Macarena, gente de bien (…) nos dirigimos a usted respetuosamente para poner en su conocimiento la delicada situación de orden público que se presentó en este municipio en días pasados con la presencia de presuntos miembros de autodefensas (AUC), los cuales en el lapso de aproximadamente un mes asesinaron y desaparecieron indiscriminadamente a varias personas.

Todo esto ocurrió a pesar de haber puesto en conocimiento de las autoridades civiles y militares, tal y como consta en los documentos adjuntos: a) carta firmada por los habitantes del municipio dirigida a las autoridades de fecha agosto 3 de 2003, leída públicamente en el recinto del honorable Concejo Municipal (las autoridades de negaron a firmar el recibido), b) acta 46 del 7 de agosto de 2003, sesión ordinaria del concejo municipal.

(…) Finalmente, después de estas diligencias el pueblo realizó una marcha pidiendo tres cosas: 1. Justicia para que estos hechos no queden en la impunidad; 2. Una Fuerza Pública transparente y confiable; 3. Su total rechazo a la presencia de cualquier grupo armado al margen de la ley.

11.3.11. En audiencia de testimonio llevada a cabo el 21 de febrero de 2007, James Betancourt Mejía, quien afirmó conocer a las víctimas desde hacía varios años, se refirió a la última carta citada, así: “sí tuve conocimiento, y ese era un hecho que ya estaba anunciado, puesto que la misma población había solicitado protección a las autoridades civiles y militares, con antelación a dichos hechos, incluso se recogieron firmas para enviar a la entonces ministra de defensa Martha Ramírez, por la presunta omisión de las autoridades, para que no se fueran a presentar hechos lamentables como esos, y tengo entendido que también se citaron a reuniones en el Concejo Municipal donde deben reposar copias de las actas. Además de lo anterior, era muy evidente la relación fraternal que existía entre el capitán de la policía y algunos agentes con los delincuentes…” (fl. 180, cdno. 1).

11.4. Los siguientes son los hechos relevantes con posterioridad a la muerte de los dos jóvenes.

11.4.1. Las autoridades tuvieron conocimiento de la muerte de Yeison Niño y Jhon Stib Linares, ocurrida el 22 de octubre de 2003, gracias a la denuncia penal que hiciere Agustina Niño Rojas —madre del primero— y Rosa Real Guerrero —madre del segundo—, el día 24 de octubre de 2003, ante el despacho del Juzgado Promiscuo Municipal de La Macarena, en contra de Wilson Leal, alias Bucheloro, Dinael alias Picón, Calderón N, por la desaparición de sus hijos (fls. 1-5, cdno. anexos 2). Ese mismo día, la jueza puso en conocimiento los hechos denunciados ante el comando de la estación de policía de La Macarena (ofi. 522), solicitó al alcalde municipal disponer de una comisión humanitaria para que encontraran “un cadáver que al parecer se encuentra a la orilla del río al lado de abajo del puerto denominado Curramba y trasladarlo a la morgue del cementerio para el respectivo levantamiento de cadáver y necropsia” (ofi. 525), y ordenó a la estación de policía la identificación e individualización de Daniel Ortega, David N y Miguel N “este último comandante del grupo de paramilitares según denuncia instaurada por la señora Rosa Real Guerrero en el día de hoy” (fl. 24, cdno. 1 y fl. 10, cdno. anexos 2).

11.4.2. La Fiscalía Sexta Especial de Villavicencio adelantó la etapa de instrucción en contra de los sindicados, por los delitos de concierto para delinquir, en concurso con los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y porte ilegal de armas (resolución de la situación jurídica de los sindicados, de fecha 14 de noviembre de 2003, fls. 2-21, cdno. anexos 1).

11.4.3. El Juzgado Segundo Penal Especializado de Villavicencio dictó sentencia de primera instancia, de fecha 29 de marzo de 2006, en la que condenó a Wilson Leal León, Daniel Ortega Murcia, Gonzalo Forero Garzón, Henry de Jesús Hernández Martínez, Mauricio Ramírez y Wilson Hernando Montoya Jaramillo, por la comisión del delito de homicidio agravado, en concurso material heterogéneo con los delitos de concierto para conformar grupos armados al margen de la ley (con la circunstancia de agravación del artículo 342(5) del Código Penal para el caso de los dos últimos) y porte ilegal de armas. El juzgador se fundó en los testimonios presenciales de Johana Patricia Sánchez Monsalve, Mónica Andrea Cardona, trabajadoras sexuales del bar JR, Marisol Ballesteros, dueña del establecimiento, Luis Ángel Navarro Perdomo, residente de La Macarena, y otros testigos de oídas, así como en el reconocimiento en fila que hicieran los testigos presenciales de los victimarios (fls. 26-66, cdno. anexos 9).

11.5. Agustina Niño Rojas es madre de Yeison Niño; Disney Bohorquez Niño, Heidiver Bohorquez Niño, Nilsa Bohorquez Niño y Aquileo Niño son sus hermanos (registros civiles de nacimiento, fls. 15-18 y 160, cdno. 1); Rosa Real Guerrero, es madre de Jhon Stib Linares Real y Johan Sebastián González Real, Marcos Fernando Linares Real y Edwin Linares Real son hermanos de este último (registros civiles de nacimiento, fls. 19, 21-23).

IV. Problema jurídico

12. La Sala deberá revisar si la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional quebrantó las obligaciones que en materia de protección le asistía en relación con el derecho a la vida contenido en los artículos 2º y 11 de la Constitución, frente a Yeison Niño y Jhon Stib Linares Real.

12.1. Para resolver este punto, se deberá analizar i) el alcance y fuerza normativa del deber incumplido, ii) si el aviso que dieron los comerciantes de La Macarena a las autoridades civiles y militares de las extorsiones hechas por los miembros de las AUC y el contexto de requisas y amenazas frente a civiles en bares y establecimientos de comercio, permite afirmar que las víctimas de los hechos ocurridos el 22 de octubre de 2003, estaban expuestas a un riesgo alta y razonablemente previsible para la entidad demandada y iii) si la fuerza pública adelantó alguna gestión dirigida a prevenir de forma eficiente el daño o mitigar sus efectos después de ocurrido.

V. Análisis de la Sala

13. En relación con el primer elemento de la responsabilidad, la Sala tiene por acreditado el daño alegado por la parte actora, consistente en la muerte de Yeison Niño Porras y Jhon Stib Linares Real, ocurrida el 22 de octubre de 2003, en el municipio La Macarena, departamento del Meta (ver supra párr. 11.2.).

14. Ahora bien, en el marco del análisis de la imputación, se inicia por aclarar que por regla general los daños ocasionados por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado en la medida en que no le resultan imputables desde un punto de vista fáctico. No obstante, la jurisprudencia ha considerado que los daños derivados de ataques cometidos por grupos insurgentes contra personas ajenas al conflicto, pueden ser imputados a la administración si ésta ha contribuido en su producción a través de acciones u omisiones que se relacionan con el incumplimiento de sus funciones(6). Estas situaciones se presentan cuando una persona que está amenazada hace el respectivo aviso de las amenazas a las autoridades y, a pesar de ello, estas adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes(7), o cuando, si bien la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla(8). Al respecto, esta Subsección ha señalado(9):

La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que éstas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente(10).

Ahora, si el daño es previsible, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no es necesario que la víctima solicite expresamente que se preserve su vida o su integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales de protección y prevención. Basta con demostrar que las autoridades tenían conocimiento de las amenazas o del peligro que enfrentaba la persona(11).

14.1. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(12)— ha establecido que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo(13). En armonía con la jurisprudencia interamericana, esta Corporación ha dicho(14):

No se trata, no obstante, de radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal.

14.2. La jurisprudencia de esta Corporación también ha señalado que, para declarar la falla de la administración es necesario contrastar el contenido obligacional que fijan las normas específicas a la entidad demandada, junto con las circunstancias del caso concreto. En este sentido, se ha dicho que(15):

[L]a responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones de control que a ella le corresponden [se refiere a la policía vial] (…) no es objetiva, pues requiere que los perjuicios que se reclamen puedan imputarse al incumplimiento de una obligación determinada.

Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la Constitución Política, sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la Sala en sentencia del 5 de agosto de 1994 (exp. 8487, Actor: Víctor Julio Pardo, M.P. Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:

“1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una falla en el servicio (…).

2. Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como anormalmente deficiente”.

14.3. De conformidad con la sentencia citada, para entrar a revisar la falla del servicio por la omisión en el deber de protección del Estado, se debe valorar i) el alcance de la obligación incumplida ii) las concretas circunstancias en las que se causó el daño y iii) la eficacia, idoneidad y diligencia de las medidas adoptadas por el Estado para evitarlo o mitigar las consecuencias negativas para los actores, una vez el mismo fue concretado. Este último análisis permitirá también identificar el incumplimiento de lo que se denominarán obligaciones de carácter estándar y obligaciones de carácter cualificado(16).

V.1. Alcance de la obligación

14.3.1. En cuanto al primer aspecto de análisis, esto es, el alcance de la norma que consagra el deber de protección, resulta de gran utilidad revisar los planteamientos de la teoría jurídica acerca de la diferencia entre reglas y principios, como base para la construcción de la tesis según la cual la obligación del Estado en materia de protección revestirá un mayor o menor grado de intensidad en atención a la fuerza normativa que contenga dicho deber, independientemente de las circunstancias que exigían la intervención del Estado.

14.3.1.1. Los principales doctrinantes han establecido una diferencia entre las distintas normas que debe tener en cuenta el juez para fallar los casos puestos bajo su conocimiento.

14.3.1.2. Dworkin, de un lado, desarrolla una amplia tipología de las normas y principios existentes en el sistema jurídico, dentro de los que se destacan, para los fines de este fallo, las normas de naturaleza abstracta y concreta; en el primer caso, se encuentran las leyes que vota el Congreso, las cuales contienen directrices políticas de carácter general, y normalmente, de contenido utilitario. Se trata de “intereses muy abstractos y fundamentales, como el derecho a la libertad, la igualdad y el respeto.” Señala también el autor que “un derecho abstracto es una finalidad política general cuyo enunciado no indica como se ha de comparar el peso de esa finalidad general con el de otras finalidades políticas, en determinadas circunstancias, o a qué compromiso se ha de llegar entre ellas”(17). En relación con la actividad del juez en la aplicación de dichas normas, aclara: “[N]o parece que estos grandes derechos sirvan para decidir casos difíciles, a no ser que sean casos de derecho constitucional; e incluso cuando sirven, parecen demasiado abstractos para tener mucho poder en la argumentación(18)”.

14.3.1.3. Los derechos concretos, en el otro extremo, “son finalidades políticas definidas con mayor precisión, de manera que expresan más claramente el peso que tienen contra otras finalidades políticas en determinadas ocasiones”. Esta diferencia entre ambos tipos de normas, es relevante en tanto “la reclamación de un derecho concreto es más decisiva que cualquier reclamación del derecho abstracto que le sirva de base”.

14.3.1.4. La dificultad que predica Dworkin de la aplicación de dichas normas en la resolución de casos puntuales, en razón de su contenido abstracto, guarda cierta coherencia con los postulados de Hart acerca de la textura abierta del lenguaje; la imprecisión y vaguedad de las palabras y, por consiguiente, el carácter indeterminado de las reglas jurídicas, sumado a la imposibilidad de que las reglas anticipen soluciones concretas para cada situación particular, hará que el juez se vea enfrentado a un pluralidad de alternativas para decidir un caso. El concepto de textura abierta de la ley, implica pues, que el juez tenga que resolver las incertidumbres de las reglas y definir los contenidos vagos(19).

14.3.1.5. Por su parte, Robert Alexy recoge de alguna manera el concepto de Dworkin, acerca de las normas de contenido abstracto y concreto y establece la diferencia entre principios —los cuales ha llamado mandatos de optimización— y reglas —las cuales denomina mandatos definitivos—(20):

En tanto mandatos de optimización, los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas. Esto significa que pueden ser satisfechos en grados diferentes y que la medida ordenada de su satisfacción depende no sólo de las posibilidades fácticas sino jurídicas, que están determinadas no solo por reglas sino también, esencialmente, por los principios opuestos(21). Esto último implica que los principios son susceptibles de ponderación y, además, la necesitan. La ponderación es la forma de aplicación del derecho que caracteriza a los principios. En cambio, las reglas son normas que siempre o bien son satisfechas o no lo son. Si una regla vale y es aplicable, entonces está ordenado hacer exactamente lo que ella exige; nada más y nada menos. En este sentido, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Su aplicación es una cuestión de todo o nada(22). No son susceptibles de ponderación y tampoco la necesitan. La subsunción es para ellas la forma característica de aplicación el derecho.

14.3.1.6. De forma similar, Manuel Atienza traza la diferencia entre principios jurídicos y reglas(23), y considera que los primeros tienen distintos sentidos, como el “de norma muy general, entendiendo por tal la que regula un caso cuyas propiedades relevantes son muy generales”; “de norma programática o directriz, esto es, de norma que estipula la obligación de perseguir determinados fines”; y “de norma que expresa los valores superiores de un ordenamiento jurídico (y que son el reflejo de una determinada forma de vida), de un sector del mismo, de una institución, etc.”, entre otros, mientras que las segundas, son “razones perentorias e independientes del contenido para procurar el estado de cosas prescrito”. En relación con estas últimas, señala que pueden ser reglas de acción y reglas de fin, según la forma como pretendan guiar la conducta del destinatario:

Las reglas de acción permiten simplificar el proceso de decisión de quien debe comportarse de acuerdo con ellas (el de quien debe cumplirlas o controlar su cumplimiento): lo único que debe hacer es comprobar si se han dado o no determinadas condiciones para hacer o dejar de hacer una determinada acción, desatendiéndose de las consecuencias, esto es, del proceso causal que va a desencadenar su comportamiento. Sin embargo, las reglas de fin trasladan al destinatario de las normas el control (o la responsabilidad) de (por) las consecuencias de la conducta(24).

14.3.1.7. Llevando al plano de la responsabilidad del Estado las anteriores reflexiones, se puede afirmar que cuando la obligación de intervención del Estado resulte de la consagración de principios como los contenidos en la Constitución, leyes o tratados internacionales, de los cuales se derive la obligación para las autoridades públicas de proteger a todos los residentes en el territorio nacional en su vida, honra, bienes, creencias, libertades y derechos, esta revestirá un menor grado de exigencia —o en los términos de Dworkin, de reclamación—.

14.3.1.8. Pero cuando la obligación de evitar el daño tenga como fuente una norma de contenido concreto, tipo regla, que establezca situaciones específicas —v.g. en atención a la función o cargo de la persona que el Estado debe proteger—, el grado de exigencia de dicho cumplimiento será mayor.

14.3.1.9. Así, por ejemplo, los principios o deberes funcionales contenidos en normas de carácter genérico, como el inciso 2º del artículo 2º de la Constitución, según el cual “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”; el artículo 218 de esa carta política, que establece que “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”; así como muchas de las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, y en el derecho de La Haya(25) o de Ginebra(26) y en el tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, en materia de derecho internacional humanitario, comportan una menor intensidad de exigencia para el Estado.

14.3.1.10. Dentro de esta categoría también se encuentran los principios no positivizados, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948, y otras normas que la doctrina ha considerado soft law, que si bien no son vinculantes prima facie, hacen parte del sistema jurídico y constituyen criterios, pautas y preceptos que orientan a las entidades en la forma como deben entender y aplicar las normas positivas.

14.3.1.11. En este sentido, no resulta acertado afirmar que el simple hecho de habitar o residir en un lugar en el que exista presencia de grupos al margen de la ley, sin más consideraciones, da lugar a presumir que cualquier daño ocasionado por un tercero le es atribuible al Estado en razón del incumplimiento de los deberes constitucionales de brindar seguridad y vigilancia a todos los habitantes del territorio.

14.3.1.12. De otro lado, en caso de incumplimiento de reglas, o normas de carácter concreto —v.g. las contenidos en el Decreto 1645 de 1992(27), sobre la protección de personal docente o administrativo; el Decreto 1386 de 2002, “Por el cual se dictan medidas para brindar protección a alcaldes, concejales y personeros municipales”; la Ley 387 de 1997(28), que consagra medidas de prevención para el desplazamiento forzado; o el Decreto 4912 de 2011, “Por el cual se organiza el programa prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección”— el Estado habrá inobservado un mayor grado de diligencia que le era exigible.

V.2. Circunstancias del caso

14.3.2. La jurisprudencia de la Corporación ha permitido definir con facilidad el segundo aspecto enunciado, relativo a las concretas circunstancias que exigen la intervención del Estado y en las que se debe prestar la protección a los asociados, evento que responde a) a la acción que haya emprendido quien sufrió el daño ante las autoridades, b) a la calidad especial que pueda ostentar y c) al contexto en el que ocurrieron los hechos(29).

14.3.2.1. El criterio a), relativo a la acción de haya emprendido quien sufrió el daño ante las autoridades, busca evaluar aquellas situaciones en las que una persona que está amenazada eleva la denuncia respectiva ante las autoridades y, a pesar de ello, estas adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes para protegerla. Al respecto, esta Subsección ha señalado(30):

La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que éstas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente.

14.3.2.2. En aquellos casos en los que el daño resulte materializado a pesar de esa denuncia o solicitud previa de protección por parte de la víctima, el Estado habría quebrantado un principio (C.N., art. 2º). No obstante, el deber de protección que le asiste resulta reforzado, en tanto le era cognoscible el riesgo al que se encontraba expuesta esa persona, familia o comunidad que acudió en su auxilio antes de la ocurrencia de los hechos. De manera que, si bien no es posible afirmar que se trataba de la salvaguardia de una regla, el principio en cuestión adquiriría una mayor perentoriedad en su cumplimiento.

14.3.2.3. También se ha establecido la responsabilidad del Estado cuando omite remitir el caso a la entidad encargada de prestar el auxilio oportuno. La Corte IDH ha manifestado que no le corresponde a las víctimas conocer cuáles son las autoridades competentes para solicitar la respectiva protección, y que basta con el conocimiento que alguna autoridad tenga del riesgo que se cierne contra el denunciante, para que, en virtud de la coordinación armónica que debe existir entre las distintas entidades del Estado, le sea exigible el deber de poner en conocimiento dicha circunstancia a quien sí es competente y permita así, la protección pronta de la persona amenazada(31). En el caso López Luna vs. Honduras(32), señaló:

127. Respecto de las medidas adoptadas por el Estado, la Corte considera necesario recordar que corresponde a las autoridades estatales que toman conocimiento de una situación de riesgo especial, identificar o valorar si la persona objeto de amenazas y hostigamientos requiere de medidas de protección o remitir el asunto a la autoridad competente para hacerlo, así como ofrecer a la persona en riesgo información oportuna sobre las medidas disponibles. La valoración sobre si una persona requiere medidas de protección y cuáles son las medidas adecuadas es una obligación que corresponde al Estado y no puede restringirse a que la propia víctima lo solicite a “las autoridades competentes”, ni que conozca con exactitud cuál es la autoridad en mejor capacidad de atender su situación, ya que corresponde al Estado establecer medidas de coordinación entre sus entidades y funcionarios para tal fin(33).

14.3.2.4. En este mismo sentido, la jurisprudencia de la Corporación ha mantenido la exigencia del deber de protección frente a aquellas entidades ante las cuales la víctima elevó la denuncia por las amenazas recibidas, a pesar de que no fuera la llamada a brindar el servicio de protección, siempre y cuando le sea reprochable a esta última la omisión de poner en conocimiento las circunstancias a la autoridad competente. Ha considerado la Sala que, si bien, el deber de protección se predica especialmente de los organismos encargados de garantizar y mantener el orden público, como lo es la Policía o el Ejército Nacional, tal carga recae también sobre todos los entes del aparato estatal, los cuales deben obrar conforme a dicha obligación en relación con sus funciones y competencia, sin perder de vista el deber de colaboración armónica en la consecución de los fines del Estado tal como lo prevé el artículo 113 de la Constitución Política, “no siendo posible que la falta de comunicación o descoordinación de los estamentos respectivos recaiga de manera injustificada sobre los administrados”(34).

14.3.2.5. El postulado b) se refiere al daño que puede ser causado a un particular que ejerce un cargo público de representación local, que forma parte de alguna agrupación o asociación de relevancia en la región, o de reconocimiento entre los habitantes y autoridades del sector. En estos casos la responsabilidad del Estado es clara, toda vez que resulta evidente y previsible para los organismos de seguridad del Estado el posible peligro que puede correr ese dirigente o líder local, en el contexto de intensa guerra interna que vivió el país(35).

14.3.2.6. Sobre el particular, ha manifestado la Corte Constitucional que habrá lugar a proceder a reconocer el amparo del derecho a la seguridad personal, identificar el tipo de amenaza que se cierne sobre la persona y definir de manera oportuna las medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar la consumación de un daño, “especialmente cuando se trata de personas que por su actividad misma están expuestas a un nivel de amenaza mayor, como sería el caso de los defensores de derechos humanos, altos funcionarios, periodistas, líderes sindicales, docentes en zona de conflicto, minorías políticas o sociales, reinsertados, personas en condiciones de indigencia, desplazados por el conflicto armado, personas privadas de la libertad, soldados que prestan servicio militar obligatorio, niños y niñas y sujetos de un especial grado de protección por su notoria situación de indefensión(36)”.

14.3.2.7. En esta misma línea, esta Corporación ha condenado al Estado por la muerte o lesión a la integridad personal de persona que ostentan una calidad especial, como alcaldes municipales(37), personeros(38), diputados(39), periodistas(40), docentes(41), reinsertados(42), líderes sindicales(43), activistas políticos(44), defensores de derechos humanos(45), autoridades de la Policía Nacional que trabajan en esquemas de seguridad(46), y quienes se encontraban en una especial condición de vulnerabilidad como las personas desplazadas —siempre y cuando dicha condición fuera conocida por el Estado—(47).

14.3.2.8. La razón detrás de la protección perentoria frente a aquellas personas que ostentan una calidad especial, responde al hecho de que su situación particular permite entrever al Estado el riesgo mayor al que pueden estar expuestas, en relación con el resto de la población.

14.3.2.9. Distintos los casos en los que el daño sea alegado por personas que no ocupan un cargo de visibilidad pública ni ejercen una actividad de liderazgo al interior de su comunidad(48), respecto de quienes la previsibilidad del riesgo al que están expuestos es menor, y por lo tanto daría lugar a una exoneración de la entidad demandada, a menos que, como se mencionó, hayan dado aviso a las autoridades del riesgo antes de la ocurrencia del daño, o c) el contexto en el lugar de los hechos por sí sólo sea indicativo de su estado de vulnerabilidad y permita establecer que el Estado pudo prever el peligro que se cernía sobre ellas y actuar de conformidad.

14.3.2.10. Se parte de la base de que muchos de los riesgos a los que se encuentra expuesta el común de la población resultan de mediana previsibilidad para la fuerza pública, ya que la mayor parte del país ha sido afectado por las acciones de los actores armados y esta violencia generalizada impide anticipar los ataques puntuales dirigidos en su contra. De modo que, sólo habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por el incumplimiento anormal de sus obligaciones de protección cuando los riesgos a los que se encontraban expuestos los actores le sean alta y razonablemente previsibles(49).

14.3.2.11. La determinación de dicha previsibilidad estará atada al contexto —el cual, dígase de paso, no es una prueba más, sino la descripción de un escenario que facilita el análisis probatorio— y al examen riguroso que se haga del mismo para la fecha y lugar de los hechos, y que permita establecer, sin asomo de duda, que la previsibilidad del daño era, como se estableció, alta y razonable para las autoridades(50).

14.3.2.12. Si bien en muchos casos el contexto puede inferirse de las pruebas testimoniales y probatorios obrantes dentro del expediente, la Sala considera que el mismo se podrá complementar con apoyo de fuentes adicionales, cuando se cumplan, al menos, los siguientes elementos: i) que el análisis de contexto haga parte de la causa petendi, ii) que las pruebas debidamente aportadas al expediente hagan alusión a dicho contexto, o que de las mismas se pueda inferir su indicación, y iii) que la consulta de fuentes externas sólo tengan como finalidad complementar la información contenida en las pruebas aportadas por las partes.

V.3. Actuación del Estado

14.3.3. El tercer aspecto propuesto, busca revisar la eficacia e idoneidad de la intervención del Estado, si es que hubo alguna. Este análisis no es el mismo en todos los casos, pues se deberá tener en cuenta si la omisión en el deber de protección implicó el desconocimiento de una regla o principio, si se concretó frente a una persona con una calidad especial, si esta acudió ante las autoridades antes de la ocurrencia de los hechos para solicitar protección, o en caso negativo, si el contexto hacía alta y razonablemente previsible el riesgo al que estaba expuesta. De allí la diferencia que se trazará entre las obligaciones de carácter estándar y las obligaciones de carácter cualificadas, en cabeza del Estado, como pasa a explicarse.

14.3.3.1. La evaluación de la idoneidad y eficacia en la acción emprendida por el Estado para salvaguardar la vida o integridad de personas que cuentan con una calidad especial, resulta particular y diferente al análisis que se haga en relación con el resto de la población.

14.3.3.2. De un lado, la sola existencia de medidas y regímenes especiales de protección dispuestos por el ordenamiento jurídico para ciertas personas mediante la consagración de reglas(51), e incluso de fondos dirigidos a permitir los recursos para cumplir con esas disposiciones(52), le imprime mayor premura a la obligación de intervención del Estado.

14.3.3.3. Del otro, el riesgo al que se encuentran expuestas ciertas personas en virtud de su cargo u oficio, resulta especial, evidente y notorio para toda la comunidad, así como para el Estado, de quien se espera una acertada y eficiente gestión en el deber de protegerlas.

14.3.3.4. Lo anterior significa que, la condición especial que pueda tener una persona en atención a su cargo u oficio, y la perentoriedad en el cumplimiento de la regla que normalmente protege a estas personas(53) —siempre y cuando el daño causado guarde una relación íntima con el cargo u oficio que desempeña(54)— implicará para el Estado una obligación cualificada en el deber de protección.

14.3.3.5. Esta cualificación en la intervención que se espera del Estado, significa que la exigencia en el cumplimiento de la obligación de protección, será alta, en atención a la regla que debía salvaguardar y/o a la fácil previsibilidad del riesgo al que se encuentran expuestos unos cuantos, por la naturaleza del cargo u oficio que desempeñan. En consecuencia, y sin perder de vista que se trata de una obligación de medio, únicamente la demostración de que el Estado desplegó todos los medios idóneos a su alcance para evitar el daño, y que a pesar de ello el mismo se concretó, podrían eximirlo de la responsabilidad que le asistía en la protección de la vida o integridad de la persona afectada.

14.3.3.6. Existe una excepción al supuesto según el cual las obligaciones cualificadas cobijan solamente a personas que cuentan con una calidad especial, y es el caso de personas de la población civil, que hayan puesto en conocimiento su situación de peligro ante las autoridades, mediante denuncia o elevando una solicitud de protección, pues en estos casos, como se mencionó anteriormente, el principio que motiva el deber de protección del Estado (C.N., art. 2º), se ve reforzado ante el conocimiento previo que tuvo de la situación particular de esta persona o comunidad.

14.3.3.7. Por el contrario, el examen del cumplimiento de una obligación tipo estándar respecto de la población, como puede ser el caso de una familia campesina o unos comerciantes, expuestos a un riesgo alto y razonablemente previsible, será menos exigente, pues deberá tener en cuenta la falla relativa del servicio.

14.3.3.8. Como se sabe, la falla relativa delimita el cumplimiento de las obligaciones que están a cargo del Estado y, por lo tanto, exige que la determinación de la falla frente a su trasgresión sea analizada en cada caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo(55). Es decir que, el análisis del cumplimiento de las obligaciones de medio en materia de protección “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención”(56).

14.3.3.9. Con base en lo referido, es claro que el estudio sobre la intervención del Estado será más simple en el caso de víctimas que revistan una calidad especial, pues se limitará a la verificación del cumplimiento de reglas dirigidas a ofrecer ciertos servicios a unos pocos, mientras que el examen de la idoneidad y eficacia de las medidas emprendidas para proteger al resto de la población, deberá ponderar, de un lado, las dificultades que el contexto pudiera implicar para el correcto desarrollo de las acciones desplegadas por la Fuerza Pública y del otro, las limitaciones en recursos humanos y logísticos para hacerle frente a dicha situación de riesgo.

14.3.3.10. Y es que, en el caso del cumplimiento de las obligaciones estándar, el mismo análisis contextual pone de presente la dificultad para el Estado de intervenir de forma eficiente para evitar la ocurrencia del daño. Es decir, que la diligencia que se espera del Estado en la protección de los civiles ajenos al conflicto no puede desconocer que si bien la vulnerabilidad de habitantes de sectores rurales del país es especialmente evidente, pretender que la Fuerza Pública tenga la capacidad de evitar la totalidad de los actos cometidos por los grupos armados ilegales, desconocería la realidad del país y el concepto estudiado de falla relativa del servicio.

14.3.3.11. De manera que, a fin de lograr el cumplimiento de su deber de protección, bastará con que el Estado demuestre una intervención que permita inferir el esfuerzo por evitar el daño causado o la mitigación del mismo una vez se haya visto concretado, mediante una o algunas de las siguientes acciones: la identificación y evaluación de los riesgos; la implementación de estrategias para repelerlo desde un punto de vista estratégico, táctico y operativo; la organización de los recursos, tanto humanos como físicos, de la/s instalación(es) o base(s) militar(es) que podía(n) prestar el servicio en la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, para hacer frente a cualquier tipo de emergencias; la ejecución de planes de acción, implementados de manera segura tanto para los miembros de la población militar como civil; la articulación de la respuesta militar en materia de prevención con otras entidades del Estado que pudieran mantener comunicación directa con las víctimas, como la personería, la alcaldía y la defensoría del pueblo a nivel regional; la puesta en marcha de un plan de contingencia que buscara restablecer los derechos violados después de la ocurrencia de los hechos(57), entre otras.

14.3.3.12. La última medida, relativa a la evaluación de una intervención posterior a los hechos, es de gran importancia, ya que se encuentra en sintonía con el artículo 1.1 de la Convención Americana que dispone que los Estados Partes “se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción” y con la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la cual, para lograr este objetivo, es indispensable que los Estados generen cambios estructurales en la forma de operar de la justicia, y cumplan con las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención:

Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos(58).

14.3.3.13. De modo que, esa obligación de adelantar una investigación seria y exhaustiva y sancionar a los autores de las violaciones, hace parte de esa órbita positiva de cada uno de los derechos humanos que deben ser protegidos por los Estados, toda vez que dicha obligación implica crear las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones a los derechos humanos. La investigación del caso permitiría pues, prevenir que a futuro, se repitan violaciones similares(59).

14.3.3.14. De lo anterior se sigue que, la verificación de que el riesgo al que estaban expuestos los actores era alta y razonablemente previsible, no será suficiente para fundamentar una condena, pues la demostración de que la entidad demandada adelantó acciones dirigidas a proteger a la comunidad, a pesar de que el daño se haya concretado, en consideración a las particularidades y dificultades del contexto y la falla relativa del servicio, bastarían para exonerarla de responsabilidad.

14.3.3.15. Así las cosas la condena contra el Estado será inminente, sólo en el caso en el que la valoración probatoria permita concluir la ausencia total o franca pobreza de las medidas tácticas y operativas adelantadas por la fuerza pública.

14.3.4. De acuerdo con lo analizado, para definir la responsabilidad de la administración frente al incumplimiento del deber de protección, se deberá tener en cuenta i) la intensidad de la obligatoriedad de las normas que fueron infringidas, es decir, si se trata de una regla o un principio, ii) las concretas circunstancias que ofrecen los hechos del caso —en atención a, a) la actuación de la víctima ante las autoridades, b) la calidad de quien sufrió el daño, y c) al contexto, si hubiese lugar a entrar a revisar dicho aspecto— y iii) la idoneidad y eficacia de la intervención del Estado para evitar o restablecer el daño causado, en el marco de la exigencia de las obligaciones de carácter estándar o cualificadas.

14.3.4.1. Las siguientes fórmulas presentan las posibles combinaciones entre las anteriores variantes, y pretenden ser una ayuda pedagógica para la aplicación de los criterios señalados en casos concretos. Se resaltan las combinaciones más frecuentes en función de los casos resueltos por el Consejo de Estado(60). Las siglas O.E. y O.C. hacen referencia a lo que se ha denominado obligación estándar y obligación cualificada.

14.3.4.2. El primer caso corresponde al quebrantamiento de una regla (R), frente a una persona que tiene una calidad especial, que dio aviso al Estado sobre el riesgo al que se encontraba expuesta, el cual, además se ve reforzado por el contexto de conflicto armado interno.

1. R + persona con una calidad especial + aviso + contexto en sentido laxo = O.C.(61).

14.3.4.3. El segundo evento involucra dos posibles situaciones frente al quebrantamiento de una regla en relación con una persona que tiene una calidad especial; que puso en conocimiento el riesgo al que estaba expuesta ante las autoridades, en un caso en donde no hay evidencia del contexto; o que no haya dado aviso sobre su situación de peligro, pero que dado el análisis contextual, el mismo resulte manifiesto.

2. R + persona con una calidad especial + aviso = O.C.(62).

R + persona con una calidad especial + contexto = O.C.

14.3.4.4. El tercer evento implica la infracción de una regla o un principio, frente a una persona con una calidad especial:

3. R + persona con una calidad especial = O.C.(63).

P + persona con una calidad especial = O.C.(64).

14.3.4.5. La cuarta fórmula diagrama el quebranto de un principio, frente a un miembro de la población civil, que dio aviso del peligro que un tercero representaba para su vida, integridad o propiedad:

4. P + población civil + aviso = O.C.(65).

14.3.4.6. La quinta fórmula, corresponde a la obligación estándar frente al incumplimiento de un principio, en relación con un miembro de la población civil, en un contexto que permite entrever la previsibilidad alta y razonable del riesgo al que se encontraba expuesto:

5. P + población civil + contexto = O.E.(66).

14.3.4.7. Finalmente, el sexto caso corresponde a la obligación estándar frente al miembro de la población civil, que resulta vulnerado en su vida, integridad o bienes, en ausencia de un aviso ante las autoridades y/o la evidencia de un contexto en sentido estricto:

6. P + población civil = O.E.(67).

14.3.4.8. Como se observa en las fórmulas expuestas, el carácter cualificado de la obligación de protección, está esencialmente ligado a la calidad de la víctima, seguido de la actuación que haya podido realizar ante las autoridades antes de la ocurrencia del daño (fórmulas 1-4), y el carácter estándar de la obligación de protección, se aplica respecto de una población, grupo familiar o individuo en un municipio afectado por la influencia de los actores armados, o por el actuar de la delincuencia común (fórmulas 5-6).

15. En el caso concreto, y aplicando la dogmática expuesta, la obligación del Estado reviste un carácter cualificado; si bien i) la norma que se habría infringido es un principio (C.N., arts. 2º y 11) y no una regla que impusieran al Estado una carga obligacional de mayor intensidad y ii) los actores no contaban con una calidad especial(68), sino que hacen parte de la población civil —eran jornaleros y trabajaban en el campo—, iii) la solicitud de protección elevada por los comerciantes del municipio de La Macarena, y el riesgo al que se encontraba expuesto este sector de la población, así como quienes acudían a esos establecimientos de comercio, hacía más perentoria la obligación de protección del Estado en su favor.

15.1. Lo anterior se podría expresar de la siguiente manera:

P + población civil + aviso = O.C.

15.2. La Sala deberá revisar entonces si se materializó un daño que le resultara razonable y altamente previsible a la fuerza pública(69) en atención a la petición elevada por los comerciantes del municipio, y si la entidad demandada intentó conjurar dicho riesgo o contrarrestar sus efectos después de ocurridos los hechos.

15.3. En aplicación del primer elemento mencionado, el Estado habría infringido el derecho a la vida, contenido en los artículos 2º y 11 de la Constitución Política de 1991, el cual es inherente a la persona humana y constituye la base sobre la cual descansan sus otros derechos.

15.4. Frente a este derecho, el Estado tiene una obligación de doble naturaleza: por una parte, el deber de no privar arbitrariamente de la vida a ninguna persona (obligación negativa); y de otro lado, a la luz de su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)(70).

15.5. La obligación positiva con respecto al derecho a la vida, llamada deber de garantía, demanda del Estado una actividad de prevención y salvaguarda del individuo respecto de los actos de terceras personas, teniendo en cuenta las necesidades particulares de protección, así como la investigación seria, imparcial y efectiva de estas situaciones(71):

Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

16. En relación el segundo aspecto relativo a las circunstancias del caso, quedó acreditado que los miembros de las AUC realizaban requisas en bares y otros establecimientos de comercio y que los comerciantes del municipio de La Macarena pusieron en conocimiento de las autoridades su preocupación por la presencia paramilitar y los atropellos a los que estaban siendo víctimas por las actuaciones desplegadas por ese grupo armado ilegal.

16.1. De los testimonios transcritos bajo el acápite de hechos probados, se leen afirmaciones como estas, en relación con las actuaciones de los miembros de las AUC (ver supra párr. 11.3): “entran a todo negocio a requisar” (Marizol Ballesteros Herrera); “no hicieron apagar la luz o lo música como en otras requisa” (Johana Patricia Sánchez Monsalve); “acá muchas personas ya saben que son ellos los que se la pasan amenazando” (denuncia penal que presentó Rosa Real Guerrero); “Todos los muchachos que mataron eran del campo, de La Macarena. Pero no les se los nombres. Siempre los sacan de los establecimientos de Curramba o zona de tolerancia y siempre los botan al río” (Luis Ángel Navarro Perdomo); “…un señor que se hace llamar Miguel y que se hace acompañar de otro que es el que cobra los impuestos o vacuna a los comerciantes y que hace llamar David. (…) también son testigos todos los dueños, prostitutas, empleados de los bares y discotecas porque estos tipos entraban a requisara todo el mundo” (David Castillo Barbosa).

16.2. De otro lado, la carta del 3 de agosto de 2003, dirigida al personero, al alcalde municipal, a los comandantes de la policía y al Ejército Nacional, y que fue citada anteriormente, se refiere a una reunión sostenida entre los habitantes y autoridades del municipio, en la que “quedó claro la forma como estas personas están presionando a los comerciantes del municipio para que entreguen cierta cantidad de dinero con el argumento de financiar la organización”.

16.3. De igual forma, el acta 46, de fecha 7 de agosto de 2003, aportada por el comandante de la estación de policía de La Macarena, en oficio enviado al Tribunal a quo, de fecha 18 de diciembre de 2006, registró que un representante de la población afirmó: “las autodefensas están extorsionando a los señores comerciantes…”.

16.4. En la carta dirigida a la Ministra de Defensa, del 31 de octubre de 2003, posterior a la ocurrencia de los hechos se lee que los habitantes del municipio también corrían el riesgo de ser víctimas de otros actos cometidos por miembros de las AUC contra su vida, integridad física y libertad: “en el lapso de aproximadamente un mes asesinaron y desaparecieron indiscriminadamente a varias personas”.

16.5. Estas comunicaciones elevadas por los habitantes de La Macarena a las autoridades civiles y militares constituyen una solicitud de protección, que si bien es hecha por un sector particular de la población dedicada al comercio, evidencian el riesgo al que también estaban expuestas aquellas personas que frecuentaban los establecimiento de comercio que solían ser requisados, como “los dueños, prostitutas, empleados de los bares y discotecas porque estos tipos entraban a requisara todo el mundo” (testimonio David Castillo Barbosa, residente del municipio de La Macarena, ver supra párr. 11.3.7.).

16.6. Del contexto anteriormente descrito, así como de la petición de protección de los comerciantes del municipio de La Macarena a las autoridades civiles y militares, la Sala concluye que Jhon Stib Linares y Yeison Niño se encontraban expuestos a un riesgo alto y razonablemente previsible de ser afectados en su vida o integridad, cuando ingresaron en uno de los establecimientos de comercio del barrio Antonio Nariño.

16.7. Sin embargo, esta corroboración no es suficiente para condenar a la entidad demandada, pues se requiere de la verificación de la actuación adelantada por el Estado en procura de la salvaguarda del principio lesionado.

17. En relación con el criterio acerca de la actuación de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional en la evitación y/o superación del daño generado por un tercero, no se tiene evidencia alguna de que la Policía Nacional haya desplegado actividad alguna con anterioridad al día en que Jhon Stib y Yeison Niño perdieron la vida, con miras a prevenir dicho hecho.

17.1. De un lado, las intervenciones hechas por el capitán de la Policía en la reunión llevada a cabo en las instalaciones del Concejo Municipal, y que fueron registradas en el acta 46, de fecha 7 de agosto de 2003, no permiten concluir si existió alguna actuación de esa entidad dirigida a proteger a la comunidad y si esta fue adecuada. El uniformado manifestó en esa oportunidad: “Puedo mostrar algunas de las acciones, pero no puedo dar a conocer todo lo que se hace a nivel interno”. Además, de la lectura de otra afirmación, se podría pensar que a pesar de los delitos que señala eran cometidos por integrantes de grupos armados ilegales, no se había presentado a la fecha ningún acto contra la vida e integridad de los habitantes del municipio, o al menos ninguna denuncia en ese sentido: “Hasta el momento no existe ningún hecho puntual o de gravedad, afortunadamente. Hasta el momento estamos viviendo cuatro factores que son: hostigamiento de la guerrilla, fumigación, vía de acceso tapada, y la presunta presencia de autodefensas, factores que vienen incidiendo en la situación de orden público y económico del municipio”.

17.2. De otro lado, en el oficio dirigido por el comandante de la Estación de Policía de La Macarena al Tribunal a quo, de fecha 18 de diciembre de 2006, al cual se anexaron las comunicaciones de solicitud de protección de la población a las autoridades del municipio, se afirmó que no se encontró ninguna anotación en los libros de minuta de ese comando para el día de los hechos (fls. 82 y 84, cdno. 1). Igualmente, la seccional de investigaciones criminales del departamento de policía del Guaviare(72), mediante oficio de fecha 24 de mayo de 2007, manifestó que “no se encontró ningún registro o informe donde el comandante para esa fecha haya informado la novedad sucedida con los menores antes relacionados. De igual manera se revisó y verificó el archivo de las actas de inspecciones de cadáver y el listado de personas desaparecidas para la fecha en que sucedieron los hechos, pero tampoco se encontró ningún registro o informe de la estación de policía La Macarena-Meta” (fl. 164, cdno. 1).

17.3. Resulta relevante poner de presente que el contexto de conflicto armado en el lugar y fecha de los hechos también se caracterizó por la ausencia de denuncias de estos actos o de los autores de los mismos ante las autoridades, por temor de la comunidad a las represalias que los victimarios pudieran tomar en su contra.

17.4. Dentro de las pruebas que dan cuenta de este hecho, se tiene la petición que los representantes del Ejército Nacional le hicieron a los miembros de la población civil, sobre la importancia de denunciar los atropellos que pudieren cometer los miembros de grupos armados ilegales en su contra, de modo que esa entidad pudiera apresar y judicializar a los autores de dichos crímenes, según consta en el acta 46, de fecha 7 de agosto de 2003 (ver supra párr. 11.3).

17.5. Así mismo, de la declaración de Carlos Julio Linares Sánchez, padre de Jhon Sti Linares Real, presentada en el despacho de la jueza promiscua municipal de La Macarena, el 25 de octubre de 2003, se desprende que este último estaba amenazado de muerte por miembros de un grupo paramilitar y que no denunció estos hechos ante las autoridades, situación que se repitió respecto del declarante, quien fue intimidado por esos mismos paramilitares para que no diera aviso a nadie de lo que había ocurrido con su hijo (fl. 28, cdno. anexos 2):

El día miércoles me encontré al muchacho, o sea a mi hijo, como a las 5:00 de la tarde, y me dijo que tenía problemas con un muchacho llamado Bucheloro y que andaba en junta con Gonzalo Forero Garzón y Nolberto Calderón Caldas, que cada vez que se los encontraba ellos le decían “ustedes huelen a muerto”. Entonces el día siguiente, o sea el jueves me llevaron la razón de que lo habían matado. La razón la llevó una nuera mía que se llama Aminta N, no le sé el apellido. Entonces yo salí a averiguar si era cierto y me encontré con los mismos muchachos que mencioné antes y me dijeron “no lo busque que fue que lo matamos”. Yo les dije “entréguenmelo para darle entierro” y me negaron todo el derecho para encontrarlo, entonces yo les supliqué harto y me dijeron que lo sacara del río y a escondidas lo llevara a enterrar porque ellos no querían problemas, ni mucho menos que alguien fuera a poner un denuncio. Por temor a esto que me dijeron, yo no había venido a denunciar, pero el pueblo me aconsejó que era mejor que yo viniera a declarar. Ellos me dijeron que si ponía un denuncio me mataban, entonces yo al ver que todo el pueblo me apoya me atreví a venir.

17.6. Luis Ángel Navarro Perdomo también señaló en su declaración (fl. 67, cdno. anexos 2): “(…). Los que han muerto, nadie ha puesto denuncio porque los manes amenazan a la gente o a la familia, o a quien los busque en el río…”.

17.7. La Sala no desconoce las características del contexto en relación con el temor de sus habitantes de denunciar los delitos cometidos por los miembros de las AUC en contra de la población civil, dentro de los que se encuentran los dos jóvenes asesinados el 22 de octubre de 2003. Tampoco pierde de vista que, Jhon Stib fue amenazado de muerte por sus homicidas, sin que haya dado aviso a la policía, y que su madre, junto con la madre de Yeison Niño, sólo denunciaron lo ocurrido dos días después, esto es, el 24 de octubre de 2003.

17.8. No obstante, el señor José Antonio Ariza, residente del barrio Antonio Nariño en el municipio La Macarena, declaró el día 26 de octubre de 2003 ante el fiscal séptimo especializado, que vio como hacía 15 días a la fecha de su declaración, los hombres que asesinaron a los 4 jóvenes en los hechos descritos en este fallo, arrastraron el cuerpo de otro hombre conocido como “el manicortico” al río, y que la Policía se enteró de estos hechos: “La verdad, yo no le avisé a ninguna autoridad por el miedo que tenía, pues la policía no reaccionaba ni nada. Pero la policía si estuvo allí a la 1:00 de la tarde. Fueron varios policías. Recuerdo que uno de ellos era negro y gordo. Aún estaba la sangre. No dijeron nada más y salieron y se fueron. (…) Lo que se requiere es que saquen a esa gente de Nápoles y que nos hagan el favor y nos cambien esa policía”.

17.9. De lo anterior es claro que, la policía no hizo lo que estaba a su alcance para proteger a los habitantes, en especial los comerciantes o aquellos habitantes que frecuentaban los bares y establecimientos de comercio ubicados en el barrio Antonio Nariño en La Macarena, a pesar de que conocían de al menos un caso en el que los mismos hombres que sesgaron la vida de Yeison Niño Jhon y Stib Linares Real, asesinaron en condiciones similares a otro habitante del municipio.

17.10. Por el contrario, la policía retiró de la zona urbana a los uniformados, asignándoles tareas relacionadas con los comicios electorales que se aproximaban, desprotegiendo así a la población civil. Sobre el particular, Javier Navarro Ortiz, comandante de la estación de Policía de La Macarena, manifestó (fl. 76, cdno. anexos 2):

En horas de la tarde de ese día, en coordinación con el señor capitán Suárez del Ejército Nacional y con motivo de los próximos comicios electorales, para no cruzarnos en los patrullajes nocturnos por seguridad, coordinamos que él cubría la noche, yo instalaba el servicio de puertos fluviales de ONC de la noche hasta el amanecer, o sea que los policías durmieron en los puertos y sacara a una patrulla urbana de 12:00 de la noche a 3:00 de la madrugada, de la cual yo me apersoné. Aclaro al despacho que por esa razón no estaba de patrulla en el momento de los hechos según las diligencias. Aclarando además que de haber recibido una alerta temprana o requerimiento ciudadano, lo hubiera atendido.

17.11. En el desarrollo del elemento referente a la intervención del Estado, se dejó de presente la importancia de revisar no sólo las medidas adoptadas por la fuerza pública antes de la ocurrencia de los hechos, sino también aquellas emprendidas ex post a los mismos, en procura del restablecimiento de los derechos infringidos. Si bien este factor adquiere mayor relevancia en el caso de las obligaciones de carácter estándar, en atención a la relatividad de la falla en el servicio y los obstáculos que esto pueda generar en el desarrollo de actuaciones por parte de la Fuerza Pública antes de los hechos, se revisará en el caso de la referencia, como un aspecto que hace parte de los hechos estudiados.

17.12. Sobre al particular, se tiene que tan pronto fueron recibidas las denuncias penales presentadas por las actoras en reparación directa, la jueza promiscua municipal de La Macarena, puso en conocimiento los hechos ante el comando de la estación de policía de La Macarena, y solicitó la identificación e individualización de Daniel Ortega, David N y Miguel N y que ese mismo día, ambos sospechosos fueron retenidos por ese comando y puestos a disposición de la jueza(73). En el oficio dirigido por los uniformados a ese despacho, en el que ponían a su disposición los dos hombres detenidos, también dejaron de presente otras actuaciones adelantadas ese día con el fin de retener a los restantes presuntos autores de los hechos denunciados: “Se efectuó registro voluntario al establecimiento de razón social Estadero Nápoles, sin hallar personas, documentos o información de interés que permitiera orientar a las autoridades competentes. Este comando seguirá adelantando las labores investigativas del caso con el fin de lograr la identificación e individualización de las demás personas relacionadas en el oficio”.

17.13. También se destaca que al día siguiente, ese comando capturó a Gonzalo Forero Garzón y Nolberto Calderón Caldas (ofis. 385 y 387 de la estación de policía de La Macarena, dirigido a la jueza promiscua municipal y acta de derechos del capturado, fls. 16, 42-52, cdno. anexos 2).

17.14. Estas actuaciones fueron, sin duda, determinantes para lograr la exitosa judicialización y condena de los autores responsables de los crímenes perpetrados contra los 4 jóvenes secuestrados en el bar JR y asesinados a la orilla del río Guayabero, el 22 de octubre de 2003.

17.15. No obstante, se dejó sentado que en aquellos casos en los que el daño resulte materializado a pesar de esa denuncia o solicitud previa de protección por parte de la población, el deber de protección que le asiste al Estado resulta reforzado, en tanto le era cognoscible el riesgo al que se encontraba expuesta esa persona, familia o comunidad que acudió en su auxilio antes de la ocurrencia de los hechos. De manera que, la salvaguarda del principio en cuestión —en este caso el derecho a la vida— adquiere una mayor perentoriedad en su cumplimiento (párr. 14.3.2.2.).

17.16. También se manifestó que, en el caso de las obligaciones cualificadas, se espera una acertada y eficiente gestión del Estado en el deber de proteger a las personas expuestas al riesgo de ser lesionadas por un tercero.

17.17. Para la Sala resulta revelador de la desidia y desinterés de la Fuerza Pública en hacer efectivo el cumplimiento de la obligación de proteger a los civiles, el hecho de que los policías que operaban en la jurisdicción de La Macarena hayan dormido, el día de los hechos, en los puertos fluviales y hayan dejado a la población a merced de los miembros de las AUC entre 12:00 de la noche y las 3:00 de la madrugada —según lo señaló Javier Navarro Ortiz, comandante de la estación de Policía de La Macarena—, horas que además representaban un mayor riesgo para los habitantes del sector, dado el contexto de requisas y asesinatos a personas que frecuentaban bares y otros establecimientos de comercio.

17.18. Así las cosas, la Sala considera que la fuerza pública incumplió la obligación cualificada de proteger a los jóvenes Yeison Niño y Jhon Stib Linares Real, quienes estuvieron expuestos a un riesgo alta razonablemente previsible, y en consecuencia será condenada a reparar a los actores por los perjuicios ocasionados.

VI. Liquidación de perjuicios

18. En el presente caso los actores solicitaron la indemnización por concepto de perjuiciones morales, en la suma de 550 smlmv (párr. 1).

18.1. El Para fijar el valor correspondiente a la reparación del perjuicio moral, la Sala advierte que la condena se proferirá en el equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)(74).

18.2. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que ante la lesión permanente —de orden físico o psíquico— y la muerte de un ser querido, sus familiares sólo deben demostrar el parentesco mediante el registro de nacimiento o del estado civil, con lo cual se infiere el daño moral ocasionado a éstos(75). Dicha presunción opera respecto de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales(76). Los artículos 36 y siguientes del Código Civil del capítulo V sobre “Definiciones de varias palabras de uso frecuente en las leyes” permiten comprender que los miembros del núcleo familiar que se encuentran cobijados por dichos grados de parentesco son los padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos.

18.3. Adicionalmente, en sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con fecha del 28 de agosto de 2014(77), se unificó la jurisprudencia en cuanto a la indemnización de los perjuicios morales en caso de muerte, en el sentido de identificar 5 niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, y 5 porcentajes de perjuicio y su equivalente en smlmv, para cada categoría, así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno - filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 smlmv.

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

Gráfico 1
Reparación del daño moral en caso de muerte
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelaciones afectivas conyugales y paterno-filialesRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º de consanguinidad o civilRelaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
Porcentaje100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.

En casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los eventos anteriores, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios antes señalados. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.

Así pues, en el sub judice el reconocimiento se hará de acuerdo con la relación afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas.

18.4. También quedó establecido con los registros civiles de nacimiento aportados, que Agustina Niño Rojas es madre de Yeison Niño y que Rosa Real Guerrero, es madre de Jhon Stib Linares Real, lo cual las ubica en el primer grado y que Disney Bohorquez Niño, Heidiver Bohorquez Niño, Nilsa Bohorquez Niño y Aquileo Niño son hermanos de Yeison Niño, al tiempo que Johan Sebastián Gónzález Real, Marcos Fernando Linares Real y Edwin Linares Real son hermanos de Jhon Stib Linares Real, y por lo tanto pertenecen a la categoría 2.

18.5. De modo que, la Sala, reconocerá el valor de 100 smlmv en favor de Agustina Niño Rojas y Rosa Real Guerrero, y 50 smlmv en favor de cada uno de los actores que demostraron su calidad de hermanos de las dos víctimas mortales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, del 25 de agosto de 2009, la cual quedará así:

1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte de Yeison Niño y Jhon Stib Linares Reales, ocurrida el 22 de octubre de 2003, en el barrio Antonio Nariño, municipio de La Macarena-Meta, por la acción de las Autodefensas Unidades de Colombia.

2. CONDENAR a la entidad demandada a reconocer por concepto de perjuicios morales, 100 smlmv(78) en favor de cada una de las siguientes: Agustina Niño Rojas y Rosa Real Guerrero: así como 50 smlmv a favor de cada uno de los siguientes actores: Disney Bohorquez Niño, Heidiver Bohorquez Niño, Nilsa Bohorquez Niño y Aquileo Niño, Johan Sebastián Gónzález Real, Marcos Fernando Linares Real y Edwin Linares Real.

3. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Con fundamento en los parámetros establecidos por el Consejo de Estado en relación con los daños materiales invocados en la demanda, se estimó la indemnización por perjuicios morales en favor de cada uno de los actores, por el valor equivalente a 550 smlmv. El recurso de apelación se interpuso el 20 de noviembre de 2009, es decir, luego de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos de conformidad con lo señalado por el artículo 2º del acuerdo PSAA06-3409 del 9 de mayo de 2006 —disposición que estableció el 1º de agosto de 2006 como fecha de entrada en funcionamiento de los despachos respectivos—, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se aplica en este punto el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, en virtud del cual, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuese de doble instancia ante el Consejo de Estado, su cuantía debía superar los 500 smmlv, umbral que como se observa, es sobrepasado en el caso concreto.

(3) Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), Actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

(4) “En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. // Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. (…) Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad”.

(5) El Código Penal prescribe: “ART. 342.—Circunstancia de agravación. Cuando las conductas descritas en los artículos anteriores sean cometidas por miembros activos o retirados de la Fuerza Pública o de organismos de seguridad del Estado, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad”. En la sentencia se aplica esta causal de agravación por cuanto los condenados Mauricio Ramírez y Wilson Hernando Montoya Jaramillo, fueron miembros de la Fuerza Pública, en algún momento anterior a su militancia al interior de grupos paramilitares. En la sentencia tan sólo se desarrolla este aspecto bajo el análisis de la dosimetría de la pena, así: “Como a este proceso le fue imputada la circunstancia de agravación descrita en el artículo 342 del Código Penal, la cual se refiere a la calidad de ex miembro de la Fuerza Pública, la pena establecida para la conducta de concierto para delinquir, se aumentará de una tercera parte a la mitad, por lo que se hace necesario dar aplicación al numeral 4º del artículo 60 ejeusdem, el cual prescribe que si la pena se aumenta en dos proporciones…”.

(6) En el sistema interamericano de protección de derechos humanos también se ha admitido la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales. En estos casos, el fundamento de la obligación de reparar se sustenta en el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantía consignadas en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 123; caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 111.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, exp. 23067, C.P. Enrique Gil Botero, en donde se condenó al Estado por el asesinato del alcalde de El Castillo-Meta, ocurrida el 3 de junio de 1992, en jurisdicción del municipio de Granada. En esa oportunidad señaló la Corporación: “En el presente caso el riesgo en que se encontraba la vida del alcalde afectado era evidente para las autoridades y su reacción fue sin duda precaria; no resulta adecuado aducir que se hicieron advertencias previas de que no se movilizara fuera del municipio, cuando se desconoce si ello correspondió a un estudio previo y riguroso de seguridad; menos aún, se puede afirmar que se le dio protección, pues la solicitud de la víctima se tramitó después de su asesinato; tampoco se puede alegar que se trataba de una situación de imposible manejo, cuando a la información sobre la misma ni siquiera se le dio un adecuado trámite de archivo y correspondencia”. Sentencia del 31 de mayo 2013, rad. 199903222 (30522), C.P. Danilo Rojas Betancourth (e), por la muerte del personero del municipio de Guarne, Antioquia, ocurrida el 25 de septiembre de 1997. Meses antes, el funcionario alertado por un tercero de que se preparaba un atentado para acabar con su vida, denunció ese hecho ante la Unidad Seccional de la Fiscalía de Guarne, solicitando que se le brindaran medidas de protección. Vía fax, también dio aviso de la situación a varias entidades y en la tarde se reunió en su oficina con tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, quienes le hicieron recomendaciones de seguridad. Ese mismo día, fue abordado por desconocidos, quienes con armas de fuego cegaron su vida. La Corporación condenó a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto no adelantó las funciones a su cargo en materia de protección de víctimas y no informó a la Policía Nacional y a los organismos de seguridad del Estado la situación de riesgo real e inminente en que se encontró el personero.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque, en la que se condenó al Estado por el homicidio del candidato presidencial para el partido Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987. Se consideró que el carácter de líder de la oposición y presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debían ser elementos suficientes para que la víctima recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida. Sentencia de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, donde se condenó a Policía Nacional y el DAS por la muerte del ex ministro Enrique Low Murtra, quien debido a sus acusaciones contra el cartel de Medellín había sido amenazado por las mafias del narcotráfico. Se determinó que los organismos de seguridad del Estado debían conocer el riesgo que corría su vida y, en consecuencia, estaban obligados a adoptar medidas para protegerlo, aún si no hubiera hecho una solicitud concreta de protección. Sentencia del 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, C.P. Enrique Gil Botero, fallo que encontró responsable al Estado por la muerte del inspector de trabajo del municipio de Envigado, Antioquia, quien debido a las autorizaciones que otorgó desde el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social para el despido masivo de trabajadores en distintas empresas del departamento, fue amenazado y luego asesinado por sicarios anónimos. Sentencia del 29 de julio de 2013, rad. 199800009 01 (24496), C.P. Danilo Rojas Betancourth, en donde se condenó a Estado por el asesinato del alcalde del municipio de Miraflores, Guaviare, ocurrida el 9 de enero de 1996, perpetrado por miembros de grupos armados al margen de la ley que ingresaron en su domicilio. El alcalde no tenía asignado un servicio de escolta a cargo de la entidad ni contaba con un esquema de seguridad. Si bien no quedó demostrada la solicitud expresa a las autoridades sobre la asignación del personal de seguridad, las circunstancias del contexto que se vivían en ese municipio con la disputa de las FARC y el paramilitarismo sobre el dominio político y territorial, permitieron inferir la previsibilidad del riesgo al que estuvo expuesto el funcionario. Sentencia del 6 de diciembre de 2013, rad. 2001-00150 (30814), C.P. Danilo Rojas Betancourth, por la muerte del alcalde de Vista Hermosa-Meta, perpetrada por sicarios el 19 de septiembre de 1999, en la época en que se dispuso parte del municipio como zona de distensión decretada por el Gobierno Nacional para adelantar diálogos con la guerrilla de las FARC. Aunque la Sala careció de elementos probatorios que permitieran determinar el conocimiento previo de amenazas concretas y particulares en contra de la vida de la víctima, resultó evidente que las circunstancias que envolvían el ejercicio de sus funciones como alcalde lo ubicaba en una situación que ameritaba que el Estado pusiera especial atención a su protección.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(10) [6] “Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo”.

(11) [7] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, exp. 16.894, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández; de 27 de marzo de 2008, exp. 16.234, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 25 de febrero de 2009, exp. 18.106, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 1º de abril de 2009, exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

(12) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Osman vs. Reino Unido, demanda 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 116; caso Kiliç vs. Turquía, demanda 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 62 y 63; caso Öneryildiz vs. Turquía, demanda 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.

(13) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 13-124; caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, párr. 128-129; caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, párr. 78; y caso Yarce y otros vs. Colombia, sentencia del 22 de noviembre de 2016, párrs. 182 y ss.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 25 de mayo de 2011, exp. 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 1997, rad. 11764, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Ver también Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2014, rad. 35.194, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(16) La propuesta plasmada busca identificar unos criterios en materia de imputación de la falla del servicio por la omisión del estado en su deber de protección, con el ánimo de facilitar su identificación en aquellos casos en los que hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por hechos de un tercero. En todo caso, no pretende ser exhaustiva, y abarcar los casos en los que la jurisprudencia de la Corporación suele aplicar un régimen de responsabilidad objetiva.

(17) Dworkin Ronald, Los derechos en serio, Ariel Derecho, España, 1984 (1995) p. 162.

(18) Ibídem, p. 156.

(19) El concepto de derecho, Abeledo-Perrot Ediciones, segunda edición, 1961 (1963), Buenos Aires-Argentina, pp. 160 y 163.

(20) Alexy, Robert, El concepto y la validez del derecho, Gedisa Editorial-Colección estudios alemanes, 1994, España, p. 162.

(21) 16 Cfr. C.W. Canaris, Sustemdenken und Systembegriff in der jurisprudenz, 2ª edición, Berlín, 1983, pp. 53 y ss.

(22) 17 R. Dworkin, Taking rights seriously, 2ª edición, Londres, 1978, pp. 42 y ss. Con respect al citerio de todo o nada, cfr. R. Alexy, “Zum Begriff des Rechtsprinzips”, en Rechtstheorie Beiheft 1 (1979), pp. 68 y ss.

(23) Atienza Manuel, Las piezas del derecho, Teoría de los enunciados jurídicos, Ariel Derecho, 1996, España, pp. 3-4.

(24) [1] Por otro lado, parece claro que la conducta de los órganos jurisdiccionales como tales no se encuentra guiada en general por normas de fin, sino por normas de acción (si bien cabe encontrar ejemplos, como el antes citado, de reglas de fin dirigidas a un órgano jurisdiccional como tal). En todo caso los órganos jurisdiccionales sí deben controlar el cumplimiento de normas de fin por parte de los destinatarios de las mismas —muy señaladamente órganos administrativos—. En dicho control debe tenerse en cuenta tanto el carácter reglado del estado de cosas que aparece en el consecuente de la regla de fin, como el carácter discrecional de la selección de los medios para producirlo. La distinción, tal como aquí aparece trazada, entre reglas de acción y reglas de fin, es deudora, como el lector habrá advertido, de la distinción de N. Luhmann (cfr. Luhmann 1983) entre “programación condicional” y “programación final” de las decisiones. Una aplicación de ello al problema de la discrecionalidad administrativa (y de su control jurisdiccional) se encuentra en Atienza (1995). Ibídem.

(25) Se trata del Convenio III de La Haya de 1899, el Convenio X de del Haya de 1907, para la adaptación de los principios del Convenio de Ginebra a la guerra marítima y la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos protocolos.

(26) El cual incluye los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales de 1977.

(27) “Por el cual se adiciona y modifica el Decreto 1706 de 1989 y se establecen mecanismos para la solución de la situación del personal docente y administrativo de los planteles nacionales y nacionalizados, que se encuentren bajo situación de amenaza y se dictan otras disposiciones”.

(28) “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”

(29) En parte, es el análisis que suele hacer la Corte IDH al estudiar el deber de garantía, que se traduce, en esencia, en el análisis del riesgo que corría la víctima. Ver Yarce y otros vs. Colombia, sentencia del 22 de noviembre de 2016, párrs. 182 y ss.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(31) Así, en el caso López Luna vs. Honduras, sentencia del 10 de octubre de 2013, la Corte encontró responsable al Estado por la muerte de Carlos Luna López, quien se desempeñaba como defensor ambientalista, ocurrida el 18 de mayo de 1998, en las afueras de la Corporación Municipal de Catacamas; de un lado, verificó la existencia de una situación de especial riesgo para los defensores del medio ambiente en la época de los hechos, y del otro, afirmó que el Estado tuvo conocimiento del riesgo real e inmediato contra la vida de la víctima, a raíz de la denuncia de amenaza de muerte que elevó ante el Ministerio Público, evento que permitía dar por cumplida su obligación de activar los órganos responsables de ofrecer una respuesta al riesgo que enfrentaba. De forma similar, en Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia, del 3 de septiembre de 2012, la Corte declaró la responsabilidad del Estado Colombiano por los hostigamientos, amenazas e intento de privación de la libertad del periodista Luis Gonzalo Vélez Restrepo. Esa instancia internacional resaltó que para la época de los hechos la víctima puso en conocimiento las amenazas realizadas en su contra ante la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, pero que “El Estado no cumplió con su deber de prevenir la vulneración de los derechos del señor Vélez Restrepo y su familia a través de la adopción de medidas oportunas y necesarias de protección, sino recién después de que el señor Vélez Restrepo sufriera un intento de privación de la libertad” (párr. 203).

(32) Ibídem.

(33) 229 Cfr. Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C Nº 248, párr. 201.

(34) Sentencia del 8 de julio de 2016, exp. 31987, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Ver nota al pie 45. En la sentencia del 31 de mayo 2013, rad. 199903222 (30522), C.P. Danilo Rojas Betancourth (e), se declaró la responsabilidad del Estado por la muerte del personero del municipio de Guarne, Antioquia, ocurrida el 25 de septiembre de 1997. Meses antes, el funcionario alertado por un tercero de que se preparaba un atentado en su contra, denunció ese hecho ante la Unidad Seccional de la Fiscalía de Guarne, solicitando que se le brindaran medidas de protección. Vía fax, también dio aviso de la situación a varias entidades y en la tarde se reunió en su oficina con tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, quienes le hicieron recomendaciones de seguridad. Ese mismo día, fue abordado por desconocidos, quienes con armas de fuego cegaron su vida. La Corporación condenó a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto no adelantó las funciones a su cargo en materia de protección de víctimas y no informó a la Policía Nacional y a los organismos de seguridad del Estado la situación de riesgo real e inminente en que se encontró el personero.

(35) Estos casos corresponden a la protección al derecho a la seguridad personal en su dimensión individual, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entendido como “aquél que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a [amenazas] que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad; en esa medida el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades del Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad”. T-719 de 2003, op. cit.

(36) Corte Constitucional, Sentencia T-078 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Este fallo de tutela amparó los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal del líder indígena Yecid Brines Polo Che, gobernador de la comunidad indígena Chenche Buenavista, ubicada en el municipio de Colaina, Tolima, presidente de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia y beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgadas a los indígenas del pueblo Pitao. La providencia ordenó a la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, disponer de manera ininterrumpida la continuidad de las medidas de protección otorgadas al tutelante por parte de la CIDH.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia del 1º de abril de 2009, rad. 16.836, en la que se analizó la responsabilidad del Estado por la desaparición, en el año de 1993, de un ex concejal y alcalde del municipio de Mesetas-Meta; sentencia del 29 de julio de 2013, rad. 199800009 01 (24496), en donde se condenó al Estado por el asesinato del alcalde del municipio de Miraflores-Guaviare, ocurrida el 9 de enero de 1996, perpetrado por miembros de grupos armados al margen de la ley que ingresaron en su domicilio. El alcalde no tenía asignado un servicio de escolta a cargo de la entidad ni contaba con un esquema de seguridad. Si bien no quedó demostrada la solicitud expresa a las autoridades sobre la asignación del personal de seguridad, las circunstancias del contexto que se vivían en ese municipio con la disputa de las FARC y el paramilitarismo sobre el dominio político y territorial, permitieron inferir la previsibilidad del riesgo al que estuvo expuesto el funcionario.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero 2010, rad. 20001-23-31-000-1997-03529-01(18274), C.P. Enrique Gil Botero. En este fallo se condenó al Estado por la muerte del personero municipal de San Alberto-Cesar, ocurrida el 24 de noviembre de 1995.

(39) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 8 de febrero de 2012, exp. 20 089, rad. 50001-23-31-000-1994-04604-01 y exp. 22 373, rad. 50001-23-31-000-1994-04605-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en donde se condenó a la Nación - Ministerio de Defensa por el homicidio de José Rodrigo García Orozco diputado de la Asamblea Departamental del Meta, elegido en representación del partido político Unión Patriótica. En esta ocasión la Sala señaló: “24. Por lo demás, las pruebas obrantes dentro del expediente indican que para la época en que se produjo el homicidio de José Rodrigo García Orozco ocurrieron hechos similares en el departamento del Meta contra miembros de la Unión Patriótica, incluyendo a su esposa y ex alcaldesa del municipio de El Castillo (Meta), señora María Mercedes Méndez de García. 25. Se tiene así que las autoridades tenían conocimiento de la situación de peligro que enfrentaban todos los miembros de la UP por cuenta de los asesinatos e intimidaciones cometidas en su contra en distintas regiones del país, y especialmente, en el departamento del Meta. En consecuencia, con independencia de que la víctima hubiera solicitado o no protección a las autoridades, éstas tenían la obligación de adoptar, de oficio, medidas especiales para preservar su vida y su integridad personal”.

(40) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2009, rad. 07001-23-31-000-1993-00063-01(13440), C.P. Enrique Gil Botero, en la que se condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por la muerte del periodista Néstor Henry Rojas Monje, ocurrida el 28 de diciembre de 1991, en Arauca-Arauca, cuando se encontraba al frente de su residencia, por disparos de arma de fuego realizados por un soldado voluntario orgánico del Grupo 19 Reveíz Pizarro de Saravena, con un revólver calibre 38 prestado por su compañero de armas.

(41) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de marzo de 2014, rad. 76001-23-31-000-2003-01249-01(29332), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, fallo que condenó al Departamento del Tolima, por el asesinato del señor José Oscar Arias López, ocurrida el 16 de noviembre de 2001, en el municipio de Ortega. La víctima se desempeñaba como celador, en la Institución Educación Nicolás Ramírez de Ortega, cargo que hacía parte de la nómina administrativa de la institución educativa. Y sentencia del 8 de julio de 2016, exp. 31987, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en la que se condenó al Estado por la muerte del señor Mario Cuestas Amador, producida el 10 de septiembre de 1998, quien prestaba sus servicios como docente en la escuela “El Mirador”, localizada en el municipio de Mesetas, Meta. Si bien no quedó lo suficientemente acreditado que la muerte haya tenido una causa íntima con la actividad que realizaba la víctima como docente, y a pesar de que los eventos fatales ocurrieron lejos de las inmediaciones del centro educativo, la Sala consideró que el departamento del Meta, como ente nominador, tenía el deber legal de recibir y tramitar las peticiones de traslado elevadas por el difunto y su compañera permanente, actora en la acción de reparación directa, mediante un comité especial, creado por el Decreto 1645 de 1992. Se resaltó que dicho decreto contemplaba un procedimiento que sólo tardaba hasta cuatro días hábiles y que, adicionalmente, determinaba otros mecanismos de protección además de la reubicación permanente, como lo eran el traslado transitorio remunerado, el requerimiento a las autoridades de la Fuerza Pública para que se le prestara al solicitante la seguridad debida, y la posibilidad de que el servidor amenazado dejara de presentarse a trabajar mientras se resolviera su situación.

(42) Ibídem, sentencia del 27 de marzo de 2014. El señor José Oscar Arias López dio a conocer a la secretaría de educación y cultura del departamento del Tolima acerca de las intimidaciones que lo agobiaban, y expuso su condición de reinsertado del M-19 y el riesgo que ello representaba, toda vez que varios de sus compañeros habrían sido asesinados.

(43) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de abril de 1994, rad. 8725, C.P. Daniel Suárez Hernández, en la que se condenó al Estado por la muerte de Jesús Antonio Martínez Moreno, líder sindical que trabajaba en la empresa Textiles Ríonegro, y se desempeñaba como concejal por el movimiento político Unión Patriótica en El Carmen de Viboral; y sentencia del 6 de marzo de 2013, rad. 25000-23-26-000-2001-00346-01(26217), C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, fallo condenatorio por la muerte de Julio Alfonso Poveda, militante de la Unión Patriótica y fundador de la Federación Sindical Agrícola, FENSA.

(44) Es el caso de los fallos condenatorios emitidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la muerte del congresista Manuel Cepeda Vargas, sentencia del 20 de noviembre de 2008, rad. 20511; del ex candidato presidencial Jaime Pardo Leal, sentencia del 30 de octubre de 1997, rad. 10957, C.P. Ricardo Hoyos Duque; y del dirigente del Partido Comunista Colombiano José Miller Chacón, sentencia del 3 de noviembre de 2007, rad. 15985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(45) El Consejo de Estado, condenó a la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad - DAS por la muerte de Alberto Bravo Lara, quien desarrollaba actividades en defensa de campesinos que ocuparon terrenos baldíos ubicados en el corregimiento de Sitio Nuevo en Magangué-Bolívar, y fue asesinado por desconocidos el 28 de febrero de 1994, a pesar de haber solicitado protección al Estado. Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2012, exp. 27976, rad. 13001-23-31-000-1996-10661-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth. En el caso Yarce y otros vs. Colombia, op. cit., la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional de Colombia por las infracciones a los derechos contemplados en la Convención Americana de cinco defensoras de derechos humanos y sus familias a partir del año 2002, en el lugar conocido como Comuna 13, en la ciudad de Medellín. Los hechos habrían tenido lugar en el contexto del conflicto armado interno caracterizado por enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública durante varias décadas, el cual se vio intensificado por los operativos militares ejecutados por el mismo Estado durante el año 2002 y el recrudecimiento de la presencia paramilitar luego de estos operativos.

(46) En sentencia del 26 de febrero de 2009, rad. 6800-123-15000-1999-01399-01 (31842), C.P. Enrique Gil Botero, se señaló: “(…) En este sentido, si bien existe prueba de que la víctima fue agredida por un grupo subversivo, y por ende ajeno a la Institución de la Policía Nacional, lo cierto es que las conductas omisivas de esta entidad, constituyeron la causa que posibilitó la muerte de Luis Alfonso Torres, quien se encontraba cumpliendo con su deber en una situación de abandono, y desatención de las circunstancias de seguridad que existían en el municipio de Mogotes. Sin duda alguna, la vinculación profesional a un cuerpo de seguridad como la Policía Nacional, (sic) implica la existencia de unos riesgos que se deben asumir; este deber, sin embargo, deja de existir, cuando con una conducta negligente e indiferente de la institución, (sic) se pone a su personal en una situación de indefensión y por ende constitutiva de una falla del servicio que impone el deber patrimonial de responder en nombre del Estado colombiano, en los términos del artículo 90 Constitucional (…)”. En sentencia del 13 de mayo de 2015, rad. 66001 23 31 000 2007 00058 01 (37118), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, el riesgo se concretó al ordenarle a un agente de la Policía Nacional y que se desempeñaba como escolta-conductor de la señora Liliana Gaviria Trujillo, hermana de un expresidente, el cumplimiento de esa doble función, con lo cual “se le sometió a un riesgo excesivo e innecesario que lo puso en un estado de indefensión que contribuyó eficazmente a la producción del daño, el cual se materializó el día de su muerte”. El fallo estableció que “el agente no pudo dar cumplimiento a las directrices expedidas por la misma institución policial, tales como la directriz 011 del 17 de julio de 2004 y 003 del 20 de febrero de 2006, sobre el manejo de armamentos y vehículos, en las que se recomienda al personal de protección, debido a las condiciones de inseguridad de la época, “… extremar al máximo las medidas de seguridad…” y “… permanecer con el armamento a la mano””. Así mismo, destacó dos disposiciones, que si bien no eran aplicables al caso concreto, servían de orientación pedagógica del juez: el manual de protección a personas de la Policía Nacional, según el cual pese a que el hombre de protección debe poseer los conocimientos en conducción y técnicas de protección, estas son dos funciones diferentes” y el Decreto 4912 de 2011, “Por el cual se organiza el programa prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección”, que dispone que “En ningún caso el personal asignado por la Policía Nacional para el cumplimiento de labores de protección, podrá conducir los vehículos asignados al esquema” y según el cual un esquema mínimo de seguridad debía estar compuesto por un vehículo, un conductor y un escolta.

(47) En el caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, la Corte IDH resaltó las obligaciones diferenciales que debe tomar el Estado en relación con la población en situación de desplazamiento: “179. En los términos de la Convención Americana, la situación diferenciada en que se encuentran los desplazados obliga a los Estados a otorgar un trato preferente a su favor y a adoptar medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso vis-à-vis actuaciones y prácticas de terceros particulares”.
Dígase de paso que la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de la situación de la población internamente desplazada, en la Sentencia T-025/2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, evento que puso el énfasis en la protección de esta población.

(48) La protección de la población guarda cierta relación con la dimensión colectiva del derecho a la seguridad personal, entendida esta como el “derecho que asiste en forma general a todos los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre competencia económica (C.P., art. 88)”. Sentencia T-719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(49) La responsabilidad del Estado ante casos de desapariciones forzadas, secuestros, homicidios, hostigamientos y pérdidas de bienes muebles e inmuebles, de conformidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no será exigible en todos los casos en los que este haya omitido prevenir riesgos para la comunidad, pues se requiere de un criterio de razonabilidad en la previsión de que los habitantes se encontraban ante un riesgo significativo de verse lesionados en sus derechos humanos. Así, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, consideró: “174. El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. 175. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales…”. En esta misma línea, en el fallo de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, op. cit., por hechos ocurridos en enero de 1990, la Corte declaró la responsabilidad de Colombia por el incumplimiento de su deber de garantía por no haber adoptado medidas efectivas de prevención y protección de la población civil que se encontraba en una situación de “riesgo razonablemente previsible por parte de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado respecto de grupos paramilitares”. En esa oportunidad, la Corte concluyó que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en los artículos 4º, 5º y 7º de la Convención —los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal—, por haber faltado a sus deberes de prevención y protección, en perjuicio de las personas desaparecidas y privadas de su vida en ese municipio: “140. La Corte observa que si bien la masacre de Pueblo Bello ocurrida en enero de 1990 fue organizada y perpetrada por miembros de grupos paramilitares, aquélla no habría podido ejecutarse si hubiere existido protección efectiva de la población civil en una situación de riesgo razonablemente previsible por parte de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado. Ciertamente no existen pruebas ante este Tribunal que demuestren que el Estado dirigiera directamente la ejecución de la masacre o que existiese un nexo entre miembros del ejército y los grupos paramilitares o una delegación de funciones públicas de aquél a éstos. No obstante, la responsabilidad por los actos de los miembros del grupo paramilitar en este caso en particular es atribuible al Estado en la medida en que éste no adoptó diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil en función de las circunstancias descritas”.

(50) La Sala ha acudido en ocasiones anteriores a revisar este aspecto para apoyar el análisis de los hechos; en la sentencia del 28 de febrero de 2013, exp. 27959, C.P. Danilo Rojas Betancourth (e), con el propósito de analizar la creación del riesgo que se concretó en la destrucción de los bienes de propiedad de la señora Elizabeth Torres de Sabagh, se analizó, además de las pruebas allegadas, el contexto de violencia derivada del conflicto armado por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el poder económico, político y militar que representa la zona estratégica de los Montes de María en el departamento del Bolívar, para lo cual se tomó como fuente el artículo “Diagnóstico departamental Bolívar” publicado por el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Presidencia de la República en el año 2007. En la sentencia del 3 de mayo de 2013, exp. 32274, C.P. Danilo Rojas Betancourth, con la intención de revisar el riesgo al que estaba sometida la familia actora y que se concretó con la incursión paramilitar ocurrida el 21 de febrero de 1999, en el corregimiento de La Cooperativa, municipio de Mapiripán-Meta, se tuvieron en cuenta las masacres de Puerto Alvira, ocurrida entre los días 15 y 20 de julio de 1997, y Mapiripán, de mayo de 1998, y se concluyó que estos eventos permitían inferir razonablemente que los grupos armados, siguiendo la misma táctica y modus operandi empleados en aquellas otras incursiones y masacres, ocuparían la región de La Cooperativa y arremeterían contra sus pobladores. Para el efecto se analizaron varios recortes de prensa, y pruebas documentales sobre la masacre de Puerto Alvira allegadas por la parte actora.

(51) El Decreto 4912 de 2011 del Ministerio del Interior, prevé medidas de prevención y esquemas de protección para personas en situación de riesgo extraordinario o extremo. Las primeras incluyen planes de prevención y planes de contingencia, curso de autoprotección, patrullajes y revista policial (art. 10). Las segundas, pueden constar de un esquema individual, corriente, blindado o reforzado con escoltas, o esquemas de seguridad colectivos; recursos físicos como vehículos blindados o corrientes, motocicletas, chalecos antibalas, escudos blindados y medios de comunicación; medios de movilización, dentro de los cuales se incluyen tiquetes aéreos internacionales, tiquetes aéreos nacionales y apoyo de transporte terrestre o fluvial o marítimo; apoyo de reubicación temporal; apoyo de trasteo; medios de comunicación; y blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad (art. 11).

(52) Es el caso del fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana y los fondos de seguridad de las entidades territoriales, a cargo del Ministro del Interior y de Justicia, creados mediante la Ley 418 de 1997 y reglamentados por el Decreto 399 de 2011. El Decreto 4912 de 2011, antes citado, establece que la protección de las personas en situación de riesgo extraordinario o extremo, previstas en los numerales 1-15 del artículo 6º, dentro de las cuales se encuentran dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición; dirigentes, representantes o activistas de organizaciones gremiales; y servidores públicos que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la política de derechos humanos y paz del gobierno nacional, será asumida por la Unidad Nacional de Protección; que la protección de aquellas personas previstas en los numerales 16-19 de ese mismo artículo, esto es, hijos y familiares de ex presidentes y ex vicepresidentes de la República y servidores públicos con las excepción que allí se plantean y autoridades religiosas, será asumida por la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional; y la protección de los cónsules y embajadores acreditados en Colombia, será ofrecida por las misiones diplomáticas respectivas.

(53) En la condena proferida contra el DAS por la muerte de Josué Giraldo Cardona, dirigente del partido político Unión Patriótica y presidente del Comité Cívico por la Defensa de los Derechos Humanos del Meta, ocurrida el 13 de octubre de 1996, cuando fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en su casa con sus hijas y esposa, se puso de presente que la falla había respondido a la infracción de una obligación perentoria en materia de esquemas de seguridad, entre otras: “47. Observa la Sala que para el día del atentado que segara su vida, el líder de la UP y activista de derechos humanos: i) no contaba con el servicio de escolta que previamente le había sido asignado, dado que le fue suspendido en el marco de un proceso disciplinario iniciado por la misma institución a la que pertenecía, DAS, justo unos días previos a la comisión del delito; ii) su esquema de seguridad le había sido reducido inexplicablemente por cuanto una vez cesó sus funciones como gerente de la Industria Licorera del Meta, y pese al incremento de las amenazas, le fue suprimido el segundo escolta a cargo de la policía; pero incluso, cabe sostener que, iii) la víctima no ahorró esfuerzos en acudir una y otra vez ante distintos organismos de seguridad y jurisdiccionales nacionales e internacionales…”. Sentencia del 26 de junio de 2014, exp. 26029, C.P. Danilo Rojas Betancourth. En otro fallo que condenó a la Policía Nacional por la muerte de Carlos Octavio Correa Posada, alcalde del municipio de Villagarzón-Putumayo, ocurrida el 3 de octubre de 1997, cuando salía de almorzar en dirección a la sede de la alcaldía y fue atacado con arma de fuego por dos hombres desconocidos, la Sala consideró que la protección ofrecida al funcionario municipal fue inadecuada y precaria; el escolta sólo cubría los recorridos que hiciere el alcalde desde su lugar de habitación a la sede de la alcaldía y en sentido contrario; no era diligente en estos acompañamientos, pues terceros debían avisarle cuando el alcalde se dispusiera a salir de la alcaldía o de su lugar de habitación y; el día de los hechos, el uniformado fue alertado por una mesera de que el alcalde ya había salido del restaurante, y al momento de los disparos no protegió la vida de este, sino que buscó resguardarse del peligro como cualquier otro ciudadano. Sentencia del 31 de julio de 2014, exp. 31039, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(54) En la sentencia del 6 de diciembre de 2013, rad. 2001-00150 (30814), se condenó al Estado por la muerte del alcalde de Vista Hermosa-Meta, perpetrada por sicarios el 19 de septiembre de 1999, en la época en que se dispuso parte del municipio como zona de distensión decretada por el Gobierno Nacional para adelantar diálogos con la guerrilla de las FARC. La Sala consideró que las circunstancias que envolvían el ejercicio de sus funciones como alcalde lo ubicaba en una situación que ameritaba que el Estado pusiera especial atención a su protección. No obstante, en el caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala, sentencia de 28 de agosto de 2014, la Corte IDH no declaró la responsabilidad del Estado por la muerte del defensor de derechos humanos señor A.A., a pesar de que tuvo como probada su calidad como tal y de que tuvo en cuenta que en los años 2003 y 2004 el Estado de Guatemala tenía conocimiento de una situación de especial vulnerabilidad para las defensoras y los defensores de derechos humanos, particularmente aquéllos que buscaban la protección o promoción de los derechos económicos, culturales y sociales, así como la verdad y la justicia en relación con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. La Corte consideró que las pruebas no permitían establecer que el Estado conocía la existencia de una situación de riesgo real e inmediato de que peligraba la vida del señor A.A. con anterioridad a su muerte. Se resalta que dentro de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía de Guatemala quedaron plasmados testimonios según los cuales la muerte del señor A.A. se debió al accionar de grupos pandilleros que quisieron silenciar a la víctima, por cuanto había presenciado un homicidio días atrás (párrs. 104, 113 y 148), sin que la Corte haya ahondado al respecto en la motivación de la exoneración estatal.

(55) En las primeras sentencias que desarrollaron su concepto, se habló de las limitaciones del Estado de prestar un servicio a cada ciudadano y la imposibilidad de anticipar perturbaciones del orden público concretas. Ver sentencia del 14 de diciembre de 1990, rad. 6145, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta y sentencia del 25 de octubre de 1991, Rad. 6680, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. En providencias posteriores, la Corporación ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse, en cada caso, si en efecto le fue imposible proteger a la población como debía. Ver por ejemplo, sentencia de 14 de mayo de 1998, exp. 12.175, C.P. Daniel Suarez Hernández y sentencia del 3 de febrero de 2000, exp. 14.787, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(56) Sentencia del 8 de abril de 1998, exp. 11837, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(57) Este punto se refiere a la denuncia que se haga sobre las graves violaciones de derechos humanos después de su ocurrencia, eventos en los que se espera una actuación eficiente de las autoridades en busca del restablecimiento del derecho de las víctimas. En el marco del deber de protección a la vida de las personas desaparecidas, la Corte IDH, en el caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala, del 19 de noviembre de 2015, consideró “122. La Corte ha considerado reiteradamente que ante tal contexto surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Esta obligación de medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima. Deben existir procedimientos adecuados para las denuncias y que estas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido”.

(58) Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988, párrafos 169-70. Citado en Comisión IDH, “Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia” 1999. La Comisión también expresó su profunda preocupación frente a la ausencia de investigaciones serias en casos de violaciones de derechos humanos en Colombia y la impunidad alrededor de la condena contra los responsables de su violación. Para el efecto citó lo mencionado por el relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados que visitó Colombia a fines de 1996, quien en su informe señaló que: “… la falta de una investigación y un juicio adecuados en los casos que entrañaban violaciones de los derechos humanos constituye una de las preocupaciones más graves en relación con la administración de justicia en Colombia, tanto ante los tribunales ordinarios como, en particular, ante los tribunales militares. Además, la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos es uno de los factores más importantes que contribuye a la perpetuación de estas violaciones y al aumento de la violencia en general. La Comisión deplora la impunidad que existe en Colombia y señala que el Estado será responsable de todos los actos de violación a los derechos humanos hasta que tome las medidas necesarias para garantizar que se administre de manera justa y adecuada la justicia en Colombia”. http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/capitulo-5.htm[01/11/2017].

(59) Ver Paola Andrea Acosta Alvarado, en “El derecho a la justicia en la jurisprudencia interamericana”, op. cit., pp. 84-85.

(60) Sobra decir que en la práctica se pueden presentar más variables que las fórmulas aún no registran —la realidad supera siempre los intentos de análisis de la misma—, como sería el daño frente a quien ocupó un cargo público, pero que guarda una relación con ese hecho.

(61) Ver Corte IDH, caso López Luna vs. Honduras, sentencia del 10 de octubre de 2013, nota al pie 35, y la condena proferida contra el DAS por la muerte de Josué Giraldo Cardona, dirigente del partido político Unión Patriótica y presidente del Comité Cívico por la Defensa de los Derechos Humanos del Meta, en Sección Tercera, sentencia del 26 de junio de 2014, exp. 26029, C.P. Danilo Rojas Betancourth, nota al pie 60.

(62) Es el caso de la falla del servicio por la omisión en el reconocimiento de una medida de protección recomendada por el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos o CRER —como el suministro de chalecos antibalas, equipos de comunicación, esquemas de protección, o el traslado de la sede del despacho—, conforme a los artículos 2º, 6º y 7º del Decreto 1386 de 2002, “Por el cual se dictan medidas para brindar protección a alcaldes, concejales y personeros municipales” en relación con quien ejerce el cargo de alcalde municipal, sin que se hayan entrado a revisar o corroborar las características contextuales para la fecha y lugar de los hechos.

(63) Sentencia del 8 de julio de 2016, exp. 31987, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en la que se condenó al Estado por la muerte del señor Mario Cuestas Amador, producida el 10 de septiembre de 1998, quien prestaba sus servicios como docente en la escuela “El Mirador”, nota al pie 45. En este caso, el quebrantamiento de la regla fue la inobservancia del procedimiento previsto para la instalación del comité especial creado por el Decreto 1645 de 1992, para la protección de personal docente, y la activación de las medidas de protección y prevención previstas en dicha norma.

(64) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2009, rad. 07001-23-31-000-1993-00063-01(13440), C.P. Enrique Gil Botero, en la que se condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por la muerte del periodista Néstor Henry Rojas Monje, ocurrida el 28 de diciembre de 1991, en Arauca-Arauca. Ver nota al pie 44.

(65) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de noviembre de 2016, exp. 37894, C.P. Danilo Rojas Betancourth En esta ocasión, la Sala condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por la muerte de Constantino Socha Cancino, habitante de la vereda Las Abejas, corregimiento de Mohán, municipio de Suratá-Santander, ocurrida el 2 de abril de 2003, a manos de integrantes de las AUC. El fallo puso de presente que, en el curso del año 2002, el personero municipal de Suratá elevó dos comunicaciones al comandante del Batallón de Infantería Nº 14 Antonio Ricaurte y al comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional en Bucaramanga, poniendo en conocimiento de esas autoridades los atropellos cometidos por miembros de las AUC contra los habitantes del corregimiento de Turbay. También hizo un análisis del contexto en el lugar y fecha de los hechos, que incluyó la publicación que hicieran las AUC en el diario Vanguardia Liberal avisando su intención de incursionar en el municipio de Suratá para recuperar un ganado hurtado por la guerrilla días previos a los sucesos, de acuerdo con el testimonio del personero municipal de Suratá; el oficio 252 emitido por el oficial S2 del Batallón de Infantería Ricaurte y dirigido al teniente de esa instancia militar, de fecha 2 de abril de 2003, el cual contiene información acerca de los movimientos de grupos guerrilleros entre el 18 de febrero de 2003 hasta la fecha de los hechos; los informes de riesgo 032 de 2004 y 026-07 A.I., de 2007, del Sistema de Alertas Tempranas - SAT, acerca de la situación de orden público en el municipio de Suratá, y en los cuales se enumeran los atropellos cometidos por los grupos armados ilegales en fechas anteriores a la de los hechos, entre otros.

(66) En la sentencia del 12 de diciembre de 2014, rad. 07001233100020040019701 (35.194), C.P. Ramiro Pazos Guerrero, la Corporación encontró acreditada la falla en el servicio por omisión de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Ejército Nacional, departamento de Arauca y municipio de Tame, dado que los hechos que afectaron ostensiblemente el patrimonio de los demandantes eran perfectamente previsibles en la medida en que la vereda Matarrala, municipio de Tame, lugar de ubicación del predio del demandante, había sido declarada como una zona en inminente riesgo de desplazamiento por el Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada de Tame, Arauca, mediante el Decreto 157 de 9 de diciembre de 2002.

(67) Podría ser el caso de la falla del servicio por el incumplimiento del deber en cabeza de la policía, de conservar el orden público interno, según lo prescribe el artículo 2º del Código de Policía, Decreto 1355 de 1970 (P), cuando el daño se concreta frente al habitante de un barrio (población civil) a quien le hurtaron su celular.

(68) Debe quedar claro que todas las personas tienen relevancia social por su sola condición de seres humanos. La distinción que aquí se hace es por razones meramente pedagógicas y busca ofrecer unos criterios que permitan identificar la previsibilidad del riesgo al que se encuentran expuestas.

(69) La Corte IDH, en el fallo de Pueblo Bello vs Colombia, del 31 de enero de 2006, consideró irrelevante para efectos de valorar el cumplimiento de la obligación de protección del Estado, la ausencia de un aviso previo a la ocurrencia de los hechos por parte de las víctimas de violaciones de derechos humanos: “135. En este caso ciertamente no ha sido probado que las autoridades estatales tuvieran conocimiento previo específicamente del día y hora del ataque a la población de Pueblo Bello y de las modalidades del mismo. Por ejemplo, no han sido aportados elementos probatorios que demuestren que habitantes de dicha localidad hayan denunciado actos de intimidación o amenazas previos a dicho ataque. A su vez, contrario a lo alegado por el Estado, es irrelevante a los efectos de este proceso determinar si los habitantes de Pueblo Bello habían denunciado el supuesto robo de un ganado, que habría motivado una venganza del grupo paramilitar liderado por Fidel Castaño Gil, pues ello no condicionaría en modo alguno el deber de protección estatal”.

(70) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C Nº 63, párr. 144; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012, serie C Nº 259, párrs. 188-190; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012, serie C Nº 252, párr. 145.

(71) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C Nº 4, párr. 166; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, cit., párr. 189; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, cit., párr. 144.

(72) Mediante oficio del 14 de noviembre de 2008, el comando del departamento de Policía del Meta, remitió un oficio al comandante del departamento de Policía de San José del Guaviare, en el que manifestó: “Para el 22 de octubre de 2003, fecha en la que ocurrieron los hechos materia de la investigación, el municipio de La Macarena pertenecía policialmente a ese departamento” (fl. 156, cdno. 1).

(73) Los otros sindicados en el proceso penal —Nelson Jaramillo Quinceno, alias Calidad, Oscar Abey Jaramillo Salazar, Flover Galindo López, Mauricio Ramírez Marín y Jenry de Jesús Hernández Martínez— fueron capturados por funcionarios del CTI (fls. 101-106, cdno. anexos 2).

(74) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, exp. 13232-15646, C.P. Alier Hernández.

(75) Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, exp. 19.046, C.P. Enrique Gil Botero: “Establecido el parentesco con los registros civiles, la Sala da por probado el perjuicio moral en las demandantes con ocasión de las lesiones causadas a su madre por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad”.

(76) Ibídem.

(77) Rad. 26.251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(78) El valor de los smlmv será aquel vigente al momento de ejecutoria de este fallo.