Sentencia 2005-40108 de marzo 22 de 2013

 

Sentencia 2005-40108 de marzo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 500012331000-2005-40108-01

Consejera ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Universidad de los Llanos

Demandado: Autoridades departamentales

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

6.1. Los actos administrativos demandados:

Los apartes demandados de los actos administrativos acusados son los siguientes:

“Asamblea Departamental del Meta

ORDENANZA 466 de 2001

(Julio 31)

Por la cual se expide el estatuto de rentas tributarias del departamento del Meta

La Asamblea Departamental del Meta

En uso de sus atribuciones legales, establecidas en el artículo 300 de la Constitución Política, y la Ley 115 de 1994 y demás normas concordantes.

ORDENA

Adóptese como estatuto de rentas tributarias, procedimientos tributarios y de cobro administrativo coactivo para el departamento del Meta, el siguiente:

Estatuto de rentas

(…)

ART. 506.—Destinación de rentas

Salvo lo establecido en la Constitución, la Ley, el Estatuto Presupuestal del Departamento y la Presente Ordenanza, no habrán rentas de destinación específica.

(…).

Dada en Villavicencio, el día 31 de julio de 2001.

Yolima Soraya Romero Medrano Carlos Humebro Osorio Monroy

Presidente Secretario general

El presidente y secretario general de la asamblea del Meta

CERTIFICAN:

Que esta ordenanza recibió los tres debates reglamentarios el 25, 30 y 31 de julio de 2001.

Yolima Soraya Romero Medrano Carlos Humerto Osorio Monroy

Presidente Secretario general”

Observación: la certificación está incluida a renglón seguido en el mismo texto de la Ordenanza 466

ORDENANZA 470 de 2001

Por medio del cual se modifica y se adiciona a la Ordenanza 466 de 2001 y se dictan otras disposiciones.

La Asamblea Departamental del Meta

En uso de sus facultades constitucionales, legales y en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política, la Ley 666 de 2001 y demás normas concordante.

ORDENA:

(…)

ART. 14.—El artículo 506 de la Ordenanza 466 de 2001, quedará así:

ART. 506.—Destinación de rentas tributarias y no tributarias. Salvo lo establecido en la Constitución Política de Colombia, la ley, los decretos del gobierno nacional, el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento del Meta, no habrá destinación específica que afecte total o parcialmente las rentas, ingresos, transferencias y participaciones. En consecuencia quedan expresamente derogadas todas las ordenanzas que sean contrarias a lo establecido en el presente artículo.

(…).

ART. 16.Vigencias y derogaciones. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las ordenanzas 030 de 1987, 025 de 1991, 158 de 1997, 079 de 1992, 260 de 1997 y 408 de 2000.

Dada en Villavicencio, el día 09 de octubre de 2001.

Gerardo Leon Mancera Parada Carlos Humberto Osorio Monroy

Presidente Secretario general

El presidente y secretario general de la asamblea del Meta

CERTIFICAN

Que esta ordenanza recibió los tres debates reglamentarios el 2, 4 y 9 de octubre de 2001.

Gerardo Leon Mancera Parada Carlos Humberto Osorio Monroy

Presidente Secretario general”

6.2. Ejercicio de la acción de simple nulidad frente a actos administrativos mixtos.

Es necesario precisar que los artículos acusados de ilegalidad, se encuentran consignados en las ordenanzas 466 de julio 31 y 470 de octubre 9, ambas de 2001, que modificaron y adicionaron la anterior.

En la Ordenanza 470 de 2001 en forma expresa se derogaron las ordenanzas 030 de 1987 y 025 de 1991, expedidas también por la asamblea departamental del Meta.

El contenido de la Ordenanza 030 de 1987, era el siguiente:

Asamblea Departamental del Meta

ORDENANZA 030 DE 1987

(Noviembre 25)

Por el cual se hace una distribución de las regalías petrolíferas del departamento para el año de 1989.

La Asamblea Departamental del Meta

En uso de sus facultades legales,

ORDENA:

ART. 1º—Destínase el cinco (5%) por ciento del ingreso anual que reciba por concepto de regalías petrolíferas el departamento del Meta, para inversión en la Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales.

PAR.—Las obras de que(sic) trata el artículo anterior, se ejecutarán dentro del territorio del departamento del Meta.

(…).

Dada en Villavicencio a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Carlos Kovacs Baptiste Néstor García Parrado

Presidente Secretario general”

Los suscritos presidente y secretario general de la asamblea del Meta

CERTIFICAN:

Que la presente ordenanza tuvo los tres (39 debates reglamentarios, los días cinco (5), veinticuatro (24) y veinticinco (25) de noviembre de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Carlos Kovacs Baptiste Néstor García Parrado

Presidente Secretario general”

Por su parte, la Ordenanza 025 de 1991, disponía lo siguiente:

Asamblea Departamental del Meta

ORDENANZA 025 DE 1991

(Noviembre 19)

Por la cual se modifica la Ordenanza 030 de 1987 sobre una distribución de las regalías petrolíferas del departamento a partir de 1991.

La Asamblea Departamental del Meta

En uso de sus atribuciones legales,

ORDENA:

ART. 1º—Destínase el 5% por ciento del ingreso anual que recibe por concepto de regalías petrolíferas el departamento del Meta, para inversión en la Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales.

PAR.—La inversión de que trata el artículo anterior, se ejecutará así: el 60% para inversión física y el 40% para inversión académica e investigaciones.

(…).

Dada en Villavicencio, el diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991).

Julio César González Contreras Hermelinda Salcedo de Flórez

Presidente Secretaria general

Los suscritos presidente y secretaria general de la asamblea del Meta

CERTIFICAN:

Que la presente ordenanza recibió los tres debates reglamentarios los días catorce (14), quince (15) y diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991).

Julio César González Contreras Hermelinda Salcedo de Flórez

Presidente Secretaria general”

Es evidente que estas ordenanzas crearon una situación particular y concreta en beneficio de la Universidad de los Llanos. Por ello, cuando los actos administrativos disponen que no habrá rentas de destinación específica y derogan en forma expresa estas ordenanzas, surge un efecto negativo que afecta en forma directa a la Universidad de los Llanos, y por ello la demanda de simple nulidad no sólo busca dejar sin piso dichas actas sino que generaría automáticamente un restablecimiento del derecho.

En este sentido, respecto de la aplicación de la teoría de los motivos y finalidades esta Sala estableció en sentencia de 29 de abril de 2010 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta):

“la Corporación ha admitido de manera excepcional la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo de carácter general, pero para que ello ocurra se requiere que de la aplicación directa de tales actos se deduzca o infiera la eventual lesión de un derecho subjetivo amparado por el ordenamiento jurídico, que no exista un acto administrativo particular mediante el cual se haya dado aplicación a aquél —ya que en este último evento la acción procedente contra éste sería la de nulidad y contra el acto particular la de nulidad y restablecimiento—, y que la acción referida se interponga dentro del término de caducidad establecido para el ejercicio válido de la misma(7)”.

Asimismo, en reciente jurisprudencia ésta misma Sección indicó:

“Observa la Sala que las providencias de la Corte Constitucional que el recurrente menciona en la sustentación del recurso, permiten a la Sala manifestar que en el caso bajo examen y en aplicación de la teoría de los móviles y finalidades, ha de entenderse que la verdadera intención que animó a la actora a impetrar la demanda de simple nulidad contra los actos administrativos que modificaron la situación jurídica particular del inmueble declarado como “bien de interés cultural municipal”, no era propiamente la de velar por la defensa de la legalidad en abstracto sino la de procurar la defensa de un interés particular y concreto, que como bien lo señaló el a quo, ha debido conducir a la actora a formular una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. No significa lo anterior que con estas consideraciones el Consejo de Estado esté modificando la doctrina de los móviles y finalidades, sino exactamente lo contrario, pues al entender que la acción incoada devela de manera clara e incontrovertible la intención de obtener el restablecimiento de un derecho particular y concreto, en realidad está reafirmando el predicamento que se condensa en dicha doctrina, pues al pretender Caprecom la nulidad abstracta de ese acto particular que por sus efectos y alcances no es relevante para el interés general, por no afectar un interés colectivo o comunitario de alcance y sentido nacional, por no incidir en la economía nacional ni en el desarrollo y bienestar social y económico de la Nación, en realidad se está queriendo sanear la omisión en que se pudo haber incurrido al no haber presentado de manera oportuna la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que en estricto derecho era la procedente(8)”.

En el caso sub exámine la Sala advierte que la pretensión de la Universidad de Los Llanos, no era la de velar por la defensa de la legalidad en abstracto sino la de procurar la defensa de un interés particular y concreto y, por ende, ha debido conducir a la actora a interponer la demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término de cuatro (4) meses previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Se advierte que la acción impetrada por la demandante se encuentra caducada, pues fue interpuesta más de 4 meses después del día siguiente de la publicación de los actos acusados. En efecto, se observa que las ordenanzas 466 (31 de julio) y 470 (18 de octubre), ambas de 2001, se publicaron en las gacetas departamentales 1175 (4 de septiembre) y 1177 (25 de octubre) de la misma anualidad, respectivamente; y que la demanda fue interpuesta el 7 de mayo de 2005, es decir, más de 3 años después del término oportuno fijado para tal efecto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

En este orden de ideas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y confirmará la sentencia apelada en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 29 de abril de 2010, actor: entidad promotora de salud Servicio Occidental de Salud S.A., radicación 25000232400020040018501, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(8) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 30 de junio de 2011, radicación 17001233100020060121101, actora: Caja de Prevision Social de Comunicaciones, Caprecom, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.