Sentencia 2005-90122 de abril 19 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Rad.: 25000-23-27-000-2005-90122-01(17849)

Actor: Compañía Nacional de Sebos Ltda. Conalsebos

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Fallo

Bogotá, D.C. diecinueve de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala decidirá sobre la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Administración Especial de Impuestos de las Personas Jurídicas de Bogotá resolvió la solicitud de devolución y/o compensación del saldo a favor generado en la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al primer (1º) bimestre del año 2002 por valor de $299.360.000.

Controvierte la demandante, ahora apelante, la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda por que en su criterio es procedente la devolución de los intereses moratorios que pagó sobre las retenciones en la fuente que practicó a los responsables del régimen simplificado. Asevera, además, que el saldo a favor que solicitó en devolución y/o compensación se generó el último día del segundo (2º) bimestre de 1999 y no en el primer (1º) bimestre de 2002, como lo determinó el a quo, razón por la cual, la administración tributaria no debió liquidar los intereses de mora al compensar obligaciones que nacieron con posteriores al saldo a favor.

Así mismo, dijo que no se tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial, esto es, la sentencia del 24 de septiembre de 2008, expediente 16138, que tiene relación con el proceso.

Para desvirtuar lo anterior, la entidad demandada afirmó en la contestación de la demanda que los intereses de mora que liquidó para hacer la compensación se generaron desde la fecha en que surgió la obligación tributaria hasta la fecha en que se generó el saldo a favor.

En esas condiciones, procede la Sala al estudio de los cargos.

Inadmisión de la solicitud de devolución y/o compensación.

De acuerdo con los artículos 816 y 854 del estatuto tributario, la solicitud de devolución y/o compensación de impuestos deberá presentarse a más tardar dentro de los dos años siguientes a la fecha de vencimiento del término para declarar.

Por su parte, los artículos 857 y 858 del mismo estatuto indican, en lo concerniente, lo siguiente:

“ART. 857.—Rechazo e inadmisión de las solicitudes de devolución o compensación.

(…). Las solicitudes de devolución o compensación deberán inadmitirse cuando dentro del proceso para resolverlas se dé alguna de las siguientes causales:

(…).

2. Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales que exigen las normas pertinentes.

(…).

PAR. 1º—Cuando se inadmita la solicitud, deberá presentarse dentro del mes siguiente una nueva solicitud en que se subsanen las causales que dieron lugar a su inadmisión.

(…)”.

“ART. 858.—Auto inadmisorio. Cuando la solicitud de devolución o compensación no cumpla con los requisitos, el auto inadmisorio deberá dictarse en un término máximo de quince (15) días.

Cuando se trate de devoluciones con garantía el auto inadmisorio deberá dictarse dentro del mismo término para devolver”.

Según las normas transcritas, las solicitudes de devolución y/o compensación de saldos a favor deben ser inadmitidas por la autoridad tributaria, entre otros casos, si se presentan sin el lleno de los requisitos formales. Si la solicitud se inadmite, el contribuyente o responsable debe presentar una nueva petición dentro del mes siguiente a la inadmisión.

En el caso en estudio, la actora radicó el 15 de julio de 2002 la solicitud de devolución del saldo a favor generado en cuantía de $299.360.000 en la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al primer (1º) bimestre de 2002.

Mediante el Auto 2768 del 29 de julio de 2002, la División de Devoluciones de la Administración Especial de las Personas Jurídicas de Bogotá inadmitió la solicitud por que la parte actora no acreditó, entre otros, el pago del valor consignado en el renglón RU de la declaración del impuesto sobre las ventas del primer (1º) bimestre de 2002, esto es, de las retenciones practicadas a los responsables del régimen simplificado. Igualmente, tampoco acreditó el pago del remanente de los impuestos descontables por operaciones de importación del renglón GB. La DIAN también inadmitió la solicitud por que advirtió ciertas inconsistencias en la relación de los impuestos descontables pues estos eran inferiores a los valores declarados y porque debía ajustarse a cero la cuenta del impuesto a las ventas por pagar, en los términos del artículo 6º, literal a) del Decreto 1000 de 1997(13).

Conforme lo dispone el parágrafo 1º del artículo 857 del estatuto tributario, en el auto inadmisorio se le informó a la accionante que dentro del mes siguiente a su notificación debía subsanar los errores o deficiencias advertidas.

El 25 de agosto de 2003 la actora, con ocasión de la respuesta al inadmisorio, solicitó que se aplicara a su caso el Concepto de la DIAN 853 del 8 de enero de 2002. Frente a los impuestos descontables indicó que había corregido las declaraciones correspondientes así como el certificado del revisor fiscal. El 2 de septiembre de 2002, radicó nuevamente la solicitud de devolución y/o compensación, la que fue inadmitida mediante el Auto 3754 del 19 de septiembre de 2002(14) por las mismas razones señaladas en el anterior auto inadmisorio.

El 16 de octubre de 2002, la demandante controvirtió el citado auto inadmisorio(15). Advirtió que, de acuerdo con el artículo 376 del estatuto tributario, no es obligatorio consignar o pagar previamente las retenciones practicadas a los responsables del régimen simplificado; solicitó que se aplique el artículo 803 del mismo estatuto, en cuanto a la fecha en que se entiende pagado el impuesto. Además, aportó el Concepto de la DIAN 853 del 8 de enero de 2002 así como las correcciones a las declaraciones del impuesto sobre las ventas y el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá en el que consta el nombramiento del revisor fiscal.

El 22 de octubre de 2002, presentó una nueva solicitud de devolución y/o compensación, que fue nuevamente inadmitida mediante el Auto 4542 del 8 de noviembre de 2002, por las mismas razones antes esgrimidas. El 10 de diciembre siguiente, la sociedad aportó la prueba del pago de las retenciones en la fuente practicadas y de los intereses correspondientes, en la forma ordenada en los autos inadmisorios proferidos.

Agregó que las declaraciones de corrección que presentó como consecuencia de los autos inadmisorios de las solicitudes de devolución se debían tener como no presentadas por cuanto las presentó cuando las declaraciones iniciales del impuesto sobre las ventas se encontraban en firme.

El 14 de enero de 2003, fue inadmitida la solicitud de devolución radicada el 23 de diciembre de 2002 por las inconsistencias relacionadas con los impuestos descontables y la falta de validez de las correcciones a las declaraciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 588 y 589 del estatuto tributario.

El 10 de febrero de 2003, la Compañía Nacional de Sebos precisó que las deficiencias anotadas fueron corregidas. Reiteró los argumentos presentados en las anteriores oportunidades y aportó toda la documentación exigida.

Ante la nueva solicitud radicada el 7 de marzo de 2003, mediante Auto 35 del 20 de marzo de 2003, la administración tributaria ordenó la suspensión de términos para efectuar la devolución y/o compensación por cuanto detectó indicios de inexactitud. El 19 de agosto del mismo año, la División de Devoluciones profirió la Resolución 6752 en la que ordenó:

1. Compensar el valor de $82.509.000 a las declaraciones de:

ConceptoAñoPeriodoSancionesInteresesImpuesto Total
Renta20001 5.730.00022.385.00028.115.000
Retención20011 122.000358.000480.000
Retención20013 6.088.0002.515.0008.603.000
Retención20014 5.236.00005.236.000
Retención20015 5.745.000104.0005.849.000
Retención20016 5.444.00005.444.000
Retención20017 6.842.00006.842.000
Retención2001122.756.0003.372.00011.005.00017.133.000
Retención20021 864.0003.943.0004.807.000
Total     82.509.000

2. Devolver la suma de $198.721.000.

3. Rechazar $18.130.000.

La Sala comparte la apreciación del a quo frente a los autos inadmisorios. En efecto, reiteradamente ha sostenido que una vez presentada la solicitud de devolución, si la administración considera que se configura alguna de las causales de inadmisión contempladas en el artículo 857 del, debe proferir el auto inadmisorio y luego, proceder al rechazo de la misma si no se subsanan las inconsistencias(16). Así mismo, que presentada la primera solicitud en tiempo, la administración tributaria no puede dictar sucesivos autos inadmisorios, para concluir que la última solicitud de devolución se encuentra por fuera del término legalmente establecido(17).

En el caso que nos ocupa, evidencia la Sala que la DIAN expidió los sucesivos autos inadmisorios por que la parte actora no acreditó el pago de las retenciones practicadas en operaciones con responsables del régimen simplificado y por las inconsistencias que presentaba la relación de los impuestos descontables que originaron el saldo a favor. Por lo tanto, fue acertado el actuar de la administración tributaria, máxime si se tiene en cuenta que, no obstante los reiterados autos inadmisorios, la solicitud de devolución y/o compensación fue resuelta de fondo pues la DIAN adoptó las decisiones que consideró pertinentes frente a los valores a compensar, devolver y rechazar.

No prospera el cargo.

Retención en el impuesto sobre las ventas cuando se adquieren bienes corporales muebles o servicios gravados de personas pertenecientes al régimen simplificado.

La DIAN inadmitió las solicitudes de devolución por que la parte actora no acreditó el pago de las retenciones del impuesto sobre las ventas que practicó en las operaciones con responsables del régimen simplificado. La actora afirma que ese requisito solo fue creado por la Ley 788 del 27 de diciembre de 2002 y reglamentado por el Decreto 522 del 7 de marzo de 2003, normativas posteriores a la solicitud de devolución y/o compensación radicada el 15 de julio de 2002, lo que significa que la ley se aplicó retroactivamente, ya que antes no existía una norma que obligara al pago de los valores recaudados por el concepto anotado.

En consecuencia de lo anterior, el actor solicita la devolución de los intereses de mora que pagó y que fueron liquidados sobre las retenciones que no estaba obligado a pagar.

Al respecto la Sala precisa:

La Ley 223 de 1995 introdujo el sistema de retención del impuesto sobre las ventas. Así, ordena el artículo 437-1 del estatuto tributario, con la modificación efectuada por el artículo 8º de la ley mencionada, que con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, deberá practicarse la retención en la fuente en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero.

Antes de la modificación introducida por la Ley 788 de 2002, el artículo 437 del estatuto tributario responsabilizó de la retención del impuesto sobre las ventas a los contribuyentes pertenecientes al régimen común cuando adquieran bienes o servicios de personas pertenecientes al régimen simplificado, por el 75 por ciento del valor total del impuesto.

Por otra parte, el artículo 437-1 del estatuto tributario, modificado por el artículo 24 de la Ley 633 de 2000, precisa:

“Retención en la Fuente en el Impuesto sobre las Ventas. Con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, establécese la retención en la fuente en este impuesto, la cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero.

La retención será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor del impuesto. No obstante, el Gobierno Nacional queda facultado para autorizar porcentajes de retención inferiores. (Inc. modificado L. 633/2000 art. 24).

Lo dispuesto en este artículo se aplicara a partir del primero de febrero de 1996.

PAR.—En el caso de la prestación de servicios gravados a que se refiere el numeral 3 del artículo 437-2 del estatuto tributario, la retención será equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto”.

A su vez el numeral 4 del artículo siguiente señala:

ART. 437-2.—Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. Actuarán como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados:

(...).

4. Los responsables del régimen común, cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados, de personas que pertenezcan al régimen simplificado.

(...)”.

De acuerdo con las normas precedentes, los responsables del régimen común que adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados de personas que pertenezcan al régimen simplificado deben actuar como agentes retenedores y efectuar la retención en la fuente, a título de impuesto sobre las ventas, correspondiente al 75% del valor total del impuesto.

Dentro de las obligaciones a cargo del agente retenedor están las de(18): i) efectuar la retención del impuesto; ii) llevar una subcuenta de la cuenta retenciones en la fuente, denominada "impuesto a las ventas retenido", la cual se acreditará con las retenciones practicadas y se debitará con los pagos mensuales que por dicho concepto se efectúen; iii) declarar mensualmente el impuesto sobre las ventas retenido; y iv) efectuar el correspondiente pago, dentro de los plazos que señale el Gobierno Nacional, utilizando el formulario para la declaración de la retención en la fuente.

En ese contexto, los responsables del régimen común que realicen operaciones con responsables del régimen simplificado deben asumir la retención, declararla y pagarla en la declaración mensual de retención en la fuente.

La Orden Administrativa 4 de 2002 establece como función de la División de Devoluciones la de verificar, entre otros, los siguientes requisitos, cuando los contribuyentes presenten solicitudes de devolución y/o compensación de saldos a favor:

a) En el caso de la declaración de ventas, se debe verificar que tengan ingresos por exportaciones, operaciones exentas o le hayan practicado retención en la fuente por ventas.

b) En el caso de exportadores, verificar que en la certificación de existencia y representación legal, figure dentro del objeto social tal calidad de exportador. Esta verificación no se adelantará cuando se trate de una solicitud originada en la venta a una comercializadora que exporte los bienes.

c) Verificar que existe inscripción y actualización en el Registro Nacional de exportadores, previa a las operaciones que dan lugar al saldo a favor.

d) Que la presión tributaria en ventas esto es (FU - GR) * 100 / BD corresponda a la de la actividad económica.

e) Verificar el volumen de ventas nacionales, ventas al exterior frente a los saldos a favor que se solicitan en devolución, conforme a los parámetros que fijen el Comité de Devoluciones de la Administración.

f) Verificar el ajuste a cero (0) de la cuenta impuesto sobre las ventas por pagar (D. 1000/97, art. 6º lit. a)).

2.3. Retención en ventas.

a) Que la retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas sea del 75% del valor del impuesto correspondiente a la respectiva transacción, salvo cuando se trate de servicios gravados prestados por personas o entidades sin residencia o domicilio en el país, en cuyo caso la retención será del cien por cien (100%) del valor del impuesto que se genere, el cual no es materia de devolución, aunque puede ser impuesto descontable.

b) Que el certificado expedido por el agente retenedor cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 7º del Decreto 380 de 1996.

c) Que el ajuste a la cuenta Impuesto sobre las ventas retenido haya sido realizado en forma proporcional.

NOTA: Las retenciones practicadas por este impuesto deberán ser incluidas en la declaración correspondiente al período fiscal en que se hubiera efectuado la retención o en cualquiera de los dos períodos inmediatamente siguientes. (D. 380/96, art. 10) En el caso de la retención asumida frente a operaciones con responsables del régimen simplificado debe consignarse previamente esa retención, para poderla llevar como descontable. (resaltado de la Sala)

En consonancia con lo anterior, para la procedencia de la devolución y/o compensación de un saldo a favor generado en una declaración del impuesto sobre las ventas, el responsable debe acreditar el pago de las retenciones en la fuente asumidas por operaciones con personas del régimen simplificado, como lo dispone el artículo 6º del Decreto 380 de 1996 y la Orden Administrativa 4 de 2002. Por lo tanto, no es cierta la afirmación de que solamente con ocasión de la Ley 788 de 2002 era necesario el pago de las retenciones mencionadas, para la prosperidad de las solicitudes de devolución de los saldos a favor generados en las declaraciones del impuesto sobre las ventas.

Lo anterior porque el artículo 6º del Decreto 380 de 1996 consagraba como una de las obligaciones a cargo de los agentes de retención, la de efectuar el correspondiente pago dentro de los plazos que señale el Gobierno Nacional, disposición que autoriza a la administración a exigir el pago de las retenciones practicadas, obligación estricta si se tiene en cuenta que los valores retenidos son de propiedad del fisco nacional y no de quien los retiene.

En cuanto a la ilegalidad de la Orden Administrativa 4 de 2002, alegada por el actor, advierte la Sala que según el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados ni suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y gozan de la presunción de legalidad y en todo caso, no prospera la excepción de ilegalidad, porque el fundamento normativo para exigir el pago es el Decreto 380 de 1996.

No es válido, entonces, el argumento de que para la fecha de la solicitud de devolución no estaba consagrada la exigencia del pago de las retenciones del impuesto en operaciones con responsables del régimen simplificado.

En ese orden no está llamado a prosperar el cargo relacionado con la devolución de las sumas pagadas por concepto de los intereses causados al momento del pago de las retenciones del impuesto sobre las ventas practicadas en operaciones con responsables del régimen simplificado los intereses que se causaron porque la parte actora no pagó las retenciones practicadas en la oportunidad señalada en el artículo 6º del Decreto 380 de 1996.

Intereses de mora sobre obligaciones causadas con posterioridad al saldo a favor.

Según la demandante, la DIAN no podía liquidar intereses de mora sobre obligaciones causadas con posterioridad al nacimiento del saldo a favor, pues éste se generó en la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al segundo (2º) bimestre de 1999, es decir, el 30 de abril de 1999.

El artículo 803 del estatuto tributario establece como fecha de pago del impuesto aquella en que los valores imputables hayan ingresado a las oficinas de impuestos nacionales o a los bancos autorizados, aún en los casos en que se hayan recibido inicialmente como simples depósitos, buenas cuentas, retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a su favor por cualquier concepto.

La Sala, en sentencia del 27 de febrero de 2003, expediente 12862 señaló que cuando se solicita la compensación de saldos a favor que resulten de la imputación de saldos anteriores, no se causan intereses de mora si las obligaciones se hicieron exigibles con posterioridad a la fecha en que se originó el saldo a favor objeto de la imputación. Lo anterior porque “se considera que el saldo crédito del contribuyente tiene como parámetro para efectos de la causación de intereses, el criterio de pago dispuesto en el artículo 803 del estatuto tributario, según el cual se tiene por realizado el pago del impuesto desde la fecha en que los valores imputables ingresen a las oficinas de impuestos nacionales o a las entidades autorizadas para el recaudo, aun a título distinto del pago, como los depósitos, buenas cuentas o retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a favor por cualquier concepto”.

En el caso en estudio, el saldo a favor, como lo sostiene la actora, se generó el 30 de abril de 1999 en la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al segundo bimestre de 1999 y fue aumentando al ser imputado a los bimestres siguientes , por lo que, al momento de la solicitud de devolución y/o compensación, esto es, al 28 de febrero de 2002 cubría los valores a cargo de la actora por concepto de la declaración del impuesto sobre la renta del año 2000 y de las retención en la fuente de los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio y diciembre del año 2001 y enero de 2002.

Por lo tanto, el pago de los valores a cargo de la actora determinados en las mencionadas declaraciones, ingresó a las oficinas de impuestos nacionales con anterioridad a la fecha de presentación de las mismas, por lo que, como lo afirma el demandante, no era acertada la compensación efectuada por la DIAN a intereses sobre las sumas adeudadas en cada una de las declaraciones.

En ese orden, se sustraerá de la compensación realizada por la DIAN, el valor compensado a intereses sobre los valores a cargo determinados en las declaraciones antes anotadas.

En consecuencia, se practica una nueva compensación, la cual quedará así:

ConceptoAñoPeriodoSancionesInteresesImpuestoTotal
Renta20001 022.385.00022.385.000
Retención20011 0358.000358.000
Retención20013 02.515.0002.515.000
Retención20014 000
Retención20015 0104.000104.000
Retención20016 000
Retención20017 000
Retención2001122.756.000011.005.00013.761.000
Retención20021 03.943.0003.943.000
Total a compensar     43.066.000
Total compensado por la administración     
82.509.000
Diferencia     39.443.000

Por lo anteriormente expuesto, se revocará la decisión apelada y, en su lugar, se anularán parcialmente los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho, se dispondrá que la compensación se efectúe conforme con la liquidación inserta en esta providencia y se ordenará la devolución de la suma de $39.443.000 que fue compensada de manera improcedente.

Condena en costas

Según la demandante, se debe condenar en costas a la DIAN por haber proferido los sucesivos autos inadmisorios y por la exigencia del pago de las retenciones del impuesto sobre las ventas practicadas en operaciones con responsables del régimen simplificado.

Como es sabido, la institución de la condena en costas es una figura de derecho procesal que busca sancionar a la parte que resulta vencida, en un proceso, incidente o recurso. En la noción de costas se ha distinguido entre el reembolso de los gastos necesarios para la atención del proceso y el equivalente a los honorarios profesionales que la parte vencida tuvo que sufragar en la modalidad “agencias en derecho”.

El artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, en la forma como fue modificado por la Ley 446 de 1998, en su artículo 55, preceptúa que en todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil(19).

De la norma transcrita se desprende que en esta regulación se establece la igualdad procesal, al disponer que en todos los procesos podrá haber condena en costas contra la parte vencida en el juicio, lo que hace también sujeto pasivo de las costas a las entidades públicas pero le exige al juez una valoración y ponderación subjetivas, pues aquellas podrán imponerse teniendo en cuenta “la conducta asumida por las partes”, exigencia que se traduce en que no basta que se haya vencido a la parte sino que se hace necesario analizar la conducta asumida por ella.

En el caso, observa la Sala que los cargos por los cuales el accionante solicita la condena en costas, esto es, por los sucesivos autos inadmisorios y por la exigencia del pago de las retenciones del impuesto sobre las ventas practicadas en operaciones con responsables del régimen simplificado no prosperaron en esta instancia, por lo que no se materializan las condiciones exigidas por la normativa antes mencionada.

Cabe aclarar que, en todo caso, la actuación de la DIAN no fue ilegal ni con abuso de poder pues, como antes se explicó, los autos inadmisorios fueron proferidos ante las repetidas inconsistencias que presentaban las solicitudes de devolución radicadas en cada oportunidad y ante la negativa de la actora a pagar las retenciones practicadas en operaciones con responsables del régimen simplificado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar:

DECLÁRASE la nulidad parcial de las resoluciones 6752 del 19 de agosto de 2003 y 27 del 14 de septiembre de 2004, por las cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales resolvió la solicitud de devolución y/o compensación del saldo a favor generado en la declaración del impuesto sobre las ventas del primer bimestre de 2002 de la Compañía Nacional de Sebos Conalsebos.

A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la entidad demandada devolver la suma de $39.443.000 de conformidad con la liquidación inserta en la parte motiva de este fallo, previas las compensaciones a que haya lugar.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(13) Folio 381 a 382 del cuaderno 1 de antecedentes.

(14) Folios 1648 a 1649 del cuaderno 1 de antecedentes.

(15) Folios 1658 a 1659 del cuaderno 1 de antecedentes

(16) Sentencia de 2 de octubre de 2003, expediente 13603, C.P. Ligia López Díaz.

(17) Ibídem.

(18) Artículo 6º del Decreto 380 de 1996.

(19) “ART. 392.—Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73.

2. La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación.

3. En la sentencia de segundo grado que confirme en todas sus partes la del inferior, se condenará al recurrente en las costas de la segunda instancia.

4. Cuando la sentencia de segundo grado revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. Numeral derogado por el artículo 44 de la Ley 1395 de 2010.

6. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

7. Cuando fueren dos o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

8. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

9. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

10. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.