Sentencia 2006-00006 de enero 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 85001 23 31 000 2006 00006 01 (36662)

Actor: Mario Enrique Remolina González y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintiocho de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Competencia. 

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(3), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. Prelación de fallo(4). 

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente caso, el objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad del señor Mario Enrique Remolina González, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Respecto de la caducidad de la acción de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por acusa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

Al respecto, la Sala, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el término de caducidad en este tipo de acciones se cuenta, generalmente, a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa que cause el perjuicio.

Ahora bien, en los casos relacionados con la privación injusta de la libertad, el hecho dañoso se configura cuando queda ejecutoriada la providencia penal absolutoria y a partir de ese momento comienza a contabilizarse el término de caducidad de la acción de reparación directa. Al respecto, la Sala ha señalado:

“Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término sólo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal que declara la ocurrencia de uno cualquiera de los eventos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, a saber:

‘— Que el hecho no existió.

‘— Que el sindicado no lo cometió.

‘— Que la conducta no constituía hecho punible’.

Sólo a partir del momento en que adquiera firmeza la providencia, es posible calificar de injusta la detención. Antes no tiene tal calidad, dado que se desconoce la conclusión a la cual llegará el juez penal. Y sólo puede hablarse de existencia de esa providencia una vez que en relación con ella se han surtido todos los recursos y grados de consulta de que goza.

“El daño se consolida no con el simple hecho material de la detención, sino con la calidad de injusta de esa detención, la cual deviene como consecuencia de la decisión que así lo determine”(5) (resalta la Sala).

En consideración a que en el presente asunto no se demostró la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de 3 de enero de 2005, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare), mediante la cual se absolvió al señor Mario Enrique Remolina González y se ordenó su libertad inmediata, es necesario acudir a los artículos 188 y 194 del decreto 2700 de 1997 (CPP vigente para esa época) que preveían:

“ART. 188.—NOTIFICACION PERSONAL AL SINDICADO PRIVADO DE LA LIBERTAD Y AL MINISTERIO PUBLICO. Las notificaciones al sindicado que se encuentre privado de la libertad y al Ministerio Público se harán en forma personal” (resalta la Sala).

“ART. 194.—NOTIFICACION EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO. La notificación de toda providencia a una persona que se halle privada de la libertad, se realizará en el respectivo establecimiento, informando al sindicado sobre los recursos que proceden contra ella y dejando constancia en la dirección o asesoría jurídica y en el expediente” (resalta la Sala).

Como quiera que en el oficio suscrito por la Directora de la Cárcel de Paz de Ariporo (Casanare) se indicó que el señor Mario Enrique Remolina González salió de ese centro de reclusión el 5 de enero de 2005(6), la Sala considera que en esa fecha el sindicado se notificó personalmente de la providencia dictada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare) el 3 de enero anterior, pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 198 del citado Código de Procedimiento Penal, las providencias relativas a la libertad se cumplen de manera inmediata.

Así las cosas, según lo previsto en el artículo 197 ibidem(7), la providencia dictada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal debió quedar ejecutoriada, en principio, el 8 de enero de 2005; no obstante, como quiera que los días 8, 9 y 10 de los mismos mes y año no fueron hábiles, dable es concluir que la plurimencionada sentencia penal quedó ejecutoriada el 11 de enero de 2005.

Bajo esa perspectiva, es evidente que los actores tenían plazo para presentar la demanda, a más tardar, el 11 de enero de 2007 y, como quiera que la interpusieron el 13 de diciembre del 2005, es claro que ejercieron la acción de reparación directa dentro del término previsto en la ley.

4. El régimen de responsabilidad aplicable.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor Mario Enrique Remolina González, entre el 24 de mayo de 2003 y el 5 de enero de 2005, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996(8), que establece:

“ART. 65.—DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(…).

“ART. 68.—PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(9), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996…”(10) (se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(11).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(12).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudencias de la Sección Tercera de esta corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(13). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(14).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa(15). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(16).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(17): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(18).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(19).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o —en la opinión mayoritaria de la Sala— a la aplicación de la figura del indubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o en el evento de que ésta no haya interpuesto los recursos de ley, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos que se le imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (C.P. art. 28) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad…”(20).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P. art. 5º) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (C.P. art. 2º), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 eiusdem)(21).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”.

— En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1.972, se dice que: “1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(22).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(23).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o —en la opinión de la mayoría de la Sala— porque se le favoreció con la aplicación del indubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —sin que, en cualquier caso, opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima—, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o —en la opinión mayoritaria de la Sala— por virtud del indubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a la parte actora, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue objeto el señor Mario Enrique Remolina González.

5. El caso concreto. 

En la demanda se indicó que el señor Mario Enrique Remolina González fue privado injustamente de la libertad, por cuenta de las actuaciones adelantadas por las demandadas, que lo vincularon a una investigación penal por el delito de concierto para delinquir, actuación que terminó en su favor, al considerarse que no cometió el delito investigado; en ese orden de ideas, se arguyó que la responsabilidad del Estado debía estructurarse de forma objetiva.

Por su parte, las demandadas fueron enfáticas en afirmar que las actuaciones surtidas en la investigación penal se encontraban ajustadas a derecho y que sobre el señor Remolina González recaía un indicio grave de responsabilidad; por consiguiente, la medida de detención preventiva era una carga que éste estaba obligado a soportar.

El Tribunal de primera instancia declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, en su criterio, la inexistencia de pruebas en contra del referido Remolina González permitía concluir que la privación de su libertad fue injusta.

Luego de analizar los elementos de prueba válidamente aportados al proceso, la Sala encuentra acreditado que la actuación desplegada por la Fiscalía General de la Nación fue la que constituyó el factor determinante para que la detención del señor Remolina González resultara injusta.

En efecto, de las exiguas pruebas que obran en el plenario [las cuales fueron aportadas con la demanda], se destaca la resolución interlocutoria [sin número] del 4 de junio de 2003, dictada por la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare), por medio de la cual se dictó medida de aseguramiento —consistente en detención preventiva—— en contra del señor Mario Enrique Remolina González, bajo el cargo de concierto para delinquir, por su presunta participación en la conformación de bandas paramilitares. En dicha providencia, se consideró (se transcribe tal cual, inclusive con errores):

“Se debe anotar … que estos grupos ilegales delinquen en forma continua mediante la modalidad de división de trabajo y en el caso que nos ocupa, se puede dar esta modalidad, pues obra dentro del informativo la denuncia y ampliación de la misma, por parte del señor JUAN ANDRES SOGAMOSO, en contra del hoy implicado REMOLINA GONZALEZ, en la que se formulan cargos por intentar reclutarlo para que ingresara al grupo al margen de la ley denominado Autodefensas, situación que se venía presentando desde hacia ya varios días y que no se ha dado por la renuencia del denunciante.

“En el caso que nos ocupa, se sabe que el joven JUAN ANDRES SOGAMOSO, instaura denuncia por el delito de AMENAZAS PERSONALES, en contra de Alias MARIO, quien al parecer es integrante de las Autodefensas y finalmente el día 24 de mayo del año en curso acude a la estación de Policía de Paz de Airiporo a informar que la persona que lo ha amenazado de muerte porque no ingresa a la fila de las autodefensas, se encuentra en un establecimiento público denominado DAIQUIRI, formulando seriamente cargos en contra de dicho individuo y finalmente resulta ser el hoy sindicado MARIO ENRIQUE REMOLINA GONZALEZ, el que fuera indagado y negara enfáticamente en el curso de la diligencia los hechos que se le imputan” (fl. 23, cdno. 1).

Con fundamento en lo anterior, mediante auto interlocutorio [sin número], del 23 de enero de 2004, se dictó resolución de acusación en contra del señor Mario Enrique Remolina González como “… coautor del delito de concierto para delinquir…” (fl. 30, cdno. 1).

Con todo, mediante sentencia del 3 de enero de 2005, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare) absolvió al señor Remolina González, pues, según la valoración probatoria, el testimonio de Jesús Andrés Sogamoso —por el cual había sido incriminado— perdió credibilidad, teniendo en cuenta que éste visitó a aquél —al igual que a su familia— con el fin de obtener “recompensas económicas” por cambiar su versión y, por ende, sus acusaciones en contra del mencionado Remolina González; además, se afirmó que el testigo incurrió en “… serias contradicciones y evasivas…”(24), razón por la cual se concluyó que no existía “… el más mínimo asomo de responsabilidad sobre la conducta …”(25) que se le endilgaba al sindicado [se refiere Mario Enrique Remolina González]; por el contrario, se expresó que se trataba de un ciudadano que había “… cumplido con todos sus deberes y obligaciones, un muchacho emprendedor, … trabajador, responsable de su familia y el cual no ha debido merecer el tratamiento que hasta ahora le ha dado el estado (sic)”(26).

También se tiene por acreditado que el señor Remolina González estuvo recluido en la cárcel de Yopal desde el 24 de mayo de 2003 hasta el 24 de noviembre de 2004 y que, desde el 25 de noviembre de este último año, hasta el momento en que fue puesto en libertad (5 de enero de 2005), permaneció bajo detención domiciliaria (fl. 19, cdno. 1).

De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que, en efecto, el señor Mario Enrique Remolina González fue privado injustamente de la libertad por la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare), que lo vinculó a una investigación penal por el delito de concierto para delinquir y le profirió medida de aseguramiento, cuando, en realidad, éste no había cometido delito alguno, pues las incriminaciones en su contra fueron artificiosamente realizadas por una persona que pretendía obtener “recompensas económicas” por cambiar su versión y, por tanto, sus acusaciones en contra del señor Remolina González. Así, pues, no hay duda de lo injusto de la privación de la libertad de que fue víctima este último, quien permaneció detenido desde el 24 de mayo de 2003 hasta el 5 de enero de 2005 (es decir, casi por el lapso de 20 meses), cuando finalmente se le levantó la medida de aseguramiento y se ordenó su libertad inmediata debido a que no cometió el delito que se le imputaba.

La situación descrita, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, según la jurisprudencia de esta Corporación(27), cual es que el sindicado no haya cometido el delito; por consiguiente y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas señaladas, se impone concluir que el señor Mario Enrique Remolina González, al haber sido privado injustamente de su libertad —como ya se dijo—, no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que el mismo debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la Administración de indemnizar o resarcir los perjuicios causados a los demandantes.

Al respecto, la Sala insiste en que, en casos como éste, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue la Fiscalía la que determinó que el plurimencionado señor hubiere sido privado de su libertad durante casi 20 meses, término al cabo del cual se le absolvió del delito imputado y se ordenó su libertad inmediata. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(28); sin embargo, ninguna de estas eximentes se encuentra acreditada en el plenario.

Bajo este escenario, resulta forzoso concluir que el daño causado al extremo demandante, por la privación injusta de la libertad, es jurídicamente imputable a la Fiscalía General de la Nación, pues, si bien ésta dictó la medida de aseguramiento con fundamento en la denuncia penal formulada por el señor Juan Andrés Sogamoso [ver, transcripción, numeral 5 supra], lo cierto es que no desplegó ninguna actividad probatoria con el fin de verificar si los hechos descritos en la misma eran ciertos o no y, por ende, descartar la presunta responsabilidad del señor Remolina González. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, en lo atinente a la declaratoria de responsabilidad.

6. Liquidación de perjuicios.

6.1 Perjuicios morales.

Por la privación injusta de la libertad del señor Mario Enrique Remolina González, además de él, concurrieron al proceso los señores Liney Pérez Niño (compañera permanente), Luis Enrique Remolina Contreras y Luz Dary González Silva (padres), los menores Carlos Julián y Lina María Remolina Pérez (hijos), y los menores Yuri Alejandra y Luis Enrique Remolina González (hermanos). Para acreditar tales calidades, obran en el expediente copias de los registros civiles de nacimiento de cada uno de ellos (folios 13, 14,15 del cuaderno 1 y 30, 31 del cuaderno 2), así como los testimonios de los señores José Ananías Velandia Velandia, Rodrigo Silva Naranjo, José Emilio Salcedo Castillo, Marco Antonio Rodríguez y Jacoba Niña de Abril (obrantes a folios 18 a 27 del cuaderno 2), quienes son contestes en afirmar que el señor Remolina González convivía con la señora Liney Pérez Niño, con quien compartía sentimientos de amor.

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la víctima directa del daño y de sus familiares, por la privación injusta de su libertad(29); por consiguiente, se mantendrá incólume la condena impuesta en primera instancia, por concepto de perjuicios morales, toda vez que la parte recurrente ostenta la condición de apelante único y el extremo demandante no mostró inconformidad alguna al respecto.

6.2. Daño a la salud. 

Hasta hace poco, esta Corporación reconocía los perjuicios inmateriales, diferentes al perjuicio moral, bajo el concepto de “alteración a las condiciones de existencia”; sin embargo, en esta oportunidad se reconocerá tal perjuicio bajo la denominación de daño a la salud, pues, de conformidad con la jurisprudencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado (sent. sep. 14/2011, exp. 19031), el daño a la salud es la categoría autónoma que resulta adecuada para indemnizar los perjuicios que provengan de una afectación a la órbita psicofísica de la víctima.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta la condición de apelante único de la Fiscalía General de la Nación, se mantendrá el monto reconocido en primera instancia, pero, se insiste, se reconocerá bajo esta denominación.

6.3. Perjuicios materiales. 

Por las razones anotadas, que impiden hacer más gravosa la situación del apelante único, la Sala también mantendrá intacta la indemnización reconocida en primera instancia, por este concepto, con la advertencia de que su pago se hará según el salario mínimo legal mensual vigente para el momento en que quede ejecutoriada esta sentencia.

7. Costas. 

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia 22 de enero de 2009, dictada por Tribunal Administrativo del Casanare, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, con la advertencia de que el salario mínimo legal mensual se liquidará con el valor que tenga al momento de la ejecutoria de esta sentencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

4 De conformidad con el Acta 9 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 25 de abril de 2013.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 11425.

6 Folio 19, cdno. 1.

7 ART. 197.—Decreto-Ley 2700 de 1991: “Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas…”.

8 La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.

9 “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

11 En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, exp. 19.151, precisó: “…no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma…”.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

13 Sección Tercera, Sentencia de 1 de octubre de 1992, exp. 7058.

14 Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994, exp. 8666.

15 Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, exp. 9391.

16 Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056

17 Rodríguez Villamizar, Germán. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

18 Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, exp. 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

19 Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15.980.

20 GARCÍA MORILLO, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en LÓPEZ GUERRA, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 258.

21 El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan –aun previstas en la Ley- privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo Tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “...por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

22 Sentencia C - 397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

23 Al efecto puede consultarse la sentencia C-774 de 25 de julio de 2.001 de la Corte Constitucional.

24 Fl. 38, cdno. 1.

25 Ibídem.

26 Fl. 39, cdno. 1.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

28 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 17.517, reiterada en sentencia de abril 15 de 2011, exp. 18.284 y en sentencia de 26 de mayo de 2011, exp. 20.299, actor: Jesús David Arciniegas Caselles y otro.

29 Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076.