Sentencia 2006-00014 de febrero 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Radicación 110010324000200600014

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad.

Actor: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Los actos acusados son los registros de importación 026543 de 18 de diciembre de 2003(1) y 017045 del 20 de agosto de 2004(2), expedidos por el comité de importaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El primero de ellos otorga licencia para los siguientes productos:

“Mercancía usada. Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos, bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida Nº 84.15. Refrigeradores domésticos de absorción, eléctricos, capacidad 2.3 litros hora; número de puertas, no tiene.

Características especiales: para agua fría y caliente. Tipo compresor: hermético…”.

La posición arancelaria relacionada es: 84.18.22.00.00.

Por su parte el registro de importación 017045 del 20 de agosto de 2004, ampara la siguiente mercancía:

“Mercancía usada. Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida No. 84.15, los demás materiales, máquinas y aparatos para la producción de frío, bombas de calor; los demás, fuentes de agua (…) dispensadores de agua fría y caliente, fuente y nevera”.

La posición arancelaria relacionada para las mercancías amparadas es la 84.18.69.92.00.

2. Sea lo primero precisar que la acción impetrada por el demandante es la denominada doctrinalmente como de lesividad, la cual se halla prevista en el artículo 136 numeral 7º del Código Contencioso Administrativo, y la misma observa los requisitos allí señalados, pues se interpuso dentro de los dos años posteriores a la expedición de los actos(3), mediante la parte legitimada en la causa para su ejercicio por haberlos expedido(4), y habiendo realizado todas las acciones pertinentes para notificar al importador de su decisión de pretender la revocación de los registros de importación cuestionados, con miras a obtener su aceptación, según ordena el artículo 73 del anterior Código Contencioso Administrativo.

3. Aun cuando la Sala comparte lo expuesto por el Ministerio Público, en el sentido que el demandante no expuso cargos precisos contra los actos acusados, es de identificar que lo alegado por este consiste, en esencia, en que las licencias de importación acusadas contravinieron lo preceptuado en la Resolución 001 de 1995 en su artículo 5º numeral 23 y la Resolución 003 de 1995, ambas expedidas por el consejo superior de comercio exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al haberse evidenciado la existencia de producción nacional respecto de las mercancías amparadas por aquellas. Tal circunstancia genera, según el actor, el que la expedición de los registros de importación cuestionados hubiere sido irregular.

Pues bien, procede la Sala a dilucidar si la razón de ilegalidad formulada por el demandante constituye fundamento valedero para decretar la nulidad de los actos acusados.

La primera norma invocada como vulnerada se encuentra en la Resolución 001 de 1995 y es del siguiente tenor:

ART. 23.—Al evaluar las solicitudes de licencia de importación, el comité de importaciones deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

(…)

5. Para la importación de bienes usados, imperfectos, saldos, desperdicios o sobrantes se debe tener en cuenta la existencia de producción nacional registrada, suficiente y competitiva en términos de precios, calidad y oportunidad de entrega.

(…)”

Según se constata en la norma transcrita, la importación de mercancía usada está sometida al régimen de licencia previa, por lo que es menester obtener el respectivo registro de importación, obedeciendo su expedición a los criterios indicados en la disposición que se invoca como violada.

Nótese que para el efecto, la norma es clara al señalar que el comité de importaciones ha de considerar no solo la existencia de producción nacional registrada, sino que esta debe atender a otras características como el que sea suficiente y competitiva y que el producto de que se trate observe también calidad y oportunidad de entrega, lo cual, de presentarse, permitiría concluir razonablemente, que no se justifica el otorgamiento de una autorización para el ingreso al mercado nacional de bienes usados del producto en cuestión.

Así las cosas, lo que arguye el demandante como fundamento de ilegalidad, es que se constató con posterioridad a la concesión de las licencias de importación la existencia de producción nacional registrada, pero no se detiene en indicar las características de esa producción ni aporta al expediente prueba alguna que soporte que los criterios considerados por la entidad, una vez conferidas las licencias, obedecieron a los señalamientos de la norma. Ello, se reitera, en la medida que el actor se limita a aseverar que se encontró la aludida producción nacional sin brindar elemento alguno que compruebe la veracidad de su afirmación ni el cumplimiento de las características de esa producción, en los términos sugeridos por la disposición invocada.

De este modo, se observa que el demandante tampoco hace alusión a las circunstancias fácticas a que deben atender los mencionados criterios a la hora de discernir sobre el otorgamiento de la licencia, por lo que la simple evidencia posterior de existencia de producción nacional no se vislumbra como un elemento suficiente que determine la necesidad de anular los registros de importación.

En este orden, el vicio de legalidad que pretende mostrar el actor en la expedición de las licencias de importación no logra revelar violación alguna al ordenamiento jurídico; y en lo que atañe a la justificación consistente en que aquellas afectan la industria nacional, es de advertir que la simple inconveniencia de una medida o acto administrativo no constituye per se causal de nulidad, pues es menester demostrar la vulneración al orden jurídico.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo señalado por esta Sección en sentencia de 31 de agosto de 2006, Expediente 2001-04207-01, M.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta:

“… No se pueden alegar por la administración, para lograr la anulación, motivos de conveniencia según las orientaciones de prácticas de los gobiernos, porque el problema se ubica en el campo puramente jurídico. Si el acto se ajusta al orden vigente estará destinado a permanecer incólume aunque la entidad pública alegue y pruebe una lesión objetiva. Ese daño no será ilegal porque la normativa superior respalda la validez de la decisión administrativa atacada con estos mecanismos…”.

4. De otra parte, en lo que respecta a la vulneración de la Resolución 003 de 1995 del consejo superior de comercio exterior, que establece el registro de productor nacional, oferta exportable y solicitud de determinación de origen, es de observar que el actor no indica con precisión en qué consiste el cargo de violación, aunque señala, en el acápite de los hechos de la demanda, que se presentó por parte del importador una equívoca clasificación arancelaria de los productos a amparar con las licencias de importación que indujo a error al grupo de origen y producción nacional del ministerio, pues conceptuó que sobre las mercancías indicadas por aquel no existía producción nacional, lo que a su turno acarreó que la entidad concediera irregularmente las licencias.

Lo anterior, hace colegir que, en los términos del actor, se otorgó una licencia de importación a una mercancía clasificada en una posición arancelaria que no correspondía al producto objeto de solicitud descrito en el formulario.

Es pertinente, entonces, verificar si los productos de las subpartidas arancelarias consignados en los registros de importación coinciden con la mercancía allí descrita.

Así, la licencia 026543 de 18 de diciembre de 2003 relaciona la subpartida 84.18.22.00.00, que se alude a los siguientes productos:

84.18: Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15.

84.18.22.00.00: De absorción, eléctricos

Esta clasificación corresponde a la mercancía descrita en el registro, por lo que no existe un elemento probatorio que permita concluir la inconsistencia o el error aducido por el actor.

Ahora, la licencia en cuestión hace también referencia a un tipo de compresor hermético que según el demandante se clasifica en la subpartida arancelaria 84.18.21.00.00, y de ahí que la posición arancelaria relacionada en el acto demandado, y solicitada por el importador, no correspondiere al producto descrito. Para la Sala esta afirmación no encuentra soporte alguno toda vez que la licencia en comento se concedió para los productos arriba descritos, esto es, para los de la subpartida 84.18.22.00.00 y no para los compresores herméticos cuya subpartida es la anotada por el demandante, de forma tal que es de suponer que para estos últimos no se otorgó el aludido registro al no hallarse su posición arancelaria relacionada en el acto demandado.

Lo anterior no constata yerro alguno en la concesión de la licencia pues esta, se reitera, fue conferida únicamente para los productos de la subpartida contemplada en el respectivo registro de importación, sobre la cual, como señaló el demandante, no se encontró producción nacional registrada.

En lo que atañe al registro de importación Nº 017045 del 20 de agosto de 2004 otorgado para los productos de la subpartida arancelaria 84.18.69.92.00, se verifica que esta corresponde a los descritos en la posición 84.18 arriba señalada, y la subpartida 84.18.69.92.00 hace referencia a “fuentes de agua”, producto que coincide con la descripción consignada en este registro de importación.

Sostiene el demandante que la entidad demandada consultó con la autoridad aduanera la subpartida correspondiente a los dispensadores de agua fría y caliente, los cuales se hallan también descritos en la licencia que se cuestiona. Así y aun cuando se indica que la subpartida arancelaria señalada por la DIAN para dichos dispensadores es la 84.19.89.99.00 la misma no se relaciona en el mencionado registro de importación, luego es de concluir que este no se otorgó para dicha subpartida sino estrictamente para la posición arancelaria consignada en aquel. De este modo, no se constata allí ilegalidad alguna pues es de colegir que la licencia de importación opera únicamente respecto de los productos de las subpartidas en ella consignadas, al igual que lo anotado para el caso anterior. Además, es de indicar que, según el demandante, sobre los productos de la subpartida para la que se concedió la licencia no se advirtió producción nacional registrada, lo que corrobora la legalidad de su otorgamiento.

Así las cosas, es de puntualizar que la no inclusión de una subpartida arancelaria en el registro de importación, correspondiente a un producto solicitado en el formulario, y por tanto, relacionado allí, no representa error en la concesión de la licencia o vulneración a las normas de orden superior en que debió fundarse el acto administrativo, sino que demuestra la concesión de la respectiva licencia exclusivamente sobre los productos de la subpartida arancelaria en esta señalada.

Lo anterior hace concluir que el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a las resoluciones de importación acusadas, motivo por el cual se impone denegar las pretensiones de la demanda, según se expone en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Folio 3 del expediente.

(2) Folio 4 del expediente.

(3) Los actos acusados fueron expedidos el 18 de diciembre de 2003 y el 20 de agosto de 2004 y la demanda se radicó el 14 de diciembre de 2005.

(4) Sobre la acción de lesividad y sus presupuestos, léase la sentencia de esta Sección de 6 de septiembre de 2001, Expediente 6849, M.P. Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola.