Sentencia 2006-00035 de julio 30 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 08001-3103-012-2006-00035-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., treinta de julio de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por los demandantes, señor César Uparela Ortega y la sociedad Termoaislamientos Limitada, TIT Ltda., respecto de la sentencia fechada el 25 de junio de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil - Familia, dentro del proceso ordinario que los citados actores adelantaron en contra de la sociedad BBVA Seguros Colombia S.A., antes La Ganadera, Compañía de Seguros S.A. - Ganaseguros S.A.

Antecedentes

1. En el libelo con el que se dio inicio al asunto en precedencia referenciado (fls. 1 a 8, cdno. 1), se solicitó, en síntesis, que se declarara a la demandada civil y extracontractualmente responsable de los perjuicios, patrimoniales y morales, sufridos por los accionantes, como consecuencia de “haber actuado [aquella] con culpa grave [y] abuso del derecho, en la objeción a la reclamación del cobro del seguro ejercido por Coltefinanciera S.A. sobre la póliza... Nº 010225”, tomada por esta para amparar el vehículo de placas SBK-324 y en la cual figuraron como asegurados los actores.

2. En sustento de lo pedido, se plantearon los hechos que a continuación se sintetizan:

2.1. Los demandantes celebraron con la sociedad Coltefinanciera S.A. el contrato de leasing Nº 231325 del 23 de agosto de 1996, por valor de $ 99.269.000, respecto del automotor de placas SBK-324, el cual, como ya se señaló, aquella amparó mediante la póliza de seguros Nº AU10225, con vigencia del 19 de octubre de 1998 hasta el mismo día de 2001, haciéndose figurar a los actores como asegurados.

2.2. El referido automotor, habiendo sido entregado a los accionantes, mientras era movilizado del Valle del Cauca a Barranquilla por el señor Orlando de Jesús Castañeda, fue hurtado en el municipio de Bello (Antioquia), tal y como se hizo constar en la denuncia penal formulada por el precitado conductor el 1º de mayo de 1999, hecho que el señor Uparela Ortega sólo vino a conocer hasta el día 4 de esos mismos mes y año.

2.3. Elevada la correspondiente reclamación a la compañía de seguros demandada, esta, mediante carta del 13 de julio de 1999, la objetó, en razón a que “el, hurto del vehículo antes mencionado fue realizado bajo la dirección del representante legal y principal accionista de Termoaislamientos Ltda., según las pruebas que reposan en el siniestro y [en] la investigación que cursa en la fiscalía, lo cual provoca la peridia (sic) automática del derecho a la indemnización, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1078 del Código de Comercio”.

2.4. Los hechos sustentantes de tal imputación “son falsos, mentirosos, deshonrosos... [y] fueron señalados como un mecanismo indebido e injusto para no pagar lo correspondiente al seguro que amparaba el hurto del vehículo automotor. Es decir, fue un montaje vil y siniestro erigido por La Ganadera Compañía de Seguros S.A.”.

2.5. El mencionado proceder de la demandada, trajo consigo los siguientes efectos inmediatos:

2.5.1. El no pago de la indemnización derivada del seguro.

2.5.2. Como consecuencia de tal circunstancia, que Coltefinanciera S.A., por una parte, iniciara proceso ejecutivo en contra del señor César Uparela Ortega con el fin de obtener el pago de las obligaciones derivadas del contrato de leasing atrás relacionado, dentro del cual se embargaron diversos bienes de su propiedad, entre ellos, su participación en la sociedad Termoaislamientos Limitada, y, por otra, que lo reportara como deudor moroso ante las centrales de riesgo.

2.5.3. Que el citado actor fuera vinculado a la investigación penal que con ocasión del hurto del vehículo adelantó la Fiscalía General de la Nación, la cual fue precluida en su favor mediante resolución del 10 de marzo de 2005, y que, por ende, él se viera obligado a defenderse, para lo cual debió asumir los honorarios del abogado que lo representó.

2.6. Las circunstancias advertidas en precedencia, a su vez, provocaron la afectación del buen nombre profesional y comercial del señor César Uparela Ortega y de la sociedad Termoaislamientos Limitada, de forma que, desde entonces, se han reducido los contratos en que esta se desempeñaba y, por consiguiente, las cuantiosas utilidades que ella producía, así como la participación de aquel en los dividendos de la compañía.

3. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, al que por reparto se asignó el conocimiento del asunto, admitió la demanda con auto del 23 de febrero de 2006 (fl. 35, cdno. 1), proveído que se notificó personalmente a la demandada, por intermedio de la apoderada judicial que designó, en diligencia cumplida el 24 de abril de ese mismo año (fl. 44, cdno. 1).

4. La accionada dio oportuna respuesta a la demanda y en tal virtud se opuso al acogimiento de sus pretensiones, se pronunció de distinta manera sobre los hechos que le sirven de sustento y propuso con el carácter de meritorias las excepciones que denominó “prescripción extintiva de la acción derivada del contrato de seguro”, “inexistencia de la obligación de indemnizar perjuicios por responsabilidad civil extracontractual” y “falta de legitimación en la causa activa” (fls. 45 a 54, cdno. 1).

5. El juzgado del conocimiento puso fin a la instancia con sentencia del 30 de mayo de 2007, en la cual absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en el libelo introductorio y condenó en costas a los actores (fls. 104 a 117, cdno. 1).

6. Al desatar la apelación que la parte demandante interpuso contra el mencionado fallo de primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil - Familia, en la sentencia que profirió, fechada el 25 de junio de 2008, lo confirmó íntegramente (fls. 39 a 46, cdno. 2).

La sentencia del tribunal

1. Tras afirmar la satisfacción de los presupuestos procesales y descartar la presencia de vicios que pudieran conducir a la invalidación del litigio, el ad quem precisó que, conforme el derecho positivo patrio, “quien cause a otro un daño, ya sea directamente o por medio de sus agentes, se encuentra obligado a resarcirlo”, para lo cual el afectado deberá demostrar “el daño sufrido, el hecho intencional o culposo del demandado y la relación de causalidad necesaria o suficiente entre el perjuicio padecido y la conducta negligente de la acción u omisión de su autor, principio general que, en tratándose de actividades peligrosas, varía, por cuanto la culpa del responsable se presume.

2. Pasó al caso llevado a su conocimiento y en torno de la acción puntualizó que “es de estirpe extracontractual” y que “se funda en el hecho de haberse causado un daño a una persona como secuela de una imputación deshonrosa ‘realizada por la sociedad demandada al objetar la reclamación efectuada para el pago de una póliza de seguro que impidió, entre otros perjuicios, la no cancelación (sic) o pago del seguro”, tras lo cual reprodujo algunos apartes del libelo introductorio en los que se detallaron los perjuicios ocasionados a los demandantes.

3. Para arribar a la confirmación del fallo desestimatorio de primera instancia, el tribunal, seguidamente, esgrimió los siguientes planteamientos:

3.1. “Resulta fuera de todo contexto sostener que la sociedad Termoaislamientos Ltda., quien figura como asegurada en el contrato de seguro a que se hace referencia en los hechos de la demanda, ha sufrido un perjuicio como secuela del no pago del seguro mencionado, cuando quien aparece como beneficiaria es la propietaria del vehículo asegurado (Coltefinanciera S.A.), compañía que sería la legitimada para cobrar el pago de la indemnización, a través del rito ordinario, dada la oposición a la reclamación formulada, como se infiere de las normas contenidas en el Código de Comercio”.

3.2. No existe prueba alguna en el proceso que “acredite los daños pretensionados (sic) por la parte actora como consecuencia del proceso ejecutivo incoado ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla por Coltefinanciera S.A., contra César Uparela”.

3.3. En punto del criterio de imputación de la responsabilidad atribuida a la sociedad demandada y del perjuicio reclamado por la persona natural accionante, derivado de su vinculación al proceso penal que adelantó la Unidad 57 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Rionegro por el hurto del automotor de que trata la demanda, el cual concluyó por preclusión de la investigación, cuestión que el ad quem calificó de “medular”, dicha autoridad observó que “Los actores no lograron establecer más allá de toda duda razonable que la compañía aseguradora hubiese actuado con dolo al formular la denuncia penal contra César Uparela; por el contrario, de autos resulta que actuó diligentemente, pues contrató los servicios de la firma ajustadora privada denominada Invetec para que realizara las pesquisas del caso, y como resultado de las conclusiones presentadas por esa entidad en torno a la pérdida del automotor, tomó la determinación de objetar la reclamación, comportamiento este que es el que normal y usualmente adoptan las sociedades aseguradoras ante la presencia de un siniestro determinado, a fin de verificar si los hechos realmente ocurrieron en la forma como se narran en el libelo de reclamación (véase hecho 14 descrito en la demanda, donde se confiesa esta circunstancia)”.

Seguidamente, concluyó que si la demandada actuó de buena fe, por no haberse demostrado lo contrario y por cuanto el comportamiento de ese linaje se presume, “deviene coruscante la evidencia según la cual los daños que se dicen padecidos..., por sustracción de materia no se causaron, ante la legitimación que le asistía a Coltefinanciera S.A., para iniciar la acción civil ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito, reportar a Uparela a Datacrédito como deudor moroso, y la obligación de la actora de pagar honorarios profesionales, etc.”.

3.4. Añadió que los actores no lograron “acreditar que los perjuicios que dice[n] haber padecido fueron fruto indiscutible de las razones que se expusieron al objetar el pago del seguro premencionado”.

4. En el cierre de sus consideraciones, el tribunal enfatizó que, “ante la falta de acreditación de los daños que se afirman causados, se impone la absolución de la parte demandada, como atinadamente lo entendió y decidió el señor juez de primera instancia, ante lo cual su providencia se confirmará en su totalidad. Es decir, los actores no le dieron cumplimiento a la proposición contenida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que impone como presupuesto basilar la prueba indiscutible del daño, sin la cual no le cabe ninguna responsabilidad a la demandada, esto es, no se producen los efectos jurídicos perseguidos,...”.

La demanda de casación

Cargo único

1. Con apoyo en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denunció la vulneración indirecta, por falta de aplicación, de los artículos 15 y 21 de la Constitución Política, 2341, 2343-1, 2347-1, 1613, 1614 y 1615 del Código Civil y 830 del Código de Comercio, derivada de los errores de hecho en que incurrió el tribunal al apreciar algunas de las pruebas del proceso.

2. Seguidamente, el censor puntualizó, en primer término, que las pruebas “erróneamente estimadas” fueron “[I]a objeción al reclamo al pago del seguro en la que se imputa el hecho delictuoso al señor César Uparela Ortega (ver fl. 11 C.O.)”; “[e]l juicio ejecutivo adelantado por Coltefinanciera contra Termoaislamientos Ltda. y César Uparela Ortega”; y “[I]a resolución de preclusión dictada por la Fiscalía 57 de Rionegro a favor de César Uparela Ortega (ver fls. 13, 14, 15 y 16 C.O.)”. En segundo lugar, advirtió que el medio de convicción omitido o no apreciado, fue la certificación relacionada con los honorarios que el prenombrado actor pagó al abogado Francisco Márquez.

3. Concretamente, señaló el casacionista que los errores cometidos por el ad quem consistieron en no haber dado por demostrado, estándolo, por una parte, “la culpa, la mala fe con la que actuó el demandado al realizar la objeción al pago del seguro, imputándole a... César Uparela Ortega la comisión de un delito que no existió, hecho que afectó [su] buen nombre..., causándole serios perjuicios materiales y morales”, y, por otra, “el daño o perjuicio material causado a los demandantes, como consecuencia de la acción imprudente y dañina del demandado”.

Adicionalmente, en relación con el daño moral, el recurrente criticó que se hubiera presumido su no existencia, toda vez que la sentencia lo niega sin ninguna fundamentación”.

4. En pro de la demostración de los yerros denunciados, el censor manifestó:

4.1. Respecto de la falta de acreditación de los daños derivados de la acción ejecutiva que la sociedad Coltefinanciera S.A. adelantó contra el señor César Uparela Ortega, que el sentenciador de segunda instancia afirmó en su fallo, el impugnante advirtió que el referido proceso demuestra que el nombrado demandante “fue embargado en sus bienes”, que “se le condenó a pagar una suma superior a doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000) M.L.”, que “fue reportado en Datacrédito como deudor moroso y por eso se limitó comercialmente”, y que “canceló para la adquisición del vehículo asegurado la suma de noventa y seis millones de pesos ($ 96.000.000) M.L., suma esta que no fue reembolsada por la objeción de pago del seguro hecha por la compañía demandada”.

En definitiva, el casacionista sostuvo que el indicado juicio ejecutivo “demuestra objetivamente... el daño, el perjuicio” y que, como el tribunal se negó a ver y a admitir dicha realidad, transgredió de esta manera los artículos 1613, 2341 y 2343-1 del Código Civil.

4.2. Otro error de hecho, señaló el recurrente, consistió en la indebida apreciación de la “resolución de preclusión a favor de César Uparela (ver fls. 13, 14, 15 y 16 C.O.), puesto que, contrario a lo que sobre ella coligió el sentenciador, lo que de la misma se desprende, es la comprobación de “la mala fe o temeridad en el actuar por parte del demandado,...”, afirmación en respaldo de la cual reprodujo apartes del indicado documento.

Añadió que si el tribunal hubiese “valorado debidamente la prueba”, habría concluido “que el demandado actuó con malicia, con el propósito de no pagar el valor del seguro, sin importar para ello lesionar con sus imputaciones la honra, el buen nombre, la buena fama, del señor César Uparela, de donde se erige probatoriamente el propósito, la intención del agente o demandado de causar un daño. Aquí está demostrada la culpa. Pero el tribunal, a pesar que esta prueba tiene la capacidad demostrativa de probar la culpa, no la reconoció, lo que traduce en un error evidente”.

Sobre el punto, terminó señalando que, con su actitud, el ad quem vulneró los artículos 15 y 21 de la Constitución Política, 63, 1613 y 2341 del Código Civil y 830 del Código de Comercio.

4.3. Estimó el censor que el juzgador de segunda instancia adicionó la prueba relativa a la objeción que la demandada hizo a la reclamación del seguro que le había sido formulada, comoquiera que en dicha misiva no se indicó, por ninguna parte, “el deseo del demandado de verificar si los hechos ocurrieron de acuerdo a la reclamación, como lo colig[ió] el tribunal, sino algo muy diverso: la imputación de un delito a César Uparela Ortega, representante de Termoaislamientos, asunto que no señala o prueba diligencia, sino abuso, temeridad, culpa grave”, tras lo cual reprodujo en parte la memorada carta.

Con tal fundamento, observó que “con algo que no reza el medio probatorio, la diligencia y cuidado del demandado en la objeción, se llega a una conclusión como es la ausencia de culpa en el demandado, para negar la responsabilidad civil... y consecuencialmente liberar[lo]... de la acción indemnizatoria”, razonamiento que en concepto del censor condujo a la falta de aplicación de los artículos 63 y 2341 del Código Civil.

4.4. El recurrente denunció, asimismo, la falta de apreciación del documento obrante al folio 32 del cuaderno principal, demostrativo del pago que el señor César Uparela Ortega realizó al abogado Francisco Márquez, desembolso que fue “consecuencia de la conducta imprudente y dañina del demandado, al señalarlo ante las autoridades como autor de un hecho delictuoso, que no cometió”. Agregó que dicho documento, además, acredita que aquel “fue perseguido judicialmente en varios procesos originados de la atrevida objeción, por lo que hubo de defenderse” representado por el citado profesional, “a quien... canceló... los honorarios pactados en cuantía de $ 20.000.000 M/L”.

5. Para finalizar, el impugnante expuso las razones que ponen de presente la trascendencia de los yerros atribuidos al tribunal e insistió en el quebranto indirecto de las normas relacionadas a lo largo del cargo.

Consideraciones

1. El error manifiesto de hecho constitutivo de la violación indirecta de la ley sustancial de que trata el inciso 2º de la regla 1ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, tiene lugar cuando el sentenciador de instancia, al apreciar las pruebas del litigio, pretermite una existente, o supone una que no existe, o tergiversa el contenido objetivo de alguna probanza, ya sea por adición, por cercenamiento o por desfiguración.

La primera y la última de tales hipótesis, conforme a la más elemental lógica jurídica, exigen que el medio de convicción preterido o tergiversado exista materialmente en el proceso y, adicionalmente, que tenga valor demostrativo, según las previsiones contempladas en las normas de disciplina probatoria.

Así las cosas, ningún sentido tiene denunciar en casación la comisión de un error de hecho por preterición o por indebida valoración de un medio de convicción que no milita en el litigio, pues, se reitera, por esencia, esta clase de yerro “atañe a la existencia de un medio de prueba, como elemento material del proceso” (Cas. Civ., sent. del 8 de agosto de 2001, exp. 5905) o, con otras palabras, ocurre “bien porque el juzgador haya dejado de ver y, por consiguiente de apreciar una prueba existente en el proceso (preterición), ora porque haya supuesto la que no existe (suposición), extremo este comprensivo del fenómeno de la desfiguración del medio probatorio, que sucede cuando el fallador ve en la prueba representaciones o declaraciones que no contiene” (Cas Civ., sent. del 5 de abril de 2001, exp. 5630; se resalta).

Tampoco lo tendría, si el defecto acusado se relaciona con una prueba que, no obstante obrar físicamente en el expediente, carece de mérito probatorio, debido, entre otros motivos, a su indebida incorporación al expediente, puesto que “las pruebas producidas, con el objeto de que cumplan con su función de llevar al juez el grado de convicción suficiente para que pueda decidir sobre el asunto materia de la controversia, además de ser conducentes y eficaces, deben allegarse o practicarse en los términos y condiciones establecidos de antemano en el ordenamiento positivo, ya que de lo contrario no es posible que cumplan la función señalada” (Cas. Civ., sent. del 27 de marzo de 1998, exp. 4943; se resalta).

2. Tal entendimiento del error de hecho, per se, descarta el acogimiento de las acusaciones contenidas en el cargo auscultado concernientes, por una parte, con el proceso ejecutivo que ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla adelantó la sociedad Coltefinanciera S.A. contra el señor César Uparela Ortega y la sociedad Termoaislamientos Limitada y, por otra, con la resolución del 10 de marzo de 2005, proferida por la Fiscalía 057 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Rionegro, como pasa a analizarse.

2.1. En cuanto hace al señalado trámite ejecutivo, se encuentra que en el proceso no obra ningún elemento de juicio que acredite su existencia y, mucho menos, sus particularidades, tales como la causa de su adelantamiento, sus alcances económicos, las partes que allí intervinieron, las actuaciones realizadas y las medidas cautelares practicadas.

Sobre el particular, es del caso destacar que si bien, en atención a lo solicitado en la demanda, en el auto que abrió a pruebas el proceso (fls. 62 - 64, cdno. 1), se ordenó oficiar al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla para que remitiera copia auténtica del proceso ejecutivo de que se trata, habiéndose librado con ese fin el oficio 947 del 23 de agosto de 2006 (fl. 65, cdno. 1), lo cierto es que no se recibió respuesta a dicha comunicación, sin que la parte actora hubiese acreditado su diligenciamiento e insistido en la materialización de esa determinación.

En este orden de ideas, el reproche que el censor elevó al tribunal por haber ponderado indebidamente “el juicio ejecutivo adelantado por Coltefinanciera contra Termoaislamientos Ltda. y César Uparela Ortega” carece de fundamento y, por consiguiente, deviene ineficaz en aras de ocasionar el quiebre del fallo impugnado extraordinariamente, toda vez que la parte actora no atendió la carga probatoria de acreditar la existencia de dicho asunto y lo actuado en el mismo.

2.2. Ahora bien, respecto de la resolución del 10 de marzo de 2005, proferida por la Fiscalía 057 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Rionegro, se resalta que la única copia de la misma que existe en el proceso, es la aportada con la demanda (fls. 12 a 16, cdno. 1), la cual está desprovista de autenticidad, comoquiera que, no obstante corresponder al proveído por medio del cual la indicada Fiscalía decretó la preclusión de la investigación que por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y receptación, se adelantaba en contra del señor César Uparela Ortega, carece de cualquier indicación de ser una reproducción fiel del respectivo original y, mucho menos, que hubiese sido ordenada por el funcionario del conocimiento.

Al tratarse de una copia informal, ella carece de valor demostrativo, en tanto que a voces del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil “[l]as copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 1º Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentra el original o una copia autenticada” (resaltado fuera del texto), norma perfectamente aplicable a las piezas que forman parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

La deficiente aportación de la copia en comento conduce, indefectiblemente, a desestimar el error de hecho que por su indebida apreciación propuso el recurrente, pues es lo cierto, se concluye, que la referida reproducción, al ser informal, no podía ser apreciada por los sentenciadores de instancia, toda vez que su valoración hubiese significado el quebranto de las normas de disciplina probatoria en precedencia mencionadas y, por consiguiente, la incursión por su parte, en un claro error de derecho.

3. Fijada ahora la atención de la Corte en el reparo que el censor planteó en relación con la valoración de la carta fechada el 13 de junio de 1999, contentiva de la objeción que la demandada hizo a la reclamación elevada con base en la póliza de automóviles Nº 010225, la cual fue allegada en original con el escrito iniciador de la controversia y obra al folio 11 del cuaderno principal, documento privado que al no haber sido tachado ni redargüido de falso por la demandada adquirió la calidad de auténtico, según voces del numeral 3º del inciso 2º del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se establece lo siguiente:

3.1. El reproche consistió en que, “por suposición en la modalidad de adición”, el tribunal “le hizo decir [a la prueba] algo que no representa, que no es real, que no es objetivo”, puesto que la misiva “no indica el deseo del demandado de verificar si los hechos ocurrieron de acuerdo a la reclamación,..., sino algo muy diverso: la imputación de un delito a César Uparela Ortega,..., asunto que no señala o prueba diligencia, sino abusó, temeridad, culpa grave”. En otros términos, “con algo que no reza el medio probatorio, la diligencia y cuidado del demandado en la objeción, se llega a una conclusión como es la ausencia de culpa del demandado, para negar la responsabilidad civil por esta modalidad de culpabilidad y consecuencialmente liberar al demandado de la acción indemnizatoria”.

3.2. Significa lo anterior que la inconformidad expresada por el censor respecto de la carta ahora analizada, se concretó en que el ad quem adicionó su contenido objetivo, para inferir de ella algo que no demuestra, como es que la demandada, al objetar la indicada reclamación, actuó con diligencia y cuidado.

3.3. Examinado el fallo recurrido en casación se constata que, si bien es verdad que el tribunal coligió que el proceder de la demandada al formular la mencionada objeción fue diligente y cuidadoso, también lo es que tal deducción se soportó en la prueba que esa autoridad infirió del hecho catorce (14) de la demanda y que, por lo tanto, el referido postulado fáctico no tuvo relación con la carta a que se contrae la específica acusación en estudio.

En efecto, el sentenciador de segunda instancia aseveró que “[l]os actores no lograron establecer más allá de toda duda razonable que la compañía aseguradora hubiese actuado con dolo al formular la denuncia penal contra César Uparela; por el contrario, de autos resulta que actuó diligentemente, pues contrató los servicios de la firma ajustadora privada denominada Intevec para que realizara la pesquisas del caso, y como resultado de las conclusiones presentadas por esa entidad en torno a la pérdida del automotor, tomó la determinación de objetar la reclamación, comportamiento este que es el que normal y usualmente adoptan las sociedades aseguradoras ante la presencia de un siniestro determinado, a fin de verificar si los hechos realmente ocurrieron en la forma como se narran en el libelo de reclamación (véase hecho 14 descrito en la demanda, donde se confiesa esta circunstancia” (resaltado fuera del texto).

3.4. Siendo ello así, como en efecto lo es, aflora claramente el desatino de la acusación, en tanto que afincó la cuestionada conclusión del tribunal en un elemento de juicio por completo extraño a ella y, aparejadamente, no combatió la prueba que sí le sirvió de apoyatura al referido razonamiento del ad quem.

3.5. En esas circunstancias, el reproche auscultado está llamado al fracaso.

4. Manteniéndose en pie la base fundamental del fallo desestimatorio al que arribó el tribunal, es decir, la falta de demostración de los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual, particularmente, la culpa de la demandada y el nexo de causalidad entre su conducta y los presuntos perjuicios sufridos por los demandantes, comoquiera que ante el fracaso de las acusaciones en precedencia analizadas dicho planteamiento no fue removido, inane es, por una parte, profundizar en la preterición del documento de folio 32 del cuaderno 1, reconocido por su autor en diligencia cumplida el 30 de noviembre de 2006 (fl. 88, cdno. 1), pues así se admitiera la comprobación de la causación de los honorarios profesionales de que dan cuenta las relacionadas probanzas, ello no sería suficiente para acceder a las pretensiones de los actores; y, por otra, detenerse en el cuestionamiento que el recurrente elevó respecto del daño moral, pues no pudiéndose afirmar aquí la responsabilidad civil extracontractual de la sociedad demandada, no hay lugar a escudriñar ese aspecto del perjuicio.

5. El cargo, por lo tanto, se despachará desfavorablemente.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 25 de junio de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil - Familia, en el proceso ordinario al inicio referenciado.

Se condena en costas del recurso extraordinario a la parte que lo propuso. Tásense.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: César Julio Valencia Copete—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.