Sentencia 2006-00039/1066-2015 de junio 7 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 76001-23-31-000-2006-00039-0 1 (1066-2015)

Consejero Ponente:

Dr. Carmelo Perdomo Cuéter

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Andrés Machado Caicedo

Demandado: Empresa social del Estado (ESE) Antonio Nariño en Liquidación

Tema: Reconocimiento de beneficios de convención colectiva de trabajo a empleado público

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

3.1. Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del CCA, esta corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2. Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste derecho o no para reclamar la reliquidación de sus prestaciones sociales y otras acreencias laborales desde el 26 de junio de 2003 hasta cuando pierda su vigencia, con base en las prerrogativas previstas en la convención colectiva de trabajo suscrita el 31 de octubre de 2001 por su anterior empleador, Instituto de Seguros Sociales (ISS), y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales (Sintraseguridadsocial).

3.3. Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

3.3.1. Facultad del Gobierno Nacional para modificar el régimen jurídico laboral de los servidores públicos como consecuencia de la escisión del Instituto de Seguros Sociales. Por medio del Decreto-Ley 1750 de 26 de junio de 2003(1) el Gobierno Nacional dispuso escindir del Instituto de Seguros Sociales [ISS], la vicepresidencia de prestación de servicios de salud, las clínicas y todos los centros de atención ambulatoria. Acto seguido, ordenó la creación de empresas sociales del Estado con la finalidad de prestar los servicios de salud, como servicio público esencial a cargo del Estado o como parte del servicio público de la seguridad social, en los términos del artículo 194(2) de la Ley 100 de 1993(3).

Como consecuencia de lo anterior, en el artículo 16 de este decreto se estableció que los servidores de las empresas sociales del Estado, de creación estatal como aconteció con la ESE Antonio Nariño(4), para todos los efectos legales, adquirirían la calidad de empleados públicos, salvo las personas que sin ser directivos, desempeñasen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, pues ellos serían trabajadores oficiales.

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de Sentencia C-314 de 2004, al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 18 (parciales) del Decreto 1750 de 2003, sostuvo:

Antes de entrar en el primer problema jurídico planteado, esta Corte considera indispensable recordar que la misma corporación, mediante providencia C-306 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), determinó ajustados a la Constitución, entre otros, los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003 por el cual se modificó el régimen jurídico laboral de los servidores públicos del Instituto de los Seguros Sociales que fueron reubicados como consecuencia de la escisión de la entidad.

De conformidad con el fallo, al dictar los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003 el Gobierno no excedió las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 16 de la Ley 790 de 2002, ya que las mismas incluyen la posibilidad de escindir el Instituto de Seguros Sociales, la de crear las entidades que resulten de la escisión, la de señalar la estructura orgánica de las entidades creadas y la determinar la naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico, la integración de su patrimonio y el régimen de personal de las nuevas entidades (destaca la Sala).

Posteriormente y en similar sentido, se pronunció dicha corporación en providencia C-349 de 2004, a propósito de la demanda de inexequibilidad de la letra d) del artículo 16(5) de la Ley 790 de 2002(6) y del Decreto 1750 de 2003, así:

A juicio de la Corte no le asiste razón a la demanda, pues esa interpretación amplia de la prohibición vaciaría de contenido la facultad de escindir, expresamente contemplada en el literal d) del artículo 16. En efecto, si no es posible suprimir al ISS, pero sí escindido, forzoso es concluir que las facultades de escisión permiten únicamente separar una o más partes del Instituto, parte o partes a partir de las cuales se pueden crear otras entidades, cosa que es exactamente lo que sucedió. Pero si esta posibilidad tampoco es admitida, entonces carecerían de sentido las mencionadas facultades de escindir, dejando sin efectos las atribuciones legislativas concedidas en el literal d) del artículo 16. Por ello, no acoge la Corte la interpretación extensiva de la prohibición contenida en el artículo 20 que hacen los demandantes.

De lo expuesto, se colige que la modificación del régimen jurídico laboral de los servidores públicos del Instituto de Seguros Sociales, como consecuencia de su escisión, se encuentra ajustada a los cánones constitucionales y legales.

3.3.2. Concepto, alcance y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo, imposibilidad de beneficio por parte de los empleados públicos. El artículo 467(7) del Código Sustantivo del Trabajo (CST), al definir las convenciones colectivas de trabajo, hace referencia a que estas fijan las condiciones de los contratos individuales de trabajo, por el término de sus vigencias; es decir, como instrumentos de negociación de las condiciones laborales de los trabajadores, en manera alguna, pueden ser predicables sus beneficios a servidores públicos con una relación legal y reglamentaria, como lo son los empleados públicos.

De tal suerte que aceptada la condición de empleado público, mediante vinculación legal y reglamentaria, no es dable la aplicación de los beneficios laborales convencionales propios de los trabajadores, pues tales beneficios solo quedarán vigentes para el campo de las condiciones que regirán las relaciones de los contratos individuales de trabajo, que, por su naturaleza, logran un margen diferencial de vinculación respecto de los primeros servidores públicos; la relación legal y reglamentaria, se insiste, conlleva la imposibilidad de suscribir convenciones colectivas o de solicitar la aplicación de algún beneficio derivado de ella.

Por lo dicho, quienes, como consecuencia del procedimiento de escisión ordenado en el Decreto 1750 de 2003, han adquirido la calidad de empleados públicos no tendrán ya vigentes las anteriores vinculaciones como trabajadores oficiales; y, por ende, no los ha de regir las convenciones colectivas acordadas (sin que esto traiga consigo la solución de la relación laboral con la administración). Los beneficios consignados en la convención colectiva de trabajo suscrita el 31 de octubre de 2001 entre Sintraseguridadsocial y la empresa industrial y comercial del Estado Instituto de Seguros Sociales son inaplicables.

3.3.3. Derecho a la negociación colectiva y sus excepciones, derechos adquiridos(8). En este orden, debe precisarse que los derechos adquiridos, a juicio de la Corte Constitucional, en estudio realizado en Sentencia C-314 de 2004, “[…] son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de quien [lo] reclama [...], es decir, cuando las premisas legales se configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras expectativas”.

Y, por tanto, tales derechos adquiridos que son “intangibles”, se diferencian de las meras expectativas, pues los primeros no pueden ser desconocidos por una ley posterior, ni por las autoridades administrativas ni judiciales; en cambio, los segundos” […] son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas discrecionalmente por el legislador”(9).

Sin embargo, debe destacar la Sala el notorio contraste frente a la forma como los empleados públicos y trabajadores oficiales se vinculan a la administración(10) fruto de lo cual a estos últimos se les ha concedido el beneficio de la negociación colectiva (CST, art. 467), con el fin de optimizar las garantías mínimas laborales que la Constitución y la ley les concede; privilegio de negociación del cual se encuentran excluidos los empleados públicos. Diferencia que, en todo caso, hace la ley (CST, art. 416(11)), por expresa y previa autorización constitucional del artículo 55 de la norma superior, cuando “[...] garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones labores, con las excepciones que señale la ley”.

En la pluricitada Sentencia C-314 de 2004, la Corte Constitucional recordó lo afirmado en fallo C-110 de 1994 cuando estudió la constitucionalidad del artículo 416 del CST, en la que precisó los alcances de esa norma laboral, en el sentido de que al establecer tal restricción al derecho a la negociación colectiva frente a los sindicatos de los empleados públicos (consistente en la imposibilidad de presentar pliegos de peticiones destinados a celebrar convenciones colectivas de trabajo), no contraría la Carta Política, amén de que dicha prohibición, logra su fundamento “[…] en una garantía invaluable para la preservación de los intereses públicos: la integridad y continuidad del servicio”, y concluyó:

De lo dicho se deduce entonces que los servidores públicos adscritos a las empresas sociales del Estado que adquirieron la categoría de empleados públicos y perdieron la de trabajadores oficiales, perdieron con ella el derecho a presentar pliegos de peticiones y a negociar convenciones colectivas de trabajo.

Por otro lado, se aclaró en la citada providencia que, al compás del derecho a la negociación colectiva, el pertenecer a uno u otro régimen laboral por la potestad general de regulación de la estructura de la administración pública, per se no constituye un derecho adquirido:

En segundo lugar, retomando lo dicho por la jurisprudencia, el derecho a pertenecer a uno u otro régimen laboral no constituye un derecho adquirido, pues el legislador, habilitado por una potestad general de regulación, puede determinar la estructura de la administración pública de acuerdo con su valoración de las necesidades públicas.

En consecuencia, si la pertenencia de un servidor público a un determinado régimen laboral, llámese trabajador oficial o empleado público, no es un derecho adquirido, entonces la facultad de presentar convenciones colectivas, que es apenas una potestad derivada del tipo específico de régimen laboral, tampoco lo es. Jurídicamente, la Corte encuentra válido considerar que en este caso lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de modo que al no existir un derecho a ser empleado público o trabajador oficial, tampoco existe un derecho a presentar convenciones colectivas si el régimen laboral ha sido modificado.

El absurdo al que conduciría una conclusión contraria implicaría reconocer que cierto tipo de empleados públicos —los que antes han sido trabajadores oficiales— tendrían derecho a presentar convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de aquellos que nunca fueron trabajadores oficiales, con lo cual se generaría una tercera especie de servidores públicos, no prevista en la ley sino resultado de la transición de un régimen laboral a otro, afectándose por contera el derecho a la igualdad de los empleados públicos que no habiendo sido jamás trabajadores oficiales, no tendrían derecho a mejorar por vía de negociación colectiva la condiciones laborales de sus cargos(12).

3.4. Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:

a) Convención colectiva de trabajo de 31 de octubre de 2001 (fls. 17 a 60), suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales (Sintraseguridadsocial), con vigencia de tres años (art. 2º), esto es, del 1º de noviembre de ese año al 31 de octubre de 2004 y cuyos beneficiarios eran los “[…] trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del […]” ISS (art. 3º).

b) Certificación de 24 de agosto de 2009 (fl. 250), emanada de la coordinadora de talento humano de la ESE Antonio Nariño en Liquidación, que da cuenta de que el actor “[…] prestó sus servicios al Seguro Social desde 1996/06/18, y de acuerdo con el Decreto 1750 del 26 de [j]unio de 2003, el cual escinde el Seguro Social y crea las empresas sociales del Estado, fue incorporado automáticamente a la planta de personal de [esa ESE] [...], desde el 26 de junio de 2003, como empleado(a) PÚBLICO, en la CLÍNICA RAFAEL URIBE URIBE, en el cargo de MÉDICO ESPECIALISTA, grado 19, jornada 6 horas, Código 2120, quien laboró hasta el 30 de abril de 2007, por haber sido suprimido el cargo, de conformidad [con] el Decreto 922 del 22 de marzo de 2007”.

c) Oficio ESEAN-RH-1979-07 de 27 de abril de 2007 (fl. 230, c. pruebas), mediante el cual el gerente general de la ESE Antonio Nariño en Liquidación le comunicó al demandante sobre la supresión de su cargo, esto es, médico especialista, código 2120, grado 19, en virtud del Decreto 922 de 22 de marzo de 2007, “Por el cual se modifica la planta de personal de la empresa social del Estado Antonio Nariño”, a partir del30 de abril de ese año.

d) Resoluciones 347 de 11 de enero y 5195 de 2 de noviembre de 2005 (fls. 140 a 143), con la que las ESE Antonio Nariño en Liquidación le reconoció al actor el valor de $ 2.633.699, “[...] correspondiente a aquello que dicho empleado publico dejo de percibir entre [...]” (sic) el 26 de junio de 2003 y el 31 de octubre de 2004, en cumplimiento de la Sentencia C-314 de 2004.

e) Oficio ESEAN-GG-1337 de 28 de junio de 2006 (fls. 2 y 3), a través del cual la ESE demandada le negó la petición presentada el 23 de los mismos mes y año por el actor, en la que solicitaba el pago de “[...] las acreencias laborales desde el momento de la escisión de la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud del ISS y creación de la empresa social del Estado Antonio Nariño contenidos en la convención colectiva de trabajo que suscribió el ISS y Sintraseguridadsocial [...]”, en razón a que (i) “[...] en la ESE Antonio Nariño no existe convención colectiva de trabajo que se aplique a sus servidores públicos”, (ii) “[...] legalmente los empleados públicos no pueden beneficiarse de una convención colectiva de trabajo”, (iii) “[...] el reconocimiento que se hizo de los derechos convencionales hasta el 31 de octubre de 2004, obedeció a un expreso mandato constitucional (Sent. C-314/2004)”, y (iv) “[...] ninguna prórroga de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial en caso de que llegue a darse, puede jurídicamente afectar a la empresa social del Estado Antonio Nariño”.

f) Resoluciones 3607 (fls. 217 y 218, c. pruebas) y 4060 de 21 de junio de 2007 (fls. 222 a 224 c. pruebas), mediante las cuales se le reconoció y ordenó el pago al demandante de sus prestaciones sociales definitivas y la respectiva indemnización por la supresión de su empleo, en su orden, de acuerdo con el Decreto 921 de 2007, y esta última, conforme al artículo 13 de tal decreto, en el que se establece “[...] la tabla de indemnización a que tienen derecho los servidores públicos incorporados automáticamente como empleados públicos en la planta de personal de la empresa social del Estado Antonio Nariño en cumplimiento de la Sentencia C-349 de 2004, cuyos empleos sean suprimidos como consecuencia de la modificación de la planta de personal [...]”, notificadas a este el 5 de julio siguiente (fls. 219 y 225 c. pruebas).

De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que el actor i) se vinculó al Instituto de Seguros Sociales (ISS), el 18 de junio de 1996 (trabajador oficial); y desde el 26 de junio de 2003, fue incorporado a la ESE Antonio Nariño, como médico especialista, código 2120, grado 19 (empleado público), en virtud del Decreto 1750 de esa fecha; ii) su cargo fue suprimido a partir del 30 de abril siguiente, de acuerdo con el Decreto 922 de 22 de marzo de 2007, con el que se modificó la planta de personal de la mencionada ESE; y iii) pide de la accionada reliquidar sus prestaciones salariales y sociales y la respectiva indemnización por supresión del empleo, conforme a la convención colectiva suscrita por el ISS con Sintraseguridadsocial, de la que, según él, es beneficiario.

Ahora bien, conforme al marco normativo y la relación probatoria efectuada, resulta oportuno concluir que la aludida convención colectiva no aplica al caso del demandante, puesto que si bien es cierto que este tenía la calidad de trabajador oficial en el ISS, caso en el que sería destinatario de aquella, conforme a su artículo 3º, también lo es que desde el 26 de junio de 2003, al ser incorporado a la ESE Antonio Nariño, adquirió la condición de empleado público, en virtud del artículo 16 del Decreto 1750 de esa anualidad, motivo por el cual se debe emplear en su relación laboral la normativa general dictada para esta clase de servidores públicos y no la convención colectiva de trabajo deprecada, tal como lo hizo la demandada, ya que esa figura está prohibida para ese tipo de vinculación laboral, conforme al artículo 416 del CST.

Además, esta Sala estima pertinente aclarar que el hecho de pertenecer a un determinado régimen laboral no constituye un derecho adquirido, pues da lugar a que lo accesorio siga la suerte de lo principal, y en ese orden, el reclamante como empleado público no debe quedar amparado por la convención colectiva de trabajo, por lo que se evidencia que, contrario a lo dicho por este, no se trasgredió esa garantía constitucional.

Sumado a lo anterior, debe decirse que la Corte Constitucional, en fallo C-314 de 2004(13) determina que los derechos adquiridos, tanto de orden prestacional como salarial, consignados en la convención colectiva a la que ahora hace alusión el actor, rigieron y siguieron vigentes solo para quienes, producto de la redefinición del régimen laboral decretada en el marco de una reestructuración administrativa, hayan continuado como trabajadores oficiales.

Lo anotado, por cuanto, de lo contrario, se rompe el principio de equilibrio si para un actual trabajador oficial que antes de la escisión del ISS ostentaba la condición de empleado público, resultare beneficiado de una convención colectiva que en momento alguno hizo de él la consolidación de un derecho preferencial. En cambio, para quienes, como en el caso del demandante, antes de esa escisión presuntamente eran trabajadores oficiales y en la actualidad se encuentran vinculados como empleados públicos, por la modificación de régimen laboral que, en todo caso, no es un derecho adquirido(14), como se dijo, deben tener consigo su protección por la vía del principio de la confianza legítima en desarrollo de la buena fe(15) y de la proporción que el Estado les debe para adaptarse a ese nuevo contexto(16) producto de una decisión sorpresiva que pudo haber afectado situaciones jurídicas particulares, pero ante todo, constituyentes de meras expectativas(17), mas no de derechos adquiridos.

En ese orden de ideas, con base en la aludida providencia de la Corte Constitucional, de no aceptarse lo anterior, se estaría ante la presencia de la creación prohibitiva de una tercera clase de servidores públicos, la cual se toma inaceptable, es decir, de aquellos que pese a que son empleados públicos sí pueden beneficiarse de convenciones colectivas, cuando el artículo 416 del CST lo impide bajo la excusa admitida del canon 55 de la Carta Política, pues las “[ ...] dificultades prácticas y políticas que experimentarían tanto la administración como el Congreso de la República para adelantar la negociación de los pliegos de modificaciones con los sindicatos de empleados públicos son inconvenientes notorios y suficientes para impedir que este tipo de procedimientos se ofrezcan a dichos servidores”(18).

Por lo tanto, se insiste, en este asunto es imposible, desde el punto de vista constitucional y legal, como se ha explicado, aplicar los beneficios de la convención colectiva a favor del actor, pues varió, el 26 de junio de 2003, su régimen legal de vinculación con la administración: de trabajador oficial a empleado público.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el Ministerio Público,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Andrés Machado Caicedo contra la ESE Antonio Nariño en Liquidación, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase.

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha».

1 Por el cual se escinde el Instituto de Seguros sociales y se crean empresas sociales del Estado”.

2 “La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo”.

3 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

4 Artículo 2º del Decreto 1750 de 2003, prevé “Creación de empresas sociales del Estado. Créanse las siguientes empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritas al Ministerio de la Protección Social, y cuyas denominaciones son:

[...].

3. Empresa social del Estado Antonio Nariño.

[...]”.

5 “Facultades extraordinarias. De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para:

[...].

d) Escindir entidades u organismos administrativos del orden nacional creados o autorizados por la ley;

[...]”.

6 “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República”.

7 “Definición. Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios {empleadores} o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”.

8 Los artículos 53 (inc. 5) y 58 de la Constitución Política determinan que “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”, y que “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”, en su orden. Por su parte, el artículo 17 de la Ley 153 de 1887, dispone que “Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule ó cercene”. Referencias legales tenidas en cuenta por la Corte Constitucional en Sentencia C-314 de 2004.

9 Así lo señaló la Corte Constitucional en fallo C-314 de 2004, en el que cita apartes de la Sentencia C-453 de 2002.

10 En ese sentido se pronunció la Corte Constitucional a través de Sentencia C-314 de 2004: “Para iniciar debe recordarse que la clasificación de empleados públicos y trabajadores oficiales fue sistematizada por el Decreto 3135 de 1968, en el marco de la reforma administrativa de ese año en Colombia. El artículo 5º de dicha normatividad establece que “las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos, son empleados públicos; sin embargo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. (En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.)10 Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales. Sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.””.

11 “Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga”, texto subrayado declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1234 de 2005, “[…] bajo el entendido que para hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, y de conformidad con los Convenios 151 y 154 de la OIT, las organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir a otros medios que garanticen la concertación en las condiciones de trabajo, a partir de la solicitud que al respecto formulen estos sindicatos, mientras el Congreso de la República regule el procedimiento para el efecto”.

12 Sentencia C-314 de 2004.

13 En la que referenció las posturas adoptadas por esa corporación en sentencias C-168 y C-262 de 1995, C-209 de 1997, C-478 de 1998 y C-453 de 2002.

14 Sobre el particular, en la Sentencia C-314 de 2004, se dijo: “[...] el derecho a pertenecer a uno u otro régimen laboral no constituye un derecho adquirido, pues el legislador, habilitado por una potestad general de regulación, puede determinar la estructura de la administración pública de acuerdo con su valoración de las necesidades públicas”.

15 En Sentencia C-349-04, señaló la Corte Constitucional, frente al principio de la buena fe que era entendido “[…] como aquel principio general de derecho según el cual los sujetos deben conducirse bajo parámetros de honestidad en las relaciones jurídicas, es decir bajo el convencimiento de actuar legítimamente, válidamente y por medios exentos de fraude, es de presunción general. Es decir, la buena fe se presume y esta presunción cobija igualmente al legislador en el ejercicio de la función legislativa. En tal virtud, la mala fe debe probarse, por lo cual el actuar doloso o fraudulento no puede tan solo afirmarse”.

16 Aún incluso, la Corte Constitucional ha permitido la figura de la estabilidad imperfecta, reiterada en Sentencia C-349 de 2004, cuando al efecto, precisó: ““La indemnización dada al empleado que ha sido desvinculado de su puesto de trabajo constituye el reconocimiento del derecho que tiene a la estabilidad laboral. A pesar de que el ejercicio de este derecho no es pleno, pues [...] debe ceder frente a situaciones que comprometan intereses públicos concretos, que requieran modificar la administración central, adecuándola a las necesidades de la sociedad, esta carga no puede conllevar su total desconocimiento. Por ello, la Corte ha determinado que, en tales casos se tiene derecho a una “estabilidad laboral imperfecta”. materializada mediante una indemnización. Al respecto, la Corte ha establecido: ‘Así entendida, la cláusula de reserva se erige en un desconocimiento frontal de la garantía de estabilidad laboral que reconoce la Carta Política de manera expresa en el artículo 53 superior. En efecto, si bien esta garantía no reviste un carácter absoluto, por cuanto no significa un derecho del trabajador a permanecer indefinidamente en el cargo, concretándose tan solo en el contenido de continuidad y permanencia que deben revestir las relaciones obrero-patronales, si involucra la necesidad de pagar una indemnización cuando dichas expectativas de permanencia resultan ser injustificadamente defraudadas. De esta manera, para la Corte la terminación puede considerarse respetuosa del mencionado derecho de rango superior, aunque no obedezca a una de las causales de justa terminación consagradas por la ley, siempre y cuando se reconozca la correspondiente indemnización por despido injustificado’. Sentencia C-003 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)”. Sentencia C-1341 de 2000”.

17 Al respecto, en la Sentencia C-314 de 2004, se dijo: ““[ ...] las meras expectativas, es decir, las situaciones jurídicas que no se han configurado o consolidado en cabeza de sus futuros titulares, pueden ser discrecionalmente modificadas por el legislador de acuerdo con la evaluación que haga de las necesidades públicas. Así lo estableció el artículo 17 de la Ley 153 de 1887 al señalar que “las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley que las anule o las cercene””.

18 Corte Constitucional, Sentencia C-314 de 2004.